16.05.2010
Cabildeo europeo
por el caso San Juan CopalaMarco
Appel
BRUSELAS, 16 de mayo (apro).- El Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo solicitó oficialmente al gobierno español que durante la Cumbre México-Unión Europea (UE), que se celebrará el próximo domingo 16 en Santander, España, sea abordado el caso de los activistas asesinados en una emboscada ocurrida el pasado 27 de abril en San Juan Copala, Oaxaca.
BRUSELAS, 16 de mayo (apro).- El Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo solicitó oficialmente al gobierno español que durante la Cumbre México-Unión Europea (UE), que se celebrará el próximo domingo 16 en Santander, España, sea abordado el caso de los activistas asesinados en una emboscada ocurrida el pasado 27 de abril en San Juan Copala, Oaxaca.
Ese día, además de la
mexicana Beatriz Cariño Trujillo, miembro del Centro de Apoyo Comunitario
Trabajando Juntos (CACTUS), fue asesinado el observador de
nacionalidad finlandesa Jyri Antola Jaakkola, de 33 años.
Mediante una carta con el membrete del Parlamento Europeo, la presidenta del Subcomité de Derechos Humanos de ese organismo, Heidi Hautala, instó a la embajadora para los derechos humanos del Ministerio español de Relaciones Exteriores, Silvia Escobar, a que “demande a las autoridades federales (mexicanas) llevar a cabo una investigación urgente, transparente, rigurosa e imparcial” sobre “el particular caso de los trágicos eventos en Oaxaca”.
España ocupa la presidencia rotativa de la UE hasta fines de junio, por lo que corresponde al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero incorporar el tema en el orden del día de la cumbre bilateral con México.
La carta de Hautala a Escobar --cuya copia obtuvo Apro--subraya que “los ataques a los defensores de derechos humanos en México continúan sin freno, por lo que la UE debe urgir a las autoridades (mexicanas) para que tomen acciones decisivas que protejan las vidas de los individuos en riesgo”.
La UE, agrega dicha comunicación diplomática, “debe urgir a México para que presente a los responsables del ataque ante la justicia, y para que proteja a los defensores de derechos humanos cuyas vidas están en peligro a causa del (mismo) ataque”.
La eurodiputada Hautala, de nacionalidad finlandesa, plantea en su misiva que “los altos niveles de impunidad que existen en México son auténticamente ya parte de un patrón, donde las vidas de muchos defensores de derechos humanos corren riesgo”.
Señala que el hecho de que “un ciudadano de la UE” esté involucrado en el caso “aumenta la importancia de elevar el asunto al más alto nivel bilateral”.
En el mismo marco de la Cumbre México-UE, la eurodiputada austriaca Ulrike Lunacek, miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, también planea enviar una comunicación a la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Patricia Espinosa, cuyo cargo anterior fue el de embajadora en Viena.
El caso Jaakkola se da justo cuando el gobierno de Felipe Calderón y la UE presentan en la Cumbre de Santander lo que llaman “un nuevo diálogo en derechos humanos”, cuya primera reunión en ese renovado modelo de cooperación tuvo lugar este miércoles 12 de mayo en la Ciudad de México.
Las presiones europarlamentarias contra el gobierno mexicano por la muerte del activista finlandés pueden durar más allá de la cumbre de esta semana. El Partido Verde Europeo (PVE), al cual pertenece Hautala y Lunacek, evalúa, por ejemplo, la conveniencia de enviar una delegación de eurodiputados de ese grupo político a las elecciones del estado de Oaxaca el próximo 4 de julio.
Por otro lado, la eurodiputada finlandesa Satu Hassi, también del Partido Verde Europeo (PVE), asistirá a la Conferencia sobre Cambio Climático de Cancún, programada del 29 de noviembre al 10 de diciembre entrante. De acuerdo con un documento interno, el PVE considera que “no es realista esperar que el asesinato de Jaakkola sea solucionado pronto” por las autoridades mexicanas. Por lo tanto, Hassi podría realizar en esa oportunidad una visita oficial a Oaxaca.
De las ocho fuerzas políticas que conforman el Parlamento Europeo, el PVE, con 55 eurodiputados de un total de 736, es el cuarto más numeroso.
