Plagia Ubisort a 11 mujeres y niños de San Juan Copala en la sierra triqui, denuncian

Responsabilizan de la agresión a Rufino Juárez, de la comunidad de La Sabana

Plagia Ubisort a 11 mujeres y niños de San Juan Copala en la sierra triqui, denuncian

Otras 24 personas evadieron el cerco paramilitar que asedia al municipio autónomo

Blanche Petrich - Periódico La Jornada - Domingo 16 de mayo de 2010, p. 11

 

Seis mujeres y cinco niños y niñas del municipio autónomo de San Juan Copala, en la sierra triqui, fueron retenidos ayer por la tarde a punta de pistola por un grupo de hombres pertenecientes a la Unión de Bienestar de la Región Triqui (Ubisort) al mando de su representante Rufino Juárez en la comunidad de La Sabana, denunció ayer a este diario el comisionado para los derechos humanos del cabildo copalense, Jorge Albino.

Otras 24 mujeres lograron evadir el retén de este grupo armado que tiene sitiado San Juan Copala desde hace seis meses. La Sabana, ubicado en una colina que domina el camino de terracería que llega al municipio autónomo, es donde el 27 de abril fue atacada una caravana internacionalista y asesinados dos activistas, la poblana Beatriz Alberta Cariño y el finlandés Jyri Jaakkola.

Hace dos años ahí mismo fueron asesinadas las locutoras triquis Teresa Bautista y Felícitas Martínez.
Al cierre de esta edición las autoridades de San Juan no habían podido comunicarse con las mujeres secuestradas, entre las que se encuentran la secretaria de la alcaldía Joaquina Velasco Aguilera e Isabel Bautista, esposa de un ex presidente municipal. Seis niños pequeños, el menor de un año, están con ellas. Según testimonios de las mujeres que sí lograron llegar al pueblo, se sospecha que dos de las retenidas pudieran estar heridas.

“ Más ya no puedo hacer ” : autoridad oaxaqueña

Albino, quien se encuentra en el Distrito Federal, informó de los hechos al comisionado estatal de Derechos Humanos, Heriberto Antonio García, quien pidió apoyo al secretario general de gobierno de Oaxaca, Evencio Nicolás Martínez. Éste lo remitió a la subprocuradurí a estatal de derechos humanos y advirtió que “ más ya no puedo hacer ” para garantizar la seguridad de las mujeres secuestradas.

Como consecuencia del sitio, San Juan Copala está sin servicio telefónico ni electricidad; el grupo armado de la Ubisort ha ahuyentado a los maestros y al único médico que había. Además impide, con actos violentos, que los hombres transiten por el camino hacia la cabecera municipal que pasa por su bastión, en La Sabana. La situación es crítica para los habitantes y la escasez de alimentos apremia.

Pese al antecedente de la emboscada de la caravana humanitaria hace 20 días, con saldo de dos muertos y al menos cinco heridos, las mujeres triquis de San Juan Copala decidieron salir a comprar víveres a la cabecera municipal, Juxtlahuaca. El primer tramo del camino lo hicieron a pie y pasaron por La Sabana sin ser molestadas. Una vez en el mercado de Juxtlahuaca, sin embargo, una integrante del grupo, Margarita López, y su sobrina Susana Martínez fueron apartadas por la fuerza por varios hombres y llevadas al palacio municipal, donde las esperaba Rufino Juárez y al menos 10 hombres armados. Mientras discutían la mujer y la niña escaparon. Una vez reunido el grupo completo, llamaron por teléfono a Albino, solicitándole que pidiera apoyo para que pudieran regresar con seguridad.
 

Dormir en la calle

Albino se comunicó con Evencio Martínez, quien sugirió que fueran con testigos ante un Ministerio Público a levantar una denuncia. El grupo de mujeres triquis prefieron no hacerlo y se solicitó protección al comisionado de derechos humanos. Esa noche el grupo de mujeres y niños tuvieron que dormir en las calles de Juxtlahuaca. Este sábado se reunió un grupo de ocho enviados de la delegación estatal de derechos humanos, tres vehículos y varios centenares de policías preventivos para escoltar al grupo. Sin embargo, estas fueron conducidas a la localidad de Yosoyusi, que queda al borde de la carretera federal y no a Copala, como se requería.

