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domingo, 17 de marzo de 2013

Paramilitares instalan retén en la carretera Ayutla-El Camalote, afirma la OPIM


Encabezados por los hermanos Remigio Cantú, intimidan a los habitantes, dice Inés Fernández

Paramilitares instalan retén en la carretera Ayutla-El Camalote, afirma la OPIM

MARGENA DE LA O
Chilpancingo, 14 de marzo. La Organización de Pueblos Indígenas Me' phaa (OPIM) denunció que un grupo de paramilitares, encabezados por los hermanos Remigio Cantú, instalaron un retén en la carretera Ayutla-El Camalote, en el punto conocido como Tecruz, para amedrentar a los habitantes de la zona.
La organización responsabilizó al gobernador Ángel Aguirre Rivero de lo que pueda sucederles a consecuencia de esta medida de represión.
Inés Fernández Ortega, integrante de la OPIM, vía telefónica, denunció que la mayoría del grupo paramilitar está encapuchada, y que llegaron a su pueblo, El Camalote, desde hace tres días. La indígena me' phaa, por la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) ordenó al Estado mexicano la reparación del daño por la violación sexual que cometieron en su contra militares, dijo que desde hace 12 años viene denunciado el acoso de los soldados y hoy de paramilitares que ya iniciaron los abusos, dijo, pero sin especificar cuáles.
Denunció que los paramilitares que han llegado hasta El Camalote pertenecen a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg). Romualdo Remigio Cantú, ha estado en las asambleas del movimiento de autodefensa de Ayutla y Tecoanapa que lidera la Upoeg.
Incluso, señaló a ese grupo armado como el mismo que mató a su hermano, Lorenzo Fernández Ortega, en el año 2008.
"Tengo mucho miedo que me pase algo o a mi familia, por lo que pido al gobierno que intervenga y los baje del pueblo de El Camalote", soltó la indígena.
El comisario municipal de El Camalote, Silverio Remigio Guzmán, acusó al grupo armado de amedrentar al pueblo al pasearse armado. "Ellos andan diciendo que van a acabar con la OPIM, y que cuentan con el apoyo de Ángel Aguirre porque les da armas y dinero”, agregó.
El presidente de la OPIM, Cuauhtémoc Ramírez, detalló que el retén se instaló "con el pretexto" de que la semana pasada subió el Ejército, "es que un campesino que tenía su sembradío de mariguana huyó del lugar, pero los hermanos Remigio dijeron después que fue levantado, y que por eso instalaron el retén en contra de los delincuentes que se los llevaron”.
Exhortó a la Upoeg, si es que no está detrás de estas acciones, a que "detenga a los Remigio Cantú, porque ellos son unos delincuentes. Si quieren pruebas se las damos, pero no lo van a hacer porque son los mismos y cuentan con el apoyo del gobernador”.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2013/03/15/index.php?section=sociedad&article=008n1soc

viernes, 8 de febrero de 2013

Entran 400 militares a pueblos de Ayutla; causan temor, señalan


Unos 200 ocupan la secundaria de El Timbre; el resto pasa por Barranca Tecuani

Entran 400 militares a pueblos de Ayutla; causan temor, señalan

La Upoeg colabora con la militarización de la zona, señalan comités de autodefensa de La Montaña
Los dirigentes de la Crac están en la lista de delincuentes que piensa detener y entregar, alertan
CORRESPONSALÍA ( )
Chilpancingo, 6 de febrero. Unos 200 soldados del Ejército incursionaron ayer en el poblado El Timbre, del municipio de Ayutla, informó el secretario de la Organización de Pueblos Indígenas Me´phá (Opim), Cuauhtémoc Ramírez.
En entrevista, denunció que los militares acamparon en una escuela secundaria, por lo que se suspendieron las clases.
El hecho ocurrió mientras en la ciudad de México el gobernador Ángel Aguirre Rivero y representantes de asociaciones civiles de la entidad, entre ellas la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero (Upoeg), se reunían con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para informarle de los avances de la Comisión para la Armonía y el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cadpi) con la cual, según un boletín del gobierno de estado, los ciudadanos que mantienen la autodefensa en Ayutla y Tecoanapa “dejarán de utilizar capuchas y máscaras”.
Un número igual de soldados llegó también al poblado de Barranca Tecuani, en recorridos hacia otras comunidades de esa zona. “No sabemos el motivo de los operativos, pero están causando temor entre la población”, dijo el dirigente de la Opim.
Ramírez opinó que la presencia del Ejército en la zona es consecuencia del movimiento de autodefensa impulsado por la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg); “es un proceso de contrainsurgencia que hemos vivido desde el año 2000 en esta zona, con la presencia de grupos paramilitares y del Ejército”.
Agregó que la Opim reconoce y apoya la lucha de autodefensa armada que impulsaron los pueblos de Ayutla y Tecoanapa contra la delincuencia organizada, pero el problema ahora es que regresa la militarización a la zona, que ha sido funesta para los pueblos mixtecos y tlapanecos.
En tanto, mediante un comunicado de prensa, los consejos de Gobierno, Seguridad y Justicia de Temalacatzingo, Cualac y Huamuxtitlán advirtieron “de la política de infiltración que se ha desatado a través de organizaciones como la Upoeg”.
“Es muy peligrosa la estrategia que ha empezado a desplegar el gobierno del estado a través de organizaciones como la Upoeg y Antorcha Campesina, que han recibido financiamiento de gobierno para desplegar en La Montaña y otras regiones brigadas donde supuestamente están construyendo la autodefensa popular y gestionando servicios”, agrega el comunicado.
Afirma que “lo que están haciendo es usar ese pretexto para militarizar a las comunidades, manipular a la gente y señalar a las personas que pueden ser detenidas, como es el caso de Ayutla, donde los dirigentes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (Crac) están en la lista de los supuestos delincuentes que la Upoeg piensa detener para luego entregarlos a los cuerpos militares o policiacos”.
Aseguran que “no son pobladores de esos lugares quienes ponen los retenes, sino personas extrañas con porte militar, que no son del pueblo. Esto nos lleva a pensar que la Upoeg es una organización contraria al pueblo y se ha constituido para realizar el trabajo sucio al gobierno, como ha ocurrido en otras regiones de América Latina”.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2013/02/07/index.php?section=politica&article=003n1pol

miércoles, 6 de julio de 2011

Liberan a integrante de la OPIM; no hubo pruebas

Rodríguez fue acusado de asesinato

Liberan a integrante de la OPIM; no hubo pruebas

CITLAL GILES SÁNCHEZ
Chilpancingo, 5 de julio. El juez de primera instancia del Distrito Judicial de Allende, Inocencio Orduño Magallón, dictó auto de libertad al indígena me’phaa Rafael Rodríguez Dircio, debido a que no encontró pruebas para procesarlo.
Casi a las 4 de la tarde de este martes, cuando venció el plazo Constitucional ampliado de 144 horas, el juez resolvió dejar en libertad a Rodríguez Dircio, quien es integrante de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM).
Rodríguez Dircio fue detenido y encarcelado el pasado 29 de junio, acusado del homicidio contra Alejandro Feliciano García, informante del Ejército, delito por el cual cinco miembros de la OPIM, entre ellos, Raúl Hernández Abundio, fueron detenidos y encarcelados el 17 de abril de 2008 y que salieron libres por falta de pruebas.
Los abogados de Tlachinollan y defensores de Rodríguez Dircio, aportaron diversas pruebas donde demostraron que el indígena es inocente.
Entre las pruebas aportadas están las declaraciones de siete testigos de la comunidad de El Camalote quienes confirmaron que el día en que se cometió el delito Rodríguez Dircio no se encontraba en el lugar donde ocurrió el crimen, pues estaba en su casa velando la llegada del año nuevo.
Además de que la autoridad tradicional de dicha comunidad dio fe de que el acusado es una persona “que se ha conducido siempre con respeto, sin inmiscuirse en problemas y mucho menos en delitos”.
El indígena me’phaa expuso al juez que la acusación “es falsa y busca frenar el trabajo de la OPIM”.
De igual forma se demostró que los testigos que dieron falsas declaraciones “son los mismos que resultaron evidenciados en el proceso de Raúl Hernández”, considerado preso de conciencia por Amnistía Internacional.
Con dichas pruebas, destacó Tlachinollan, habiendo sido totalmente destruidos dichos testimonios, “éstos no podían ser la base para dictar un nuevo auto de formal prisión en contra de otro defensor de derechos humanos del pueblo me’phaa”.
Finalmente Tlachinollan denunció que existen otras órdenes de aprehensión contra más miembros de la OPIM por el mismo delito, por lo que exigieron a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJE), el desistimiento de éstas.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2011/07/06/index.php?section=politica&article=003n2pol

sábado, 2 de julio de 2011

Detienen a activista de la OPIM que tiene protección de la Coidh

Rafael Rodríguez Dircio fue trasladado al penal de Ayutla, denuncia Tlachinollan

Detienen a activista de la OPIM que tiene protección de la Coidh

El defensor de derechos indígenas es acusado de asesinar a un informante del Ejército
REDACCIÓN
Aunque cuenta con medidas cautelares por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el defensor de los derechos indígenas e integrante de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa, Rafael Rodríguez Dircio, fue detenido por policías ministeriales e ingresado en el penal de Ayutla de los Libres, denunció el Centro de Derechos Humanos La Montaña Tlachinollan.
En un comunicado, el organismo relató que la detención ocurrió el miércoles 29 de junio en “un retén ilegal” de la Policía Investigadora Ministerial, acusado del asesinato de un informante del ejército, con las mismas pruebas cuya falsedad ya fue demostrada, con la que habían sido encarcelados otros cinco dirigentes de la OPIM, entre ellos Raúl Hernández, calificado como preso de conciencia por Amnistía Internacional.
El centro de derechos humanos informó que Rodríguez Dircio fue puesto a disposición del juez mixto de primera instancia con sede en Ayutla, Inocente Garduño Magallón, pero estimó que si la orden de captura fue “gestada dolosamente” por la administración de Zeferino Torreblanca, corresponde al gobierno de Ángel Aguirre Rivero y a la administración del actual presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jesús Garnelo, determinar la liberación del dirigente indígena.
Con esta detención, consideró Tlachinollan en su comunicado, se demuestra que “la persecución contra los defensores indígenas no ha cesado, pues ocurre a escasos tres días que tuvo lugar la audiencia de supervisión de las medidas provisionales dictadas por la Corte de Interamericana de Derechos Humanos a favor de 107 defensores y defensoras de derechos humanos de Guerrero”.
Además, precisa, la acusación se basa en las mismas pruebas falsas con las que fueron acusados los otros integrantes de la OPIM, quienes en su momento fueron amparados pro la justicia federal.
“Los principales testigos que sostienen la causa penal fueron destruidos en el proceso anterior que se le siguió a Raúl Hernández Abundio, evidenciando que sus declaraciones son totalmente falsas. Por ello a la fecha las acusaciones contra Rafael Rodrìguez Dircio resultan insostenibles y el Juez debe dejarlo en absoluta libertad”, señaló el centro de derechos humanos.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2011/07/02/index.php?section=politica&article=003n1pol

domingo, 26 de junio de 2011

Acción Urgente para OPIM

OBTILIA EUGENIO MANUEL PRESIDENTA DE LA ORGANIZACIÓN INDÍGENA DEL PUEBLO ME´PHAA Y CUAUHTÉMOC RAMÍREZ RODRÍGUEZ EN SITUACIÓN DE RIESGO SU VIDA, INTEGRIDAD FÍSICA Y PSICOLÓGICA.

