Familia de Digna Ochoa pedirá a la CIDH que atraiga el caso

Familia de Digna Ochoa pedirá a la CIDH que atraiga el caso

Alejandro Cruz Flores

 

Periódico La Jornada
Sábado 23 de octubre de 2010, p. 34

Todo apunta a que en la reapertura de la investigación por la muerte de Digna Ochoa y Plácido la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) sostendrá la tesis del suicidio, por lo que la familia de la activista acudirá a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para solicitar que atraiga el caso, pues un peritaje externo señala que se trató de homicidio.

Jesús Ochoa y Placido, hermano de la activista, señaló que en la más reciente reunión con las funcionarios encargados de revisar el caso, a orden de un juez federal que otorgó un amparo a la familia en 2007, la dependencia dejó entrever que se confirmará la conclusión de que se trató de un suicidio simulado de homicidio, con la cual cerró el caso en 2003.
Ante esta situación, Jesús Ochoa acusó a la PGJDF de obstruir la justicia y no reconocer que en la investigación que se realizó en torno al caso se cometieron omisiones y errores.
Durante un panel de análisis a nueve años de la muerte de Digna Ochoa, en el que también participaron el abogado de la familia, David Peña Rodríguez y la activista Pilar Noriega, se enumeraron varias inconsistencias en la integración de la averiguación, como que el cadáver fue movido de su posición original y se manipuló la escena del crimen.

Asimismo, detalló Peña Rodríguez, no se tomaron en cuenta las lesiones que presentaba la activista en el cuello, fémur de la pierna derecha y una herida en el parpado derecho, que según el peritaje que mandó a hacer la familia de Ochoa y Plácido, fueron consecuencia de los golpes que recibió la víctima ante de ser asesinada.
El estudio pericial también descalifica la afirmación de la PGJDF en el sentido de que el arma utilizada por Digna Ochoa no emitió rastros de pólvora, pues, dijo el abogado, está comprobado que no hay arma que no genere dichos residuos; además la prueba se hizo con un arma similar a la que supuestamente usó la abogada.
Por su parte, Pilar Noriega manifestó que con la tesis del suicidio se desprestigió el nombre y la imagen de Digna Ochoa y se le criminalizó cuando el Gobierno del Distrito Federal, que en un principio afirmó que se trató de un homicidio político, dio un giro inesperado y cambió de hipótesis, con lo que puso en entredicho la estabilidad emocional de la defensora de los derechos humanos.
“No recuerdo un suicidio, en el que se haya pretendido ensuciar tanto la imagen y dignidad de la persona” manifestó la abogada.

 http://www.jornada.unam.mx/2010/10/23/index.php?section=capital&article=034n4cap

Trasladan a Rogaciano Alba al penal del Altiplano por vínculos con La familia

El ganadero fue detenido en febrero pasado en Guadalajara




Trasladan a Rogaciano Alba al penal del Altiplano por vínculos con La familia

MARLÉN CASTRO



Chilpancingo, 4 de mayo. El ex presidente municipal de Petatlán y ex dirigente de la Asociación Regional Ganadera, el priísta Rogaciano Alba Álvarez, fue recluido este día en el penal del Altiplano por sus presuntos vínculos con el grupo criminal La familia, informó la delegación estatal de la Procuraduría General de la República (PGR).



El ganadero fue acusado de mandar asesinar a la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido, en 2001, y cometer varios crímenes contra campesinos de Petatlán y Coyuca de Catalán; sin embargo, la autoridad estatal no inició nunca una averiguación por estas denuncias.



En la entidad, varias organizaciones sociales denunciaron que Alba Alvarez era protegido por integrantes de la zona militar con sede en Petatlán.



En diciembre de 2008, Javier Torres Cruz, el campesino ecologista que acusó a Alba Alvarez de haber mandado asesinar a Digna Ochoa, fue interceptado en un retén militar en la carretera que va de la comunidad de La Morena a Petatlán y estuvo alrededor de 10 días desaparecido.



Reapareció torturado y desde el lugar en el que se encuentra escondido desde ese entonces denunció que los militares que lo retuvieron lo entregaron a los guardias blancas que encabezaba Alba Álvarez, quienes lo torturaron, hasta que se les escapó.



En el círculo político era muy conocido el compadrazgo entre el ganadero y el ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer. Fue durante este gobierno que Alba se hizo alcalde y desde entonces ya circulaba el rumor de que todo el poder acumulado por el ganadero en esa región tenía su origen en el tráfico de sustancias ilícitas.



Alba Álvarez fue detenido por elementos de la Policía Federal el 11 de febrero sobre la carretera Chapala-Guadalajara, cuando circulaba a bordo de una Suburban, en la que llevaba un rifle AR-15 y aproximadamente un kilo de droga denominada ice o hielo, informó en su momento la PGR.



La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) ejercitó la acción penal en su contra por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada, contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio del sicotrópico denominado metanfetamina y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.



El juez tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales libró la orden de aprehensión contra Alba Álvarez tras concluirse el arraigo constitucional desde que fue detenido, por lo que a partir de hoy fue recluido en el penal del Altiplano.



La PGR consigna en su comunicado que Alba está identificado como presunto integrante de La Familia y hay indicios de que antes trabajaba para el cártel de Sinalona, donde también se dedicaba al tráfico de drogas.


http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2010/05/05/index.php?section=sociedad&article=005n2soc

Anuncia ONG un taller para que las familias de La Morena, sierra de Petatlán, conozcan sus derechos

Anuncia ONG un taller para que las familias de La Morena, sierra de Petatlán, conozcan sus derechos



Brenda Escobar

Zihuatanejo

El coordinador del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), Javier Monroy Hernández, anunció aquí que este miércoles y jueves esa organización no gubernamental impartirá un taller sobre derechos humanos a los vecinos de la comunidad La Morena, ubicada en la sierra de Petatlán, con el objetivo de que conozcan sus derechos para que aprendan a defenderse cuando a ese poblado lleguen militares o cualquier corporación policiaca.
Ayer, en conferencia de prensa en la casa de huéspedes La Playa, en esta ciudad, Monroy explicó como antecedentes que La Morena, es la comunidad de origen del campesino Javier Torres Cruz, miembro de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán.
Agregó que el 19 de septiembre de 2007, Torres Cruz, junto con su tío Isaías Torres, denunció ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal que el ex alcalde de Petatlán y ex líder ganadero, Rogaciano Alba Álvarez, envió a los sicarios que asesinaron a la abogada defensora de los derechos humanos Digna Ochoa y Plácido en la ciudad de México en 2001.
Indicó que como consecuencia de esa denuncia, el 13 de noviembre de 2008 en la madrugada, “las familias de la comunidad La Morena fueron sujetas a un operativo militar al mando del mayor Rojas Arizmendi o Rojas Méndez, con unos 100 elementos del 19 Batallón de Infantería en el que entraron y catearon casas en busca de Javier, Felipe y Alejandro Torres Cruz y amenazaron a las mujeres”.
El 3 de diciembre de 2008, Javier Torres Cruz fue detenido por militares en un retén, en San Luis La Loma, municipio de Tecpan de Galeana y durante 10 días estuvo en calidad de desaparecido, hasta el 13 de ese mismo mes cuando todo golpeado logró llegar a su comunidad y hasta dos días después, sus familiares anunciaron que se había escapado y que estaba con vida.
Monroy Hernández dijo que fue en una visita a esa comunidad el 20 de diciembre del año pasado, cuando la familia Torres solicitó asesoría para la gestión de diversos servicios y apoyos gubernamentales que son necesarios en ese poblado y que en respuesta a esa petición, el Tadeco pondrá en marcha ahí el proyecto Construcción de alternativas de desarrollo comunitario y superación de la pobreza, en base a la promoción de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en comunidades indígenas, rurales y suburbanas de Guerrero.
Indicó que la intención es crear en La Morena un módulo de Desarrollo Comunitario donde se formen promotores sociales con perspectiva en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales para que a su vez, orienten a los demás habitantes de esa comunidad “con este módulo pretendemos también romper el aislamiento y hotigamiento en que vive desde hace años esta comunidad, contribuir a la reintegración plena de sus habitantes, con todos sus derechos a la vida familiar, comunitaria, regional y municipal y blindar a la familia Torres de cualquier violación de sus derechos, en tanto se logra que las autoridades les extiendan las medidas cautelares reiteradamente reclamadas para ellos”.
A pregunta expresa sobre de qué le servirá a la familia Torres y a los habitantes de La Morena conocer sus derechos ante las constantes intromisiones de militares en esa comunidad, el coordinador del Tadeco manifestó que “ustedes saben que la primera forma de defendernos es saber cuáles son nuestros derechos; actualmente muchos compañeros lo están haciendo (orientar a los ciudadanos) han logrado que los ciudadanos cuando ven la presencia militar, en primer lugar no se aterroricen, y que en segundo lugar busquen establecer un diálogo con los grupos militares o policiacos que acuden y en ese diálogo recomendamos y que ya hacen en algunas comunidades es pedir identificación, preguntar los motivos por los cuales se da la presencia militar ahí, señalar que están en comunicación con organismos de defensa de derechos humanos, que no están solos”.
“Protegerse, poner a salvo su integridad es algo que a todos les hemos repetido, que no se expongan, que no se violenten, que no traten de defender cosas materiales, porque finalmente esas cosas materiales se sustituyen o finalmente no son indispensables para la vida; dejar en un momento dado si la impunidad con la que actúan los grupos no les permiten establecer diálogo y establecer una protección de sus pertenencias, por lo menos garantizar la seguridad de sus personas”.
Monroy consideró que con esta información, contribuirán a que los servicios que son necesarios en esa comunidad, “no se pidan como limosna, como favor, sino que se exijan”, y citó como ejemplo que en La Morena, hacen falta sólo nueve postes para que los habitantes de ese lugar cuenten con energía eléctrica, “el Ayuntamiento no ha hecho las gestiones para llevar la luz a La Morena porque es parte de la estrategia de que la población se canse y emigre”.
“Lo mismo pasa con el puente; han hecho puentes por todos los alrededores de las comunidades de La Morena, menos en La Morena, porque de esa manera los mantienen más aislados; hace falta un teléfono rural, en La Morena no hay porque el Ayuntamiento ha evitado que se dé, en otras palabras, queremos animar a los habitantes a que se atrevan a exigir estos derechos, creo que esa puede ser nuestra contribución”.
Estableció que “nosotros no vamos a resolverle la vida a los habitantes de La Morena, nosotros les vamos a informar, les vamos a decir qué es lo que pueden hacer a partir del conocimiento de sus derechos, si la comunidad de La Morena decide trascender sus demandas a una lucha legal y positiva para mejorar sus condiciones de vida, van a contar con nuestro apoyo”.
En esta conferencia de prensa estuvieron presentes la secretaria de la Red de Organismos y Grupos Ambientalistas de Zihuatanejo, Rogaz, Hercilia Castro Balderas; el dirigente municipal del PRD en Zihuatanejo, Mauricio Cancino González; la vocera del ejido El Rincón, María Angelina Camarena Oregón; el representante de la organización Crees que es un Sueño, Manuel Valle González; y la defensora del cerro El Huamilule, Isabel Garibo Vargas. 

