Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) por Presos Bachajón

El Secretariado Internacional de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) ha recibido nuevas informaciones y solicita su intervención URGENTE ante la siguiente situación en México.

Nuevas informaciones


El Secretariado Internacional de la OMCT ha recibido nuevas informaciones del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C., organización miembro de la red SOS-Tortura de la OMCT, sobre la liberación los Sres. Pedro García Álvaro (quien presenta discapacidad mental), Miguel Álvaro Deara, Pedro Hernández López, Miguel López Deara y Pedro López Gómez, y de la preocupación existente por la continuación de la detención y los actos de hostigamiento en contra del Sr. Jerónimo Guzmán Méndez, acusado de los delitos de homicidio calificado, atentados contra la paz y la integridad corporal1, y contra patrimonio del estado y daños; del Sr. Domingo Pérez Álvaro, por los delitos de homicidio en grado de tentativa, atentados contra la paz y la integridad corporal, y contra patrimonio del estado y daños; y de los Sres. Juan Aguilar Guzmán y Domingo García Gómez, y del menorMariano Demeza Silvano (de 17 años de edad) acusados de los delitos de atentados contra la paz y la integridad corporal, y contra el patrimonio del estado y daños. Todas estas personas son ejidatarios de San Sebastián Bachajón, en el municipio de Chilón, Estado de Chiapas (ver más adelante los antecedentes de la situación).


De acuerdo con las informaciones, el 2 de marzo de 2011, fue liberado el Sr. Pedro García Álvaro, quien inicialmente había sido acusado de los delitos de atentados contra la paz y la integridad corporal, y contra el patrimonio del estado y daños. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE) se desistió de la acción penal en su contra e igualmente de la acción penal existente contra los Sres. Miguel Álvaro Deara, Pedro Hernández López, Miguel López Deara y Pedro López Gómez, quienes fueron liberados unos días después.


Sin embargo se ha informado que el menor Mariano Demeza Silvano permanece aún en detención en el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes Villa Crisol, en el municipio de Berriozábal, debido a que la PGJE fijó una fianza de 22.000 (veintidós mil) pesos mexicanos (unos mil trescientos Euros) suma que los familiares del menor no pueden pagar por no tener los recursos económicos suficientes.


Se ha denunciado además que, el 1 de abril de 2011, los cuatro adultos detenidos, los Sres. Jerónimo Guzmán Méndez, Domingo Pérez Álvaro, Juan Aguilar Guzmán y Domingo García Gómez, que se encuentran en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados No. 17 (CERSS No. 17), municipio de Catazajá, denunciaron que son víctimas de actos de hostigamiento y amenazas de parte el Alcaide del mencionado centro de detención, incluso con enviarlos a una celda de castigo. Se teme que las amenazas y los actos de hostigamiento se deban a las acciones de solidaridad que se están realizando a favor de los detenidos, en particular la campaña “5 Días de Acción Mundial por los 5 de Bachajón” realizada entre el 1° y el 5 de abril de 2011. Se ha denunciado también que los ejidatarios aún detenidos son forzados a realizar trabajos denigrantes por el hecho de negarse a pagar la cuota al autogobierno del centro de detención y por defender su derecho a un trato digno dentro el centro.


El Secretariado Internacional de la OMCT condena nuevamente todas las violaciones de los derechos humanos aquí denunciadas, en particular la ausencia del respeto del debido proceso, del derecho a la presunción de inocencia y de una debida protección judicial, en contra de todos los ejidatarios detenidos en febrero de 2011, y en particular, del menor de edad Mariano Demeza Silvano y de los Sres. Jerónimo Guzmán Méndez, Domingo Pérez Álvaro, Juan Aguilar Guzmán y Domingo García Gómez, aún detenidos e inculpados.


La OMCT manifiesta también su preocupación por la seguridad y por la integridad física y psicológica de las mencionadas personas, y urge a las más altas autoridades estatales y federales a que garanticen las mismas. Por otra parte, la OMCT urge a las autoridades de poner en libertad al menor Mariano Demeza Silvano, que sigue retenido aún, habiendo siendo acusado de los mismos delitos de los cuales fueron acusados los cinco ejidatarios que ya fueron puestos en libertad. La OMCT recuerda a las autoridades mexicanas el deber de cumplir con sus obligaciones en virtud de derechos fundamentales a nivel internacional y regional. En este caso en particular, exhorta a las autoridades competentes a obrar de conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño.