El día 16 de junio del presente aproximadamente como a las 13:00 horas Cuauhtémoc Ramírez y Obtilia Eugenio quienes tuvieron que abandonar su comunidad en Ayutla de los Libres, debido a las amenazas recibidas encontraron en la casa que habitan actualmente una nueva amenaza, escrita en una hoja de papel rayada de un cuaderno profesional que dice entre otras cosas “ Hola tranquila otilia cuahutemoc que paso nos cumplido ojala se a entienda no se a como animal si no te pasa como Raul y Manuel tu no entiende nada dice que no tiene miedo pero te vas carga la chingada Otilia Cuahutemoc si no te quitamo la lenguas….”, vecinos del lugar donde habitan Cuauhtémoc y Obtilia les informaron que antes del día 16 de junio vieron gente armada a dos cuadras de su vivienda en una camioneta roja.


ANTECEDENTES

La COIDH (la Corte Interamericana de Derechos Humanos) emitió Medidas Provisionales a favor de Obtilia Eugenio, Cuauhtémoc Ramírez y otros integrantes de la Organización Indígena del Pueblo Me´phaa (OPIM), debido al hostigamiento y amenazas en que han vivido luego de las denuncias públicas que realizara la OPIM en los casos de los indígenas Me´phaas esterilizados sin su consentimiento y de la denuncia de los
casos de Ias indígenas violas por integrantes del Ejercito Mexicano.

El día 6 del presente, a un día de cumplirse 13 años de la masacre de El Charco en el Municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, defensoras/es de derechos humanos integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM), fueron golpeados, hostigados y amenazados.

Es necesario subrayar el aumento de actos de hostigamiento y amenazas de que son víctimas las defensoras de derechos humanos y los defensores de derechos humanos integrantes de la OPIM.


Al Estado Mexicano Conminamos a:

1.- Que el Gobierno Mexicano garantice la vida, integridad física y sicológica de las y los defensores de derechos humanos integrantes de la OPIM.

2.- El cumplimiento irrestricto por parte del estado Mexicano a la “Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos”, adoptada por la Organización de Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998, que en su Artículo 1 dice: “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de
los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”.

Su Artículo 12 a la letra dice:

1. Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a participar en actividades pacíficas contra las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

2. El Estado garantizará la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración.

3.- Cumplimiento total a la Resolución OEA/Ser.P, AG/RES.1671(XXIX-O/99), 7 de junio de 1999 sobre “Defensores de Derechos Humanos en las Américas” Apoyo a las tareas que desarrollan las personas, grupos y organizaciones de la sociedad civil para la
promoción y protección de los derechos humanos en las américas, que a la letra dice:

1.- Reconocer y respaldar la tarea que desarrollan los Defensores de los Derechos Humanos y su valiosa contribución para la promoción, el respeto y protección de los derechos y libertades fundamentales en las Américas

3. Deplorar los actos que directa o indirectamente impiden o dificultan las tareas que desarrollan los Defensores de los Derechos Humanos, en el plano nacional y/o regional, y exhortar a los Estados Miembros que continúen adoptando las medidas necesarias para garantizar la vida, la libertad e integridad de los mismos.

4.- Que las medidas Provisionales dictadas a favor de las y los defensores de derechos humanos integrantes de la OPIM, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sean CUMPLIDAS por el Estado Mexicano.

5.- Que el Estado Mexicano inicie una investigación basada en los principios de equidad y justicia y apegada a los Preceptos de Derecho y de conformidad con los principios constitucionales rectores de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y eficacia.

RED SOLIDARIA DÉCADA CONTRA LA IMPUNIDAD A.C.



Ernesto Rodríguez Cabrera Ericka Zamora Pardo
Coordinador del Área Jurídica Coordinadora del Área de D.H.

Elena López Hernández
Coordinadora de Enlace


México Distrito Federal, a 20 de junio del 2011

Enviar sus Acciones Urgentes a:

Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Presidente de la República Residencia Oficial de los Pinos Casa Miguel Alemán Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, México DF Tel: (52.55) 2789.1100 Fax: (52.55 ) 5277.2376 Correo: Felipe.calderon@presidencia.gob.mx

Blake Lic. José Francisco Mora, Secretario de Gobernación, Bucareli 99, Edificio Cobian, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, México, D.F., Tel. y Fax (55) 50933400 Ext. 34200. Correo secretario@segob.gob.mx

Felipe de Jesús Zamora Castro, Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Bucareli 99, Edificio Cobian Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600 México, D.F., Tel: (55) 5209 8800 Ext. 34589, Correo; fzamorac@segob.gob.mx Marisela Morales Ibañez, Procuradora General de la Justicia de la República Mexicana,


Dr. Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Tels. y fax (55) 56 81 81 25 y 54 90 74 00 correo@cndh.org.mx, y/o provictima@cndh.org.mx

Navanethem Pillay, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos Palais des Nations, 8-14 avenue de la Paix, CH 1211 Ginebra 10, Suiza Tel: +41 22 917 9000, InfoDesk@ohchr.org y/o civilsocietyunit@ohchr.org

Margaret Sekaggya, Representante Especial del Secretario-General Sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, P.O. Box 3176, Kampala, Uganda. Tel. No: 256-414-348007/8/10/14, Residence Telephone No: 256-414-270160 Mobile No: 256-772-788821, Fax No: 256-414-255261
Correo; msekaggya@yahoo.com y/o urgent-action@ohchr.org

Javier Esteban Hernández Valencia, Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alejandro Dumas #165, Col. Polanco Delegación Miguel Hidalgo, C.P 11560, México D.F Tel:(55)5061-6350. Fax: 5061-6358, Correo; oacnudh@ohchr.org


Sr. Santiago A. Cantón Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Correo: cidhoea@oas.org

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos Tel. y fax: FIDH: + 33 (0) 1 43 55 20 11 / + 33 (0) 1 43 55 18 80 Tel. y fax OMCT : + 41 22 809 49 39 / + 41 22 809 49 29 Correo: Appeals@fidh-omct.org

Amnistía Internacional, Correo; ,

Con Copia a Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C., Correo; jurídico_decada@yahoo.com.mx y/o ddhh_decada@yahoo.com.mx

miércoles, 8 de junio de 2011

Conmemoración X aniversario (2008) de la masacre en El Charco, Ayutla de los libres, Guerrero.

“… las mujeres y los niños, cuando ven llegar a los "guachos" como llaman a los soldados, en mixteco se dice "Uaxira kanira mio o, nos vienen a matar a nosotros".

Se agradece el apoyo técnico de Espacec.





La Masacre de El Charco,
Ayutla de los Libres, Guerrero.
Ocurrida el 07 de junio de 1998.

Informe de seguimiento a un año
Elaborado por la
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos



En El Charco, un amanecer de sangre y balas
fue la repuesta a un pueblo hambriento.
Tiros certeros disparados al corazon de los famelicos
cuerpos enflaquecidos por discursos y promesas incumplidas.
Un Charco de sangre indigena mezclada con las lagrimas de las viudas
debe convertirse en lucha contra la impunidad.
¿EL EJERCITO MEXICANO SE HA CUBIERTO DE GLORIA
EN LA DEFENSA DE LA PATRIA?.

Mexico, D.F., a 7 de junio de 1999.




BREVE CRONOLOGIA


En la comunidad de El Charco1, municipio de Ayutla de los Libres, Estado de Guerrero, durante la madrugada del 7 de junio de 1998, elementos del Ejercito Mexicano rodearon la escuela primaria "Caritino Maldonado", en la cual se encontraban dormidos varios indigenas, quienes participaban en una asamblea para tratar asuntos relacionados con proyectos productivos para sus comunidades.

Segun los sobrevivientes el Ejercito Federal rodeo el lugar e irrumpio, disparando y lanzando dos granadas de fragmentacion, lo que provoco 11 muertos y 5 heridos que quedaron detenidos junto con otras 22 personas, quienes fueron trasladadas (contrariamente a lo que establece el derecho) a las instalaciones de la Novena Region Militar, en Cumbres de Llano Largo, lugar donde fueron retenidas y sometidas a tortura por dos dias. Entre las personas se encontraban 5 menores de edad, quienes el 9 de junio fueron trasladados al Albergue Tutelar para Menores Infractores en Chilpancingo, exceptuando un menor que se encontraba herido y permanecio en el hospital naval durante un mes.

Al lugar de los hechos se impidio la entrada de periodistas y de ONGs defensoras de derechos humanos hasta despues de 2 dias; tiempo en el cual las autoridades se encargaron de borrar todas las evidencias de los hechos.

Las personas detenidas fueron
Bernardino GARCIA FRANCISCO, Eugenio ALONSO TRINIDAD, Martin MACARIO SALAZAR, Porfirio HERNANDEZ FRANCISCO, Alfonso Olivar MORALES, Javier ANGEL SEVERIANO, Ivan GARCIA ANGUSTIANO, Pedro BARRERA DANIEL, Albino SANTOS CONCEPCION, Alonso MARTINEZ, Lazaro PELAEZ CASTRO, Vicente VAZQUEZ DIAZ, Aurelio PORFIRIO CATARINO, Serafin MORALES LOPEZ, Julian RAMIREZ CRESCENCIO, Miguel Angel GARCIA CRISTIANO, Adolfo FILIBERTO CONCEPCION o Arnulfo SANTIAGO HERNANDEZ, Juan GARCIA DE LOS SANTOS, Anastasio RAMIREZ SIMONA, Esteban LEONARDO EPITACIO, Efren CORTES CHAVEZ, Erika ZAMORA PARDO, ademas de los menores de edadFrancisco Cristino CRESCENCIO, Adrian PATRIARCA ANGUSTINO, Bernabe GARCIA DE JESUS, Pedro ESTEBAN AVILA y Meliton CASTRO MORALES.

Tomaron la declaracion preparatoria los agentes del Ministerio Publico Federal coordinados por el subdelegado de averiguaciones previas de la PGR, Miguel Angel ZARAGOZA REYES.

El 11 de junio, fueron liberados 16 de los detenidos, ya que el delegado de la PGR en Guerrero, Javier LOMELI, no encontro elementos para procesarlos.

