EU capacitará y dará equipo a policías del norte del país

Jaime Hernández, corresponsal

WASHINGTON, E.U., septiembre 19 (EL UNIVERSAL).- México y Estados Unidos acordaron este martes fortalecer la capacitación policial y el equipamiento a las corporaciones de Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León.

Al término de la Cuarta Reunión del Grupo de Alto Nivel para la Iniciativa Mérida, ambos países dieron a conocer en un comunicado conjunto que también se instrumentarán acciones para reconstruir el tejido social en Tijuana, Juárez y Monterrey.

En su mensaje, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, hizo votos para que el gobierno entrante de Enrique Peña Nieto deposite la misma “fe” que ha tenido el presidente Felipe Calderón para mantener el nivel de cooperación contra los cárteles.

La titular de la SRE, Patricia Espinosa, confirmó que ambos gobiernos presentarán una “hoja de ruta” a Peña Nieto, a manera de recomendación, para garantizar la continuidad de la Iniciativa Mérida.

http://mx.noticias.yahoo.com/eu-capacitar%C3%A1-dar%C3%A1-equipo-polic%C3%ADas-norte-pa%C3%ADs-050645039.html

Política y militarismo en America Latina

xJorge Gómez Barata* tomado de APIAVirtual.

Al poner a disposición de Estados Unidos siete bases militares, el presidente colombiano Álvaro Uribe introduce de contrabando a la única superpotencia del planeta en el balance de fuerzas sudamericano, dañando delicados equilibrios geopolíticos y de seguridad en una región en la cual, a diferencia de lo que ocurre en Europa y Norteamérica, los militares son un factor político.

En coyunturas como las actuales, ante reales o hipotéticos peligros, los militares reaccionan siempre de la misma manera: se arman, se atrincheran y ponen los dedos en los gatillos. El verdadero peligro no radica en el desencadenamiento de una carrera armamentista sino en un redimensionamiento del militarismo.

El militarismo latinoamericano es resultado de deformaciones estructurales introducidas por siglos de colonización y de circunstancias políticas que otorgaron un desmesurado papel a los institutos armados en la estructura estatal; circunstancia favorecida por la debilidad de las instituciones civiles. La conquista convirtió a los ejércitos foráneos en el más influyente, y visible de los componentes de las administraciones coloniales y al jerarca militar en una figura asociada a la autoridad, el poder y la riqueza. Recreada a lo largo de siglos, esa imagen se integró a una cultura en la cual la fuerza y el poder prevalecían sobre la razón y el consenso.

La dominación colonial, basada en la rapiña y el saqueo dio lugar a que, tanto los descendientes de españoles asentados en las indias como los criollos, reclamaron cuotas de poder e independencia. El rechazo de la Corona Española a las opciones políticas pacificas, dio lugar a que las luchas por la independencia en América Latina asumieran la forma de prolongadas, destructivas y letales guerras. Las campañas de Bolívar, Sucre, San Martín, O′Higgins y más tarde las cargas al machete practicadas por el Ejército Libertador en Cuba, se inscribieron en los anales del pensamiento militar occidental.

No obstante su papel en a forja de las nacionalidades y como elemento cohesionador de las nuevas naciones y de servir como escenario propicio para exponer el valor, el talento y la fidelidad a ideales patrios aquellas guerras, al obligar a los próceres y forjadores de nuestras naciones a convertirse en generales y mariscales, más habituados a mandar y a ser obedecidos que a elaborar consensos y practicar la democracia, contribuyeron a acentuar la preponderancia de los militares.

En la hora de la independencia, cuando ya los precursores habían muerto o no estaban en condiciones de luchar contra la corrupta política que nacía comprometida con mezquinos intereses internos y externos, las cúpulas castrenses se aliaron al clero y a los terratenientes para formar las oligarquías nativas, que en algunos sitios son beligerantes todavía.