Cerrar los ojos
El pasado 24 de febrero los eurodiputados de Izquierda Unida, el español Willy Meyer y la alemana Sabine Lösing, dirigieron una pregunta escrita al Consejo de la UE --el organismo de representació n de los 27 gobiernos que forman el bloque-- respecto de la “criminalizació n y represión de los defensores de los derechos humanos en Chiapas, México”.
Los eurodiputados señalaron en su escrito que diversas asociaciones de defensores de derechos humanos le habían hecho llegar “su preocupación ante la campaña de criminalizació n de movimientos sindicalistas, indígenas y ecologistas, emprendida por el gobierno mexicano tras su decisión de conceder a multinacionales 54 explotaciones mineras en el estado de Chiapas, que suman un total de más de un millón de hectáreas”.
Se refirieron a casos particulares:
En agosto de 2009, apuntaron, fue detenido el líder de la oposición a las minas Mariano Abarca, que después fue asesinado; en septiembre de ese año, la organización no gubernamental K'inal Antsetik, especializada en derechos de la mujer e indígenas, sufrió un atentado.
Agregaron que el luchador agrarista José Manuel Hernández Martínez fue detenido y que el activista Abelardo Mérida fue asesinado, mientras que otro dirigente social, Adolfo Guzmán Ordaz, recibió amenazas de muerte.
Meyer y Lösing advirtieron que “varios defensores de los derechos humanos en la zona han expresado públicamente su temor ante el riesgo de ser desparecidos, asesinados o detenidos injustamente” , por lo que preguntaron al Consejo de la UE si éste consideraba los mencionados sucesos “compatibles” con la cláusula de derechos humanos contenida en el Acuerdo de Asociación Económica, Diálogo Político y Cooperación con México.
La respuesta del Consejo de la UE a los cuestionamientos de los eurodiputados fue entonces sometida a la aprobación de los 27 Estados socios, como lo estipula la normativa comunitaria.
El pasado 1 de marzo un borrador de respuesta --al que tuvo acceso este corresponsal- - fue enviado a las delegaciones de los países miembros de la UE en Bruselas, incluyendo la española.
Una nota advertía que de no haber observaciones a las 17:00 horas del 17 de marzo, dicho “anteproyecto” de respuesta se sometería a la aprobación del Comité de Representantes Permanentes (de los gobiernos nacionales de la UE) y luego del Consejo de la UE.
Ninguno de los gobiernos de la UE aportó observaciones y el 29 de marzo pasado fue presentada la respuesta oficial del Consejo de la UE a las inquietudes de los eurodiputados, que mostraron ser reales con la emboscada del pasado 27 de abril en Oaxaca.
La respuesta: “No se ha llamado hasta el momento la atención del Consejo sobre la situación que describen sus Señorías, por lo que el Consejo se encuentra en la imposibilidad de adoptar una posición”.
Mediante una carta con el membrete del Parlamento Europeo, la presidenta del Subcomité de Derechos Humanos de ese organismo, Heidi Hautala, instó a la embajadora para los derechos humanos del Ministerio español de Relaciones Exteriores, Silvia Escobar, a que “demande a las autoridades federales (mexicanas) llevar a cabo una investigación urgente, transparente, rigurosa e imparcial” sobre “el particular caso de los trágicos eventos en Oaxaca”.
España ocupa la presidencia rotativa de la UE hasta fines de junio, por lo que corresponde al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero incorporar el tema en el orden del día de la cumbre bilateral con México.
La carta de Hautala a Escobar --cuya copia obtuvo Apro--subraya que “los ataques a los defensores de derechos humanos en México continúan sin freno, por lo que la UE debe urgir a las autoridades (mexicanas) para que tomen acciones decisivas que protejan las vidas de los individuos en riesgo”.
La UE, agrega dicha comunicación diplomática, “debe urgir a México para que presente a los responsables del ataque ante la justicia, y para que proteja a los defensores de derechos humanos cuyas vidas están en peligro a causa del (mismo) ataque”.
La eurodiputada Hautala, de nacionalidad finlandesa, plantea en su misiva que “los altos niveles de impunidad que existen en México son auténticamente ya parte de un patrón, donde las vidas de muchos defensores de derechos humanos corren riesgo”.
Señala que el hecho de que “un ciudadano de la UE” esté involucrado en el caso “aumenta la importancia de elevar el asunto al más alto nivel bilateral”.
