Conferencia de Prensa
Boletín de Familiares
Ciudad de México a 14 de mayo del 2012
Al pueblo de México
A las Organizaciones Populares, políticas y democráticas
A las Organizaciones de Derechos Humanos Nacional e Internacional
A las Organizaciones de Familiares de víctimas de Desaparición Forzada
A los intelectuales y personalidades progresistas
A los medios de Comunicación
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”,
los representantes legales y organizaciones solidarias denuncian simulación,
engaño, burla y perversidad por parte del Estado Mexicano al dar por muertos a
los desaparecidos Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
El Estado Mexicano, ante la proximidad del 5º aniversario de la
desaparición forzada de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel
Alberto Cruz Sánchez (25 de mayo), montó una operación de simulación y engaño
para aparentar ante familiares y ante la COMED que se estaba avanzado en las
investigaciones para resolver el caso con el objetivo de impedir o inhibir la
denuncia pública y las actividades que llevan a cabo familiares y
organizaciones de derechos humanos y populares en el marco del aniversario y de
la Campaña Nacional contra la guerra de Calderón, por la justicia y castigo a
los criminales de Estado.
El pasado 10 de abril del presente año la familia de Edmundo Reyes Amaya y
los abogados representantes de la coadyuvancia fueron notificados sobre la
decisión del gobierno de llevar a cabo una diligencia de exhumación para
descartar una supuesta “línea de investigación” que había permanecido inactiva
durante 5 años, por la falta de voluntad política del Estado y dar con los
responsables de este crimen de lesa humanidad. La certeza y la forma dolosa con
que fue brindada la información a la familia dio un margen muy alto de
posibilidad de encontrar en esta diligencia el cuerpo de una persona cuyas
características eran similares a la de Edmundo Reyes Amaya y que en reiteradas
ocasiones el gobierno federal aseguraba saber su paradero. En tanto que jamás
proporcionó información alguna respecto al paradero de Gabriel Alberto Cruz
Sánchez. Tratando con ello de dividir el caso y a los familiares en su lucha
por la presentación con vida de los desaparecidos.
Ante la seguridad con la que se manejaba esta información, los familiares,
tanto de Edmundo como de Gabriel con el fin de avanzar en las investigaciones y
no obstaculizar este proceso, y en un acto de buena voluntad, accedimos a
practicar la diligencia, la cual se llevó a cabo del 30 de abril al 4 de mayo
del presente año. Sin embargo, al practicar la diligencia que se prolongó por
varios días, nos encontramos con una serie de engaños y falta de seriedad por
parte del gobierno estatal y federal al no tener una línea clara de investigación
y montar un escenario de posibilidades al encontrar diversos cuerpos, que no
correspondían al de nuestros familiares, con lo que se nos sometió a un
desgaste físico y emocional al llevarnos a un proceso de exhumaciones sin
sentido, en el que fuimos re victimizados.
En estas circunstancias y al fracasar en su intento de encontrar el cuerpo
que correspondía según a Edmundo Reyes, el gobierno estatal condiciono la
voluntad política y de recursos para aceptar realizar nuevas diligencias,
orientadas a dar por muertos a los detenidos desaparecidos, con lo que el
derecho de acceder a la verdad y a la justicia es anulado de facto, cuando es
obligación del Estado investigar y dar con el paradero de las víctimas de
desaparición forzada y castigar a los responsables.
La premura del gobierno mexicano de realizar esta diligencia, la presión
hacia los familiares para aceptar la hipótesis de que uno de los desaparecidos
pudiera estar muerto, aunado a que en la exhumación no se encontró el cuerpo
que se había dicho que pudiera ser de uno de ellos, demuestra la perversidad
del Estado mexicano que año con año, ante la proximidad de un aniversario más
inventa supuestos avances en las investigaciones.
La diligencia de exhumación para encontrar a quien supuestamente puede ser
Edmundo Reyes Amaya implicó que en los hechos el Estado mexicano presume la
muerte de dicho luchador social; sin embargo, en las investigaciones
ministeriales NO existe dato alguno que lleve notoriamente a dicha conclusión.
Basta decir, que la indagatoria que se inició a partir que se encuentra dicho
cadáver no contiene actuación alguna tendiente a establecer las circunstancias
de lugar, tiempo y modo de la muerte de esa persona, así como el lugar en que
fue inhumada.
Consideramos que antes de llevar a cabo otra diligencia de exhumación, es
necesario que el Estado mexicano demuestre, mediante pruebas fehacientes y que
obren en las indagatorias que se llevan a cabo tanto en la Unidad Especializada
en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas (UEITA) de la
Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la
Procuraduría General de la República (PGR), como en la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Oaxaca, que las líneas de investigación relativas a que
los desaparecidos se encuentran vivos han sido agotadas y, en su defecto,
consecuentemente se determine la suerte o paradero de los mismos. De lo
contrario, será inútil detener y procesar a personas si no se tienen pruebas
suficicientes en los procedimientos penales para incriminarlos, pues ello,
lejos de beneficiar propiciara la impunidad a largo plazo.
Cabe decir, que la la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver
el caso Radilla Pacheco -que justamente condenó al estado mexicano por una
desaparición forzada- reiteró que el deber de investigar es uno de medio, no de
resultado, ello no significa, sin embargo, que la investigación pueda ser
emprendida como “una simple formalidad condenada de antemano a ser
infructuosa”. Al respecto, el Tribunal ha establecido que “cada acto estatal
que conforma el proceso investigativo, así como la investigación en su
totalidad, debe estar orientado hacia una finalidad específica, la
determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura,
enjuiciamiento y, en su caso, la sanción de los responsables de los hechos”.
La desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz
Sánchez, fue reconocida y aceptada por la CNDH, debido a la presión y exigencia
de organizaciones populares, familiares y la COMED, motivo por el cual emitió
una recomendación al Estado Mexicano (07/2009), quien se vio obligado a
reconocer este crimen. En consecuencia es el Estado quien tiene completa
responsabilidad intelectual en estos hechos y es quien sabe perfectamente en
dónde están los desaparecidos y quienes son los responsables materiales.
La perversidad y el engaño se configura al confirmarse que la diligencia
fue un acto planeado y de simulación ante la premura del aniversario y por la presión
de las organizaciones populares y políticas que exigen la presentación con vida
de los detenidos desaparecidos; y la intensión de que los familiares caigan en
el juego de dar por muertos a los desaparecidos y con ello también garantizar
la impunidad a los responsables de este crimen de lesa humanidad.
Lo anterior demuestra que la desaparición forzada de personas es una
política de Estado que se ha incrementado con la llegada del PAN al poder y en
el contexto de supuesta guerra contra el narcotráfico con la intención de
paralizar y desarticular a los movimientos populares, causar miedo y terror en
la población e instaurar por la vía de los hechos un estado policiaco militar
que atente cada vez más en contra del pueblo mexicano.
Por lo tanto tenemos la certeza de que Edmundo Reyes Amaya y Gabriel
Alberto Cruz Sánchez se encuentran vivos en alguna cárcel clandestina del
Estado mexicano y por ello, hoy y siempre nuestro grito de exigencia es vivos
se los llevaron, vivos los queremos.
Condenamos la burla y la perversidad con la que el Estado mexicano intento
evadir su responsabilidad de presentar con vida a los desaparecidos y castigar
a los responsables de la desaparición forzada, por lo que exigimos:
1. La presentación
inmediata y con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
2. Una investigación que
garantice el derecho a la verdad, a la justicia y la no impunidad de los
responsables materiales e intelectuales de cometer la desaparición forzada.
3. El derecho a la
justicia y a la reparación integral del daño que establezca garantías de no
repetición de estos crímenes de lesa humanidad.
4. Que se garantice la
seguridad de los familiares y organizaciones que han acompañado la exigencia de
la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya, Gabriel Alberto Cruz Sánchez,
Francisco Paredes Ruiz, Daniela y Virginia Ortiz Ramírez y Lauro Juárez, así
como la de todos los detenidos desaparecidos del país.
Por último, queremos dar a conocer al pueblo en general que, en el marco de
la semana internacional del detenido desparecido impulsada por FEDEFAM,
familiares de víctimas de desaparición forzada, organizaciones populares y de
derechos humanos realizaremos de manera coordinada en 15 estados de la
república diversas actividades para exigir la presentación con vida de los
detenidos desaparecidos y el castigo a los culpables.
Comisión de Mediación reafirma su solidaridad con familiares de Edmundo y
Gabriel desaparecidos forzadamente en 2007
En días pasados, se
llevó a cabo una diligencia judicial de exhumación de un cuerpo que se pensó
podría ser el de uno de los desaparecidos del Ejército Popular Revolucionario.
Luego de una dolorosa jornada, en la que participamos miembros de la COMED, familiares
de las víctimas, funcionarios de los gobiernos federal y de Oaxaca, se llegó a
la conclusión de que era una pista infundada. Fue importante para nosotros la
participación de antropólogos forenses argentinos que validaron los resultados.
Nuestra decisión de
participar en dicha diligencia se basó en dos factores: a) los antecedentes de
solicitud, condiciones y aceptación que hicieron los familiares de Edmundo
Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez; y b) la garantía de que serían
forenses externos los que harían tanto la exhumación como el peritaje final.
Pensamos que fue útil la realización de ese evento, al menos para descartar
líneas de investigación ministerial. Contamos para esto con la invaluable
colaboración de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos.
Es comprensible que
las familias Reyes Amaya y Cruz Sánchez, luego de la revictimización que
implicó la exhumación y la práctica de estudios en el lugar de los hechos, se
muestren indignados y se sientan engañados. Como siempre, nuestra profunda
solidaridad y acompañamiento a ellos y ellas.
Pensamos que es el
momento de que se demuestre una verdadera voluntad política de investigar por
el paradero con vida de los dos militantes desaparecidos. A punto de cumplirse
cinco años de esta desaparición forzada, se frustran las esperanzas de esclarecimiento
del caso y de aplicación de justicia a los culpables de este nefando crimen.
México no tendrá Estado de Derecho mientras se produzcan situaciones como la
que aquí se denuncia. Nosotros, como Comisión de Mediación, seguiremos
cumpliendo nuestra encomienda en este esfuerzo nacional por lograr condiciones
de justicia y paz.
Atentamente.
México, D.F. a 14 de mayo de 2012
La COMED:
Miguel Álvarez
Gándara, Jorge Fernández Souza, Dolores González Saravia,
José Enrique González Ruiz, Miguel Ángel Granados Chapa (+), Juan de Dios
Hernández Monge, Rosario Ibarra de Piedra, Gonzalo Ituarte, Gilberto López y
Rivas, Carlos Montemayor (+),
Pablo Romo Cedano, Samuel Ruiz García (+).
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