Tal vez tales riesgos no existan en Europa y los Estados Unidos donde la madurez de las instituciones civiles limita el papel de los militares pero, en América Latina, gran paradoja radica en que, al crear poderosas fuerzas armadas, orgullosos de sus armas y de su fuerza, y elevar su autoestima política, los militares se envalentonan, creen que pueden gobernar mejor que los políticos y que ser demócrata es lo mismo que ser afeminado, convirtiéndose en un peligro, no solo para los países vecinos sino para el propio país, para los proyectos reformistas y revolucionarios y para las eternamente frágiles democracias latinoamericanas.

Si bien es cierto que desde hace algún tiempo no se han librado guerras entre diferentes estados latinoamericanos, no están lejanas las guerras de los militares contra sus propios países. Todavía los ex dictadores del Cono Sur que evolucionaron hacía el fascismo y que libraron una guerra de exterminio contra toda una generación avanzada y persiguieron a la izquierda hasta en los vientres de las luchadoras, caminan por las calles y pasean con sus nietos por los parques de Santiago de Chile, Montevideo, Buenos Aires, Brasilia, Río y Asunción. Los gorilas hondureños nos recuerdan que ese pasado no está muerto.

Desde ese punto de vista, no se trata sólo de darles dinero para que adquieran armas cada vez más caras y letales, sino de ganar conciencia de los límites y de averiguar si acaso los militares latinoamericanos han dejado de ser una casta privilegiada, inmune a la justicia ordinaria, capaz de evadir los mecanismos de control social del poder, situada al margen y por encima de la sociedad y determinar si están o no curados de su atávica propensión a mezclarse en la política y tratar de ejercer por su cuenta el poder político.

Sería interesante saber si las castas militares de Centro y Sudamérica han roto sus compromisos con las oligarquías y las burguesías y si su vocación de servicio incluye al pueblo llano y su compromiso con la democracia llega hasta tolerar la oposición al sistema e incluye el respeto devoto por leyes pensadas desde la alternativa y a instituciones civiles nuevas. El hecho de que algunas democracias para “tener a los militares tranquilos” en sus cuarteles y polígonos, opten por complacerlos y los dejan hacer, puede ser contraproducente.

Para la izquierda en el poder las soluciones no son fáciles pero los caminos trillados tampoco son la fórmula. Tal vez no queda otra alternativa que crear y sostener que los nuevos posicionamientos sociales implican un nuevo papel para las instituciones armadas; de lo contrario, con la mejor buena fe, se pueden estar criando cuervos.

*Jorge Gómez Barata (Camagüey 1946) - Periodista y profesor. Graduado del Instituto Pedagógico y colabo-rador de medios cuba-nos y extranjeros. En su columna, el autor incluye —además de artículos exclusivos para CubAhora (http://www.cubahora.cu) — materiales suyos publicados por el diario mexicano !Por Esto!, las emisoras ‘Radio Habana Cuba’ y ‘Radio Taíno’, y otros difundidos por la Agencia ecuatoriana ‘ALTERCOM’ y por la Agencia Rusa de Información ‘NOVOSTI’. Actualmente es Director Regional de la Agencia de Contrainformación ArgosIs-Internacional en la Rep. de Cuba (http://espanol.groups.yahoo.com/group/ArgosIs-RepCubana)…

Denuncian nueva incursión del Ejército en Puerto las Ollas

Los pobladores de la comunidad viven entre temor y enojo por las agresiones militares
Denuncian nueva incursión del Ejército en Puerto las Ollas

Dos comandos de soldados llegaron la noche del sábado, alerta Monroy Hernández

CITLAL GILES Y REDACCION

Por cuarta ocasión en un mes, y a dos días de que el gobierno de Estados Unidos haya anunciado investigar abusos militares en México por las incursiones en Puerto las Ollas, dos comandos de soldados ingresaron anoche a este poblado ubicado en la sierra.

