Llevan por la fuerza al director de El Sur a la Procuraduría
Redacción
El director de El Sur, Juan Angulo Osorio, fue llevado por seis policías ministeriales a la Procuraduría General de Justicia del Estado, y detenido ahí cerca de cuatro horas, para que declarara sobre el asesinato del coordinador del Congreso del Estado, el diputado perredista Armando Chavarría Barrera.
Los fiscales que le hicieron unas 50 preguntas, el regional de la zona Centro, Jesús Miranda y el especial de delitos graves, Fernando Monreal Leyva, no le informaron el porqué del citatorio a un periodista en la investigación de un crimen del que no es testigo, pero sí reconocieron que en el expediente está incluido un artículo escrito por Angulo Osorio, publicado en El Sur el 3 de septiembre, titulado “Las líneas de investigación. La contrainsugencia”.
Al final, el procurador en funciones, Albertico Guinto Sierra, intervino en el cuestionario y preguntó sobre señalamientos de Angulo Osorio acerca de la fijación del gobernador, Zeferino Torreblanca Galindo, para obligarlo a presentarse a declarar a la Procuraduría. Y de nada qué ver con la materia del expediente del crimen de Chavarría.
El funcionario fue particularmente incisivo y hostil cuando el periodista hizo referencia al artículo que escribió como el evidente motivo del citatorio, lo que –dijo– es una violación a la libertad de expresión. Guinto preguntó cómo sabe que ese artículo está en el expediente, cómo obtuvo la copia del mismo, el nombre de la persona que se lo dio. Las preguntas del procurador de facto hicieron ver el interés particular de éste en el artículo priodístico mencionado.
La medida de fuerza contra el director de El Sur se ejecutó a las 6 y media de la tarde aproximadamente, en la entrada al edificio donde se ubica la redacción del periódico en Chilpancingo, en el centro de la ciudad, junto a la librería Macondo de la calle Teófilo Olea y Leyva.
Ahí Angulo Osorio fue rodeado por los seis policías, que le mostraron una orden de presentación para llevarlo a hacer una declaración ministerial sobre el homicidio de Chavarría Barrera. Lo inmovilizaron, y por la fuerza lo subieron a una camioneta cerrada, como las que usan para el traslado de presuntos delincuentes que son detenidos, y lo sentaron en un mismo asiento con otro agente ministerial. Alcanzó a llamar por teléfono desde su celular y pudo avisar a El Sur, pero cuando ya estaba a bordo de la camioneta y se lo estaban llevando camino a la Procuraduría algo bloqueó la señal y no pudo hacer ni recibir ninguna llamada más.
Ya en la oficina de la fiscalía, donde estuvo acompañado por la defensora de derechos humanos Aurora Muñoz y la reportera María Isabel Gutiérrez, Angulo Osorio ratificó el contenido de dos escritos que en respuesta a dos citatorios había enviado a la Procuraduría, en los que señaló: “fui citado a declarar como periodista, por lo que escribí y por lo que se publica en el priódico El Sur, y con esto se están violando mis derechos constitucionales. Los periodistas escribimos y publicamos sobre los asuntos de interés público, pero no somos testigos de los hechos para que nos citen a comparecer en una investigación, los citatorios que me hicieron y mi traslado aquí a la fuerza violan mis derechos constitucionales, porque nadie puede ser molestado por lo que escribe”.
Dijo que en 16 años que tiene El Sur, la única relación que tuvo con Armando Chavarría Barrera fue la de un periodista con una fuente de información. “Lo que estoy diciendo es que si estoy aquí es en mi condición de periodista, y amparado en los artículos sexto y séptimo de la Constitución no puedo ser molestado por ninguna autoridad en razón de mis escritos o de lo que se publica en el periódico del que soy director general”.
A la tercera pregunta, si conoce a la familia del diputado Armando Chavarría Barrera, el “presentado”, como se le identificó durante toda la diligencia, dijo: “No puedo seguir contestando porque se están violando mis derechos constitucionales. No es una actitud de falta de colaboración con la investigación, ni de resistencia a la autoridad, sino de defensa de un principio, la libertad de expresión, en que se basa el oficio periodístico”.
Siguieron cerca de 50 preguntas, que según los mismos fiscales son las que ellos han hecho a 80 testigos que han declarado, algunas sobre la familia de Chavarría, la esposa y otras mujeres, es decir, lo que han llamado el entorno personal de la víctima. En otro bloque preguntaron sobre el entorno político: si sabe si Chavarría tuvo diferencias o desencuentos con el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, con el contralor del estado, con algún diputado de la 59 legislatura, con algún diputado federal o senador, si cree que el asesinato de Chavarría tuvo motivos políticos y hasta si cree que tenía posibilidades de ganar la gubernatura.
Otro bloque de preguntas es acerca de la guerrilla. Le preguntaron si conoció personalmente a los dirigentes mixtecos asesinados en Ayutla en febrero de este año, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas y si conoció a Omar Guerrero Solís, el comandante Ramiro del Ejército Revolucionario del Pueblo Insuergente (ERPI). La respuesta de Angulo Osorio siempre fue la misma, y el mismo texto se copió abajo de cada pregunta.