Ellos fueron Alfonso OLIVAR MORALES, Ivan GARCIA ANGUSTIANO, Pedro BARRERA DANIEL, Albino SANTOS CONCEPCION, Lazaro PELAEZ CASTRO, Vicente VAZQUEZ DIAZ, Aurelio PORFIRIO CATALINO, Serafin MORALES LOPEZ, Julian RAMIREZ CRESCENCIO, Adolfo FILIBERTO CONCEPCION, Arnulfo SANTIAGO HERNANDEZ, Anastacio RAMIREZ SIMONA y Esteban LEOBARDO EPITACIO, Javier ANGEL SEVERIANO, Miguel Angel GARCIA CRISTINO y Martin MACARIO SALAZAR. Cabe señalar que Javier LOMELI, posteriormente fue separado de su cargo, al parecer, debido a que ordeno la liberacion de las 20 personas, incluyendo a 4 menores que se encontraban en el Tutelar. Fue sustituido por Samuel HERNANDEZ ALBA, quien al revisar el expediente enviado por mandos militares, solicito nuevamente 17 ordenes de reaprehension, mismas que giro la jueza del segundo distrito de lo penal, Xochitl GUIDO GUZMAN.

Se abrio una nueva causa penal 17/98, por los delitos de motin, sedicion e invitacion a la rebelion, sumandoseles al proceso penal 109/A-1/98 que se le sigue a Erika ZAMORA PARDO y a Efren CORTES CHAVEZ.

El 23 de junio fueron arrestados Bernardino GARCIA FRANCISCO, Eugenio TRINIDAD AMBROSIO, Porfirio HERNANDEZ FRANCISCO y Juan Carlos GARCIA DE LOS SANTOS, quienes dos dias mas tarde fueron trasladados del Hospital General de Acapulco al Cereso de Acapulco, despues de que se les girara nueva orden de aprehension por los delitos de rebelion y conspiracion. Tal diligencia se realizo en privado en el area de enfermeria del penal de Acapulco, en contradiccion con la Constitucion Politica Mexicana, que establece que debe ser publica.

El 27 de junio la juez Xochilt GUIDO GUZMAN dicto auto de formal prision a 6 detenidos procesados bajo la causa penal 49/98 por los delitos de rebelion, conspiracion e incitacion a la rebelion. Mientras que 5 de los detenidos heridos y mantenidos en el hospital, fueron consignados por el agente del Ministerio Publico Federal (MPF), Gustavo SAAVEDRA, ante Maximiliano TORAL PEREZ, juez cuarto de distrito de Acapulco, acusados de ser miembros del Ejercito Revolucionario del Pueblo Insurgente, (ERPI) y por los delitos de rebelion, terrorismo, acopio de armas, portacion de armas de uso exclusivo del Ejercito y delincuencia organizada.

Resalta la declaracion Ministerial de Erika ZAMORA PARDO quien señalo "mi declaracion ante el MPF fue obtenida bajo presion de los agentes de Gobernacion, quienes me obligaron a declarar y a involucrar a personas. Esta declaracion fue firmada bajo tortura, ya que me vendaron los ojos, me desnudaron y me dieron toques electricos en los pies, me inyectaron y me obligaron a ingerir sustancias desconocidas, me amenazaron con desaparecerme, esta declaracion fue filmada y grabada en la zona Militar...el Ejercito fue el primero en disparar, que la gente estaba desarmada y que a pesar de que se rindieron y pidieron perdon los mataron,
a algunos heridos les dieron el tiro de gracia". Es importante señalar que en dicha declaracion tambien se le obligo a vincular a dirigentes sociales como Rocio MESINO, dirigente de la Organizacion Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) y a Ranferi HERNANDEZ ACEVEDO, es diputado local y exiliado en Francia.

El 13 -14 de junio fueron reconocidos 11 cadaveres y entregados a sus familiares, los que corresponden a Honorio GARCIA LORENZO, Mauro GONZALEZ CASTRO, originarios de Agua Cachagüe; Mario CHAVEZ GARCIA, Ricardo VICENTE, Fidencio MORALES CASTRO de 21 años, Jose FERNANDO NICASIO, Fernando FELIX GUADALUPE de 25 años de edad, de la comunidad de Ocote Amarillo; Daniel CRISOFORO del Coyul; Ricardo ZAVALA TAPIA de 24 años, del Distrito Federal, Manuel FRANCISCO PRISCILIANO o Francisco PRISCILIANO de 41años de la comunidad El Potrero, Apolonio JIMENEZ GARCIA de 40 años, y Juan GARCIA DE LOS SANTOS de 23 años (al parecer, existe una contradiccion en dicho nombre, ya que en el expediente juridico aparece como asesinado, pero despues se reporta que se le dio libertad) de El Charco.

El 15 de junio el juez Maximiliano TORAL PEREZ, dicto auto de libertad a Erika ZAMORA PARDO y a Efren CORTES CHAVEZ, por los delitos de delincuencia organizada, terrorismo y acopio de arma de fuego, ya que su defensor de oficio, Hector HERNANDEZ, asento que los hechos no coinciden en la tipificacion de los delitos. Sin embargo, de acuerdo con el proceso penal 57/98, el juez les dicto auto de formal prision como responsables de portacion de arma de fuego de uso exclusivo del Ejercito. Pese a lo anterior tres dias despues a Efren CORTES CHAVEZ se le nego el derecho a la libertad bajo fianza, con el argumento de que liberarlo constituiria un peligro para la sociedad, ya que lo señala como presunto miembro del grupo armado. El defensor de oficio, interpuso el recurso de apelacion ante el tribunal unitario del vigesimo primer circuito, con sede en Chilpancingo.

El 22 de junio los menores que se encuentran en el Tutelar de Menores dieron sus testimonios al Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan. Adrian PATRIARCA AGUSTINO, de 16 años de edad, originario de la comunidad de Ojo de Agua, refirio que fue detenido en una de las aulas y obligado a tirarse boca abajo y arrastrarse hacia la cancha de basquetbol. Despues lo trasladaron en helicoptero hasta Cruz Grande. Los militares lo golpearon en la cabeza y en el estomago con el puño cerrado, con los ojos vendados, obligandolo a dar nombres de sus familiares y del comisario municipal.

Bernabe GARCIA DE JESUS, de 14 años de la comunidad de La Palma, relato que "cuando estaba tirado en la cancha los militares me patearon, trasladandome en helicoptero a Cruz Grande y luego a Acapulco". Meliton CASTRO MORALES de 15 años, originario de la comunidad El Coyul y Pedro ESTEBAN de 16 años de Ocote Amarillo, refirieron testimonios parecidos.


VERSIONES OFICIALES

19 al 22 de junio Jose Luis RAMOS RIVERA, subprocurador general de la Republica, dio a conocer la postura oficial de lo ocurrido "No hubo tal masacre, ni hubo siembra de armas, ni se torturo a los detenidos para que se declararan integrantes del ERPI", ademas de que dio a conocer la existencia de un video. Indico que se realizo la prueba de absorción atomica a cada uno de los fallecidos y en todos los casos se comprobo que accionaron armas de fuego, y se les practico la prueba de Walker a cada una de las ropas de los acaecidos, la cual resulto negativa. Se pronuncio en defensa del Ejercito Mexicano, diciendo que lo de El Charco fue un enfrentamiento, los militares hacian un recorrido en aplicacion de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos de la campaña permanente contra enervantes, y descubrieron a unos hombres armados y al pedirles las armas estos comenzaron a disparar iniciando asi el enfrentamiento, el cual duro de las 450 de la madrugada a las 1100 de la mañana aproximadamente.


VERSIONES CONTRASTANTES

La ex alcaldesa de Atoyac, Maria de la Luz NUÑEZ RAMOS, envio al Presidente Ernesto Zedillo una carta en la que señalaba que no es creible la version del "enfrentamiento casual", cuando al mando del mismo estuvo el general Alfredo OROPEZA GARNICA, jefe de la 27 zona Militar, cuyo cuartel esta a mas de 100 km. Recuerda que el general fue victima de una emboscada el 24 de mayo de 1997 en el Guanabano, lo que puede explicar la crueldad y saña con la que decidieron exterminar a los sitiados en El Charco.

De acuerdo a la version del comisario municipal, Panfilo SANTIAGO HERNANDEZ y Julio Leocadio "los agarraron por sorpresa, cuando estaban durmiendo en la escuela, los integrantes del grupo armado fueron masacrados en ese lugar, y tememos por los detenidos y heridos, son personas inocentes, pacificas, de la comunidad, que no tienen vinculos con el EPR".

Version del ERPI dada a conocer en medios de comunicacion. No fue un encuentro casual como lo planteo ya que primero se envio una unidad de fuerzas especiales al mando de kaibiles entrenados en Guatemala, seguidos de 28 batallones de infanteria, ademas de otros soldados, sumando alrededor de un millar de efectivos militares al mando del General OROPEZA GARNICA. Dejando sus vehiculos en la comunidad de Tepuente, caminando en silencio hasta El Charco. Despues ocurrio la masacre, ya que los 4 combatientes que se rindieron fueron asesinados y los otros 7 muertos eran campesinos indefensos, asesinaron a cinco en la escuela y dos en la cancha.



HOSTIGAMIENTO

Despues de la masacre, los vecinos de la comunidad El Charco, se desplazaron por el temor, ante el incremento de la militarizacion, con gran panico en las comunidades; quienes solicitaron el retiro del Ejercito.

11 de junio alrededor de las 0200 horas, un grupo de 20 personas, a bordo de una Suburban, irrumpieron violentamente en el domicilio de la familia de Erika ZAMORA PARDO, ubicado en la comunidad de El Rosario, Municipio de Francisco I. Madero, estado de Hidalgo. En donde los amenazaron y robaron documentacion personal. Motivo por el cual su familia tuvo que huir de esa comunidad rumbo a la Ciudad de Mexico. La familia de Efren fue vigilada en Ayutla y Cruz Grande.

Se promovieron dos juicios de amparo contra actos de la justicia federal a favor de 14 campesinos, numero 648/98 promovido ante al juez tercero de distrito, Lucitania GARCIA ORTIZ, y el 649/98 contra actos de las autoridades federales.

30 de junio Ricardo MARTINEZ MARTINEZ, integrante del Bloque Universitario y estudiante de la Facultad de Ciencias Politicas de la UNAM, informo que luego de la detencion de su compañera Erika ZAMORA PARDO y de la muerte de Ricardo ZAVALA TAPIA, se inicio una ola de intimidacion en contra de jovenes de la UNAM y de la UAM, ya que agentes de Gobernacion y militares, pretendian vincularlos con actos subversivos.

