Ofrece Mora Patiño dar hoy una respuesta a los manifestantes

Levantan comuneros de tres municipios el plantón en los cuatro accesos a Taxco

RAYMUNDO RUIZ AVILÉS ( Corresponsal)

Taxco, 22 de abril. El bloqueo que comuneros de los municipios de Taxco, Pilcaya y Tetipac realizaron el sábado en los cuatro entronques carreteros federales que dan acceso a la ciudad, para exigir al gobierno del estado la construcción de un puente peatonal, fertilizante y otras demandas, fue levantado cerca de las 2 de la madrugada del domingo para entablar una mesa de negociación durante la mañana en la población de Papala.
Después del diálogo con un funcionario del gobierno del estado después de las 8 de la noche del sábado y uno de los líderes del movimiento, Pedro Pablo Urióstegui Salgado, obligó a continuar el plantón por no encontrar algún resolutivo.
Sin embrago, a las 9 de la noche llegó al lugar tomado, otro funcionario para instalar una mesa de negociación y destrabar el conflicto.
Dentro del perímetro arribaron efectivos de la policía del estado que al momento de comenzar con la mesa de negociación, uno de ellos no permitió el acceso a los medios de comunicación.
La oscuridad que tomó por sorpresa a los manifestantes, hizo que no se logrará conocer a los funcionarios que dialogaron con Urióstegui Salgado.
Conforme transcurrió la noche, los manifestantes que apenas y se les vio el rostro, se les notó cansados pero firmes en la decisión de seguir su manifestación.
El plantón transcurrió en calma hasta cerca de las 2 de la madrugada, para realizar una reunión la mañana del domingo en la comunidad de Papala, donde se puso en la lista de prioridades la construcción del puente para la escuela Juan Álvarez de la comunidad de San Miguel Acuitlapan, como otras demandas entre ellas la entrega de fertilizante.
Enseguida, se vino el movimiento de los pesados vehículos para liberar los cuatro accesos y después el flujo de los pocos vehículos que circularon a esa hora.
Durante la reunión que fue a puerta cerrada, con la asistencia del alcalde de Taxco, Marco Antonio Sierra Martínez, como intermediario así como la subsecretaria de Gobierno para Asuntos Políticos de Guerrero, Rossana Mora Patiño, y el líder Urióstegui Salgado, se lograron los acuerdos.
Mora Patiño resaltó que este lunes será consultada con los funcionarios para la erogación de recursos importantes sobre las demandas de los inconformes.
Adelantó que durante el transcurso del día se dará respuesta “para no alargar el asunto y seguramente en los próximos días se tendrán los resultados con la gente”.
Por su parte, el alcalde Sierra Martínez dijo que estuvo como mediador del conflicto para atender las demandas.
Agregó que como ayuntamiento se tuvo la disposición para apoyar a resolver el conflicto, “aunque no nos compete resolverlas por ser un asunto de carácter estrictamente estatal, estamos atentos para coadyuvar y hacerlo”.

 http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2012/04/23/index.php?section=regiones&article=007n2reg

Ejidatarios de Soledad de Maciel, Petatlán, acusan de abusos a un arqueólogo

Denuncian campesinos sustracción de piezas arqueológicas de sus parcelas

Rodolfo Lobato Rodríguez entra sin permiso a los terrenos y saca las joyas, aseguran

HERCILIA CASTRO ( Corresponsal)

Petatlán, 23 de febrero. Comuneros de La Soledad de Maciel denunciaron que el arqueólogo al frente del Museo Xihuacan, Rodolfo Lobato Rodríguez, ha entrado en sus parcelas sin consentimiento y ha sustraído piezas arqueológicas de los terrenos y casas de “La Chole”.
El comisario ejidal Marcelo Delgado Romero, acusó a Lobato Rodríguez de haber incurrido en compras ilícitas de parcelas donde se han encontrado monolitos, como es el caso del ejidatario José Manuel Santamaría Valdovinos de cuyas dos hectáreas, 803 metros, sostiene, se adueñó el arqueólgo.
Dijo que a él como comisario no se le ha tomado en cuenta y la situación de irregularidades agrarias data desde hace cuatro años en que empezaron las excavaciones en la zona arqueológica.
Señaló que Lobato Rodríguez no ha tomado en cuenta la firma de autorización para cualquier diligencia y ha violado su representación como autoridad ya que cuando necesita firma ejidal va a la comunidad aledaña Cabritero de Domínguez y “toma firmas por representación”.
Por su parte el campesino Emilio Salas Rauda detalló que el arqueólogo invadió su predio mientras él se encontró fuera por motivos de salud. Lobato Rodríguez hizo excavaciones en parte de su terreno y sacó dos fogones prehispánicos.
“Esto fue hace como cuatro años, yo estaba enfermo y cuando regresé ya había excavado y sacó restos, unos fogones que ahora tienen ellos”, dijo.
Responsabilizó al alcalde Albino Lacunza Santos de cualquier represalia que pueda haber en contra de él o los pobladores.
Los comuneros expresaron que aparte de la invasión de tierras sin el permiso de la comunidad, el investigador ha despidió a una trabajadora originaria de la comunidad, por lo que ya tiene una demanda ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Relataron que estelas y figuras con incrustaciones de jade, desaparecieron del museo local de la comunidad que atendía el guía anterior y que actualmente está amenazado.
Los pobladores de La Chole dijeron que ya tienen una denuncia ante el Tribunal Agrario, sobre todo por la invasión ilícita al predio de Santamaría Valdovinos con el expediente 08/2012.
“Nosotros no nos oponemos al progreso, pero queremos ser tomados en cuenta, que las condiciones sean parejas, eso queremos, aquí como ve, no tenemos nada, ni carretera”.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2012/02/24/index.php?section=sociedad&article=006n1soc

