El Estado mexicano cuestiona el testimonio y la participación de militares en la
violación y tortura de dos mujeres indígenas a pesar de las dos sentencias
emitidas en su contra.
México DF, 11 de febrero de 2011. Hoy, la Organización del Pueblo Indígena
Tlapaneco/Me’phaa (OPIM), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), representantes de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, presentamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos nuestros argumentos sobre las solicitudes de interpretación de sentencias que el Estado mexicano presentó al Tribunal.
El pasado 29 de diciembre, México presentó ante la Corte Interamericana dos solicitudes de interpretación de las sentencias emitidas los días 30 y 31 de agosto de 2010 a favor de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú. De acuerdo con el Estado, tales solicitudes se basaron en lo establecido por el artículo 67 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual establece que “En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de los noventa días a partir de la fecha de la notificación del fallo.”
En este sentido, el 7 de enero del 2011, en comunicado de prensa, la Secretaría de Gobernación informó que: “el Gobierno de México es enfático al señalar que, las solicitudes de interpretación formuladas no constituyen en modo alguno un desconocimiento o cuestionamiento de los puntos resolutivos de las sentencias, ni se trata de recursos que pretendan modificar los términos de los fallos dictados por la Corte Interamericana.”
Sin embargo, el escrito presentado por el Estado cuestiona la participación de militares en los hechos del caso. El requerimiento pretende entonces ser utilizado como un mecanismo de impugnación de las sentencias respectivas. Éstas, en agosto del año pasado, declararon la responsabilidad de México por las violaciones sexuales y torturas que Valentina Rosendo e Inés Fernández padecieron a manos de miembros del ejército mexicano, así como por las deficiencias en la investigación de los hechos y la intervención del fuero militar, entre otras transgresiones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otras normas internacionales.
En su solicitud, el Estado mexicano cuestiona el fallo de la Corte Interamericana, sosteniendo como ya lo hizo durante el proceso contencioso que no ha sido probado que fueron militares quienes cometieron los actos de violación sexual y tortura en perjuicio de ambas víctimas. Del mismo modo, los escritos presentados por el Estado señalan que compete a autoridades ministeriales y judiciales internas establecer esos hechos, e incluso anticipa que los mismos podrían quedar impunes. Lo anterior es contrario a lo establecido por el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el cual establece que “Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado.”
Las solicitudes presentadas por el Estado, además, entrañan un nuevo cuestionamiento a la palabra de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, y a las propias sentencias emitidas por parte de la Corte en la que señalan que existen todos los elementos y prueba para declarar que los hechos ocurrieron y que fueron elementos del ejército los involucrados.
Frente a esto, en nuestros argumentos presentados como organizaciones representantes de Valentina Rosendo e Inés Fernández solicitamos a la Corte Interamericana que deseche tales solicitudes, declarándolas inadmisibles, puesto que el pedido de interpretación del Estado es un desafío al Tribunal, y no una consulta. En consecuencia, se ha solicitado al Tribunal que reitere al Estado mexicano su obligación de cumplir cabalmente el fallo.
Cabe recordar que las sentencias -que tienen un carácter definitivo e inapelable según la Convención Americana- ordenaron al Estado mexicano conducir en el fuero civil las investigaciones sobre los hechos del caso, a fin de sancionar penalmente a los responsables de las violaciones sexuales sufridas en el año 2002 por las indígenas me’phaas en el estado de Guerrero. Hasta este momento ambas investigaciones siguen siendo conocidas por la Procuraduría General de Justicia Militar, en lo que constituye una muestra clara de las reticencias a cumplir cabalmente con los fallos, en aras de preservar la impunidad de que gozan los elementos de las Fuerzas Armadas responsables.
Por otro lado, es importante destacar que la presentación de las solicitudes de información se suma a la ausencia –en los cuatro meses transcurridos- de acciones efectivas tendentes al cumplimiento de las sentencias. En esa medida, evidencia el nulo compromiso con el que Estado mexicano se aproxima al cumplimiento de sus obligaciones internacionales.
