Campaña El Anarquismo No es un Delito

Espera la organización de derechos humanos que la Corte actúe igual en el caso de Calderón

Fue una “arbitrariedad” negar el amparo al diario La Jornada, critica Centro Pro

La sentencia de la SCJN pone al periódico en un estado de indefensión, señala Marroquín

HERCILIA CASTRO (Corresponsal)

Zihuatanejo, 1º de diciembre. El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, José María Rosario Marroquín Barrera, manifestó que es una “arbitrariedad” la negativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a amparar al periódico La Jornada contra las difamaciones publicadas por la revista Letras Libres, que acusó al diario de ser “cómplice” del disuelto grupo separatista vasco ETA.
Dijo que la organización ve un pleito por un conflicto entre dos derechos “por un lado está el derecho a la expresión, a difundir las opiniones, y es algo por lo que hemos estado luchando desde el ámbito de los derechos humanos, porque sí debe privilegiarse el derecho a la libertad de expresión, hasta ahí el fallo tendría una parte positiva”.
Pero también se notó que detrás del fallo de la SCJN hay un móvil político donde la actuación de la Suprema Corte se ve como un paso a ciertas opiniones que podrías resultar “peligrosas”, lo cual le preocupa al centro de derechos humanos.
“En concreto, vincular a La Jornada con un grupo terrorista nos parece un asunto delicado, dado que las condiciones que no están para culpabilizar a las organizaciones, entonces tendría ahí que hacerse algo para proteger a las organizaciones; acusar a alguien de terrorista es sumamente grave”, dijo.
Ejemplificó que ahora se trata de vincular a alguien como terrorista o ligado al crimen organizado como fue el caso del activista asesinado Nepomuceno Moreno, a quien acusaron de estar involucrado en la delincuencia organizada sin tener pruebas, y en el caso de La Jornada, se pone al diario “en una situación de vulnerabilidad”.
Subrayó la SCJN ha quedado en entredicho y que otros mecanismo se deben utilizar para defender la reputación de La Jornada.
Comparó que esa actitud que mantuvo la SCJN contra La Jornada ojalá la mantenga con el presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien ha calificado de “calumnia” las acusaciones contra su gobierno.
“Y no sólo eso, cuando sean organizaciones que se presenten ante foros internacionales se va a proceder por el delito de difamación para proceder legalmente”, advirtió el activista.
Demandó que no se criminalice a las organizaciones sociales y a las personas, ya que están en situaciones de riesgo.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2011/12/02/index.php?section=politica&article=004n1pol

Estreno del documental Campesinos ecologistas

Por este medio te invitamos a participar en un acto que propone una simple y clara forma de reparación del daño para Rodolfo Montiel y Teodoro

Cabrera, mejor conocidos como los Campesinos ecologistas de Guerrero. Acude al estreno de este documental, en donde se narra su historia, su búsqueda de justicia, y finalmente la manera en que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos abordó su caso para dictar una sentencia en su favor.

Fecha y Hora: Lunes 14 de febrero 2011 a las 18:30 horas
Lugar: Sala 6 / Roberto Gavaldón / Cineteca Nacional
Contacto: Escribe a prodh@centroprodh.org.mx o llama al 55468217 de 10 a 16 hrs para conseguir tus boletos.

Convoca: Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez

http://cencos.org/es/node/26286

Justicia para Digna Ochoa y Plácido

Lic. Miguel Ángel Mancera

Procurador General de Justicia del Distrito Federal

Oficina del C. Procurador

Hemos estado observando durante muchos años las graves y crecientes violaciones a los derechos humanos en México.

Entre estas violaciones resalta la impunidad del asesinato de Digna Ochoa, caso al que ahora las autoridades judiciales pretenden dar por concluido. Hemos seguido atentamente este proceso, cuyas investigaciones se dieron por terminadas el 18 de julio de 2003 con el no ejercicio de la acción penal, cuando la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal resolvió que Digna Ochoa se había suicidado. El juicio fue reabierto al proceder un juicio de amparo interpuesto por la familia Ochoa.

Nosotros -desde Austria- no olvidamos ni olvidaremos que:

-  En el interior del despacho donde fue encontrado el cadáver de Digna Ochoa el 19 de octubre de 2001 había un anónimo, cuyo texto decía “Pros hijos de puta, si siguen a otro.....”.

- Digna recibió serias amenazas a su vida 2 años antes de ser asesinada, junto a los integrantes del Centro de Derechos Humanos Pro Juárez, por lo que el año 2000 se trasladó a vivir a Estados Unidos ante las amenazas de que fue objeto, responsabilizando directamente al gobierno mexicano por no ofrecerle garantías para su seguridad personal. Entonces, la Procuraduría de Justicia del DF no había realizado las investigaciones correspondientes.

- Al momento de ser ejecutada extrajudicialmente defendía casos de alto perfil, como el de los ecologistas de Petatlán, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, de los hermanos Cerezo Contreras, acusados de militar en las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo, de Gloria Arenas y Jacobo Silva, militantes del ERPI

- En 1999 fue secuestrada 2 veces. Entonces, los sujetos que la atacaron le hacían preguntas sobre las actividades del Pro, supuestos contactos en Guerrero, Hidalgo, Puebla y Oaxaca, casas de seguridad del EZLN y el EPR y de los comandantes Antonio y Aurora, del ERPI.

- Un año nueve meses después del crimen, con la designación de un fiscal especial para el caso, la declaración de más de 300 personas, 900 diligencias y 175 dictámenes periciales, la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal llegó a una conclusión: Digna Ochoa preparó su muerte y se quitó la vida, es decir, se suicidó.

- A ocho años del asesinato de la luchadora social Digna Ochoa y Plácido, sus familiares dijeron haber localizado a tres autores materiales del homicidio. Las pruebas en contra de los asesinos de su hermana se hicieron con base en una pesquisa independiente del Ministerio Público, indicando que fue un asesinato que apuntaba a los intereses de caciques y empresarios explotadores de la riqueza maderera de Guerrero.

- Un testigo declaró en 2007 que Javier Valle Villa, pistolero del ganadero Rogaciano Alba Álvarez, admitió en una reunión que sus compañeros asesinaron a la defensora de derechos humanos Digna Ochoa, por órdenes de su jefe. Valle Villa es el único de los guardaespaldas de aquellos tiempos del presidente de la Unión Ganadera y ex alcalde de Petatlán que está con vida. Otros presuntos involucrados en el asesinato, o que habrían sabido del caso, como Israel Yáñez y Gustavo Zárate, y Nicolás Martínez El Cuarterón -quien presuntamente disparó contra ella-, fueron asesinados en diferentes momentos.

- Javier Torres Cruz y su tío Isaías Torres denunciaron el 19 de septiembre de 2007 ante la PGJDF, a Rogaciano Alba Álvarez como presunto autor intelectual del asesinato de la defensora de Derecho Humanos Digna Ochoa y Plácido, perpetrado el 19 de octubre de 2001 en la ciudad de México. La PGJDF inició entonces la averiguación previa FCIH/1/T1/0063/07-09. La versión oficial refería que los encargados de asesinar a Digna Ochoa fueron Justino Cabrera Villa, Bernardino Bautista Valle, Marcelino y Modesto Acosta Ávila, Isabel Santoyo Santoyo, José Rauda Orozco y Sirenio Contreras.

- Un año después, en 2008, Javier Torres Cruz fue secuestrado. Su familia hizo responsable al General del 19 Batallón de Petatlán y al Mayor Palma encargado de los operativos del mismo Batallón, así como a Misael Orozco Berna y compañía, sicarios de Rogaciano Alba, quienes son protegidos de los militares y que de manera conjunta fueron los que lo detuvieron y lo trasladaron al cuartel del 19 Batallón.

- Las familias de la comunidad de La Morena fueron sujetas a un operativo militar al mando del mayor Rojas, con unos 100 elementos del batallón 19 de infantería al amanecer del día 13 de noviembre de 2008, cuando entraron y catearon casas en busca de Javier, Felipe y Alejandro Torres Cruz.