Jorge Albino se volvió a comunicar con el secretario de gobierno para explicarle que el tramo peligroso era justamente el que cruza por La Sabana y que para llegar por veredas a San Juan le llevaría a los niños y las mujeres al menos 10 horas de camino inseguro. “Yo ya las dejé en tu terreno –le respondió por teléfono Evencio Martínez al representante de Copala– ahora tú muévelas de ahí.” Jorge Albino alegó la inseguridad de la carretera de terracería.

Cerca de las cuatro de la tarde Albino recibió una llamada de una autoridad de San Juan Copala informándole que las mujeres habían decidido emprender el camino de regreso caminando por la carretera. Después de una hora de caminata pasaron por La Sabana. Ahí las esperaba de nuevo Rufino Juárez y sus hombres. Las encañonaron y trataron de impedir su paso disparando al aire. Casi todas echaron a correr y lograron llegar al municipio autónomo, que ya queda a sólo 20 minutos.

Entre las mujeres que quedaron retenidas en La Sabana están: Felipa de Jesús Suárez, Martiniana Aguilera Allente, Marcelina Ramírez y Lorena Merino Martínez. Con ellas las niñas Rosario Velasco Allente, Josefa Ramírez Bautista y otra pequeña, además de dos niños de cuatro años y otro de uno.

COMUNICADO DE PRENSA ENCUENTRO NACIONAL DE PUEBLOS Y ORGANIZACIONES INDIGENAS.

COMUNICADO DE PRENSA
ENCUENTRO NACIONAL DE PUEBLOS Y ORGANIZACIONES INDIGENAS.

Los días 5 y 6 de Diciembre próximos se celebrara el Coxcatlán, Puebla, el Encuentro Nacional por la Rearticulació n del Movimiento Indígena, el cual esta siendo convocado por organizaciones y pueblos indios de Oaxaca, Puebla, Veracruz, Queretaro, Guerrero, San Luis Potosí, Baja California, DF y Jalisco.

En todo el país, los pueblos indios vienen sufriendo una escalada de violencia y despojo, asi como una abierta violación a sus derechos históricos. El Gobierno de Felipe Calderón viene ejerciendo una abierta represión en contra de los dirigentes comunitarios y en contra de los pueblos que resisten a los despojos de su territorio por parte de empresas trasnacionales. Los asesinatos, las detenciones arbitrarias y la criminalizació n son parte central de la estrategia gubernamental para abatir la resistencia indígena y para frenar los reclamos de nuestros pueblos.

La reciente detención de 228 campesinos mayas de Quintana Roo, el asesinato de Mariano Abarca en Chiapas, y el ataque al municipio autonómo de San Juan Copala en el estado de Oaxaca son sólo algunos de los brutales actos de represión que han sufrido nuestros pueblos en la última semana. Los asesinatos, el encarcelamiento y el hostigamiento en contra de comunicadores y líderes indígenas son ya un hecho cotidiano que merece una respuesta.

Hasta ahora el Movimiento Indígena Nacional se ha encontrado desarticulado y dividido; son muchas las luchas y las resistencias que se estan dando por todo el país, pero son aisladas y por ello debiles. Ante la gravedad de la situación que se vive, el Encuentro que estamos convocando, cobra una gran importancia, ya que es una iniciativa que busca crear un espacio de articulación a nivel nacional, que le permita a los pueblos indios el enfrentar las acciones de despojo y de represión que impulsa el gobierno federal; acciones que han venido generando pobreza y sufrimiento para nuestros pueblos.

Desde que asumió Felipe Calderón su cargo, es mayor la miseria en que se encuentran sumidos nuestros pueblos; más jóvenes han migrado, y más violencia se vive. Este Gobierno busca sólo el interés de los ricos y de las empresas extranjeras y es por ello que en muchos de nuestros pueblos y organizaciones ha nacido la voluntad de decir Basta y de unirnos para detener tanto castigo para nuestras gentes.

En este Encuentro, buscaremos definir las estrategias para defender nuestros territorios de los despojos que significan los megaproyectos; buscaremos la manera de defender nuestras radios comunitarias y trataremos de llegar a acuerdos para impulsar una organización nacional que nos permita detener tanto abuso y violencia.

