martes, 3 de junio de 2014

Comunicado del PDPR – EPR Comité Estatal de Puebla sobre los gobiernos represivos

AL PUEBLO DE MÉXICO
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES
A LOS MEDIOS ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES
A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS DE MÉXICO Y EL MUNDO
A LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS, POPULARES Y REVOLUCIONARIAS
¡HERMANOS, HERMANAS, CAMARADAS!



En la capital del estado de Puebla como en la mayoría de las capitales del país, a la vista de propios, turistas y extraños, todo es luminaria, modernidad y confort edificado para uso y disfrute de todos; sin embargo esta opulencia sólo es posible para unos cuantos, porque la mayoría se resigna o se desvive observando en los aparadores imaginando que un día podrá obtener un banal suvenir de moda, el degustar alimentos y bebidas en el restaurante más exclusivo del centro histórico o ser huésped de un hotel de cinco estrellas.

Lo que interactúa socioeconómicamente en el primer cuadro de la ciudad es de oropel, elitista y discriminatorio; domina la desigualdad económica y social, que es profundizada y tensada día a día, por las voraces reglas de la oferta y la demanda. Quiebran los estanquillos comerciales y pululan las tiendas de conveniencia de monopolios del capital nacional y transnacional, al ritmo que aumenta la población de vendedores ambulantes, indigentes y pordioseros acosados y extorsionados por empleados municipales y policías. Realidad que predomina en toda la geografía del estado, que sólo varía de acuerdo al desarrollo de las fuerzas productivas y quienes detentan los medios de producción que impacta en la población, en sus niveles de progreso o atraso. La esencia es una: poseedores y desposeídos; explotados y explotadores; oprimidos y opresores.

Polígono urbano blindado por el aparato policíaco-militar para vigilar, persuadir y contener por medio del terrorismo de Estado cualquiera de los fenómenos sociopolíticos que se desarrollan en la entidad. La Puebla de Zaragoza es el estereotipo en el sentido socioeconómico y político de una capital de cualquier región del mundo bajo el régimen neoliberal. El publicitado desarrollo del estado de Puebla, con las técnicas del marketing es con la perversa intención de imponer a nivel local, nacional e internacional una imagen que no corresponde a la situación actual que enfrentamos.

Es un hecho que la mediatización y enajenación producto de la explotación asalariada y de la opresión política en la que se encuentra sometida la mayoría de los poblanos, sólo conoce y concibe la realidad actual del estado de Puebla en el pavimento hidráulico, la pésima construcción o remodelación de hospitales regionales que hoy se caen a pedazos o que ni siquiera cuentan con el equipo y personal indispensable para atender el primer cuadro de salud, construcciones de infraestructura que resultan un gran negocio por medio del tráfico de influencias para favorecer a los oligarcas del ramo que conjuntamente inflaron los costos y acapararon cientos de millones de pesos del erario público; el ineficiente engendro del monopolio del transporte el metrobús; la ignominiosa rueda de la fortuna; la falsa expectativa a nivel de panacea universal de la instalación de la planta Audi; la rehabilitación del zócalo que aprovecharon para exportar el adoquín a Francia. Ese es el estado de Puebla de relumbrón.

Obras públicas que no se hicieron para resolver las necesidades inmediatas del pueblo trabajador, sino que se desarrollaron por encargo del capital privado nacional y extranjero con el fin de generar aún más plusvalía en la etapa actual de intensificación de la acumulación y concentración originaria del capital, con lo cual Moreno Valle se posiciona a nivel nacional e internacional como un incondicional de las políticas neoliberales. Esto como parte de los requisitos a cumplir en el aspecto económico si quiere mantener viva la posibilidad de ser uno de los candidatos a la presidencia del país.

Por ello a nivel político, el gobernador poblano desarrolló toda una maniobra que lo llevó a tener un papel activo en la reelección de Gustavo Madero a la dirigencia nacional del PAN. Para afianzar la candidatura, Moreno Valle requiere asegurar en Puebla posiciones claves que le permitan consolidar su coto de poder en el estado, por lo que impone la postulación del ahora secretario de gobernación Luis Maldonado Venegas, quien en fechas pasadas se declarara perredista, afianzando con esto la precandidatura a la gubernatura. Esto no es de extrañarse, Moreno Valle en cínica actitud camaleónica, entabla alianzas con la denigrada dirigencia del PRD, como en su momento lo hizo con la cacique sindical y asesina Elba Esther Gordillo, con el agente esquirol del neoliberalismo contra la clase trabajadora Javier Lozano Alarcón, así como lo hace con distinguidos sanguinarios represores en México y el continente. Eso sin contar que mantiene en nómina a toda la simetría electoral de la oposición electoral, sumándole un grado de putrefacción más al estercolero en que están convertidas las cúpulas de los partidos políticos electoreros.