Las organizaciones representantes de Inés y Valentina instan a las autoridades mexicanas a dar pronto cumplimiento a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana. En particular, advierten la necesidad de que en forma inmediata avancen, en el ámbito de la justicia civil, los procesos respectivos tendientes a ejercer el poder punitivo contra todas las personas responsables de los ataques, perpetrados por militares, contra la integridad sexual de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega. Como lo señaló la Corte en sus sentencias, esas investigaciones deberán ser conducidas con perspectiva de género y adecuación a la identidad cultural de las víctimas, garantizando el pleno acceso de sus representantes a las actuaciones y sin exponer a nuevos riesgos a las señoras Rosendo Cantú y Fernández Ortega El desacato de esta orden del tribunal internacional implica la negación del acceso a la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas.
Conferencia de prensa
Valentina Rosendo detalla su caso en el programa “En 15” de Milenio Televisión. Octubre de 2010.
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jueves, 7 de abril de 2011
domingo, 29 de agosto de 2010
No se torturó a ecologistas de Petatlán, se defiende el Estado ante la Coidh
Rechaza reparar los daños a Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel
No se torturó a ecologistas de Petatlán, se defiende el Estado ante la Coidh
CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )
Chilpancingo, 27 agosto. Durante la segunda y última parte de la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) por el caso de los ecologistas de la sierra de Petatlán, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, el Estado se defendió y aseguró que no hubo tortura a los campesinos. Sostuvo que es costumbre que en México puedan salir libres argumentando problemas de salud; sin embargo, sentenció, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, siguen siendo culpables, además se negó a reparar los daños.
En la parte final de la audiencia, donde se dieron los alegatos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); el Estado mexicano y los peticionarios, la CIDH destacó las diversas causas por la que consideró que el Estado violó diversos artículos de la Convención Americana, entre ellos, el que el fuero militar ha sido indebidamente extendido en cuanto a las denuncias de tortura por Rodolfo y Teodoro, debido a que sobrepasan cualquier función de defensa y seguridad que el fuero militar hubiera argumentado.
“El hecho de que los jueces del fuero militar sean militares en activo torna ilusorio el requisito de imparcialidad”, destacó la representante de la CIDH, Carla Quintana, declaración que se transmitió vía Twitter en el portal del Centro Agustín Pro Juárez.
Por tal motivo, reiteró que el Estado violó los artículos 5, 7, 8 y 25 y reiteró la demanda presentada a la Coidh.
En tanto, la defensa de las víctimas sostuvo que la perita ofrecida por el Estado omitió mencionar información importante “con el objeto de confundir a la corte” y destacó que el Estado debió de haber absuelto a los ecologistas por principio de presunción de inocencia, “sin embargo prefirió usar pruebas ilícitas para condenarlos”.
Durante el periodo de alegatos, el Estado afirmó que la responsabilidad penal de Rodolfo y Teodoro “no está en duda”.
En otro momento, cuando tocó a los jueces hacer preguntas a los presentes, uno de ellos preguntó por qué entonces salieron libres los acusados, a lo que el Estado Mexicano respondió que “fueron liberados por órdenes del Ejecutivo, en razón de su salud (…) eso es más o menos común en México, pero siguen siendo responsables” y mostró estadísticas de que esas órdenes de libertad suceden con frecuencia en el país. De igual forma, el Estado negó todas las irregularidades del caso y afirmó que Rodolfo y Teodoro tuvieron una defensa adecuada y contacto con familiares.
Luego de casi dos horas de alegatos, la Coidh dio por terminada la audiencia y se espera que a finales de este año esté dictando una sentencia.
http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2010/08/28/index.php?section=sociedad&article=006n2soc
No se torturó a ecologistas de Petatlán, se defiende el Estado ante la Coidh
CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )
Chilpancingo, 27 agosto. Durante la segunda y última parte de la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) por el caso de los ecologistas de la sierra de Petatlán, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, el Estado se defendió y aseguró que no hubo tortura a los campesinos. Sostuvo que es costumbre que en México puedan salir libres argumentando problemas de salud; sin embargo, sentenció, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, siguen siendo culpables, además se negó a reparar los daños.
