Tras dos décadas en busca de justicia, Rosalinda Vargas acude a la Comisión Interamericana
Maribel Gutiérrez
(Primera parte)
Desde hace 22 años, la maestra Rosalinda Vargas Barrera se enfrenta a la negación de la justicia, y como ha insistido y ha luchado por buscarla, la respuesta del gobierno ha sido la fabricación de delitos contra ella misma.
Su andar de un lado a otro comenzó en el gobierno de José Francisco Ruiz Massieu; con Rubén Figueroa Alcocer, Ángel Aguirre y René Juárez siguió lo mismo, y con el que está por terminar, de Zeferino Torreblanca Galindo, la falta de justicia y la criminalización de las vícitimas fue mayor que con los anteriores gobiernos priístas.
En ese recorrido se ha enfrentado a personajes que tienen poder público. Primero el procurador de Justicia de Ruiz Massieu, José Rubén Robles Catalán, el subprocurador Jesús Alemán del Carmen y comandantes y agentes de la policía judicial que se encargan de garantizar los intereses de sus jefes y que continúan actuando como grupo dentro de la Procuraduría, aun cinco años después de la muerte de Robles Catalán.
Ha sido reprimida desde 1989, cuando fue encarcelada durante un año y medio, acusada de posesión de mariguana, y salió libre porque se demostró que este delito fue fabricado por órdenes de Robles Catalán, con quien Rosalinda Vargas Barrera tenía un litigio porque le demandó una pensión alimenticia para la hija de ambos. Siguieron múltiples agresiones e intentos de matarla, y el hecho más grave, el asesinato de su abogado, Norberto Flores Baños, el 26 de mayo de 1995, cuando Robles Catalán era secretario de Gobierno de Figueroa. Diez años después, en 2005, fue asesinado y con el pretexto de ese crimen Rosalinda recibiría nuevas presiones y amenazas.
El agravio más reciente es el secuestro de su hija, Elizabeth Olguín Vargas, el 6 de julio de 2009, en el que descubrió que están involucrados como autores materiales agentes de la Policía Ministerial. Y un proceso penal contra ella y su hija, acusadas de lesiones en agravio de la actual agente del MP especializada en delitos sexuales de Acapulco, América Beatriz Román Iturbide, por la que fueron encarceladas el 20 de abril de 2009 y actualmente están en libertad provisional después de que un juez giró una orden de reaprehensión contra ellas.
Elizabeth Olguín Vargas está en peligro; los secuestradores la dejaron en libertad bajo amenaza, y ella y su madre están en riesgo de ir nuevamente a la cárcel por un delito fabricado.
Rosalinda Vargas Barrera sigue buscando justicia en las instancias oficiales en Guerrero y en las comisiones de derechos humanos estatal y nacional. Pero aquí no ha conseguido que se respeten sus derechos, y recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el 3 de marzo de 2010 solicitó al gobierno de México medidas cautelares para ella y para Elizabeth Olguín Vargas, ante la urgencia de protección por el peligro en que se encuentran. Esas medidas de protección consisten principalmente en vigilancia hacia ellas con efectivos de la Policía Federal.
Actualmente está en trámite la petición para que esa instancia internacional abra el caso para que lo estudie y emita una resolución acerca de las violaciones a derechos humanos que ella denuncia.
Pero nuevamente se topa con la obstrucción de la justicia. El 16 de octubre de 2010 el gobierno mexicano pidió a la CIDH que no se admita la demanda con los argumentos de que no ha agotado en México los recursos para su defensa jurídica y de que pasó mucho tiempo entre los hechos y la presentación de la denuncia ante la CIDH, el primero de los cuales es su detención ilegal y tortura el 26 de marzo de 1989.
Hasta ahora Rosalinda ha conseguido el otorgamiento de medidas de protección que pidió para ellas la CIDH.
El 3 de marzo de 2010 el secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago A. Cantón, envió una comunicación al embajador representante permanente de México ante la OEA, Gustavo Albin Santos, “con el objeto de solicitar la adopción de medidas cautelares para proteger la vida y la integridad personal de Rosalinda Vargas Barrera y su hija Elizabeth Olguín Vargas en México”.