Pero como los tiempos de los "tapados" para la grande ya son obsoletos en la lucha burguesa, ahora los que aspiren a ser los administradores, representantes y defensores de la oligarquía nacional, transnacional y el imperialismo norteamericano en el país, sus amos les exigen fidelidad al sistema capitalista y al régimen neoliberal que tanta injusticia y descontento causan en los pueblos, siendo una prueba a cumplir la institucionalización de un Estado policiaco-militar, como el eje fundamental para gobernar e imponer políticas antipopulares y represivas.

Rafael Moreno Valle mantuvo desde el principio de su administración, características pro-fascistas inocultables, poniendo en puestos claves a personajes con nefastas trayectorias. Como parte de su estrategia policiaco-militar designó a Ardelio Vargas Fosado como Secretario de Seguridad Pública, el flamante "repartidor de flores", personaje que negara la existencia de nuestro Partido en el estado de Puebla, quien actualmente se encuentra en el Instituto Nacional de Migración. Posteriormente contó con la asesoría de Oscar Naranjo, militar colombiano especializado en contrainsurgencia quien además estuvo involucrado en casos de tortura, ejecuciones extrajudiciales implementadas con la táctica del falso positivo, vinculado al narcotráfico y al paramilitarismo. Dicha estrategia contrainsurgente, actualmente continúa con José Ventura Rodríguez Verdín, que además de compartir hijo con el Secretario de Defensa Salvador Cienfuegos Zepeda, es un militar retirado que cumple desde la Dirección de Análisis Político estatal papel de policía-político.

Ésta lógica de poner militares y agentes de inteligencia en Secretarias de Seguridad Pública o como asesores, corresponde al hecho de que Puebla está entre los primeros cuatro estados en contribución al PIB nacional por la producción estatal, además por su ubicación geográfica estratégica ya que conecta al sur-sureste, al golfo-pacífico del país y finalmente, por los miles de millones de dólares que se encuentran en juego con los megaproyectos que en su mayoría están pactados con el capital monopolista nacional y transnacional, donde éste privatiza las ganancias pero socializa los costos de la devastación ecológica, despojando y desplazando de sus tierras y único patrimonio familiar-comunitario a poblaciones enteras, poniendo en riesgo su propia existencia.

En la diligencia de obtener los méritos necesarios para complacer a la oligarquía, además de su personalísima afición represora, despliega de forma religiosa políticas pro-fascistas como la coloquialmente llamada ley bala, que es el colofón de una seria de medidas arbitrarias que prohíben de forma violenta al pueblo la libertad de derechos humanos tan fundamentales como el libre tránsito, expresión de ideas, crítica y protesta desde las masas, la organización y militancia política disidente. En la carrera por la candidatura y la presidencia de la República ganará quién más fascista se erija.

Haciendo una retrospectiva, a nivel nacional el terrorismo de Estado campea con impunidad por todo el país, y son dos entidades federativas donde se hace la amalgama perfecta entre el pro-fascismo y el apostolado del neoliberalismo, encarnados en Eruviel Ávila y desde luego Moreno Valle. Siendo el sello de ambos la brutalidad y barbarie ejecutada por medio del ejército federal, marinos, las distintas policías y paramilitares, reflejado en los asesinados extrajudicialmente destacando los feminicidios, desplazados de manera forzada, detenidos-desaparecidos por motivos políticos y sociales.