En la parte final de la audiencia, donde se dieron los alegatos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); el Estado mexicano y los peticionarios, la CIDH destacó las diversas causas por la que consideró que el Estado violó diversos artículos de la Convención Americana, entre ellos, el que el fuero militar ha sido indebidamente extendido en cuanto a las denuncias de tortura por Rodolfo y Teodoro, debido a que sobrepasan cualquier función de defensa y seguridad que el fuero militar hubiera argumentado.
“El hecho de que los jueces del fuero militar sean militares en activo torna ilusorio el requisito de imparcialidad”, destacó la representante de la CIDH, Carla Quintana, declaración que se transmitió vía Twitter en el portal del Centro Agustín Pro Juárez.
Por tal motivo, reiteró que el Estado violó los artículos 5, 7, 8 y 25 y reiteró la demanda presentada a la Coidh.
En tanto, la defensa de las víctimas sostuvo que la perita ofrecida por el Estado omitió mencionar información importante “con el objeto de confundir a la corte” y destacó que el Estado debió de haber absuelto a los ecologistas por principio de presunción de inocencia, “sin embargo prefirió usar pruebas ilícitas para condenarlos”.
Durante el periodo de alegatos, el Estado afirmó que la responsabilidad penal de Rodolfo y Teodoro “no está en duda”.
En otro momento, cuando tocó a los jueces hacer preguntas a los presentes, uno de ellos preguntó por qué entonces salieron libres los acusados, a lo que el Estado Mexicano respondió que “fueron liberados por órdenes del Ejecutivo, en razón de su salud (…) eso es más o menos común en México, pero siguen siendo responsables” y mostró estadísticas de que esas órdenes de libertad suceden con frecuencia en el país. De igual forma, el Estado negó todas las irregularidades del caso y afirmó que Rodolfo y Teodoro tuvieron una defensa adecuada y contacto con familiares.
Luego de casi dos horas de alegatos, la Coidh dio por terminada la audiencia y se espera que a finales de este año esté dictando una sentencia.
http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2010/08/28/index.php?section=sociedad&article=006n2soc
viernes, 22 de mayo de 2009
Llega el caso de la me’phaa Inés Fernández a Corte internacional
Organizaciones de derechos humanos anuncian el proceso en el Distrito Federal
Llega el caso de la me’phaa Inés Fernández a Corte internacional
El procedimiento, por incumplir recomendaciones anteriores; esperan los alegatos oficiales
La mujer fue violada por militares en 2002 y el gobierno de México desechó su denuncia
ROBERTO RAMIREZ BRAVO
Llega el caso de la me’phaa Inés Fernández a Corte internacional
El procedimiento, por incumplir recomendaciones anteriores; esperan los alegatos oficiales
La mujer fue violada por militares en 2002 y el gobierno de México desechó su denuncia
ROBERTO RAMIREZ BRAVO
La Corte Interamericana de Derechos Humanos recibió el caso de la indígena me’phaa Inés Fernández Ortega, violada por militares, luego de que el 7 de mayo pasado la Comisión Interamericana lo remitió a esta instancia.
Según explicó el abogado del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, este hecho implica el comienzo del proceso judicial al que está siendo sometido el Estado mexicano en este tribunal internacional. Si bien aclaró que todavía viene un periodo de alegatos en el que se tienen que desahogar la admisibilidad y el fondo del caso, según los cuales se le da la oportunidad al Estado mexicano para que alegue la existencia de algún proceso en curso o cualquier otra causa para considerar que es inadmisible el procedimiento; y debe establecerse el fondo del asunto, en este caso, demostrar que hubo violaciones a los derechos humanos.
Fernández Ortega fue violada sexualmente y torturada por soldados en la sierra de Ayutla en 2002. Tres años más tarde, la Comisión emitió recomendaciones al gobierno de México, además de medidas cautelares, que no fueron atendidas, así como la reparación del daño, que el gobierno también incumplió.
Este es el segundo caso de México que llega a la Corte Interamericana en el que están involucrados elementos del Ejército, y el segundo en general correspondiente a Guerrero.
