Masacre de campesinos en Totonicapán

MARTES 09 DE OCTUBRE DE 2012 17:13

Una protesta pacífica de indígenas k'iches contra el alza de las tarifas eléctricas, la instalación de hidroeléctricas y la política minera, fue innecesariamente reprimida el jueves por el Ejército, lo que provocó ocho muertos y más de treinta heridos de bala entre los civiles. Del otro lado, ocho soldados recibieron golpes y rasguños. Fuente: Servindi El Centro de Medios Independientes de Guatemala (CMI-G) reportó en su cuenta de facebook que los muertos civiles durante la jornada de protesta se elevó a nueve con los fallecidos en cuatro caminos en el occidente del país y la muerte en la mañana de hoy de un estudiante que se hallaba con heridas de gravedad. El Centro señala que hay heridos por esquirlas de granada de fragmentación, situación que coincide con las denuncias del sobrevuelo de helicópteros militares quienes serían los responsables de estas agresiones. Los nombres de siete de las víctimas confirmadas el jueves son: Rafael Nicolás Batz Menchú, José Eusebio Puac Ordóñez, Jesús Francisco Ordóñez, Santos Nicolás Menchú Fernández, Jesús Baltazar Puac, Arturo Felix Sapón Yax y Domingo Pascual Solís. La brutal agresión criminal fue condenada por organizaciones nacionales e internacionales que exigen investigar y sancionar a los responsables de las víctimas que fueron sepultadas el viernes, acompañadas por más de cinco mil personas en un clima de dolor e indignación. La protesta fue organizada por miles de indígenas pertenecientes a 48 cantones del departamento de Totonicapán, unos 170 km al oeste de la capital, la que bloqueó tramos de la carretera interamericana. Las demandas principales eran rechazar el alza de la energía eléctrica por parte de la empresa inglesa Energuate (antes DEOCSA), rechazar las reformas constitucionales así como la extensión de la carrera magisterial, tres peticiones respaldadas por el movimiento popular nacional. El Consejo Político 13 Baktún indica que el sector empresarial obtiene grandes ganancias con tarifas abusivas aprovechando los ríos para obtener energía; que la reforma magisterial pretende profundizar la privatización de la educación y que la reforma constitucional del Presidente busca favorecer a grandes empresarios y eliminar derechos indígenas. Dicho consejo, constituido por actores sociales y políticos mayas, instó a la comunidad internacional a crear una comisión para observar de manera permanente los hechos de represión, militarización y persecución de indígenas y líderes comunitarios de varias regiones del país.? El quiebre de la paz La acción de violencia rompió el clima de diálogo iniciado y ha sido calificada como la "primera masacre militar" contra indígenas luego de la firma de la paz en 1996 afirmó un activista político y exguerrillero guatemalteco. "Lo ocurrido en Totonicapán es la primera masacre, después de la firma de la paz, en contra de la población indígena", declaró a la agencia Efe Miguel Ángel Sandoval, activista político y exguerrillero guatemalteco. El acuerdo de paz puso fin a una guerra interna de 36 años (1960-1996). "Fue una agresión brutal e innecesaria" en contra de pobladores que "manifestaban su inconformidad" con decisiones y políticas del Gobierno. "Fue una masacre, una violación grosera a los acuerdos de paz, de la que se deben deducir responsabilidades penales" agregó Sandoval. El nuevo gobierno está encabezado por el ex general del Ejército de Guatemala Otto Pérez Molina, y las principales ocho carteras de su gobierno están en manos de militares retirados. Además, en la función pública se encuentran un gran número de militares egresados de caibil, una especialidad de legionario en el ejército guatemalteco. Condena a la violencia y la militarización Instituciones de derechos humanos expresaron su temor de que se reinicie una espiral de violencia y muerte que conduzca al país al abismo y al genocidio, en especial afectando a los pueblos indígenas, como ocurrió en el pasado. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala (Oacnudh) condenó la muerte de los indígenas y los más de 40 heridos ocasionados en la zona suroccidental del departamento de Totonicapán. La Oacnudh expresó su solidaridad con las familias de las víctimas fatales así como su respaldo a las comunidades indígenas, particularmente con los 48 cantones de Totonicapán. Los hechos A pesar de las diversas versiones sobre los hechos las evidencias confirman que fueron agentes antidisturbios de la Policía Nacional Civil y del Ejército quienes iniciaron los disparos contra los manifestantes, temerosos de ser agredidos. Las fuerzas de seguridad pretendían desbloquear varios tramos de la carretera interamericana con lacrimógenas y en medio de la trifulca un grupo de militares abrió fuego. Lo curioso es que mientras ocurrían los incidentes, el jefe de Estado Otto Pérez se reunía en Casa Presidencial con los representantes comunitarios para discutir sobre sus peticiones. Incluso, según Mauricio López Bonilla, ministro de Gobernación, el mandatario habría dado la orden para dejar sin presencia policial y militar el sector en conflicto, de acuerdo a una exigencia de los delegados indígenas. Gilberto Pérez, presidente de la Asociación de Alcaldes Indígenas de Totonicapán, afirmó que el ataque se produjo a pesar que la manifestación era pacífica y la gente no portaba armas de ningún tipo. El presidente guatemalteco, Otto Pérez, aseguró el jueves que el ataque no provino de los soldados sino de civiles que pasaban por el lugar a bordo de un camión. Sin embargo, luego modificó su versión. El viernes, el presidente aceptó que los militares "dispararon" pero "al aire". "Temieron por su vida porque estaban diciendo que los iban a incendiar y a quemar", admitió el mandatario al detallar que de los 11 soldados que iban armados siete accionaron sus fusiles. Fotografías que muestran a un soldado con fusil en mano en posición de ataque, y testimonios de los manifestantes desmienten la versión presidencial y acusan a los militares de disparar de forma indiscriminada. Además, se han hallado casquillos de munición para fusiles M-16, utilizados por el Ejército para acciones de guerra. Su uso en la represión de protestas ciudadanas constituye tortura según resoluciones del Comité de Naciones Unidas Contra la Tortura. Sociedad civil exige desmilitarización y democracia Un manifiesto de una amplia red de organizaciones sociales de Guatemala observó que el Estado de Guatemala ha sido sancionado en reiteradas ocasiones por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por usar armas de guerra en acciones de control civil. Exigen la desmilitarización de las fuerzas de seguridad, el retiro de unidades militares en acciones de seguridad pública, derogar el decreto 40-2000 que faculta los patrullajes conjuntos y se retomen los acuerdos de paz, "en particular el Acuerdo de Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática -AFPC-". Finalmente, llamaron a las autoridades políticas, legislativas y sector privado a que se abandonen las prácticas autoritarias y se asuman normas de convivencia democrática real y no demagógica, que corresponden a una cultura democrática en el marco del estado de derecho. — A continuación reproducimos dos comunicados relacionados: No al retorno de la represión militar en Guatemala Guatemala, 4 de octubre de 2012 Ante los hechos de violencia suscitados el Jueves 4 de octubre, las organizaciones sociales y de derechos humanos abajo firmantes, denunciamos: La tarde del Jueves 4 de octubre, el Comité de los 48 Cantones de