En la espiral del pro-fascismo que ha imbuido a México, desde la dictadura del capital y de opinión, ambos entes oligarcas, se incluye al Distrito Federal con la aquiescencia del policía Mancera, jefe capitalino quién desde que arribó al poder por la inercia del último bastión perredista del país, se ha dedicado a anular más del cuarenta por ciento de las políticas públicas de carácter social y progresista que comenzaron con el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y ampliadas en calidad y cantidad con el Lic. Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, el retroceso en el Distrito Federal inicia en la administración de Marcelo en el 2006, quien de forma hábil y velada fue coartando libertades políticas y democráticas, reprimiendo a sectores populares bajo la cobertura de obras de destello y eventos espectaculares. Ninguno de estos tres antecesores de Mancera, capituló ante el régimen neoliberal y sus testaferros panistas y actualmente priistas, como lo hizo Miguel Ángel Mancera, que de un manotazo anuló el avance en educación, salud, acceso a la cultura y seguridad social. Él es el sepulturero del PRD en el DF y un activo promotor para el retorno del PRI al poder en la capital del país, que en su imaginación y las ambiciones de su grupo pueden convertirse en puntos para aspirar a una precandidatura a la presidencia.

Uno de los ejemplos de traición al pueblo es la impuesta legalización del control de las manifestaciones mediante el encapsulamiento de quienes protestan. Medida represiva que si bien inicia en el Distrito Federal se ha adoptado en estados como Quintana Roo, San Luis Potosí, Guadalajara, Edo. de México; que a pesar de la condena nacional e internacional, los congresistas no han quitado el dedo del renglón para aprobarla y respaldarla. En esencia esas leyes son de perfil pro fascista.

Hay otros, como Manuel Velasco Coello en Chiapas que sin mayores posibilidades en la carrera presidencial, pero en busca de la impunidad por el dispendio económico que ha hecho en la promoción personal al estilo del jet set de su imagen, aplica medidas autoritarias y represivas para cobrar notoriedad para entrar en la disputa de la silla presidencial. Tanto él como el grupo oligárquico que representa son partidarios del autoritarismo y el fascismo, probado ello con la aprobación de la ley que prohíbe el hacer manifestaciones públicas.

En Chiapas y Puebla la criminalización de la protesta popular se agudiza con la legislación del "Uso Legítimo de la Fuerza" por parte del ejército mexicano. En el caso de Chiapas esta legalización tiene dos objetivos: el primero, es el de desarticular al movimiento magisterial-popular por representar una alternativa que defiende los derechos de los trabajadores y de coordinación con el pueblo chiapaneco; el segundo, respaldar a los grupos paramilitares, que durante décadas han mantenido la protección del Estado mexicano.

En el caso de Puebla, el gobierno oligárquico ya ha evidenciado cuál es el objetivo de aprobar esta ley fascista: legalizar el asesinato político de luchadores sociales y defensores de derechos humanos, así como desarticular y aniquilar todo acto de protesta organizada o espontánea que reivindique y exija derechos fundamentales. Ley dirigida en contra de académicos progresistas, profesionales de la información, pueblo organizado, así como de comunidades indígenas y campesinas que se oponen a ser despojados de sus territorios a causa de megaproyectos mineros, hidroeléctricos, gasoductos, carreteros, etc., para garantizar las inversiones económicas de las empresas que serán beneficiadas con la reciente aprobación de la Ley Energética y de Expropiación.

Basta hacer un análisis comparado del concepto de Agresión entre la llamada Ley para proteger los derechos humanos y que regula el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales del Estado de Puebla y el Manual del uso de la fuerza, de aplicación común a las tres fuerzas armadas (publicado en el Diario Oficial de la Federación este 30 de mayo del presente año). Tanto la Ley como el manual están estructurados premeditadamente con una genérica ambigüedad, donde cada vericueto legaloide equipara a rango criminal a cualquier persona que responda legítimamente para salvaguardar su integridad física, su familia y su patrimonio, sobre todo si lo hace de manera organizada con motivaciones económicas, sociales y políticas. Ante tanta "vulnerabilidad" de las fuerzas represivas tuvieron que robustecer legalmente al ejército y la marina, y las diferentes corporaciones policíacas para actuar –a nivel personal o destacamento– a "su libre albedrío y criterio" contra cualquier ciudadano o movimiento popular, con tan sólo el llamado de alguna autoridad civil que requiera el "apoyo" del mismo.