- Javier Torres desapareció el 3 de diciembre de 2008 cuando pasaba por un retén militar en el poblado San Luis La Loma, municipio de Tecpan de Galeana. 10 días después aparece muy golpeado. Fue detenido en un retén militar y que de ahí lo llevaron a las instalaciones del 19 Batallón de Infantería con sede en Petatlán, lo metieron a un casa para torturarlo. Denunció que luego de que fue detenido por militares del batallón 19 de infantería, con sede en Petatlán, y entregado a civiles, de quienes logró escapar, las agresiones y amenazas continúan contra él y su familia. El gobierno no lo proveyó con las medidas cautelares para garantizar su integridad física.

- En medio de la llamada guerra del narco, se hizo público que Rogaciano Alba, ganadero y ex alcalde de Petatlán, era operador de El Chapo Guzmán en esa misma región. Cabe recordar que a fines de 2009 aparecieron de forma reiterada narcomantas en las que se acusaba directamente al ex comandante de la novena región militar, Enrique Jorge Alonso Garrido, de brindar protección al mencionado Alba.

- El 16 de febrero del presente año, elementos del 19 Batallón del ejército acompañado de civiles armados y conocidos como gente de Rogaciano, incursionaron en la comunidad de La Morena. Los soldados dispararon a las personas que se encontraban trabajando en el campo y los amenazaron a ellos, así como a los habitantes de la comunidad. Fueron detenidos Anselmo Torres Quiroz -abuelo de Javier Torres Cruz- con otra persona por los soldados. El ataque tuvo la intención de presionar a los familiares para que informaran del paradero de Javier.

- Finalmente, en Austria no olvidamos que el ex dirigente ganadero de Guerrero y ex presidente municipal de Petatlán, Rogaciano Alba Álvarez fue ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, acusado de pertenecer al grupo criminal La Familia y el Cártel de Sinaloa. Fue detenido el 11 de febrero pasado en la carretera Chapala-Guadalajara. Luego de la detención y posterior arraigo, Rogaciano Alba hizo importantes confesiones a la PGR como el que su jefe directo era Ismael El Mayo Zambada y que el ex jefe de sicarios del cártel de los Beltrán Leyva, Édgar Valdez Villarreal La Barbie vivía en Acapulco. El sujeto está identificado como presunto miembro de la organización criminal denominada 'La Familia'.

Señor procurador: Nos parece que existen suficientes evidencias para afirmar que la abogada Digna Ochoa no se suicidó. También de que su asesinato tuvo la doble intención de dejar sin defensa legal a “terroristas” (que finalmente obtuvieron su libertad por falta de méritos) y de ocultar la relación entre militares, narcotraficantes y paramilitares (que hoy es vox populi).

Así, le toca a usted demostrar que en México existe un Estado de derecho, capaz de velar de manera ejemplar por la justicia. En consecuencia, le exigimos urgentemente que Ud. aproveche la tal vez última oportunidad que tiene la Procuraduría para hacer justicia en el caso de Digna Ochoa y Plácido

- a través de la debida apreciación de las pruebas ofrecidas, que claramente demuestran que se cometió un homicidio,

- por medio de una investigación intensa de los verdaderos actores y

- mediante una reparación pública del daño a la reputación de una admirable defensora de derechos humanos.

Atentamente

Mexiko-Plattform

Solidaritätskomitee Mexiko-Salzburg

No se torturó a ecologistas de Petatlán, se defiende el Estado ante la Coidh

Rechaza reparar los daños a Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel




No se torturó a ecologistas de Petatlán, se defiende el Estado ante la Coidh

CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )



Chilpancingo, 27 agosto. Durante la segunda y última parte de la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) por el caso de los ecologistas de la sierra de Petatlán, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, el Estado se defendió y aseguró que no hubo tortura a los campesinos. Sostuvo que es costumbre que en México puedan salir libres argumentando problemas de salud; sin embargo, sentenció, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, siguen siendo culpables, además se negó a reparar los daños.



En la parte final de la audiencia, donde se dieron los alegatos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); el Estado mexicano y los peticionarios, la CIDH destacó las diversas causas por la que consideró que el Estado violó diversos artículos de la Convención Americana, entre ellos, el que el fuero militar ha sido indebidamente extendido en cuanto a las denuncias de tortura por Rodolfo y Teodoro, debido a que sobrepasan cualquier función de defensa y seguridad que el fuero militar hubiera argumentado.



“El hecho de que los jueces del fuero militar sean militares en activo torna ilusorio el requisito de imparcialidad”, destacó la representante de la CIDH, Carla Quintana, declaración que se transmitió vía Twitter en el portal del Centro Agustín Pro Juárez.



Por tal motivo, reiteró que el Estado violó los artículos 5, 7, 8 y 25 y reiteró la demanda presentada a la Coidh.



En tanto, la defensa de las víctimas sostuvo que la perita ofrecida por el Estado omitió mencionar información importante “con el objeto de confundir a la corte” y destacó que el Estado debió de haber absuelto a los ecologistas por principio de presunción de inocencia, “sin embargo prefirió usar pruebas ilícitas para condenarlos”.



Durante el periodo de alegatos, el Estado afirmó que la responsabilidad penal de Rodolfo y Teodoro “no está en duda”.



En otro momento, cuando tocó a los jueces hacer preguntas a los presentes, uno de ellos preguntó por qué entonces salieron libres los acusados, a lo que el Estado Mexicano respondió que “fueron liberados por órdenes del Ejecutivo, en razón de su salud (…) eso es más o menos común en México, pero siguen siendo responsables” y mostró estadísticas de que esas órdenes de libertad suceden con frecuencia en el país. De igual forma, el Estado negó todas las irregularidades del caso y afirmó que Rodolfo y Teodoro tuvieron una defensa adecuada y contacto con familiares.



Luego de casi dos horas de alegatos, la Coidh dio por terminada la audiencia y se espera que a finales de este año esté dictando una sentencia.



http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2010/08/28/index.php?section=sociedad&article=006n2soc

“Seguimos careciendo del respeto de los gobernantes”, dice ROGAZ a dos años de fundada

“Seguimos careciendo del respeto de los gobernantes”, dice ROGAZ a dos años de fundada