De acuerdo con datos proporcionados por el coordinador del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), Javier Monroy Hernández, habitantes de la comunidad le informaron que alrededor de las 10 de la noche los soldados se colocaron en las áreas de cultivo entre Puerto las Ollas y Las Palancas, por lo que alertó “sobre cualquier incidente que pudiera suscitarse en perjuicio de los habitantes de estas comunidades”.

Las incursiones militares anteriores fueron objeto de un reportaje que fue presentado como nota principal del diario estadunidense The Washington Post, y generaron la reacción del gobierno de ese país, que advirtió que podría congelar recursos del Plan Mérida si se comprueban violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército.

Ayer por la mañana, Monroy Hernández dijo que en Puerto las Ollas hay zozobra y enojo luego de las tres incursiones anteriores del Ejército para hostigar y amedrentar a los habitantes, y aseguró que se instalará ahí un módulo para que la gente lleve sus demandas sociales. 

En la reciente visita que hizo el Tadeco a Puerto las Ollas, Monroy Hernández percibió un gran temor en la gente, pero al mismo tiempo enojo, porque las personas viven “en una zozobra permanente” por la presencia militar, ya que altera la tranquilidad, la estabilidad emocional de los habitantes, incluso de los niños, quienes han mostrado en sus juegos el daño sicológico que los soldados han dejado en ellos.

“Vimos con preocupación que estas cosas están calando en los niños porque ahora sus juegos son las persecuciones y el esconderse, como hacen sus padres cuando llegan los militares”.

Sin embargo, comentó Monroy que observaron ánimo en las mujeres, quienes se han sentido apoyadas por organizaciones de derechos humanos, “eso les da valor para enfrentar a los militares, como lo hicieron en esta última ocasión, cuando les preguntaron cuál era el motivo de su presencia”.

Los habitantes denunciaron que sienten temor porque en esta última ocasión, aunque el Ejército entró para llevar a cabo un “supuesta investigación” sobre las agresiones de los soldados del batallón 40, se enfocaron más en ubicar con detalle cómo están construidas las casas, cómo y dónde están ubicadas, cómo está organizada la comunidad.

Ante esto, Monroy Hernández aseguró que instalarán en la comunidad un módulo de desarrollo comunitario, como en La Morena, para que conozcan sus derechos y busquen soluciones a sus problemas.

“No tienen maestros, la escuela está abandonada (que es más bien un aula), además los soldados destruyeron parte del mobiliario”, criticó el coordinador.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/07/12/index.php?section=sociedad&article=005n1soc

Reporte sobre la lucha antinarco o cesará ayuda a México, plantea EU

Hillary Clinton hizo la demanda a Calderón para mantener recursos de la Iniciativa Mérida
Reporte sobre la lucha antinarco o cesará ayuda a México, plantea EU

Una delegación viajó a Washington para “aclarar dudas”, señalan funcionarios nacionales
Gustavo Castillo García
 

El gobierno de Estados Unidos ha exigido a su par de México un reporte íntegro sobre la actuación de las fuerzas federales en la lucha contra el crimen organizado en la administración del presidente Felipe Calderón, a fin de que no se cancele la entrega de recursos comprometidos en la Iniciativa Mérida por presuntas violaciones a los derechos humanos, revelaron fuentes del Consejo de Seguridad Nacional.

De acuerdo con las fuentes consultadas, enviados del gobierno mexicano han señalado a sus contrapartes que no se debe hablar de detenciones ilegales, tortura y desaparición forzada en el combate a cárteles de la droga, pues en los dos casos en que se han confirmado violaciones a las garantías individuales (Sinaloa y Tamaulipas), se ha procesado penalmente a soldados.

Los funcionarios consultados indicaron que la notificación de que será necesario que el gobierno de Calderón envíe a Estados Unidos un informe, fue realizada por la secretaria de Estado, Hillary Clinton, luego de que el zar antidrogas de ese país, R. Gil Kerlikowske, señaló que su nación investigaría presuntos abusos de militares mexicanos, ante un reporte del diario The Washington Post, donde se afirma que “el Ejército Mexicano ha efectuado desapariciones forzadas, actos de tortura y redadas ilegales en persecución de narcotraficantes”.

