CNDVP: Libertad incondicional a todos los presos políticos en Sinaloa

CNDVP: Libertad incondicional a todos los presos políticos en Sinaloa

Tal como lo habíamos previsto; el gobierno de Sinaloa encabezado por Mario López (Malova), pretende acabar con la dirección del movimiento de los comuneros de Picachos; así, después de la represión, accede en dejar en libertad, bajo fianza, a 41 comuneros y privar a los dirigentes de la libertad, entre ellos están Octavio Atilano Román Tirado, Oscar René Osuna Díaz, José Isabel Osuna Lizárraga, y la señora Hortensia Gutiérrez Zamora.

Un gobierno que viene de una coalición y que levanto expectativas en la población hoy enseña su verdadero rostro; la clase política mexicana no solo esta degradada sino que está llegando al límite de la intolerancia; muy poco margen le están dando al pueblo como para volver a creer en estas personas que lo mismo están en un partido u otro; la llamada transición política no es otra cosa que la transición de partido a partido que hacen los políticos de profesión; si alguien cree que los partidos alternan el poder estamos plenamente equivocados; los que alternan de partido son lo políticos de siempre, son los mismos.

Es posible que Malova no tenga los cálculos correctos para ver las repercusiones que tendrá su política represiva y las organizaciones populares del estado de Sinaloa deben tener los ojos muy abiertos para ejercer los métodos de lucha; es decir estamos de regreso a la política del garrote.

En Sinaloa las organizaciones populares deben reunirse y discutir seriamente para analizar la política malovista y buscar las formas de articulación ya que el acto represivo contra los comuneros de Picachos es un mensaje muy claro de intolerancia; los comuneros no pedían mucho, solo que los indemnizaran conforme a la ley y como el gobierno de estado se negó atenderlos fueron radicalizando sus posiciones y es ahí donde se da el conflicto; el gobierno malovistas no tiende puentes, no hay caminos de negociación, opto por el garrote: Hay que tener mucho cuidado.

La Coordinadora Nacional en Defensa de la Vivienda Popular (CNDVP) se ha pronunciado porque el Secretaria de Agricultura, Pesca y Ganadería, Juan Nicasio Guerra Ochoa, ponga la renuncia en el escritorio en solidaridad con los comuneros de Picachos; esta renuncia sería un golpe contra la tentación represiva del gobernador; Juan Guerra tiene un largo historial de puestos de representación popular que abnegadamente los militantes de base han reconocido; sería muy simbólico un acto reciproco de su parte.

Las organizaciones populares deben convocar inmediatamente a una asamblea estatal para articularnos, solo así podremos detener el giro represivo de este “gobierno del cambio”. La CNDVP está lista para impulsar todas las acciones que permitan articular al movimiento y dar una respuesta que logre la libertad incondicional de todos los presos políticos.

Todos los presos deben ser liberados y el gobierno del estado puede estar seguro que los comuneros no están solos.

Coordinadora Nacional en Defensa de la Vivienda Popular (CNDVP)

Culiacán, Sinaloa, miércoles, 4 de abril del 2012

Alto a la represión en Sinaloa: libertad a los presos políticos

Alto a la represión en Sinaloa: libertad a los presos políticos

Sin duda la represión contra los afectados de la presa Picachos no se podría dar sin la anuencia de Mario López (Malova) gobernador de Sinaloa; y se hizo con todos los ingredientes de la alevosía y ventaja; un día inhábil y en tiempos donde la respuesta se dificulta por ser las vacaciones de semana santa; de cualquier formo desnuda a un gobierno con su rostro represivo.

Para nadie es un secreto que Malova llega a la gubernatura impulsado por una coalición, y viene a ser una muestra más que los gobiernos alternos o “progresistas” nada tiene que ver con las aspiraciones del pueblo; así Gabino Cuen reprimió a los compañeros de la CODEP, el gobierno “izquierdista” de Ángel Aguirre queda marcado con asesinos de jóvenes normalistas; la “alternativa política” esta a un paso a que el pueblo busque nuevas opciones para lograr y defender sus derechos; hoy más que nunca se comprueba que la degradación política nos llevara a otra etapa de movimiento popular.

La represión del gobernador Sinaloa es un hecho más que reprobable muy preocupante, las organizaciones populares del país, deben seguir de cerca este acto represivo y mandar un mensaje muy claro al gobierno del estado: su política represiva debe ser ampliamente denunciada y buscar los mecanismos para que el movimiento de una respuesta.

Juan Nicanor Guerra Ochoa, Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca del gobierno de Estado es una personaje que si bien sus orígenes está en la izquierda y que paulatinamente llego a la socialdemocracia, debe asumir una posición política pública sobre el acto represivo y no solo por su pasado militante sino porque llego a ese puesto como resultado de una coalición que genero expectativas en el pueblo, en ese contexto Juan Guerra debe poner la renuncia en el escritorio de ejecutivo.