Atentamente
FRENTE DE PUEBLOS INDIOS DE MEXICO





Ricardo García Jiménez
Presidente de la Asociación de
Periodistas Independientes de la
Mixteca A. C. (APIM)

Comunicado del Frente de los Pueblos Indigenas de Mèxico

A los Pueblos Indígenas de México y el Mundo

A los Medios de Comunicación

A las Organizaciones Sociales Democráticas y de Izquierda

Al Pueblo de México que se Organiza y Resiste contra el Neoliberalismo

Los que suscribimos en representació n del Frente de Pueblos Indígenas de México (FPIM), integrado por pueblos y organizaciones indias de los estados de Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Puebla, Campeche, Morelos, Querétaro, Jalisco y San Luis Potosí, nos manifestamos ante la decisión del nuevo Procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez de crear una Fiscalía para la Atención de Asuntos Indígenas.

La Justicia es un anhelo profundo de los pueblos Indígenas, ya que desde hace más de 500 años nuestras naciones han sufrido la violencia extrema, despojos y saqueos, así como discriminació n y racismo. Los pueblos indios de México demandamos sea cancelada la política de criminalizació n de la protesta social así como el esclarecimiento de los crímenes de decenas de líderes comunitarios y activistas, y por ello exigen el encarcelamiento de los criminales. Nuestros pueblos demandan el fin de la impunidad de que gozan asesinos como los responsables de la matanza de Acteal o de nuestras compañeras triquis Teresa Bautista y Felicitas Martínez.

Cientos de indígenas pueblan las cárceles del país, sujetos a procesos injustos y muchas veces encarcelados por el único crimen de defender su patrimonio histórico y cultural. Muchos de nuestros hermanos y hermanas han sido detenidos o asesinados por defender su tierra, sus recursos naturales, su cultura, es decir sus derechos.

Nuestros pueblos enfrentan diariamente estructuras e instituciones que solo favorecen a la clase política, a los caciques y a las grandes empresas trasnacionales, y hasta ahora la justicia sólo beneficia a los grupos de poder y deja a nuestras gentes en la indefensión, el caso de Jacinta la hermana Nañhú de Querétaro es el más difundido, pero nos preguntamos cuantas Jacintas o Jacintos hay en nuestro país? Es por ello que manifestamos:

Que la Fiscalía para Asuntos Indígenas debe de ser un instrumento que lleve justicia a nuestros pueblos y para ello debe reconocer los derechos históricos de los mismos y nuestros sistemas normativos y debe dejar de lado los vicios de caracterizan al sistema de procuración de justicia en México, plagado de corrupción y siempre al servicio de los poderosos.

El Gobierno Mexicano ha incumplido los tratados internacionales como son el Convenio 169 de la OIT, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, y viola a diario el mismo Artículo 2 de la Constitución Política e incumple los Acuerdos de San Andrés, y con ello ha dejado de reconocer que somos un país pluri-etnico, con comunidades nativas que tenemos derechos territoriales históricos y que tenemos nuestros propios sistemas normativos. Mientras ello ocurra la creación de nuevas fiscalías, solo puede ser en el mejor de los casos un elefante blanco más y en el peor un instrumento más de represión en contra de nuestros pueblos. Es por ello que demandamos que la nueva Fiscalía actúe respetando nuestros derechos y cosmovisión y erradique las prácticas funestas que caracterizan la actuación institucional en nuestro país.

Es necesario que esta Fiscalía de muestras de voluntad política y seriedad y actúe de inmediato para atender los graves casos como son los numerosos asesinatos cometidos en contra de autoridades comunitarias y líderes indígenas, como el de nuestro hermano mixteco Plácido López o de la hermana triqui Marcela Sánchez Ramírez, recientemente asesinada; es urgente que se le de libertad a las decenas de presos políticos y de conciencia, como es el caso de los indígenas zapotecas de Loxicha y se haga justicia en casos tan brutales como ha sido el de maltratos sexuales y violaciones cometidas en contra de mujeres en Atenco, Guerrero y Chiapas.

