Difunde el gobierno un texto que no menciona a violadores

Ya se cumplió el fallo de la Coidh en los casos de Inés y Valentina: estado

CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )

Chilpancingo, 17 de julio. El gobierno del estado aseguró que tanto la Federación como el estado han cumplido la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) en los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, pues, aseguró, se entregó un millón de pesos para comprar un terreno donde habrá un albergue para mujeres en situación de violencia.

Este lunes, organizaciones sociales defensoras de derechos humanos enviaron una carta al secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, en la que exigen dar cumplimiento total a la sentencia de la Coidh en los casos de violación sexual por soldados del Ejército contra dos indígenas de Guerrero, pues no se ha detenido, ni sancionado a los militares responsables.

Antes de esta denuncia, en el portal de Internet del gobierno del estado se difundió un comunicado en el que se aseguró que el Ejecutivo dio “cabal” cumplimiento a la sentencia y reiteró su compromiso de respetar todos sus términos, así como fortalecer las medidas para proteger la integridad de los defensores de los derechos humanos en el estado.

Indicó que “específicamente, en el caso de la indígena me’phaa Inés Fernández Ortega, los compromisos de los gobiernos federal y estatal se han cumplido a cabalidad, tanto lo concerniente a su persona y familia, como a las obras solicitadas a favor de la comunidad Barranca Tecoani, del municipio Ayutla de los Libres, a la que pertenece, y que suman en total cerca de 56 millones de pesos”.

Además, enlistó la serie de acciones que se han desarrollado en Barranca Tecoani, como las caravanas de la salud en comunidades marginadas, sobre todo en aquellas donde tiene presencia la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM).

Indicó que se concretó la construcción de un centro comunitario de atención a mujeres víctimas de violencia, donde se les dará asesoramiento jurídico o, en su caso, atención psicológica, y para el que se establecerá un fideicomiso por 11 millones de pesos que se destinarán a su construcción y mantenimiento.

El gobierno estatal entregó un millón de pesos para la compra del terreno”, afirmó.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2012/07/18/index.php?section=politica&article=003n2pol

Envían organizaciones nacionales e internacionales una carta al secretario Poiré

Instan ONG a la Federación a cumplir con Fernández y Rosendo

Reclaman que no se hayan entregado los expedientes de los militares agresores a autoridades civiles

LUCIANO TAPIA (Corresponsal)

Ciudad de México, 16 de julio. Cuatro organizaciones internacionales y 74 nacionales de defensoría de los derechos humanos, con presencia en 21 estados de la República mexicana, demandaron al secretario de Gobernación, Alejandro Poiré Romero, el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Ejecutivo federal frente a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) en el caso de las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.

En una carta entregada ayer al funcionario, las ONG recordaron que han transcurrido dos años desde que la Coidh emitió su sentencia y todavía hay “graves rezagos” en el cumplimiento de los compromisos en materia de salud, educación, reparaciones comunitarias e indemnizaciones.

Asimismo, reclamaron que han pasado 10 años de que las indígenas fueron atacadas por militares y “los expedientes ni siquiera han sido presentados ante una autoridad judicial”.

De acuerdo con las nuevas disposiciones legales, advirtieron las ONG, la autoridad militar debe remitir el expediente a las autoridades civiles para que sancionen a los responsables, pero “hasta la fecha no hay indicios de que los responsables serán consignados a la brevedad”.

Entre las organizaciones internacionales que firman el documento están Action des Chretiens pour l´Albolition de la Torture / Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (Francia); Coordinación Alemana por los Derechos en México (Alemania); Servicio Internacional para la Paz International Service for Peace, Misereor (Amemania); Organización Mundial Contra la Tortura; Washington on Latin America (Estados Unidos).

También están las nacionales, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C. Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE); Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, A.C, integrada por 71 organizaciones con presencia en 21 estados de la República mexicana, quienes anuncian que estarán atentos al cumplimiento de las sentencias y “acompañaremos cercanamente a Inés Fernández Ortega y a Valentina Rosendo Cantú hasta que su proceso concluya con verdad, justicia y reparación”.

La carta enviada a Poiré señala que en el marco de la sentencia de Inés Fernández Ortega, mañana martes se tiene programada una nueva reunión con autoridades federales y estatales, en la cual esperamos que se presenten acciones concretas que se traduzcan en un cumplimiento de dichos resolutivos y no en mayor incertidumbre y espera para la señoras Inés Fernández y Valentina Rosendo.