Con un cerco de 600 policías impone Zeferino la aprobación de la presa La Parota

Con un cerco de 600 policías impone Zeferino la aprobación de la presa La Parota


Mariana Labastida


En una asamblea de 15 minutos en la comunidad de la Concepción, en un área cercada con malla y custodiada por policías, habitantes de los Bienes Comunales de Cacahuatepec votaron a favor de la construcción de la presa La Parota y de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) comience con los trámites administrativos para ocupar mil 383 hectáreas.
En la reunión, el secretario privado del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, César Bajos Valverde, habló de las obras que lleva a cabo el gobierno del estado en diferentes comunidades, las cuales comenzó a recorrer desde hace cinco meses, y aseguró a los pobladores que en caso de realizarse el proyecto les pagarán muy bien sus tierras.
A las 8 de la mañana ya se encontraban ocupadas la mitad de las 450 sillas colocadas bajo un toldo blanco en la explanada del terreno que, según se dijo, está destinado a la construcción de una escuela de nivel medio superior –Conalep– y ya habían sido repartidos entre los asistentes botes con agua.
Para ingresar al área donde se realizaría la asamblea los comuneros tenían que cruzar un pasillo de malla ciclónica, de dos metros de ancho por ocho de largo –similar a los que se usan en los ranchos para encerrar a los animales–, y donde fueron ubicados varios jóvenes en mesas con los nombres de las 47 comunidades que integran los Bienes Comunales. Allí los asistentes tenían que registrarse.
Siguiendo el camino que se ampliaba hasta llegar a la explanada en uno de los cerros, atrás de la casa del secretario del comisariado, Eudocio Miranda, quedó la gente encerrada por la malla que rodeaba el lugar y los policías preventivos y antimotines, estatales y municipales, que custodiaban las entradas y los alrededores.
Ya dentro del área de la asamblea se encontraba el secretario privado del gobernador, César Bajos Valverde, quien llegó muy temprano, según dijo, invitado por los comuneros para dar un informe de las obras que hace el gobierno del estado en las diferentes comunidades. Acompañando al funcionario había empleados de la Dirección de Comunicación Social del gobierno estatal, quienes grabaron en video la asamblea.
El que fue nombrado presidente del comisariado por el Registro Nacional Agrario, Eustaquio García Vázquez, también se encontraba ya dentro del enrejado y se le veía ir y venir entre los pobladores que habían llegado.
Pasadas las 9 de la mañana se acercó a Bajos Valverde para informarle que había enviado tres camionetas a Apalani, ya que la gente no había llegado porque estaba del otro lado del río.
El comisario de Apanhuac –quien no quiso dar su nombre pero se presentó con tal cargo ante Bajos Valverde–, afirmó que había llevado a 120 personas, pero que sólo le habían “dado” para 70, lo que repitió de nuevo ante García Vázquez, quien al ver que el comisario conversaba con esta reportera lo retiró del lugar.
Faltando 20 minutos para las 10 de la mañana, hora de la cita de la asamblea, García Vázquez y Bajos Valverde se veían desesperados porque aún no llegaba el representante de la Procuraduría Agraria.
Las sillas que colocaron ya se encontraban llenas y un grupo de hombres trasladaron más para acomodar a quienes estaban de pie, asimismo comenzaron a llegar con más botes con agua y refrescos para los asistentes.
Un empleado del gobierno del estado y ex guardaespaldas del gobernador –de quien sólo se supo que se apellida Lomelí– y estaba a cargo de la seguridad, iba de un lado a otro y al principio consultaba las decisiones con Bajos Valverde, después lo hizo a un lado y le pedía que se colocara debajo del toldo para su protección.
Atrás del toldo, los policías estatales comenzaron a prepararse al ver a integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop); “vienen muchas mujeres, a esas no las podemos golpear, si fueran puros hombres nos agarramos a chingadazos”, dijo uno de los efectivos al ver el grupo ubicado en otro de los cerros aledaños a donde se iba a realizar la asamblea.
Antes de las 10 de la mañana, una comisión encabezada por Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, se acercó a la malla y por dentro se acercaron el director de la Policía Investigadora Ministerial, Valentín Díaz Reyes, y el director de la Policía Preventiva, Manuel Paz Espinoza, que impidieron que se acercaran a Bajos Valverde, mientras ellos comentaron que los del Cecop habían solicitado entrar pero que primero se retirara la policía, pero se negaron. “La seguridad la pidieron los del comisariado y nos vamos a quedar”.
Minutos después de las 10 de la mañana, Bajos Valverde, García Vázquez, el secretario del comisariado, Eudocio Miranda Casiano, y los demás integrantes del comisariado se encaminaron a la tarima que había sido colocada, donde ya se había puesto también una mesa y sillas para iniciar la asamblea.
En el presidium estaban, de izquierda a derecha, el suplente del presidente del comisariado, Jacobo Alfonso Salado; el segundo secretario del Consejo de Vigilancia, Leonor García Dorantes; el primer secretario Anselmo García Moreno; el presidente del Consejo de Vigilancia, Eleno Dorantes Valeriano; el notario público número 4, Eduardo Arturo Nozari Morlet; Bajos Valverde; García Vázquez; Miranda Casiano; el tesorero del comisariado, Eloín Navidad Flores y el subdelegado jurídico de la Procuraduría Agraria, Jesús González García.