La Coordinadora Nacional en Defensa de la Vivienda Popular (CNDVP) hace un llamado a su militancia y a las fuerzas progresistas del país a estar atentos en los siguientes días y en particular poner mucha atención sobre el dirigente Atilano Román y responsabilizar al gobierno de Mario López y de Felipe calderón de cualquier situación que se presente; no sale de más recordar que el gobierno espurio fue el que jurídicamente proceso la represión ya que los compañeros son acusados de obstruir la vías de comunicación y se tipifica como delito federal.

Estamos a tiempo de detener la escalada represiva del gobierno de Sinaloa y del gobierno espurio de Felipe calderón.

Coordinadora Nacional en Defensa de la Vivienda Popular (CNDVP)

Responsable de la publicación: Alicia Arreola, Cesar del Pardo, Camilo Cereceros, Efraín Rincón, Antonio Vega, Jaime Sarmiento.

México, D.F lunes 2 de abril del 2012.

Afectados por presa Picachos inician plantón; exigen liberar a 46 detenidos.

Comuneros detenidos el domingo pasado por policías municiales y estatales de Sinaloa, cuando bloqueaban la Maxipista y la carretera México-Nogales. Foto Irene Sánchez


Policías desalojaron y detuvieron a 110 comuneros en dos operativos carreteros el domingo.

Los manifestantes exigen al gobierno estatal indemnizaciones y devolución de sus vehículos.

Se han destinado unos $835 millones para atender a los quejosos, asegura subsecretario general.

Comuneros detenidos el domingo pasado por policías municiales y estatales de Sinaloa, cuando bloqueaban la Maxipista y la carretera México-NogalesFoto Irene Sánchez

Javier Valdez e Irene Sánchez
Corresponsales
Periódico La Jornada
Martes 3 de abril de 2012, p. 27

Culiacán, Sin., 2 de abril. Unos 200 afectados por la construcción de la presa Picachos iniciaron un plantón en las instalaciones de la Unidad Administrativa, sede del gobierno estatal, para exigir indemnizaciones y la liberación de los 46 campesinos que continúan detenidos, así como la devolución de sus vehículos.

Una de las inconformes en el plantón expresó: nos corrieron de la parte techada del palacio de gobierno, nos obligaron a salir y dormir a la intemperie. Si ellos no quieren que estemos adentro permaneceremos aquí, en la explanada, hasta que nos devuelvan a todos nuestros familiares y nuestros carros, pues aparte de que se llevaron a los compañeros nos quitaron los vehículos.

Señalaron que los agentes ministeriales privaron de la libertad a alrededor de 20 comuneros más que no aparecen en la lista formal de detenidos, sino que se encuentran desaparecidos.

El pasado viernes, al menos 600 pobladores de seis comunidades de la zona serrana de los municipios de Mazatlán y Concordia –donde fue construida la presa–, emprendieron una marcha simultánea de Mazatlán a la capital sinaloense, por las carreteras México-Nogales 15 y la Maxipista.

La tarde del domingo, en dos operativos simultáneos, 200 policías ministeriales –cien por cada tramo– participaron para retirar a los manifestantes de las vialidades.

El gobierno del estado emitió un comunicado donde informó que tras los operativos 110 personas fueron remitidas al Ministerio Público y ante la delegación de la Procuraduría General de la República en la ciudad de Culiacán, acusadas de obstrucción de las vías generales de comunicación. Estas instancias determinarán su situación legal y la probable ejecución de órdenes de aprehensión.

Funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado informaron que, luego de liberar a algunos campesinos, 46 aún rinden declaración, 20 de ellos bajo el resguardo de la autoridad local, pues fueron los que bloquearon la Maxipista, que es estatal, y el resto fueron puestos a disposición del Ministerio Público federal, por bloquear vías de comunicación, en este caso la carretera México-Nogales.

Jesús Santiago Marcial Liparoli, subsecretario general de Gobierno, informó en conferencia de prensa que la actual administración ha destinado recursos para atender a los quejosos. Dijo quese han invertido alrededor de 835 millones de pesos, tanto en indemnizaciones como en mejoras en viviendas, servicios públicos y otros rubos.

Campesinos abandonan diálogo

Aseguró que únicamente se adeudan pagos en cinco o siete casos y negó que haya comuneros desaparecidos. En conferencia de prensa, el funcionario estatal afirmó, insistente, que los campesinos abandonaron la mesa de negociación y optaron por la protesta, ante lo cual tuvo que actuar el gobierno y desalojarlos, porque estaban afectando a terceros.