Totonicapán, estructura ancestral de representación legítima de su pueblo, fue violentamente reprimido por fuerzas del Ejército presentes en el kilómetro 170 de la ruta interamericana, en respuesta a la manifestación que realizaron en rechazo a la reforma constitucional, la reforma de la carrera magisterial y el alto costo de la energía eléctrica. Resultado de la intervención armada de gobierno, hay cuatro personas fallecidas, cerca de 18 heridos y varias personas intoxicadas. La acción violenta de las autoridades se produce en el marco de un encuentro que sostendrían los representantes de los 48 Cantones con el comisionado para el diálogo, Miguel Ángel Balcárcel en vista de que el presidente de la República Otto Pérez Molina, no asistió al encuentro. Los líderes de los 48 Cantones estuvieron en Casa Presidencial a la espera del gobernante, mientras el Ejército accionaba en contra de la población en el kilómetro 170 de la ruta interamericana. El uso de fuerzas combinadas con presencia militar y con armas de fuego, ante una acción ciudadana de protesta y reclamo en ejercicio pleno de derechos universalmente reconocidos y nacionalmente garantizados, es una muestra de la violencia por parte del Estado, que se muestra incapaz de actuar en correspondencia con una cultura democrática y en el marco del estado de derecho. El empleo de efectivos militares y el uso de armas de fuego en acciones de desalojos o intervención en manifestaciones o reuniones públicas, según resoluciones del Comité de Naciones Unidas Contra la Tortura, constituye tortura, situación por la cual el Estado de Guatemala ha sido sancionado en reiteradas ocasiones por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La acción autoritaria y de negación al sostenimiento de un diálogo efectivo que busque resolver los problemas reales de la población, el abandono histórico y el discurso demagógico violentan los derechos fundamentales que buscan la dignidad de pueblos y personas. Ante dicha situación, demandamos A la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), la investigación profunda de los hechos y la emisión inmediata de la resolución que permita, identificar a los responsables de las violaciones de derechos humanos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad. Al Ministerio Público (MP), iniciar proceso penal en contra de los funcionarios que resulten responsables de estos hechos sangrientos, así como del accionar arbitrario y violento de las fuerzas de seguridad civiles y militares. Al gobierno de Guatemala, proporcionar a las autoridades de PDH y MP, toda la información relativa a los nombres de los funcionarios al mando de las unidades involucradas, el plan de operaciones, así como el detalle de las instrucciones transmitidas desde la ciudad capital tanto desde el Ministerio de Gobernación como de Defensa, hacia el lugar de los hechos. Asimismo, retirar temporalmente de sus posiciones a los funcionarios involucrados quienes por acción o por omisión resultan comprometidos en los hechos ocurridos. Al presidente de la República Otto Pérez Molina, la inmediata desmilitarización de las fuerzas de seguridad, así como el retiro de unidades militares en acciones de seguridad pública. Al Congreso de la República, la derogatoria del decreto 40-2000 que faculta los patrullajes conjuntos y que se retome el carácter de ley que tienen los acuerdos de paz, en particular el Acuerdo de Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática -AFPC-. Llamamos a las autoridades políticas, legislativas y sector privado a que se abandonen estas prácticas autoritarias y que se asuman normas de convivencia democrática real y no demagógica. A las comunidades y dirigentes de los 48 Cantones de Totonicapán, a las familias de las personas fallecidas, heridas y afectadas por estos hechos, manifestamos nuestra solidaridad profunda y nuestro compromiso de acompañarles en la búsqueda de justicia por estos hechos dolorosos. Guatemala, 4 de octubre de 2012 Convergencia por los Derechos Humanos Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos -CALDH- Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos -CIIDH- Fundación Sobrevivientes Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala -ICCPG- Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala -ODHAG- Seguridad en Democracia -SEDEM- Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos-Guatemala -UDEFEGUA- Asociación Departamental de Jóvenes Kaji Batz Asociación Familiares de Desaparecidos de Guatemala -FAMDEGUA- Asociación para la Cultura y el Desarrollo-ACUDE Asociación para la Justicia y Reconciliación, AJR Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas, CAFCA Centro de Estudios de Guatemala -CEG- Colectiva Lésbica Todas Somos Conferencia de Religiosos y Religiosas de Guatemala, CONFREGUA Coordinación Genocidio Nunca Más Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib' Kej Coordinadora Juventud por Guatemala Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, CONAVIGUA, Defensoría Maya Chortí Equipo Comunitario de Apoyo Psicosocial -ECAP- Fundación Rigoberta Menchú Tum Grupo Verdad y Justicia por el Diario Militar HIJOS Guatemala Pastoral Juvenil, Obispado de San Marcos Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas, UNAMG Sector de Mujeres — No al pasado de represión, masacres y control militar Ante la represión policial y militar del actual Gobierno contra las Comunidades y las Autoridades de los 48 Cantones de Totonicapán el día de hoy, 4 de octubre del año 2012, el CONSEJO POLITICO 13 BAKTUN, expresa: Nuestro profundo y completo rechazo a la política de regreso al pasado de represión, masacres y control militar del actual Gobierno de Guatemala contra las Comunidades y las Autoridades de los 48 cantones de Totonicapán. Los vecinos han informado de más de 8 muertos y más de 40 heridos. Nuestro completo apoyo a las demandas de las Comunidades y Autoridades de los 48 Cantones de Totonicapán que son: Rechazo al aumento del precio de la energía eléctrica. Los empresarios roban nuestros ríos para sacar energía eléctrica, hacen grandes negocios hacia fuera y no tenemos luz o tenemos que pagarla muy cara. Rechazo a la reforma educativa del magisterio que solo tiene el propósito de seguir privatizando la educación. Rechazo a la reforma constitucional del Presidente que solo busca favorecer a los grandes empresarios y eliminar nuestros derechos indígenas. Llamamos a las Comunidades Mayas, Xinka, Garífuna y a toda la sociedad guatemalteca dar cualquier forma de apoyo solidario a las Comunidades y Autoridades de los 48 Cantones de Totonicapán. No permitamos que regrese el pasado de represión, masacres y control militar sobre nuestras Comunidades. Llamamos a las Comunidades de las distintas regiones del país rechazar el uso abusivo, comercial y racista del actual Gobierno que junto con los empresarios están haciendo grandes negocios millonarios con nuestros valores culturales y lugares sagrados mayas, mientras están reprimiendo y militarizando a nuestras comunidades indígenas. Llamamos a la Comunidad Internacional, a la creación de una comisión de observación permanente sobre los hechos de represión, militarización de regiones indígenas y persecución de los líderes comunitarios de Barillas, San Juan Sacatepéquez, Región del Polochic, Ixcán, Sayaxché, Petén, Izabal, Región Ixil y otras regiones del país. Consejo Político 13 Baktun Iximulew, Día 4 IQ', AÑO 13 NO'J, KATUN 20, BAKTUN 13. Guatemala, 4 de octubre del 2012 http://www.noalamina.org/mineria-latinoamerica/mineria-guatemala/masacre-de-campesinos-en-totonicapan