Asimismo, en el Capítulo I, Concepto y Principios Sobre el Uso de la Fuerza define "El Concepto de la Expresión Uso de la Fuerza. Es la utilización de técnicas, tácticas, métodos, y armamento que realiza el personal de las fuerzas armadas para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia no agresiva, agresiva o agresiva grave". Siendo la "Resistencia no agresiva: conducta de acción u omisión que realiza una o varias personas, exenta de violencia, para negarse a obedecer órdenes legítimas comunicadas de manera directa por personal de las fuerzas armadas, el cual previamente se ha identificado como tal." En concreto, se pretende que ahora el ejército y policías regulen, controlen, mediaticen y dirijan por la vía de los hechos mediante la violencia y el uso de armas cómo tienen que ser las dinámicas tanto en recorrido, contenido como en forma de expresión de las manifestaciones y acciones políticas de masas.

En referencia al contexto político de las manifestaciones, la Ley define los "factores que deben ser tomados en cuenta en los operativos: El poder numérico de los manifestantes. Las circunstancias de tiempo y lugar en las que se lleven a cabo las manifestaciones. El fin que persigue la manifestación, ya sea de confrontación o mera manifestación de ideas. Los aspectos políticos o socioeconómicos imperantes en el momento de la manifestación". Sustancialmente, el Manual y la Ley son supraconstitucionales, disfrazados de normas secundarias para que toda expresión de manifestación sea tipificada para el gobierno mexicano como un acto de violencia, con lo cual se justifica el uso del monopolio de la violencia y la fuerza del Estado, ahora con el uso de las armas contra manifestantes desarmados.

En las movilizaciones y acciones políticas de masas se ha podido constatar la táctica del aparato policíaco-militar que despliega contra las manifestaciones: el primer cordón de policías va con tolete, escudo y macana, mientras que el nivel medio lleva armas cortas y bazucas que lanzan gas lacrimógeno, además de la utilización de policías vestidos de civil también armados que actúan para el infiltre y apañón; todos bajo las órdenes de un mando, ya que en los operativos siempre hay un mando superior operativo y otro estratégico que determinan el acto represivo a ejecutarse, por eso es falso que los policías de menor rango actúen por voluntad y criterio propio. Con lo cual legalizan por un lado, que los policías rasos se vuelvan el chivo expiatorio de la política policíaco-militar, desviando la responsabilidad de mandos y del Estado, hacia simples "errores individuales" y hasta "humanos", que entrando al teatro legaloide terminan eximiéndolos de una condena real y verdaderamente justa, quedándose en simples amonestaciones en donde desde el principio se anula el derecho humano de acceso a la justicia para las víctimas.

Los casos represivos que se han dado en lo que va del año en Puebla, no es más que la reedición de prácticas coercitivas en las que el derecho a la protesta es cancelado, el derecho de petición para la solución de demandas políticas se vuelve una trampa para encarcelar y desaparecer a luchadores sociales con el objetivo de descabezar el movimiento y causar terror en la población para que ceje de manifestarse.

Los hechos lo demuestran: desalojo de colonos en Ampliación Xilotzoni y encarcelamiento de su líder el octogenario Delfino Flores; encarcelamiento de los opositores al gasoducto del Proyecto Integral Morelos: Enedina Rosas Vélez, Juan Carlos Flores Solís, Abraham Cordero Calderón, además de otras órdenes de aprehensión por ejecutarse y la entrada del ejército en comunidades en las que pasará dicho proyecto; persecución contra Avelino Vélazquez Tapia, contra el Dr. Ricardo Pérez Avilés; amenazas contra los estudiantes de sociología de la BUAP Alberto Melchor Montero, Jesús Rene Trujillo Dorado, Aranza Vargas Montes e Iliana de Jesús Lozano; amenazas contra el sacerdote Martín Hernández Martínez; detención de los jóvenes estudiantes Juana Marcelino y Daniel García; violencia en las preparatorias de la BUAP contra estudiantes organizados; amenazas contra Yadira Llaven, periodista de la Jornada de Oriente; incursiones de 23 camionetas de la policía en Huehuetlan el Grande, hechos vinculados a intereses de la minera Autlan; amenazas de muerte a Rubén Sarabia Sánchez "Simitrio"; eso sin mencionar que las cifras de crímenes de odio ya sea por homofobia o feminicidio están en aumento...

Porque en los actuales tiempos de crisis estructural del capitalismo, no hay muchas alternativas de solución, cuando el capitalismo toca fondo y colapsa sólo hay dos soluciones, la burguesa o la proletaria esto es fascismo o revolución.