A las 10 de la mañana con siete minutos, Eustaquio García tomó el micrófono para dirigirse a los asistentes. ¡No tenga miedo! se escuchó entre la gente decirle al comisariado luego de que éste empezó a tartamudear y cedió la palabra a Eudocio Miranda, quien comenzó a leer que de acuerdo con la segunda convocatoria se encontraban en el predio donde se construirá el Conalep, en la colonia La Ceiba, y se procedía a desahogar la orden del día empezando con el pase lista.
Después de hojear los documentos que traía, dijo que había una asistencia de mil 200 comuneros, aunque en la asamblea, según el conteo de Gobernación estatal, había un promedio de 700 personas, incluidos los transportistas que trasladaron a los comuneros y que acudieron a manifestar su respaldo al gobernador Torreblanca Galindo para la construcción de la presa.
Miranda Casiano precisó que los acuerdos que se tomen serán validos para los “presentes, ausentes y disidentes” y a las 10:15 inició de manera formal la asamblea, siendo el primer paso la instalación de la mesa de debates, la cual propuso un comunero que fueran ellos mismos y sin más pidió que levantaran la mano quienes estuviera a favor, lo cual hizo la gente sin hacer preguntas y sugerencias al respecto.
Después de ello se anunció la intervención de Bajos Valverde, quien daría un informe de las obras solicitadas por la comunidad al gobierno del estado.
Allí explicó que “a raíz” de la visita que hizo Torreblanca Galindo en septiembre, cuando inauguró un tramo carretero San Pedro Cacahuatepec-Aguacaliente, se hicieron obras solicitadas, las cuales enlistaría en orden alfabético.
Primero nombró a “Aguascalientes” –en lugar de decir Aguacaliente–, donde se terminó un salón de la escuela secundaria y se tiene planeada la construcción de un comedor; en Apalani dijo que se ayudó al comisario a pagar deudas de la comisaría y él se comprometió con los habitantes de esa comunidad, así como de Barrio Nuevo de los Muertos, Cruces de Cacahuatepec, Campanario y Progreso para reactivar el proyecto de red de agua potable, el cual tiene un costo de 17 millones de pesos, 10 que pondría el gobierno federal y 7 el estado.
Agregó que en Barrio Nuevo de los Muertos, Cacahuatepec, Parotas y Pochotlaxco el apoyo del gobierno del estado fue para la construcción y reparación de iglesias; en El Cantón se apoyó en la compra de muebles para la comisaría, así como en San Isidro, Espinalillo y Progreso Cacahuatepec, donde se les consiguió una vivienda para la instalación de la comisaria.
Detalló que a las mujeres de El Campanario, Guamuchitos y San José Cacahuatepec se les entregaron máquinas de coser, así como uniformes a equipos de futbol de algunas comunidades.
Bajos Valverde resaltó la introducción de la energía eléctrica en Arroyo Verde y que el gobernador intervino para pedir los pagos de los adeudos que la CFE tenía con los habitantes de Los Mallos, quedando pendiente “de Las Parotas para arriba” y les aseguró que dichos pagos se harán.
Enlistó otras peticiones todavía pendientes como caminos y servicios médicos, e indicó que están viendo la manera de resolverlas.
Bajos Valverde dijo que le falta visitar 12 comunidades, entre ellas La Concepción, donde se realizaba la asamblea, y concluyó que “voy a seguir caminando aquí con ustedes”.
En entrevista, Bajos Valverde indicó que solamente han escuchado a los pobladores y atendiendo sus peticiones dentro del presupuesto que “no es tan grande”, pero que “mientras no se haga la presa hay que seguir invirtiendo” , lo cual fue a informar y se deslindó de ser promotor de La Parota, aun cuando habitantes de San Isidro el Gallinero lo señalaron como la persona que les aseguró que estaban ahí porque les dijeron que les pagarán las tierras que sean utilizadas incluso para el paso de carreteras, “así dijo el Güero –señalando al secretario– si ellos dijeran que no van a pagar las tierras entonces para qué el apoyo”, dijo Antonia Valente Flores.
Después se leyó el quinto punto de la asamblea: “analizar y en su caso aprobar lo relativo a la solicitud de anuencia que plantea la Comisión Federal de Electricidad para llevar a cabo, ante la Secretaría de la Reforma Agraria, el trámite administrativo de explotación por causa de utilidad pública de una superficie de mil 383 hectáreas pertenecientes de la comunidad y para destinarlas a la construcción de la presa La Parota. En este punto únicamente se nos solicita que autoricemos a que inicie y el procedimiento no es que nos quiten nuestras tierras para que no nos den, sino para que nos informen de qué manera se harían los convenios”, leyó el secretario del comisariado.
Manifestó que para desahogar dicho punto levantarían la mano los que “estemos a favor”, hizo una pausa consultó y dijo que iba a leer nuevamente el punto, previo a la votación, que no se realizó hasta después de que leyó los puntos seis y siete, consistentes en autorizar que se lleve “a cabo ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales el trámite administrativo que consiste en la autorización material de impacto ambiental y cambio de uso de suelo forestal, así como solicitar ante la Secretaría de Desarrollo Social el dictamen de cambio de uso de suelo por causa de utilidad pública, por una superficie de mil 383 hectáreas pertenecientes de la comunidad y para destinarlas para la construcción de la presa La Parota”.
Y autorizar la ocupación previa de las hectáreas, así como “autorizar a los integrantes del comisariado suscriba el convenio de ocupación previa de la superficie citada a favor de la CFE y en su caso aprobar lo conducente”.