Antecedentes y contexto de la situación


La OMCT había denunciado anteriormente la detención arbitraria y la violación del debido proceso y de las garantías judiciales de 117 ejidatarios de San Sebastián Bachajón detenidos el 3 de febrero de 2011, en particular de los 10 ejidatarios que fueron dejados en detención, y las alegaciones de amenazas y hostigamiento por parte de la policía estatal y por miembros de la procuración judicial2. Se había denunciado entre otras cosas que las declaraciones jurídicas que acusaban a los 10 ejidatarios eran confusas y enrarecidas, y que los acusados de los delitos de homicidio no se encontraban en el lugar de los hechos ocurridos el 2 de febrero 2011 y por los que fueron acusados3.


La OMCT había recibido informaciones sobre un conflicto existente entre los ejidatarios adherentes a La Otra Campaña y el gobierno del estado de Chiapas en torno a la administración y el aprovechamiento de los recursos naturales de tierras, que se encuentra, según alegaciones de los ejidatarios, dentro del territorio de su ejido. El 6 de febrero de 2011, el gobierno de Chiapas anunció el inicio de una mesa de diálogo, en el cual los ejidatarios adherentes a La Otra Campaña se han negado a participar.


Acción solicitada


Favor escribir a las autoridades mexicanas urgiéndolas a:


i. Tomar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica del joven Mariano Demeza Silvano y de los Sres. Jerónimo Guzmán Méndez, Domingo Pérez Álvaro, Juan Aguilar Guzmán y Domingo García Gómez;

ii. Ordenar la liberación inmediata del joven Mariano Demeza Silvano, y de los Sres. Jerónimo Guzmán Méndez, Domingo Pérez Álvaro, Juan Aguilar Guzmán y Domingo García Gómez, en caso de encontrarse detenidos en ausencia de cargos legales válidos ó, en caso de que estos cargos existan, llevarlos ante un tribunal independiente, competente, justo e imparcial y garantizarles sus derechos procesales en todo momento;

iii. Llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a todos los hechos arriba denunciados, en particular acerca a la detención arbitraria masiva, a las violaciones de las garantías judiciales, a las alegaciones de hostigamiento y amenazas infligidas a los 117 ejidatarios, y en particular de quienes aún permanecen detenidos, el joven Mariano Demeza Silvano y los Sres. Jerónimo Guzmán Méndez, Domingo Pérez Álvaro, Juan Aguilar Guzmán y Domingo García Gómez, y que el resultado de la investigación se haga público con el fin de que los responsables sean llevados ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial, y les sean aplicadas las sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas por la ley;

iv. Llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno al homicidio del Sr. Marcos García Moreno y de la agresión contra el Sr. Tomás Pérez Deara, y que el resultado de la investigación se haga público con el fin de que los responsables sean llevados ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial, y les sean aplicadas las sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas por la ley;

v. de manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por los Pactos y Convenciones internacionales y regionales de Derechos Humanos, en particular la Convención sobre los Derechos del Niño, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (“Pacto de Costa Rica”).


Direcciones


Señor Presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Residencia Oficial de los Pinos, Casa Miguel Alemán, Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, México DF. FAX: + 52 55 527 72 376 + 52 55 27 89 11 13, E-mail: felipe.calderon@presidencia.gob.mx

Misión Permanente de México ante las Naciones Unidas en Ginebra, 16, Avenue du Budé. 1202, Ginebra, Case postale 433. FAX: + 41 22 748 07 08 E-mail: mission.mexico@ties.itu.int

Licenciado Juan José Sabines Guerrero, Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas Palacio de Gobierno del Estado de Chiapas, 1er Piso Av. Central y Primera Oriente, Colonia Centro, C.P. 29009 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, Fax: +52 961 61 88088 + 52 961 6188056 Extensión 21120. 21122 E-mail: secparticular@chiapas.gob.mx