“Queremos tener confianza en que usted, señor secretario, sabrá reconocer la relevancia que tiene para las señoras Inés Fernández y Valentina Rosendo que las autoridades que se comprometieron con ellas cumplan con las obligaciones del Estado mexicano. Siendo inminente la conclusión de esta administración”, concluye el documento.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2012/07/17/index.php?section=politica&article=003n1pol

Concretan autoridades y ONG el cumplimiento del fallo de la Coidh

Inés Fernández y Valentina Rosendo, con acceso a sus expedientes, celebra Tlachinollan

CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )

Chilpancingo, 5 de noviembre. A un año de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) emitiera las sentencias en contra del Estado mexicano por las violaciones sexuales que cometieron militares contra las indígenas me’phaa Inés Fernández y Valentina Rosendo, organizaciones sociales y representantes de la Secretaría de Gobernación trabajan sobre el tema de justicia, educación, reparación comunitaria así como el reconocimiento de la responsabilidad del Estado. A partir de esta fecha, las indígenas podrán tener acceso a sus expedientes, señaló Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan.
Desde hace un año, fecha en que la Coidh notificó las sentencias contra el Estado por las agresiones sexuales, tanto Inés Fernández como Valentina Rosendo, la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM) y Tlachinollan han pugnado por su total cumplimiento.
Las organizaciones acordaron con autoridades del estado establecer una metodología en la que se contemplan siete ejes de trabajo que son justicia, educación y salud; reparaciones comunitarias y políticas públicas; reconocimiento de responsabilidad; reformas legislativas, capacitación e indemnización, trabajos que están coordinados por la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. “Actualmente nos encontramos trabajando en los ejes de justicia; educación y salud; reparaciones comunitarias y políticas públicas y el reconocimiento de responsabilidad”, indicó Tlachinollan.
Sin embargo, lamentó que a un año de que el Estado fue sentenciado “no se han presentado avances sustantivos”, por lo que seguirán pugnando para dejar precedentes que reduzcan los márgenes de discrecionalidad en el cumplimiento de sentencias y recomendaciones emanadas de órganos internacionales de protección a los derechos humanos.
En el comunicado, Tlachinollan resaltó que raíz de la insistencia de las víctimas y sus abogados, se logró que la Procuraduría de Justicia Militar remitiera los expedientes a la PGR, y posteriormente turnados a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, por lo que “partir de que ahora Inés y Valentina tienen acceso a los expedientes, han vuelto a constatar las negativas implicaciones que tiene la extensión del fuero militar en los casos de violaciones de derechos humanos”.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2011/11/06/index.php?section=politica&article=003n2pol

Las sentencias de la CIDH en México, casos de Guerrero y Chihuahua

Audio del foro llevado a cabo Retos y Posibilidades en cumplimiento de sentencias emitidas por la CoIDH en México en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín PRO Juárez AC donde se presentaron los casos de Rosendo Radilla desaparecido en la guerra sucia de los 70, Inés Fernández y Valentina Rosendo indígenas me´phaa violadas por elementos del ejército Mexicano, el caso del campo Algodonero en Chihuahua y recientemente el caso de los ecologistas de la Sierra de Petatlán torturados por militares Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.

La Sedena obstruye la justicia; las indígenas me’phaa, con amenazas de muerte

Exigen Valentina e Inés que militares que las atacaron sean juzgados por civiles

No hay voluntad del Estado para procesar el caso y cumplir la sentencia de la Coidh, señalan

LUCIANO TAPIA (Corresponsal)

Ciudad de México, 28 de julio. Acompañadas por representantes de organismos de Derechos Humanos, las indígenas me’phaa Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, atacadas sexualmente por soldados, demandaron formalmente a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Procuraduría de Justicia Militar que sus casos sean investigados en el fuero civil, para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) y la reciente determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que avala y da carácter de obligatoria a la disposición del órgano internacional.

Luego de presentar los escritos ante la PGR y la Procuraduría de Justicia Militar, Inés Fernández y Valentina Rosendo ofrecieron una conferencia de presa en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos).

Inés, en su idioma materno, con la traducción de Obtilia Eugenio Manuel, dirigente de la Organización del Pueblo Indígena me’phaa (OPIM), denunció que a pesar de que el Estado mexicano se ha comprometido a cumplir las sentencias de la Coidh, no ve que haya voluntad para hacerlo, además de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), mediante la Procuraduría de Justicia Militar, retiene los expedientes.