Durante una gira de trabajo por el municipio de Mocorito, el gobernador Mario López Valdez calificó de sospechoso que los manifestantes de la presa Picachos hayan bloqueado esta carretera durante el operativo que realizan las autoridades estatales para resguardar a los paseantes.

Consideró difícil la determinación de enviar a policías ministeriales a retirar a los campesinos que marchaban por las carreteras, pero fue necesario aplicar la ley y evitar que Sinaloa sea rehén de grupos y exista la impunidad.

El mandatario estatal adelantó que se creará una mesa de diálogo para determinar el monto de recursos que han destinado las autoridades estatales y cuánto se ha entregado a cada uno de los campesinos.

Sitia el Ejército a todo un poblado en Sinaloa

4 de septiembre de 2011

Sitia el Ejército a todo un poblado en Sinaloa

MÉXICO, D.F. (apro).- Elementos del Ejército y de la Policía Estatal Preventiva mantienen sitiada a toda una comunidad en Sinaloa, ya que de acuerdo con el sitio de internet del periódico El Debate, mantienen a la totalidad de sus habitantes concentrados en una escuela primaria.

Según el portal noticioso, las autoridades empezaron a confirmar datos del fuerte operativo que se realiza en San Pablo Mochobampo, comunidad que se ubica en el municipio de Sinaloa.

El general Moisés Melo García, comandante de la Novena Zona Militar, informó que se han asegurado cuatro camionetas como parte del operativo, nueve armas largas, 69 cargadores, mil 700 cartuchos, 69 cargadores y 60 kilogramos de sustancias que se utilizan para fabricar drogas sintéticas.

De acuerdo con datos preliminares que se generaron en la misma comunidad -a la que también se le conoce como San Ignacio- a los pobladores se les concentró en la escuela primaria Emiliano Zapata.

Sin embargo, se desconoce si están siendo sometidos a algún tipo de interrogatorio pues las autoridades mantienen hermetismo en torno a los hechos.

Según El Debate, los militares y policías obligaron a los reporteros a salir del poblado.

Trascendió que hoy por la tarde los soldados sostuvieron un enfrentamiento con presuntos delincuentes en esa comunidad.

En estos momentos, en el entronque de la calle Cero con la carretera México 15, el Ejército y los policías estatales también instalaron un filtro de seguridad y están revisando todos los vehículos que ingresan a dicha vía en busca de personas armadas.

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Matan al comisario ejidal de Ocoroni, Sinaloa

López Bernal presidió el mes pasado protestas de campesinos en demanda de pago de tierras

Javier Valdez Cárdenas
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 21 de agosto de 2011, p. 27

Culiacán, Sin., 20 de agosto. El presidente del comisariado ejidal del poblado Ocoroni, municipio de Sinaloa, Juan Manuel López Bernal, quien el mes pasado encabezó movilizaciones de campesinos en demanda del pago de tierras que les fueron expropiadas, fue localizado muerto hoy con lesiones de bala y huellas de tortura, informó la Policía Ministerial del Estado.

Sus familiares indicaron que hombres armados lo interceptaron el viernes cuando circulaba en un vehículo con su familia por la carretera Estación Naranjo-Guasave. Los homicidas dejaron libres a esposa y a sus tres hijos y a él se lo llevaron. El cadáver fue encontrado alrededor de las 6 horas de este sábado en la carretera Benito Juárez, cerca del poblado Tesitos, municipio de Angostura.

A mediados de junio, ejidatarios de Ocoroni bloquearon la carretera México 15, municipio de Guasave, en demanda de que se les otorgara indemnización de más de 500 millones de pesos por 7 mil 500 hectáreas que les fueron expropiadas por el gobierno federal para la construcción de la presa Guillermo Blake. Esta lucha ejidal involucra a cerca de 21 ejidos de la región, entre ellas Genaro Estrada y El Caimán.

López Bernal encabezó este movimiento que bloqueó la circulación en esa vía federal durante dos horas, y más tarde cerró el tráfico por la calle Doctor de la Torre (o La 19) en el centro de de Guasave, frente al Tribunal Unitario Agrario.

Su antecesor, de nombre Pedro Lugo Rivera, quien además era presidente del módulo de riego El Sabinal y también enarboló esta demanda, fue asesinado a tiros el 16 de mayo de 2009 luego de encabezar movilizaciones y gestiones durante más de 10 años para exigirle al gobierno federal el pago de estas tierras. Dirigentes regionales dijeron que los inconformes tenían programado realizar nuevas movilizaciones durante agosto y acudir a la ciudad de México para entrevistarse con servidores públicos federales, en torno a sus exigencias.

