Fue simulación, el acto de reconocimiento de responsabilidad, señala asociación

Agrupaciones internacionales entregan reconocimiento a Tita Radilla Martínez

En Londres, Inglaterra, premian a la activista por su trabajo en la búsqueda de desaparecidos

HERCILIA CASTRO Y RODOLFO VALADEZ (Corresponsales)

La organización Peace Brigades International (PBI, Brigadas Internacionales de Paz) y The Alliance for the Layers at Risk (Alianza para los abogados en riesgo), con sede en Londres, Inglaterra, otorgaron un reconocimiento a la activista Tita Radilla Martínez, por su compromiso en la defensa de los derechos humanos, en un acto en el Middle Temple, de ese país.
Por medio de un comunicado, las agrupaciones consideraron un honor el haber otorgado este reconocimiento a Tita Radilla y a los integrantes de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), ya que han trabajado “de forma valiente durante más de 30 años en México, demandando justicia para las víctimas por desaparición forzada”.
La organización señala que Tita Radilla ha sido objeto de diversas amenazas y hostigamientos, razón por la que desde el año 2003, PBI le ha brindado acompañamiento y ha buscado minimizar el peligro que corre y en apoyo a su espacio como defensora de derechos humanos.
La alianza de abogados y PBI manifiestan su preocupación por las deficiencias en torno al cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) por parte del Estado Mexicano, en particular la forma en que el gobierno realizó un acto de reconocimiento público por la responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos derivadas del caso, pero sin la familia Radilla Pacheco ni los familiares de los desaparecidos.
Hacen un llamamiento a que “las autoridades den cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana y se preste atención prioritaria al diálogo con las víctimas y sus familiares, como expresión del compromiso del los derechos humanos”, sobre sus obligaciones adquiridas con la Coidh.
Citan que Tita Radilla ha denunciado que el Estado pierde la oportunidad de reconocer a las víctimas de la llamada guerra sucia y reconstruir el tejido social en Guerrero, donde se cometieron crímenes de lesa humanidad que afectaron al municipio de Atoyac de Álvarez y se han documentado más de 630 casos de desaparición forzada.
Que venga Calderón
Mientras que en Atoyac, el dirigente de la Fundación Lucio Vive AC, Cuauhtémoc Contreras Javier, aseguró que el acto de reconocimiento de responsabilidad que llevó a cabo el gobierno federal en Atoyac hace unos días sólo sirvió para que los funcionarios se tomaran la foto y simularan que cumplen con algo que se niegan en verdad a cumplir.
Agregó que esa organización respalda la exigencia de que sea el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, el que venga a encabezar dicho acto, para que éste tenga validez.
El jueves 17 de noviembre, el gobierno de la República decidió, unilateralmente, realizar el acto de disculpa pública que le impuso la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) por la desaparición forzada del luchador social, Rosendo Radilla Pacheco, al que los familiares no asistieron.
En entrevista, Contreras Javier manifestó que comparten y respaldan totalmente la decisión de los miembros de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México, que encabeza, Tita Radilla Martínez, hija de Rosendo Radilla, de no asistir a tal acto, ya que se trató, dijo, de una burla de parte del Estado mexicano para la lucha de años, y más aún, para la sentencia de la Coidh a casi dos años de emitida, y que hasta ahora no se ha cumplido como debe.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2011/11/23/index.php?section=sociedad&article=004n1soc

Activistas por los derechos humanos sufren asedio constante, documentan

■ Presentan libro sobre defensores de garantías en Guerrero
Activistas por los derechos humanos sufren asedio constante, documentan

Emir Olivares Alonso

Los defensores de los derechos humanos en México y sus familias son objeto de intentos de homicidio, intimidaciones, calumnias y acusaciones por delitos falsos que permanecen en la impunidad, refiere el libro Defensores y defensoras de derechos humanos en el estado de Guerrero, elaborado por las Brigadas Internacionales de Paz (PBI, por sus siglas en inglés).

“Las personas que participan en organizaciones de la sociedad civil se enfrentan al dilema de desistir de sus actividades, ante el temor a sufrir represalias, o seguir con su trabajo, asumiendo vivir bajo estas presiones”, subraya el texto, presentado ayer.

Alejandro Negrín, director general de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, aplaudió el trabajo realizado por las PBI, y afirmó que con éste se demuestra que la sociedad civil mexicana ve al sistema internacional de protección y garantía de los derechos humanos como una alternativa para fortalecer el sistema interno.

Agregó que, debido al análisis realizado en torno a las desapariciones forzadas en ese estado, el libro debe ser una llamada de atención para el resto de las entidades del país.

Guerrero es el estado donde se documentaron más desapariciones durante la guerra sucia, y las ONG han denunciado que éstas aún persisten.

“Nosotros (las autoridades) impulsamos recientemente la ratificación de la convención de Naciones Unidas sobre desaparición forzada y estimamos que desde ahí debe realizarse un trabajo importante en materia de legislación”, subrayó el funcionario.

Otro acierto del texto es señalar que el marco jurídico para las radios comunitarias es una asignatura pendiente, abundó.

“Esperemos que se aborde el tema en las reformas a la ley de radio y televisión que discute el Congreso”, añadió.

Remarcó que en Guerrero se debe avanzar también en la reforma sobre derechos indígenas y destacar la ausencia de una tipificación de la tortura en la legislación local.

A su vez, la representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Liliana Valiña –quien sustituye al recién removido Amerigo Incalcaterra–, alertó que en varios países aún hay grandes obstáculos que obstruyen la promoción y defensa de garantías.

Entre esas trabas mencionó la falta de reconocimiento a la legitimidad de las organizaciones que defienden esos derechos; la estigmatización de los activistas como sujetos que amenazan la paz y el orden o como criminales y terroristas, y, sobre todo, el enfrentamiento cotidiano a la impunidad.