Eudocio Miranda dijo: “compañeros comuneros, los que estén de acuerdo con estos tres puntos para desahogar el orden del día levanten la mano, los que están de acuerdo con el proyecto hidroeléctrico la Parota”; los asistentes, aunque no todos levantaron la mano, sin dar tiempo al conteo y anunció que se había aprobado los tres puntos por unanimidad.
Anunciaron que el punto 8 de la orden del día era asuntos generales, pero al no haber comentarios se dio paso al punto 9, la clausura de la asamblea y a las 10:30 de la mañana, Eustaquio García daba por concluida la reunión, 15 minutos después de haber iniciado.
El presidente del comisariado y el secretario bajaron de la tarima custodiados por policías estatales y el ex director de Tránsito municipal en el gobierno de Félix Salgado Macedonio, Víctor Manuel Cadena Macari.
Finalmente el notario Nozari Morlet y Bajos Valverde abandonaron el lugar a bordo de un Jeep color gris, mientras que Eustaquio y Eudocio lo hicieron en una camioneta blindada BMW, color blanco, propiedad de Jorge Alameda, quien se dijo transportista, ambas custodiadas por policías estatales.
Antes de retirarse, consultado sobre la utilidad que se le darán a las mil 383 hectáreas que están entregando a la CFE, Eustaquio García se limitó a decir que es para el vaso de la presa, “pero van a ser bien pagadas”.
Afirmó que ellos como integrantes del comisariado harán lo que los comuneros decidan y que después de la asamblea de ayer llevarán la petición al gobierno del estado para “decirle que nos bajen el proyecto”, porque las autoridades les piden que encabecen la solicitud.
En cuanto al Cecop, señaló: “nosotros no los molestamos, ellos nos molestan a nosotros, si ellos nos molestan vamos a hacer como el gato encerrado, vamos a sacar las uñas”.

