Remarcan irresponsabilidad del estado en el caso del campesino Javier Torres

Envían a la CIDH solicitud para proteger al ecologista
Remarcan irresponsabilidad del estado en el caso del campesino Javier Torres

CITLAL GILES SANCHEZ

Esta semana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinará si hubo o no violaciones a los derechos del ecologista Javier Torres Cruz y en su caso recomendará al gobierno de México y al de Guerrero tomar las medidas cautelares para la seguridad del campesino. De igual forma, se documentó en la solicitud que se envió a la CIDH que el gobierno del estado actuó de manera irresponsable por no investigar la desaparición forzada de manera inmediata.

En entrevista, la abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Vanessa Coria, reveló que el 22 de diciembre el Cejil, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) y la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) solicitaron a la CIDH que se otorguen medidas cautelares para proteger la vida de Torres Cruz y su familia, luego de la desaparición forzada y posibles actos de tortura hechos por militares.

“La solicitud está basada en esos hechos y puesta en el caso de Digna Ochoa porque Javier Torres y su tío son testigos clave en el caso del asesinato de Digna por señalar a Rogaciano Alba como el responsable, y suponemos que las amenazas y hostigamientos proviene de su calidad como testigo”, detalló.

“La solicitud está basada en esos hechos y puesta en el caso de Digna Ochoa porque Javier Torres y su tío son testigos clave en el caso del asesinato de Digna por señalar a Rogaciano Alba como el responsable, y suponemos que las amenazas y hostigamientos proviene de su calidad como testigo”, detalló.

Vanessa Coria destacó que en la solicitud que se hizo a la CIDH se pidió que ordene a los gobiernos de México y de Guerrero implementar medidas cautelares como el cese a todo tipo de agresiones y amenazas, así como el que el Estado mexicano ponga mayor atención a las actividades que los militares llevan a cabo en la sierra de Petatlán, ya que se han hecho denuncias de hostigamiento, como fue el caso de la incursión en La Morena el 13 de noviembre.

Otra de las peticiones de mayor importancia –reveló la abogada– es que la investigación del caso se lleve en la jurisdicción civil y no en la militar, porque son los soldados los señalados como responsables.

“Para Cejil sí es importante que se realice una investigación seria y efectiva para poder proteger a Javier Torres y a su familia como testigos claves, y evidentemente que lo investiguen en un fuero que sea considerado en un fuero competente e imparcial fuera del jurisdicción militar”, indicó.

Coria destacó que en la solicitud documentaron la omisión que hicieron el estado de Guerrero como el Distrito Federal para brindarle protección al ecologista, ya que, argumentó, el gobierno sabían de esta amenaza y al omitirla propiciaron que Torres fuera víctima de una detención ilegal.

Sin embargo precisó que a pesar de que la CIDH no solicite de forma inmediata la protección a Javier Torres, el gobierno de Guerrero tiene el deber de brindarla, para garantizar que el ecologista no sea víctima de otro atentado.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/01/05/index.php?section=sociedad&article=004n2soc