Resalta la ACAT los casos de los ecologistas de Petatlán

Persiste en Guerrero tortura como método de investigación, critica ONG de Francia

HERCILIA CASTRO (Corresponsal)

Zihuatanejo, 30 de julio. La Asociación de Cristianos Contra la Tortura (ACAT) con sede en Francia, destacó a Guerrero como uno de los estados donde perdura la tortura y malos tratos como método de investigación, y resaltó el caso de los ecologistas de Petatlán, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.

Señala a Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, estado de México, Jalisco, Sinaloa y Tlaxcala como las entidades donde más se practica la tortura.

Informa que este mes, un equipo de la organización visitó México para recabar información y realizar un diagnóstico sobre las prácticas de tortura y malos tratos, crueles e inhumanos en el país en el proyecto Fortalecer los mecanismos de investigación, información, alerta y monitoreo sobre tortura y otros malos tratos para contribuir con las estrategias de prevención, documentación y denuncia de este tema que llevan a cabo organizaciones de derechos humanos en México.

La organización describe que se reunió con integrantes del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez AC, y abordó temas como el arraigo, la tortura, el aumento de los abusos de militares contra civiles, la restricción del fuero militar y el cumplimiento de la sentencia emitida por la Coidh en el caso de los campesinos ecologistas de la sierra de Petatlán, Rodolfo Cabrera y Teodoro Montiel.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2011/07/31/index.php?section=sociedad&article=005n3soc

COMUNICADO DE PRENSA DE LA OMCT

http://espora.org/limeddh/spip.php?article435




ORGANIZACIÓN MUNDIAL CONTRA LA TORTURA 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA

 

MéXICO: Los tribunales militares no deben juzgar las violaciones de derechos humanos cometidas contra civiles

 

Ginebra, 6 de agosto de 2009 – La OMCT solicita al pleno de la Suprema Corte de Justicia de México que tenga en cuenta que el derecho internacional prohíbe la aplicación del fuero militar a violaciones de derechos humanos cometidas contra civiles, al abordar el estudio del caso conocido con el nombre de Caso Santiago de los Caballeros1 y que defina con claridad los límites de la justicia castrense respecto de los civiles.

 

En efecto, la OMCT ha conocido que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de México abordará el tema de la competencia de los órganos judiciales militares, al resolver un amparo promovido por la esposa de uno de cuatro civiles asesinados por militares en marzo de 2008, en Sinaloa, en el caso conocido como “Santiago de los Caballeros”. Este análisis se llevará a cabo luego de que el 8 de julio de 2009, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió enviar al pleno de ese máximo tribunal el amparo en revisión 989/2009, en el cual familiares de víctimas de violaciones de los derechos humanos cometidas por elementos del ejército (castrenses) cuestionan el hecho de que sean los militares quienes se juzguen a sí mismos.

 

La OMCT considera esta cuestión de especial relevancia en momentos en que las quejas por violaciones de los derechos humanos cometidas en México, numerosas de ellas cometidas por miembros del ejército, se han multiplicado ampliamente durante los últimos seis años. La OMCT señala su preocupación por esta situación que se ve agravada por el hecho de que es el ejército quien con frecuencia investiga flagrantes violaciones de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales, detenciones arbitrarias y tortura, por medio de un sistema que adolece de ausencia de garantías que aseguren su independencia e imparcialidad.

 

La OMCT recuerda que los organismos internacionales de derechos humanos han rechazado sistemáticamente el hecho que sean fiscales y tribunales militares quienes investiguen y juzguen casos de abusos o violaciones de derechos humanos contra civiles, señalando, de una parte que, la jurisdicción de los tribunales militares debe estar limitada a delitos cuya naturaleza sea estrictamente militar y, de otra parte, el hecho de que ellos mismos juzguen a miembros de su cuerpo castrense mismos no garantiza de ninguna manera la justicia, la independencia y la imparcialidad.

 

Por lo tanto, la OMCT considera de vital importancia el hecho de que al ser analizado el caso (Santiago de los Caballeros) por el más alto tribunal judicial, se pueda establecer cuál es el alcance del fuero militar en México y se pueda revertir esta práctica, dejando a los tribunales de justicia ordinarios la potestad para realizar los procesos judiciales sobre violaciones graves de los derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura de civiles, incluso las cometidas por miembros del cuerpo castrense.

 

Por último la OMCT señala que los controles civiles deben prevalecer sobre las fuerzas armadas en cualquier democracia, en medio de la cual el fuero militar debe continuar existiendo pero limitándose a las cuestiones que atenten contra la disciplina militar. En este orden, el ejército debe continuar respondiendo ante las autoridades civiles por los delitos como la tortura, la violación sexual, el homicidio o la desaparición forzada de personas, cometidos en agravio de la población civil y no de las fuerzas armadas.