Se registra una reportera como comunera

Según les habían informado a los integrantes del Cecop, para ingresar al área donde se realizaría la asamblea se tenía que pasar por el registro, donde se comprobaba que quienes entraban eran comuneros registrados en el padrón del Registro Nacional Agrario (RAN).
Sin embargo, quienes entraban se limitaban a escribir su nombre y a firmar, o en su caso poner su huella, para el listado de quienes asistieron y respaldar con dichas firmas el acta de asamblea que se elaboraría después para entregar a la PA y el RAN.
En ningún momento se observó que quienes estaban en las mesas de registro les solicitaran algún documento que los acreditara como comuneros o en su caso verificar que estuvieran en el padrón, como ocurrió con la reportera de El Sur, Magadalena Cisneros, quien ingresó con personas que fueron llevadas de la comunidad de San Isidro Gallinero. A ella se le pidió que se registrara, lo cual hizo bajo el nombre de Martha Ríos, firmó y le marcaron el pulgar para que colocara su huella, sin mayor requisito para poder participar en la asamblea y votar a favor de la presa La Parota.
http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=79367

Policías instalaron seis retenes para impedir la participación del Cecop

Turbia asamblea autoriza que se expropien tierras para La Parota

Los opositores realizaron un mitin contra represión; dentro, una minoría avaló el acuerdo

FRANCISCA MEZA ( )

Uno de los retenes instalados por policías, para la asamblea de ayer en La Concepción Foto: FOTO JAVIER VERDÍN

Comuneros simpatizantes con el proyecto hidroeléctrico La Parota, aprobaron ayer por la mañana la expropiación de mil 300 hectáreas de tierras para el desarrollo de la presa en una asamblea custodiada por policías ministeriales, estatales y municipales, quienes con equipo antimotines impidieron la entrada a la parte opositora, que rebasaba por varios cientos a los que apoyan la obra.
Desde el medio día anterior, los agentes policiacos llegaron al lugar y se distribuyeron en seis retenes, los cuales permanecieron hasta el final de la asamblea. El primero se instaló sobre la carretera federal Acapulco-Costa Chica, en el poblado de Tunzingo; el segundo, en el entronque a Las Plazuelas, seguido por los instalados en el entronque a San Isidro Gallinero, Garrapatas, Parotillas y Agua Caliente.
De acuerdo con información oficial, en estas movilizaciones participaron 17 grupos de la policía estatal, que aglutinaban 150 agentes, 10 grupos de la ministerial, cinco ministerios públicos, cinco agentes de Gobernación y cinco grupos de la policía municipal, además de que en cada puerta del lugar en donde se llevó a cabo la asamblea –una principal y dos de emergencia–, se colocaron 25 agentes.
Desde temprana hora, los filtros de reactivaron con el paso de habitantes de las comunidades. De acuerdo con la información, la indicación era que se revisara a cada vehículo para decomisar todo aquellos que pudiera ser utilizado en la asamblea para lesionar a terceros como machetes, resorteras, palos, cuchillos y cualquier otro artefacto.
Según los policías, cuando pasaron comuneros armados se les decomisaron sus utensilios y se les entregó un ticket para que al regreso pasaran por sus pertenencias. Cada vehículo que pasaba por los retenes era revisado, sin importar si dentro iban ancianos, mujeres y niños.
En todo momento, la zona fue supervisada por un helicóptero de la Policía Preventiva Estatal, en el cual se trasladó personal del gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo.
A las 8 de la mañana llegaron a La Concepción los integrantes de diferentes organizaciones nacionales e internacionales sociales y de derechos humanos, quienes formaron la misión de observación. Éstos, al identificarse, no fueron revisados por la policía.
Conforme transcurrió el tiempo, los integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (Cecop) se aglutinaron en el cerro posterior al terreno donde se desarrollaría la asamblea, el cual fue enmallado con anterioridad.
En tanto, al lugar ingresó el subsecretario de Prevención y Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Ramón Miguel Arriola Ibarria, quien iba al mando del operativo, y el secretario particular del gobernador, César Bajos Valverde, quien aseguró que sólo fue enviado para informar de las obras que el gobierno del estado ha desarrollado en la zona de los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
Desde las 9:15 de la mañana, una comisión de comuneros encabezados por integrantes del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, pidieron a los policías que les permitieran la entrada a la asamblea pero con garantías de seguridad, entre estas, que se retiraran los agentes antimotines que estaban en los accesos. Un policía dijo que no tenía responsabilidad en el caso.
Tras la malla, Arriola Ibarría dijo que preguntaría a los integrantes del comisariado ejidal si eso era posible para lo cual pidió cinco minutos. Sin embargo, pasó más de 40 minutos y la respuesta no llegó; desde el cerro se observaba una caravana de taxistas de la zona urbana de Acapulco, agremiados a la Organización de Unidades de Autos de Alquiler (OUAA) que llegaba a la zona.
Al llegar la hora de la asamblea, los integrantes del Cecop se acercaron al acceso principal para entrar a la asamblea, sin embargo, ésta fue cerrada con una cadena con candado y estuvo vigilada por los policías antimotines de distintas corporaciones. Debido a esto los opositores esperaron afuera del lugar.
Dentro, el secretario particular del gobernador Zeferino Torreblanca leyó los proyectos efectuados en la zona; Bajos Valverde estuvo sentado en el presídium, acompañado por los integrantes del comisariado ejidal.
En el desarrollo de la asamblea, el secretario del comisaría ejidal, Eudocio Miranda, leyó los siete puntos que contenía la convocatoria. Los tres últimos enfocados a la solicitud de anuencia planteada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para la expropiación de poco más de mil 300 hectáreas de la zona “por causa de utilidad pública” para la construcción de la presa La Parota; para solicitar ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la autorización del impacto ambiental, el cambio de uso de suelo forestal y la solicitud ante la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) del dictamen del cambio de uso de suelo para la utilidad pública.
El último punto fue analizar la solicitud de la CFE, para que en la asamblea general de comuneros se autorice la ocupación de las hectáreas expuestas, así como la autorización del comisariado ejidal para suscribir el convenio para la ocupación de la superficie.
Tras leer el orden del día el secretario del comisariado a quien los opositores no reconocen, preguntó: “Compañeros. Los que estén de acuerdo con los tres puntos que levanten la mano. Los que estén de acuerdo con el proyecto hidroeléctrico La Parota” y en respuesta los únicos comuneros que estaban en la reunión, al menos 600 de 46 comunidades que estarían afectadas, levantaron la mano; acto seguido la reunión concluyó.