El Post reportó que estos abusos de militares mexicanos involucrados en la lucha antinarcóticos impulsada por el gobierno de Calderón, se propagan en diversas partes del país, desde las ciudades fronterizas hasta los campos de cultivo, y que han ocurrido sucesos en lugares como Puerto las Ollas, en Guerrero, donde una víctima cuenta cómo los soldados lo torturaron y golpearon, y también a su sobrino de 13 años, o casos en Tijuana y Ciudad Juárez, donde detenidos fueron torturados para obtener confesiones, o el caso de dos niñas violadas sexualmente por soldados, así como varias redadas y cateos ilegales.

Explicaciones mexicanas

De acuerdo con funcionarios mexicanos, el presidente Calderón envió a Estados Unidos una delegación que tiene el propósito de aclarar las dudas de Washington sobre el combate al narcotráfico y otros grupos del crimen organizado.

Las fuentes explicaron que uno de los puntos principales a tratar por los enviados es que el Ejército Mexicano no lleva a cabo prácticas violatorias de derechos humanos, a pesar de que se desarrolla un combate decidido a los grupos criminales, y que las protestas que han surgido en sitios como Tijuana, Baja California, y Monterrey, Nuevo León, y otras siete ciudades, han sido financiadas por criminales.

Agregaron que el Ejército actúa contra el crimen organizado debido a que muchas corporaciones policiales han sido sometidas, lo que ha permitido a los cárteles de la droga trasladar cargamentos de droga o distribuir enervantes, y quienes se han encargado de detener a los criminales son las fuerzas federales.

Los funcionarios señalaron que la estrategia generada desde Los Pinos ha considerado que es necesaria la participación castrense contra la delincuencia organizada, ante la necesidad de crear nuevas y mejores corporaciones policiacas, como es el caso de Chihuahua, donde se está capacitando a elementos para revertir la infiltración de delincuentes en los cuerpos locales.

Otra explicación que los funcionarios mexicanos dieron a sus contrapartes estadunidenses radica en los casos en que se ha detectado que militares han violado las garantías de los ciudadanos.

Las fuentes consultadas señalaron que en el caso ocurrido en marzo de este año en Tamaulipas, la justicia militar inició la averiguación previa GN/LAREDO/02/09, por la presunta participación de personal militar en la desaparición de tres civiles, y se determinó ejercitar acción penal contra un jefe, tres oficiales y ocho elementos de tropa por su probable responsabilidad, en agravio de los civiles Miguel Ángel Gama Habif, Israel Ayala Ramírez y Aarón Rojas de la Fuente.

El otro caso ocurrió en junio de 2007, cuando militares abrieron fuego contra integrantes de una familia, la mayoría mujeres y niños, y mataron a cinco personas tras disparar por no haber detenido la marcha del vehículo en que viajaban cuando los soldados les ordenaron detenerse para una revisión, en el ejido Los Alamillos, Sinaloa. La justicia militar ejercitó acción penal contra tres oficiales y 16 soldados, pertenecientes al 24 regimiento de caballería motorizado.

http://www.jornada.unam.mx/2009/07/11/index.php?section=politica&article=003n1pol

Preocupan a la Casa Blanca los abusos de militares; difunden en EU un caso de la sierra de Guerrero

Preocupan a la Casa Blanca los abusos de militares; difunden en EU un caso de la sierra de Guerrero