 


http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=62196

ACCION URGENTE

ACCIÓN URGENTE

Temor por la seguridad de 
JAVIER TORRES CRUZ, SUS FAMILIARES Y HABITANTES DE LA MORENA.

HECHOS

El día de hoy, jueves 05 de Febrero de 2009, Javier Torres Cruz de 28 años, campesino, originario de la comunidad La Morena, municipio de Petatlán, Guerrero, miembro de la Organización Ecologista de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, informó por vía telefónica que soldados del Ejercito Mexicano han vuelto a incursionar en esa región de la sierra de Petatlán, en 3 distintas posiciones y que la comunidad La Morena ha quedado en medio de este dispositivo militar:
La ubicación de los militares es en:
1.- El ultimo caserío con luz eléctrica, Barranca del Balsamo, sobre la brecha Petatlán-La Morena
2.- Río abajo de La Morena
3.- Arriba del caserío las Humedades
 
Javier Torres Cruz y sus familiares se sienten intimidados y les han hecho llegar rumores de un inminente ataque por parte de gente armada de Rogaciano Alva Alvarez.




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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

ANTECEDENTES:  
JAVIER TORRES CRUZ y su tío Isaías Torres denunciaron el 19 de septiembre de 2007 ante la PGJDF, a Rogaciano Alva Alvarez como presunto autor intelectual del asesinato de la defensora de Derecho Humanos Digna Ochoa y Plácido, perpetrado el 19 de octubre de 2001 en la ciudad de México. La PGJDF reabrió el expediente e inició entonces la averiguación previa FCIH/1/T1/0063/07-09.

Esta presencia el Ejército es la 3ª que se da en la zona de La Morena, en menos de 3 meses, siendo las 2 anteriores:
1ª.- jueves 13 de noviembre de 2008 incursionando a la comunidad de la Morena con unos 100 elementos del 19º batallón de infantería en 8 vehículos y colocaron 3 vehículos armados apuntando a las casas, entrando y cateando casas en busca de Javier, Felipe y Alejandro Torres Cruz y amenazando a las mujeres.
2ª.- sábado 24 de enero de 2009 a 200 metros de La Morena, río arriba

Javier Torres Cruz, fue detenido-desaparecido el día 3 de diciembre del 2008 en un retén del ejército, ubicado en San Luis La Loma. 
Según testimonio de Javier, los soldados lo detuvieron, le vendaron los ojos y se lo llevaron a un lugar desconocido en el campo. En la noche lo entregaron a particulares, quienes lo torturan y lo interrogan, entre otras cosas acerca de la denuncia interpuesta en contra de Rogaciano Alba Álvarez. Ahí lo tienen hasta el día 7 de diciembre. Durante ese tiempo estuvo vendado de los ojos, golpeado, no recibió alimentos ni agua y sintió que lo iban a matar. El día 7 le quitan la venda y en la madrugada en un momento de descuido de sus captores Javier logró escapar.
Fue perseguido a campo traviesa hasta que el día 13 de diciembre en que llega a la región donde vive y donde según él, no era fácil que entraran sus persecutores. Relata que lo persiguieron uniformados y civiles, que se utilizó un helicóptero, y que le dispararon con la intención de matarlo. 
El día 15 la familia da a conocer que Javier se había escapado de sus captores.
El día 20 de diciembre una Misión de Observación acude a La Morena para entrevistarse con Javier, recabar el testimonio y constatar posibles huellas de tortura. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero acompaña la misión y realiza la documentación de la situación de Javier Torres Cruz.
El día 22 de enero, a petición expresa de Javier, se realiza otra visita a la comunidad. En esta ocasión acuden 2 licenciados visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y se entrevistan con Javier Torres de manera confidencial recabando información de su situación. La familia informa de que hay amenazas de muerte contra Javier y toda la familia y se teme que gente de Rogaciano Alba Álvarez y/o el ejército puedan actuar en contra de ellos.

ANTE ESTOS HECHOS DEMANDAMOS:

1.- Cese al hostigamiento del Ejército mexicano en contra de Javier Torres Cruz, su familia y los habitantes de La Morena
2.- Que se investigue el caso de detención arbitraria/desaparición y tortura a la que fue sujeto Javier Torres Cruz en diciembre de 2008.
3.- Otorgamiento de medidas cautelares a Javier Torres Cruz y sus familiares




Atentamente



Javier Enríquez Sam
Coordinador General CCTI


LLAMAMIENTOS A:

Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa
Presidente de la Republica
Felipe.calderon@presidencia.gob.mx
Tel. (55) 278 911 00 
 Fax  (55) 527 723 76 

C. Eduardo Medina-Mora Icaza 
Procurador General de la República 
Procuraduría General de la República, 
Av. Paseo de la Reforma Nº 211-213, Piso 16
Col. Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06500, MÉXICO
Fax:+52 55 5346 0908 (si responde una voz, digan: “me da tono de fax, por favor”) servs@pgr.gob.mx

General Guillermo Galván Galván
Secretario de Defensa Nacional
Manuel Avila Camacho, esq. Con Av. Industria Militar S/N
Col. Lomas de Sotelo
México DF
Tel: +52 55 5557 5571 5395 3663
dn_sdn@mailsedena.gob.mx

Dr. José Luis Soberanes Fernández
Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
Periférico Sur 3469, 5º piso
Col. San Jerónimo Lídice
México D.F. 10200
MÉXICO
Fax: +52 55 5681 7199  
correo@cndh.org.mx 

Lic. Zeferino Torreblanca Galindo
Gobernador del Estado de Guerrero
Palacio de Gobierno, Edificio Centro, piso 2, Ciudad de los Servicios
CP 39075, Chilpancingo, Guerrero, MÉXICO
Fax:+52 747 471 9956 
gobernador@guerrero.gob.mx

Lic. Eduardo Murueta Urrutia
Procurador del Estado de Guerrero 
Carretera Nacional México-Acapulco Km. 6+300
Tramo Chilpancingo-Petaquillos, Chilpancingo 39090, Guerrero, MÉXICO
 Fax: +52 747 472 2328 
cprocurador@pgjgro.gob.mx

Lic. Juan Alarcón Hernández
Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero
Tel. / Fax: +52 (747) 47-1-21-90/ 47-1-03-78
codhum@prodigy.net.mx 


COPIA A:

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad
Calle Pitágoras 1210-16, Col. Del Valle
03100 México DF
Tel./Fax: (55) 5604 5642
colectivo@contralatortura.org



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Campamento militar en La Morena, para intimidar: CCTI

En el DF, denuncia de Torres por amenazas
Campamento militar en La Morena, para intimidar: CCTI

CITLAL GILES SANCHEZ 

El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) consideró hostigamiento e intimidación que el Ejército se haya instalado a 200 metros de La Morena, comunidad en la que vive el ecologista Javier Torres Cruz, aseguró Raymundo Díaz Taboada. De igual forma rechazó las declaraciones del procurador de Justicia Eduardo Murueta Urrutia, quien dijo que no hay denuncia por parte del campesino por amenazas de muerte, ya que ésta, precisó, está hace varios años en el Distrito Federal.

Entrevistado sobre el campamento que instalaron los militares en la sierra de Petatlán, Díaz Taboada destacó que aunque el Ejército no ha temido contacto directo con los habitantes, “es una manera de hostigamiento e intimidación”.

Agregó que ese tipo de acciones se hacen con el pretexto de la vigilancia en la sierra, pues forman parte de la militarización que vive el estado.

Destacó que el CCTI con el Cejil y otras organizaciones seguirán buscando que el estado cumpla con las medidas cautelares para el ecologista y su familia, quienes ya han denunciado en varias ocasiones amenazas de muerte no sólo de parte del Ejército, sino del ex alcalde de Petatlán, Rogaciano Alba.