Aprovechamos la oportunidad, para enviar un saludo y abrazo revolucionario a mujeres y hombres de los distintos sectores populares, que de forma individual y colectiva mantienen la exigencia de la presentación con vida de todos los detenidos-desaparecidos del país por motivos políticos y sociales, así como de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Nuestra manera de agradecer su gesto humanitario es continuar enarbolando las banderas de la revolución y el socialismo desde nuestras trincheras de lucha.



¡PRESENTACIÓN CON VIDA DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS
DE AYER Y HOY!
¡LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS!
¡A CERRAR FILAS CONTRA EL TERRORISMO DE ESTADO!

¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARÁ!

COMITÉ ESTATAL DE PUEBLA
DEL
PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR

COMANDANCIA DE ZONA
DEL
EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CZ-EPR


Año 50.

Heroica Puebla de Zaragoza, a 02 de junio de 2014.

lunes, 2 de junio de 2014

EDITORIAL Conflicto in crescendo en Azueta

EDITORIAL

Conflicto in crescendo en Azueta

La tensión en Zihuatanejo derivada del dragado de la laguna de Las Salinas va en línea ascendente.
Ayer, la Red de Organizaciones y Grupos Ambientalistas de Zihuatanejo (Rogaz) denunció hostigamiento, amenazas e intimidación del presidente municipal, Eric Fernández Ballesteros, todo porque esa agrupación interpuso un juicio de amparo –cuya suspensión provisional fue concedida– con el argumento de que los trabajos de saneamiento carecían de la autorización de impacto ambiental.
El organismo no gubernamental ha sostenido que, sin cubrir este requerimiento, la obra ordenada por Conagua propiciará más contaminación de ese cuerpo de agua y de la bahía de Zihuatanejo.
La respuesta del ayuntamiento no se ha hecho esperar.
El alcalde Fernández Ballesteros, lejos de ocuparse de tramitar lo necesario para el saneamiento, ha optado por presionar a los disidentes con el propósito de que guarden silencio y no sigan oponiéndose a su propósito.
La Rogaz, por su parte, lejos de replegarse, ha recurrido a diversas maneras de reforzar su movimiento.
Una de ellas es crear entre los sectores de la población la inquietud de defender la legalidad y proteger Las Salinas.
Tampoco el alcalde cede.
De una y otra manera intenta obligar a los inconformes a desistirse, y como no lo ha logrado, aquellos temen que utilice otros recursos para hacer cumplir su voluntad pasando por encima de las protestas de los azuetenses.
El caso es que la represión no es exclusiva de las altas esferas gubernamentales, sino que hasta los modestos ayuntamientos se erigen en señores de horca y cuchillo para imponer su decisión.
Sin embargo, las voces de los defensores ambientalistas se oyen cada día más fuertes, y confían en vencer el empecinamiento gubernamental. 

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2014/06/02/index.php?section=opinion&article=002o1soc


Exigen organizaciones garantizar seguridad de activistas en Zihuatanejo

Temor de que funcionarios cumplan sus amenazas

Exigen organizaciones garantizar seguridad de activistas en Zihuatanejo

HERCILIA CASTRO ( Corresponsal)
Zihuatanejo, 1º de junio. Organizaciones civiles exigieron se garantice la seguridad e integridad física de los miembros de la Red de Organizaciones y Grupos Ambientalistas de Zihuatanejo (Rogaz), debido a las amenazas que recibieron en pasados días por parte del síndico municipal Juvenal Maciel Oregón y pescadores de Azueta, de que pagarán por las afectaciones del amparo interpuesto por esa organización y que además serán sitiadas sus casas.
Las organizaciones como Bios-Iguana AC, Marea Azul, Red Manglar Internacional, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, Alarbo AC, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) y el Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), repudiaron el hecho de las amenazas e intimidaciones a la Rogaz.
Sentenciaron que “hemos tenido conocimiento, por medio de la Rogaz que el jueves 29 de mayo del 2014, la presidencia municipal de Zihuatanejo, Guerrero, por conducto de un grupo de pescadores y del Síndico Procurador Juvenal Maciel Oregón, amenazaron a sus miembros advirtiendo los primeros que sitiarían las casas de los integrantes de Rogaz; y el segundo sentenciando que “pagarán por el daño” por haberse amparado contra las obras de dragado de la Laguna de Las Salinas”.
Recordaron que el pasado 22 de abril, el gobernador Ángel Aguirre Rivero anunció que se invertirían 30 millones de pesos aportados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para el dragado de La Laguna de Salinas; señalando que esta medida será la solución al ya viejo y grave problema de contaminación por la descarga de aguas negras en la bahía porteña.
Sin embargo, destacaron que de la manera en que se pretendía hacer el dragado, lejos de resolver el problema lo agravaría.