Jesús Esquivel / Agencia Proceso

Washington

La Casa Blanca y el Congreso federal de Estados Unidos expresaron su “preocupación” por las miles de denuncias sobre tortura y violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército mexicano en la lucha contra el narcotráfico, informó en su edición de este jueves el diario estadounidense The Washington Post.
En una audiencia celebrada en el Capitolio, para analizar el crecimiento de las redes de operación de los cárteles de la droga en México, Gil Kerlikowske, director de la Oficina Nacional de Políticas para el Control de las Drogas de la Casa Blanca, afirmó que habló con el gobierno de México “y sé que las acusaciones están siendo analizadas con mucha seriedad”.
De acuerdo con el artículo de primera plana de The Washington Post –especialista en temas de la Casa Blanca y cuyo reportaje sobre el Watergate llevó en 1970 a la caída del presidente Richard Nixon– el Ejército mexicano, en nombre de la lucha contra el narcotráfico, ha instrumentado la desaparición forzada de personas, así como actos de tortura y redadas ilegales, acciones que juntas recopilan más de 2 mil demandas, mismas que ya investiga la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En entrevista con el diario estadunidense, el secretario de Gobernación mexicano, Fernando Gómez Mont, reconoció que las Fuerzas Armadas no están actuando de manera apropiada, pero los casos de violaciones a las garantías individuales, dijo, “son esporádicos”.
Añadió: “Honestamente, el gobierno (de Felipe Calderón) cree que no existen incentivos para el abuso”.
Fechado en Puerto Las Ollas, un pueblo de la sierra del estado de Guerrero y del municipio de Coyuca de Catalán, el artículo de The Washington Post menciona que, debido a los actos de tortura en los que incurre el Ejército mexicano en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, el gobierno de Estados Unidos podría detener los fondos que comprometió para financiar la instrumentación de la llamada Iniciativa Mérida.
“Funcionarios del gobierno de Estados Unidos –prosigue– advirtieron que las acusaciones de abusos podrían llevar al Congreso federal a detener más de 100 millones de dólares en asistencia antinarcóticos al gobierno de México”.
Por separado, miembros del Congreso federal señalaron que el gobierno del presidente Barack Obama debe tomar acciones urgentes ante las acusaciones que pesan sobre el Ejército mexicano.
Edophus Tonos, representante demócrata por el estado de Nueva York y presidente del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, manifestó que “al tiempo que continúan los esfuerzos de México para afrontar la amenaza de las drogas, nosotros debemos ser muy claros de que son intolerables los abusos cometidos por el Estado (mexicano), y quisiera conocer más sobre los hechos relacionados con este artículo (del Washington Post)”.
Por su parte, el congresista republicano por el estado de California, Darrell Issa, señaló: “Aquí en el Congreso vamos a solicitar que se haga un seguimiento exhaustivo a la investigación sobre estas acusaciones contra el Ejército mexicano. No debe haber excusas sobre el mal uso del dinero de Estados Unidos en la guerra contra las drogas, y mucho menos cuando se trata de acusaciones de violación a los derechos humanos en México”.
El diario destaca que la CNDH tiene documentados 26 casos de abuso y tortura cometidos por las Fuerzas Armadas mexicanas en la lucha contra el narcotráfico, 17 de los cuales involucran tortura, como asfixia con bolsas de plástico colocadas en la cabeza de las personas, y toques eléctricos aplicados en los genitales de presuntos sospechosos de narcotráfico.
Al respecto, Gómez Mont señaló que el Ejército mexicano investiga 15 casos de abusos a los derechos humanos, de entre los cuales se han presentado cargos formales contra un oficial y cuatro soldados.