 

La OMCT aprovecha la oportunidad para, teniendo en cuenta todo lo anterior, llamar a las autoridades mexicanas a que garanticen el respeto de los derechos humanos de conformidad con los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Mexicana, en los estándares de protección de los derechos humanos y en los instrumentos regionales e internacionales de derechos humanos que México ha firmado y ratificado.
 
Contacto:
Eric Sottas, Secretario General, Tel+ 41.22.809.49.39, E-mail: omct@omct.org 

 


1 Según las denuncias, el 26 de marzo de 2008, en horas de la noche, en inmediaciones de Santiago de los Caballeros, Estado de Sinaloa, miembros del ejército mexicano abrieron fuego contra el vehículo en el que viajaban los Sres. Edgar Geovanny Araujo Alarcón (de 28 años de edad), Zenón Alberto Medina López (de 30 años), Manuel Medina Araujo (de 29 años) e Irineo Medina Díaz (de 53 años), así como Miguel Ángel Medina Medina (de 31 años) y Wilfrido Ernesto Madrid Medina (de 22 años). Las cuatro primeras personas murieron en el acto, mientras que las dos últimas resultaron heridas y fueron detenidas arbitrariamente. Las pruebas confirmaron que las víctimas no iban armadas ni realizaban ninguna conducta ilícita. El 4 de abril de 2008, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que la Procuraduría General de Justicia Militar había consignado la averiguación previa ante el juez militar de la III Región Militar de Mazatlán, Sinaloa, en contra del Teniente de Infantería Víctor Ruiz Martínez, del Cabo de Infantería Antonio Rojas Reyes, del soldado de Infantería Jorge Jiménez Castañeda, del soldado de Infantería Misael Solano Muñoz, y del soldado de Infantería José Francisco Balam May. Posteriormente la Sedena informó, que el mencionado juez militar había dictado auto de formal prisión contra sus elementos como probables responsables en la comisión del delito de violencia contra las personas causando homicidio, violencia contra las personas causando lesiones, homicidio imprudencial y lesiones imprudenciales.

 

-- 
Área de Enlace y Comunicación 
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C.

Una llama encendida para los derechos de los pueblos!

La Limeddh es filial de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH),
La Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y esta asociada a
Trabajar Juntos por los Derechos Humanos.
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Violencia para censurar

Difusión Cencos México D.F., 6 de agosto de 2009

Fuente: El Universal
Darío Ramírez *




Sentir temor por escribir, por decir, por afirmar, por opinar, por cuestionar,
por rebatir. Es lo que vive la prensa en nuestro país.

El pasado 31 de julio murió otro periodista, su nombre era Juan Daniel
Martínez Gil. En los últimos cuatro años, en el estado de Guerrero han muerto
cuatro periodistas y dos defensores de derechos humanos, lo que convierte al
estado que gobierna Zeferino Torreblanca en una de las entidades federativas
más peligrosas para hacer periodismo o defender los derechos humanos.

Las autoridades ministeriales han demostrado su infame deficiencia al
investigar dichos fenómenos. Bien lo señaló la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos en sus recomendaciones 01/2008 y 69/2007, que las autoridades
locales han hecho omisiones graves durante las averiguaciones previas, como el
no agotamiento de las líneas de investigación y la fabricación de evidencias
y obtención de confesiones a través de la tortura. La evidencia más clara de
la falta de credibilidad hacia las autoridades guerrerenses la dio Enrique
Silva, director de Radiorama y jefe de Martínez Gil, cuando afirmó: “No
creemos nada en la policía ministerial, estoy seguro de que inventarán
cualquier línea de investigación”.

Al mismo tiempo, el pasado 25 de julio, Luis Fernando Nájera, reportero del
semanario sinaloense Riodoce, fue golpeado y detenido por agentes de la policía
municipal de Ahome en ese mismo estado. El delito: tras presenciar un arresto en
la esquina de Higuera y Álamos, Nájera solicitó datos a los policías y así
recabar información para su trabajo. Preguntar le costó lesiones graves en las
cuerdas vocales y en un ojo, además de enfrentar falsas acusaciones hechas por
los agentes ante la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal. Nájera permaneció incomunicado durante varias horas hasta que un
juez ordenó su liberación. Fernando está convaleciente. Hemos llegado al
absurdo de preferir no interrogar a las fuerzas policiacas. Todo indica a que
las fuerzas del orden gozan de un cierto manto de impunidad a los
cuestionamientos sociales.

Luis Fernando forma parte de la generación de periodistas que atestigua el
deterioro del tejido social debido a las actividades del crimen organizado en
Sinaloa y el resto del país, así como la violencia y corrupción consecuentes.

Las agresiones físicas constituyen una de las formas más extremas de
censura. Y lo que menos necesita la sociedad mexicana es que se le imponga el
silencio.