La decisión de la Comisión Interamericana se dio a conocer en la ciudad de México, en una conferencia en la que estuvieron, entre otras personas, el director del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), Ernesto López Portillo; Edgar Cortés, secretario de la red nacional de organismos civiles de derechos humanos Todos los Derechos para Todas y Todos; Jorge Romero, director de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y Abel Barrera Hernández, director de Tlachinollan.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil, en inglés) y Tlachinollan, las organizaciones que promueven legalmente el caso, hicieron saber en un comunicado que esperan que el Estado mexicano haga frente a sus obligaciones internacionales, cumpliendo con lo dispuesto por la Corte Interamericana y adopte todas las medidas necesarias, para que los beneficiarios de dichas medidas de protección y los defensores de derechos humanos en Guerrero puedan llevar a cabo su labor en condiciones de seguridad y sin temor a que su vida o su integridad personal se vea afectada.
http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/05/22/index.php?section=sociedad&article=006n1soc
jueves, 29 de enero de 2009
Campamento militar en La Morena, para intimidar: CCTI
En el DF, denuncia de Torres por amenazas
Campamento militar en La Morena, para intimidar: CCTI
CITLAL GILES SANCHEZ
El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) consideró hostigamiento e intimidación que el Ejército se haya instalado a 200 metros de La Morena, comunidad en la que vive el ecologista Javier Torres Cruz, aseguró Raymundo Díaz Taboada. De igual forma rechazó las declaraciones del procurador de Justicia Eduardo Murueta Urrutia, quien dijo que no hay denuncia por parte del campesino por amenazas de muerte, ya que ésta, precisó, está hace varios años en el Distrito Federal.
Entrevistado sobre el campamento que instalaron los militares en la sierra de Petatlán, Díaz Taboada destacó que aunque el Ejército no ha temido contacto directo con los habitantes, “es una manera de hostigamiento e intimidación”.
Agregó que ese tipo de acciones se hacen con el pretexto de la vigilancia en la sierra, pues forman parte de la militarización que vive el estado.
Destacó que el CCTI con el Cejil y otras organizaciones seguirán buscando que el estado cumpla con las medidas cautelares para el ecologista y su familia, quienes ya han denunciado en varias ocasiones amenazas de muerte no sólo de parte del Ejército, sino del ex alcalde de Petatlán, Rogaciano Alba.
De igual forma, rechazó las declaraciones del procurador Murueta, “esa es una forma de echarle la culpa a Javier de que ellos no están haciendo su trabajo”; la procuraduría de Guerrero también ha desoído la petición de protección para el campesino y sus familiares.
Campamento militar en La Morena, para intimidar: CCTI
CITLAL GILES SANCHEZ
El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) consideró hostigamiento e intimidación que el Ejército se haya instalado a 200 metros de La Morena, comunidad en la que vive el ecologista Javier Torres Cruz, aseguró Raymundo Díaz Taboada. De igual forma rechazó las declaraciones del procurador de Justicia Eduardo Murueta Urrutia, quien dijo que no hay denuncia por parte del campesino por amenazas de muerte, ya que ésta, precisó, está hace varios años en el Distrito Federal.
Entrevistado sobre el campamento que instalaron los militares en la sierra de Petatlán, Díaz Taboada destacó que aunque el Ejército no ha temido contacto directo con los habitantes, “es una manera de hostigamiento e intimidación”.
Agregó que ese tipo de acciones se hacen con el pretexto de la vigilancia en la sierra, pues forman parte de la militarización que vive el estado.
Destacó que el CCTI con el Cejil y otras organizaciones seguirán buscando que el estado cumpla con las medidas cautelares para el ecologista y su familia, quienes ya han denunciado en varias ocasiones amenazas de muerte no sólo de parte del Ejército, sino del ex alcalde de Petatlán, Rogaciano Alba.
De igual forma, rechazó las declaraciones del procurador Murueta, “esa es una forma de echarle la culpa a Javier de que ellos no están haciendo su trabajo”; la procuraduría de Guerrero también ha desoído la petición de protección para el campesino y sus familiares.
http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/01/29/index.php?section=sociedad&article=006n2soc
sábado, 3 de enero de 2009
Lanza CIDH recomendaciones por detención de ecologistas en 1999
El plazo para cumplir el exhorto por casos de Montiel y Cabrera vence el 24
Lanza CIDH recomendaciones por detención de ecologistas en 1999
Se violaron sus derechos y en la investigación no se tomó en cuenta la tortura: Cejil
CITLAL GILES SANCHEZ
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió recomendaciones al gobierno de México y de Guerrero por los casos de los ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera por la detención ilegal y tortura que padecieron por parte del 40 Batallón del Ejército Mexicano, en su informe definitivo sobre este caso iniciado en 1999. El plazo para atender el exhorto vence el 24 de enero, reveló la abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Vanessa Coria.