Dr. Noé Castañón León, Secretario General de Gobierno del Estado de Chiapas Palacio de Gobierno del Estado de Chiapas, 2do Piso Av. Central y Primera Oriente, Colonia Centro, C.P. 29009 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México Conmutador: + 52 (961) 61 2-90-47, 61 8-74-60 Extensión: 20003. E-mail: secretario@secgobierno.chiapas.gob.mx

Dr. Juan Gabriel Coutiño Gómez, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas Tribunal Superior de Justicia del Estado. Edificio A, 2do. Piso Libramiento Norte Oriente No. 2100, Fraccionamiento El Bosque CP 29047, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México Teléfono:+ 52 (961) 61-6-53-54, 61-653-55 Fax: + 52 (961) 61-6-53-50
E-mail: cdominguezb@poderjudicialchiapas.gob.mx

Licenciado Víctor Adolfo Vera Morales, Juzgado del Ramo Penal de Playas de Catazajá, Km 2.5, carretera Catazajá – Palenque, Catazajá, Chiapas. Anexo al CERSS No. 17, C.P. 29980 Catazajá, Chiapas Fax: + 52 (916) 3660011

Licenciado José Francisco Blake Mora, Secretaría de Gobernación. Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, México D.F., C.P.06600, MEXICO. Fax: + 52 55 5093 3414
E-mail: secretario@segob.gob.mx

Licenciando Jesús Zamora Castro, Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Secretaría de Gobernación E-mail:secretario@segob.gob.mx
Procurador General de la República. E-mail: ofproc@pgr.gob.mx

Dr. Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
E-mail: correo@cndh.org.mx

Dr. José Antonio Guevara, Titular de la Unidad para la promoción y defensa de los derechos humanos SEGOB. Paseo de la Reforma 99 P.H. Col. Tabacalera. Del. Cuauhtémoc, México.
E-mail: jguevara@segob.gob.mx

Licenciado Mauricio E. Montes de Oca Durán, Unidad para la promoción y defensa de los derechos humanos SEGOB. E-mail:mmontesdeoca@segob.gob.mx

Sr. Guillermo I. Ortíz Mayagoitia, Presidente del Consejo de la Judicatura,
E-mail: presidencia@cjf.gob.mx


Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de México en sus respectivos países.


Ginebra, 6 de abril de 2011


Agradecemos que nos informen acerca de cualquier acción emprendida, indicando el código del presente llamado en su respuesta.




1 Según las informaciones, el 2 de febrero de 2011 falleció el Sr. Marcos Moreno García y resultó herido el Sr. Tomás Pérez Deara, en medio de enfrentamientos entre ejidatarios afiliados a los priístas e indígenas tseltales adherentes a “La Otra Campaña”, en el marco de la disputa por el control del centro ecoturístico “Cascadas de Agua Azul”.

2 Ver llamado urgente OMCT caso MEX 110211.CC/ MEX 110211, emitido el 11 de febrero de 2011.

3 Ver llamado urgente OMCT caso MEX 110211.1.CC/ MEX 110211.1, emitido el 18 de febrero de 2011.

Acción Urgente: Vigilancia, seguimiento y hostigamiento

Vigilancia, seguimiento y hostigamiento contra Alejandro Cerezo Contreras, integrante del Comité Cerezo México y vicepresidente de Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos AC. ------------ Acción Urgente del El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos

ACCIONES RECOMENDADAS:

Envíen llamamientos a las autoridades para que lleguen lo más rápidamente posible, en español, en inglés o en su propio idioma a los correos electrónicos siguientes urgiéndolas a:

felipe.calderon@presidencia.gob.mx, secretario@segob.gob.mx, jguevara@segob.gob.mx, correo@cndh.org.mx, cdhdf@ms.cdhdf.org.mx, cidhoea@oas.org, tb-petitions@ohchr.org, upddh@segob.gob.mx, fjavier.ramirez@congreso.gob.mx, cnavarrete@senado.gob.mx, embamex@embamex.eu, comitecerezo@nodo50.org

1. Tomar de manera inmediata las medidas apropiadas para garantizar la seguridad e integridad física y psicológica de Alejandro Cerezo Contreras, familiares y allegados, así como de los miembros del Comité Cerezo México y de Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos AC (Acuddeh);

2. Realizar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre la vigilancia, seguimiento y hostigamiento recibidos; pidiendo que los resultados de esa investigación se hagan públicos y que los responsables de esos hechos comparezcan ante la justicia e;

3. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea general de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del Derecho de toda persona «individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional» (Art.1) y a «garantizar la protección […] de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración» (Art. 12.2);

4. De manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por los Pactos y Convenciones Internacionales ratificados por México.

