Masacre de campesinos en Totonicapán

MARTES 09 DE OCTUBRE DE 2012 17:13

Una protesta pacífica de indígenas k'iches contra el alza de las tarifas eléctricas, la instalación de hidroeléctricas y la política minera, fue innecesariamente reprimida el jueves por el Ejército, lo que provocó ocho muertos y más de treinta heridos de bala entre los civiles. Del otro lado, ocho soldados recibieron golpes y rasguños. Fuente: Servindi El Centro de Medios Independientes de Guatemala (CMI-G) reportó en su cuenta de facebook que los muertos civiles durante la jornada de protesta se elevó a nueve con los fallecidos en cuatro caminos en el occidente del país y la muerte en la mañana de hoy de un estudiante que se hallaba con heridas de gravedad. El Centro señala que hay heridos por esquirlas de granada de fragmentación, situación que coincide con las denuncias del sobrevuelo de helicópteros militares quienes serían los responsables de estas agresiones. Los nombres de siete de las víctimas confirmadas el jueves son: Rafael Nicolás Batz Menchú, José Eusebio Puac Ordóñez, Jesús Francisco Ordóñez, Santos Nicolás Menchú Fernández, Jesús Baltazar Puac, Arturo Felix Sapón Yax y Domingo Pascual Solís. La brutal agresión criminal fue condenada por organizaciones nacionales e internacionales que exigen investigar y sancionar a los responsables de las víctimas que fueron sepultadas el viernes, acompañadas por más de cinco mil personas en un clima de dolor e indignación. La protesta fue organizada por miles de indígenas pertenecientes a 48 cantones del departamento de Totonicapán, unos 170 km al oeste de la capital, la que bloqueó tramos de la carretera interamericana. Las demandas principales eran rechazar el alza de la energía eléctrica por parte de la empresa inglesa Energuate (antes DEOCSA), rechazar las reformas constitucionales así como la extensión de la carrera magisterial, tres peticiones respaldadas por el movimiento popular nacional. El Consejo Político 13 Baktún indica que el sector empresarial obtiene grandes ganancias con tarifas abusivas aprovechando los ríos para obtener energía; que la reforma magisterial pretende profundizar la privatización de la educación y que la reforma constitucional del Presidente busca favorecer a grandes empresarios y eliminar derechos indígenas. Dicho consejo, constituido por actores sociales y políticos mayas, instó a la comunidad internacional a crear una comisión para observar de manera permanente los hechos de represión, militarización y persecución de indígenas y líderes comunitarios de varias regiones del país.? El quiebre de la paz La acción de violencia rompió el clima de diálogo iniciado y ha sido calificada como la "primera masacre militar" contra indígenas luego de la firma de la paz en 1996 afirmó un activista político y exguerrillero guatemalteco. "Lo ocurrido en Totonicapán es la primera masacre, después de la firma de la paz, en contra de la población indígena", declaró a la agencia Efe Miguel Ángel Sandoval, activista político y exguerrillero guatemalteco. El acuerdo de paz puso fin a una guerra interna de 36 años (1960-1996). "Fue una agresión brutal e innecesaria" en contra de pobladores que "manifestaban su inconformidad" con decisiones y políticas del Gobierno. "Fue una masacre, una violación grosera a los acuerdos de paz, de la que se deben deducir responsabilidades penales" agregó Sandoval. El nuevo gobierno está encabezado por el ex general del Ejército de Guatemala Otto Pérez Molina, y las principales ocho carteras de su gobierno están en manos de militares retirados. Además, en la función pública se encuentran un gran número de militares egresados de caibil, una especialidad de legionario en el ejército guatemalteco. Condena a la violencia y la militarización Instituciones de derechos humanos expresaron su temor de que se reinicie una espiral de violencia y muerte que conduzca al país al abismo y al genocidio, en especial afectando a los pueblos indígenas, como ocurrió en el pasado. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala (Oacnudh) condenó la muerte de los indígenas y los más de 40 heridos ocasionados en la zona suroccidental del departamento de Totonicapán. La Oacnudh expresó su solidaridad con las familias de las víctimas fatales así como su respaldo a las comunidades indígenas, particularmente con los 48 cantones de Totonicapán. Los hechos A pesar de las diversas versiones sobre los hechos las evidencias confirman que fueron agentes antidisturbios de la Policía Nacional Civil y del Ejército quienes iniciaron los disparos contra los manifestantes, temerosos de ser agredidos. Las fuerzas de seguridad pretendían desbloquear varios tramos de la carretera interamericana con lacrimógenas y en medio de la trifulca un grupo de militares abrió fuego. Lo curioso es que mientras ocurrían los incidentes, el jefe de Estado Otto Pérez se reunía en Casa Presidencial con los representantes comunitarios para discutir sobre sus peticiones. Incluso, según Mauricio López Bonilla, ministro de Gobernación, el mandatario habría