Tribunal de Salud condena actividad de Goldcorp

Mina Marlin continuará con sus actividades otros siete años, indicó director de Goldcorp en Guatemala

AROLINA GAMAZO cgamazo@elperiodico.com.gt

  

Ampliar imágenFoto:  Sofia Medina / elPeriódico

La parroquia Católica de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, y varias organizaciones contrarias a la actividad minera celebraron el fin de semana último el primer tribunal popular internacional de salud, que versó sobre las afecciones de las personas que viven en terrenos cercanos a proyectos de la empresa canadiense Goldcorp.

La actividad contó con testimonio de personas que viven en lugares cercanos a la mina Marlin, mina Carrizalillo (Guerrero, México) y Valle de Siria (Francisco Morazán, Honduras), todas ellas propiedad de Goldcorp. Además, se escucharon varios peritajes sobre las repercusiones en estas áreas.

El médico hondureño Juan Almendárez documentó el impacto del arsénico y otros metales pesados (plomo y mercurio) en el sistema respiratorio y de la piel de los habitantes de la mina Valle de Siria, la cual se debilita por la acción de estos elementos y la hace más propensa a infecciones.

La enfermera guatemalteca Susana Caxaj, quien recientemente realizó un estudio sobre la salud mental de la comunidad y de megaproyectos mineros, documentó el incremento de las enfermedades mentales y de transmisión sexual en la mina Marlin, tras el incremento de la prostitución y las cantinas, producto del aumento del poder adquisitivo de los trabajadores de la mina.

Entre las personas que llegaron a dar su testimonio se encontraba Crisanta Pérez Guzmán, de San Miguel Ixtahuacán. “Hay niños con ronchas, y hasta los mismos trabajadores tienen metales pesados en el cuerpo, pero con la misma manipulación de la empresa no salen a mostrarse. Hay muchos problemas de respiración, los niños que nacen ahora los traen”, informó.

Prolongarán actividad otros siete años

El jurado estuvo compuesto por 12 representantes de entidades internacionales, como el Centro de Investigaciones en Estudios Superiores de Antropología Social (CIESAS), México; el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) de Chile y la Asociación de Servicios Comunitarios de Salud (Asecsa), Guatemala.

Tras escuchar todos los testimonios, estos emitieron una condena moral hacia Goldcorp y los Estados de Guatemala, Honduras y México, por permitir estas actividades mineras “consideradas altamente dañinas para la salud y la calidad de vida, la calidad ambiental, y el derecho a la libre determinación de las comunidades indígenas y campesinas afectadas”.

“En cada parte se documenta la contaminación de fuentes de agua, una variedad de problemas de salud, tanto física como mental y trastornos sociales, como fragmentaciones en las familias”, dijo Dave Heap, catedrático de Humanidades de la Universidad de Ontario, Canadá, quien formó parte de este jurado. “En nuestro dictamen, condenamos a los gobiernos de Guatemala, Honduras y México por no cumplir sus responsabilidades con respecto a la minera”. Heap agregó la condena al canadiense por las “laxas normas en cuanto a la actividad minera”.

A juicio de este docente, si bien es cierto que la mina ofrece trabajo a las comunidades, es un trabajo precario que no cuenta con seguros de salud. “La pregunta que nos plantean desde las comunidades, es que de qué les sirven trabajos de corto y mediano plazo si no hay agua para vivir ni tiene los derechos de sembrar los cultivos tradicionales”, añadió.