México, desde hace varios meses, es considerado como uno de los tres países
más peligrosos del mundo para ejercer libremente el periodismo. Las cifras
crecen, la impunidad se afianza y continuamos consintiendo la permanencia de
funcionarios inútiles que viven a expensas de nuestro dinero sin cumplir, entre
otras tantas, la responsabilidad de esclarecer los asesinatos de periodistas.

Se ha comprobado que el color del partido es indistinto. Hasta ahora, ninguno
de éstos ha condenado lo que está viviendo el periodismo en nuestro país. Al
parecer, sus inocuos comentarios son coyunturales y no de verdadera
preocupación. A pesar del deterioro de la situación y del aumento en el
número de víctimas, lo que verdaderamente llama la atención es la desidia de
las autoridades de todos los órdenes de gobierno.

Resulta desolador saber que el panorama se torna árido ante la falta de
compromiso de nuestros gobernantes por salvaguardar el libre flujo de ideas e
información. Su obligación de proteger la libertad de expresión la toman con
una tibieza que espanta hasta al más crédulo.

Que nos quede claro: no hay sistema democrático sin libertad de expresión.
No hay estado de derecho con impunidad. No hay democracia sin derechos humanos.
¿Qué esperan para proteger a nuestra prensa para que siga informando a la
sociedad?

* Director para México y Centroamérica de Article 19

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos 

Guerrero vive acorralado entre cárteles de la droga

Guerrero vive acorralado entre cárteles de la droga
Más de la mitad de los 81 municipios de Guerrero han recibido un “baño de sangre”, por la guerra desatada entre los cárteles del narcotráfico, según informes de la PGR.

Francisco Gómez Enviado
El Universal
Lunes 05 de enero de 2009
francisco.gomez@eluniversal.com.mx

ACAPULCO, Gro.— Más de la mitad de los 81 municipios de Guerrero han recibido un “baño de sangre”, por la guerra desatada entre los cárteles del narcotráfico, según informes de la PGR.

En 2008 repuntó la violencia generada por Los Zetas, La Familia y grupos criminales dirigidos por los hermanos Beltrán Leyva, Ismael El Mayo Zambada, Joaquín El Chapo Guzmán y los Carrillo Fuentes, que buscan apoderarse de las rutas del tráfico de drogas en la Costa Grande, Tierra Caliente, la sierra Filo Mayor y los municipios que convergen hacia el centro de la República.

Pero autoridades señalan que la batalla por Guerrero se debe a su colindancia con cinco entidades, sus 485 kilómetros de litoral en el Pacífico, sus puertos, accesos carreteros y las zonas de producción de amapola y mariguana.

De acuerdo con las últimas cifras sobre incidencia delictiva de 2008, en Guerrero se cometieron en promedio tres asesinatos al día, se robaron 2 mil 522 vehículos y se registraron 6 mil 249 asaltos y robos.

Con base en esas cifras, se considera 2008 como el año más violento desde 2005, cuando inició la batalla sin cuartel del narco con la llegada de Los Zetas a la entidad y su choque con el cártel de Sinaloa.

http://www.eluniversal.com.mx/primera/32275.html

“Quiero ser narco como mis tíos”

Julieta Martínez Corresponsal
El Universal
Lunes 05 de enero de 2009
TIJUANA, BC.— César Manuel Ibarra García tenía 15 años cuando asesinó a puñaladas a sus tres sobrinos y su cuñada, y con un martillo intentó matar a su propio hermano. Ahora tiene casi 19 y no ha mostrado señales de arrepentimiento, al contrario, está orgulloso de que lo apoden El Killer en la Estancia para Menores Infractores, donde está recluido desde que cometió el multihomicidio.

A lo espeluznante de su crimen se agrega la imposibilidad de ser curado, pero no se le puede mantener bajo custodia permanente, así que lo más recomendable es darle seguimiento directo y evitar que vuelva a asesinar, su futuro más probable, advirtió el criminólogo Jesús Cureces Ríos, quien destacó que esta es la personalidad de la mayoría de asesinos y criminales.

Por la puerta grande

“Entré por la puerta grande”, repetía César a los sicólogos y siquiatras que lo entrevistaban para constatar su personalidad sicopática. Se refería a la aspiración de ingresar a las filas del crimen organizado. Seguro de que sus antecedentes son la mejor carta de presentación para ser contratado como sicario, deseo que nunca ha ocultado.

Quiere ser narcotraficante, como sus tíos originarios de Sinaloa, donde nació y vivió hasta que su madre no pudo hacerse cargo de él y pidió al mayor de sus hijos que asumiera la custodia. Su deseo es tener dinero, vehículos de lujo y poder, así que si no se le da seguimiento y se mantiene bajo vigilancia, seguramente sabremos mucho más de él, pero en términos negativos, advirtió Cureces.