“Yo no veo que haya avances de ningún tipo; incluso, me prometieron becas para mis hijos, además de otras cosas, pero lo cierto es que no llega nada, tampoco hay detenidos. El gobierno no quiere que se haga justicia, me están engañando”, denunció Fernández Ortega.

Por su parte, Valentina afirmó que desde febrero de 2002, cuando fue atacada sexualmente por los militares, ha tenido que recorrer un camino largo, desgastante, de sufrimiento y bajo amenazas de muerte, pero al fin ha logrado ser escuchada por los órganos internacionales, “junto con Inés, seguiremos luchando hasta que se haga justicia”.

Acompañaron a Inés y Valentina Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan; Sergio Méndez Silva, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Édgar Cortéz, director del Instituto Mexicano para los Derechos Humanos y la Democracia, y Agniezcka Racksynska, secretaria ejecutiva de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos”.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2011/07/29/index.php?section=politica&article=004n1pol

Valentina lleva su caso a Europa

CITLAL GILES SÁNCHEZ

Chilpancingo, 25 de mayo. Valentina Rosendo Cantú, indígena me’phaa torturada y abusada sexualmente por militares hace 11 años, inició una gira por países europeos para denunciar el incumplimiento por parte del Estado mexicano de la sentencia que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) en el rubro del fuero militar.
La gira que inició este miércoles Valentina Rosendo, es coordinada por Amnistía Internacional, Brigadas de Paz Internacional y el centro Tlachinollan, quienes recorrerán Alemania, Francia, España y Reino Unido.
En octubre del año pasado la Coidh emitió la sentencia contra el Estado Mexicano por violación a los derechos humanos tanto de Valentina Rosendo como de Inés Fernández Ortega quien también fue violada por militares en el mismo año.
A siete meses de que saliera dicha sentencia, el Estado no ha dado cumplimiento total a la misma, pues uno de los puntos centrales es que dichas sentencias ordena al Estado que se haga una investigación por la jurisdicción penal ordinaria, es decir, la civil, y no la militar en la que actualmente está la indagatoria, “en abierto desacato a lo establecido por la propia Coidh, según la cual la Jurisdicción Militar no es competente para conocer casos de violaciones de derecho humanos cometidas por miembros del ejército”, destacó Amnistía Internacional.
Ante este incumplimiento por parte del presidente Felipe Calderón, Valentina Rosendo solicitará que la comunidad internacional demande al Ejecutivo que las investigaciones que continúan en la Procuraduría de Justicia Militar sean remitidas al fuero civil y queden a cargo de la Procuraduría General de la República como lo ordenó la Coidh.

Instan premios Nobel a que se cumpla sentencia de la Coidh a favor de indígenas violadas por soldados

Instan premios Nobel a que se cumpla sentencia de la Coidh a favor de indígenas violadas por soldados