Por su parte, Mario Marroquín, director de Goldcorp en Guatemala, preguntó sobre la legitimidad de este tribunal y dijo que en base a los diferentes informes realizados, tanto por el Ministerio de Salud, como por el de Energía y Minas y Medio Ambiente, la mina no había ocasionado daños en la salud de los pobladores.

“Los temas de salud son una preocupación principal de nuestra compañía. Donamos Q23 millones al Centro de Atención Integral de Salud, que además está siendo acompañado por un convenio tripartito entre el Ministerio de Salud, la alcaldía de San Miguel y la empresa, para hacer una gestión sostenible”, informó.

Este agregó que se prevé la continuidad de las actividades de la mina por siete años más.

http://www.elperiodico.com.gt/es/20120717/pais/215164/

Entrevista con la RMI con motivo del Día del Manglar y las problemáticas de Guatemala, Colombia y México

Entrevista con Carlos Salvatierra Leal, Claudia Ninet Sánchez Méndez y Juan José López Negrete, integrantes de la Red Manglar Internacional (RMI) donde nos explican las problemáticas que enfrentan los ecosistemas costeros y marinos en América Latina, como es el caso de Guatemala y Colombia.

Hercilia Castro: Reportera libre


Entrevista con la RMI por el Día del Manglar by Hercilia Castro Balderas is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

COMUNICADO URGENTE

COMUNICADO URGENTE

Ante la opinión pública nacional e internacional, ante los últimos acontecimientos sucedidos en el municipio de Santa Cruz Barillas Huehuetenango, Guatemala MANIFESTAMOS:

El día de ayer a eso de la una de la tarde; hombres armados emboscaron a tres personas, líderes comunitarios; que retornaban de la cabecera municipal hacia su comunidad cercana a Posa Verde, lugar donde la empresa hidrosanta cruz pretende construir una hidroeléctrica; como resultado de ese atentado el señor Andrés Francisco Miguel resultado fallecido y gravemente heridos Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé; uno de ellos se ha negado a vender sus tierras y ha sufrido persecución legal por parte de empresa.

Las personas heridas en este hecho, relataron que sus agresores se conducían en vehículos similares a los de la empresa Hidro Santa Cruz, por lo que población asumio que este acto fue promovido por personas vinculadas a dicha empresa, lo cual tiene relación con la denuncia que se hizo hace dos semanas cuando los comunitarios descubrieron y denunciaron a las autoridades correspondientes; la existencia de explosivos caseros en las instalaciones de la empresa; a ello se suma las acciones de intimidación que la empresa ha impulsado para hacer valer sus intereses como la persecución legal, coptación de líderes, mensajes telefónicos con amenazas.

Es de hacer notar que los conflictos sociales en Barillas están directamente relacionados con la autorización y operaciones de Hidro Santa Cruz, S.A. que ha sido favorecida por los gobiernos de turno, sin dar cumplimiento al Derecho a la consulta previa, libre e informada los habitantes afectados.

Ante esta situación pobladores indignados reaccionaron de forma enardecida exigiendo justicia y provocando disturbios; y como consecuencia el gobierno evalúa declarar Estado una de las formas de limitación de los derechos constitucionales.

EL CONSEJO DE PUEBLOS DE OCCIDENTE y organizaciones de derechos humanos y ecologistas, manifestamos nuestra preocupación por el manejo de la información que está siendo tergiversada a favor de la empresa; queremos aclarar enfáticamente nuestro rechazo a los actos vandálicos sucedidos en Santa Cruz Barillas; pero también es necesario tomar en cuenta que esta reacción es consecuencia y resultado de la imposición de un proyecto por parte de la empresa Hidrosanta Cruz y el aval del gobierno, sin el consentimiento de la población; hasta la fecha la resistencia de la población ha sido pacifica, los disturbios que el día de ayer se suscitaron tienen su origen en la emboscada y asesinato de un líder comunitario así como dos heridos.

Para encontrar una rápida solución a este conflicto, Exigimos:

A) La inmediata suspensión de la licencia de construcción y operación de la Hidroeléctrica Cambalam.

B) El retiro de esta empresa en la zona; como responsable de la conflictividad social en Barillas y que se investigue su responsabilidad en este hecho.

C) Que se conforme una comisión de alto nivel con participación de organizaciones de la Sociedad Civil, para apoyar la investigación y deducción de responsabilidades sobre lo ocurrido.

D) Que el Gobierno de Guatemala, brinde protección y seguridad a la población de Barillas y no la suspensión de sus derechos constitucionales, sobre la base de la seguridad democrática en el marco de los Acuerdos de Paz.

Huehuetenango, 02 de mayo de 2012.

Día de la Tierra 2012

Día de la Tierra 2012

“En lo local está una de las luchas más importantes”

20 de abril de 2012

Han pasado 22 años desde la creación del Día de la Tierra y la situación ambiental del planeta que habitamos no ha mejorado sino al contrario se encuentra en una grave crisis.  El futuro se ve incierto. Cada vez más los sectores de poder lanzan campañas y mensajes  anunciado su “compromiso con el ambiente”, basados en un concepto mercantilista de economía verde. 

La explotación  petrolera, la minería, los monocultivos y plantaciones a gran escala se pintan la cara y justifican sus ganancias pero no modifican sus procesos ni modelos que es donde se deberían hacer cambios. Al contrario, ya disfrazados de verde continúan con sus prácticas destructivas y degradantes, condenando la vida en todas sus manifestaciones.

La transnacionalización de los mercados también se ha pintado la cara. Lamentablemente se sigue considerando que la naturaleza es un recurso sin límites que se debe someter.

Esta dinámica perversa de explotar la naturaleza y luego “jardinizar”  los territorios degradados ha contaminado también a organizaciones ambientalistas como  WWF quien impulsa el proceso llamado “Dialogo de la Acuacultura del Camarón” ( ShAd -Shirmp Aquaculture Dialogue-), un proceso cuestionado por organizaciones y comunidades y de muchas partes del mundo, que pretende certificar la camaronicultura industrial como una actividad sustentable, a pesar de ser responsable de la pérdida de miles de hectáreas de manglares y humedales y la violación de derechos humanos.