Ante la solicitud de esta ONG para investigar los casos de Montiel y Cabrera, detenidos y torturados por militares en 1999, la CIDH emitió un dictamen en el que destaca que sí hubo violaciones a los derechos humanos de los ecologistas, los cuales siguen vigentes a pesar de que estos fueron liberados en el sexenio de Vicente Fox, luego de que la fundación estadunidense Goldman le entregó el garandón del mismo nombre al primero de ellos.
Coria destacó que con dicho dictamen la CIDH hizo llegar a los gobiernos de México y Guerrero recomendaciones “por la detención ilegal y arbitraria que sufrieron los ecologistas, además de que fueron juzgados bajo una confesión por tortura y eso significó una violación a su integridad personal”.
Dijo que además de haberse violado los derechos de los campesinos, también se violó el proceso de investigación, porque –explicó– el caso no fue investigado por casos de tortura en una jurisdicción ordinaria, sino que fue en una jurisdicción militar, “y asumimos que por ahí viene la recomendación de la CIDH al gobierno para realizar reformas necesarias, adoptar medidas necesarias para reparar e investigar adecuadamente”.
Informó que cuando la CIDH emite ese tipo de recomendaciones es porque sí encontró violaciones a los derechos humanos, de lo contrario, expuso, hubiera emitido un informe definitivo, donde destaca que después de lo investigado no se encontraron violaciones.
Agregó que los gobiernos federal y estatal tienen dos meses para atender este tipo de recomendaciones, fecha que vence el 24 de enero. Reveló que en caso de que no sean atendidas, el caso será turnado a la CIDH.
La detención se llevó a cabo el 2 de mayo de 1999, cuando un grupo de al menos 40 militares irrumpieron y dispararon contra un grupo de vecinos que se encontraban afuera de la casa de Teodoro Cabrera García en la comunidad de Pizotla, municipio de Ajuchitlán del Progreso. Como consecuencia de los disparos falleció una de las personas, Salomé Sánchez, mientras que Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel fueron detenidos por los militares, sin ninguna orden de aprehensión.
Los ecologistas, integrantes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP) y que denunciaron la tala inmoderada por caciques del Filo Mayor, fueron torturados por los militares en varias ocasiones para autoinculparse de delitos como narcotráfico, portación de armas prohibidas así como de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR).
Además durante los cuatro días que estuvieron detenidos, Montiel y Cabrera estuvieron incomunicados en las instalaciones del 40 batallón de Infantería localizado en Ciudad Altamirano y después los pusieron a disposición del Ministerio Público Federal de Coyuca de Catalán.
De acuerdo con reportes del Cejil, ni durante el tiempo que estuvieron sometidos e incomunicados en poder del Ejército, ni frente al Ministerio Público, las víctimas tuvieron oportunidad de ejercer su derecho a la defensa.
Hasta noviembre de 2001 cuando los ecologistas salieron libres por órdenes del ex presidente Vicente Fox; sin embargo, los campesinos no fueron absueltos de los delitos por los que los encarcelaron; la demanda de justicia integral sigue vigente.
http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/01/03/index.php?section=sociedad&article=005n1soc
Lanza CIDH recomendaciones por detención de ecologistas en 1999
Se violaron sus derechos y en la investigación no se tomó en cuenta la tortura: Cejil
CITLAL GILES SANCHEZ
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió recomendaciones al gobierno de México y de Guerrero por los casos de los ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera por la detención ilegal y tortura que padecieron por parte del 40 Batallón del Ejército Mexicano, en su informe definitivo sobre este caso iniciado en 1999. El plazo para atender el exhorto vence el 24 de enero, reveló la abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Vanessa Coria.