dado la orden para dejar sin presencia policial y militar el sector en conflicto, de acuerdo a una exigencia de los delegados indígenas. Gilberto Pérez, presidente de la Asociación de Alcaldes Indígenas de Totonicapán, afirmó que el ataque se produjo a pesar que la manifestación era pacífica y la gente no portaba armas de ningún tipo. El presidente guatemalteco, Otto Pérez, aseguró el jueves que el ataque no provino de los soldados sino de civiles que pasaban por el lugar a bordo de un camión. Sin embargo, luego modificó su versión. El viernes, el presidente aceptó que los militares "dispararon" pero "al aire". "Temieron por su vida porque estaban diciendo que los iban a incendiar y a quemar", admitió el mandatario al detallar que de los 11 soldados que iban armados siete accionaron sus fusiles. Fotografías que muestran a un soldado con fusil en mano en posición de ataque, y testimonios de los manifestantes desmienten la versión presidencial y acusan a los militares de disparar de forma indiscriminada. Además, se han hallado casquillos de munición para fusiles M-16, utilizados por el Ejército para acciones de guerra. Su uso en la represión de protestas ciudadanas constituye tortura según resoluciones del Comité de Naciones Unidas Contra la Tortura. Sociedad civil exige desmilitarización y democracia Un manifiesto de una amplia red de organizaciones sociales de Guatemala observó que el Estado de Guatemala ha sido sancionado en reiteradas ocasiones por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por usar armas de guerra en acciones de control civil. Exigen la desmilitarización de las fuerzas de seguridad, el retiro de unidades militares en acciones de seguridad pública, derogar el decreto 40-2000 que faculta los patrullajes conjuntos y se retomen los acuerdos de paz, "en particular el Acuerdo de Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática -AFPC-". Finalmente, llamaron a las autoridades políticas, legislativas y sector privado a que se abandonen las prácticas autoritarias y se asuman normas de convivencia democrática real y no demagógica, que corresponden a una cultura democrática en el marco del estado de derecho. — A continuación reproducimos dos comunicados relacionados: No al retorno de la represión militar en Guatemala Guatemala, 4 de octubre de 2012 Ante los hechos de violencia suscitados el Jueves 4 de octubre, las organizaciones sociales y de derechos humanos abajo firmantes, denunciamos: La tarde del Jueves 4 de octubre, el Comité de los 48 Cantones de Totonicapán, estructura ancestral de representación legítima de su pueblo, fue violentamente reprimido por fuerzas del Ejército presentes en el kilómetro 170 de la ruta interamericana, en respuesta a la manifestación que realizaron en rechazo a la reforma constitucional, la reforma de la carrera magisterial y el alto costo de la energía eléctrica. Resultado de la intervención armada de gobierno, hay cuatro personas fallecidas, cerca de 18 heridos y varias personas intoxicadas. La acción violenta de las autoridades se produce en el marco de un encuentro que sostendrían los representantes de los 48 Cantones con el comisionado para el diálogo, Miguel Ángel Balcárcel en vista de que el presidente de la República Otto Pérez Molina, no asistió al encuentro. Los líderes de los 48 Cantones estuvieron en Casa Presidencial a la espera del gobernante, mientras el Ejército accionaba en contra de la población en el kilómetro 170 de la ruta interamericana. El uso de fuerzas combinadas con presencia militar y con armas de fuego, ante una acción ciudadana de protesta y reclamo en ejercicio pleno de derechos universalmente reconocidos y nacionalmente garantizados, es una muestra de la violencia por parte del Estado, que se muestra incapaz de actuar en correspondencia con una cultura democrática y en el marco del estado de derecho. El empleo de efectivos militares y el uso de armas de fuego en acciones de desalojos o intervención en manifestaciones o reuniones públicas, según resoluciones del Comité de Naciones Unidas Contra la Tortura, constituye tortura, situación por la cual el Estado de Guatemala ha sido sancionado en reiteradas ocasiones por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La acción autoritaria y de negación al sostenimiento de un diálogo efectivo que busque resolver los problemas reales de la población, el abandono histórico y el discurso demagógico violentan los derechos fundamentales que buscan la dignidad de pueblos y personas. Ante dicha situación, demandamos A la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), la investigación profunda de los hechos y la emisión inmediata de la resolución que permita, identificar a los responsables de las violaciones de derechos humanos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad. Al Ministerio Público (MP), iniciar proceso penal en contra de los funcionarios que resulten responsables de estos hechos sangrientos, así como del accionar arbitrario y violento de las fuerzas de seguridad civiles y militares. Al gobierno de