Desde Redmanglar Internacional, aprovechamos este día para solidarizarnos con las personas que localmente hacen una de las defensas más genuinas y reales por la naturaleza. Los pueblos y  comunidades que habitan en los manglares, en los bosques y en las selvas, en las montañas, cerros y volcanes, en las riberas de los ríos, los lagos, los esteros y humedales porque allí, en lo local, esta una de las luchas más importantes, que se basa en la defensa del territorio, de los alimentos, de la vida y de su propio hogar. 

Redmanglar Internacional

Secretaría Ejecutiva

DECLARACIÓN DEL PRIMER ENCUENTRO DEL MOVIMIENTO MESOAMERICANO CONTRA EL MODELO EXTRACTIVO MINERO M4

Reunidos en Valle de Siria, Honduras; los días 26, 27, 28 y 29 de enero, delegaciones nacionales de Panamá, Costa Rica, Honduras, Salvador, Guatemala, México y con la participación de representantes de organizaciones solidarias de Estados Unidos y de Canadá  para debatir, intercambiar y establecer acuerdos de lucha en contra del modelo minero extractivo que actualmente hostiga nuestros territorios.

La agresión de las mineras en la región mesoamericana se ha venido agudizando aceleradamente, en el marco de la implementación del modelo de acumulación neoliberal; el modelo extractivo minero se caracteriza por ser un proceso agresor, depredador y  manipulador que posiciona los intereses económicos por encima de la vida misma, la sostenibilidad del ambiente y la diversidad cultural. Es un modelo perverso y sin ética, que utiliza el “maquillaje  verde”,  la  responsabilidad  social  empresarial y se autodefine como  “minería verde, sustentable y responsable”, que promueve en nuestros países el falso mito del “desarrollo” y la “economía verde”, y se basa en los supuestos avances tecnológicos que sirven para destruir en el menor tiempo posible los territorios.

Estas empresas, en su mayoría canadienses, han provocado en nuestros pueblos procesos de empobrecimiento, conflictividad social, división, enfermedades, destrucción del medio ambiente; así como también un ataque sistemático a nuestras culturas originarias que contrasta con la cosmovisión de los pueblos.

En nuestros países las empresas mineras han corrompido a la clase política gobernante para ajustar las legislaciones y las políticas públicas a su favor y conveniencia; violando la soberanía nacional y los derechos colectivos de nuestros pueblos reconocidos por instrumentos internaciones como el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, entre otros.

Por otra parte  el gobierno canadiense  ha generado una  política  de cabildeo a  favor de las  empresas  mineras ocasionando muchas  veces la  violación  de  la soberanía de  nuestros  países.

En este contexto, en la región mesoamericana se están impulsando cambios a la legislación a favor de las empresas mineras, donde la discusión se reduce a los supuestos beneficios  económicos, sin importar los riesgos que este modelo significa para la vida.  Se usa la criminalización de las luchas sociales, militarización de los territorios, y la utilización de las fuerzas de seguridad de los Estados para asesinar, reprimir e intimidar al pueblo, como estrategia para desmovilizar la resistencia.

Ante esta situación, DECLARAMOS:

-El movimiento mesoamericano nos comprometemos a luchar coordinadamente para exigir la cancelación de las  concesiones  mineras que han sido impuestas sin el consentimiento de los pueblos, el retiro de  empresas  de  nuestros  territorios afectados y el resarcimiento integral de los daños causados.

-Denunciamos la represión y  el hostigamiento que están sufriendo hermanas y hermanos que están luchando en defensa  del territorio, especialmente en Salvador, Honduras, México y Guatemala.

-Exigimos el respeto a las decisiones de los pueblos sobre sus territorios, el derecho a la consulta; la implementación  de  los  convenios internacionales  a  favor  de  los  derechos humanos y  ambientales, que  nuestros   gobiernos  han  suscrito anteriormente

-Denunciamos la injerencia de empresas transnacionales y embajadas como EEUU y  Canadá en promover reformas legales en relación a la minería, que privilegian los intereses de transnacionales y  no se está tomando en cuenta propuestas de organizaciones y pueblos, como es el caso de Panamá, Honduras y Guatemala.

-Intensificaremos acciones conjuntas a nivel mesoamericano contra el modelo extractivo minero, así como también la articulación de propuestas para un nuevo modelo de bienestar que garantice el respeto a la vida en armonía con la madre naturaleza.

Saludamos y nos solidarizamos con las movilizaciones del pueblo Panameño en contra de la minería y de las reformas legales que buscan favorecer a las empresas mineras.

Denunciamos la política entregista del gobierno mexicano de una tercera parte del territorio nacional a las trasnacionales mineras, como los graves casos de Cerro de San Pedro, Wirikuta y Caballo Blanco entre otros.

Celebramos junto al pueblo costarricense la aprobación de la ley que prohíbe la minería metálica a cielo abierto y el uso de cianuro en su territorio,  y los invitamos a mantenerse alertas ante nuevas ofensivas del modelo extractivo minero.

Rechazamos el proyecto de ley de minería que pretenden aprobar en el Congreso Nacional de Honduras puesto que es sumamente lesivo al pueblo en general, al medio ambiente y favorece a los intereses económicos de las empresas mineras y de los empresarios testaferros en el país.

Exigimos el respeto a los resultados de las más de 50 consultas comunitarias realizadas en Guatemala que han dicho no a la minería.
Saludamos la resistencia del pueblo salvadoreño y exigimos el alto al hostigamiento de los compañeros y compañeras del Comité Ambiental de Cabañas.

Celebramos el compromiso y el apoyo de personas y organizaciones solidarias de los Estados Unidos y de Canadá que denuncian y contrarrestan los abusos de las empresas de sus países que violan los derechos de los pueblos que habitan la región mesoamericana.