Ante la solicitud de esta ONG para investigar los casos de Montiel y Cabrera, detenidos y torturados por militares en 1999, la CIDH emitió un dictamen en el que destaca que sí hubo violaciones a los derechos humanos de los ecologistas, los cuales siguen vigentes a pesar de que estos fueron liberados en el sexenio de Vicente Fox, luego de que la fundación estadunidense Goldman le entregó el garandón del mismo nombre al primero de ellos.
Coria destacó que con dicho dictamen la CIDH hizo llegar a los gobiernos de México y Guerrero recomendaciones “por la detención ilegal y arbitraria que sufrieron los ecologistas, además de que fueron juzgados bajo una confesión por tortura y eso significó una violación a su integridad personal”.
Dijo que además de haberse violado los derechos de los campesinos, también se violó el proceso de investigación, porque –explicó– el caso no fue investigado por casos de tortura en una jurisdicción ordinaria, sino que fue en una jurisdicción militar, “y asumimos que por ahí viene la recomendación de la CIDH al gobierno para realizar reformas necesarias, adoptar medidas necesarias para reparar e investigar adecuadamente”.
Informó que cuando la CIDH emite ese tipo de recomendaciones es porque sí encontró violaciones a los derechos humanos, de lo contrario, expuso, hubiera emitido un informe definitivo, donde destaca que después de lo investigado no se encontraron violaciones.
Agregó que los gobiernos federal y estatal tienen dos meses para atender este tipo de recomendaciones, fecha que vence el 24 de enero. Reveló que en caso de que no sean atendidas, el caso será turnado a la CIDH.
La detención se llevó a cabo el 2 de mayo de 1999, cuando un grupo de al menos 40 militares irrumpieron y dispararon contra un grupo de vecinos que se encontraban afuera de la casa de Teodoro Cabrera García en la comunidad de Pizotla, municipio de Ajuchitlán del Progreso. Como consecuencia de los disparos falleció una de las personas, Salomé Sánchez, mientras que Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel fueron detenidos por los militares, sin ninguna orden de aprehensión.
Los ecologistas, integrantes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP) y que denunciaron la tala inmoderada por caciques del Filo Mayor, fueron torturados por los militares en varias ocasiones para autoinculparse de delitos como narcotráfico, portación de armas prohibidas así como de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR).
Además durante los cuatro días que estuvieron detenidos, Montiel y Cabrera estuvieron incomunicados en las instalaciones del 40 batallón de Infantería localizado en Ciudad Altamirano y después los pusieron a disposición del Ministerio Público Federal de Coyuca de Catalán.
De acuerdo con reportes del Cejil, ni durante el tiempo que estuvieron sometidos e incomunicados en poder del Ejército, ni frente al Ministerio Público, las víctimas tuvieron oportunidad de ejercer su derecho a la defensa.
Hasta noviembre de 2001 cuando los ecologistas salieron libres por órdenes del ex presidente Vicente Fox; sin embargo, los campesinos no fueron absueltos de los delitos por los que los encarcelaron; la demanda de justicia integral sigue vigente.
http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/01/03/index.php?section=sociedad&article=005n1soc
lunes, 22 de diciembre de 2008
Visita comisión de organizaciones sociales al ecologista Javier Torres
De la Coddehum llevan a un médico y un sicólogo para dar fe de su estado de salud
Visita comisión de organizaciones sociales al ecologista Javier Torres
Integran misión civil defensores de derechos humanos y la CETEG; encabeza Raymundo Taboada
CITLAL GILES SANCHEZ
Diversas organizaciones sociales en defensa de los derechos humamos e integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) se unieron con el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) para asistir a la misión civil de observación de los derechos humanos en el caso del ecologista Javier Torres Cruz, quien fue desaparecido presuntamente por militares del 19 Batallón de Infantería.
Entrevistado antes de salir a la comunidad de La Morena, el coordinador de la misión civil de observación de los derechos humanos, Raymundo Díaz Taboada, explicó que el objetivo es documentar el caso de Torres Cruz desaparecido el pasado 3 de diciembre y reaparecido 10 días después.
Agregó que, según informes de la familia de Torres Cruz, el ecologista presenta lesiones, además de que fue sujeto de maltrato y agresiones por las autoridades que lo tenían, “y eso es tortura y malo tratos”.