Esta Fiscalía debe proveer un castigo ejemplar a los asesinos materiales e intelectuales de 45 indígenas tzotziles en Acteal Chiapas, incluyendo al ex-Presidente Zedillo quién garantizo impunidad a los responsables de dicha matanza. Además esta Fiscalía debe de buscar el inmediato desmantelamiento de las bandas parapoliciales y paramilitares que operan abiertamente en Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

El Frente de Pueblos Indígenas de México exige a esta nueva Fiscalía sean canceladas las órdenes de aprehensión libradas en contra de indígenas de Candelaria Campeche, Ixtepec y Xadani, Oaxaca que luchan contra las altas tarifas eléctricas y la inmediata liberación de Sara López González, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borjas Contreras encarcelados en el penal de San Francisco de Koben, Campeche.

De otra forma esta nueva Fiscalía seguramente sólo será un medio para perpetuar la injusticia y la violencia en contra de nuestros pueblos. Y no sobra decir que nuestros pueblos ya están hartos de tanta injusticia y de las prácticas de funcionarios públicos que están al servicio de intereses trasnacionales. Un Bicentenario sin justicia para los pueblos indios de México representa una farsa y un pingue negocio de los gachupines y de sus empleados.

Atentamente

Omar Esparza

Coordinador. FPIM

Ricardo García Jiménez
Presidente de la Asociación de
Periodistas Independientes de la
Mixteca A. C. (APIM)

Hasta las 9 de la noche seguían las negociaciones con el gobierno

Continúan 23 policías estatales y de la PIM retenidos por pobladores en Tlahuapa

REDACCIÓN

Vecinos de Tlahuapa, localidad na savi de Alcozauca, mantenían desde el sábado retenidos a 23 agentes de la Policía del Estado y de la Policía Investigadora Ministerial que ese día arribaron, alrededor de la 3 de la tarde, y pretendieron llevarse por la fuerza a un indígena sin orden de aprehensión de por medio.

El domingo a las 9 de la noche los agentes continuaban retenidos, mientras se desarrollaban las negociaciones con funcionarios del gobierno del estado que acudieron a solicitar su liberación.

De acuerdo con la versión de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que participan en Tlahuapa en la campaña La UNAM por la alfabetización en tu comunidad, (la cual difundieron en un comunicado), el sábado 17 agentes llegaron en dos camionetas de la Policía del Estado y una camioneta blanca, uniformados, armados y encapuchados, acompañados de un civil, e “irrumpieron con violencia” en la casa de la indígena Victoria González García, alumna del colegio de Bachilleres de la cabecera y que participa en la campaña.

Según la fuente, sin argumentos de por medio esposaron a dos hermanos de la muchacha, quien les pidió la orden de cateo y la orden de aprehensión. Los agentes respondieron encañonando y amenazando de muerte a la joven. Ella pidió a su sobrina, una niña de 10 años, que avisara a los vecinos de lo que ocurría, quien logró hacerlo a través del altavoz que emplean en la localidad para comunicar los mensajes, a pesar de que un agente la agredio “física y verbalmente”.

Narra el comunicado: “toda la comunidad se concentró en las afueras de la casa impidiendo la salida de los oficiales al bloquear el paso de las patrullas con dos camionetas de volteo propiedad de la familia agredida”.

Los indígenas y los agentes dialogaron. El civil que los acompañaba, “quien en ningún momento se identificó”, argumentó que se realizaba una investigación “relacionada con un supuesto caso de secuestro. Como única prueba el hombre mostró una lista de llamadas impresa en una hoja sin membretes oficiales y sin cualquier dato que pudiera explicar el origen de los números”.

Los agentes estatales ya habían liberado a los hermanos de Victoria por la presión ejercida por los vecinos. Por parte del ayuntamiento acudió el síndico, quien condujo a los policías a la comisaría y ahí fueron desarmados. La fuente narra que los agentes habían pedido a la indígena que a cambio de la libertad de sus hermanos les entregaran 30 mil pesos.

El domingo por la mañana, dice el comunicado, decenas de policías, armados y encapuchados, se concentraron en la cabecera. Dos camionetas arribaron a Tlahuapa “provocando un altercado con la población, agrediendo a mujeres, niños y hombres”. En respuesta, los vecinos los desarmaron y detuvieron una unidad, el otro vehículo logró escapar.

Versiones de Gobernación revelaron que en ese instante eran 23 los agentes retenidos। A las 9 de la noche continuaban las negociaciones para liberarlos.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/10/26/index.php?section=sociedad&article=006n2soc

Nicaragua otorga asilo político a Pizángo

Nicaragua otorga asilo político a Pizango 
Pizango se encuentra protegido por Nicaragua; sin embargo su esposa Sonia Huiñapi de Pizango prefiere seguir en Yurimaguas con sus hijos. Así también, pueblos indígenas bases de AIDESEP aún se encuentran sin ninguna protección. 