“DESDE PANAMA A CANADA, LA MINERIA NO VA”

Valle de Siria, Honduras, domingo 29 de enero del 2012.

DESCARGAR PDF: http://www.movimientom4.org/wp-content/docs/primera_declaracion_m4.pdf

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“No podemos confiar nuestro destino a representantes políticos que, en realidad, no representan a sus pueblos sino a los capitales con sus intereses presentes en sus pueblos. Necesitamos nosotros mismos asumir una tarea salvadora. Cada uno en su lugar, cada comunidad, cada entidad, en fin, todos debemos comenzar a hacer algo para dar un rumbo diferente a nuestra presencia en este planeta. Si no podemos cambiar el mundo, sí podemos cambiar este pedazo de mundo que somos cada uno de nosotros. Leonardo Boff       

A society grows great when old men plant trees whose shade they know they shall never sit in. -Greek proverb

MOVIMIENTO MESOAMERICANO CONTRA EL MODELO EXTRACTIVO MINERO

 

Operación Sofía: Documentando Genocidia en Guatemala

Operación Sofía: Documentando Genocidia en Guatemala

National Security Archive Electronic Briefing Book No. 297

Posted - December 2, 2009

For more information contact:
Kate Doyle - kadoyle@gwu.edu

Washington, DC, 2 de Diciembre de 2009 - De conformidad con un amplio conjunto de registros internos presentado como evidencia frente a la Audiencia Nacional de España y publicado hoy en la página web del National Security Archive, el ejército de Guatemala, bajo la dirección del gobernante militar Efraín Ríos Montt, condujo durante 1982 una deliberada campaña contrainsurgente encaminada a masacrar miles de campesinos indígenas. Los archivos de la “Operación Sofía” detallan las responsabilidades oficiales de lo que en 1999, la Comisión de Esclarecimiento Histórico (apoyada por la Organización de Naciones Unidas) denominó “actos de genocidio en contra de grupos del pueblo maya”.

Kate Doyle, analista del National Security Archive presentó la documentación como evidencia en el caso internacional de genocidio, que está siendo investigado por el juez Santiago Pedraz en Madrid. La señora Doyle testificó hoy frente al juez Pedraz acerca de la autenticidad de los documentos, los cuales fueron obtenidos de fuentes de inteligencia militar de Guatemala. A principios del presente año, el Ministro de la Defensa, General Abraham Valenzuela González alegaba que el ejército no podía localizar los documentos ni entregarlos a un juez en Guatemala, tal y como ordenó la Corte de Constitucionalidad en 2008.

Luego de meses de análisis, los cuales han incluido la evaluación de los membretes y firmas de los documentos, además de comparaciones con otros registros militares disponibles, Doyle dice: “hemos determinado que estos registros fueron creados por oficiales militares, durante el régimen de Efraín Ríos Montt, con el objeto de planificar e implementar una política de ‘tierra arrasada’ en comunidades mayas de Quiché. Los documentos registran los ataques militares genocidas en contra de poblaciones indígenas de Guatemala”.

La aparición de los documentos originales de la “Operación Sofía” permite, por primera vez, vislumbrar públicamente archivos militares secretos, que corresponden la campaña contrainsurgente que provocó la masacre de decenas de miles de civiles mayas, a lo largo de los primeros años 80 y que dio origen al desplazamiento de cientos de miles de personas más que huyeron de los ataques del ejército en contra de sus comunidades. Los registros contienen referencias explícitas del asesinato de hombres desarmados, mujeres y niños, la quema de viviendas, destrucción de cosechas, sacrificio de animales y bombardeos aéreos indiscriminados en contra de refugiados que intentaban escapar de la violencia.

Entre las 359 páginas de documentos originales de planificación, directrices, telegramas, mapas e informes manuscritos de patrullajes, se encuentra también la orden inicial para llevar a cabo la operación que puso en marcha, el 8 de julio de 1982, el Jefe del Estado Mayor, Héctor Mario López Fuentes. Los registros dejan claro que la Operación Sofía se ejecutó como parte de la estrategia militar del presidente de facto de Guatemala, General Efraín Ríos Montt, bajo el mando y control de altos oficiales militares del país, lo cual incluye al entonces Viceministro de la Defensa, General Mejía Víctores. Ambos generales son acusados en el caso internacional de genocidio que conoce la corte española.

La publicación de hoy incluye un extracto del análisis de Kate Doyle sobre los documentos de la Operación Sofía, así como fotografías de la región Ixil, las cuales fueron tomadas en 1982 por la periodista gráfica y activista de derechos humanos, Jean-Marie Simon.

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Documents

Documento 1
8 Julio – 20 Agosto 1982
Operación Sofía
Ejército de Guatemala

Alta resolución (PDF - 70 MB)
Baja resolución (PDF - 18 MB)

El archivo de la Operación Sofía es una colección encuadernada de 359 páginas de documentos enviados desde y hacia el Estado Mayor General del Ejército (EMGE), el comandante de los Paracaidistas (quienes planearon y llevaron a cabo la operación), el comandante de la Fuerza de Tarea “Gumarcaj”, el comandante de la zona militar de Huehuetenango, y los oficiales de los batallones, compañías, y patrullas del Ejército quienes llevaron a cabo la ofensiva.

Documento 2 - Extracto de un análisis de Kate Doyle sobre los documentos de Operación Sofía

http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB297/index2.htm

CONDENA A 53 AÑOS DE PRISIÓN A UN MILITAR Y TRES EX COMISIONADOS MILITARES POR DESAPARICIÓN FORZADA EN GUATEMALA

Por olga lópez ovando y edwin paxtor


13:34 | 03/12/2009

El juicio por la desaparición forzada de ocho personas en El Jute, Chiquimula, concluyó anoche con la condena a 53 años y cuatro meses de prisión contra el coronel retirado Marco Antonio Sánchez Samayoa y tres ex comisionados militares.