Guatemala, proporcionar a las autoridades de PDH y MP, toda la información relativa a los nombres de los funcionarios al mando de las unidades involucradas, el plan de operaciones, así como el detalle de las instrucciones transmitidas desde la ciudad capital tanto desde el Ministerio de Gobernación como de Defensa, hacia el lugar de los hechos. Asimismo, retirar temporalmente de sus posiciones a los funcionarios involucrados quienes por acción o por omisión resultan comprometidos en los hechos ocurridos. Al presidente de la República Otto Pérez Molina, la inmediata desmilitarización de las fuerzas de seguridad, así como el retiro de unidades militares en acciones de seguridad pública. Al Congreso de la República, la derogatoria del decreto 40-2000 que faculta los patrullajes conjuntos y que se retome el carácter de ley que tienen los acuerdos de paz, en particular el Acuerdo de Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática -AFPC-. Llamamos a las autoridades políticas, legislativas y sector privado a que se abandonen estas prácticas autoritarias y que se asuman normas de convivencia democrática real y no demagógica. A las comunidades y dirigentes de los 48 Cantones de Totonicapán, a las familias de las personas fallecidas, heridas y afectadas por estos hechos, manifestamos nuestra solidaridad profunda y nuestro compromiso de acompañarles en la búsqueda de justicia por estos hechos dolorosos. Guatemala, 4 de octubre de 2012 Convergencia por los Derechos Humanos Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos -CALDH- Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos -CIIDH- Fundación Sobrevivientes Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala -ICCPG- Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala -ODHAG- Seguridad en Democracia -SEDEM- Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos-Guatemala -UDEFEGUA- Asociación Departamental de Jóvenes Kaji Batz Asociación Familiares de Desaparecidos de Guatemala -FAMDEGUA- Asociación para la Cultura y el Desarrollo-ACUDE Asociación para la Justicia y Reconciliación, AJR Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas, CAFCA Centro de Estudios de Guatemala -CEG- Colectiva Lésbica Todas Somos Conferencia de Religiosos y Religiosas de Guatemala, CONFREGUA Coordinación Genocidio Nunca Más Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib' Kej Coordinadora Juventud por Guatemala Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, CONAVIGUA, Defensoría Maya Chortí Equipo Comunitario de Apoyo Psicosocial -ECAP- Fundación Rigoberta Menchú Tum Grupo Verdad y Justicia por el Diario Militar HIJOS Guatemala Pastoral Juvenil, Obispado de San Marcos Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas, UNAMG Sector de Mujeres — No al pasado de represión, masacres y control militar Ante la represión policial y militar del actual Gobierno contra las Comunidades y las Autoridades de los 48 Cantones de Totonicapán el día de hoy, 4 de octubre del año 2012, el CONSEJO POLITICO 13 BAKTUN, expresa: Nuestro profundo y completo rechazo a la política de regreso al pasado de represión, masacres y control militar del actual Gobierno de Guatemala contra las Comunidades y las Autoridades de los 48 cantones de Totonicapán. Los vecinos han informado de más de 8 muertos y más de 40 heridos. Nuestro completo apoyo a las demandas de las Comunidades y Autoridades de los 48 Cantones de Totonicapán que son: Rechazo al aumento del precio de la energía eléctrica. Los empresarios roban nuestros ríos para sacar energía eléctrica, hacen grandes negocios hacia fuera y no tenemos luz o tenemos que pagarla muy cara. Rechazo a la reforma educativa del magisterio que solo tiene el propósito de seguir privatizando la educación. Rechazo a la reforma constitucional del Presidente que solo busca favorecer a los grandes empresarios y eliminar nuestros derechos indígenas. Llamamos a las Comunidades Mayas, Xinka, Garífuna y a toda la sociedad guatemalteca dar cualquier forma de apoyo solidario a las Comunidades y Autoridades de los 48 Cantones de Totonicapán. No permitamos que regrese el pasado de represión, masacres y control militar sobre nuestras Comunidades. Llamamos a las Comunidades de las distintas regiones del país rechazar el uso abusivo, comercial y racista del actual Gobierno que junto con los empresarios están haciendo grandes negocios millonarios con nuestros valores culturales y lugares sagrados mayas, mientras están reprimiendo y militarizando a nuestras comunidades indígenas. Llamamos a la Comunidad Internacional, a la creación de una comisión de observación permanente sobre los hechos de represión, militarización de regiones indígenas y persecución de los líderes comunitarios de Barillas, San Juan Sacatepéquez, Región del Polochic, Ixcán, Sayaxché, Petén, Izabal, Región Ixil y otras regiones del país. Consejo Político 13 Baktun Iximulew, Día 4 IQ', AÑO 13 NO'J, KATUN 20, BAKTUN 13. Guatemala, 4 de octubre del 2012 http://www.noalamina.org/mineria-latinoamerica/mineria-guatemala/masacre-de-campesinos-en-totonicapan