 http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2010/04/29/index.php?section=regiones&article=008n1reg

Abandonan comuneros pláticas sobre la explotación de madera en La Montaña

Se acusan núcleos agrarios de desviar dinero de convenio
Abandonan comuneros pláticas sobre la explotación de madera en La Montaña

JESUS RODRIGUEZ MONTES (Corresponsal)

Tlapa, 11 de mayo. Las autoridades comunales del núcleo de Cochoapa el Grande rompieron las negociaciones con los comuneros de San Rafael y La Barca que los señalan de desviar dinero del convenio de explotación de madera que signaron en 2005 con la empresa Zoyoapan, con anuencia de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Seemarnat).

En Tlapa, en las oficinas de la Procuraduría Agraria (PA), los integrantes del comisariado abandonaron una reunión a la que habían convocado autoridades del gobierno en torno al problema y manifestaron que estaban dispuestos a informar todo lo relacionado con la venta de madera si era en una reunión con los comuneros, en la cabecera municipal.

La reunión fue con el objeto de dar seguimiento a los acuerdos pactados hace ocho días entre autoridades estatales, municipales y el Centro Tlachinollan, con los na savi de La Barca y San Rafael.

En esa ocasión, los indígenas de ambos pueblos, que pertenecen al núcleo de Cochoapa, acusaron a los integrantes del comisariado actual y del anterior de desviar el dinero que obtienen del convenio, con el argumento de que será empleado para pagar a un despacho de abogados que los asesora sobre el conflicto agrario por tierras que hay con el núcleo vecino de Metlatónoc.

A las 11 de la mañana comenzó la reunión. Desde el principio los na savi de La Barca pidieron que el comisariado informe los términos del convenio. Antonio Vázquez y Albino Flores Basilio, ex presidente del comisariado anterior, pusieron a disposición de las autoridades documentos que supuestamente consistían en el acta de asamblea de comuneros que avalan el convenio, con fecha 28 de enero de 2009; sin embargo, resultaron falsos, pues no tenían ni datos de los firmantes y había requerimientos sin llenar.

Durante casi tres horas, ambos bandos discutieron. Santiago Díaz, vecino de San Rafael, acusó: “¡ya basta de que nos sigan manipulando, que nos quieran seguir engañando!”.

Herminio Regino Hilario, regidor por el partido Convergencia, respaldó la posición del comisariado (a quienes ubican como militantes de ese partido) y sostuvo que el problema se ha politizado. “Huele a partidos políticos, son tiempos electoreros, creo que va por ahí”, dijo en referencia al respaldo que ha ofrecido el alcalde Daniel Esteban, del PRD, a los comuneros inconformes.

Los del comisariado propusieron que los de San Rafael devuelvan la madera que descargaron de cuatro camiones, y luego suspender el convenio en tanto se resuelva el problema. Pero San Rafael no aceptó, hasta que se informe todo lo relacionado con el convenio. 

A las 2 de la tarde, Antonio Vázquez Bravo, Albino Flores y Abel Chávez Víctor, líder de Convergencia en el municipio, rompieron el diálogo y junto a los vecinos de su grupo, abandonaron la reunión.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/05/12/index.php?section=regiones&article=014n2reg

Comunidades de la Costa de Oaxaca se pronuncian contra construcción de la Presa "Paso de la Reina".