Organismos de derechos humanos denunciaron ayer en conferencia de prensa en la ciudad de México que a más de cuatro meses de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) emitió las sentencias en los casos de violación de las indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, se ha evidenciado “la nula voluntad del Estado mexicano” para cumplirlas.
La Coidh determinó la responsabilidad internacional de México por la violación sexual de ambas mujeres indígenas me’phaa, cometidas por soldados del Ejército en 2002, en Barranca Bejuco, Acatepec, y Barranca Tecoani, Ayutla. El organismo estableció que las violaciones constituyeron actos de tortura y que las investigaciones, al ser conducidas en el fuero militar, estuvieron viciadas por falta de imparcialidad del Ministerio Público castrense.
Por ello, los organismos, manifestaron que dicho Tribunal internacional ordenó al Estado que investigue las violaciones en el fuero civil, que reconozca públicamente su responsabilidad, y que adopte medidas para que hechos tan graves nunca más vuelvan a repetirse, entre otras medidas de reparación; sin embargo a nada de ello se ha dado respuesta.
En la conferencia de prensa estuvieron el director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández; el dirigente de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), Cuauhtémoc Ramírez; la representante de Just Associates (JASS), Marusia López; y el abogado de Tlachinollan, Santiago Aguirre.
También asistieron los actores y activistas Daniel Giménez Cacho y Ofelia Medina, quienes dieron lectura a la carta enviada por mujeres galardonadas con el premio Nóbel, en solidaridad con Inés Fernández y Valentina Rosendo. La conferencia de prensa se realizó en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez.
Los representantes de los organismos denunciaron que a más de cuatro meses de las sentencias, el Estado mexicano “no ha mostrado con hechos concretos que pretenda cumplir cabalmente las sentencias, como es su obligación”.
Responsabilizaron directamente a la Coordinación del Cumplimiento de las Sentencias, a cargo del subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Felipe de Jesús Zamora, y de la Unidad de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), instancias que no han reportado avances.
Denunciaron que, incluso, las investigaciones permanecen en el fuero militar, cuando la Coidh señaló expresamente que se trata de una instancia incompetente para investigar violaciones a los derechos humanos y, “señaladamente, la violación sexual de una civil cometida por elementos castrenses”.
“La remisión de los expedientes al fuero civil, siendo una medida elemental de cumplimiento inmediato, no se ha materializado, lo que sin duda muestra la creciente debilidad de las autoridades civiles frente a sus pares militares”, señaló el director de Tlachinollan.
También denunciaron que la instalación de las mesas de trabajo para el cumplimiento de los fallos, ha sido pospuesta desde noviembre del año pasado y que la más reciente cancelación ocurrió el pasado 8 de febrero, ante la incapacidad de la Secretaría de Gobernación de garantizar la presencia de los representantes de las instituciones involucradas en el cumplimiento.
Consideraron que ello “es muestra tanto del desdén frente al proceso de cumplimiento, como de incapacidad operativa por parte de la autoridad responsable de coordinar los trabajos encaminados al cumplimiento de las sentencias”.
Y luego denunciaron que lo más preocupante de la cancelación es que “denota una total falta de respeto a las víctimas, quienes por más de 8 años no han cejado en su búsqueda de justicia aún cuando les ha significado incontables riesgos”.
Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú no estuvieron en la conferencia de prensa, precisamente porque por la falta de avances en el cumplimiento de las sentencias perpetua la situación de riesgo que ambas enfrentan, pues la Corte les concedió, como parte de la sentencia, medidas provisionales en favor de ambas mujeres, de sus familias y sus organizaciones, lo cual tampoco se ha cumplido.
Ante la falta de cumplimiento de dicha sentencia, las organizaciones anunciaron nuevas acciones para exigir que el Estado mexicano cumpla “exacta y cabalmente las sentencias dictadas en los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú”.
Como parte de estas acciones, dieron a conocer el contenido de una carta suscrita por un grupo de mujeres galardonadas con el Premio Nóbel, reconocidas mundialmente por su compromiso con los derechos de las mujeres, entre las que se encuentran Jody Williams, Mairead Maguire, Wangari Maathai, Rigoberta Menchú Tum y Betty Williams.
Asimismo, la carta está suscrita por otras personalidades como Marta Lamas, Ofelia Medina, Begoña Lecumberri, Julieta Egurrola, Las Reinas Chulas (Ana Francis Mor, Marisol Gasé, Cecilia Sotres, Nora Huerta), Raúl Vera, Adolfo Gilly, Luis Villoro, Bruno Bichir, Daniel Giménez Cacho, Miguel Ángel Granados Chapa, Los de Abajo, Vanessa Bauche, Rosario Ibarra de Piedra, Ricardo Rocha, Carlos Fazio, Gilberto López y Rivas, general Francisco Gallardo, Giovana Caváosla, Zacarías Teresa, Cecilia Pérez y Francesca Guillén.
En el documento exigen al gobierno Federal el pronto cumplimiento de las sentencias emitidas por la Coidh y externan la preocupación por la permanencia en el fuero militar de las investigaciones así como por la postergación de la instalación de las mesas de trabajo.. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo). 

http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=96575

Urge el organismo a la investigación de los funcionarios que obstaculizaron el caso

Insta AI cumplir fallo de Coidh a favor de las indígenas violadas

Celebra el diputado Viterbo Aguilar sentencia de la Corte en el expediente de Inés y Valentina

LUCIANO TAPIA Y
 CITLAL GILES SÁNCHEZ (Corresponsal y reportera)

Ciudad de México, 5 de octubre. Amnistía Internacional (AI) conminó a las autoridades federales y estatales de México a implementar de forma inmediata todas las medidas para cumplir con las nuevas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) en materia de violencia contra mujeres indígenas, víctimas de violación sexual por soldados en Ayutla, en 2002.