Las razones que ha dado el gobierno de Nicaragua son de tipo humanitarias. Esto fue anunciado en la conferencia de prensa que se llevo a cabo hace pocos minutos, donde el abogado penalista Marco Barreto señalo que Pizango no es el responsable del Genocidio sucedido en Bagua. Responsabilizó al gobierno peruano de ello. 

Sin embargo, no dio una buena sustentación cuando se le pregunto sobre el liderazgo ejercido por Pizango ante la protesta indígena. Más bien tuvo basta fundamentació n para sustentar que la orden de captura de Pizango era ilegal.

“No podemos trabajar ni salir de nuestra comunidad”: Manzanares

La detención de indígenas, parte de la estrategia oficial para desaparecer a la OPIM
“No podemos trabajar ni salir de nuestra comunidad”: Manzanares

Pidieron a misión europea tramitar medidas cautelares para defensores de derechos

CITLAL GILES SANCHEZ 

Después de estar varios meses encerrado en la cárcel, no es fácil salir y hacer una vida normal, y para Orlando Manzanares Lorenzo, integrante de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaa (OPIM), quien estuvo preso durante 11 meses por un delito que no cometió, es aún peor, porque “no podemos hacer nada, no podemos trabajar, no podemos salir de nuestra comunidad, es como si estuviéramos encerrados pero dentro de nuestra casa”.

De estatura media, complexión delgada y con la tristeza reflejada en su rostro, Manzanares Lorenzo recuerda cuando fueron acusados del asesinato de Alejandro Feliciano García, un informante del Ejército, el 1º de enero de 2008. El delito lo fabricó la gente del cacique Romualdo Remigio Cantú, quien es gente del gobernador, asegura.

A un mes de que fueron puestos en libertad cuatro de los cinco me’phaa, sus sentimientos son encontrados, pues por un lado está la felicidad de estar fuera de la cárcel, pero al mismo tiempo triste porque su vida después del encierro cambió drásticamente, ya que al salir de sus viviendas corren el riesgo de ser asesinados en cualquier momento.

Su caso y el de sus compañeros causó movilizaciones y protestas e incluso hubo pronunciamientos de países de la Unión Europea y de Amnistía Internacional, hasta su liberación.

“No es fácil, no tengo trabajo, no puedo salir de mi comunidad, no puedo andar en la calle por el temor de que me vayan a matar, los cuatro que salimos no podemos andar saliendo o trabajar fuera, es una vida difícil y para mantener a la familia no se puede”, lamenta.

Deja escapar un suspiro y lamenta que la cárcel no sólo les robó la libertad, sino su vida completa, pues aunque están libres, siguen presos por el temor a que algo les suceda, “no andamos libres, no hay libertad de andar como antes y buscar estar bien; no estamos contentos ni felices, porque la verdad andamos en peligro; estamos libres, pero haz de cuenta presos, porque no podemos andar fuera de nuestra comunidad”.

Admite sentir mucha tristeza al recordar el día de su detención, y el que su compañero de lucha, Raúl Hernández Abundio, siga preso por un delito que inventó el gobierno para desbaratar la OPIM.

“Sabemos que el gobierno tiene personas en las comunidades para que lo apoyen y poder chingarnos a nosotros, el gobierno busca la manera de privar nuestra vida y desbaratar nuestra organización”.

Sostuvo que el encarcelamiento que sufrieron es por venganza del gobierno, en represalia por las exigencias que han hecho de apoyos para las comunidades indígenas, así como las denuncias hechas por las violaciones sexuales de Inés y Valentina, la esterilización de los indígenas de El Camalote, “y eso le molesta al gobierno y por eso no quiere que nos organicemos, porque no le conviene al gobierno, pero estamos dispuestos a luchar porque es nuestro derecho vivir en mejores condiciones”.

Durante la estancia de los representantes de Alemania y Francia, solicitaron que pidan al gobierno de México y de Guerrero medidas cautelares para los defensores de derechos, porque se las han negado, aunque de antemano sabe que “no nos las van a dar”.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/04/19/index.php?section=sociedad&article=004n1soc