Denunció a policías ministeriales que secuestraron a su hija
Albertico Guinto Sierra estaba en funciones de procurador general de Justicia del estado cuando recibió en audiencia a Rosalinda Vargas Barrera, que le dio a conocer la información que tenía del secuestro de su hija, y le dio nombres de policías ministeriales involucrados. El procurador dijo: Yo puedo mandar a detener a los involucrados, pero no le puedo garantizar que cuando estén en la cárcel no le hagan algo a usted.
Elizabeth Olguín Vargas, de 37 años, maestra de sucundaria, fue secuestrada el 6 de julio de 2009 en Acapulco.
Se encontraba de compras en el centro comercial La Gran Plaza, en la zona turística de Acapulco, a las 9 de la noche. De ahí, hombres armados no identificados la golpearon salvajemente, y se la llevaron a una casa en una colonia popular de Acapulco. Ahí la drogaron, le dieron otra golpiza en el cuerpo y en la cara que le fracturaron los huesos maxilares; le quitaron la ropa y la violaron.
Le pusieron cadenas en los pies y en las manos para que no pudiera caminar y casi ni moverse. Tenía un intenso dolor en la cara, porque le hicieron dos fracturas en el maxilar cuando la golpearon en el momento en que se la llevaron y cuando la trasladaron a la casa de secuestros. Por los dolores no podía tomar agua ni comer, además de que en los diez días los secuestradores no le acercaron comida y en pocas ocasiones le dieron agua.
La tenían en un lugar insalubre, lleno de moscos que todo el tiempo le picaban todo el cuerpo, y tenía que orinar y realizar otras funciones en ese mismo lugar, porque en ningún momento la llevaron a un baño.
El secuestrador que la cuidaba, que fue el mismo que la violó, tenía la cara tapada con un pasamontañas.
En esas condiciones, estuvo diez días, hasta que una noche le devolvieron la ropa con la que estaba vestida el día del secuestro, le pusieron el pasamontañas con el que se cubría la cara el secuestrador que la vigilaba, le taparon los ojos con una ballerina de las que se usan para sostener el cabello, y la sacaron de la casa. En un automóvil se la llevaron a una calle por el rumbo del reclusorio de Acapulco, y ahí la dejaron libre.
Al día siguiente de que se la llevaron de la Gran Plaza, los secuestradores utilizaron el teléfono celular de Elizabeth para llamar a su madre y pedir un millón de pesos de rescate.
Imposible para una maestra de secundaria pagar esa cantidad, inimaginable en sus cuentas.
El 10 de julio, Elizabeth llevaba cuatro días secuestrada cuando su mamá, también maestra de secundaria y trabajadora administrativa en la UAG, pidió ayuda al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo.
Por escrito, Rosalinda Vargas expuso que después de que el 6 de julio Elizabeth no regresó, la buscaron en hospitales, cárceles, agencias del MP, hasta que al día siguiente 7 de julio entró una llamada a su teléfono celular, desde el celular de Elizabeth. Era la voz de un hombre que le dijo que tenía a su hija secuestrada y que para que se la pudiera entregar necesitaba un millón de pesos lo antes posible, y le dio de plazo hasta el domingo 12 de julio para pagar tal cantidad.
Rosalinda le pidió pruebas de que tenía a Elizabeth, el secuestrador puso a su víctima al teléfono, Rosalinda escuchó la voz de su hija, y sólo pidió al secuestrador que no le hiciera daño, que trataría de entregarle el dinero.
El 8 de julio habló nuevamente el secuestrador para exigir el dinero en tono más agresivo, y ya no puso al teléfono a Elizabeth, y lo mismo pasó al día siguiente, aún más exigente y agresivo.
Rosalinda Vargas buscó entre muchas amistades y conocidos que le prestaran dinero para pagar el rescate, pero fue poco lo que pudo juntar.