El día 23 de noviembre en la comunidad de Paso de la Reina, Jamiltepec se realizó la asamblea regional donde participaron los municipios de Santiago Ixtayutla, Santiago Jamiltepec, Santa Cruz Zenzontepec, Taltaltepec de Valdés, San Pedro Tututepec, cada uno con sus respectivos ejidos y comunidades agrarias, que serían afectados por la Presa Hidroeléctrica Paso de la Reina.

Esta asamblea fue convocada por el Agente Municipal, el Comisariado Ejidal y la comunidad de Paso de la Reina con el objetivo de escuchar las distintas voces de las propias comunidades y llegar a una posición unificada para enfrentar la intención de realizar dicho megaproyecto.

Las comunidades expresaron que la Comisión Federal de electricidad desde hace más de un año ha realizado en algunas comunidades visitas para promocionar los beneficios que según ellos traerá la presa, sin embargo han incurrido en violaciones muy graves en cuanto al derecho a la información previa libre e informada, manipulando la información y presionando a autoridades agrarias y municipales para que den la anuencia para que el proyecto se ejecute. La CFE ha manejado como argumentos que las comunidades al aceptar la presa tendrán carreteras, caminos, hospitales, empleos, restaurantes, hoteles y que si no aceptan el gobierno no les dará estas obras.

Por otra parte las comunidades expresaron que este tipo de megaproyectos traen enormes afectaciones, como inundaciones a comunidades en la zona baja debido a la construcción del embalse y cortina de la presa, así también el enorme impacto ecológico en la región al obstruir el cause natural del Río Verde, como la desaparición de variedades de peces, desaparición de plantas nativas, la afectación al ciclo de la lluvia, la disminución de la humedad a las tierras para siembra, el secado de manantiales, ojos de agua y ríos secundarios. También al inundarse comunidades la población estaría obligada a desplazarse a otros lugares, golpeando la cultura y procesos comunitarios de los pueblos. Mencionaron que la región vive de la agricultura, la ganadería, de la pesca, por lo que a la llegada de la presa todo esto se vería afectado, pasando de ser los dueños de la tierra a ser desplazados o los que tengan suerte ser contratados como peones para la obra por un corto tiempo.

Algunas autoridades argumentaron que les asiste todo el derecho según las diversas leyes nacionales e internacionales, sobre todo la Constitución, el Convenio 169 de la OIT y la recién aprobada declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

También denunciaron que los diputados Joaquín de los Santos del PRD y Antonio Iglesias del PRI, han presionado para que se realice el proyecto, argumentando que va a traer desarrollo y trabajo para la región.

Finalmente Autoridades Agrarias, Autoridades Municipales, Autoridades Comunitarias y Ciudadanos/as de los diferentes municipios y comunidades que participaron en la asamblea tomaron la decisión de NO ACEPTAR EL PROYECTO HIDROELECTRICO PASO DE LA REINA y todo lo que destruya las culturas indígenas y el medio que los rodea. También emprenderán las acciones necesarias para defender su tierra y su territorio al igual que la vida.


Servicios para una Educación Alternativa A.C. EDUCA.
La Ventana A.C
Centro de Derechos Humanos “Nu uJi kandí” A.C

Proyecto de circuito vial enfrenta a dos comunidades de Michoacán.

Copándaro acusa a Zirahuén de “detener el progreso”; ésta exige estudios de impacto ambiental

■ Defenderemos lo que está cada día más cerca de ser botín de la especulación inmobiliaria, inversionistas turísticos trasnacionales y latifundistas del ramo aguacatero, dice comisariado

Antonio Aguilera (La Jornada Michoacán)

El líder comunero Marcos Paz Calvillo, derecha, quien desde hace más de 30 años ha defendido al lago Zirahuén, en Michoacán, ha sido víctima de amenazas.

Zirahuén, municipio de Salvador Escalante, Mich., 22 de noviembre. El proyecto de construcción de un circuito vial que rodee el lago Zirahuén –el más conservado del estado– tiene enfrentados a los comuneros de Copándaro y Zirahuén debido a que aquéllos acusan a los segundos de “detener el progreso” y éstos demandan al gobierno del estado presentar un estudio de impacto ambiental y el proyecto ejecutivo, pues, argumentan, en los hechos sólo beneficiará a los empresarios que son dueños de complejos turísticos en la zona.

Los primeros días de noviembre comenzaron a arribar camiones que trasportaban grava para los trabajos de asfaltado, sin tener el consentimiento de la comunidad –como estipulan los convenios de la Organización de las Naciones Unidas, de la Organización Internacional del Trabajo y la propia Constitución– pero los comuneros les cerraron el paso y desde entonces tienen bloqueada la brecha.