La vigilancia y seguimiento es lo único que puede hacerse por los sicópatas, porque son refractarios al tratamiento. En su mente enferma sólo existe su lógica y sus parámetros. Lo que hacen está bien y el resto del mundo está mal, explicó el criminólogo.

Enferma, la madre de César pidió a su hijo mayor hacerse cargo del joven. Al principio cumplió con la encomienda materna, hasta que su consanguíneo asesinó a su esposa y a sus tres hijos, de cuatro, seis y ocho años, e intentó matarlo a él, molesto porque su cuñada le pedía que colaborara en los trabajos domésticos.




http://www.eluniversal.com.mx/estados/70545.html

Pescadores empiezan paro nacional; repudian aumentos a combustibles

Participan cerca de 2 mil embarcaciones de Tamaulipas, Yucatán, Oaxaca, Sonora y Sinaloa
Pescadores empiezan paro nacional; repudian aumentos a combustibles

■ Los 35 incrementos aplicados al diesel en 2008 han hecho incosteable esta actividad: dirigentes

■ El litro cuesta $7.33; prevén que llegará a $9.50 en dos meses

■ Cae la captura de camarón

Javier Valdez Cárdenas e Irene Sánchez (Corresponsales)

Ayer se inició un paro pesquero en el que participan alrededor de 2 mil embarcaciones del océano Pacífico y el Golfo de México, en protesta por los constantes incrementos al diesel, cuyo precio aumentó 35 veces en 2008 e hizo incosteable esta actividad, aseveraron dirigentes del gremio.

La pesca en Mazatlán, Sinaloa, da empleo a cerca de 350 mil personas, sostuvo Humberto Becerra Batista, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera (Canaipesca), quien señaló que el paro Cero pesca 2009 “no es un capricho de los productores, sino una lucha legítima por el derecho al trabajo”.

Durante 2008, agregó, el precio del diesel para las embarcaciones subió 35 veces y la captura de especies de escama y crustáceos ha tenido una baja considerable: durante los últimos días del año pasado apenas se capturaron en promedio dos toneladas de camarón por embarcación.

El litro de diesel cuesta 7.33 pesos, dos pesos más que hace un año, y se prevé que en un par de meses llegue a 9.50 pesos.

En uno de los accesos al parque Bonfil de Mazatlán, donde están varadas la mayoría de las embarcaciones, se observa una manta en la que se llama a los pescadores a unirse al paro y denuncien a aquellos que salgan a altamar, a quienes califica de “traidores insensibles, voraces e irresponsables”.

En el último viaje de pesca de este año, las embarcaciones reportaron pérdidas que van de 30 mil a 40 mil pesos cada una.

Dijo que este jueves se incorporaron al paro las flotas de Tamaulipas, Yucatán, Oaxaca y Sonora, y pidió a los propietarios de las embarcaciones financiar con adelantos de sueldos a los trabajadores mientras permanecen inactivos por esta protesta.

Dirigentes cooperativistas acusaron al gobierno federal de haberlos olvidado y no dar importancia al sector, a pesar de que han solicitado subsidios y otros apoyos. Señalaron que el presidente Felipe Calderón Hinojosa debe solucionar este problema, que no es nuevo.

Becerra Batista aseveró que casi toda la flota local ya se encuentra atracada en el muelle de Mazatlán, y esperarán hasta el 3 de enero para que vuelvan algunos que permanecen en altamar.

“Es importante que la gente del sector entienda que la pesca es una fuente de empleo donde todos perdemos o todos ganamos. El armador y el cooperativista no pueden seguir perdiendo; por eso los invitamos a que se sumen”, dijo. También pidió a los armadores que apoyen a sus trabajadores con préstamos durante el tiempo que dure el paro.

Ricardo Michel Luna, presidente de la Unión de Armadores del Litoral Pacífico, aseguró que el costo del combustible hace incosteable la pesca, pues para un viaje de cuatro semanas se requieren cerca de 80 mil pesos en diesel, y para todo el avituallamiento se necesitan más de 200 mil pesos.

Acusó de “insensible” al titular de Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Alberto Cárdenas Jiménez, pues “hasta se enfada cuando se le menciona el problema del precio del diesel” y ha dicho que “él no lleva broncas al presidente de la República”.

En Oaxaca, Mario López, representante de los pescadores de la región de Pinotepa, dijo que éstos se unieron al paro debido a los aumentos a la gasolina y la energía eléctrica, que han afectado a unas 20 mil personas cuyo ingreso diario es de unos 50 pesos diarios.