04 de julio El defensor de oficio Andres GARCIA BUSTAMANTE, promovio ante el juez segundo de distrito, Xochil GUIDO GUZMAN, testimoniales de los comisarios municipales de Ayutla de los Libres y de El Charco, a favor de 6 detenidos. Sin embargo solo Juan Garcia de los Santos y Eugenio Trinidad AMBROSIO, salieron de inmediato despues de las declaraciones hechas por los comisarios.

08 julio Efrain ZUÑIGA GALEANA, coordinador de los diputados federales priistas guerrerenses, declaro "que el EPR es el sector guerrillero del PRD, los dirigentes del PRD estan al servicio del EPR, son quienes los estan subsidiando".

15 de agosto. Ampliacion de declaracion con efectivos del Ejercito mexicano, con el mayor de infanteria del 78 Batallon de Infanteria, Jose GARNICA MARQUEZ y el soldado raso Jose Monico quienes coincidieron en señalar que el general Juan Alfredo OROPEZA GARNICA estaba al filo de las 700 horas frente a la escuela del El Charco.

20 de agosto fueron detenidos Sabino ADELAIDO GARCIA, Alfonso OLIVIA MORALES, Esteban LEOBARDO EPITACIO, Anastacio RAMIREZ SIMONA, indigenas mixtecos, cuando se presentaron a declarar a favor de Efren CORTES CHAVEZ y Erika ZAMORA PARDO. En el Juzgado Tercero de Distrito se habia autorizado el amparo contra la orden de aprehension, pero al no depositarse la garantia se anulo y procedieron las ordenes de aprehension. Se encuentran acusados de rebelion y conspiracion, segun el expediente 1798, causa 49/98, en el Segundo Juzgado de Distrito con sede en Acapulco. El 26 de agosto se les dicto auto de formal prision.

INDEFENSION JURIDICA.

25 de agosto Fue detenido el abogado Jose SANCHEZ SANCHEZ, Asesor Juridico de la OCSS, quien atendia el caso de los presos a consecuencia de los hechos en El Charco. Se le acusa de despojo, robo y daños, a raiz de una toma de tierras que realizo un grupo de colonos en los Mogotes, Municipio de Coyuca de Benitez, en enero de 1997. Cabe señalar que el Juez Sexto Penal del Distrito Judicial de Galeana, Adolfo VAN METEER ROQUE, quien le dicto el auto de formal prision por los delitos de despojo, robo y daños, sin derecho a fianza, es el mismo que anteriormente, el 4 de diciembre de 1995, en la causa penal numero 145-1/994, ventilada ante el mismo juzgado sexto de lo penal, ya habia sentenciado en contra del señor Ranulfo SAMANO BARBOSA por el delito de despojo del mismo bien inmueble objeto del proceso penal. Destacamos que dicha persona es quien se presento como quejoso en contra del Lic. Jose SANCHEZ SANCHEZ.


NEGLIGENCIA MEDICA.

16 de agosto fue visitado el menor Francisco CRISTINO CRESENCIO, detenido en el Albergue Tutelar para Menores en Chilpancingo por el doctor Rafael Gomar Yabra, especialista en traumatologia, miembro de la Oficina de Socorro Internacional en Mexico e integrante de la Caravana Vicente Guerrero; alerto que el niño corre el peligro de perder la movilidad del brazo de por vida, debido a la negligencia de las autoridades al negarle la atencion medica adecuada y oportuna. El medico señaloel 16 de agosto observe, que a pesar de la gravedad de las lesiones, probablemente una fractura supracondilia, solo tenia una ferula posterior de yeso rota e inservible, fijada con una venda elastica deshilachada que le retire porque le estaba molestando. El niño presenta severas secuelas neurologicas con gran deterioro funcional del brazo y atrofia muscular avanzada. Por lo tanto no se le ha prestado atencion medica ni psicologica para la recuperacion emocional de un pequeño que solo habla mixteco, y que fue arrancado de su en torno familiar y social en un escenario de violencia militar gubernamental. No hay fundamento para su detencion ya que sus 4 compañeros detenidos por los mismos delitos ya fueron liberados. El 5 de septiembre, Pedro Julio VALDEZ VILCHIS, director general de Comunicación Social del gobierno del estado, nego los hechos. Sin embargo, el menor presentaba limitacion del movimiento de la articulacion del codo izquierdo y semiparalisis de la muñeca y mano izquierda, ya que no puede realizar los movimientos de extension de dicha mano, tambien presentaba hemiatrofia muscular (hipotrofia) de antebrazo y mano izquierda.

Testimonio de Francisco CRISTINO CRECENCIO. Internado en el Albergue Tutelar para Menores Infractores en Chilpancingo.

Soy indigena mixteco, que a los 13 años de edad, fui herido de bala en el brazo izquierdo el 07 de junio de 1998 en El Charco Ayutla de los Libres. Ahora ya cuento con 14 años. Ese dia estaba yo en uno de los salones de la escuela "Caritino Maldonado", junto con otras personas de diferentes comunidades, lugar en donde nos citaron para escuchar platicas sobre problemas comunitarios comouso de fertilizantes, realizacion de proyectos productivos, etc. Ya estabamos dormidos cuando en la madrugada llegaron los militares, rodearon la escuela ay nos gritaron, pero yo no entendia ya que no hablo bien el español, solo el mixteco, no entendia lo que ellos decian y nos dispararon despues dejaron de disparar y mas tarde continuaron disparando.

Rompiendo las ventanas de los salones con, los disparos y una bala entro fue la que me hirio, en ese momento, con un rozon en el pecho - yo no tenia ninguna arma- , y comence a sangrar y a tener fuerte dolor en la herida; sintiendome muy debil, al grado que estuve tirado en el piso del salon sin poder levantarme.

Horas despues comenzaron a salir con los brazos en alto las personas que estaban conmigo en el salon, yo al no poder salir con los demas entraron los soldados a sacarme y fue cuando vi a varios heridos en el suelo de la cancha de Basquetbol, Despues me llevaron en un helicoptero militar al Hospital Naval Militar de Acapulco donde estuve 7 dias con mucha vigilancia de marinos y solo me lavaban la herida por fuera. No me operaron. De ahi me trasladaron al Hospital General de Acapulco "civil"; donde me tuvieron un mes y 5 dias, me operaron en 3 ocasiones y me pusieron una ferula de yeso. Despues me trasladaron al Albergue Tutelar para MENORES Infractores, estando aqui me han sacado al Hospital Manuel G-A" en la Ciudad de Medico, donde me hicieron un transplante de "nervios", que me quitaron de los pies. Pero ya fue tarde esta operacion ya que quede semiparalizado de la mano y muñeca izquierda, aun con los ejercicios de rehabilitacion que me realizaron en el DIF, de Chilpancingo.

Inicialmente Francisco se encontro incomunicado. Presento su declaracion preparatoria ante el Ministerio Publico Militar. Su familia solo pudo visitarlo pocas veces por falta de recursos. Se le dicto sentencia de 9 meses. Fue liberado el 26 de mayo de 1999.


SEGUIMIENTO DURANTE 1999

Enero aparecio en un diario de Acapulco, una resolucion apocrifa de la CNDH; donde se señala que los hechos ocurridos fueron un enfrentamiento del Ejercito Revolucionario Popular Insurgente (ERPI) contra el Ejercito Mexicano. Tambien se desmintio que el Ejercito haya usado granadas de fragmentacion. Que las pruebas hechas a los detenidos salieron positivas, y que en el examen de orina realizado a Erika ZAMORA PARDO y a Efren CORTES CHAVEZ, aparecen residuos de cocaina. Mas tarde, la CNDH desmintio esa Resolucion diciendo que el documento publicado es apocrifo.

10 de marzo La juez segundo de distrito, Xochitl GUIDO GUZMAN, sentencio a 5 años de prision a Erika ZAMORA PARDO y Efren CORTES CHAVEZ, por los delitos de conspiracion e invitacion a la rebelion. A Bernardino GARCIA FRANCISCO y Porfirio HERNANDEZ FRANCISCO, indigenas mixtecos se les sentencio a un año de prision y multa de 9 mil 506 pesos 25 centavos, por los delitos de portacion de armas de uso exclusivo de la Fuerza Armada y el Ejercito (cabe señalar que al considerar el beneficio de la pena de 38 dias de trabajo, se debio otorgar su libertad condicional, hecho que ocurrio hasta el 12 de mayo, cuando fueron liberados mediante el pago de una fianza de $ 1000.00 mil pesos cada uno, por resolucion del Tribunal unitario con sede en Chilpancingo). Una semana despues se les dicto otra sentencia a Erika ZAMORA de 3 años y medio a Efren CORTES de 1 año y medio por portacion de arma. Acumulandoseles asi, 8 años y medio a Erika ZAMORA y 6 años y medio a Efren CORTES.

Por la sentencia dictada contra Efren CORTES y Erika ZAMORA, se interpuso apelacion, lo que trajo como consecuencia que se determinara una nueva revision al caso, razon por la cual se giraron ordenes de reaprehension contra los indigenas mixtecos Bernardino GARCIA FRANCISCO y Porfirio HERNADEZ FRANCISCO, recien liberados.

A un año de la masacre del Charco continuan en prision los 4 indigenas mixtecos Sabino ADELAIDO GARCIA, Alfonso OLIVIA MORALES, Esteban LEOBARDO EPITACIO, Anastacio RAMIREZ SIMONA, la estudiante Erika ZAMORA PARDO y el dirigente del PRD, Efren CORTES CHAVEZ, en el Cereso de Acapulco.

OTRAS REPERCUSIONES

Las familias de los detenidos que quedan en indefension economica

Bernardino GARCIA FRANCISCO, 38 años, Comunidad El Paraiso, medico tradicional, integrante de la Organizacion Independiente de Pueblos Mixtecos Tlapanecos (OIPMT).
Esposa, Maria Claudia PAULA GARCIA (37 años); hijos Florencio (20 años), Eudocio (18), Teresa Felipa (17), Rodrigo (14), Angel (11), Eudes (9), Octavio (4) y Florentino (1)

Porfirio HERNANDEZ FRANCISCO, 43 años, Comunidad El Paraiso.
Esposa, Teresa Margarita Carmen (38); hijosJaime (10), Hermelinda (8), Bonifacio (6), Floriberto (4), Gabriel (3) y Alejandro (1año 9 meses).

Sabino ADELAIDO GARCIA, 30 años, Comunidad El Potrero.
Esposa, Benicia Castro de los Santos (26); hijosLuis (5) y Adelaida (1 año 9 meses ).

Esteban EDUARDO EPITACIO, 43 años, Comunidad El Platanar.
Esposa, Maria Rosa Catarina; (40 años), hijosCristina (28), Valeria (20), Florencia (10), Leobardo (8), Arnulfo (5) y Fulgencio (4).

Alfonso OLIVIA MORALES, 22 años, Comunidad El Platanar.
Esposa, Elena Victoria Sabina (21); hijosNabor (11 meses).