Zacarías Cervantes

Chilpancingo

A dos años de que la Red de Organizaciones y Grupos Ambientalistas de Zihuatanejo (ROGAZ), ganó su primer lucha en defensa del medio ambiente de ese municipio, “seguimos careciendo del respeto de los gobernantes en turno”, dijo ayer una de las dirigentes, Hersila Castro, mediante un comunicado.
En el documento se informa que la organización ahora enfrenta una lucha para que no sea aplicada “de forma inmoral” un Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial (POET) el cual está enfocado a convertir las últimas zonas de reserva ecológica del municipio en turístico-habitacionales.
La agrupación cumple hoy dos años de lo que considera como un “triunfo de la lucha titánica” que emprendió a raíz de que el 7 de julio de 2007 se enteró del proyecto de construcción de un muelle, acción “ecocida y violatoria de nuestros derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que iba a llevar a cabo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la bahía de Zihuatanejo sin tomar en cuenta la opinión de la ciudadanía”, expone ROGAZ en un comunicado enviado a los medios de comunicación ayer.
Recuerda que durante casi un año la organización llevó a cabo la resistencia contra este proyecto avalado por el Ejecutivo federal y en el que, “en reuniones en lo oscurito, los intereses del trienio en turno perredista de Silvano Blanco de Aquino decidió por sobre los azuetences dar pauta para la construcción de dicho muelle de la SCT que estaría en mancuerna con el Fondo Nacional de Turismo (Fonatur) para dragar la bahía de Zihuatanejo y hacer un reordenamiento urbano en el cual nosotros, como pueblo no cabíamos, ya que íbamos a ser desalojados y despojados de nuestras viviendas ubicadas en la parte de la bahía”.
En el escrito se recuerda que organizaciones sociales como ROGAZ, UCD, S.OS. Bahía, profesionistas, hoteleros, pescadores y colonos del puerto se unieron formando el Pueblo en Defensa de la Bahía de Zihuatanejo “ya que todos, estábamos en riesgo de ser dañados, no sólo en lo ambiental sí no también en nuestra economía, nuestro sustento de vida y libertad”.
Incluso señala que “muchos actores que hoy aspiran a la gubernatura de Guerrero se pronunciaron a favor del proyecto de muelle de la SCT; tanto (Ángel) Aguirre Rivero del PRI, como Cuauhtémoc Sandoval del PRD, lo cual muestra que sólo les interesa seguir viviendo del erario público y no el beneficio de los guerrerenses”, denuncia ROGAZ.
“Por ello, nos es satisfactorio recordar este triunfo emblemático en que un 2 de abril anunciamos con oficio en mano, la cancelación del proyecto de muelle en la bahía de Zihuatanejo”, celebra la agrupación ambientalista.
Agrega que en esta lucha, “como en todas las que se llevan, hubo decepciones pero también mucha solidaridad por parte de la gente y organizaciones sociales, científicos en el tema, y medios de comunicación quienes nos llevaron el paso y apoyaron a este triunfo social, que el día de hoy podemos compartirles e incluso mencionar que después del triunfo, sintiéndose derrotado, el gobierno municipal mandó intimidar y atacar a una de las compañeras de la ROGAZ, aún así, ganamos”.
Sin embargo señala que a dos años del triunfo “seguimos careciendo del respeto de los gobernantes en turno,” y que ahora la agrupación enfrenta la lucha para que no sea aplicada “de forma inmoral” un POET enfocado a convertir las últimas zonas de reserva ecológica del municipio en turístico-habitacionales”.
ROGAZ informa que también sigue pugnando porque el último vaso receptor de aguas pluviales, conocido como la Laguna de las Salinas sea rescatado y convertido en un parque ecológico, asimismo por la revocación de las concesiones al proyecto Puerto Mío, que destruyó y privatizó la playa del Almacén por lo que el 15 de marzo del 2006 fue presentado por primera vez en el Tribunal Latinoamericano del Agua (Tlagua) con el apoyo del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez ante la comunidad internacional como ejemplo de un proyecto turístico depredador el caso de Puerto Mío.

http://www.suracapulco.com.mx/nota1e.php?id_nota=77836

El caso Radilla y la transición fallida

Luis Arriaga Valenzuela
El caso Radilla y la transición fallida

¿Qué se debe hacer con las graves violaciones a derechos humanos cometidas en el pasado si se busca transitar a un estadio más democrático en el que haya un compromiso con el respeto a los derechos humanos? En el derecho internacional de los derechos humanos se ha desarrollado la respuesta más acertada. Al afirmar que las violaciones a derechos humanos cometidas en el pasado responsabilizan al Estado en el presente, las normas internacionales obligan a crear las condiciones para que las víctimas accedan a la justicia, a la verdad y a la reparación del daño.

Así ha ocurrido tras largas batallas protagonizadas fundamentalmente por los familiares de las víctimas en varios países de Latinoamérica. La Comisión y la Corte interamericanas han servido como acicate para que los Estados de la región reconozcan su responsabilidad por los crímenes ocurridos décadas atrás y emprendan acciones tendentes a respetar el derecho a la verdad individual y colectiva, es decir, el derecho de quienes desconocen el destino final de sus seres queridos desaparecidos o ejecutados y el de la sociedad en su conjunto. Una sociedad que aspira a ser democrática debe saber —es su derecho— de qué manera gobiernos del pasado llegaron a concebir que eran legítimas la tortura, la desaparición forzada y el asesinato para combatir al “enemigo”. En la región los Estados recurrieron de manera creciente al uso de la violencia durante los años sesenta y setenta.

¿Qué ha ocurrido en México a este respecto? ¿De qué modo la llamada transición se ha hecho cargo del legado de violaciones a derechos humanos cometidas en el pasado? La respuesta es decepcionante. En cuanto a la búsqueda de justicia, las investigaciones iniciadas con boato por la hoy extinta Fiscalía para atención a crímenes del pasado (FEMOSPP) y continuadas en la actualidad por la Coordinación General de Investigaciones de la Procuraduría General de la República, han sido ineficaces; han prevalecido la impunidad y la opacidad. Respecto del acceso a la verdad, el Informe a la Sociedad elaborado por la FEMOSPP —ocultado en su momento y hasta el presente por el gobierno federal— no ha sido difundido. Finalmente, en lo tocante a las reparaciones, el Estado mexicano no se ha hecho cargo de resarcir en lo posible a las víctimas y a sus familiares.

Como si esto no bastara, en el presente ocurren situaciones que ponen en duda que efectivamente México haya transitado hacia un régimen de respeto a los derechos humanos. En los últimos años se han documentado nuevos casos de desaparición forzada; algunas voces legitiman la tortura aduciendo que se libra una “guerra” contra la delincuencia organizada; y el gobierno federal defiende a ultranza una institución que propicia la impunidad: la extensión del fuero militar a casos de violaciones a derechos humanos de civiles.

La sentencia por el caso de Rosendo Radilla, dictada en días pasados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos confronta con esa lacerante realidad. Coteja que los gobiernos de la transición mexicana no han asumido la obligación de poner fin a la impunidad y sacar la verdad del ocultamiento. Por eso la resolución pone en evidencia uno de los aspectos más sombríos de nuestra fallida transición.

Ante estas condiciones, es de exigirse que el cumplimiento de la sentencia sea expedito y cabal. A partir de la resolución emitida por la Corte Interamericana puede ser corregida la negligencia con que los gobiernos de la llamada transición se han enfrentado a los crímenes cometidos en el pasado. Su efectividad dependerá de que se reconozca que la desaparición forzada de Rosendo Radilla ocurrió en un contexto marcado por el empleo sistemático de crímenes para hacer frente a la disidencia. Ese pasado, lamentablemente, continúa estando presente, como nos lo recuerdan los familiares de las numerosas víctimas que aún hoy siguen desaparecidas y nos interpelan con su ausencia. El caso Radilla es una notable lección histórica tanto para quienes pretenden apostar al olvido como para quienes no están dispuestos a olvidar. El Estado mexicano debe optar entre el pasado impune o un futuro democrático basado en la memoria y la justicia para las víctimas.

Director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A।C.

http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/46703.html

Temen ONG que elección de ombudsman sea producto de componendas políticas

Temen ONG que elección de ombudsman sea producto de componendas políticas

Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada
Domingo 1º de noviembre de 2009, p. 10

Defensores de las garantías fundamentales manifestaron su inquietud por la decisión de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de aplazar la integración de la terna que será sometida al pleno para elegir al próximo ombudsman nacional.

Luis Arriaga, director del centro Miguel Agustín Pro Juárez; Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), y Édgar Cortez, secretario ejecutivo de la red Todos los Derechos para Todos, señalaron que otro motivo de preocupación es que cada uno de los 10 integrantes de la comisión legislativa propondrá de manera anónima a los tres candidatos que a su parecer cumplan con el perfil. Aquellos que reciban más votos serán los elegidos para la terna.

Coincidieron en que con lo anterior hay riesgos de que la designación del próximo titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se base más en acuerdos políticos que en perfiles adecuados.

De acuerdo con la convocatoria para el relevo, la terna tuvo que estar lista el 26 de octubre; sin embargo, los integrantes de dicha comisión del Senado aplazaron el acuerdo para el 6 de noviembre, con el argumento de que coincidió con la revisión del paquete fiscal. Asimismo, decidieron que cada legislador propondrá en secreto los nombres de tres candidatos al cargo y la terna será conformada por quienes obtengan más sufragios.

Arriaga señaló que aun cuando el proceso se haya alargado, éste debe apegarse a la transparencia. Los senadores tienen la oportunidad histórica de designar a una persona que dote de autonomía e independencia real a la CNDH; amplíe su competencia a casos laborales, electorales y administrativos, y promueva iniciativas de ley dentro de su competencia।

Agregó que, más que una decisión política, los legisladores deben conformar una terna con personas que incluyan en su proyecto la ciudadanización del organismo, apego a los estándares internacionales de derechos humanos y relaciones con las organizaciones no gubernamentales, así como que ponga a las víctimas en el centro de la atención, brinde transparencia y se pronuncie en torno al fuero militar.