Agregó que estas alzas han han propiciado que el precio de los pescados y mariscos se incremente hasta en 200 por ciento, lo que impide a muchas familias comprarlos.

http://www.jornada.unam.mx/2009/01/02/index.php?section=estados&article=023n1est

Despide empresa minera en Sinaloa a 160 trabajadores, debido a la crisis económica.

■ Tuvimos que cerrar a causa de la caída de los precios de los metales, afirma el gerente

Javier Valdez Cárdenas (Corresponsal La Jornada)

Culiacán, Sin., 27 de diciembre. La empresa minera de capital canadiense Scorpio Mining Corporation cerró su planta de extracción ubicada en la zona alteña del municipio de Cosalá, en la reserva ecológica propiedad de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), y despidió a sus 160 empleados, debido a la crisis económica.

Apenas el 30 de mayo pasado, Roger Scammell, uno de los propietarios de esa mina, y Jesús Aguilar Padilla, gobernador de Sinaloa, dieron el banderazo de arranque de la planta, que tuvo una inversión de 70 millones de dólares. Pero todo se vino abajo debido a la crisis en Estados Unidos y la planta cerró en noviembre.

“Hice un plan de restructuración de la mina… con la caída de los precios de los metales teníamos que cerrar”, informó Eric Vinet, gerente de Scorpio.

De 280 empleados con que se contaba inicialmente, agregó, sólo quedan 20, que se dedican a operar el molino.

Se le preguntó cuánto tiempo permanecerá cerrada la mina. Respondió: “no sé (...) el molino sigue trabajando; me gustaría volver en enero, pero dos semanas nada más, depende, porque la crisis nos afectó, al bajar el precio de los metales”.

En los ocho años pasados, Cosalá fue uno de los 20 centros mineros más ricos del mundo, y en 1824 sede del gobierno del estado; recientemente la región fue declarada patrimonio cultural de México y pueblo mágico.

La zona de la reserva ecológica –propiedad de UAS– es rentada por 5 mil dólares mensuales a Minera Cosalá, filial de Scorpio, desde septiembre de 2007.

“Todo se opacó”

Loreto Trujillo, propietario de camiones de carga, trabajó casi dos años para Scorpio y llegó a ganar 4 mil pesos al día.

“Trabajaba diario, y ahorita, de 15 días, sólo unos tres. Andamos buscando chambita aquí y allá.” Con el cierre de la mina, agregó, “todo se opacó”.

“La minera le daba vida al pueblo. Había mucho auge, movimiento y ahora todo está calmado, por la mina y la crisis. Dicen que es en todo el mundo. Ojalá y abra pronto. La gente está, como decimos en Cosalá, agüitada, hasta en los abarrotes se siente.”

–¿Como a cuántos empleados despidieron?

–Se oyó decir que eran arriba de 200; ahorita siempre tienen personal trabajando en el molino; en la mina nomás hay gente que se encarga de las bombas, para que siempre estén prendidas, porque si no, se llenan de agua.

María de Jesús Violante López, habitante de La Estancia, muy cerca de la planta, trabajó siete meses en la mina y su sueldo era de mil 500 pesos semanales y a veces mil 700, pero el 18 de noviembre le llegó su liquidación: 20 mil pesos. “Muy buenos”, dice, pero anhela trabajar.

En la zona donde salía el concentrado de plomo y zinc, narra, trabajaban 80 personas en cada turno, entre ellos nueve mujeres. En noviembre, los supervisores les informaron que tenían que despedirlos.

Violante López ayudaba con su sueldo en los gastos de su hogar, por primera vez. Cuenta con orgullo que ganaba más que los 2 mil 300 pesos de su esposo, quien es velador en la preparatoria de la UAS.

El alcalde Juan José Ramírez pidió el apoyo de las autoridades federales y estatales para que den trabajo a los despedidos.

“Estamos trabajando fuerte en este problema, pero sí nos impactó, porque 120 familias desprotegidas, sin trabajo, adónde vienen a dar: al gobierno municipal. No tenemos trabajo, la mayoría de la gente que viene aquí viene a pedir: dame para comer, tengo a mi hijo enfermo, necesito apoyo. Es muy difícil esta situación para mí como alcalde.”

El problema, aseguró, se suscitó porque Scorpio cotizaba en la bolsa y con la volatilidad de los mercados salió afectada, y se dedicó sólo a explotar plomo, oro y zinc, cuyos precios se vinieron abajo, no así el cobre, que se mantiene estable.

“Una cosa que nos ha ayudado es que hay dos minas. La minera Cosalá y la Humaya. La Humaya es de menor capacidad, pero de mayor inteligencia: ellos sí estaban trabajando el cobre, lo están vendiendo y eso les da sostenibilidad y sus empleados tienen el trabajo tranquilo.”