De igual forma, rechazó las declaraciones del procurador Murueta, “esa es una forma de echarle la culpa a Javier de que ellos no están haciendo su trabajo”; la procuraduría de Guerrero también ha desoído la petición de protección para el campesino y sus familiares.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/01/29/index.php?section=sociedad&article=006n2soc

Duda la PGJE de amenazas contra Javier Torres Cruz y sus familiares

El ecologista rechaza protección personal y denunciar a Rogaciano Alba: Murueta
Duda la PGJE de amenazas contra Javier Torres Cruz y sus familiares

Hay pruebas contra el dirigente de Tierra y Libertad, Máximo Mojica Delgado, sostiene

El luchador social estaría involucrado en tres secuestros, afirma el procurador de Justicia

CINDY PACHECO PALACIOS 

El ecologista de la sierra de Petatlán Javier Torres Cruz se ha negado a dar información y denunciar formalmente al ex alcalde priísta de Petatlán Rogaciano Alba Alvarez y al Ejército, por las amenazas de muerte hacia su persona –que ha hecho públicas–, aseguró el procurador de Justicia, Eduardo Murueta Urrutia.

Respecto al caso del luchador social Máximo Mojica Delgado indicó que está a una semana de culminar su segundo arraigo, así que la decisión en su caso está por tomarse, pero aseguró que se comprobó la participación del maestro jubilado en tres secuestros.

De Torres Cruz, indicó que fue citada a declarar la madre de éste, Martha Cruz Márquez, pero se reservó dar detalles de la información dada por la mujer y reiteró que no ha podido obtener más información de su desaparición por 10 días y del acoso que actualmente sufre del también líder ganadero Alba Alvarez y de militares.

“Nosotros abrimos una investigación. Declaró la mamá, no hemos podido obtener la declaración de él, porque pues como que se siente atemorizado no ha podido comparecer. Nosotros dijimos que iríamos a donde pudiera darnos la información con efecto de seguir adelante con la averiguación”, aseguró.

Consultado al asistir a un acto del Colegio de Abogados Penalistas del Estado de Guerrero, que se efectuó en la Universidad Americana de Acapulco, aclaró que la negativa del campesino de la sierra de Petatlán para dar información detiene la investigación, pero aceptó que sólo se ha limitado a la información obtenida de Cruz Márquez. “La mamá fue a declarar, nosotros vamos hacer investigaciones hacia algunas personas que pudieran haber participado, pero esto lo haremos totalmente en sigilo, porque así lo requiere la averiguación”.

De este caso, agregó que le ofrecieron darle seguridad, lo cual ha sido rechazado por el ecologista y se ha negado a colaborar con la Procuraduría de Justicia, pues incluso, afirmó, le ofrecieron acudir a donde él se encuentra para conversar.

En cuanto a Máximo Mojica, afirmó que “tenemos información, datos, de que esta persona participó en varios secuestros y por este razón está ahorita privado de la libertad, muy pronto el Ministerio Público dictará la determinación para ver qué se hace, si se consigna o se pone en libertad”.

Recordó que su segundo arraigo vence en una semana, y enseguida se resolverá dicho asunto. También omitió dar más detalles de este caso.

Por otra parte, reiteró que a nivel estatal se mantendrán los operativos conjuntos con el Ejército, para evitar enfrentamientos como el ocurrido el lunes pasado en Ciudad Altamirano y en semanas anteriores en diversas localidades del estado.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/01/28/index.php?section=sociedad&article=005n1soc

Remarcan irresponsabilidad del estado en el caso del campesino Javier Torres

Envían a la CIDH solicitud para proteger al ecologista
Remarcan irresponsabilidad del estado en el caso del campesino Javier Torres

CITLAL GILES SANCHEZ

Esta semana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinará si hubo o no violaciones a los derechos del ecologista Javier Torres Cruz y en su caso recomendará al gobierno de México y al de Guerrero tomar las medidas cautelares para la seguridad del campesino. De igual forma, se documentó en la solicitud que se envió a la CIDH que el gobierno del estado actuó de manera irresponsable por no investigar la desaparición forzada de manera inmediata.

En entrevista, la abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Vanessa Coria, reveló que el 22 de diciembre el Cejil, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) y la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) solicitaron a la CIDH que se otorguen medidas cautelares para proteger la vida de Torres Cruz y su familia, luego de la desaparición forzada y posibles actos de tortura hechos por militares.

“La solicitud está basada en esos hechos y puesta en el caso de Digna Ochoa porque Javier Torres y su tío son testigos clave en el caso del asesinato de Digna por señalar a Rogaciano Alba como el responsable, y suponemos que las amenazas y hostigamientos proviene de su calidad como testigo”, detalló.

“La solicitud está basada en esos hechos y puesta en el caso de Digna Ochoa porque Javier Torres y su tío son testigos clave en el caso del asesinato de Digna por señalar a Rogaciano Alba como el responsable, y suponemos que las amenazas y hostigamientos proviene de su calidad como testigo”, detalló.

Vanessa Coria destacó que en la solicitud que se hizo a la CIDH se pidió que ordene a los gobiernos de México y de Guerrero implementar medidas cautelares como el cese a todo tipo de agresiones y amenazas, así como el que el Estado mexicano ponga mayor atención a las actividades que los militares llevan a cabo en la sierra de Petatlán, ya que se han hecho denuncias de hostigamiento, como fue el caso de la incursión en La Morena el 13 de noviembre.

Otra de las peticiones de mayor importancia –reveló la abogada– es que la investigación del caso se lleve en la jurisdicción civil y no en la militar, porque son los soldados los señalados como responsables.

“Para Cejil sí es importante que se realice una investigación seria y efectiva para poder proteger a Javier Torres y a su familia como testigos claves, y evidentemente que lo investiguen en un fuero que sea considerado en un fuero competente e imparcial fuera del jurisdicción militar”, indicó.

Coria destacó que en la solicitud documentaron la omisión que hicieron el estado de Guerrero como el Distrito Federal para brindarle protección al ecologista, ya que, argumentó, el gobierno sabían de esta amenaza y al omitirla propiciaron que Torres fuera víctima de una detención ilegal.

Sin embargo precisó que a pesar de que la CIDH no solicite de forma inmediata la protección a Javier Torres, el gobierno de Guerrero tiene el deber de brindarla, para garantizar que el ecologista no sea víctima de otro atentado.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/01/05/index.php?section=sociedad&article=004n2soc

Rechaza Javier Torres resguardo policiaco del estado: CCTI

“Ellos mismo me van a matar”, dice
Rechaza Javier Torres resguardo policiaco del estado: CCTI

YAMILET VILLA ARREOLA

CHILPANCINGO, 2 DE ENERO. El coordinador del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Bertoldo Martínez Cruz, informó que por desconfianza el ecologista de Petatlán Javier Torres Cruz rechazó el resguardo policiaco que le ofreció el gobierno estatal.

Martínez Cruz manifestó que el CCTI teme por la vida de Torres Cruz, pues aseguró que hasta el momento junto con su familia no han recibido protección.

“Los familiares no consideran que sea seguro que el gobierno los proteja, a Javier el gobernador (Zeferino Torreblanca) le ofreció el apoyo, pero junto con su familia no le tienen confianza a la autoridad, dice; ¿me va a vigilar uno de la AFI o un judicial?... ellos me van a tener vigilado o a lo mejor ellos mismos me van asesinar”, explicó.

Dijo que la única forma de apoyar al ecologista es con denuncias en los medios de comunicación, así como el trabajo de las organizaciones democráticas, quienes acuden al lugar donde vive para saber la situación en la que se encuentra.

A pesar de lo que ocurrió hace unos días, aseguró que para el ecologista la zona en la que vive es la más segura.

Recordó que le han ofrecido trasladarlo a otras ciudades como el Distrito Federal, pero no aceptó porque no ha vivido en otra parte, pues “el no sabe de otra cosa, su nivel intelectual es mínimo para mantener a su familia”.

Agregó: “no pueden sacarlos de su lugar, porque él ha luchado en la defensa de los bosques y el café, el no pueden abandonar lo suyo”.

En presencia de una visitadora de la Coddehum y representantes de organizaciones sociales en La Morena en una misión de observación, el campesino, que desapareció durante 10 días, confirmó que el 3 de diciembre pasado fue detenido por militares en el retén de San Luis La Loma, quienes lo entregaron a civiles que lo tuvieron en el monte durante cuatro días, sin comer y sometido a golpes.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/01/03/index.php?section=sociedad&article=005n2soc

Prevé FGRI que este año se duplique violencia contra luchadores sociales

Convoca a encuentro de organizaciones para replantear acciones contra la administración
Prevé FGRI que este año se duplique violencia contra luchadores sociales

El gobierno de Torreblanca Galindo supera al de Figueroa en represión, considera

CITLAL GILES SANCHEZ

Integrantes del Frente Guerrerense contra la Represión y la Impunidad (FGRI) temen que este año se dupliquen los casos de tortura y represión contra organizaciones sociales, y proponen para los primeros meses replantear sus acciones con la finalidad de fortalecer su lucha. El vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop), Felipe Flores Hernández, criticó que la administración de Zeferino Torreblanca Galindo es una de las que más ha reprimido, “ya ni en los tiempos de Figueroa”.