Anastacio RAMIREZ SIMONA, 26 años, Comunidad La Concordia.
Esposa, Victoria Angel Verenciana (24); hijosAgripino (12), Leonilda (7), Carolina (3) y Norberto (1año 6 meses).

Numero de personas afectadas por la detencion arbitraria de los 6 indigenas12 adultos y 27 niños.

LAS VIUDAS DE EL CHARCO.

Catorce mujeres, indigenas mixtecas, se vieron obligadas a trabajar en casa, en el campo, y ahora tambien debieron darse a la tarea de exigir justicia.

Catalina LEOBARDO AURELIA, de 24 años y madre de 6 niños, vecina de Ocote Amarillo, quien perdio a su esposo, Fernando FELIX GUADALUPE, de 25 años, dice "ahora mi trabajo es 4 veces mas que antes y con menos dinero que antes". Ella camina 5 horas desde su comunidad hasta la cabecera de Ayutla, para pedir la indemnizacion por la muerte de su esposo, la que no le quieren dar, diciendole que su esposo murio en enfrentamiento ya que ellos atacaron a las tropas del Ejercito Mexicano. La situacion de las 8 viudas es igual, piden apoyo para mantener a sus hijos y el Gobierno se lo niega. Ahora empiezan a hablar; dicen que la necesidad las obliga a ponerse al frente.

Quienes mas sufren las consecuencias son las mujeres y los niños, cuando ven llegar a los "guachos" como llaman a los soldados, en mixteco se dice "Uaxira kanira mio o, nos vienen a matar a nosotros".



CONCLUSIONES.

Los hechos que se presentaron en la Masacre de El Charco señalan que, dificilmente puede creerse que haya existido un enfrentamiento puesto que no se presento ningun herido por parte del Ejercito Federal, lo que sugiere fuertemente que

1. Los militares tuvieron la oportunidad de actuar de manera premeditada, con alevosia y ventaja y no ponderaron las medidas de rendicion como lo establecen las normas internacionales referentes al derecho internacional humanitario. Al parecer, optaron por la salida violenta resultando 11 personas muertas, 27 detenidas y 5 de ellas heridas.

2. Llama poderosamente la atencion que el numero de muertos sea mayor al de los heridos, y que ningun militar resultara lesionado. Normalmente es de esperar que el numero de heridos sea mayor al de los muertos y, que cuando se trata de un enfrentamiento haya lesionados de ambos lados.

3. El Lugar de los hechos fue modificado inmediatamente por el Ejercito Mexicano impidiendo la preservacion de las evidencias, violando disposiciones en materia de procedimientos penales.

4. Las necropsias realizadas no consiñan todos los elementos que establecen los protocolos, son insuficientes para determinar las relaciones victima-victimario y el tipo de proyectiles utilizados.

5. Los detenidos fueron puestos a disposicion del Ministerio Publico Militar quien tomo declaraciones a los detenidos, violando la legislación penal y la constitucion.

6. Queda comprobado que los detenidos se mantuvieron en un lugar distinto al destinado ex profeso, lo que refuerza la version de los detenidos de que sufrieron coaccion para su declaracion, y apunta la validacion de los testimonios de tortura fisica y psicologica a la que aluden los detenidos (considerada por la jurisprudencia nacional en la materia), no obstante que los certificados medicos no se hayan consiñado lesiones visibles o externas.

7. Las acciones de la CNDH y las de la Coddehum han sido insuficientes y los derechos de los detenidos han quedado limitados ante la ausencia de un trabajo de campo mas acucioso.

8. Preocupa la detencion del abogado Jose SANCHEZ SANCHEZ, quien habia asumido la defensa de los detenidos de El Charco, bajo un proceso penal fuertemente cuestionado por sus irregularidades, lo que hablaria de una politica sistematica de aislamiento y represion.

9. los ataques y calumnias en contra de las ONG que han atendido el caso, señalandolas como parte de los grupos armados evidencia y refuerza dicha politica de aislamiento.

Finalmente, la Limeddh-FIDH recuerda que el caso de la Masacre de El Charco ha sido mencionada en el mas reciente informe de la relatora especial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones extrajudiciales, Asma Jahangir; a quien hemos solicitado que en su proxima visita a Mexico, ha realizarse probablemente en julio de 1999, lo incluya en su agenda de trabajo al igual que la Masacre de Aguas Blancas, de Las Palancas, Cualac, en Guerrero, y Acteal y otras mas en Chiapas, Oaxaca y el resto del pais.




RECOMENDACIONES

1. Debe investigarse con profundidad la denuncia de ejecucion sumaria con tiro de gracia a Mario CHAVEZ GARCIA, Daniel CRISOFORO JIMENEZ, Manuel FRANCISCO PRISCILIANO y Fernando FELIX GUADALUPE, todos ellos sometidos en la cancha de basquetbol; y a Honorio GARCIA LORENZO quien fue el primero que al salir de la escuela se hinco, levanto las manos en señal de rendicion y dijo "Perdonenme, nosotros no tenemos armas, no tiren" y los militares dispararon contra el. Los estudios de necropsia establecen que algunos de los cuerpos presentan una sola herida de proyectil de arma de fuego, mientras que la mayoria de los cadaveres presentan heridas multiples. Por lo que se requeriria la renecropsia para establecer si hubo tiro de gracia, como lo refieren algunos testimonios, cuando menos, en los cadaveres señalados.

2. Debe investigarse a profundidad los hechos puesto que, según declaraciones militares, ellos estaban en la zona aplicando la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos de la campaña permanente contra enervantes, al mando del General Juan Alfredo OROPEZA GARNICA; sin embargo, operativos de este tipo no requieren el uso de armamento altamente sofisticado. Ademas de que los testimonios de los testigos afirman que participaron 30 tanques, algunos vehiculos Hummers y contaban con enorme armamento. Los militares que participaron en el operativo llegaron rodeando la zona, con horas de antelacion. Por otro lado, participo en este el General Juan Alfredo OROPEZA GARNICA, Jefe de la 27 Zona Militar, cuyo cuartel esta a mas de 100 km, por lo que no le corresponderia la zona para llevar a cabo un operativo.

3. Deben investigarse las denuncias coincidentes en las que se mencionan que a los detenidos se les traslado a la Zona Militar donde se les torturo y amenazo con desaparecer a sus familiares, obligandoles a firmar declaraciones fabricadas, en las que se declaraban miembros del ERPI e involucraban a dirigentes sociales como a Rocio MESINO de la OCSS, y al ex diputado Ranferi HERNANDEZ ACEVEDO, exiliado en Francia.

4. Deben investigarse las actuaciones del Ministerio Publico Militar, quien no tiene facultades para tomar declaraciones de civiles.

5. Debe de garantizarse el derecho al debido proceso y la valoracion de todos los elementos para que los jueces actuen con plena independencia como lo establecen las normas nacionales e internacionales.

6. De los resultados de la investigacion del caso, se debera sancionar a los responsables y proceder a la indemnizacion de las victimas y sus familiares.

7. A la CNDH solicitamos que agilice la investigacion, ya que a un año de los hechos, no ha emitido ninguna Recomendacion al respecto.

jueves, 7 de abril de 2011

México desafía las sentencias de la Corte Interamericana en los casos de Inés y Valentina (Indígenas guerrerenses violadas por militares).

El Estado mexicano cuestiona el testimonio y la participación de militares en la
violación y tortura de dos mujeres indígenas a pesar de las dos sentencias
emitidas en su contra.

México DF, 11 de febrero de 2011. Hoy, la Organización del Pueblo Indígena
Tlapaneco/Me’phaa (OPIM), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), representantes de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, presentamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos nuestros argumentos sobre las solicitudes de interpretación de sentencias que el Estado mexicano presentó al Tribunal.

El pasado 29 de diciembre, México presentó ante la Corte Interamericana dos solicitudes de interpretación de las sentencias emitidas los días 30 y 31 de agosto de 2010 a favor de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú. De acuerdo con el Estado, tales solicitudes se basaron en lo establecido por el artículo 67 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual establece que “En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de los noventa días a partir de la fecha de la notificación del fallo.”

En este sentido, el 7 de enero del 2011, en comunicado de prensa, la Secretaría de Gobernación informó que: “el Gobierno de México es enfático al señalar que, las solicitudes de interpretación formuladas no constituyen en modo alguno un desconocimiento o cuestionamiento de los puntos resolutivos de las sentencias, ni se trata de recursos que pretendan modificar los términos de los fallos dictados por la Corte Interamericana.”

Sin embargo, el escrito presentado por el Estado cuestiona la participación de militares en los hechos del caso. El requerimiento pretende entonces ser utilizado como un mecanismo de impugnación de las sentencias respectivas. Éstas, en agosto del año pasado, declararon la responsabilidad de México por las violaciones sexuales y torturas que Valentina Rosendo e Inés Fernández padecieron a manos de miembros del ejército mexicano, así como por las deficiencias en la investigación de los hechos y la intervención del fuero militar, entre otras transgresiones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otras normas internacionales.

En su solicitud, el Estado mexicano cuestiona el fallo de la Corte Interamericana, sosteniendo como ya lo hizo durante el proceso contencioso que no ha sido probado que fueron militares quienes cometieron los actos de violación sexual y tortura en perjuicio de ambas víctimas. Del mismo modo, los escritos presentados por el Estado señalan que compete a autoridades ministeriales y judiciales internas establecer esos hechos, e incluso anticipa que los mismos podrían quedar impunes. Lo anterior es contrario a lo establecido por el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el cual establece que “Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado.”

Las solicitudes presentadas por el Estado, además, entrañan un nuevo cuestionamiento a la palabra de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, y a las propias sentencias emitidas por parte de la Corte en la que señalan que existen todos los elementos y prueba para declarar que los hechos ocurrieron y que fueron elementos del ejército los involucrados.

Frente a esto, en nuestros argumentos presentados como organizaciones representantes de Valentina Rosendo e Inés Fernández solicitamos a la Corte Interamericana que deseche tales solicitudes, declarándolas inadmisibles, puesto que el pedido de interpretación del Estado es un desafío al Tribunal, y no una consulta. En consecuencia, se ha solicitado al Tribunal que reitere al Estado mexicano su obligación de cumplir cabalmente el fallo.

Cabe recordar que las sentencias -que tienen un carácter definitivo e inapelable según la Convención Americana- ordenaron al Estado mexicano conducir en el fuero civil las investigaciones sobre los hechos del caso, a fin de sancionar penalmente a los responsables de las violaciones sexuales sufridas en el año 2002 por las indígenas me’phaas en el estado de Guerrero. Hasta este momento ambas investigaciones siguen siendo conocidas por la Procuraduría General de Justicia Militar, en lo que constituye una muestra clara de las reticencias a cumplir cabalmente con los fallos, en aras de preservar la impunidad de que gozan los elementos de las Fuerzas Armadas responsables.