En el escrito entregado al gobernador Torreblanca, con copia para el procurador Eduardo Murueta Urrutia, pide ayuda: “Acudo a ustedes como una madre desesperada y de escasos recursos económicos para que me ayuden a resolver el problema de mi hija Elizaberth Olguín Vargas” y “ordene a quien corresponda, se hagan las investigaciones necesarias para liberar a mi hija de toda agresión física que pudiera sufrir por parte de sus plagiarios para que de alguna manera las autoridades correspondientes me la entreguen sana y salva”.
Zeferino Torreblanca dio a la Procuraduría la orden de intervenir. Rosalinda afirma que fue la orden del gobernador lo que permitió que liberaran a su hija, lo que la llevó a confirmar que los plagiarios eran policías ministeriales.
Después de que recibió de los secuestradores las instrucciones para entregar el dinero, la Procuraduría preparó el rescate, que incluía la entrega de dinero, sólo una parte de lo exigido, que Rosalinda consiguió mediante préstamos. La operación falló, y se hizo otra.
En dos operaciones de rescate planeadas por la Procuraduría no se consiguió la libertad de la secuestrada; fallaron, aunque parte del dinero que se iba a entregar a los secuestradores quedó en manos de los policías que supuestamente iban al rescate. Finalmente, el 16 de julio de 2009 fue liberada.
Faltaba la recuperación física y psicológica de Elizabeth. Tardó meses en sanar de las fracturas en la cara y nunca podrá olvidar la experiencia de estar encadenada, desnuda, sin poder hacer nada ni moverse. Quedaba también la exigencia de justicia.
Murueta dejó el cargo de procurador el 14 de septiembre de 2009. Había sido el primer procurador del actual sexenio, y renunció después del asesinato del coordinador del Congreso local, el diputado del PRD Armando Chavarría Barrera, cuando había evidencias de que desde el gobierno de Torreblanca Galindo se hacían filtraciones a medios cercanos a él para fabricar una historia personal que le quitara el móvil político al crimen.
Sustituyó a Murueta Albertico Guinto Sierra, sin ningún antecedente de trabajo en Guerrero y quien mostró disposición de hacer cualquier cosa que le ordenara el gobernador.
Por órdenes de Zeferino Torreblanca dos veces recibió a Rosalinda Vargas en su despacho de la Procuraduría en Chilpanccingo.
Rosalinda Vargas le pidió que se investigara el secuestro de su hija, y en lugar de eso recibió la amenaza de Guinto Sierra, que buscó disuadirla de que siguiera exigiendo justicia porque le iba a ir peor y los mismos secuestradores hasta la podían matar.
Un testigo narra la amenaza de Guinto, cuando Rosalinda le dijo que policías ministeriales estaban involucrados en el secuestro: si usted quiere yo los mando agarrar en este momento. Yo voy y los agarro, pero usted me tiene que demostrar que ellos son los culpables, que usted los haya visto, porque de lo contrario, usted ya sabe lo que le puede pasar.
En un escrito enviado por Rosalinda Vargas a la secretaria ejecutiva adjunta de la Organización de Estados Americanos, Elizabeth Abi-Mershed, el 12 de febrero de 2010, como parte del proceso de denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le explica:
“En dos ocasiones acudí con el responsable de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, licenciado Albertico Guinto Sierra, y le hice de su conocimiento el secuestro de mi hija Elizabeth Olguín Vargas y a la vez le solicité de manera respetuosa que se investigara a fondo el caso de mi hija, a fin de que se procediera en contra de los responsables, y también le pedí que me brindara protección personal a mí y a mi hija Elizabeth, puesto que los responsables del secuestro de ésta son agentes de la Policía Ministerial del estado de Guerrero.
“Pero el licenciado Albertico me contestó que él no me garantizaba nada sobre mi seguridad personal ni sobre la seguridad de mi hija porque no tenía suficientes elementos policiacos, y me advirtió que si yo ya sabía lo que me podía pasar a mí y a mi familia si los policías ministeriales involucrados en el secuestro de mi hija se enteraban de que ya los había acusado con el gobernador”.