En entrevista con el vocero del Cecop, Felipe Flores Hernández e integrante del FGRI, reprobó las acciones de tortura y represión contra los luchadores sociales Máximo Mojica, de la organización Tierra y Libertad, así como del ecologista Javier Torres, quien denunció al ganadero Rogaciano Alba de haber mandado matar a la defensora Digna Ochoa.

Admitió que durante 2008 las diversas organizaciones que integran el FGRI no se hayan unido y organizado para combatir y luchar contra la impunidad y represión hacia las organizaciones sociales, sin embargo, aseguró que el Cecop quien fue el pionero del movimiento volverá a convocar a las organizaciones para el 9 de marzo en Aguacaliente para reorientar y reorganizar la lucha contra el gobierno de Torreblanca.

Alertó que todas las organizaciones deben estar unidas y luchar juntas contra al administración del estado, ya que sólo así podrán hacer frente a la embestida del gobierno estatal y federal.

“Tenemos que estar más organizados y unidos porque solos no vamos a poder enfrentar la represión que viene, porque viene muy cruda en contra de todos, no sólo de una organización, porque el gobierno tiene miedo de que los movimientos se organicen que hagamos un solo frente y eso es lo que pretendemos hacer”, dijo.

Con respecto a los más de mil 200 casos de desapariciones y secuestros que van en los tres años del gobierno de Torreblanca, de los cuales más de 600 son desapariciones forzadas contra luchadores sociales, Flores Hernández criticó que este tipo de represión se ha incrementado 100 por ciento, debido a que diario se tienen reportes de desaparecidos.

“Creo que ni en la guerra sucia había habido tantos desaparecidos y hoy con este gobierno vuelven los años setentas; no hemos avanzado al contrario hemos retrocedido porque la inseguridad está a la orden del día y como organizaciones sociales tenemos que exigir la seguridad de la sociedad a los tres gobiernos”, manifestó.

Avizoró que para este año la represión y la desaparición forzada vienen “más crudas y más difíciles” debido a las crisis de inseguridad y delincuencia organizada, el gobierno lo tomará como justificante para reprimir a las organizaciones y luchadores sociales.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/01/01/index.php?section=sociedad&article=009n1soc

Golpeado y con huellas de tortura aparece el ecologista Javier Torres

Pudieron dejarlo ir por la presión que se ejerció, supone Colectivo Contra la Impunidad
Golpeado y con huellas de tortura aparece el ecologista Javier Torres

El sábado escapó de sus captores, a quienes no pudo identificar, indica su hermana

Sus familiares responsabilizan a militares de Petatlán; temen más desapariciones

LAURA REYES Y MARLEN CASTRO

A 10 días de su desaparición, el ecologista de la sierra de Petatlán, Javier Torres Cruz logró escaparse el sábado 13 de donde lo tenían detenido, aparentemente militares del 19 batallón del Ejército, y regresó con su familia a la comunidad de La Morena, donde permanece postrado en su cama con severos golpes en todo el cuerpo y huellas de tortura en las manos, así como derrames en los ojos y dolores abdominales intensos.

Su hermana, Agustina Torres Cruz, informó que Javier le alcanzó a relatar brevemente que todo el tiempo que permaneció encerrado, en un lugar que no pudo identificar, lo tuvieron con los ojos vendados y amarrado.

“Está muy golpeado, muy hinchado. Tiene las manos y partes del cuerpo pelados. Un ojo ni se le ve y en el otro es pura sangre lo que tiene, pero por dentro; en todo el cuerpo tiene muchos moretones, está muy mal, se siente muy mal”, relató.

El escape

De acuerdo con el reporte del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), el ecologista logró escapar del lugar pero no por un descuido de sus captores, sino a propósito, ante la presión que se ejerció por esa desaparición.

Según la propia familia, Torres Cruz llegó a Petatlán a las 2 de la tarde y de inmediato fue trasladado a La Morena.

“Sólo alcanzó a decirnos que se escapó y que lo mantuvieron vendado de los ojos. No quiere hablar mucho aún, se sienta a platicar y como que se le va el aire, no quiere contar nada aún pero sí tuvo que ver el Ejército. Ellos fueron los responsables”, sostuvo Agustina Torres.

Reveló que por el momento se mantendrá en la comunidad, pues teme que lo vuelvan a capturar, por lo que se mantienen con miedo de que otro miembro de la familia sea detenido.

“Tenemos miedo de que en cualquier momento vuelvan a caer (a La Morena) y llevárselo, tenemos miedo porque el Ejército ya ha ido y han golpeado a las mujeres, a los niños. Ahora tememos que se puedan llevar a otro de mis hermanos”, alertó.

“Me dijo que estaba muy lastimado, que incluso sus manos le sangraban, además de que en uno de sus ojos tenía coágulos de sangre. Lamentablemente no he podido platicar más con él para conocer a detalle cómo realmente sucedió”, contó por teléfono la madre del ecologista.

El coordinador del CCTI, Bertoldo Martínez Cruz, afirmó que el amparo que presentaron y las denuncias en los medios de comunicación fue lo que le salvó la vida al ecologista.

“Esto es el reflejo de la presión gubernamental que hay para los que defendemos los derechos humanos, pero lo que puedo decir es que por el momento estamos muy contentos con la aparición de Javier, que lo único que me dijo es que desde donde lo tenían se escuchaban gritos”, agregó.

Martínez Cruz señaló que la fuga de Torres Cruz de sus captores era un paso importante en la lucha en contra de la impunidad.

Mencionó que se desconocía cuál era la situación jurídica de Torres “pero debe quedar claro que lo vamos a defender hasta las últimas consecuencias”, aseguró.

Agregó que ahora que apareció Torres Cruz el paso que sigue es lograr la liberación de Máximo Mojica, María de los Angeles Hernández y Nazario Lezma, de la organización Tierra y Libertad, quienes reaparecieron cinco días después de su detención.

Javier Torres, con sus hermanos Alejandro y Felipe, denunciaron al ex alcalde de Petatlán, Rogaciano Alba, como el autor intelectual del asesinato de la defensora de derechos humanos, Digna Ochoa, en 2001, por lo cual se reabrió la investigación, luego de que la Procuraduría de Justicia del DF había concluido que se trató de suicidio.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2008/12/16/index.php?section=sociedad&article=006n1soc

Ya investiga la Procuraduría del DF la denuncia contra Rogaciano Alba por el caso Digna Ochoa

Ya investiga la Procuraduría del DF la denuncia contra Rogaciano Alba por el caso Digna Ochoa