En el mismo marco de la Cumbre México-UE, la eurodiputada austriaca Ulrike Lunacek, miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, también planea enviar una comunicación a la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Patricia Espinosa, cuyo cargo anterior fue el de embajadora en Viena.
El caso Jaakkola se da justo cuando el gobierno de Felipe Calderón y la UE presentan en la Cumbre de Santander lo que llaman “un nuevo diálogo en derechos humanos”, cuya primera reunión en ese renovado modelo de cooperación tuvo lugar este miércoles 12 de mayo en la Ciudad de México.
Las presiones europarlamentarias contra el gobierno mexicano por la muerte del activista finlandés pueden durar más allá de la cumbre de esta semana. El Partido Verde Europeo (PVE), al cual pertenece Hautala y Lunacek, evalúa, por ejemplo, la conveniencia de enviar una delegación de eurodiputados de ese grupo político a las elecciones del estado de Oaxaca el próximo 4 de julio.
Por otro lado, la eurodiputada finlandesa Satu Hassi, también del Partido Verde Europeo (PVE), asistirá a la Conferencia sobre Cambio Climático de Cancún, programada del 29 de noviembre al 10 de diciembre entrante. De acuerdo con un documento interno, el PVE considera que “no es realista esperar que el asesinato de Jaakkola sea solucionado pronto” por las autoridades mexicanas. Por lo tanto, Hassi podría realizar en esa oportunidad una visita oficial a Oaxaca.
De las ocho fuerzas políticas que conforman el Parlamento Europeo, el PVE, con 55 eurodiputados de un total de 736, es el cuarto más numeroso.
Cerrar los ojos
El pasado 24 de febrero los eurodiputados de Izquierda Unida, el español Willy Meyer y la alemana Sabine Lösing, dirigieron una pregunta escrita al Consejo de la UE --el organismo de representació n de los 27 gobiernos que forman el bloque-- respecto de la “criminalizació n y represión de los defensores de los derechos humanos en Chiapas, México”.
Los eurodiputados señalaron en su escrito que diversas asociaciones de defensores de derechos humanos le habían hecho llegar “su preocupación ante la campaña de criminalizació n de movimientos sindicalistas, indígenas y ecologistas, emprendida por el gobierno mexicano tras su decisión de conceder a multinacionales 54 explotaciones mineras en el estado de Chiapas, que suman un total de más de un millón de hectáreas”.
Se refirieron a casos particulares:
En agosto de 2009, apuntaron, fue detenido el líder de la oposición a las minas Mariano Abarca, que después fue asesinado; en septiembre de ese año, la organización no gubernamental K'inal Antsetik, especializada en derechos de la mujer e indígenas, sufrió un atentado.
Agregaron que el luchador agrarista José Manuel Hernández Martínez fue detenido y que el activista Abelardo Mérida fue asesinado, mientras que otro dirigente social, Adolfo Guzmán Ordaz, recibió amenazas de muerte.
Meyer y Lösing advirtieron que “varios defensores de los derechos humanos en la zona han expresado públicamente su temor ante el riesgo de ser desparecidos, asesinados o detenidos injustamente” , por lo que preguntaron al Consejo de la UE si éste consideraba los mencionados sucesos “compatibles” con la cláusula de derechos humanos contenida en el Acuerdo de Asociación Económica, Diálogo Político y Cooperación con México.
La respuesta del Consejo de la UE a los cuestionamientos de los eurodiputados fue entonces sometida a la aprobación de los 27 Estados socios, como lo estipula la normativa comunitaria.
El pasado 1 de marzo un borrador de respuesta --al que tuvo acceso este corresponsal- - fue enviado a las delegaciones de los países miembros de la UE en Bruselas, incluyendo la española.
Una nota advertía que de no haber observaciones a las 17:00 horas del 17 de marzo, dicho “anteproyecto” de respuesta se sometería a la aprobación del Comité de Representantes Permanentes (de los gobiernos nacionales de la UE) y luego del Consejo de la UE.
Ninguno de los gobiernos de la UE aportó observaciones y el 29 de marzo pasado fue presentada la respuesta oficial del Consejo de la UE a las inquietudes de los eurodiputados, que mostraron ser reales con la emboscada del pasado 27 de abril en Oaxaca.
La respuesta: “No se ha llamado hasta el momento la atención del Consejo sobre la situación que describen sus Señorías, por lo que el Consejo se encuentra en la imposibilidad de adoptar una posición”.
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