El presidente de la Limeddh subrayó que la decisión de la comisión del Senado no abona a la transparencia en el proceso. Buscar el secreto del voto da oportunidad para que se juegue con elementos politizados en la designación del sustituto de José Luis Soberanes.

Cortez afirmó que el aplazamiento posibilita que se privilegien los acuerdos políticos sobre las valoraciones en torno a la capacidad, trayectoria y pertinencia de las propuestas de los 27 aspirantes al cargo।

http://www.jornada.unam.mx/2009/11/01/index.php?section=politica&article=010n1pol

En breve el Tadeco hará un balance de los abusos de la policía y el Ejército

Hay al menos 100 casos de atropellos militares, no 11, afirma Javier Monroy

Lo reportado por el Centro Prodh se trata de acusaciones documentadas, pero muchas no se conocen

CITLAL GILES SÁNCHEZ

En Guerrero hay poco más de 100 casos de abusos militares contra ciudadanos y no 11, como se informa en el monitoreo que hace el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Prodh), destacó el coordinador del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), Javier Monroy Hernández, aunque destacó que si hubiera uno solo sería preocupante.

Entrevistado sobre el informe que da el Prodh, que dice que de enero a julio han ocurrido en el estado 11 casos de abusos militares contra ciudadanos, colocando a Guerrero en el segundo lugar a nivel nacional, Monroy Hernández remarcó que es preocupante lo que sucede en la entidad y no descartó que así como van las cosas, pronto el estado se coloque en primer lugar en todo el país.

“Es un reporte muy oportuno, fidedigno sobre los casos de abusos militares, da un reflejo bastante importante de lo que pasa en Guerrero”, expresó.

Aunque destacó que el Tadeco ha encontrado muchísimos casos más, poco más de 100, que se denunciaron ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum); otras quejas no se han puesto formalmente, pero han sido publicadas en los medios de comunicación, pero también hay una cantidad importante de atropellos que no se denuncian por temor.

“Creo que esos 11 casos que ellos manejan son los que se han podido comprobar con pruebas contundentes, pero en términos de las acciones militares que se tienen identificadas en el estado, y que varias organizaciones estamos recabando información, tenemos muchos más”, afirmó Monroy Hernández.

En los próximos días el Tadeco hará un recuento de todos estos abusos militares y policiacos de los que han tenido conocimiento para hacer un balance general de todas estas violaciones a las garantías individuales.

Destacó que en Guerrero las movilizaciones sociales contra las políticas del estado, la represión de las protestas, la criminalización, la lucha contra el narcotráfico y la guerrilla han abierto una gran cantidad de focos rojos, “hay un ambiente de militarización, de impunidad cada vez mayor”।

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/09/07/index.php?section=sociedad&article=007n1soc

Cateos sin orden de un juez, entre los delitos recurrentes de los oficiales

Prodh: Guerrero, de los primeros estados con más abusos militares

La entidad sólo está debajo de Chihuahua; comparte el segundo lugar con Coahuila

CITLAL GILES SÁNCHEZ

Guerrero ocupa el segundo lugar a nivel nacional en cuanto al número de abusos militares, policiacos o autoridades gubernamentales, según se reportó en el documento llamado No más abusos, que impulsa el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh); en el documento se destaca que la entidad, en lo que va del año, reportó 11 casos de violaciones, sólo por debajo de Chihuahua.

De acuerdo con estas estadísticas, de enero a julio, se presentaron en todo el país 82 casos de agresiones, donde resultaron 387 personas afectadas y de las cuales ocho murieron a causa de estos abusos.

Los cateos ilegales o irrupciones a viviendas fue el delito que más casos reportó con 41 casos, seguido de agresiones físicas y tortura con 31; el robo 21 casos; se presentaron 20 detenciones arbitrarias; 14 amenazas; 13 desapariciones forzadas y 11 ataques con arma de fuego.

El proyecto, que también es impulsado por la organización Amnistía Internacional, destaca que quienes más sufrieron estos abusos son los hombres, sin embargo en esta ocasión el ataque a menores de edad subió hasta el tercer lugar.

En el caso de abusos contra hombres fueron 52; 26 contra mujeres; 15 contra menores de edad; ocho contra jóvenes; cinco contra funcionarios y sólo dos contra indígenas y otros dos contra periodistas.

En el concentrado se informa que este tipo de violaciones se han registrado en al menos 18 estados, siendo Chihuahua el que más casos presenta con 13 casos; el segundo lugar lo comparten Guerrero y Coahuila con 11 casos cada uno; seguido de Tamaulipas con ocho y Oaxaca con seis.

“En segundo lugar, con 11 casos y 13 por ciento del total, empata una entidad donde históricamente ha habido una presencia excesiva del ejército, como es Guerrero, con otra donde se logró que algunos militares que abusaron de unas mujeres fueran llevados al fuero civil: Coahuila”, destacó el informe.

De igual se destacó que donde más se presentaron estas agresiones fue en la zona urbana con 57 casos, mientras que en la zona rural se registraron 12 de los 82 casos de abusos; el resto se dieron en algunos retenes militares colocados tanto en zonas urbanas como rurales.

Cronológicamente, el Centro Prodh presentó una gráfica donde se destacó que en enero se registraron 4 casos; en febrero 13 personas fueron agredidas; en marzo 10 se presentaron 10 abusos; en abril incrementó a 14; en mayo bajó a nueve casos; junio alcanzó a 17 abusos y julio reportó 15 casos.

Datos con el que las organizaciones que impulsan este monitoreo sistemático de abusos militares y policíacos contra la sociedad, aseguran que estas acciones que echó a andar el gobierno federal párale combate contra el narcotráfico, sólo está trayendo violaciones los derechos humanos, que día tras día van en incremento.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/09/06/index.php?section=sociedad&article=007n1soc

Jornadas de Acción por la Justicia y la Verdad. “Acteal 11 años de impunidad ¿y cuántos más?”

La Organización Sociedad Civil Las Abejas de la Comunidad de Acteal, Chenalhó, Chiapas los invita a sumarse a la Jornada de Acción por la Justicia y la Verdad que se llevará a cabo los días 8 y 9 de junio, en la ciudad del México, para exigir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación NO SE VUELVA COMPLICE DE LA IMPUNIDAD por la Masacre de Acteal.
Invitamos a todas las organizaciones solidarias a sumarse a esta Jornada y realicen actos simultáneos en sus lugares de origen exigiendo Justicia por este crimen de lesa humanidad.
• Lunes 08 de junio de 2009
- 12:00 horas
Conferencia de prensa, con el tema: los autores materiales de la Masacre de Acteal y la impunidad.
- 18:00 horas
Presentación del Video “Acteal 11 años de impunidad y cuántos más”
Sede: Casa de la Solidaridad. Calle Patricio Sanz No. 449, Col Del Valle, México D. F.
(a tres calles de la estación del metrobus Poliforum)

• Martes 09 de junio
- 9:00 am a 19 horas Jornada de oración y ayuno frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Convocan:


Red Nacional Todos los Derechos Para Todos y Todas
Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio Montesinos (CAM)
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Prodh
El Observatorio Eclesial 
Colectivo Alas 
Secretariado Social Mexicano

CONVOCATORIA

Estimados suscriptores y suscriptoras:


Les hacemos llegar la convocatoria para ocupar la Coordinación del Área Educativa del Centro de derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, esperamos sea de su interés y /o puedan ayudarnos con su difusión.


Saludos cordiales,

Tania Tamara Gómez



México DF, 20 de abril de 2009

  El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC (Centro Prodh), organización de la sociedad civil dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos en México, convoca a aspirantes a concursar por un puesto para: 

Coordinador/a del Área de Educación

Objetivo del Área de Educación del Centro Prodh:

Contribuir al fortalecimiento de actores para la promoción y defensa de los derechos humanos a través de la capacitación, formación de conocimiento y articulación.