El organismo criticó la actitud del Estado y estableció una serie de medidas obligatorias para reabrir la investigación penal en la justicia ordinaria, investigar a los funcionarios que obstaculizaron las investigaciones del caso de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.

En un comunicado emitido por Arturo Ávila Salazar, de la oficina de Comunicación y Proyectos Tecnológicos de Amnistía Internacional México, se señala que ya es hora de garantizar la verdad, justicia y reparación, y señala que desde 2002 el Estado se ha negado a reconocer que las dos mujeres sufrieron la violación sexual. Sin embargo, las decisiones de la Corte en ambos casos son contundentes en señalar que las mujeres sufrieron la violación sexual de soldados.


En las sentencias se estipula la obligación de México –todavía no cumplida– de terminar con la aplicación de la justicia militar en la investigación y procesamiento de miembros del ejército en casos de violaciones de derechos humanos.
Agrega que, de nuevo, el compromiso de México de cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos está bajo la lupa.

En menos de un año, la Corte Interamericana ha emitido cuatro sentencias contra México en casos de graves violaciones de derechos humanos e impunidad. Las medidas tomadas para implementar estas sentencias –de cumplimiento obligatorio para las autoridades– han sido muy limitadas hasta ahora. Amnistía Internacional urge su acatamiento pleno y efectivo.

La organización se mantendrá alerta ante la actitud que adopte el Estado mexicano, dice el documento.
Por su parte, en Chilpancingo, el diputado Rutilio Viterbo Aguilar celebró el fallo de la Coidh a favor de las indígenas me’phaa Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.

En la sesión del Congreso, en el rubro de las intervenciones, Viterbo Aguilar detalló que el pasado viernes, la Coidh falló a favor de las indígenas guerrerenses, luego de que en 2009 iniciaran la demanda ante la Coidh por las agresiones sexuales sufridas a manos de soldados.

 http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2010/10/06/index.php?section=sociedad&article=005n1soc

“Por dignidad” se debe cumplir sentencia de la Coidh: Valentina

Acuerdan la creación de un frente nacional para demandar que se acate el fallo
“Por dignidad” se debe cumplir sentencia de la Coidh: Valentina

Reclama la indígena violada por soldados que se haga justicia también para Inés Fernández

LUCIANO TAPIA (Corresponsal)

Ciudad de México, 4 de octubre. La indígena me’phaa Valentina Rosendo Cantú dijo que si el gobierno mexicano “tiene dignidad”, debe cumplir las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) en los casos de ella y el de Inés Fernández Ortega, violadas sexualmente por soldados en 2002.

Por su parte, el ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Álvarez Icaza; la directora para el programa de Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Alejandra Nuño, y el director del centro de derechos humanos Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, anunciaron que se creará un frente común en todo México con las organizaciones sociales para vigilar y hacer que el fallo de la Corte Interamericana se cumpla.

“Que los militares responsables vayan a la cárcel y se les castigue conforme a la ley. Ya basta de amenazas y de las persecuciones contra mi persona y mi familia, si no he regresado a mi pueblo es porque no hay garantías”, dijo Valentina Rosendo Cantú, quien manifestó que a consecuencia de la denuncia que hizo, fue señalada e incluso abandonada por su esposo, y ha tenido que hacer frente a una serie de necesidades para sacar adelante a sus hijos.

Ante los representantes de los medios de comunicación y de organismos de derechos humanos, Rosendo Cantú, que asistió a la sede del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, relató parte de los momentos dramáticos al ser agredida física, psicológica y verbalmente por sus verdugos.

Sostuvo que en México en lugar de proteger a las víctimas se protege a los violadores. “A mí –agregó– nunca me creyeron las autoridades del estado de Guerrero, fue por eso que al ser escuchada por los organizaciones sociales de derechos humanos, el caso fue ventilado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ahora espero que el Estado mexicano cumpla”.

Emilio Álvarez Icaza, Alejandra Nuño, Abel Barrera Hernández y el asesor de Tlachinollan, Mario Patrón Sánchez, informaron que se está conformando una comisión de defensores para sostener las primeras reuniones con el Ejecutivo federal, con los congresistas federales y que estos delitos no queden impunes.

Patrón Sánchez, señaló que actualmente hay 108 defensores de derechos humanos que cuentan con medidas precautorias.