Como se hace en cualquier interrogatorio, al final los fiscales dieron oportunidad “al presentado” de manifestar lo que quisiera, y Angulo dijo que “considero que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero no está obligada a cumplir órdenes que violan la Constitución General de la República, aunque estas órdenes vengan del gobernador del estado, quien ha sido el principal interesado en que se me obligue a rendir declaración ministerial, en un caso del cual yo sólo tengo conocimiento por mi labor periodística”.
Guinto aprovechó entonces para cuestionar al director de El Sur por esos señalamientos contra el gobernador Torreblanca Galindo. Le preguntó por qué considera que el gobernador del estado dio la orden de que fuera presentado. Respondió que Torreblanca Galindo dijo en actos públicos que todos debían declarar en la Procuraduría en torno al caso y que no sólo publicaran en los medios de comunicación, “en referencia directa al periódico del que soy director, que ha seguido puntualmnte todas las manifestaciones de protesta posteriores al asesinato del diputado Armando Chavarría”.
Guinto preguntó también, que diga el presentado por qué manifiesta que el gobernador es el principal interesado en que se le obligue a declarar. Y el periodista respondió que el mismo gobernador lo ha dicho, y agregó: “Creo que el gobenador se vio obligado por la opinión pública a rendir una declaración sobre el caso, misma que hizo por escrito y más de dos meses después de los acontecimintos cuando ya habían declarado antes diputados, senadores y dirigentes políticos. El gobernador dijo que ya había puesto el ejemplo yendo a declarar, aunque no fue el primer actor político en hacerlo, y comenzó a hacer declaraciones periodísticas diciendo que si ya había declarado el gobernador porqué no iba a declarar un periodista, confirmando de paso que se me estaba citando por mi labor periodística.
“Y reitero que Torreblanca Galindo es el principal interesado porque a pregunta de un reportero de El Sur de que si todos los periodistas que han escrito sobre el asesinato de Armando Chavarría serían llamados a declarar, respondió: ‘el director de su periódico tiene que presentarse a declarar’, lo que indica una fijación personal en este asunto”.
Más adelante Guinto volvió al tema, cuando preguntó al periodista si tiene pruebas del interés del gobrnador en que dclarara, y Angulo respondió: “Las pruebas son lo que se ha publicado, sobre todo en El Sur, que ha seguido el caso de los citatorios que se me han hecho”.
Guinto cuestionó si en el interrogatorio se le preguntó algo relacionado con su labor periodística. Juan Angulo dijo que no, “pero ni en los citatorios ni en la diligencia me han explicado los motivos por los que fui presentado a declarar en contra de mi voluntad y en violación de mis derechos constitucionales”.
Insistió el funcionario con la pregunta de si en el interrogatorio se le inquirió en relación con su artículo publicado sobre el homicidio de Armando Chavarría. Y la respuesta fue: “Contesto lo que he contestado, yo no tengo porqué estar aquí, la única relación que tuve con la víctima fue de periodista con una fuente de información. Además, en el expediente del caso se incluye una copia del artículo que yo escribí en El Sur...”.
–Qué diga cuándo –interrumpió Guinto.
–El 3 de septiembre –dijo el periodista
Entonces Guinto, ya lejos de la búsqueda de algún dato para esclarecer el asesinato de Chavarría, le preguntó si ha tenido a la vista el expediente. Angulo Osorio dijo que tiene una fotocopia de su artículo sacada del expediente, con las características de los documentos incluidos en éste.
Y el procurador de facto siguió con preguntas acerca de cómo obtuvo esa copia, quién le proporcionó ese documento, que diga el nombre de la persona que se lo dio. Angulo dijo que son fuentes periodísticas que no está obligado a revelar.
La preguntó, casi al final, si recibió un mal trato de los policías que lo llevaron a declarar o en la diligencia, y dijo que esta diligencia es en sí un mal trato, porque se origina en una violación de los derechos constitucionales.
Maniobra legaloide para detener a un periodista
La detención del director de El Sur de este martes fue la culminación de días de persecución y acoso de agentes de la Procuraduría, y del uso de declaraciones falsas ante un juez federal y de maniobras de apariencia legal.
Juan Angulo demandó amparo de la justicia federal contra la orden de presentación el 14 de diciembre, cuando supo que el martes 8 se había girado la orden y que se había intentado ejecutar el miércoles 9 y el viernes 11, cuando policías ministeriales estuvieron al acecho frente a la redacción de El Sur. Pero ante el juez primero de distrito, el procurador, el fiscal y el director de la Policía Investigadora Ministerial negaron que existiera esa orden. Después a la orden girada le pusieron la fecha 18 de diciembre, para eludir sus responsabilidades ante el juez que lleva la demanda de amparo.
Eso no importó a los fiscales, y antes del interrogatorio, cuando el director de El Sur les hizo ver que estaban violando además un procedimiento ante el juzgado, Miranda sólo dijo que eso sólo podría determinarlo el juez. Mientras, el director de El Sur ya había sido llevado a la fuerza a la Procuraduría.
Antes, el procurador de facto y el gobernador rechazaron las medidas cautelares que promovió la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero para queJuan Angulo no fuera llevado por la fuerza a la Procuraduría y para que se respetara la libertad de expresión. Dichos funcionarios tampoco admitieron las mismas medidas cautelares que pidió después la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
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