Perfil a contratar:

Hombre o mujer con licenciatura en educación o ciencias sociales (pedagogía, educación, sociología, antropología o áreas afines), con formación en derechos humanos (comprobable) y experiencia mínima de 3 años en educación.

 Capacidades indispensables: 

  Liderazgo y trabajo en equipo

  Responsabilidad y puntualidad

  Planeación, toma de decisiones y facilitación de procesos grupales

  Concertación y colaboración con grupos y personas en proyectos compartidos

  Capacidad de mediación

  Relacionarse de manera sana y madura con los compañeros/as de trabajo

  Sensibilidad a los procesos sociales locales y a las necesidades institucionales.

 · Habilidades requeridas:

  Capacidad de síntesis y de comunicación

  Manejo de paquetería básica (Word, Excel, Power Point) Outlook e Internet

  Experiencia en aplicación de metodologías de documentación y educación popular. 

  Redacción de documentos y elaboración de material educativo

  Diseño de programas y contenidos en derechos humanos

  Planificación, seguimiento y evaluación de proyectos

  Habilidades de comunicación y presentación orales y escritas

  Generación y gestión de información

  Resolución de problemas

  Orientación a procesos y resultados

  Transferencia de habilidades

 Intereses

· Compromiso en la promoción de los derechos humanos, especialmente de los sectores en condiciones de vulnerabilidad y marginación

· Acompañamiento a procesos educativos en derechos humanos con organizaciones de base

· Creación de materiales en educación en derechos humanos

· Disponibilidad para realizar viajes cortos a comunidades

Procedimiento para la selección de aspirantes al puesto:

1. Revisión de solicitudes y selección de aspirantes al puesto.

2.- Entrevistas con candidatos seleccionados:

3. Selección y contratación de un candidato, quien deberá pasar por un periodo de probación de tres meses, tiempo en el que la institución lo o la conocerá y él o ella conocerá si el trabajo que se le ofrece está dentro de sus aspiraciones, experiencia, capacidades y habilidades.

4.- Contratación definitiva


Las personas interesadas deberán enviar su Curriculum Vitae por correo electrónico, señalando en el asunto: CV para Área de Educación a la siguiente dirección: desarrollo@centroprodh.org.mx

La recepción y el proceso de selección se realizará durante el mes de abril y principios de mayo de 2009.

 

 

FORO NACIONAL TEJIENDO LAS RESISTENCIAS POR LA DEFENSA DE NUESTROS TERRITORIOS

¿POR QUÉ EL FORO?

A
ctualmente, Oaxaca se ha convertido en un territorio, “objetivo”, para las transnacionales. La riqueza en recursos naturales, en biodiversidad, entre otras cosas, hacen que el Estado se vuelva estratégico para los intereses de los grandes empresarios. En ese sentido, las transnacionales junto con instancias federales y estatales están impulsando una serie de megaproyectos en el territorio oaxaqueño. Proyectos que en las comunidades y pueblos se traducen en despojos de tierras, saqueo de los recursos naturales, privatización del agua y en graves daños al medio ambiente. Hoy tenemos, sólo por mencionar algunos, proyectos mineros, de generación de energía eléctrica a través de la construcción de presas, proyectos eólicos y de construcción de infraestructura, etc.
Los pueblos y comunidades se informan y organizan para defender sus recursos naturales, su tierra y su territorio. Vemos con esperanza que en diferentes puntos de la geografía oaxaqueña se alzan voces en contra de los megaproyectos y sus funestas consecuencias.
Las distintas experiencias que estamos involucradas coincidimos en diferentes procesos: defensa de maíz, semillas nativas, bosques, agua, la tierra y el territorio, en distintas regiones del estado, en las cuales viven distintos pueblos y culturas.
Hoy queremos TEJER los diferentes procesos de resistencia entre los pueblos, comunidades, organizaciones sociales y organismos civiles, para fortalecer todos los trabajos y experiencias nuestras organizaciones y pueblos han realizado. Se ha recorrido mucho camino y ahora nuestra intención es crear y recrear nuevas estrategias: jurídicas, de protesta, de movilización, de organización, de comunicación e información que nos permitan dar respuesta a las distintas realidades y problemáticas que estamos viviendo.


OBJETIVO GENERAL: 
Ser un espacio plural y diverso, un espacio de análisis y reflexión de la situación, un espacio que sirva para encontrarnos en acciones para fortalecer la resistencia de las Comunidades, un espacio que una y vincule a las comunidades, un espacio que se solidarice con luchas de otros pueblos.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
a) Generar estrategias que nos permitan la defensa preventiva de nuestros pueblos.
b) Establecer acciones de solidaridad en defensa de los territorios, tierra y recursos naturales.
c) Crear una estrategia comunicacional que permita socializar información y contenidos en diferentes niveles y espacios de manera conjunta por parte de varios procesos de resistencia.

El foro tendrá una duración de día y medio, iniciando el día 17 a las 9 de la mañana (OJO: horario normal, NO DE VERANO) y terminando el día 18 con la comida. Se desarrollará en los siguientes momentos:
• CONTEXTO INTERNACIONAL: Se realiza un panel con experiencias internacionales invitadas: Marcos Arana, Perú; Elaida Mejia Guatemala; Peter Rosset, Vía Campesina. Sesión de comentarios y preguntas.

• CONTEXTO NACIONAL. Las exposiciones giran en torno a conocer experiencias regionales de movimientos de resistencia en proyectos de minería, defensa del agua, construcción de presas, entre otros. Intervenciones.

• MESAS DE TRABAJO.

• PLAN DE ACCIÓN.

Podrán participar todas aquellas personas, organizaciones, pueblos, comunidades interesadas en el tema.
Si se desea presentar alguna experiencia en el panel nacional, comunicarse con las y los organizadores.
Avisos importantes:
Las organizaciones promotoras cubrirán los gastos de alimentación durante el evento, así como el hospedaje en San Pedro Apóstol.
Les pedimos traer sabanas o cobija.
El clima en esta época es cálido-seco refrescando por la tarde-noche.
Habrá transporte de Ocotlán a San Pedro el día viernes 17 a las 7 de la mañana(horario normal NO DE VERANO) en la gasolinera que está ubicada en la entrada de Ocotlán (viniendo de la ciudad de Oaxaca) y el día sábado después de la comida San Pedro- Oaxaca.

Mayores informes:
Marcos Leyva (EDUCA) Tel: (951) 513-60-23 y (951) 502-5043, correo electrónico: direccion@educaoaxaca.org
Raymundo Sandoval (PRODESC) Tel: (55)52-12-22-30, correo electrónico: raymundo@prodesc.org.mx

Convocan
Servicios para una Educación Alternativa A. C. (EDUCA), Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A. C. (PRODESC), Centro de Derechos Indígena Flor y Canto A. C. Servicios del Pueblo Mixe A. C., Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño A. C. (BARCA) Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca S. C. (UNOSJO), Tequio Jurídico, Centro de Derechos Humanos Ñu Ji Kandii, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín PRO, Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara (CESEM), Comisariado de Capulalpam de Méndez, Parroquia de San Pedro Apóstol, Ocotlán, Escuela Municipalista de Oaxaca.

Boletin del Caso Jacinta

· Pese a que constata muy graves vicios en el proceso, el magistrado se limita a ordenar la reposición del juicio.

· Tras más de dos años y medio en prisión, la justicia vuelve a negarse a quienes más padecen su inequidad.

· La defensa de Jacinta Francisco Marcial acudirá a todas las instancias restantes para buscar la justicia hoy aplazada; la campaña de solidaridad por su liberación seguirá adelante.

El 19 de diciembre de 2008, Jacinta Francisco Marcial, mujer indígena ñhä-ñhú (otomí), fue sentenciada injustamente en la ciudad de Querétaro. El Juez Cuarto de Distrito en el estado de Querétaro la condenó, junto con Alberta Alcántara y Teresa González, considerándola responsable de haber secuestrado a seis agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) durante hechos ocurridos el 26 de marzo de 2006 en la comunidad indígena Santiago Mexquititlán, del municipio de Amealco, Querétaro.