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El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), solicita su intervención URGENTE ante la siguiente situación en México.

Pronunciamiento FIDH sobre Tribunal Internacional de Libertad Sindical

Conclusiones y Recomendaciones de la Federación Internacional de Derechos Humanos -FIDH- con ocasión de la culminación de las sesiones del Tribunal Internacional de Libertad Sindical.

El Gobierno mexicano violenta gravemente los derechos laborales fundamentales y pone en peligro la paz pública.

Ciudad de México, 25 de octubre de 2009.

1. En México, los niveles de pobreza y de desigualdad social son enormes, lo que obliga a reflexionar sobre el impacto del modelo económico en curso sobre la gobernabilidad democrática, la paz social y la degradación progresiva del Estado Social de Derecho consagrado en la Constitución Política mexicana. Las debilidades o anomias institucionales se expresan, entre otros, en la utilización abusiva de la institucionalidad pública para servir intereses privados antes que los intereses nacionales de la población mexicana. Esto se expresa, en lo que respecta a este Tribunal en la constatación de la ausencia de una justicia laboral independiente, con excepciones que no afectan la tendencia general.

2. Este modelo económico que pretende privatizar y, que en la práctica lo ha logrado por vías de hecho, a través de las contrataciones o subcontraciones de servicios o las conseciones de recursos estratégicos mexicanos como su riqueza energética, mineral o de hidrocarburos, es el modelo que ha impuesto el cierre de la empresa « Luz y Fuerza » del Centro con el que se ha lanzado a la calle a más de 44 mil trabajadores/

3. México tiene un enorme potencial geoestratégico, pero a diferencia de los países del sudeste asiático, que protegieron y desarrollaron sus industrias, México ha optado, por decisión de sus últimos gobernantes, de enfrentar la globalización abriendo las puertas de su economía al capital y bienes extranjeros. Los tratados de libre comercio, pueden favorecer a ciertas élitas económicas, pero tienen impactos muy negativos frente a las medianas y pequeñas empresas -pymes- que no tienen capacidad de reconversión industrrial y está condenadas a la quiebra afectando el derecho al trabajo de millones de mexicanos y mexicanas, con su impacto negativo frente al derecho al desarrollo, como también se ha evidenciado con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte – TLCAN- en relación con la producción y el empleo agrícola, afectando otros derechos humanos, como el derecho a la alimentación.

4. El haber abierto las puertas de México a economías más desarrolladas con los tratados de libre comercio, estimula la llamada carrera hacia el fondo, que implica tanto la degradación de la protección ambiental como el sacrificio de los derechos laborales. Esto se ha constituido en condición sine quanon de las economías más débiles para ofrecer menores costos de producción sacrificando a los trabajadores y trabajadoras. Fenómeno que ha sido bien documentado en relación con las zonas francas y las empresas maquiladoras y su grave impacto sobre el derecho de libertad sindical y la negociación colectiva.

5. Este modelo se enfrenta al modelo de desarrollo previsto en la Constitución Política mexicana, en sus artículos 25, 26, 27 y 28 que garantiza un estado que regula la enconomía, protege al trabajador y a otros sectores sociales excluidos, que ordena el control de la nación mexicana sobre sus recursos estratégicos esenciales para su desarrollo económico. Es un gran contraste, que la Constitución de Queretaro de 1917 que fue pionera a las democracias sociales del siglo XX, en los albores del siglo XXI sea desmantelada sin siquiera ser reformada formalmente.