Fernando Aguilar

Ciudad de México

La Procuraduría General de Justicia del DF integró ya la denuncia de los campesinos de la sierra de Petatlán al expediente original
de la muerte de la abogada Digna Ochoa, y con esto se puede considerar reabierto el caso.
El abogado de la familia de Digna Ochoa, asesinada el 19 de octubre de 2001, Manuel Fuentes Muñiz, dijo que a mediados de
mayo, funcionarios de la Procuraduría le informaron que ya está integrada la denuncia de los campesinos que aseguran que un
vecino de Petatlán le contó a un familiar que él y otros dos sicarios mataron a la abogada en el DF, enviados por el ex presidente
municipal y ex presidente de la Unión Ganadera Regional de Guerrero, Rogaciano Alba Álvarez.
Según la denuncia, en tono jactancioso, para presumir que Alba y sus subordinados podían hacer cosas grandes e importantes,
no sólo en el municipio o en otros de Guerrero, sino que también en el DF, ese familiar hizo la revelación a dos campesinos de la
sierra, uno de los cuales, Javier Torres Cruz, presentó la denuncia formal el 19 de septiembre de 2007, con su tío Isaías Torres
Rosas. El otro testigo de la revelación, Anselmo Torres, fue asesinado en Petatlán el 24 de diciembre de 2005, por pistoleros de
Rogaciano Alba, según la familia.
Javier Torres Cruz, de 28 años, vecino de La Morena en la sierra de Petatlán, dijo en su declaración que Javier Valle Villa “me
platicó ese chisme como presumiéndome que el señor Rogaciano podía hacer cosas mayores, no nomás matar gente en el
municipio, que también podía mandar matar gente fuera del municipio o incluso en otros estados, que podía hacer cosas
grandes, pues; eso fue como para intimidar a la gente, para que nosoros le comentemos a la gente lo que hace el señor
Rogaciano y de lo que es capaz de hacer él con el poder que tiene, que puede controlar al gobierno del estado y hacer lo que él
quiera”.
Con la denuncia de Javier e Isaías Torres se abrió la averiguación previa FCIH/1/T1/0063/07-09 en la Procuraduría del DF, ante
la agente del Ministerio Público Liliana Amezcua Macías.
El abogado Manuel Fuentes Muñiz explica que al integrarse la segunda averiguación previa a la original que contiene el caso
Digna Ochoa, la investigación se reabre.
En el expediente consta la declaración de Javier Torres según la cual uno de los sicarios, Modesto Acosta Ávila, dijo a su primo
Javier Valle Villa que Nicolás Martínez El Cuarterón, Daniel Bautista García y él, enviados por Rogaciano Alba Álvarez se
presentaron al domicilio de la abogada Digna Ochoa ostentándose como integrantes de una organización ecologista de la región
de La Botella, de la sierra de Petatlán, y que ya en el interior de su oficina la asesinaron con un balazo en la cabeza.
desde el 19 de septiembre, cuando los campesinos de La Morena hicieron la declaración, no se supo de algúna acción de la
Procuraduría del DF al respecto.
Pero el abogado Manuel Fuentes aseguró que a mediados de mayo recibió información de la PGJDF en el sentido de que la
averiguación que contiene la declaración de los campesinos de la sierra de Guerrero ya fue integrada a la averiguación original
del caso Digna Ochoa.
La explicación que dio la dependencia es que “… para no entorpecer el caso se abrió una nueva averiguación previa, la cual se
integró ya al expediente original de la abogada Digna Ochoa”, insiste Manuel Fuentes.
Sin embargo, aclara que hasta el “momento no he tenido acceso al expediente para poder constatar esta situación, sino que
personal de la Procuraduría me informó que sí se encuentra integrado, y bueno, estoy en espera de tener acceso al expediente
para constatar esta situación. De todas maneras tenemos el número del expediente, copias y constancias de los documentos,
entonces obviamente de no estar integrado estaríamos solicitando una petición formal, que la Procuraduría estaría atendiendo.
No habría porqué no lo hiciera, de lo contrario podría caer responsabilidades”.
El 1 de agosto de 2007 solicitó Manuel Fuentes reabrir las investigaciones, e información del estado que guarda el expediente,
así como prever actos que pudieran afectar a sus representados, es decir la familia Ochoa.
Por eso le causó sorpresa la nota publicada en el periódico La Jornada el 6 de mayo de este año, sobre la declaración de los
campesinos de la sierra de Guerrero, que presuntamente es producto de una filtración de un funiconario de la Procuraduría que
pidió omitir su nombre.
El abogado recordó que por ley se ordena que ese tipo de información quede reservada, precisamente para evitar que los
responsables de un crimen de esta naturaleza puedan escabullirse o puedan agredir precisamente a las personas afectadas. Sin
embargo, en este caso no se hizo, lamentó.
Calificó el hecho como “delicado, porque pone en riesgo la vida y la integridad de los testigos, dada la peligrosidad de Rogaciano
Alba Álvarez que se ha ostentado como una gente ligada a crímenes, ligados al narcotráfico o al menos son las imputaciones que
se le han dado en este sentido, y delicado que la información se filtre”.
El abogado pidió una explicación a la Procuraduría de la nota que hace referencia a un testigo que estuvo presente en el
momento del crimen de la abogada. Y que esa persona le dijo al declarante quiénes son los responsables del homicidio. Pero la
Procuraduría le respondió que no era posible atender su petición. “Me respondió que no era posible porque estaba en trámite un
recurso legal”.
Sin embargo, explica Manuel Fuentes, “a mí lo que me parece más delicado es el transcurso del tiempo, porque en un delito u
homicidio, con el transcurso del tiempo van desapareciendo las huellas o los elementos para poder determinar quiénes son
responsables. Entonces la lentitud con la cual operan instituciones como la PGJDF obviamente coadyuva para que el homicidio de
haberse dado pudiera quedar impune. Entonces para nosotros es apremiante que la Procuraduría ya reinicie a las investigaciones
en torno a la muerte de la abogada Digna Ochoa.
“Tiene que reponerse el procedimiento, y esperamos una respuesta congruente de las autoridades, que cumpla con su obligación
que tiene con base en el Código Penal y la Constitución. Y que se reabra la investigación, de lo contrario estaré acudiendo a otras
instancias legales o a través de amparos para que nos den una respuesta”, dice Manuel Fuentes, en entrevista.

Los campesinos sin protección

En septiembre pasado, cuando los campesinos de la sierra de Guerrero Javier Torres Cruz e Isaías Torres Rosas declararon ante la
PGJDF, pidieron formalmente protección, “y hay constancia de ello”, de que se pidió que se giraran oficios ante las instancias
correspondientes: PGR y Procuraduría de Guerrero, pero nunca se giraron los oficios correspondientes para que se diera
protección a los testigos a pesar de que en la misma denuncia relatan una serie de agresiones y asesinatos que han sufrido, y que
las atribuyen a Rogaciano Alba.


http://www.suracapulco.com.mx/nota1e.php?id_nota=40313

Campesinos denunciaron que Rogaciano Alba mandó a los que mataron a Digna Ochoa

Campesinos denunciaron que Rogaciano Alba mandó a los que mataron a Digna Ochoa

Maribel Gutiérrez / Rancho Nuevo

(Quinta parte)


Dos campesinos de La Morena, en la sierra de Petatlán, presentaron en la Procuraduría General de Justicia del DF una denuncia
contra el ex presidente municipal y ex presidente de la Unión Ganadera de Guerrero, Rogaciano Alba Álvarez, por su presunta
participación en el asesinato de la abogada y defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido.
Javier Torres Cruz, de 28 años, junto con su tío Isaías Torres Rosas, el 19 de septiembre de 2007 presentó la denuncia en la
Procuraduría del DF.
Ahí declaró que el 7 de mayo de 2005 un vecino de Petatlán, presumiendo que Rogaciano Alba y su grupo pueden hacer cosas
grandes e importantes, y que no sólo pueden matar en este municipio o en Guerrero, le comentó que cuatro pistoleros fueron
enviados por Rogaciano Alba a la ciudad de México y mataron a la abogada.
Según esa versión, esos sicarios son Nicolás Martínez alias El Cuarterón, Modesto Acosta Ávila y Daniel Bautista García, alias El
Mocho. Los dos primeros ya fueron asesinados, y queda vivo Daniel Bautista.
La versión la contó a los Torres otro vecino de Petatlán, Javier Valle Villa, que la supo directamente por su primo Modesto Acosta,
que presumía de que él mismo tuvo participación directa en el crimen.
Javier Torres cree que el propósito de esa revelación es intimidatorio. “Eso fue como para intimidar a la gente, para que nosotros
le comentemos a la gente lo que hace el señor Rogaciano y de lo que es capaz de hacer él con el poder que tiene, que puede
controlar al gobierno y hacer lo que él quiera”.
Con la declaración de Isaías y Javier Torres, la Procuraduría del DF inició la averiguación AP FCIH/1/T1/0063/07-09, que se
registró en el libro de gobierno, para que se practiquen todas las diligencias necesarias y que se resuelva conforme a derecho.
Recibió la declaración la agente del Ministerio Público licenciada Liliana Amezcua Macías.
Es decir, se supone que se está investigando.
La declaración de Javier Torres dice: “Quiero manifestar que el 7 de mayo de 2005, aproximadamente a las 21 horas,
encontrándome en casa de Majín Valle Villa, lugar a donde fui invitado por el hermano de éste, Javier Valle Villa, alias El Cabezón,
cuya dirección exacta no la sé, pero sé que se ubica en la colonia Vicente Guerrero como a un kilómetro de la zona militar de
Petatlán, lugar al cual acudí con el señor Anselmo Torres Rosas y Felipe Torres Cruz, tío y hermano del suscrito, ya que como lo
dije antes fuimos invitados por Javier Valle a ver una película, y encontrándonos en esa casa en el transcurso que estuvimos
viendo la película, Javier Valle Villa, alias El Cabezón, estuvo tomando unas cervezas, y aproximadamente a las 21:30 horas le dio
por presumirnos diciéndonos que a él le había platicado su primo Modesto Acosta Ávila, originario de la comunidad de El
Carrizal, que a él y al señor Nicolás Martínez, alias El Cuarterón, y a Daniel Bautista alias El Mocho, los había mandado el señor
Rogaciano Alba Álvarez a matar a la licenciada Digna Ochoa, y que también estaban involucrados los señores Alfredo Acosta Ávila
y Marcelino Acosta Ávila, hermanos de Modesto Acosta Ávila”.
Agrega Javier Torres en la misma declaración que ha habido represalias contra los que conocieron esa revelación: “siendo el caso
que al día siguiente según se rumoró en la comunidad de Petatlán, que Javier Valle Villa le dijo a su cuñado Daniel Bautista alias
El Mocho que la había regado al hacernos ese comentario, y debido a ello desde entonces hemos sido perseguidos por el señor
Rogaciano Alba Álvarez e incluso a la fecha ya mató a tres personas que estaban enteradas de lo comentado por Javier Valle Villa,
siendo estos los nombres Rómulo Sánchez Coria, Anselmo Torres Rosas, y Jesús Rosas Galeana”.
La agente del MP le preguntó si Javier Valle Villa les comentó cómo mataron a la licenciada Digna. Javier Torres contestó: “Sí,
agregando que investigaron dónde estaba ella para matarla, y que la habían matado, habiendo llegado con la licenciada Digna
Ochoa identificándose como gente de la Organización Ecologista de la región de La Botella, municipio de Petatlán, y que fue
Nicolás Martínez, alias El Cuarterón, ya que solamente le había dado un disparo en la cabeza”.
Le preguntó si conoció a la licenciada Digna. “La conocí en la comunidad de El Zapotillal, sin recordar la fecha, en una asamblea
que se realizó en esa comunidad, al parecer en el año 2000”.
Le pidió que proporcionara los lugares donde se puede ubicar a Nicolás Martínez El Cuarterón, a Modesto Acosta y Daniel
Bautista. Dijo que Nicoás y Modesto están muertos, y sólo vive Daniel Bautista, en Petatlán.
La última pregunta fue si sabe cómo y cuándo mataron a Nicolás Martínez alias El Cuarterón. “No recuerdo la fecha pero lo
mataron en la comunidad de El Venado cuando iba hacia Petatlán, y lo emboscaron un poco después de que mataron a la
licenciada Digna Ochoa”, respondió.
Javier Torres Cruz fue entrevistado en la comunidad de Rancho Nuevo, en la sierra de Petatlán, el 21 de mayo, a donde acudieron
campesinos de cuatro comunidades de esta área que han sido agraviados por el ex alcalde de Petatlán. Decidieron juntarse y
denunciar esos agravios después de que Alba Álvarez sufrió dos atentados, de los que salió ileso: el 3 de mayo, en Iguala, donde
fue atacado con armas de alto poder cuando caminaba por una banqueta con un grupo de ganaderos dirigentes de diversos
municipios, y murieron siete de ellos. El segundo ataque, 24 horas después, fue en su casa en el centro de Petatlán, donde según
la información oficial unos 60 sicarios a bordo de 10 camionetas de lujo con uniformes de la AFI mataron a 10 hombres, entre
ellos los dos hijos de Alba Álvarez.
Javier Torres trajo un expediente de todas las gestiones que ha hecho en relación con esta denuncia, y mostró la copia de la
averiguación previa que se abrió en la PGJDF.
Dos años antes, él dio una entrevista sobre la misma revelación al periódico La Jornada. Y en mayo de este año, después de los
atentados a Alba Álvarez en el mismo priódico se publicó que campesinos de La Morena, en la sierra de Petatlán, presentaron la
denuncia en la Procuraduría del DF de que Alba Álvarez había enviado a los sicarios que mataron a la abogada Digna Ochoa en la
ciudad de México el 19 de octubre de 2001.
Aquí en Rancho Nuevo, con el texto en la mano, dice: “Yo puse la demanda en la Procuraduría General de Justicia en la ciudad de
México. Con Isaías Torres Rosas, es mi tío, nada más nosotros dos”.