Abel Barrera Hernández, denunció que en Guerrero hay casos por aclarar, como la masacre de El Charco, además de las víctimas de la guerra sucia, que dejó más de 600 desaparecidos.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2010/10/05/index.php?section=sociedad&article=004n1soc

Corte Interamericana analiza caso de indígena violada por militares en Guerrero

Chilpancingo, Gro., mayo 27 del 2010 (IRZA).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en San José, Costa Rica, escuchó este jueves a la indígena guerrerense Me´phaa, Valentina Rosendo Cantú, quien sostiene que dos soldados del Ejército Mexicano la violaron sexualmente el 16 de febrero del 2002 y que a pesar de que el caso lo ha denunciado en todas las instancias de Justicia en México, sus violadores siguen gozando de impunidad.
En la audiencia con integrantes de la CIDH Valentina solicitó que este organismo condene al Estado Mexicano por la violación de la que dice fue víctima, pero también por omisión y negligencia para hacer justicia.
La indígena originaria de la comunidad Barranca Bejuco, en el municipio guerrerense de Ayutla de los Libres, dijo a periodistas (en San José): “espero de los jueces justicia, que los militares estén en la cárcel y que el Gobierno acepte que fueron militares los que abusaron de mí”, cuando sólo contaba con 17 años de edad.
En la audiencia, que fue a puerta cerrada y sin acceso de los medios de comunicación, participaron Hipólito Lugo Cortés, representante de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Guerrero, y Roxana Vargas, experta en violencia de género en el gobierno de esta misma entidad federativa.
Lugo Cortés manifestó a periodistas que el Estado Mexicano no está protegiendo “la condición de mujer, de indígena y de menor de edad (cuando se dio la violación) en el caso de Valentina, quien por insistir que se le haga justicia y que se castigue a los militares que abusaron de ella, ha recibido amenazas y está condenada a vivir a salto de mata en su propio país.
En abril de este año la CIDH conoció de otro caso de supuesta violación sexual por militares en agravio de la también indígena guerrerense Me´phaa, Inés Fernández, quien de acuerdo con su denuncia fue violada por soldados en el 2002, asunto que está en proceso de sentencia.
La audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José, Costa Rica, continuó hasta la tarde noche de este jueves y los ministros no hicieron declaraciones. (www.agenciairza.com)
http://www.agenciairza.com/2010/05/corte-interamericana-analiza-caso-de-indigena-violada-por-militares-en-guerrero/

México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violencia sexual y tortura cometida contra mujeres indígenas

*AMNISTÍA INTERNACIONAL*

*DECLARACIÓN PÚBLICA*

*14 de abril de 2010*

*Índice AI:** AMR 41/026/2010*

*México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violencia sexual y tortura cometida contra mujeres indígenas*

* *

El día de mañana, 15 de abril, en Lima, Perú, se celebrará la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la demanda contra el Estado mexicano por parte de Inés Fernández, una mujer indígena Me’phaa, violada y torturada por miembros del Ejército Mexicano el 22 de marzo de 2002. Esta audiencia tiene lugar en el marco del periodo extraordinario de sesiones de la Corte que también estudia una demanda contra Paraguay y otra contra Bolivia.

Durante 8 años, Inés Fernández ha revindicado la justicia y la reparación del daño, algo que le ha sido negado sistemáticamente por el Estado Mexicano. Ante la imposibilidad de conseguir justicia en México y la reparación del daño que les son debidos, Inés Fernández y sus familiares no tuvieron más opción que elevar su reclamo ante el tribunal regional.

Este caso, que Amnistía Internacional ha documentado y seguido de cerca desde muchos años, refleja una serie de faltas en la actuación de las instituciones civiles y militares que han resultado en la violación grave a los derechos humanos de Inés Fernández y en una negativa a realizar una investigación independiente e imparcial para llevar los responsables ante la justicia y reparar el daño. El trato discriminatorio que ha recibido Inés Fernández, como mujer indígena, ha sido un factor fundamental en la impunidad.

El caso destaca nuevamente el papel de la jurisdicción militar en obstaculizar el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas. En diciembre de 2009, la Corte Interamericana falló en contra de México en el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla y ordenó la reforma al código penal militar para asegurar que los casos en que militares están implicados en abusos contra civiles sean de competencia de la justicia civil.