La conclusión que Rosalinda Vargas expone en el escrito enviado a la funcionaria de la OEA es que “lo anterior generó más zozobra en mi persona y en mi familia, pues en realidad nos encontramos totalmente desamparados y a merced de los delincuentes, que en este caso son los propios policías ministeriales del estado de Guerrero, lo cual resulta aún más grave”.
http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=98255
Maribel Gutiérrez
(Primera parte)
Desde hace 22 años, la maestra Rosalinda Vargas Barrera se enfrenta a la negación de la justicia, y como ha insistido y ha luchado por buscarla, la respuesta del gobierno ha sido la fabricación de delitos contra ella misma.
Su andar de un lado a otro comenzó en el gobierno de José Francisco Ruiz Massieu; con Rubén Figueroa Alcocer, Ángel Aguirre y René Juárez siguió lo mismo, y con el que está por terminar, de Zeferino Torreblanca Galindo, la falta de justicia y la criminalización de las vícitimas fue mayor que con los anteriores gobiernos priístas.
En ese recorrido se ha enfrentado a personajes que tienen poder público. Primero el procurador de Justicia de Ruiz Massieu, José Rubén Robles Catalán, el subprocurador Jesús Alemán del Carmen y comandantes y agentes de la policía judicial que se encargan de garantizar los intereses de sus jefes y que continúan actuando como grupo dentro de la Procuraduría, aun cinco años después de la muerte de Robles Catalán.
Ha sido reprimida desde 1989, cuando fue encarcelada durante un año y medio, acusada de posesión de mariguana, y salió libre porque se demostró que este delito fue fabricado por órdenes de Robles Catalán, con quien Rosalinda Vargas Barrera tenía un litigio porque le demandó una pensión alimenticia para la hija de ambos. Siguieron múltiples agresiones e intentos de matarla, y el hecho más grave, el asesinato de su abogado, Norberto Flores Baños, el 26 de mayo de 1995, cuando Robles Catalán era secretario de Gobierno de Figueroa. Diez años después, en 2005, fue asesinado y con el pretexto de ese crimen Rosalinda recibiría nuevas presiones y amenazas.
El agravio más reciente es el secuestro de su hija, Elizabeth Olguín Vargas, el 6 de julio de 2009, en el que descubrió que están involucrados como autores materiales agentes de la Policía Ministerial. Y un proceso penal contra ella y su hija, acusadas de lesiones en agravio de la actual agente del MP especializada en delitos sexuales de Acapulco, América Beatriz Román Iturbide, por la que fueron encarceladas el 20 de abril de 2009 y actualmente están en libertad provisional después de que un juez giró una orden de reaprehensión contra ellas.
Elizabeth Olguín Vargas está en peligro; los secuestradores la dejaron en libertad bajo amenaza, y ella y su madre están en riesgo de ir nuevamente a la cárcel por un delito fabricado.
Rosalinda Vargas Barrera sigue buscando justicia en las instancias oficiales en Guerrero y en las comisiones de derechos humanos estatal y nacional. Pero aquí no ha conseguido que se respeten sus derechos, y recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el 3 de marzo de 2010 solicitó al gobierno de México medidas cautelares para ella y para Elizabeth Olguín Vargas, ante la urgencia de protección por el peligro en que se encuentran. Esas medidas de protección consisten principalmente en vigilancia hacia ellas con efectivos de la Policía Federal.
Actualmente está en trámite la petición para que esa instancia internacional abra el caso para que lo estudie y emita una resolución acerca de las violaciones a derechos humanos que ella denuncia.
Pero nuevamente se topa con la obstrucción de la justicia. El 16 de octubre de 2010 el gobierno mexicano pidió a la CIDH que no se admita la demanda con los argumentos de que no ha agotado en México los recursos para su defensa jurídica y de que pasó mucho tiempo entre los hechos y la presentación de la denuncia ante la CIDH, el primero de los cuales es su detención ilegal y tortura el 26 de marzo de 1989.
Hasta ahora Rosalinda ha conseguido el otorgamiento de medidas de protección que pidió para ellas la CIDH.
El 3 de marzo de 2010 el secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago A. Cantón, envió una comunicación al embajador representante permanente de México ante la OEA, Gustavo Albin Santos, “con el objeto de solicitar la adopción de medidas cautelares para proteger la vida y la integridad personal de Rosalinda Vargas Barrera y su hija Elizabeth Olguín Vargas en México”.