Por otro lado, es importante destacar que la presentación de las solicitudes de información se suma a la ausencia –en los cuatro meses transcurridos- de acciones efectivas tendentes al cumplimiento de las sentencias. En esa medida, evidencia el nulo compromiso con el que Estado mexicano se aproxima al cumplimiento de sus obligaciones internacionales.

Las organizaciones representantes de Inés y Valentina instan a las autoridades mexicanas a dar pronto cumplimiento a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana. En particular, advierten la necesidad de que en forma inmediata avancen, en el ámbito de la justicia civil, los procesos respectivos tendientes a ejercer el poder punitivo contra todas las personas responsables de los ataques, perpetrados por militares, contra la integridad sexual de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega. Como lo señaló la Corte en sus sentencias, esas investigaciones deberán ser conducidas con perspectiva de género y adecuación a la identidad cultural de las víctimas, garantizando el pleno acceso de sus representantes a las actuaciones y sin exponer a nuevos riesgos a las señoras Rosendo Cantú y Fernández Ortega El desacato de esta orden del tribunal internacional implica la negación del acceso a la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas.

Conferencia de prensa


Valentina Rosendo detalla su caso en el programa “En 15” de Milenio Televisión. Octubre de 2010.

martes, 28 de diciembre de 2010

Recuerda Cencos a Raúl Hernández como el caso emblemático de 2010

“En el país se vive la falta de respeto a los derechos humanos”

Recuerda Cencos a Raúl Hernández como el caso emblemático de 2010

CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )
Chilpancingo, 26 diciembre. El encarcelamiento injusto por más de dos años de Raúl Hernández Abundio, integrante de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaa (OPIMI), fue recordado por organizaciones sociales como uno de los casos más emblemáticos de 2010, así como los diversos actos de persecución que vivieron activistas defensores de derechos humanos en Guerrero y en todo el país.
Mediante un comunicado, el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) destacó que en los temas de derechos humanos, los defensores y defensoras son un factor indispensable para la construcción de una sociedad democrática y destacó que actualmente México “atraviesa por un contexto de degradación del respeto a los derechos humanos”.
Abunda que la desigualdad social y económica, la violencia, la falta de una cultura democrática y la impunidad, explican la necesidad de ejercer este derecho; sin embargo, lamentó, los defensores no cuentan con un reconocimiento público y son blancos de agresiones tanto de funcionarios públicos como de particulares para quienes esta labor representa una amenaza.
De igual forma, recordaron que en 2009, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (Oacnudh) resaltó en el informe Defender los Derechos Humanos: entre el compromiso y el riesgo, la situación de vulnerabilidad que viven las y los defensores, quienes se enfrentaron a amenazas, persecuciones, intimidaciones e incluso hasta asesinatos y encarcelamientos injustos, pasando por campañas de desprestigio y una constante impunidad generada desde el Estado al no resolver los casos.
Entre esos casos, indica Cencos, fue el de Raúl Hernández, quien fue encarcelado por un supuesto homicidio contra un informante del Ejército, sin embargo salió en libertad luego de dos años y cuatro meses por no haber pruebas en su contra.
Dicho caso, recuerda Cencos, fue emblemático, a tal grado que Amnistía Internacional (AI) declaró preso de conciencia.
De igual forma, narraron que a raíz de que la OPIM denunció abusos militares y por las autoridades locales en Ayutla de los Libres, iniciaron las amenazas y persecuciones contra los activistas.
Entre las intimidaciones estuvo el encarcelamiento de Raúl Hernández; la ejecución extrajudicial de los dirigentes de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM), Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce; además de amenazas contra el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.
“La persecución de activistas y organizaciones en Ayutla de los Libres no ha cesado desde 2008, el último incidente de agresión fue la reciente amenaza el pasado 28 de noviembre contra la dirigente de la OPIM, Obtilia Eugenio Manuel su esposo. Cuauhtémoc Ramírez por luchar por la desmilitarización de la región y dan seguimiento al cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2010/12/27/index.php?section=sociedad&article=005n2soc

viernes, 3 de diciembre de 2010

Exige AI al Estado protegar a activistas por nueva amenaza a líderes de la OPIM

En noviembre, Eugenio y Ramírez recibieron una carta anónima

Exige AI al Estado protegar a activistas por nueva amenaza a líderes de la OPIM

CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )
Chilpancingo, 2 diciembre. Nuevamente integrantes de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaa (OPIM), Obtilia Eugenio Manuel y Cuauhtémoc Ramírez fueron amenazados por estar en la lucha de la defensa de los derechos de las indígenas violadas por militares hace ocho años y por lo cual, Amnistía Internacional (AI) urgió al Estado mexicano a brindar protección a los defensores de derechos humanos.
El 28 de noviembre, Eugenio Manuel y Ramírez encontraron una carta anónima bajo la puerta de su casa, en la cual los amenazan de muerte por el trabajo que han hecho para exigir justicia en los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.
Con estas nuevas amenazas contra los integrantes de la OPIM, suman ya varias en los últimos años y por lo que, en abril de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) ordenó medidas provisionales a favor de Obtilia Eugenio Manuel, su esposo y sus hijos, así como 107 defensores y defensoras de Guerrero.
“A pesar del compromiso del gobierno de implementar medidas de protección para los defensores de derechos humanos bajo riesgo, varios defensores han señalado que la falta de cumplimiento de manera pronta y eficaz los ha dejado vulnerables a nuevas agresiones”, criticó AI.
Agregó que estas nuevas amenazas a los líderes de OPIM ponen de manifiesto las deficiencias en las medidas de protección proporcionadas por las autoridades. “El caso de Obtilia Eugenio Manuel y Cuauhtémoc Ramírez resalta una vez más la urgente necesidad de que el gobierno mexicano desarrolle un mecanismo integral de protección para las y los defensores de derechos humanos en riesgo y muestra la importancia de que el gobierno garantice la protección efectiva de los defensores y asegure el cumplimiento cabal de las sentencias contra México de la Coidh”, concluyó.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2010/12/03/index.php?section=sociedad&article=005n2soc

domingo, 29 de agosto de 2010

Tras dos años de cárcel, dicta el juez libertad a Raúl Hernández

“Ya estoy libre, ya estoy afuera”, expresa el integrante de la OPIM a su salida




Tras dos años de cárcel, dicta el juez libertad a Raúl Hernández

Niega amenazas contra él o su familia; pide encontrar al responsable, porque “no cometí ese delito”



CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )



Chilpancingo, 27 agosto. Tras permanecer dos años y cuatro meses preso en el penal de Ayutla de los Libres, este viernes Raúl Hernández Abundio, integrante de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaa (OPIM), salió libre, ya que el juez Alfredo Sánchez Sánchez, basado en las pruebas presentadas por la defensa ordenó la libertad de manera incondicional e inmediata del indígena. La resolución “es un triunfo al movimiento social tanto de Guerrero como de México”, aseguró el abogado defensor, Vidulfo Rosales Sierra.



A las 2 de la tarde, el juez mixto de Primera Instancia con sede en Ayutla notificó a Hernández la sentencia en la que determinó dejar en libertad absoluta al defensor de derechos humanos, ya que “no es culpable, ni penalmente responsable del delito de homicidio calificado cometido en agravio de Alejandro Feliciano García, ocurrido en enero del 2008”.



Más tarde, a las 2:45 de la tarde, Raúl salió del penal cargando un costal con su ropa y un ventilador, el resto de sus pertenencias las dejó a sus ex compañeros de celda.



Raúl fue recibido por los integrantes de la OPIM y por sus asesores jurídicos y abogados de Tlachinollan. En una breve entrevista telefónica, dijo sentirse muy contento: “ya estoy libre, ya estoy afuera”.



Agregó que su familia no pudo estar presente porque el camino que va de El Camalote a Ayutla está “muy feo” por las lluvias, pero en las próximas horas se reunirá con ellos.



De igual forma, sostuvo que, contrario a lo que sucedió con sus compañeros Manuel Cruz, Orlando Manzanarez, Natalio Ortega y Romualdo Santiago, quienes fueron amenazados de muerte una vez que salieron del penal, el afortunadamente no recibió ningún tipo de amenaza.



Raúl Hernández pidió al juez Alfredo Sánchez que investigue realmente quién es responsable de la muerte de Alejandro Feliciano, porque “yo no cometí ese delito”.



Aunque reconoce que en Guerrero, la lucha por la defensa de los derechos humanos es criminalizada, “continuaré con la lucha en la OPIM, vamos a seguir exigiendo nuestros derechos”.



Por otra parte, el abogado defensor, Vidulfo Rosales Sierra, destacó que la libertad de Raúl Hernández corrobora la criminalización que sufren los defensores de derechos en Guerrero., pero al mismo tiempo dijo, es “un triunfo para el movimiento social de Guerrero y de México”.



Destacó que Hernández durante los dos años y cuatro meses que estuvo encarcelado, se convirtió en un símbolo de la resistencia de los pueblos indígenas por la defensa de sus derechos, pero al mismo tiempo es un ejemplo “de cómo el gobierno pisotea, persigue y encarcela” a quienes exigen sus derechos y denuncian las injusticias y el abuso del poder público.



http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2010/08/28/index.php?section=sociedad&article=006n1soc



sábado, 20 de marzo de 2010

Incluye infome del Departamento de Estado de EU violaciones y abusos del Ejército en Guerrero

Incluye infome del Departamento de Estado de EU violaciones y abusos del Ejército en Guerrero



