Impreciso, el informe que envió Tlachinollan a Comité de la ONU, sostiene en boletín
Desmiente el gobierno estatal que en Guerrero no se castigue la tortura
Reconoce que legislación vigente deber ser mejorada e incluir recomendaciones internacionales
Chilpancingo, 1º de noviembre. El gobierno del estado desmintió que en Guerrero no se castigue la tortura y calificó de impreciso el informe que envió el Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan al Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas.
Mediante un comunicado de prensa, enviado por la oficina de Comunicación Social, el gobierno del estado “desmiente que no cuente con un tipo penal para sancionar la tortura en el estado (…) si tiene normatividad que castiga a los servidores públicos que en el ejercicio de sus funciones inflijan intencionalmente dolores o sufrimientos a otras personas con el fin de obtener información o confesión, o castigarla por un acto cometido o que se le pretenda imputar”.
De hecho hace mención del artículo 76 bis párrafo segundo de la Constitución Política del Estado que señala que “la ley que cree y organice la Comisión garantizará su autonomía técnica; establecerá el procedimiento en materia de desaparición involuntaria de personas, y regirá la prevención y castigo de la tortura cuando presuntamente sean responsables los servidores a los que se refiere el párrafo anterior”.
Por ello, el gobierno del estado consideró que el informe que envió Tlachinollan al Comité contra la Tortura de la ONU “es impreciso”, pues se aseguró que en el ámbito estatal “sí está prevista la tortura como una conducta delictiva” y por tanto se sanciona conforme a la ley que crea la Comisión de Defensa de Derechos Humanos del estado.
Incluso se hace referencia a la ley creada por la Coddehum, que señala que a quien cometa el delito de tortura, se le sancionará con pena privativa de su libertad de dos a ocho años y de 200 a 400 días de salario mínimo en concepto de multa, privación de su cargo e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión.
En el comunicado se informó que en el caso de Ayotzinapa, también se investiga la conducta delictiva por tortura, “y en breve será determinada por esta autoridad ante el Poder Judicial en los casos en que así sea procedente”.
Agrega que a pesar de que en Guerrero la tortura sí está considerada como delito y es castigada, se reconoce que legislación vigente deber ser mejorada atendiendo a las recomendaciones emitidas por organismos internacionales.
“Se ha considerado oportuno el presentar en las próximas semanas la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de Guerrero, en la que se incorpora no sólo una definición clara y una sanción acorde a los instrumentos internacionales, sino que además incorpora la oportunidad de contar con peritos independientes para aplicar el Protocolo de Estambul en los casos donde se presuman actos de tortura”, detalla el comunicado.