Las Patronas que alimentan migrantes en México

Al escuchar el silbato del tren que se acerca, Norma Romero y sus compañeras corren a las vías, cargadas de cajas con bolsas de plástico llenas de arroz, pan y frijoles.

En el convoy, que a veces viaja hasta a 50 kilómetros por hora, cuelgan migrantes centroamericanos que cruzan México en los trenes de carga.

Las mujeres levantan la mano con bolsas de comida y botellas llenas de agua, y las entregan a los indocumentados que se aferran al pasamanos de los vagones.

En pocos minutos Norma y sus compañeras entregan decenas de bolsas de comida y agua, que no pocas veces han salvado la vida a quienes las reciben, pues muchos indocumentados pasan varios días sin comer ni beber agua en su camino desde el sur de México hasta la frontera con Estados Unidos.

El lugar donde encuentran alivio es la comunidad rural de La Patrona, en Veracruz, al sureste del país. Desde hace más de 17 años un grupo de 14 mujeres prepara diariamente raciones de comida y agua para entregar a los migrantes que viajan en los ferrocarriles.

A estas mujeres se les conoce como Las Patronas, no sólo por el sitio donde ayudan a los indocumentados, sino como una forma de reconocimiento.

Autoridad

En México se llama patrona a una mujer con autoridad, pero también a quien cuida de personas vulnerables.

Y eso es lo que hacen todos los días, le dice a BBC Mundo Norma Romero.

"Este trabajo es algo cansadito, pero cada vez que damos de comer a los migrantes y vemos sus sonrisas, nos reconfortamos".

Las Patronas no saben a cuántas personas indocumentadas han alimentado, pero pueden ser son miles.

Cada año, el gubernamental Instituto Nacional de Migración (INM), detiene a más de 100.000 personas, casi todas originarias de Centroamérica, que entran al país sin documentos por su frontera sur. La mayoría cruza el país en trenes de carga.

Según organizaciones civiles, este número representa sólo una parte de los migrantes que intentan llegar a Estados Unidos a través de México.

Pan y arroz

Casi toda la comida que entregan a los migrantes proviene de donaciones que consiguen Las Patronas entre organizaciones civiles, universidades y comercios locales.

En las escuelas vecinas, por ejemplo, realizan colectas de envases vacíos de PET que las mujeres llenan de agua. Una cadena comercial les regala el pan que no puede vender en sus vitrinas, y la iglesia católica de Córdoba, la ciudad más cercana a su comunidad rural, ha destinado un día semanal para colectar ayuda para los migrantes que ayuda el grupo.

No siempre fue así. Al principio, en 1997, la familia de Norma Romero compraba el arroz y frijoles que regalaban en las vías.

Por esos días el número de indocumentados en el ferrocarril era bajo, unas decenas en cada convoy, recuerda Norma.

Sin embargo, a partir de 2000 la cantidad de migrantes aumentó, y entonces por la comunidad empezaron a cruzar trenes con cientos de personas sobre los vagones.

Las Patronas alimentaron a quienes podían pero en 2007 se difundió el documental De Nadie, que narra su trabajo en las vías, y a partir de ese momento algunas organizaciones civiles les apoyaron con recursos para mantener su tarea.

Pero a veces la ayuda no basta, le dice a BBC Mundo Daniela Romero, una de las integrantes más jóvenes del grupo.

"A veces los trenes llegan con 500, 600 personas, y no les podemos dar a todos", cuenta.

Zetas

Para los migrantes sin documentos cruzar México es un viaje peligroso, reconocen autoridades y organizaciones civiles.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) afirma que cada año, en promedio, unos 20.000 centroamericanos son secuestrados por bandas controladas por el cartel de Los Zetas, uno de los grupos de narcotráfico más peligrosos de México y Centroamérica.

No se sabe el número de migrantes que son asesinados o heridos en el viaje desde el sur mexicano hasta la frontera estadounidense, un trayecto de unos 3.000 kilómetros.

Los gobiernos de México, El Salvador, Honduras y Guatemala han acordado protocolos para proteger a las personas indocumentadas. Pero las agresiones en su contra no cesan, advierte la CNDH.

Un tema que Las Patronas conocen de cerca. "A veces llegan muchachos golpeados, algunos heridos", cuenta Norma Romero. "Ayudamos en la medida de lo posible".

http://noticias.terra.com.mx/mundo/las-patronas-que-alimentan-migrantes-en-mexico,178c414caf799310VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html