Hostiga a ambientalistas el alcalde de Azueta, denuncia Tadeco ante la ONU

Azuzó Eric Fernández a pescadores para amenazar a los de Rogaz, acusa

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El motivo: la red promovió y obtuvo un amparo contra la decisión de dragar la laguna de Las Salinas, explica
La organización procedió así porque el proyecto no tenía la autorización de la Semarnat, argumenta
Implicaba una inversión de 30 mdp de Conagua y el apoyo del gobierno del estado, informa
El objetivo era solucionar la descarga de aguas negras a la bahía, pero el ayuntamiento seguiría echándolas, según la organización
CITLAL GILES SÁNCHEZ
Chilpancingo, 1º de junio. La Red de Organizaciones y Grupos Ambientalistas de Zihuatanejo (Rogaz) denunció hostigamiento, amenazas e intimidación del alcalde de ese municipio, Eric Fernández Ballesteros.
En una carta dirigida a la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos; al presidente interino de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero, y al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, manifestaron que el pasado jueves 29 de mayo, pescadores azuzados por el síndico procurador, Juvenal Maciel Oregón, advirtieron a los miembros de la Rogaz que “sitiarían sus casas y que pagarían por el daño que ocasionaron al ampararse contra las obras de dragado de la laguna de Las Salinas”, informaron.
En el documento enviado por el Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) se recordó que el pasado 22 de abril de este año, el gobernador Ángel Aguirre Rivero anunció una inversión de 30 millones de pesos, que fueron aportados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para el dragado de la citada laguna de Las Salinas.
Con esa inversión se solucionaría “el viejo y grave problema de contaminación por la descarga de aguas negras” de la bahía de Zihuatanejo, plantea el documento en cuestión.
Sin embargo, denuncia que esas obras, autorizadas por la Conagua y apoyadas por el gobierno del estado, no tenían la autorización de impacto ambiental de la Semarnat, lo cual agravaría la contaminación, pues el municipio seguiría descargando aguas negras a la bahía de Zihuatanejo, junto con los residuos del dragado de la laguna, “provocando, además de un grave daño ambiental, una afectación severa a la economía local”.
Ante esta situación, la presidenta de la Rogaz, Obdulia Balderas Sánchez, presentó un amparo para impedir el dragado de la laguna, amparo que aprobó el juez octavo de distrito, con sede en Acapulco, quien determinó “la suspensión provisional del dragado de la laguna de Las Salinas, con el número de expediente 484/2014”.
Ante esta situación, denunciaron los integrantes de la Rogaz, el alcalde de Zihuatanejo, por medio del regidor de Ecología y Pesca, Florentino Zavala Clímaco, convocó a los pescadores para que protestaran por esta suspensión ya notificada.
“A partir de entonces se ha intensificado la campaña de criminalización y descalificación pública, principalmente por parte del gobierno municipal, en contra de los miembros de Rogaz; al punto de amenazar con ‘hacerlos pagar’ y de ‘sitiar’ sus casas por haberse amparado”, denunció el dirigente del Tadeco, Javier Monroy Hernández.
Responsabilizó al alcalde de Zihuatanejo de cualquier ataque contra los miembros de la Rogaz, así como al gobernador Ángel Aguirre y al director de la Conagua, David Korenfeld.
Asimismo, exigió que se garantice la integridad personal de los miembros de la Rogaz y el cese la campaña de desprestigio, amenazas y hostigamiento “orquestada por el alcalde y avalada por el gobernador de Guerrero y el director de la Conagua”.
También solicitó el saneamiento integral de la bahía de Zihuatanejo, y prohibió la descarga de las aguas negras, provenientes de las plantas de tratamiento municipales en la bahía.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2014/06/02/index.php?section=politica&article=003n1pol

Ponen centro de acopio de alimentos en apoyo a afectados por incendios en Santa Rosa

  Ponen centro de acopio de alimentos en apoyo a afectados por incendios en Santa Rosa                  Hercilia Castro Zihu...