Zacarías Cervantes

Chilpancingo

En su informe anual, el Departamento de Estado de Estados Unidos, incluye algunos de los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por el Ejército en Guerrero como el secuestro, tortura y posterior ejecución de los indígenas mixtecos de Ayutla, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, el asesinato del indígena Na Savi, Bonfilio Rubio Villegas en un retén militar ubicado en Huamuxtitlán y la irrupción de militares en la comunidad de Puerto Las Ollas, en la Sierra de Coyuca de Catalán.
Dicho informe, cuyo contenido fue traducido y dado a conocer por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, corresponde al monitoreo, así como a las quejas y denuncias que recibió durante el 2009 el Departamento de Estado de Estados Unidos.
En él se señala que aunque el gobierno de México, “en general ha respetado y promovido los derechos humanos, la CNDH (Comisión Nacional de Derechos Humanos) y otras fuentes denunciaron ejecuciones ilegales cometidas por las fuerzas de seguridad; secuestros, abuso físico, malas condiciones y hacinamiento en las cárceles, encarcelamiento y detenciones arbitrarios, ineficacia y falta de transparencia, que propician la impunidad dentro del sistema legal. Así también confesiones bajo tortura, violencia y amenazas en contra de periodistas que derivan en autocensura”.
El documento del gobierno estadounidense señala que: “Ni el gobierno federal ni agentes del Estado cometieron homicidios con motivos políticos. Sin embargo, se denunció que las fuerzas de seguridad mataron a varias personas, incluso menores, durante el año, o mientras desarrollaban sus funciones o fuera de horas de servicio”.
El informe es general y habla de las violaciones a los derechos humanos y abusos que se cometieron en todo el país durante el año pasado, sin embargo Tlachinollan particulariza los casos que se citan de Guerrero.
Uno de ellos es el de Raúl Lucas y Manuel Ponce. Sobre este caso el informe del Departamento de Estado señala que el 13 de febrero, tres hombres que se identificaron como policías ministeriales, secuestraron a Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, presidente y secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM) en Ayutla de los Libres, Guerrero.
Añade que el 21 de febrero fueron encontrados sus cuerpos sin vida con huellas de tortura, cerca del municipio avecinado de Tecoanapa.
“Unos meses antes del secuestro, la OFPM alegó que había recibido amenazas de muerte después de acusar al Ejército de cometer violaciones a los derechos humanos en el 2002 y el 1998”, indica el documento.
El Departamento de Estado expone, también, que organizaciones de derechos humanos locales afirman que agentes del Estado fueron responsables por la tortura y homicidios de los dos indígenas, mientras que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Naciones Unidas (OACNUDH), la Comisión Interamericana sobre los Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional “denunciaron los homicidios y avisaron que el Ejercito cometen abusos en la región Na Savi de Guerrero” y que fue hasta cinco días después de que se denunció la desaparición, el 18 de febrero, las autoridades empezaron a investigar el caso, “que aún no había sido resuelto al final del año”.
El informe incluye el caso del asesinato del indígena nahua, Bonfilio Rubio Villegas; al respecto señala que el 20 de junio, miembros del 93 Batallón de Infantería con sede en Tlapa de Comonfort, “mataron a indígena Naua, Bonfilio Rubio Villegas en un retén militar ubicado en Huamuxtitlán. Mientras revisaron e inspeccionaron el camión”.
Agrega que los soldados identificaron un individuo que portaba botas tipo militar y lo detuvieron para interrogarlo. “Después de que los soldados firmaron el registro de conductor para explicar la detención, señalaron para que el conductor siguiera su camino, pero otro grupo de soldados abrieron fuego en contra del camión mientras se iba, matando al pasajero Bonfilio Rubio”.
El informe indica que el Ejército asumió jurisdicción del caso. “En julio el Ejército detuvo a un soldado quien siguió encarcelado al final del año. En octubre el Ejército ofreció indemnización a la familia. Organizaciones no gubernamentales de derechos humanos cuestionaron la conclusión de la Sedena que los soldados dispararon al aire y solo al camión cuando no se detuvo en el retén”.
En cuanto a la desaparición forzada se expone que “no hubo denuncias confirmadas de desapariciones forzadas al nivel federal; “sin embargo, hubo múltiples denuncias sobre desapariciones forzadas por el Ejército y la policía”.
Señala que durante el año (2009) la CNDH recibió 1,105 quejas “de tratamiento cruel o degradante y 33 quejas sobre tortura, comparado con 588 quejas de tratamiento cruel o degradante y 21 quejas de tortura en el 2008. Durante el año la CNDH hizo 30 recomendaciones a la SEDENA (Secretaría de la Defensa Nacional), de las cuales la SEDENA aceptó 19”.
El documento expone que la mayoría de las 30 recomendaciones, la CNDH refirió a detención arbitraria y tortura. En por lo menos tres casos, la CNDH verificó que médicos del Ejército u otros miembros del Ejército habían falsificado las pruebas para encubrir los abusos.
En el caso de la irrupción de militares a Puerto las Ollas, Las Palancas y El Jilguero, el documento señala: “El 9 de Junio, Amnistía Internacional publicitó el caso de las comunidades de Puerto de las Ollas, las Palancas y El Jilguero en el estado de Guerrero; poblados por aproximadamente 100 campesinos. En un periodo de cinco días los soldados supuestamente cometieron abusos, incluyendo allanamientos ilegales, robo, daños a propiedad privada, hostigamiento, agresión física en contra de una mujer embarazada, apuntaron a niños con armas de fuego”.
También se puntualiza que durante esa irrupción se reportaron dos casos de tortura durante el allanamiento: “Omar García, de 14 años y César Acosta Ávila, un joven con daños cerebrales, tenían los ojos vendados y fueron golpeados, recibieron toques eléctricos, fueron parcialmente sofocados con una bolsa de plástico, y los soldados los amenazaron con la castración. Organizaciones de derechos humanos de Guerrero (La Codehum y Tlachinollan) documentaron estos casos, y se reporta que la investigación del Ejército seguía a finales del año”, explica la dependencia norteamericana.
En el documento se reporta que permanecen las malas condiciones en las cárceles. “En su Plan Estratégico del 2008 al 2012, la SSP (Secretaría de Seguridad Pública) describe el sistema penitenciaria como uno de los componentes más abandonados y subdesarrollados de la seguridad pública”.
Y es que señala que la SSP reportó que entre septiembre del 2008 y diciembre del 2009, se murieron 200 personas encarceladas, 532 fueron heridas y 142 se escaparon (en las cárceles de todo el país).
En el rubro encarcelamiento o detención arbitraria se informa que la CNDH reportó a ese organismo norteamericano que recibió 1,289 quejas de encarcelamientos y detenciones arbitrarias durante el año.
Uno de los casos es el de los miembros de la Organización del Pueblos Indígena Me’phaa (OPIM) Manuel Cruz, Orlando Manzanares, Natalio Ortega, Romualdo Santiago, y Raúl Hernández “por pertenecer a este grupo y realizar protestas en contra de abusos”.
También se expone el caso de del hostigamiento a los defensores de derechos humanos de Guerrero al grado de que, por ejemplo Tlachinollan tuvo que cerrar sus oficinas en marzo de ese año en Ayutla.
Asimismo se señala que en febrero del 2008, Lorenzo Fernández Ortega, el hermano de Inés, la indígena violada por militares, fue encontrado muerto en Ayutla de los Libres, Guerrero. “A finales del año no se supo de ningún avance en el caso”.
El informe anual del Departamento de Estado sólo es un documento de consulta interna de ese país, aunque también influye en su política exterior, informó Tlachinollan.



http://www.suracapulco.com.mx/nota2.php?id_nota=77012

viernes, 22 de enero de 2010

Emite Amnistía acción urgente por las amenazas contra activistas del Tadeco

Enfoca su informe en los ataques y amenazas que reciben miembros de la OPIM
Emite Amnistía acción urgente por las amenazas contra activistas del Tadeco

Las medidas que se pidieron para proteger a defensores de derechos no son efectivas, critican

CITLAL GILES SÁNCHEZ

La organización Amnistía Internacional (AI) México dio a conocer el informe Exigiendo justicia y dignidad: Defensores y defensoras de los derechos humanos en México, donde se abordaron las innumerables amenazas y ataques que han hecho contra integrantes de la Organización de los Pueblos Indígenas Mep’haa (OPIM).

En el informe que presentó este jueves AI en México a través del director, Alberto Herrera y la investigadora sobre defensores de los derechos humanos de Amnistía Internacional, Nancy Tapias Torrado. Se da detalle de poco más de 15 casos de activistas que han sido víctimas de homicidio, agresiones, hostigamiento y amenazas o han sido encarcelados por cargos falsos entre 2007 y 2009 para impedirles que realicen su labor o en represlia contra sus movimientos.

Entre ellos destacaron el caso de la OPIM, donde sus integrantes así como la presidenta, Obtilia Eugenio Manuel han sido víctimas de numerosas amenazas de muerte y actos de intimidación desde 1998.

En el informe se destacó que la campaña de intimidación contra Eugenio Manuel se agravó en los últimos años, tanto que el miedo la obligó a huir junto con su familia lejos de su comunidad.

Tapias Torrado recordó un mensaje que le hicieron llegar a Eugenio Manuel en 2009, donde la voz de un hombre le gritó “Qué, ¿te sientes muy valiente? ¿Eres una verdadera mujer? Ojalá tu también te vayas a la cárcel […] si no te vas a la cárcel, te vamos a matar”.

Casos como el de Eugenio Manuel señalaron, hay muchos, pero muy pocos se investigan eficazmente y menos aún se llevan ante la justicia.

Por tal motivo, Tapias Torrado lamentó que el defender los derechos humanos en México “puede costar la vida” y aún así el gobierno “no está haciendo lo suficiente para resolver el problema”.

“Cuando se ataca, amenaza o mata a un defensor o defensora de los derechos humanos, se envía un peligroso mensaje a muchos otros y se niega la esperanza a todas las personas en cuyo favor trabaja este defensor”, manifestó.

De igual forma criticó que las autoridades mexicanas no cumplen con su obligación de proteger a los defensores y defensoras de los derechos humanos frente a los homicidios, al hostigamiento y las agresiones que amenazan sus vidas.

La representante de AI México destacó que los y las activistas que trabajan para proteger los derechos de las comunidades que viven en la pobreza, los que defienden los derechos de los pueblos indígenas o trabajan para proteger el medio ambiente corren especial riesgo de ser atacados, pues su trabajo interfiere en los intereses políticos o económicos.

Finalmente pidió al gobierno mexicano desarrollar “urgentemente” un programa eficaz e integral de protección para los defensores y defensoras de los derechos humanos.

Acción urgente por el caso Tadeco

Mediante un comunicado dirigido al secretario de Gobierno, Fernando Gómez Mont, enviado por Stephen, Maggy y Steve Shutt, integrantes de AI, externan su preocupación por las recientes amenazas contra los integrantes del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco).

Destacaron que tienen el conocimiento de que el gobierno ha estado de acuerdo en aceptar las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en otorgar medidas cautelares a diversos defensores de derechos humanos, “sin embargo nos indican que no han sido efectivas”, además de que no se han investigado los casos de abusos contra los defensores de derechos humanos, quedando en la mayoría de las veces en la impunidad, lo que da pie a que se sigan generando este tipo de ataques.

Por tal motivo hicieron un llamado a las autoridades a que otorguen medidas de protección a los integrantes del Tadeco para que puedan desempeñar su trabajo sin algún temor además de que se haga una investigación pronta y e imparcial, se castigue a los culpables.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2010/01/22/index.php?section=sociedad&article=006n1soc

lunes, 14 de diciembre de 2009

AI: preocupación mundial por la situación de derechos en Guerrero

AI: preocupación mundial por la situación de derechos en Guerrero

Preparan acciones desde otros países para exigir al gobierno que dé garantías a defensores

Campaña para liberar al me’phaa Raúl Hernández servirá para proteger a otros activistas


OSSIEL PACHECO

Ayutla, 13 de diciembre. El director ejecutivo de Amnistía Internacional (AI) en México, Alberto Herrera, consideró que la situación en Guerrero es grave y paradigmática en materia de abusos y agresiones contra los defensores de derechos humanos, al grado que es una preocupación no sólo a nivel nacional sino internacional, “así lo reafirma la presencia de colegas de otros países que han venido al estado”.