Sin embargo, los cuatro sindicados solo purgarán 50 años de cárcel, según lo establece el Código Penal.

Los tres jueces del tribunal hallaron culpables de desaparición forzada a Sánchez y a sus subalternos José Domingo Ríos, Gabriel Álvarez Ramos y Salomón Maldonado Ríos.

Aunque el Ministerio Público pidió condenar a los cuatro sindicados por incumplimiento de deberes de humanidad y detención ilegal, el tribunal no accedió, porque indicó que en el delito de desaparición forzada se incluyen los otros dos hechos ilícitos. También había solicitado 570 años de cárcel para cada uno de los sindicados.

Con una sala repleta de activistas y familiares de las víctimas, así como de diplomáticos, el tribunal emitió la primera sentencia contra un militar de alto rango.

También ordenó iniciar una investigación contra el ex ministro de la Defensa Ángel Aníbal Guevara; Benedicto Lucas García, ex jefe del Estado Mayor de la Defensa; oficiales y los soldados asignados en la base militar de Zacapa en 1981.
Argumentos

Los tres jueces le dieron validez a las pruebas testimoniales y documentales que aportó el Ministerio Público.

Según el tribunal, quedó comprobado que el 19 de octubre de 1981 desaparecieron ocho integrantes de una familia, en la aldea El Jute, Chiquimula.

Los jueces validaron 19 de 20 testimonios que presentó la Fiscalía en el desarrollo del juicio, que fue suspendido en varias ocasiones por acciones que planteó la defensa de los militares.

Los testigos relataron a los jueces cómo los ex comisionados se llevaron a la fuerza a sus familiares a la base militar. En esa ocasión también señalaron a Samayoa de haberles negado información sobre el paradero de sus parientes.

También le dieron valor probatorio a los testimonios del coronel retirado Francisco Luis Gordillo, miembro del triunvirato que gobernó el país en 1982.

El militar habló sobre la cadena de mando militar que existía en 1981, según el rango, y de las funciones que ejecutaban.

Confirmó que un comandante sabía de los movimientos que se realizaban para combatir a la guerrilla.

Con ello, el tribunal comprobó que Samayoa sabía sobre la detención ilegal de las ocho personas.

El tribunal también validó los documentos que presentó la Fiscalía, que comprobaron la participación de los cuatro sindicados.

La lectura del fallo duró más de tres horas, porque el tribunal detalló sus argumentos para la sentencia. Luego, el fiscal Benedicto Tenas manifestó que el MP aportó suficientes evidencias.

Calificó de justa la condena, porque dijo que la desaparición de esas personas no quedará en la impunidad.
Opiniones

“Al fin se hizo justicia, pero quisiéramos saber en dónde quedaron nuestros familiares para darles cristiana sepultura”, expresó Gallardo, familiar de cuatro de las víctimas.

Agregó que espera que se investigue a los otros militares que participaron en la desaparición de sus parientes.

Mario Polanco, del Grupo de Apoyo Mutuo, dijo que con el fallo se logra que también sean investigados Guevara y Lucas, así como otros militares.

“Es una decisión histórica del tribunal, porque es la primera vez que un coronel es sentenciado por un crimen de lesa humanidad, y es el inicio de la lucha contra la impunidad”, enfatizó.

Peter Kemper, embajador de Holanda, manifestó su complacencia por el fallo. Refirió que se demostró que los acusados sí eran responsables de la desaparición.

Sergio Morales, procurador de los Derechos Humanos, comentó que esa sentencia es un precedente para que se juzgue a los militares que cometieron delitos de lesa humanidad durante el conflicto interno.

Este es el segundo juicio por ese delito. La primera condena fue de 150 años de prisión contra el ex comisionado militar Felipe Cusanero Coj, hallado culpable de la desaparición forzada de seis personas, el pasado 30 de agosto.

http://www.prensalibre.com/pl/2009/diciembre/04/360515.html

Líder del Barrio La Unión Asesinado por Agentes de Seguridad de la CGN

Martes 29 de septiembre de 2009. Comunidad La Unión. El Estor, Izabal, Guatemala. 28 de septiembre, 2009.

A raíz de un frustrado intento de desalojo en la Comunidad Las Nubes, en El Estor, Izabal, el compañero Adolfo Ich Xaman (al centro en la fotografía) fue asesinado por guardias de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), subsidiaria local de la empresa minera canadiense HudBay Minerals Inc. Adolfo Ich Xaman era Presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE) de la Comunidad La Unión, maestro de primaria, y cuñado del encarcelado líder campesino Ramiro Choc. Durante el ataque, los siguientes compañeros también fueron heridos de bala con diferentes niveles de gravedad: Samuel Coc, Ricardo Tec, Alfredo Xi, Haroldo Cucul (izquierda en la fotografía), Alejandro Acté, Luciano Choc, Hector Choc y Guzman Chub.

Según un comunicado del Frente Nacional de Lucha (FNL), los hechos fueron los siguientes:

Durante la mañana del domingo 27 de septiembre del 2009, la Gobernadora Departamental, Luz Maribel Ramos, sin previo aviso, se presentó en la Comunidad Las Nubes, en compañía de un par de efectivos de la PNC y de cerca de 20 agentes de la empresa privada de seguridad que está bajo contrato de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN). Dijo estar allí en representación del Gobierno y conminó a los vecinos a proceder al inmediato desalojo de sus tierras, por cuanto, en sus palabras: “Ustedes no pagan impuestos. La CGN sí”. La Gobernadora no portaba orden de desalojo alguna ni notificación emitida por juez competente. Su conminación al desalojo carecía, por ende, de cualquier respaldo legal.

La Comunidad le argumentó que ya se habían dado negociaciones anteriores, pero que la empresa no había cumplido ni uno solo de los puntos que se habían acordado. En ese debate estaban, cuando recibieron el apoyo solidario de pobladores de la vecina Comunidad de La Unión. La Gobernadora se retiró con su séquito.