6. Las violaciones a los convenios fundamentales del trabajo el 87 y 98 se acompañan de otras graves violaciones de derechos humanos como atentados contra el derecho a la vida, a la integridad física, la privación arbitraria de la libertad, discriminación, difamación, la utilización de listas negras, acoso sexual y otras prácticas irregulares, que han llegado al extremo de permitir el desarrollo de los llamados grupos de golpeadores, especies de estructuras paramilitares que intimidan a través del uso de la violencia físca, cercano a prácticas terroristas, que no han sido enfrentadas ni por la fuerza pública ni por las autoridades judiciales. Esta peligrosa impunidad estimula que intereses privados y corruptos del capital atenten no sólo contra los derechos individuales, sino contra la institucionalidad democrática.

Frente a lo anterior recomendamos:

1. Al Estado mexicano cumplir plenamente con las recomendaciones de 2006 del Comité del Pacto de Derechos Sociales, Económicos y Culturales y, las recomendaciones recientes del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas luego del examen periódico universal al que se sometió México el pasado año.

2. Al gobierno mexicano a respetar el principio de progresividad contemplados en distintos pactos que ha ratificado o impulsado, para no menoscabar las conquistas sociales y el modelo de desarrollo que establece la Constitución mexicana.

3. Al Estado mexicano a nivel federal y de los estados federados en sus distintos órganos de poder público de reconocer la primacía del derecho internacional de los derechos humanos y en particular del derecho internacional laboral, para contribuir a la profundización de la democracia y la paz social en México.

4. A la oficina de la Alta Comisonada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas realizar estudios de impacto de los acuerdos de libre comercio sobre los derechos humanos y, en particular el derecho al trabajo, derechos fundamentales del trabajo y la protección ambiental

5. A las organizaciones de ls sociedad civil mexicana, en particular a las organizaciones sindicales de utilizar más los mecanismos de las Naciones Unidas y de la OEA que protegen los derechos humanos.

Por último en nombre de la Federación Internacional de Derechos Humanos -FIDH- queremos expresar nuestra solidaridad activa y abierta con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Esto no se trata solamente de un conflicto por la defensa del derecho al trabajo, se trata de una decisión que por su magnitud y efectos trasciende las fronteras mexicanas al atentar contra el derecho internacional de los derechos humanos y contra el derecho internacional laboral. De prosperar esta arbitrariedad se sentaría un nefasto precedente que no sólo pone en peligro la paz pública, sino la razón de ser de las instituciones democráticas. El gobierno mexicano al negar la existencia del SME, debe tener en cuenta que el SME existe y seguirá existiendo para la comunidad internacional y que la solidaridad mundial crecerá a la par de la movilización del pueblo mexicano para defender sus derechos fundamentales!

Luis Guillermo Pérez Casas

Secretario General de la FIDH

Miembro del jurado del Tribunal Internacional sobre la Libertad Sindical

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Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C.

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La Limeddh es filial de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH),
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Todos ellos con estatuto consultivo ante la ONU (Resolución 1296 del ECOSOC)

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Taller Básico de Monitores de Derechos Humanos

La Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos (RUMODH) y 
la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. (Limeddh)


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les invita al 

Taller Básico de Monitores de Derechos Humanos 

que se llevará a cabo en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
cada sábado de 10:00 a 15:00 horas en el salón 106.

a partir del SÁBADO 26 DE SEPTIEMBRE 2009.

Mayor información e inscripciones: capacitacion.limeddh@gmail.com / rumodh@gmail.com 
Teléfono: 5610-8790 (de 09:00 a 20:00 horas)
Celular: 5529536055 / 5529392167

Duración 40 horas con valor curricular, 
se entrega reconocimiento con 80 por ciento de los créditos. 

Costo: 200 pesos, 100 pesos para estudiantes con posibilidad de beca. 


 

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COMUNICADO DE PRENSA DE LA OMCT

http://espora.org/limeddh/spip.php?article435




ORGANIZACIÓN MUNDIAL CONTRA LA TORTURA 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA

 

MéXICO: Los tribunales militares no deben juzgar las violaciones de derechos humanos cometidas contra civiles

 

Ginebra, 6 de agosto de 2009 – La OMCT solicita al pleno de la Suprema Corte de Justicia de México que tenga en cuenta que el derecho internacional prohíbe la aplicación del fuero militar a violaciones de derechos humanos cometidas contra civiles, al abordar el estudio del caso conocido con el nombre de Caso Santiago de los Caballeros1 y que defina con claridad los límites de la justicia castrense respecto de los civiles.