El caso Digna Ochoa

La abogada y defensora de derechos humanos Digna Ochoa fue asesinada el 19 de octubre de 2001, en su despacho en la ciudad
de México. La Procuraduría abrió una línea de investigación relacionada con su trabajo en Guerrero, y en particular con la defensa
de campesinos ecologistas de la sierra de Petatlán, pero nunca investigó esa línea, y concluyó que la abogada se suicidó. Su
familia dio una lucha jurídica, sustentada en trabajos de expertos que demostraron que Digna Ochoa no se suicidó, sino fue
asesinada.
El probable vínculo del asesinato de la abogada con su trabajo de defensa de campesinos en la sierra de Petatlán apareció a los
pocos días de su muerte.
La Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán informó que dos semanas antes de que
la mataran, Digna Ochoa estuvo en la sierra de Petatlán. La invitaron los dirigentes de la Organización para padirle ayuda para la
defensa de cuatro de sus compañeros que estaban presos acusados de delitos fabricados, y de otros más que eran perseguidos
por el Ejército como parte de la represión al movimiento.
No era el primer trabajo que la abogada hacía en Guerrero, había participado en la denuncia de la masacre de Aguas Blancas ante
organismos internacionales, en la defensa de los primeros detenidos en la masacre de El Charco, en la defensa de los campesinos
ecologistas que estaban presos en Iguala, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, y comenzaba a encargarse de la defensa de los
principales dirigentes del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), el comandante Antonio, Jacobo Silva Nogales y la
coronela Aurora, Gloria Arenas Agís.
La abogada había denunciado desde años atrás que recibía amenazas de muerte, y que fue secuestrada y torturada en su propia
casa, y con frecuencia esas amenazas surgían después de que visitaba Guerrero o que hacía algún trabajo relacionado con esta
entidad y la participación del Ejército en violaciones a los derechos humanos.
En junio de 2002 se publicó en este diario la versión de un testigos de la sierra que supo que Nicolás Martínez Sánchez, El
Cuarterón, había confiado a sus amigos más cercanos que él había participado en el asesinato de Digna Ochoa por órdenes de
Alba Álvarez. Según esa versión, confirmada por diversas fuentes que pidieron el anonimato, El Cuarterón fue al DF acompañado
por su sobrino Gustavo Zárate Martínez, y los dos habían sido asesinados para borrar evidencias, el primero el 1 de noviembre
de 2001 y el segundo el 4 de marzo de 2002.

Nuevamente El Cuarterón

En la misma reunión de los agraviados por Rogaciano Alba en Rancho Nuevo Narciso Torres habló sobre la abogada Digna
Ochoa.
“Yo soy uno de los fundadores del grupo de ecologistas de Banco Nuevo, y yo a ella escasamente la conocí. Ella hablaba de
reconstruir las pineras, los bosques. Para nosotros fue un beneficio porque el grupo de ecologistas hasta la vez se dedican a
apagar la lumbre, a no dejar que los incendios ataquen a los bosques. Yo vi a Digna en Banco Nuevo; vino al Zapotillal y fue hasta
el Banco Nuevo”.
–¿Usted sabe de alguien que sepa que Rogaciano Alba envió a los pistoleros para matar a Digna Ochoa?
–Solamente el comentario ese, el de la denuncia. Hay otra observación por ahí, en colonia Juárez que le dicen El Venado, ahí vivía
un sobrino de Nicolás Martínez, El Cuarterón, que se llamaba Gustavo Zárate Martínez. Y ese amigo según oyó que estaba
comentando El Cuarterón con un cuñado de él, que Modesto Acosta y Daniel Bautista, y otro que mencionaban ahí, que ellos
habían matado a Digna Ochoa. Tambén a ese muchacho (Gustavo Zárate) lo mandan matar en seguida.
“Ese Gustavo Zárate era suegro de mi hermano Anselmo Torres (asesinado por pistoleros de Rogaciano Alba el 24 de diciembre
de 2005), así que él fue quien me platicó a mí, que Gustavo le había platicado que ellos habían matado a Digna Ochoa”.


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Casas quemadas y vaqueros muertos, saldo más reciente de la violencia en Rancho Nuevo

Casas quemadas y vaqueros muertos, saldo más reciente de la violencia en Rancho Nuevo



(Segunda parte)

Maribel Gutiérrez

Rancho Nuevo

Los restos carbonizados de tres casas de madera en el centro de este poblado y dos vaqueros asesinados son las muestras más
recientes de la violencia que sembró en Rancho Nuevo el ex presidente de la Unión Ganadera Regional de Guerrero y ex alcalde
de Petatlán Rogaciano Alba Álvarez, que en esta ruta de la sierra siempre se ha presentado al mando de policías federales y
efectivos del Ejército.
Ya no hay olor a humo o a materiales quemados, pero impacta ver el panorama triste de casas destruidas por el fuego, todo
negro, en el pueblo abandonado porque las familias tuvieron que huir del peligro de muerte.
En el centro de esta comunidad quedan en pie la escuela del Conafe y una casa; otras tres se encuentran tal como quedaron el 28
de agosto del año pasado, cuando fueron quemadas mientras las familias estaban ausentes. Cuando los dueños las vieron así, ya
no se acercaron a escombrar o a arreglar para habitarlas nuevamente; se fueron en ese momento, a buscar refugio en otro
pueblo, porque la destrucción si bien no alcanzó a alguna persona, sí fue una señal amenazante, un aviso del peligro que corre la
vida de la gente que se quede en Rancho Nuevo.
En la casa de Luis Torres Landín hay restos camas quemadas, de sillas, roperos y mesas. También de alimentos que estaban
almacenados en costales y quedaron carbonizados, granos de maíz totalmente negros regados por el área donde era la cocina, y
sal endurecida como piedra por el calor de la lumbre.
Las paredes y los techos de las casas en la sierra de Guerrero son de madera, y por eso las de aquí no tardaron en quemarse por
completo; sólo quedan restos de algunas vigas caídas y de troncos que formaban la estructura de las casas. Lo demás está
convertido en ceniza.
Otra casa es de Enriqueta Torres. Cuando regresó el 28 de agosto encontró todas sus cosas quemadas, y los restos están aún
como quedaron; ella no ha movido nada. Perdió todo lo que tenía: camas, ropa, cobijas, comida, porque las familias de la sierra
almacenan víveres antes de que comiencen las lluvias y les duran todo el tiempo que están incomunicados por las aguas que
destruyen los caminos. Dice que el valor de los enceres y muebles que perdió es de más de 50 mil pesos.
Pero lo que más le duele es que se quemaron las fotos de su hijo único, Valente Yáñez Torres, que cuando tenía 19 años murió
quemado vivo, por sicarios que llegaron vestidos de soldados, aparentemente mezclados con efectivos del Ejército, y lo
agarraron en el campo, y lo torturaron y hasta que al día siguiente, el 23 de marzo de 2000, a las 2 de la tarde, la familia lo halló
muerto. Encontraron rastros de que le habían rociado gasolina, y le dieron dos balazos en la cara.
La tercera casa quemada es de Margarita Hernández Peñaloza, que también se aterrorizó cuando la vio, y desde entonces no ha
regresado.
Dicen las familias afectadas que el incendio a Rancho Nuevo fue parte de una serie de operaciones de sicarios del grupo de
Rogaciano Alba en esta área, que actúan con la protección “del gobierno”, como llaman aquí a policías y militares, porque esas
fuerzas es lo único del gobierno que se conoce aquí. Cinco días antes, fue la misma gente a disparar a las tierras de Álvaro García
Ávila, en la comunidad de El Jilguero.
Las incursiones de gente armada son recurrentes. El 15 de abril de 2007, los mismos pistoleros mataron a un vaquero que
trabajaba con la familia Torres de Rancho Nuevo. Se llamaba Leobardo González, y fue emboscado en La Espinuda, un poblado
vecino.
Días antes balearon a Chabelo Torres Yáñez, que se encontraba limpiando su milpa para sembrar calabazas; cayó, con una herida
de bala en la espalda, pero se salvó porque ahí lo dejaron los sicarios pues creyeron que estaba muerto.
El 15 de enero de este año ocurrió al asesinato más reciente de los que se atribuyen a Rogaciano Alba. La víctima es un vaquero
que trabajaba con Enrique Peñaloza, que se llamaba Andrés y era de Petatlán.