Los vecinos de Las Nubes y de La Unión emprendieron entonces una caminata hacia El Estor, para denunciar las amenazas de desalojo ante las autoridades municipales, ante la PDH y requerir, además, el apoyo del pueblo. Pero no llegaron a su destino.

A la altura de El Chupón, fueron emboscados a tiros por fuerzas de la empresa privada de seguridad, que estaban al mando de Mynor Bonilla y de un tal Ingeniero Otto. Como saldo de esta salvaje agresión a mansalva, se registra el asesinato del compañero Adolfo Ich Xaman, maestro de primaria. Todavía en horas de la noche el Ministerio Público no se había hecho presente para levantar el cuerpo.

La comunidad Barrio La Unión sufrió tres desalojos violentos impulsados por la CGN en el 2006 y 2007, incluyendo el del 8 de enero de 2007 (fotografía de Haroldo Cucul, derecha, durante dicho evento). La lucha por tierras entre comunidades Maya Q’eqchi’ y la compañía minera de capital canadiense ha impulsado un grave y preocupante conflicto en la región.

En junio del 2009, MiMundo.org visitó el Barrio La Unión y quedó gratamente sorprendido por la manera en que había crecido la comunidad al igual que por el buen uso que los campesinos le estaban dando a las tierras que reclama la compañía minera. Sin embargo, en una reunión con los dos principales líderes comunitarios, don Adolfo (RIP) y Haroldo Cucul, se me presentó un comunicado en el cual se declaraba lo siguiente:

La Comunidad del Barrio La Unión, El Estor, del departamento de Izabal, manifestamos al señor presidente y las autoridades del congreso las preocupaciones y el atropello de los derechos del pueblo indígena que se cumpla el convenio 169 de la OIT.

Nosotros somos una comunidad de 200 familias que estamos asentado en un pedazo de tierra que supuestamente dicen que es de la empresa CGN. El lugar de asentamiento está abandonado cuando llegamos al lugar. La empresa CGN empezó a reclamar con nosotros e hicieron lo que querían hacer con nosotros: desalojos ilegales, destrucción de nuestras casas, y nadie de nuestros autoridades locales u organización dijo nada cuando estamos recibiendo los violentos desalojos, ni si quiera se preocuparon por nosotros, hemos sido tratado inhumanamente.

Aquí viven gentes pobres que no cuentan con un lote para construir una vivienda digna de donde pasar día y noche con nuestros hijos. En nuestro Barrio hay muchas necesidades que tienen que verificar nuestras autoridades. Hay mujeres viudas que necesitan apoyo en alimentación, niños desnutridos, falta de legalización de tierra, falta de agua potable, falta arreglo de calle, falta de energía eléctrica.

A partir de mediados del 2007, y durante los siguientes dos años, la CGN abrió mesas de dialogo con las comunidades Maya Q’eqchi’ a las cuales había intentado ahuyentar previamente por medio de desalojos violentos. Los desalojos cesaron y las instigaciones en contra de los comunitarios se redujeron significativamente por parte de la compañía minera.

Comunidades como Barrio La Unión, La Paz, y Barrio La Revolución lograron crecer y asentarse aún más en los terrenos. Sin embargo, dichas comunidades Maya Q’eqchi’ también comenzaron a dudar seriamente en las verdaderas intenciones propuestas en dichas mesas de dialogo. Se empieza a sentir que la CGN solo está comprando tiempo ya que este periodo coincide con inactividad industrial causada por documentados problemas financieros que sufría la compañía matriz canadiense Skye Resources. Estos problemas económicos culminan con la venta de la mayoría de sus acciones a la mencionada HudBay Minerals Inc.

Doña Jesusa Ixtecoc Juárez, quien valientemente intentó resistir la destrucción de su vivienda de palo y palma aquel 8 de enero de 2007, hoy en día ha logrado construir y mantener su tiendita en el Barrio La Unión – señal del avance que se ha logrado en estos años de resistencia y lucha.

Apropiadamente, la tienda se llama “La Unión”.

El 11 de septiembre del presente año, líderes comunitarios de las comunidades de La Unión, Barrio La Revolución, La Pista, La Ceiba, Roberto Dala, el Chupón (en el Municipio de El Estor, Izabal) y La Paz, Quebrada Seca, San Julián Vista Hermosa, y Chacpayla Lote 8 (en el Municipio de Panzos, Alta Verapaz), emiten un fuerte comunicado declarando su cohesión en contra de la CGN en el cual denuncian:

Las reuniones de Mesas de Dialogo realizados con la CGN, no hubieron resultados positivos ya que muchos de los compromisos que han asumidos la CGN para resolver la situación y la demanda de las comunidades de la problemática de la tenencia de tierra, no ha sido cumplidos por ellos y solamente se han atrasado los procesos del caso… No aceptamos mas Mesa de Dialogo… Que se retire en forma pacífica la empresa minera en nuestro municipio de El Estor… En caso la empresa no acata las órdenes dictadas en este documento, se tomarán medidas de forma drástica.

Dentro de esta coyuntura, y apenas a 17 días de la emisión de dicho comunicado, se llevan a cabo los hechos en El Estor que culminan con la muerte del líder comunitario Adolfo Ich Xaman y la hospitalización de ocho compañeros más.

Un día después de los hechos en El Estor, Derechos en Acción organizó a una pequeña delegación de líderes comunitarios de las mencionadas comunidades para recibir un taller educativo en Cobán. La camioneta con los líderes fue interceptada entre La Tinta y Tucurú, Alta Verapaz, y balaceada por sicarios con metralletas. Nueve personas resultaron heridas, y Derechos en Acción informa que Martín Choc, alcalde auxiliar de la comunidad de Lote 8 (otra de las que han tenido alta conflictividad con CGN) falleció durante el ataque.

Compañeros Adolfo Ich Xaman (RIP) y Haroldo Cucul durante el 30 aniversario del Comité de Unidad Campesina (CUC), Abril 2008.