Ponderó que AI ha difundido el caso del preso de conciencia de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), Raúl Hernández Abundio a nivel internacional, pero esta campaña es la base para proteger a los defensores de derechos humanos, que es un principio y un deber del Estado mexicano. Insistió en que el gobierno del país está obligado a prevenir, investigar, sancionar y reparar los daños por abusos, “tenemos en este caso una prioridad, en especial porque somos facilitadores para el cumplimiento de la ley”.

En este sentido, recordó que el gobierno de Guerrero no ha llevado a cabo la reunión con AI, Tlachinollan y la OPIM, como se comprometió el secretario de Gobierno, Guillermo Ramírez Ramos, hace cuatro meses, luego de que se organizó una caravana para la liberación de Hernández Abundio, y en la que abordarían el tema.

Entrevistado durante la verbena popular realizada la noche del sábado pasado en El Camalote, Herrera dio a conocer que AI sostiene una campaña en casi 20 países para lograr la liberación del me’phaa recluido en el penal de Ayutla desde el 18 de abril de 2008. Activistas de otros países están enviando cartas a las embajadas de México para demandar la liberación de Hernández, y adelantó que en enero termina el periodo de audiencias del caso y de no dictarse su libertad, harán otra caravana internacional.

Consideró importante dar seguimiento al caso de Hernández, para que el gobierno de Guerrero aplique medidas provisionales, ya que es una prioridad para AI, porque en la medida de que no hay garantías, los activistas no podrán trabajar con plena seguridad, y se corre el riesgo de que se repitan casos no sólo como el de Hernández Abundio, sino como el de los na savi Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, cuyas ejecuciones son un recordatorio de que la situación no es segura para los defensores de derechos humanos.

Dijo que a pesar de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que haya garantías de seguridad para los defensores, hay un vacío del Estado mexicano para garantizar su seguridad, y han sido los propios activistas los que están jugando este papel, porque el Estado no está cumpliendo con su deber.

Informó que tienen datos de cerca de 20 países que están trabajando por la libertad de Hernández Abundio, y para ello están mandando cartas y se reúnen con los embajadores de México, para hablar del tema, y en su caso, personalmente ha expuesto el caso con el embajador de Canadá y de Estados Unidos en México, quienes se han comprometido a incluir el tema del preso de la OPIM en la agenda de diálogo con el gobierno federal, porque es una prioridad.

Interrogado sobre la influencia de la campaña de AI, respondió que la política externa de derechos humanos que promueve el gobierno mexicano no se refleja en el país, y por ello “hay la posibilidad de presionar desde el exterior para lograr la transformación; gran parte de esto se va a lograr a partir de los mensajes que envíen en otros países”.

Resaltó que el tema de Hernández es una de las prioridades de todas las secciones de AI en el mundo, las cuales están mandando cartas constantemente para lograr su libertad. A esto se van sumando a otras acciones como mandar fotografías y mantas para que los activistas puedan transmitir los mensajes al gobierno de México.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/12/14/index.php?section=sociedad&article=004n1soc

viernes, 11 de diciembre de 2009

Deciden ONG formar un frente contra las condiciones adversas de su labor

Deciden ONG formar un frente contra las condiciones adversas de su labor



Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Organismos no gubernamentales de derechos humanos (ONG) anunciaron ayer la conformación de un frente para revertir las condiciones “graves” de violaciones a los derechos humanos, la militarización, la criminalización y la persecución a los defensores de derechos humanos, así como el clima hostil y de animadversión que provoca el gobierno estatal hacia los defensores.
En una conferencia de prensa a la que asistieron una decena de representantes de organismos civiles de derechos humanos, así como dirigentes sociales, dieron a conocer el pronunciamiento denominado: “Personas y Derechos Pisoteados” en el marco del 61 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a 11 de la declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos.
En dicho comunicado los organismos exigen, entre otros planteamientos al gobierno mexicano, el cumplimiento cabal de los derechos humanos, la presentación con vida de los desaparecidos, la desmilitarización, el castigo a los responsables de la violación a los derechos humanos y el cese de la criminalización y persecución de los defensores de derechos humanos.
Antes, José Reynaldo Reyes, integrante del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) denunció que en Guerrero se vive una situación crítica en materia de derechos humanos, “Guerrero vive con los derechos afectados en todos los aspectos”, subrayó y dijo que todos los ahí presentes han vivido de cerca la persecución y las violaciones a los derechos humanos.
Por ello celebró que haya el intento por integrar un frente de organismos para enfrentar en forma planeada y unificada esta situación que se vive en Guerrero.
Abel Barrera Hernández, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, informó que ese organismo tiene denunciados 15 casos de violaciones a derechos humanos por parte de militares y que en cuando menos siete casos más, las víctimas no quieren presentar las denuncias porque fueron amenazados por los soldados.
En cuanto al hostigamiento a los defensores de derechos humanos, dijo que estos se cuentan desde casos muy graves como el asesinato de los indígenas Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, hasta la persecución y amenazas que viene padeciendo la dirigente de la Organización Indígena del Pueblo Me phaa (OPIM), Otilia Eugenio Manuel desde el 2005, así como a los familiares de Inés Fernández Ortega, la indígena que fue violada sexualmente por los militares.
Barrera Hernández denunció que la situación se ha recrudecido en los últimos dos meses y que existe una mayor vulnerabilidad de los defensores.
José Raymundo y Javier Monrroy, el primero del Ccti y el segundo del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), tambien citaron el caso de la persecución que sufren Javier Torres Cruz, campesino de La Morena, municipio de Petatlán, por parte del Ejército y del narcotraficante Rogaciano Alba. Monrroy tambien mencionó el caso del dirigente minero de Taxco, Roberto Hernández Mojica quien fue amenazado de muerte para que desista de su movimiento de huelga que lleva ya más de 2 años.
Entre los organismos que participarán en este frente se encuentran la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos AC, el colectivo Tadeco, la Radio Comunitaria Ñomndaa, el CCTI, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Parota (Cecop), el Movimiento Popular Vicente Guerrero, y la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG).
En nombre de estos organismos, el fundador de la radio comunitaria Ñomdaa, de Xochistlahuaca, David Valtierra Arango leyó el pronunciamiento en el que denuncian que los estragos de la militarización en Guerrero se remontan a la guerra sucia, y que gracias al “valor y a la lucha generosa de Tita Radilla, el Ejército mexicano está siendo juzgado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, que en breve dictará sentencia.
Pero agregan que en esta entidad se sigue reeditando la etapa “sombría” de la guerra sucia, “porque los gobiernos consintieron que el Ejército sentara sus reales en las regiones pobres donde se habían suscitado levantamientos armados”.
Denuncian que hoy la reaparición del Ejército en todo el estado de Guerrero sigue siendo para reprimir a los nuevos movimientos insurgentes “actuando con brutalidad para masacrar a 11 indígenas mixtecos de la comunidad de El Charco, el 7 de junio de 1998. Esta escalada bélica continuó en la región de Ayutla, con los casos de violaciones sexuales de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú y con el cerco y hostigamiento permanente a la OPIM”.
Asimismo, señalan en su documento que los operativos implementados en contra del narcotráfico han tenido como saldo casos de desaparecidos que ha dado origen a la conformación de un Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, pero que todos estos casos permanecen en la impunidad por la existencia del fuero militar, “que es expansivo, parcial y violatorio a los estándares internacionales de derechos humanos”.
Mientras tanto, explican que las organizaciones sociales y civiles “que hemos documentado graves violaciones a los derechos fundamentales de la población más vulnerable, enfrentamos, no solamente una campaña de desprestigio sobre nuestro trabajo como defensoras y defensores, sino que padecemos la persecución, el hostigamiento y las amenazas, que tienen como único fin frenar nuestro trabajo, amordazar nuestras denuncias, y violentar el derecho a defender los derechos y a ejercer a plenitud la libertad de expresión”.
Y agregan que ante la falta de garantías por parte del gobierno del estado para ejercer nuestro trabajo, “hemos solicitado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos medidas provisionales que en el mes de mayo otorgó a 107 defensores y defensoras ante los riesgos graves e inminentes que vivimos en nuestra entidad y que trágicamente se materializaron con la muerte de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas; otro delito de lesa humanidad que sigue sin esclarecerse”.
En este contexto las agrupaciones y organismos civiles de derechos humanos se pronunciaron por que los gobiernos cumplan con las obligaciones constitucionales de garantizar el derecho a la alimentación, la educación, la salud, la vivienda, el empleo y a un medio ambiente sano, la presentación con vida de los desaparecidos y castigo a los responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos en la época de la guerra sucia; asimismo, que el Estado cumpla con su obligación de garantizar a favor de las víctimas y sus familiares, el derecho a la verdad, justicia y reparación por los crímenes del pasado.
También demandan el cese a la militarización en las regiones indígenas como lo establece la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y que el Estado atienda las recomendaciones de los mecanismos de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano sobre la restricción del fuero militar.
Exigen, asimismo, un alto a la criminalización de la lucha social y respeto al trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos así como de los periodistas, que el Estado atienda las recomendaciones del informe emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre defensores, en el año 2006 y libertad a los presos políticos Raúl Hernández Abundio, Máximo Mojica Delgado, María de los Ángeles Hernández Flores y Santiago Nazario Lezma. Así como la salida “inmediata” del Ejército Mexicano de pueblos y ciudades de Guerrero, el regreso a sus cuarteles, castigo a los militares culpables de violaciones de derechos humanos y reparación de los daños causados a comunidades, organizaciones sociales y familias.
Otras de las agrupaciones que integran el frente son la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos (Afadem), el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos "José Ma. Morelos y Pavón", el Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, el Consejo Ciudadano del Municipio de Chilapa, la Organización de Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM), la Organización Para el Futuro del Pueblo Mixteco (OPFPM), la Asociación Civil "La Esperanza" de Iguala, la Organización de Pueblos Originarios Para el Desarrollo Social, la Red de Organizaciones y Grupos Ambientalistas de Zihuatanejo (ROGAZ), el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero; la Sección 17 del Sindicato Minero de Taxco; Mujeres Activas A.C. de Taxco, el Colectivo Libertario Aka También Resistimos Acapulco-Atoyac, la Corriente Crítica de México, la Red Manglar Internacional Sección Guerrero, y el Consejo Indígena y Popular de Guerrero “Emiliano Zapata”.


http://www.suracapulco.com.mx/nota1e.php?id_nota=71320

Comunicado del Movimiento Ecuménico Por Los Derechos Humanos- MEDH

  Comunicado del Movimiento Ecuménico Por Los Derechos Humanos- MEDH Los Organismos de DDHH de la República Argentina, abajo firmantes, repu...