 

En efecto, la OMCT ha conocido que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de México abordará el tema de la competencia de los órganos judiciales militares, al resolver un amparo promovido por la esposa de uno de cuatro civiles asesinados por militares en marzo de 2008, en Sinaloa, en el caso conocido como “Santiago de los Caballeros”. Este análisis se llevará a cabo luego de que el 8 de julio de 2009, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió enviar al pleno de ese máximo tribunal el amparo en revisión 989/2009, en el cual familiares de víctimas de violaciones de los derechos humanos cometidas por elementos del ejército (castrenses) cuestionan el hecho de que sean los militares quienes se juzguen a sí mismos.

 

La OMCT considera esta cuestión de especial relevancia en momentos en que las quejas por violaciones de los derechos humanos cometidas en México, numerosas de ellas cometidas por miembros del ejército, se han multiplicado ampliamente durante los últimos seis años. La OMCT señala su preocupación por esta situación que se ve agravada por el hecho de que es el ejército quien con frecuencia investiga flagrantes violaciones de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales, detenciones arbitrarias y tortura, por medio de un sistema que adolece de ausencia de garantías que aseguren su independencia e imparcialidad.

 

La OMCT recuerda que los organismos internacionales de derechos humanos han rechazado sistemáticamente el hecho que sean fiscales y tribunales militares quienes investiguen y juzguen casos de abusos o violaciones de derechos humanos contra civiles, señalando, de una parte que, la jurisdicción de los tribunales militares debe estar limitada a delitos cuya naturaleza sea estrictamente militar y, de otra parte, el hecho de que ellos mismos juzguen a miembros de su cuerpo castrense mismos no garantiza de ninguna manera la justicia, la independencia y la imparcialidad.

 

Por lo tanto, la OMCT considera de vital importancia el hecho de que al ser analizado el caso (Santiago de los Caballeros) por el más alto tribunal judicial, se pueda establecer cuál es el alcance del fuero militar en México y se pueda revertir esta práctica, dejando a los tribunales de justicia ordinarios la potestad para realizar los procesos judiciales sobre violaciones graves de los derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura de civiles, incluso las cometidas por miembros del cuerpo castrense.

 

Por último la OMCT señala que los controles civiles deben prevalecer sobre las fuerzas armadas en cualquier democracia, en medio de la cual el fuero militar debe continuar existiendo pero limitándose a las cuestiones que atenten contra la disciplina militar. En este orden, el ejército debe continuar respondiendo ante las autoridades civiles por los delitos como la tortura, la violación sexual, el homicidio o la desaparición forzada de personas, cometidos en agravio de la población civil y no de las fuerzas armadas.

 

La OMCT aprovecha la oportunidad para, teniendo en cuenta todo lo anterior, llamar a las autoridades mexicanas a que garanticen el respeto de los derechos humanos de conformidad con los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Mexicana, en los estándares de protección de los derechos humanos y en los instrumentos regionales e internacionales de derechos humanos que México ha firmado y ratificado.
 
Contacto:
Eric Sottas, Secretario General, Tel+ 41.22.809.49.39, E-mail: omct@omct.org 

 