Se tambalea la iniciativa Mérida

Como parte del financiamiento de la Iniciativa Mérida, el gobierno de Estados Unidos comprometió mil 400 millones de dólares para apoyar a los gobiernos de México y de Centroamérica en la lucha contra el narcotráfico.
De esos mil 400 millones, el desembolso de aproximadamente 100 millones de dólares para México está condicionado a que el Departamento de Estado certifique que las fuerzas militares o policiales mexicanas que se benefician con la Iniciativa Mérida no están involucradas en casos de violaciones a los derechos humanos, de lo contrario, el financiamiento se suspende.
“Los requerimientos incluyen el proceso judicial de presuntos violadores de los derechos humanos. Se prohíbe obtener declaraciones de presuntos sospechosos bajo tortura y se requiere que el gobierno (mexicano) lleve a cabo consultas regulares con grupos independientes que defienden los derechos humanos”, menciona The Washington Post.
En lo que se refiere a Puerto las Ollas, una población con aproximadamente 50 habitantes, el rotativo destaca que el pasado 9 de junio arribó al pueblo un grupo de soldados mexicanos, quienes disparando su rifles de alto poder, intimidaron a la población y detuvieron a un campesino incapacitado de 37 años de edad, de nombre Jaime César Acosta.
A ese hombre, continúa, a quien golpearon y torturaron metiéndole agujas debajo de las uñas, también lo amenazaron con violarlo y matarlo si no les daba información relacionada con el narcotráfico en la entidad.
Y destaca: “Las fuerzas de seguridad mexicanas desde hace mucho tiempo tienen un dudoso historial respecto de los derechos humanos, pero las crecientes acusaciones de abusos parecen ser un respuesta directa al salvajismo desatado por los cárteles del narcotráfico, después de que el presidente Felipe Calderón pusiera al Ejército a cargo de la guerra contra las drogas”.

http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=62332

Indagará EU abusos de militares mexicanos en la lucha antinarco

El Ejército ha violado derechos humanos, torturado y desaparecido gente: Washington Post
Indagará EU abusos de militares mexicanos en la lucha antinarco

Si se prueban, el Congreso de ese país podría congelar millones de dólares de la Iniciativa Mérida

David Brooks
Corresponsal

Washington, 9 de julio. El zar antinarcóticos, el Departamento de Estado y legisladores expresaron preocupación por las cada vez más numerosas acusaciones de abusos contra derechos humanos –incluidas tortura, desapariciones y violaciones sexuales– cometidos por militares en la lucha antinarco en México.

“Las acusaciones son muy serias”, declaró a la prensa el director de la Oficina Nacional de Políticas de Control de Droga de la Casa Blanca, conocido como zar antinarcóticos, R. Gil Kerlikowske, quien añadió: “Abordé el tema con el gobierno de México y he hablado con el Departamento de Estado”.

Otros altos funcionarios del gobierno de Barack Obama y legisladores demócratas y republicanos también subrayaron que lo reportado es “muy serio”, y se investigará. El gobierno de México podría perder millones de dólares en asistencia estadunidense a la lucha antinarcóticos, si se confirma un extenso patrón de abusos contra derechos humanos bajo las condiciones de la Iniciativa Mérida.

A la vez, altos funcionarios de la Casa Blanca reiteraron hoy su confianza en que el gobierno de Felipe Calderón no sólo está enfrentando a los poderosos y violentos cárteles de una manera sin precedente, sino también avanzando en consolidar las instituciones gubernamentales, controlando cada vez más las amenazas de la corrupción y los abusos contra derechos humanos.

El nuevo secretario asistente de Seguridad Interna encargado de asuntos fronterizos –zar de la frontera–, Alan Bersin, dijo a reporteros que se toma muy en serio estas acusaciones, pero “tenemos que asegurar que existan pruebas… se tienen que conseguir”, y advirtió que “no hay que brincar a conclusiones”. Indicó que algo positivo es que estas cosas “no se están ocultando”, y que México –como lo ha hecho Estados Unidos en otros momentos– está desarrollando las instituciones necesarias para enfrentar estos problemas.

Lo que detonó estas declaraciones fue un amplio reportaje publicado hoy como nota principal del Washington Post, donde se afirma que “el Ejército Mexicano ha llevado a cabo desapariciones forzadas, actos de tortura y redadas ilegales en persecución de narcotraficantes”. El Post reporta que estos abusos de militares mexicanos involucrados en la lucha antinarcóticos impulsada por el gobierno de Calderón, se propagan en diversas partes del país, desde las ciudades fronterizas hasta los campos de cultivo.