Denunció a policías ministeriales que secuestraron a su hija
Albertico Guinto Sierra estaba en funciones de procurador general de Justicia del estado cuando recibió en audiencia a Rosalinda Vargas Barrera, que le dio a conocer la información que tenía del secuestro de su hija, y le dio nombres de policías ministeriales involucrados. El procurador dijo: Yo puedo mandar a detener a los involucrados, pero no le puedo garantizar que cuando estén en la cárcel no le hagan algo a usted.
Elizabeth Olguín Vargas, de 37 años, maestra de sucundaria, fue secuestrada el 6 de julio de 2009 en Acapulco.
Se encontraba de compras en el centro comercial La Gran Plaza, en la zona turística de Acapulco, a las 9 de la noche. De ahí, hombres armados no identificados la golpearon salvajemente, y se la llevaron a una casa en una colonia popular de Acapulco. Ahí la drogaron, le dieron otra golpiza en el cuerpo y en la cara que le fracturaron los huesos maxilares; le quitaron la ropa y la violaron.
Le pusieron cadenas en los pies y en las manos para que no pudiera caminar y casi ni moverse. Tenía un intenso dolor en la cara, porque le hicieron dos fracturas en el maxilar cuando la golpearon en el momento en que se la llevaron y cuando la trasladaron a la casa de secuestros. Por los dolores no podía tomar agua ni comer, además de que en los diez días los secuestradores no le acercaron comida y en pocas ocasiones le dieron agua.
La tenían en un lugar insalubre, lleno de moscos que todo el tiempo le picaban todo el cuerpo, y tenía que orinar y realizar otras funciones en ese mismo lugar, porque en ningún momento la llevaron a un baño.
El secuestrador que la cuidaba, que fue el mismo que la violó, tenía la cara tapada con un pasamontañas.
En esas condiciones, estuvo diez días, hasta que una noche le devolvieron la ropa con la que estaba vestida el día del secuestro, le pusieron el pasamontañas con el que se cubría la cara el secuestrador que la vigilaba, le taparon los ojos con una ballerina de las que se usan para sostener el cabello, y la sacaron de la casa. En un automóvil se la llevaron a una calle por el rumbo del reclusorio de Acapulco, y ahí la dejaron libre.
Al día siguiente de que se la llevaron de la Gran Plaza, los secuestradores utilizaron el teléfono celular de Elizabeth para llamar a su madre y pedir un millón de pesos de rescate.
Imposible para una maestra de secundaria pagar esa cantidad, inimaginable en sus cuentas.
El 10 de julio, Elizabeth llevaba cuatro días secuestrada cuando su mamá, también maestra de secundaria y trabajadora administrativa en la UAG, pidió ayuda al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo.
Por escrito, Rosalinda Vargas expuso que después de que el 6 de julio Elizabeth no regresó, la buscaron en hospitales, cárceles, agencias del MP, hasta que al día siguiente 7 de julio entró una llamada a su teléfono celular, desde el celular de Elizabeth. Era la voz de un hombre que le dijo que tenía a su hija secuestrada y que para que se la pudiera entregar necesitaba un millón de pesos lo antes posible, y le dio de plazo hasta el domingo 12 de julio para pagar tal cantidad.
Rosalinda le pidió pruebas de que tenía a Elizabeth, el secuestrador puso a su víctima al teléfono, Rosalinda escuchó la voz de su hija, y sólo pidió al secuestrador que no le hiciera daño, que trataría de entregarle el dinero.
El 8 de julio habló nuevamente el secuestrador para exigir el dinero en tono más agresivo, y ya no puso al teléfono a Elizabeth, y lo mismo pasó al día siguiente, aún más exigente y agresivo.
Rosalinda Vargas buscó entre muchas amistades y conocidos que le prestaran dinero para pagar el rescate, pero fue poco lo que pudo juntar.
En el escrito entregado al gobernador Torreblanca, con copia para el procurador Eduardo Murueta Urrutia, pide ayuda: “Acudo a ustedes como una madre desesperada y de escasos recursos económicos para que me ayuden a resolver el problema de mi hija Elizaberth Olguín Vargas” y “ordene a quien corresponda, se hagan las investigaciones necesarias para liberar a mi hija de toda agresión física que pudiera sufrir por parte de sus plagiarios para que de alguna manera las autoridades correspondientes me la entreguen sana y salva”.