Ante la insuficiencia de las pruebas empleadas para acusarla y la profunda injusticia patente en el caso, el Centro Prodh asumió la defensa de Jacinta en segunda instancia durante enero de 2009. Junto con una campaña de solidaridad en su favor que suscitó numerosas adhesiones, el Centro Prodh interpuso el recurso de apelación en representación de la mujer indígena. Éste recayó en el Tribunal Unitario del Vigésimo Segundo Circuito, con sede en Querétaro, a cargo del magistrado Hanz Eduardo Muñoz López.

Las numerosas irregularidades del proceso permitían al magistrado restituir los derechos de Jacinta para modificar la sentencia y devolverle su libertad. No obstante, en su resolución de fecha 7 de abril el magistrado López Muñoz se limitó a ordenar la reposición del procedimiento; es decir, regresó el expediente al Juez Cuarto de Distrito en Querétaro, Rodolfo Pedraza Longhi, para que nuevamente se desahoguen pruebas. Con esto, la misma autoridad que condenó a Jacinta a más de veinte años de prisión tendrá nuevamente en sus manos su libertad.

En su fallo, notificado apenas en días pasados a Jacinta, el magistrado reconoce abiertamente que existen “contradicciones sustanciales” en los testimonios de los seis agentes federales de investigación que dicen haber sido “secuestrados” por Jacinta, Teresa y Alberta. También reconoce expresamente la posibilidad de que los hechos se hayan derivado de una negociación consentida y propuesta por los servidores públicos de la Procuraduría General de la República (PGR). No obstante, ante las contradicciones, omite presumir la inocencia de Jacinta y ordena el desahogo de nuevas pruebas; así, ante la duda no absolvió sino que optó por perpetuar el encarcelamiento.

Con la sentencia dictada por el Tribunal Unitario se refrenda la negativa a reconocer la presunción de inocencia de Jacinta y a presumir en los hechos lo contrario: su culpabilidad, aun cuando la acusación en su contra es absurda.

Por otra parte, el fallo del Tribunal Unitario revictimiza a Jacinta al posponer, casi indefinidamente, la resolución sobre el fondo del caso. En efecto, si se considera que algunos de los careos ordenados por el magistrado requieren que los agentes federales, que se dicen víctimas de Jacinta, acudan al Juzgado Cuarto, el juicio puede prolongarse considerablemente: durante el juicio estos fueron infructuosamente llamados para careos en más de quince ocasiones, lo que muestra su desinterés absoluto en el proceso y su negativa a colaborar con el cabal esclarecimiento de los hechos.

Es importante recordar que, como ha sido reiteradamente señalado por este Centro –y por la opinión pública interesada en el caso– el juicio seguido a Jacinta Francisco Marcial patentiza la discriminación que prodigan las instancias de justicia en contra de quienes son indígenas, mujeres y viven en situación de marginalidad. Para ellas, en México, no hay justicia ni Estado de Derecho.

Igualmente, este Centro ha insistido en que el caso muestra que en la actualidad las instancias de justicia son empleadas deliberadamente, abusando de figuras como el secuestro, para castigar o inhibir expresiones de protesta o descontento popular. Las mismas procuradurías que no son efectivas al investigar y esclarecer los verdaderos secuestros –aquellos donde se extorsiona privando violentamente de la libertad y exigiendo rescate– son expeditas e implacables cuando se trata de imputar ese grave delito a quienes, con pruebas o sin ellas, son relacionados por las autoridades con actos de protesta.

En la actual circunstancia, Jacinta, su familia y el Centro Prodh seguiremos agotando todas las instancias jurídicas necesarias para probar su inocencia. Por ende, hacemos un renovado llamamiento a las personas que se han solidarizado con ella a que continúen participando en la campaña emprendida para alcanzar su liberación. En este sentido, en el sitio de internet del Centro Prodh (www.centroprodh.org.mx) seguirán encontrando acciones a realizar para participar en la campaña. Hoy más que nunca, apoyar a Jacinta y exigir justicia es imprescindible.

Contacto Prodh: Tania Gómez (comunicacion@centroprodh.org.mx)

(01 55) 55 46 82 17, ext. 116.

Yo soy Jacinta

Yo soy Jacinta

Por: Ricardo Rocha 




Y ella es una mujer indígena, otomí, de 42 años. Acaba de ser sentenciada a 21 años de cárcel. Aunque usted no lo crea, por el secuestro de seis agentes armados de la AFI. Sí, leyó usted bien. Fue acusada con otras dos mujeres. Un juez la halló culpable porque, para él, la prueba presentada por la PGR fue contundente: una fotografía de un diario local donde aparece Jacinta asomándose al borlote de lo que pasó en su pueblo hace tres años ya. 

El 26 de marzo de 2006 seis AFI llegaron amenazantes y sin uniforme a Santiago Mexquititlán, en Querétaro. Ahí, en el tianguis, Jacinta y sus compañeras vendían aguas frescas. Llegaron los agentes y comenzaron con destrozos, despojos y exigencias de tributo con lujo de violencia quesque por hallar mercancía pirata. 

Fuenteovejunescamente, los pobladores cercaron a los intrusos para exigirles identificación y la orden que justificara su proceder. Éstos se negaron, pero también se rajaron. La tensión crecía y comenzaron los gritos de protesta y justicia de la gente por tanto abuso. A llamado de los intrusos se apersonaron un agente del MP y el jefe regional de la AFI. Prometieron reparar los daños con mercancía decomisada —más bien robada— de otros tianguis, de otros pueblos. Ante la negativa popular se comprometieron a compensarlos con dinero. Se fueron y dejaron "en garantía" a un agente que no fue molestado. Regresaron a las siete y pagaron lo pactado. 


Pero se la guardaron al pueblo. Y se desquitaron con Jacinta, a la que el 3 de agosto llevaron con engaños a la ciudad de Querétaro. Ahí la acusaron falsamente; ahí la juzgaron de inmediato en español, cuando sólo hablaba otomí; ahí presumieron su culpabilidad antes que su inocencia; ahí la tienen presa; ahí la sentenciaron a 21 años de prisión; ahí le destrozaron la vida y a su familia. 


Así, Jacinta es una víctima más de la intolerancia rabiosa que caracteriza a los gobiernos panistas como el que ahí encabeza Francisco Garrido Patrón, que no ha movido un dedo en defensa de una de sus gobernadas. ¿Cómo si es una india de pueblo? 


Así se repite la historia de la furia discriminatoria y racista de los poderosos en este país. Como cuando se les inventaron delitos a Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, indígenas ecologistas de Guerrero que lucharon contra los caciques talamontes. Una vez más el menosprecio inhumano que nos avergüenza en la memoria de doña Ernestina Ascensio, abusada y asesinada por militares y muerta por diagnóstico presidencial de gastritis crónica. Nomás acordémonos de Aguas Blancas y Acteal. De Atenco, condenados a más de un siglo de cárcel por defender sus tierras. Otra vez la más brutal represión de estos gobiernos contra los que se atreven a alzar la voz ante las injusticias. 


Hay ahora un movimiento encabezado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, al que me sumo gustoso, para exigir juicio justo y liberación de quien sólo ha cometido tres grandes pecados en este país: ser mujer, ser indígena y ser pobre. Por cierto, se llama Jacinta Francisco Marcial. Y yo soy ella. 


PD. ¿Esto también es falso, señor Medina Mora? 