La única intención, sacar
de la sierra a la gente que
no se somete

Cuando repasan la lista de muertos, de heridos y de las familias desplazadas que han dejado sus casas para esquivar el peligro
de un ataque, y se quejan de que no pueden salir de este confinamiento donde ellos mismos de protegen porque si bajan a la
costa los pueden matar, vecinos de Rancho Nuevo y de pueblos cercanos preguntan ¿cuál es la intención?. Y la única respuesta
que encuentran es que Rogaciano Alba quiere sacar de esta parte de la sierra a las familias que no se someten a su control, para
tener disponible el territorio para sus atividades ilícitas.
Lo mismo han dicho desde 1999, año de las primeras víctimas, cuando se les pregunta el motivo del conflicto con Rogaciano
Alba.
El primero fue Otoniel García Torres, muerto el 21 de febrero de 1999, de 29 años de edad. Fue levantado por policías judiciales
federales, que se lo llevaron en una camioneta de lujo y al día siguiente se halló el cuerpo tirado en un basurero a la orilla de la
carretera federal, en la comunidad Los Achotes, hacia Zihuatanejo. En la tortura de casi un día completo le sacaron los ojos y le
cortaron los órganos genitales.
Parecería que el crimen tiene el sello de las venganzas entre narcotraficantes. Pero la familia asegura que no es ese el motivo del
conflicto, sino el control del territorio.
Recuerdan que Otoniel tenía una tienda, y que con sus hermanos y otros vecinos criticaba que Rogaciano Alba y su gente talaran y
quemaran los bosques, porque él decía que el aprovechamiento de los bosques debía hacerse “como lo manda la ley”. Además,
no veía bien la destrucción que causaban Rogaciano Alba y unos socios que eran conocidos como “los sinaloenses”, que en esa
época habían llegado a esta área de la sierra a sembrar mariguana en grandes extensiones en el lugar llamado La Cayaca, cerca
de Las Gordureras, donde además tenían un aserradero clandestino.
Los camiones cargados con mariguana bajaban continuamente por esta carretera, dicen que de día y de noche, y ahí surgieron
los roces con los vecinos de Rancho Nuevo y de otros pueblos. Había también un ingrediente político, porque Rogaciano Alba y
sus pistoleros eran del PRI, y los campesinos de la sierra han sido del PRD desde su fundación.
Los vecinos de la sierra afirman que no se trata sólo de uno o de una cadena de homicidios, sino que lo que busca Rogaciano
Alba con el apoyo de policías y militares es sacar a las familias de estos pueblos; por eso atacan a los vaqueros que trabajan aquí,
por eso les queman las casas, y les tiran cuando están trabajando en el monte y amenazan a los que acarrean mercancías a la
sierra para que no suban a comerciar a Rancho Nuevo, La Morena y sus alrededores.
Luis Torres Landín piensa: “No sé cuál es la mira de Rogaciano, se quiere quedar con todo este lugar de la sierra de Petatlán, que
se quede solo, porque agarran gente secuestrada y la torturan como para espantar a la gente que vive aquí y que se vaya”.

El caso de los siete judiciales federales muertos y de soldados del 40 batallón al servicio de un particular

Por lo mismo, para ahuyentar a las familias o acabar con ellas, hace nueve años, el 4 de marzo de 1999, nueve días después del
sepelio de Otoniel García Torres, subieron a atacar Rancho Nuevo siete policías judiciales federales y madrinas de Zihuatanejo,
pagados por Rogaciano Alba. Los atacantes llegaron por la brecha de terracería hasta el centro del pueblo, se bajaron de las
camionetas Suburban y abrieron fuego contra las casas donde había niños y mujeres, pero los hombres que estaban reunidos en
el velorio de los nueve días del funeral de Otoniel repelieron el fuego, y como eran más y conocían el terreno ganaron el
combate. Quedaron muertos los siete policías judiciales, que después fueron homenajeados en la Procuraduría General de la
República, en la ciudad de México, como héroes que cumplieron con su deber.
De las familias del pueblo sólo un adulto mayor y un adolescente sufrieron heridas. Pero todos tuvieron que huir, a esconderse en
medio de los bosques y en otros poblados.
Igual que ahora, Rancho Nuevo fue abandonado.
Las casas que ahora están quemadas hace nueve años estaban en pie pero con todos los muebles, ropa y enceres revueltos,
porque al día siguiente del ataque llegaron más policías judiciales federales a recoger a sus muertos, abrir las investigaciones y
buscar a los culpables, y catearon las casas para buscar armas o enervantes, y según denuncias de las familias se robaron las
cosas de valor que encontraron como dinero y alhajas.
Ese día se llevaron presas a dos mujeres de la comunidad: María de la Cruz Yáñez Montiel y su nuera Angélica Núñez Hernández,
que habían salido de sus escondites y regresado a la casa a buscar alimento para los niños más pequeños que lloraban de
hambre. Antes de ser trasladadas a la cárcel de Acapulco, donde estuvieron más de un año, la mujer adulta y la joven fueron
torturadas y amenazadas por policías judiciales federales, que de esa manera las oblogaron a firmar declaraciones con las que
fabricaron un expediente para acusar a los hombres de Rancho Nuevo del homicidio de los siete judiciales federales y
acompañantes.
Acusado por el homicidio de los siete policías federales se encuentra en la cárcel de Acapulco Alfredo García Torres, sentenciado
a 13 años y medio de prisión, como una venganza, a pesar de que presentó pruebas de que él no estaba en Rancho Nuevo
cuando ocurrió el ataque de los federales, y es imposible que él los haya matado.
Fue detenido el 18 de febrero de 2000, junto con sus tíos Álvaro y Juan García Ávila, (que estuvieron más de cinco años en la
cárcel) en una operación de efectivos militares del 40 Batallón de Infantería, en las comunidades Las Palancas y El Nogal, en el filo
mayor de la sierra, que llegaron encabezados por Rogaciano Alba.
Luis Torres Landín afirma que “el responsable de la muerte de los federales es Rogaciano Alba porque él los mandó, los federales
sirvieron de pistoleros de Rogaciano. Después agarran a las mujeres y las torturan, por qué no agarraron al comandante que vino
a atacar Rancho Nuevo, sin orden”.
En el expediente penal de Alfredo García Torres aparecen evidencias de la actuación de efectivos de la entonces Policía Judicial
Federal (actualmente Agencia Federal de Investigación, AFI) y del Ejército, en Rancho Nuevo, Las Palancas y El Nogal, al servicio
del ex presidente de la Unión Ganadera de Guerrero.


http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=39602

Agraviados por Rogaciano Alba en la sierra de Petatlán vuelven a denunciar 32 crímenes y el de Digna Ochoa

Agraviados por Rogaciano Alba en la sierra de Petatlán vuelven a denunciar 32 crímenes y el de Digna Ochoa