El nivel de conflicto es tal que la subsecretaria de Gobierno, Susana Esquivel, y el director de Gobernación, Pável Hernández, se trasladaron hasta aquí para tratar de tranquilizar los ánimos, sobre todo de los comuneros de Copándaro, quienes han amenazado a los de Zirahuén, específicamente a Marcos Paz Calvillo, quien desde hace más de 30 años ha defendido al lago.

Los habitantes de Zirahuén y Copándaro, entre otras comunidades, fueron convocados ayer viernes por Pável Hernández para tratar de conciliar con el cabildo de Salvador Escalante, cuyo edil, el panista Arturo Ramírez Pureco, es el principal promotor del circuito y quien lo impulsó ante diputados federales michoacanos.

La obra, proyectada en dos etapas, se prevé que sea licitada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; está planeada para rodear el lago y tendría una inversión de más de 40 millones de pesos, de los cuales 14 se pretende ejercer este año para construir el primer tramo de cuatro kilómetros que llegaría a Copándaro, recursos que están en riesgo de “perderse” si no se inicia la obra, señala Ramírez Pureco.

Bulmaro Cuiriz Hurtado, presidente del comisariado de bienes ejidales de Zirahuén, enfatizó que la comunidad indígena no se opone a la construcción, sino busca que la obra sea operada por las comunidades que rodean al lago para su beneficio, pues el proyecto sólo contempla mejoras para los accesos a los complejos turísticos que ostenta el empresario Guillermo Arreola Estrada.

Para los comuneros, Arreola Estrada es prestanombres de la Organización Ramírez –principales empresarios de salas de cine en el país–, la cual habría adquirido tierras comunales sin autorización de los habitantes.

“Existen sospechas –dicen–, de que también representa a inversionistas de Francia, Japón, Canadá y Estados Unidos, que estarían financiando el proyecto y que zopilotean desde hace años para apoderarse del lago”.

Cuiriz Hurtado dijo que el proyecto que presentó la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente del gobierno del estado para convencer a los comuneros hablaba de “crear miles de empleos, pero nunca de preservar y conservar al lago”, por lo que demandó un estudio de impacto ambiental más profundo.

Se trata, entonces, de defender lo que está cada día más cerca de convertirse en botín de la especulación inmobiliaria, los inversionistas turísticos de capital trasnacional y los latifundistas del ramo aguacatero.

Inclusive, señaló, la carretera se encuentra contemplada en los convenios de coordinación y reasignación de recursos para consolidar la ruta Don Vasco.

Talan pinos para campo de golf

Un estudio de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo destaca que Arreola Estrada trata de talar 26 hectáreas de pino para establecer un campo de golf, una pista para avionetas o una huerta.

El alcalde panista impulsa además una norma local para aprobar el cambio de uso de suelo para incrementar el valor de la tierra, pues por ésta se paga más si tiene sembrados árboles frutales que si tiene pinos. Pero el análisis destaca que por cada pino que se tale el lago deja de recibir mil litros cúbicos de agua.

Ayer, en una reunión a puerta cerrada celebrada en la escuela secundaria del lugar donde participaron los dos grupos, representantes del gobierno del estado y de la Unión Campesina Emiliano Zapata, a la que pertenece la comunidad indígena poseedora de los bienes comunales, la postura de éstos fue detener la obra hasta que se realice un proyecto sustentable adecuado, en tanto que el ejido y el gobierno municipal insistieron en que la vialidad se realice a la brevedad.

Habitado ancestralmente por purépechas, el lago Zirahuén y sus tierras circundantes pertenecen a la comunidad indígena. Han sido codiciadas por particulares desde los años 70, y si algo los ha salvado de la destrucción es la decisión de los comuneros.

Por impedir la venta de 40 hectáreas, a menos de 10 mil pesos cada una, a Paz Calvillo y Cuiriz Hurtado –participantes del Congreso Nacional Indígena y de la otra campaña– se les ha abierto en el juzgado único penal el proceso 33/2007 por el supuesto despojo de inmueble, el cual estaba siendo edificado por la empresa Desarrolladora y Comercializadora SA de CV, perteneciente a la Organización Ramírez, en una tierra comunal a orillas del lago Zirahuén.

Visto bueno del gobierno

Desde Morelia, y sin haber visitado estas tierras para dar cuenta del trasfondo del problema, la titular de la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente, Catalina Rosas Monge, indicó que ya se realizó el estudio de impacto ambiental para conocer los posibles daños y el dictamen fue sin afectaciones mayúsculas, pues se trata de la rehabilitación de infraestructura ya construida.

“No habrá derribo de árboles ni contaminación en el lago. A los pobladores les preocupaba que hubiera acarreo de los materiales que se van a requerir para rehabilitar el camino”, comentó.