En el gobierno parece haber temor para tomar decisiones. Desde octubre del año pasado, cuando se dieron a conocer las llamadas medidas contracíclicas que adoptaría la administración para paliar los efectos negativos de la crisis económico-financiera que nos llegaba de los Estados Unidos, se anunció que en este año, 2009, se destinaría una partida de 1200 millones de pesos para iniciar la construcción de una refinería de petróleo. Se esperaba que ayer, 18 de marzo, en las celebraciones oficiales del 71 aniversario de la Expropiación Petrolera, se anunciara con bombo y platillos el sitio en que comenzaría la construcción de esa nueva y anunciada refinería. No sucedió así. La desilusionante sorpresa ha sido que lo que se anunció fue que el gobierno (o la Secretaría de Energía o Pemex o alguien) convocaría a un foro (¿o varios?) para que gobernadores de diferentes Estados presenten sus propuestas para, a partir de ellas, tener elementos para decidir la ubicación de la refinería.
Me parece grave ese anuncio. Ha pasado medio año y ¿ni siquiera los estudios de localización se han podido o querido llevar a cabo? ¿Podría el gobierno informar a la opinión pública qué se ha hecho en relación a la refinería anunciada desde octubre?
Determinar la localización de una instalación industrial no es cuestión de una puja, de una subasta. No es cuestión de quién da más. Un estudio técnico-económico es el que permite determinar una localización conveniente. En un estudio de este tipo no deben considerarse variables como qué gobierno estatal ofrece más, a quien se lo ofrece, qué partido gobierna en el estado o en el municipio o cosas por el estilo.
Sabemos, por la información que se ha hecho pública, que se requiere refinar 600 mil barriles diarios de petróleo crudo para substituir con producciones nacionales la importación actual de combustibles, que la zona del país que debe preferentemente abastecerse con las nuevas instalaciones, por razones eminentemente técnico-económicas, es la central, en la que se ubican entre otras, las regiones metropolitanas de México y Guadalajara.
He tenido a la vista un cuidadoso estudio que valora ventajas y desventajas de varias posibles localizaciones para la nueva refinería. En este estudio se tomaron en cuenta Cadereyta, Nuevo León; Campeche, Campeche; Dos Bocas, Tabasco; Minatitlán y Tuxpan, Veracruz; Manzanillo, Colima; Salina Cruz, Oaxaca; Tula, Hidalgo; y Lázaro Cárdenas, Contepec, Copándaro y Ecuandureo, Michoacán.
Tula y Tuxpan ofrecen las ventajas mayores en relación al costo del transporte; Lázaro Cárdenas y Contepec a la disposición de terrenos adecuados; Cadereyta y Tula por la infraestructura ya existente; Cadereyta y Ecuandureo por los menores impactos ambientales de carácter negativo; Cadereyta y Contepec por la disponibilidad laboral y profesional; un mejor ambiente empresarial se encontraría en Cadereyta y Tuxpan. Valorando el conjunto de factores destacan Contepec, Copándaro, Cadereyta, Tula y Salina Cruz. Elementos serios para tomar decisiones existen en este estudio y seguramente en otros ya en manos del gobierno federal, aportados por diferentes gobiernos estatales o realizados por encargo de dependencias federales.
¿Por qué entonces mandar la decisión a lo que se presente en un foro de próxima realización? Se va a perder más tiempo. Se va a gastar más en la importación de combustibles. Se va a dejar de impactar para paliar los efectos de la crisis que ya golpea fuerte: decrecimiento económico anunciado para el 2009 de menos 5% respecto al producto interno, pérdida de 500 mil empleos formales desde que se anunció que se construiría una nueva refinería a la fecha, caída en la industria automotriz, etc., etc.
No tomar una decisión respecto a la otra cuestión a la que en seguida me refiero me parece aun más grave que el que no se haya tomado ya la decisión de donde construir la nueva refinería.
Desde hace semanas se tiene conocimiento que el gobierno de los Estados Unidos participa en el capital accionario de Citigroup, propietario de Banamex. Desde ese preciso instante se está violando la Ley Bancaria (y el gobierno mejor que nadie lo sabe y nada ha hecho al respecto), que en su artículo 13 dice: “No podrán participar en forma alguna en el capital social de las instituciones de banca múltiple personas morales que ejerzan funciones de autoridad”, disposición que se refuerza con lo que establece el Acuerdo de libre comercio de América del Norte, al fijar entre sus reservas que “Las entidades extranjeras que ejerzan funciones de autoridad gubernamental no pueden intervenir, directa o indirectamente, en una institución de crédito (banco comercial)”, que “Los gobiernos extranjeros y las empresas estatales no pueden intervenir directa o indirectamente en sociedades controladoras” y que, en ambos casos, “La eliminación gradual de estas disposiciones es nula”.
Entonces, desde que se violó la ley mexicana al hacerse el gobierno de los Estados Unidos de un paquete accionario y en consecuencia socio de Citigroup, debió considerarse que Citigroup perdía esa propiedad y como bien mostrenco, en concordancia con nuestras leyes y en función de la importancia económica y política de esa institución, esa propiedad pasaba a manos del Estado mexicano para su manejo y control. No responsabilizarse de ese manejo y control es mantener la violación de la ley por Citigroup y por el gobierno mexicano que no la cumple. Banamex es parte integrante del patrimonio de la nación y las instituciones del Estado deben responder de su buena administración. Ninguna solución es o será legalmente válida si Banamex no pasa antes por el absoluto control del Estado mexicano. No cabe continuar con el incumplimiento de la ley. No es cuestión de interpretación. Es cuestión de responsabilidad y decisión.
La crisis norteamericana, circunstancialmente, debe decirse, está abriendo al país la extraordinaria oportunidad para que empiece a reconstruirse y cobre vitalidad una banca comercial realmente mexicana, y es responsabilidad de los Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) se aproveche esta oportunidad, simplemente cumpliendo y haciendo cumplir lo que marca la ley vigente.
¿Por qué las indecisiones? ¿Qué hay detrás? ¿Temor a qué o a quién? Esperamos las respuestas del gobierno federal.
