Petróleos Mexicanos (Pemex) quiere desalojar un pueblo completo en Tabasco, para echar a andar un proyecto bajo el argumento de que eso permitiría incrementar las reservas de hidrocarburos de la paraestatal.
Según Pemex, las 387 hectáreas donde se localiza el llamado Campo Carrizo, ya fueron pagadas desde 1978. Pero los ejidatarios afirman lo contrario. Los pobladores dicen que nunca aceptaron cobrar sólo 14 pesos por hectárea que les querían dar como pago. Por ello las 487 familias continuaron sus vidas ahí.
El gobierno de Tabasco dice que ya tienen lista su nueva vivienda en el fraccionamiento Bicentenario. La empresa estadounidense Schlumberger ha ganado la licitación para una inversión inicial de 33 millones de dólares, pero no puede empezar a trabajar porque los pobladores no se quieren mover, pese a que ha habido amagos de desalojo con policías.
A un año de adjudicar el Contrato Integral para Exploración y Producción del campo maduro Carrizo, el proyecto carece de resultados concretos y enfrenta nuevos conflictos.
La trasnacional texana contaría con una superficie de 13 kilómetros cuadrados para explorar, perforar y producir hidrocarburos, hasta por un plazo de 35 años.
La Ranchería Lázaro Cárdenas, del municipio Centro, a 8 kilómetros de Villahermosa, ha sido traspasado al gobierno estatal, con el que Pemex acordó la reubicación con el compromiso de pagar los costos de traslado, escuelas y equipamiento urbano en una comunidad ubicada a 35 kilómetros al sur de la capital.
Pemex afirma que en el polígono de 387 hectáreas, donde se asienta el Campo Carrizo es de su propiedad, pues se le expropió y pagó al ejido Lázaro Cárdenas en 1978 —casi 16 años después de perforar e instalar infraestructura petrolera—, y debidamente comprado a sus 27 dueños de ese entonces.
El ex comisariado ejidal, ex delegado municipal y presidente del Comité de Gestión, Isidro Sánchez sostiene que los ejidatarios no recibieron ninguna indemnización, ya que se negaron a cobrar los 14 pesos por hectárea que les pretendían pagar.
Sánchez retó a “que me comprueben que cobré por el terreno donde vivo. Si es así me salgo y se los entrego”. Pero crítica la razón por la que quieren desalojar a una población que cuenta con sus tierras, animales, centro de salud, campos deportivos, iglesia, escuelas, servicio de agua potable y el cementerio.
Inicio de licitaciones
El 19 de agosto de 2011, Suárez Coppel encabezó el acto de presentación y apertura de propuestas en donde Pemex, por vez primera en su historia, asignaba a empresas privadas trasnacionales los contratos de exploración, perforación y producción de viejos yacimientos.
Ese día la paraestatal anunció el fallo de la primera ronda de licitaciones de los Contratos Integrales para Exploración y Producción de campos maduros de la región sur, siendo las empresas ganadoras, la inglesa Petrofac Facilities Management Limited para los campos Santuario y Magallanes, y la regiomontana Administradora de Proyectos de Campo (APC) para el campo Carrizo.
En el caso de campo Santuario, Pemex pidió 7.97 dólares por barril de petróleo y la compañía ofreció 5.01 dólares; en Magallanes la paraestatal ofreció 9.78 dólares y la compañía ofreció 5.01 dólares.
En el campo Carrizo, Pemex ofreció un pago de 12.31 dólares por barril y la compañía Administradora de Proyecto brindó 5.03 dólares por barril extraído, más 75% del llamado costo de desarrollo, lo que queda por debajo de los precios máximos fijados por la paraestatal.
Sin embargo, desde el inicio de la adjudicación del campo Carrizo, iniciaron los problemas para Pemex.
El 19 de octubre de 2011, la empresa Administradora en Proyectos de Campos (APC) decidió hacerse a un lado y no envió a su representante a Villahermosa para firmar el Contrato Integral para Exploración y Producción de campos maduros con Pemex para el área Carrizo, ni depositó la fianza necesaria, por lo que fue sustituida por la sucursal Dowell Schlumberger de México SA.
La operación perjudicó a Pemex económicamente, ya que de 5.03 dólares por barril, con que ganó la licitación la mexicana APC, ahora tendría que considerar casi el doble, 9.40 dólares por barril, tarifa propuesta por la compañía transnacional, que se comprometió con una inversión de 33 millones de dólares.
Se dificulta el proceso
A inicios de abril de este año, la firma de servicios para campos petroleros Schlumberger, con sede en Houston, anunció que comenzaría a mediados de 2012 los trabajos en sus proyectos de campos maduros, según afirmaba su gerente general, Paul Kibsgaard, en una conferencia por internet sobre los resultados corporativos del primer trimestre del año.
Hasta la fecha, el propósito de la trasnacional no ha sido posible, pues el campo maduro Carrizo está lleno de casas habitadas e infraestructura urbana de Lázaro Cárdenas, cuyos pobladores en últimas fechas se han visto presionados por las autoridades de Protección Civil de Tabasco, para ser reubicados.
Para forzar a la población a desalojar sus casas, Protección Civil utiliza el pretexto de que están en una zona de riesgo por inundaciones y también sobre ductos petroleros.
Nunca les dijeron la verdad, en el sentido de que a los terrenos serán para la actividad de exploración, perforación y explotación de pozos, mantenimientos, reparación y construcción de ductos.
El ex comisariado ejidal, Isidro Sánchez recuerda que cuando la industria petrolera se instaló en el lugar no había ningún problema.
Pero ahora hay presión sobre los habitantes de la ranchería Lázaro Cárdenas, e incluso se han registrado connatos con las autoridades, al grado de llegar con policías antimotines.
El pasado 1 diciembre, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió medidas cautelares a las autoridades con el fin de no cometer más atropellos y al mismo tiempo inició investigaciones con las que le solicitó reportes sobre sus actuaciones, según declaró el ombusdan local, José Manuel Argáez.
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