Persisten irregularidades para acceder a la justicia en el Caso Atenco: mujeres denunciantes de tortura sexual

Persisten irregularidades para acceder a la justicia en el Caso Atenco: mujeres denunciantes de tortura sexual

Difusión Cencos México D.F., 11 de diciembre de 2008

Boletín de prensa SJ-08-10
Centro Prodh

· No existe compromiso del Estado mexicano para hacer efectivos derechos como acceso a la justicia, no discriminación contra las mujeres y derecho a la integridad personal consignados en la Declaración Universal

· Las investigaciones realizadas por la FEVIMTRA han resultado inadecuadas e ineficaces pues aún no se tiene a los responsables de las graves violaciones de derechos humanos

Han sido numerosas las celebraciones realizadas para conmemorar el 60º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos; no obstante, las mujeres denunciantes de tortura sexual cometida en el Operativo Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006, denuncian públicamente la falta de compromiso por parte del Estado mexicano para hacer efectivos los derechos ahí contenidos, tales como acceso a la justicia, no discriminación contra las mujeres, derecho a la integridad personal y prohibición de ingerencias arbitrarias en nuestra vida, entre otros.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh), ha representado activamente a 11 denunciantes de tortura sexual a raíz de los hechos del 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco. La Fiscalía Especializada en Delitos Violentos Contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) inició una serie de investigaciones que, a mas de 31 meses, han resultado inadecuadas e ineficaces pues aún no se consigna a los responsables de las graves violaciones de derechos humanos perpetradas contra Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo.

Evidenciamos públicamente el incumplimiento de estas obligaciones por parte del Estado mexicano, pues como denunciantes hemos enfrentado diversas irregularidades en esta búsqueda por la justicia, y en nuestra exigencia de una investigación seria y efectiva por parte de la FEVIMTRA.

Entre las diversas irregularidades se encuentra la falta de apoyos psicológicos, médicos y legales o el retraso en el ofrecimiento de dichos servicios, incluido entre ellos la práctica del Protocolo de Estambul y la negativa a considerar como prueba plena los peritajes realizados por el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pese a que el Estado mexicano, en respuesta a la recomendación del Comité Contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas, señaló que los resultados forman parte de la averiguación previa “y en caso de ser consignada será valorado por el Juez junto con el resto de las pruebas”.

Además, contraviniendo su deber de facilitar la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos, adoptando medidas para minimizar las molestias causadas a las víctimas, proteger su intimidad y garantizar su seguridad, la agente del ministerio público adscrita a la FEVIMTRA ordenó la realización de un estudio socio familiar y económico al cual nos opusimos por no ser una práctica tendente a la comprobación de los hechos constitutivos de delito ni a la identificación de los responsables. Ante la negativa, tanto la autoridad investigadora como sus peritos en materia de trabajo social rindieron su peritaje, en el cual existen señalamientos revictimizantes, con injerencias arbitrarias en la vida personal de las denunciantes.

En el caso de la ciudadana española Cristina Valls, quien presentó una querella ante la Audiencia Nacional de España a fin de que se investigue la tortura y agresión sexual que sufrió tras su detención en los hechos ya señalados, la Procuraduría General de la República solicitó el establecimiento de una Comisión rogatoria que implicaría tomar declaración a Cristina Valls y someterla a la realización de nueve informes. Women's Link ha señalado que no participará en dicha Comisión, pues incumple los más básicos estándares internacionales y nacionales que los Estados deben tener en cuenta a la hora de investigar los crímenes de tortura, y estima que la actuación de la Procuraduría General de la República responde únicamente al intento de paralizar la posibilidad de que la Audiencia Nacional pueda investigar, con base en la justicia universal, el crimen de tortura cometido en el marco del Operativo Atenco.

Ante estos hechos mostramos nuestra preocupación porque las supuestas investigaciones que se están desarrollando por parte de la FEVIMTRA, órgano perteneciente a la PGR, giran exclusivamente en torno a las víctimas, en lugar de investigar a los culpables. Mencionamos nuevamente que ante la ineficacia de las instancias nacionales, el 29 de abril el Centro Prodh y las mujeres denunciantes de tortura, buscando la admisibilidad del caso, presentamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una petición, de manera que recomiende una investigación seria, imparcial y eficaz para sancionar a los responsables de tortura y garantizar medidas de no repetición.

Mayores informes:

Área de comunicación y análisis del Centro Prodh
Tania Tamara Gómez
Tel. 55468217, ext. 116
Correo electrónico: comunicacion@centroprodh.org.mx

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

www.cencos.org

“No dar un paso atrás”, alienta el Centro Agustín Pro al CECOP contra La Parota

Se debe obligar al gobierno estatal a cumplir las recomendaciones de ONG, insta
“No dar un paso atrás”, alienta el Centro Agustín Pro al CECOP contra La Parota

La militarización de zonas indígenas no es la solución al narcotráfico, reclama abogada

FRANCISCA MEZA CARRANZA (corresponsal)

Zihuatanejo, 21 de septiembre. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juarez llamó a los integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (CECOP) a no dar “un paso atrás” y continuar con las movilizaciones para obligar al gobierno estatal a cumplir las recomendaciones y medidas cautelares que existen para que no se construya la presa.

También reprobó la militarización que se ha dado en carreteras y calles de los municipios porque incrementan las violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos.

Durante el taller Exigibilidad de Justicia que impartió para organizaciones civiles, la abogada Diana Martínez Medrano dijo que el principal problema con las autoridades gubernamentales es que no cumplen las sentencias que emiten los organismos civiles o agrarios y eso es lo que pasa con el gobierno del estado porque no ha acatado las sentencias que han emitido a favor de los comuneros.

Señaló que el gobierno ha caído en la irresponsabilidad, por lo que es necesario que las personas que serían afectadas no dejen las movilizaciones para hacer cumplir al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo.

También dijo que es necesario que se continúen las denuncias públicas para que haya testimonios de las faltas en las que incurren las autoridades.

Es importante, resaltó, que los integrantes del CECOP reciban la solidaridad de organismos y organizaciones nacionales e internacionales, y que incluso ellos mismos sigan con el apoyo.

Dijo que muchas veces los movimientos que duran años en lucha tienden a debilitarse por lo que llamó a los “compañeros de la parota” a no dar un paso atrás y que sigan en lucha.

“A este tiempo cualquier movimiento ya sufre debilitamiento porque algunos se cansan o la vida no les da y tienen que trabajar y seguir con su ritmo de vida normal por eso esperamos que la solidaridad siga llegando de otras partes y de ellos mismos”.

Dijo que la postura del Centro Agustín Pro es que el proyecto no se concrete porque de ser así significaría un rezago de la justicia en Guerrero.

Sobre la militarización que se ha dado en el estado dijo que es algo que ocurre en todo el país porque en su lucha contra el narcotráfico, el gobierno federal lo ha aplicado como estrategia en los estados de la República, lo que va en detrimento de la población porque se han registrado numerosas violaciones a los derechos humanos.

“Reprobamos las violaciones de derechos humanos que se cometen en esta lucha; reprobamos que se den muertes, torturas y violaciones de derechos humanos como entrar a las casas, como apuntarles a los ciudadanos con el pretexto de que es por la seguridad”, aseveró.

Dijo que como seres humanos tienen el derecho a la libre circulación por lo que nadie debe ser molestado en su persona o su propiedad al menos que se presente una orden escrita.

El gobierno, señaló, ha manejado la situación de manera que los retenes o la revisión de personas parezca algo rutinario y común sin embargo, insistió, va en contra de los derechos.

“Estamos concientes de que el crimen organizado y el narcotráfico ha crecido en el país de manera alarmante, pero de ninguna manera pensamos que militarizar es la respuesta”, cocnluyó.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2008/09/22/index.php?section=sociedad&article=012n1soc

ACCIÓN URGENTE TEMOR POR LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PSICOLÓGICA DE CARLOS SOLÍS REINA Y LUIS ALBERTO SALAS

ACCIÓN URGENTE

TEMOR POR LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PSICOLÓGICA DE CARLOS SOLÍS REINA Y LUIS ALBERTO SALAS

Este Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” ha tenido conocimiento a través la organización Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Emiliano Zapata, A.C. de Matamoros, de la detención por parte de agentes federales y posterior traslado del periodista matamorense Carlos Solís Reina y su acompañante Luis Alberto Salas a la Ciudad de México, donde actualmente se encuentran internados en un hospital sin que sus familiares tengan conocimiento del lugar y motivo, ya que se encontraban en buen estado de salud al momento de su detención, por lo que se presume hayan sido torturados durante el traslado.