Zeferino Torreblanca dio a la Procuraduría la orden de intervenir. Rosalinda afirma que fue la orden del gobernador lo que permitió que liberaran a su hija, lo que la llevó a confirmar que los plagiarios eran policías ministeriales.
Después de que recibió de los secuestradores las instrucciones para entregar el dinero, la Procuraduría preparó el rescate, que incluía la entrega de dinero, sólo una parte de lo exigido, que Rosalinda consiguió mediante préstamos. La operación falló, y se hizo otra.
En dos operaciones de rescate planeadas por la Procuraduría no se consiguió la libertad de la secuestrada; fallaron, aunque parte del dinero que se iba a entregar a los secuestradores quedó en manos de los policías que supuestamente iban al rescate. Finalmente, el 16 de julio de 2009 fue liberada.
Faltaba la recuperación física y psicológica de Elizabeth. Tardó meses en sanar de las fracturas en la cara y nunca podrá olvidar la experiencia de estar encadenada, desnuda, sin poder hacer nada ni moverse. Quedaba también la exigencia de justicia.
Murueta dejó el cargo de procurador el 14 de septiembre de 2009. Había sido el primer procurador del actual sexenio, y renunció después del asesinato del coordinador del Congreso local, el diputado del PRD Armando Chavarría Barrera, cuando había evidencias de que desde el gobierno de Torreblanca Galindo se hacían filtraciones a medios cercanos a él para fabricar una historia personal que le quitara el móvil político al crimen.
Sustituyó a Murueta Albertico Guinto Sierra, sin ningún antecedente de trabajo en Guerrero y quien mostró disposición de hacer cualquier cosa que le ordenara el gobernador.
Por órdenes de Zeferino Torreblanca dos veces recibió a Rosalinda Vargas en su despacho de la Procuraduría en Chilpanccingo.
Rosalinda Vargas le pidió que se investigara el secuestro de su hija, y en lugar de eso recibió la amenaza de Guinto Sierra, que buscó disuadirla de que siguiera exigiendo justicia porque le iba a ir peor y los mismos secuestradores hasta la podían matar.
Un testigo narra la amenaza de Guinto, cuando Rosalinda le dijo que policías ministeriales estaban involucrados en el secuestro: si usted quiere yo los mando agarrar en este momento. Yo voy y los agarro, pero usted me tiene que demostrar que ellos son los culpables, que usted los haya visto, porque de lo contrario, usted ya sabe lo que le puede pasar.
En un escrito enviado por Rosalinda Vargas a la secretaria ejecutiva adjunta de la Organización de Estados Americanos, Elizabeth Abi-Mershed, el 12 de febrero de 2010, como parte del proceso de denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le explica:
“En dos ocasiones acudí con el responsable de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, licenciado Albertico Guinto Sierra, y le hice de su conocimiento el secuestro de mi hija Elizabeth Olguín Vargas y a la vez le solicité de manera respetuosa que se investigara a fondo el caso de mi hija, a fin de que se procediera en contra de los responsables, y también le pedí que me brindara protección personal a mí y a mi hija Elizabeth, puesto que los responsables del secuestro de ésta son agentes de la Policía Ministerial del estado de Guerrero.
“Pero el licenciado Albertico me contestó que él no me garantizaba nada sobre mi seguridad personal ni sobre la seguridad de mi hija porque no tenía suficientes elementos policiacos, y me advirtió que si yo ya sabía lo que me podía pasar a mí y a mi familia si los policías ministeriales involucrados en el secuestro de mi hija se enteraban de que ya los había acusado con el gobernador”.
La conclusión que Rosalinda Vargas expone en el escrito enviado a la funcionaria de la OEA es que “lo anterior generó más zozobra en mi persona y en mi familia, pues en realidad nos encontramos totalmente desamparados y a merced de los delincuentes, que en este caso son los propios policías ministeriales del estado de Guerrero, lo cual resulta aún más grave”.
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