El caso de Inés Fernández demuestra otra vez la forma en que la jurisdicción militar viola los derechos de las víctimas y garantiza la impunidad. Es de destacar el papel fundamental que sigue desempeñando la jurisdicción militar en obstaculizar el acceso a la justicia para las víctimas y sus familiares por abusos cometidos por el Ejército Mexicano durante las tareas que realiza hoy en día en México.

A la vez, este caso forma parte del patrón de hostigamiento y abusos cometidos contra miembros de la comunidad Me’phaa en Guerrero, quienes han sufrido discriminación, abusos e injusticia durante muchos años. Amnistía Internacional ha documentado la forma continua en que defensores de derechos humanos de esa comunidad enfrentan amenazas, ataques y fabricación de delitos. Los responsables siempre se mantienen impunes a pesar de las medidas provisionales emitidas por la Corte Interamericana.

Amnistía Internacional seguirá acompañando a Inés Fernández en su búsqueda de justicia y para que México cumpla con sus obligaciones internacionales en este caso. Además Amnistía Internacional considera que es imprescindible que México tome las medidas a nivel doméstico para garantizar que este tipo de abuso no vuelva a ocurrir y que asegure la debida diligencia en la investigación de casos de violencia contra las mujeres para que los responsables rindan cuentas.

*Información complementaria*

En 2004 Amnistía Internacional publicó el informe, “Mujeres indígenas e injusticia militar”, AMR 41/033/2004 <http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR41/033/2004/es>. El informe documenta los casos de Inés Fernández, Valentina Rosendo y otras mujeres indígenas presuntamente víctimas de violación por miembros del ejército mexicano. Hasta ahora todos los casos han quedado en la impunidad.

En mayo de 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos se celebra la audiencia de la demanda de Valentina Rosendo, otra mujer indígena violada y torturada por miembros del ejecito en el estado de Guerrero, en 2002.

La situación de hostigamiento contra defensores de derechos humanos de la comunidad indígena Me’phaa está documentado en el informe de “Exigiendo justicia y dignidad. Defensores y defensoras de los derechos humanos en México”, AMR 41/032/2009 <http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR41/032/2009/es>, publicado en enero de 2010.

En otra audiencia publica, la Corte Interamericana aborda hoy la demanda contra Paraguay en el caso de los reclamos de la comunidad indígena Xákmok Kásek por sus tierras ancestrales. Amnistía Internacional se dirigió ayer a las autoridades Paraguayas para que cumplan con sus obligaciones internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas (AMR 45/001/2010) <http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR45/001/2010/es>. Los casos de Inés Fernández y de Xákmok Kásek ponen de manifiesto la marginación y discriminación que sufren los pueblos indígenas de América, desde tiempos inmemoriales

En mayo, informe de la CIDH por el caso Valentina Rosendo

Señalan apatía oficial ante violación
En mayo, informe de la CIDH por el caso Valentina Rosendo

MARLEN CASTRO 

CHILPANCINGO, 25 DE ABRIL. En mayo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dará a conocer su informe de fondo sobre la resolución del caso de la indígena me’phaa Valentina Rosendo Cantú, violada por militares el 16 de febrero de 2002 en Barranca Bejuco, comunidad de Malinaltepec, informó el abogado del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra.

Valentina, ahora de 23 años, fue atacada por varios soldados cuando tenía 16, recién aliviada de su única hija; por la agresión tuvo que irse de Barranca Bejuco, comunidad en la que vivía con su marido, porque la población la rechazó tras conocer lo que le habían hecho los imlitares, pero sobre todo porque hizo público su agravio.

De mayo de 2002 a enero de 2008 la justicia militar tuvo en sus manos la investigación sobre la violación de Valentina; hace 14 meses remitió el expediente a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) al concluir que en los hechos no habían intervenido soldados, por lo que pide a la dependencia estatal reiniciar la indagatoria entre civiles.

Lo anterior, sólo después de que el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil, en inglés) llevó el caso ante la CIDH, teniendo como coadyuvante a Tlachinollan, por lo que en octubre de 2007 Valentina tuvo una audiencia con ese organismo en Washington, Estados Unidos.

En marzo pasado la CIDH emitió su informe de fondo sobre el caso de Valentina, pero no se ha hecho público porque el gobierno mexicano solicitó tiempo para cumplir las observaciones, y le dieron dos meses para ello.

Sin embargo, a pesar de esa solicitud, el gobierno mexicano y las autoridades estatales no han hecho nada que tenga que ver con el caso de Valentina.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/04/26/index.php?section=sociedad&article=006n1soc