México, Distrito Federal a 17 de septiembre de 2008





Lic. Felipe Calderón Hinojosa

Presidente de la República



Lic. Juan Camilo Mouriño Terrazo

Secretario de Gobernación



Lic. Eduardo Medina Mora Icaza

Procurador General de la República



Ing. Genaro García Luna

Secretario de Seguridad Pública



Dr. José Luis Soberanes

Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos






HECHOS:

De acuerdo con los familiares del periodista, el 15 de Septiembre de 2008 Carlos Solís circulaba por la avenida Emilio Portes Gil a bordo de una camioneta Ford Lobo King Ranch junto con Luis Alberto Salas cuando policías federales abrieron fuego en contra de ellos, alcanzando una de las balas a una menor que se encontraba parada esperando el camión que la conduciría a su trabajo. La menor de nombre Juana Patricia Gómez Saldaña perdió la vida en el lugar de los hechos.

Posteriormente, al escuchar los disparos los tripulantes detienen el vehiculo y bajan de la camioneta, en ese momento son asegurados por los policías federales y puestos en el piso como se puede apreciar en las fotografías que circularon en la prensa del día siguiente. Cabe mencionar que los detenidos no fueron puestos a disposición del ministerio público federal quien fue el encargado de dar fe del cadáver sin que pudiera dar fe del estado de la camioneta que presentaba dos impactos de bala debido a que los agentes federales se lo impidieron, ni tampoco fueron puestos a disposición ante la agencia Quinta del Ministerio Público de la Ciudad de Matamoros.

Una vez que fueron detenidos Carlos Solís y Luis Alberto Salas los trasladaron a la Ciudad de México, específicamente a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, en donde se abrió la averiguación previa 108/2008, a cargo del Ministerio Público Federal Lic. Pablo Martínez, quien ante el cuestionamiento de los familiares de Solís Reina sobre el paradero de Carlos manifestó que ambos detenidos se encontraban en un hospital ya que habían llegado con lesiones, por lo que era necesario que se les practicaran exámenes para conocer su estado de salud.

El mismo día de los hechos la Secretaría de Seguridad Pública emitió un comunicado, en el que responsabiliza a los dos detenidos de dar muerte a la menor, afirmando que el deceso ocurrió tras “un enfrentamiento derivado de acciones que realizan elementos de la Policía Federal Preventiva, como parte del Operativo Conjunto Tamaulipas", alegando que encontraron dos armas en el interior de la camioneta y que fueron ellos quienes iniciaron el fuego. No obstante, testigos de los hechos han declarado que los únicos que dispararon fueron los agentes federales y por lo tanto los responsables de la muerte de la menor.

Según testimonios recabados por este Centro, tanto Carlos Solís (periodista del periódico “El Bravo Matamoros” y miembro de la Asociación de Comunicadores Unidos A.C.) como Luis Alberto se encontraban en buen estado de salud al momento de ser detenidos por lo que se presume que hayan sido torturados en el traslado para obligarlos a rendir una declaración diferente a la de los hechos.

Por tal motivo el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” les pide envíen sus llamamientos a las autoridades exigiendo:

- Se garantice la integridad física y psicológica de Carlos Solís Reina y Luis Alberto Salas.

- Una investigación exhaustiva e imparcial por la muerte de la menor Juana Patricia Gómez Saldaña y por la detención arbitraria de Carlos Solís y Luis Alberto Salas, así como por las lesiones cometidas en agravio de estos.

- A la Comisión Nacional de Derechos Humanos, implementar con carácter de urgente, las medidas cautelares necesarias para prevenir los daños físicos o psicológicos a los dos detenidos.





Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez





Favor de enviar sus llamamientos a:



LIC. FELIPE CALDERON HINOJOSA

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE MÉXICO

TEL (55) 27 89 1100

FAX (55) 52 77 23 76

Correo electrónico: felipe.calderon@presidencia.gob.mx



LIC. JUAN CAMILO MOURIÑO TERRAZO
SECRETARIO DE GOBERNACIÓN

FAX (55) 50933414

Correo electrónico: jcmourino@segob.gob.mx



LIC. EDUARDO MEDINA MORA ICAZA

PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

TEL. (55) 53 46 09 08

Correo electrónico: ofproc@pgr.gob.mx



ING. GENARO GARCÍA LUNA

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

Fax: 5241 8251

Correo electrónico: genaro.garcia@ssp.gob.mx



DR. JOSÉ LUIS SOBERANES FERNÁNDEZ

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

Fax 56818125

Correo electrónico: correo@fmdh.cndh.org.mx



Con copia al:



CENTRO DE DERECHOS HUMANOS MIGUEL AGUSTÍN PRO JUÁREZ

Fax (55) 5546 8217 ext. 108

Correo electrónico: defensa@centroprodh.org.mx

Fuente : Centro de Derechos Humanos Agustín -Pro Juárez

http://centroprodh.org.mx/2008/index.php?option=com_content&task=view&id=75&Itemid=78

TALLER “JUSTICIABILIDAD Y EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES EN EL ESTADO DE GUERRERO”.

TALLER “JUSTICIABILIDAD Y EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES EN EL ESTADO DE GUERRERO”.



Objetivo general: Crear un espacio de dialogo entre las diferentes organizaciones que trabajan a favor de la defensa de los DESCA sobre temas relacionados con la justiciabilidad y exigibilidad de dichos derechos, haciendo énfasis en la importancia de trabajar coordinadamente para la creación de estrategias que sirvan como espacio de intercambio de experiencias y acciones conjuntas.



Sesión única 20 de septiembre de 2008


Temas:

1. Presentación del Centro Prodh
2. Conceptos fundamentales sobre DESCA
3. Justiciabilidad y exigibilidad de los DESCA. Obstáculos y oportunidades de avance.
4. Obligación del Estado Mexicano y del Gobierno de Guerrero respecto a los DESCA.
5. Exigibilidad indirecta de los derechos económicos, sociales y culturales. Principio de Igualdad y no Discriminación.
6. Análisis del contenido y alcance del derecho a un medio ambiente sano.


Metodología:

El taller se desarrollará con base a la exposición de temas por parte de la facilitadora, fomentando la participación de los presentes mediante dinámicas y preguntas abiertas. Se incluirá en la parte final un análisis de casos.









Cronograma


Tema Objetivo Actividad Duración

Registro Tener una lista de participantes al taller con sus datos de contacto para una posterior comunicación. El registro será personal. 10:45 a 11:00
Presentación del Centro Prodh, del Taller y de los participantes. Que los participantes conozcan el trabajo del Centro y los objetivos del taller. Exposición y dinámica para plantear los objetivos del taller. 11:00 a 11:30
Conceptos fundamentales sobre DESCA. Crear un piso común entre los asistentes a fin de que tengan claro que son los derechos humanos y en particular los DESCA. Exposición del tema. 11: 30 a 11:50
Descanso
Justiciabilidad y exigibilidad de los DESCA. Obstáculos y oportunidades de avance.
Explicar lo desfasado de la justiciabilidad y exigibilidad de los DESCA en relación con los DPC. Dinámica de grupo y exposición del tema. 12:00 a 12:30
Obligación del Estado Mexicano y del Gobierno de Guerrero respecto a los DESCA.
Que los asistentes conozcan que se puede exigir a la autoridad federal y local en materia DESCA. Exposición del tema con participaciones de los presentes. 12:30 a 13:00
Exigibilidad indirecta de los derechos económicos, sociales y culturales. Principio de Igualdad y no Discriminación. Explicar el principio de igualdad y no discriminación. Exposición del tema. 13:00 a 13:30
Análisis del contenido y alcance del derecho a un medio ambiente sano. Aterrizar el concepto de un medio ambiente sano y su reconocimiento a nivel nacional e internacional. Planteamiento de un caso y su análisis en grupos. 13:30 a 14:30
Conclusiones