La misión civil de observación salió de Acapulco a las 4 de la mañana de este sábado, y fue integrada por organizaciones sociales de defensa de derechos humanos como el Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), el Comité 25 de Noviembre, La Coordinadora de Indígenas Radicados en Acapulco, la Red de organizaciones y Grupos Ambientalistas de Zihutanejo (ROGAZ), el Comité Cívico Comunitario Lucio Cabañas Barrientos de Atoyac, una comisión de la CETEG, así como personal de la Comisión de defensa de los Derechos Humanos encabezada por el visitador Hipolito Lugo, quien llevará un médico y un sicólogo para certificar el estado de salud, además de llevar un abogado para documentar la situación jurídico legal de Torres cruz.
De esta misión, detalló Díaz Taboada, tiene conocimiento organismos internacionales como Amnistía Internacional, notificada el viernes para que se hagan acciones urgentes en cuanto la seguridad del ecologista.
De igual forma se notificó al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) con quienes están en coordinación para buscar medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para darle protección al ecologista y a su familia.
“Hemos buscado el apoyo no solo de las organizaciones nacionales sino internacionales luego de que Javier hizo la denuncia contra Rogaciano Alba por el caso de Digna Ochoa y ahorita con esta visita vamos a buscar el testimonio de Javier y dependiendo de lo que diga serán las medidas que tomemos. Hasta ahorita sabemos que fue una desaparición forzada, atribuible a autoridades militares y policiacas, pero hasta que tengamos una versión directa de Javier , nosotros intervendremos haciendo las solicitudes pertinentes”, aseguró.
http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2008/12/21/index.php?section=sociedad&article=006n1soc
Visita comisión de organizaciones sociales al ecologista Javier Torres
Integran misión civil defensores de derechos humanos y la CETEG; encabeza Raymundo Taboada
CITLAL GILES SANCHEZ
Diversas organizaciones sociales en defensa de los derechos humamos e integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) se unieron con el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) para asistir a la misión civil de observación de los derechos humanos en el caso del ecologista Javier Torres Cruz, quien fue desaparecido presuntamente por militares del 19 Batallón de Infantería.
Entrevistado antes de salir a la comunidad de La Morena, el coordinador de la misión civil de observación de los derechos humanos, Raymundo Díaz Taboada, explicó que el objetivo es documentar el caso de Torres Cruz desaparecido el pasado 3 de diciembre y reaparecido 10 días después.
Agregó que, según informes de la familia de Torres Cruz, el ecologista presenta lesiones, además de que fue sujeto de maltrato y agresiones por las autoridades que lo tenían, “y eso es tortura y malo tratos”.
La misión civil de observación salió de Acapulco a las 4 de la mañana de este sábado, y fue integrada por organizaciones sociales de defensa de derechos humanos como el Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), el Comité 25 de Noviembre, La Coordinadora de Indígenas Radicados en Acapulco, la Red de organizaciones y Grupos Ambientalistas de Zihutanejo (ROGAZ), el Comité Cívico Comunitario Lucio Cabañas Barrientos de Atoyac, una comisión de la CETEG, así como personal de la Comisión de defensa de los Derechos Humanos encabezada por el visitador Hipolito Lugo, quien llevará un médico y un sicólogo para certificar el estado de salud, además de llevar un abogado para documentar la situación jurídico legal de Torres cruz.
De esta misión, detalló Díaz Taboada, tiene conocimiento organismos internacionales como Amnistía Internacional, notificada el viernes para que se hagan acciones urgentes en cuanto la seguridad del ecologista.
De igual forma se notificó al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) con quienes están en coordinación para buscar medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para darle protección al ecologista y a su familia.
“Hemos buscado el apoyo no solo de las organizaciones nacionales sino internacionales luego de que Javier hizo la denuncia contra Rogaciano Alba por el caso de Digna Ochoa y ahorita con esta visita vamos a buscar el testimonio de Javier y dependiendo de lo que diga serán las medidas que tomemos. Hasta ahorita sabemos que fue una desaparición forzada, atribuible a autoridades militares y policiacas, pero hasta que tengamos una versión directa de Javier , nosotros intervendremos haciendo las solicitudes pertinentes”, aseguró.
http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2008/12/21/index.php?section=sociedad&article=006n1soc
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