El reportaje narra sucesos en lugares como Puerto las Ollas, en Guerrero, donde una víctima cuenta cómo los soldados lo torturaron y golpearon, y también a su sobrino de 13 años de edad, o casos en Tijuana y Ciudad Juárez, donde detenidos fueron torturados para obtener confesiones, o el caso de dos niñas violadas sexualmente por soldados, así como varias redadas y cateos ilegales.

El presidente del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, Edolphus Towns, afirmó hoy en una reunión sobre esfuerzos estadunidenses para enfrentar a los cárteles mexicanos, que mientras se elogia el esfuerzo del gobierno de México al confrontar la amenaza del crimen organizado y su violencia, “hay una nota de primera plana en el Washington Post de hoy con el título ‘México acusado de tortura en la guerra contra la droga’. Tenemos que dejar en claro que los abusos desde el Estado son igualmente intolerables. Buscaré entender más sobre los hechos en relación con este reportaje, al proceder la investigación de este comité”.

El Post señala que el gobierno mexicano reconoce que han ocurrido abusos, pero sostiene que los casos son aislados y hasta indica que los propios narcotraficantes podrían estar acusando al Ejército de tortura y otras violaciones, como parte de su propaganda contra el gobierno.

Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, declaró al Post que existen abusos. “Sé que las fuerzas armadas no están actuando de manera inapropiada, aunque sí ha habido algunos casos. El gobierno honestamente cree eso. No hay incentivos para el abuso”.

El diario señala que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dice tener más de 2 mil quejas sobre el Ejército, unas 140 mensuales durante este año, y que ese organismo ha logrado confirmar 26 casos de abuso, incluida tortura.

Funcionarios estadunidenses afirmaron al Washington Post, como lo hicieron hoy en una audiencia ante el Congreso, que están confiados en que el presidente Felipe Calderón está llevando a cabo una lucha sin precedente contra el narcotráfico, y que dentro de ello está impulsando medidas que mejorarán la efectividad y honestidad, como también el respeto de derechos humanos entre las fuerzas de seguridad.

Voceros del Departamento de Estado declararon a La Jornada que siempre “tomamos muy seriamente toda denuncia de tortura” u otros abusos contra derechos humanos, y “de manera constante discutimos nuestras preocupaciones con nuestras contrapartes mexicanas”. Subrayaron que el presidente Calderón está enfrentando de manera “valiente”, a los cárteles mexicanos, y que en todo ese esfuerzo también se comparte una preocupación de ambos gobiernos por el respeto a las garantías en esta lucha.

Sin embargo, algunos funcionarios estadunidenses indicaron al Post que las acusaciones sobre abusos y la impunidad podrían llevar a que el Congreso de este país congele millones de dólares en asistencia antinarcóticos para México.

Las condiciones de la Iniciativa Mérida, el plan de asistencia antidrogas con un presupuesto total de 1.4 mil millones de dólares, lanzado en 2007, establecen que un 15 por ciento de los fondos no pueden ser entregados hasta que el Departamento de Estado informe al Congreso que México ha avanzado en materia de respeto a los derechos humanos, incluyendo la fiscalización de los acusados de violaciones, la prohibición del uso de declaraciones extraídas por tortura y consultas constantes con agrupaciones de derechos humanos.

Poco más de 90 millones de dólares asignados a México por medio de la Iniciativa Mérida no podrán ser liberados sin que el Congreso acepte las conclusiones del informe del Departamento de Estado; otros 24 millones también están sujetos a estas condiciones en el presupuesto suplementario promulgado por Obama a fines del mes pasado.

Ese informe será entregado al Congreso próximamente, según informaron voceros del Departamento de Estado a La Jornada.

http://www.jornada.unam.mx/2009/07/10/index.php?section=politica&article=003n1pol