1 Según las denuncias, el 26 de marzo de 2008, en horas de la noche, en inmediaciones de Santiago de los Caballeros, Estado de Sinaloa, miembros del ejército mexicano abrieron fuego contra el vehículo en el que viajaban los Sres. Edgar Geovanny Araujo Alarcón (de 28 años de edad), Zenón Alberto Medina López (de 30 años), Manuel Medina Araujo (de 29 años) e Irineo Medina Díaz (de 53 años), así como Miguel Ángel Medina Medina (de 31 años) y Wilfrido Ernesto Madrid Medina (de 22 años). Las cuatro primeras personas murieron en el acto, mientras que las dos últimas resultaron heridas y fueron detenidas arbitrariamente. Las pruebas confirmaron que las víctimas no iban armadas ni realizaban ninguna conducta ilícita. El 4 de abril de 2008, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que la Procuraduría General de Justicia Militar había consignado la averiguación previa ante el juez militar de la III Región Militar de Mazatlán, Sinaloa, en contra del Teniente de Infantería Víctor Ruiz Martínez, del Cabo de Infantería Antonio Rojas Reyes, del soldado de Infantería Jorge Jiménez Castañeda, del soldado de Infantería Misael Solano Muñoz, y del soldado de Infantería José Francisco Balam May. Posteriormente la Sedena informó, que el mencionado juez militar había dictado auto de formal prisión contra sus elementos como probables responsables en la comisión del delito de violencia contra las personas causando homicidio, violencia contra las personas causando lesiones, homicidio imprudencial y lesiones imprudenciales.

 

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Acción Urgente Internacional para Honduras

http://www.espora.org/limeddh/spip.php?article421

 

Resumen de la Acción Urgente (Versión completa en línea): 

 

 

El día domingo 5 de julio de 2009, elementos del ejército de Honduras ejecutaron a dos ciudadanos hondureños, uno de ellos menor de edad y dejaron un número importante de heridos, además de evitar el aterrizaje del avión que conducía al presidente y una comitiva internacional encabezados el Secretario General de la OEA.

 

El contexto en el cual se da esta acción es a través de la llegada del presidente de Honduras, Manuel Zelaya, tras el golpe de Estado realizado por las Fuerzas Armadas hondureñas y los sectores de ultra-conservadores representados en el Congreso Nacional y el Poder Judicial de dicha nación, el domingo 28 de junio de 2009, en contra del Presidente Constitucional José Manuel Zelaya Rosales, quien fuera secuestrado y trasladado a la República de Costa Rica, violentando con ello la vida democrática del pueblo hondureño.

 

Acción solicitada: 

 

Para involucrar a la red de contactos en generar una respuesta rápida hacia las autoridades correspondientes con el afán de detener las situaciones de violación a los derechos humanos es importante que el mayor número de personas y/u organizaciones envíen correos electrónicos (usando la carta modelo adjunta), a las autoridades competentes haciendo hincapié en el cumplimiento de las peticiones concretas por parte de las autoridades.

 

Enviar sus llamamientos copiando la carta modelo en un correo con título:

 

Con copia a denuncias.limeddh@gmail.com

 

 

InfoDesk@ohchr.org, civilsocietyunit@ohchr.org, oacnudh@ohchr.org, cidhoea@oas.org

 

 

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EL ´DIÁLOGO NACIONAL JALISCO CONVOCA A

A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, POLÍTICAS Y DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS 
A LA OPINIÓN PÚBLICO
A TOD@S QUIENES LUCHAN POR UN MUNDO Y UN PAÍS MEJOR PARA TOD@S
 
EL ´DIÁLOGO NACIONAL JALISCO 
 
CONVOCA A 
 
CONMEMORAR EL 5º ANIVERSARIO DE LA REPRESIÓN DEL 28 DE MAYO EN GUADALAJARA JALISCO MÉXICO
 
PROGRAMA
 
MARCHA-MITIN 
 
SALIENDO DE LA GLORIETA DE LA NORMAL HACIA PLAZA DE ARMAS
 

 
JUEVES 28 DE MAYO 
HORA: 5:00 PM 
 
EVENTO POLÍTICO CULTURAL 
 
PLAZA DE ARMAS AL FINALIZAR EL MITIN
 

¡EL 28 DE MAYO NO SE OLVIDA NI SE PERDONA!
 
¡CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE LA REPRESIÓN!
 
 
¡GOBIERNO PANISTA REPRESOR Y FASCISTA!
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CDH COORDINADORA 28 DE MAYO AC
"Una instancia a favor de los Derechos Humanos, la dignidad y la Justicia"

Herrera y Cairo 1256 
Tel 38266734
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¡Estamos Trabajando!



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Área de Enlace y Comunicación 
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C.

Una llama encendida para los derechos de los pueblos!

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