Maribel Gutiérrez

Rancho Nuevo, sierra de Petatlán

Primera parte

Los atentados de principios de mayo contra el ex presidente municipal de Petatlán y ex presidente de la Unión Ganadera de Guerrero, Rogaciano Alba Álvarez, animaron a cuatro comunidades a reactivar las denuncias que han hecho contra éste por los crímenes que le atribuyen sólo en una ruta de la sierra: 32 campesinos asesinados, cuatro desaparecidos, casas quemadas, familias desplazadas, además de la que presentaron en el DF por el asesinato de la abogada Digna Ochoa.
Los campesinos de la sierra no tienen que ver con esos atentados que, dicen “se ve claramente que es cosa del narco”, pero esperan que con esto se haya debilitado el personaje más poderoso de esta región de la Costa Grande de Guerrero, que según las denuncias hizo negocios vinculados al narcotráfico y desarrolló su propio poder, protegido y aliado de fuerzas del Ejército y las policías federales, estatales y municipales.
Se atreven a insistir en las denuncias porque creen que Rogaciano Alba ya no se moverá con libertad, porque ahora tiene un enemigo poderoso que trató de matarlo, aunque salió ileso y en su lugar murieron otras 17 personas.
Además, tienen la esperanza de que los ataques a Rogaciano Alba sean una evidencia de que éste tiene problemas y nexos con el crimen organizado, y en consecuencia sus aliados en el gobierno le retiren algo del apoyo y protección que ha tenido, y que le han garantizado toda la impunidad con que se mueve.
Si resulta verdad que se debilita ese poder, podría tener éxito la petición que hacen al gobierno de que se investiguen los crímenes de los últimos nueve años.
De estas comunidades han salido denuncias, desde 1999, y sobresale la que presentaron campesinos de La Morena el 19 de septiembre de 2007 en la Procuraduría General de Justicia del DF según la cual un testigo reveló que Rogaciano Alba envió a los sicarios que mataron a la abogada y defensora de derechos humanos Digna Ochoa, en la ciudad de México el 19 de octubre de 2001.
Hasta ahora con las persistentes denuncias de los campesinos no pasaba nada, nadie hacía nada, comenzando por el gobierno.
“Todo eso lo ha hecho Rogaciano Alba, pero cuando ponemos alguna demanda, el gobierno no nos hace caso”, dice uno de los campesinos.
Ahora esperan que el gobierno se interese, que investigue, y que actúe, y en consecuencia que baje la amenaza con la que viven, principalmente en la ruta de la sierra de Las Humedades.
Los hechos que crearon estas expectativas son los dos ataques que se dirigieron contra Rogaciano Alba Álvarez a comienzos del mes pasado. Fueron 17 muertos, siete de ellos líderes ganaderos de diversos municipios, y un mes después nada se dice de las investigaciones. Como si no fueran relevantes 17 muertos, ningún especialista ha hecho algún análisis, a difrencia de lo que ocurre en estados del norte, donde se explican los hechos de violencia como parte de los procesos de ruptura y alianzas entre los cárteles de las drogas.
Lo más que ha dicho el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo es que los atentados a Rogaciano Alba –que lo obligaron a dejar la presidencia de la Unión Ganadera Regional de Guerrero, que ocupó durante 15 años– tienen tintes del crimen organizado.
La madrugada del sábado 3 de mayo, sicarios a bordo de dos vehículos atacaron con ráfagas de AK-47 y AR-15 a un grupo de líderes de la Unión Ganadera Regional de Guerrero que presidía Rogaciano Alba, y que también en esta ocasión iba al frente. En el centro de Iguala, iban entrando al hotel María Isabel en el que se hospedaban en esos días de su asamblea estatal. Las balas mataron a siete líderes ganaderos de los municipios de Tecoanapa, Copala, Tecpan y Marquelia, pero ninguna tocó al presidente.
Casi 24 horas más tarde, en los primeros minutos del domingo 4 de mayo, un nuevo ataque contra Rogaciano Alba dejó 10 víctimas. Más de 60 sicarios vestidos con uniformes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), a bordo de 10 camionetas de lujo, llegaron a la casa de Rogaciano Alba en el centro de Petatlán, donde no se encontraba él pero sí su familia. Los sicarios sometieron a diez hombres que estaban reunidos en la calle frente a la casa; ahí los ejecutaron. Los muertos son dos hijos de Rogaciano Alba –Alejandro y Roosvelt Alba de la Cruz–, un sobrino, siete empleados que algunos dicen que su trabajo era de pistoleros, y se llevaron secuestrada a la hija Ana Karen de 18 años. Los atacantes se alejaron tranquilamente en sus camionetas, con sus armas de alto poder, unos hacia Zihuatanejo y otros hacia Acapulco.

Escondidos en la sierra

Los campesinos y campesinas que se reunieron para dar a conocer sus denuncias ante esta nueva situación son de Rancho Nuevo, Las Humedades 2 y La Morena de la sierra de Petatlán, y de El Jilguero de Coyuca de Catalán.
Aquí viven relegados, confinados y escondidos, con miedo a un ataque en cualquier momento, todo el tiempo vigilando, alertas, para ciudarse de la llegada de pistoleros, o de policías o de soldados del Ejército, que ya han venido aquí por órdenes de Rogaciano Alba.
Esta ruta de la sierra de Petatlán, que sale de la cabecera municipal con un camino polvoriento y pedregoso por el que sólo transitan con cierta facilidad cuatrimotos que pasan todo tipo de terreno, es conflictiva como las otras, principalmente por las disputas por las tierras, los bosques y el control del territorio.
Son poblados muy pequeños, de cinco, diez o un poco más familias que viven en casas de madera, sin luz eléctrica ni algún otro servicio público. Las que se localizan en lo más alto de la sierra están en medio de los bosques de pinos de clima frío.
De esta ruta, conocida como Las Humedades porque atraviesa una zona de manantiales y arroyos, el acontecimiento más conocido afuera es la muerte de siete policías judiciales federales y madrinas, que llegaron a atacar a la comunidad de Rancho Nuevo el 5 de marzo de 1999, por órdenes de Rogaciano Alba, pero fueron repelidos por la gente que estaba ahí, la mayoría visitantes de otras comunidades porque habían ido a los nueve días del funeral de Otoniel García, un vecino que fue asesinado por órdenes del mismo Alba el 21 de febrero.
Si se confirma que el poder de Rogaciano Alba está debilitado, la vida de las comunidades de esta ruta de la sierra podría cambiar, esperan.
“Creemos que este puede ser un momento importante, porque Rogaciano Alba está débil, por lo que le pasó, que creemos que son asuntos del narco”, dice Felipe Torres Cruz, de la comunidad de La Morena.
Javier Torres Cruz, de 28 años, que junto con Isaías Torres Rosas puso una denuncia en la Procuraduría del DF sobre la participación de Rogaciano Alba en el asesinato de la abogada Digna Ochoa, expone: “Vemos que si el gobierno pone remedio en este asunto mucha gente puede regresar a su casa. Hay un número de familias grande que está fuera de su casa porque le tienen miedo a Rogaciano Alba.”

Una forma de matar

En la lista de denuncias contra Rogaciano Alba y el gobierno que lo apoya, además de 32 asesinatos hay testimonios de torturas, mutilaciones, gente quemada viva, y la quema de tres casas completas en Rancho Nuevo. Dicen que estos crímenes no se investigaron porque quien los ordenó siempre ha tenido la protección de las policías federales, estatales y municipales, y del Ejército, y controla a los agentes del Ministerio Público.
Creen que los ataques del 3 y 4 de mayo ponen a Rogaciano Alba a la defensiva, y los agraviados quieren aprovechar, que probablemente ya no es tan fuerte, y que ya no cuente con la protección del gobierno, principalmente de las policías y el Ejército.
Y si no es así, aquí seguirán igual, en peligro de morir, de perder a la familia, de llegar un día y encontrar la casa quemada con todo lo que hay adentro; o de ser arrestados y encarcelados lejos, y acosados por el Ejército, las policías y sicarios.
De seguir la situación como hasta ahora cada día estarán peor, porque la mayoría de los hombres ya no puede bajar a Petatlán ni salir a las carreteras ni trabajar sus tierras sin riesgo a morir en una emboscada.
Luis Torres Landín, vecino de Rancho Nuevo, el adulto de más edad de esta comunidad, de aproximadamente 60 años, dice que Rogaciano Alba “aquí ha agarrado a mucha gente, la ha torturado y la ha matado a su manera”.
Y esa manera de matar se ha visto aquí con frecuencia, desde la primera vez el 21 de febrero de 1999 con Otoniel García Torres, hasta recientemente con el asesinato del presidente del comisariado ejidal de La Botella, Jesús Rosas, el 9 de abril de 2007. Los dos fueron levantados, torturados durante horas, y luego sus cuerpos arrojados a la orilla de una carretera mutilados.
Cada campesino agraviado habla de las características de Rogaciano Alba.
Felipe Torres Cruz, de 26 años, de La Morena, dice: “Se escudaba en los ganaderos. Por ejemplo, uno de sus principales pistoleros, Modesto Acosta, asesinado en marzo del año pasado, se decía ganadero, pero apenas tenía unas cuantitas vacas, y en realidad se dedicaba a matar, por mandato de Rogaciano Alba”.
En el tiempo que estuvo de presidente de la Ganadera ningún socio de esta región tuvo algún beneficio, le dio apoyo a los que él quería, a sus pistoleros, que no tenían vacas, les dio credenciales de ganaderos. Duró mucho tiempo en la ganadera porque él amenazaba a la gente, al que se oponía lo mataba.
Luis Torres: “Si el gobierno hiciera justicia debe hacer que Rogaciano Alba pague los daños que ha hecho, asesinatos, torturas, las casas, el ganado y todo lo que se ha robado.
En el tiempo que fue presidente municipal de Petatlán a las comunidades no les hizo beneficios, sólo a los de El Camalote porque en ese tiempo el camino lo ocupaba para sacar la mariguana, que sembraba en terrenos de Eduardo Acosta en La Cayaca, de ahí bajaban camiones con mariguana de día y de noche”.
Dice que Rogaciano Alba se ha ensañado con las comunidades de esta ruta. Y aparte de todo “nos quiere incomunicar, dio órdenes a Daniel García Bautista El Mocho y a Marcelino Acosta, para que amenazaran a los fleteros para que no hicieran ningún viaje a esta ruta de Rancho Nuevo, que nadie que se dedica a comerciar en la sierra venga para acá, dijo que ni un viaje para los de La Morena y Rancho Nuevo”.
Otros presentes agregan que Rogaciano Alba sembraba mariguana, en esta región entre 1996 y 98, pero ahora ya no siembra, trafica con cocaína. Tiene dónde desembarcarla, en Zihuatanejo, y recibe 5 o 6 toneladas.
Anselmo Torres Quiroz, de La Morena, de 76 años: “Conozco a Rogaciano Alba desde que tenía 17 años, al poco tiempo se dedicó al narco en gran escala, en la Costa Grande y en la sierra. Se le hicieron complicaciones con los campesinos porque acaparaba cargas de mariguana y luego los mandaba matar para no pagarles”.
Se dedicaba al narco amparándose en la ganadera.Tiene tres ranchos: San Felipe, Potrerillo y La Calera, pero “casi no tiene ganado, tiene los ranchos para acaparar pero saca dinero de la cocaína”.
Anselmo Torres, que tenía siete hijos, pero a dos los mataron por órdenes de Rogaciano Alba, uno está preso en Monterrey, y cuatro están perseguidos, dice: “Suplico al gobierno que se haga justicia, a ver si agarrando a Rogaciano para la violencia, las torturas y los asesinatos de campesinos”.



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