Violencia para censurar

Difusión Cencos México D.F., 6 de agosto de 2009

Fuente: El Universal
Darío Ramírez *




Sentir temor por escribir, por decir, por afirmar, por opinar, por cuestionar,
por rebatir. Es lo que vive la prensa en nuestro país.

El pasado 31 de julio murió otro periodista, su nombre era Juan Daniel
Martínez Gil. En los últimos cuatro años, en el estado de Guerrero han muerto
cuatro periodistas y dos defensores de derechos humanos, lo que convierte al
estado que gobierna Zeferino Torreblanca en una de las entidades federativas
más peligrosas para hacer periodismo o defender los derechos humanos.

Las autoridades ministeriales han demostrado su infame deficiencia al
investigar dichos fenómenos. Bien lo señaló la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos en sus recomendaciones 01/2008 y 69/2007, que las autoridades
locales han hecho omisiones graves durante las averiguaciones previas, como el
no agotamiento de las líneas de investigación y la fabricación de evidencias
y obtención de confesiones a través de la tortura. La evidencia más clara de
la falta de credibilidad hacia las autoridades guerrerenses la dio Enrique
Silva, director de Radiorama y jefe de Martínez Gil, cuando afirmó: “No
creemos nada en la policía ministerial, estoy seguro de que inventarán
cualquier línea de investigación”.

Al mismo tiempo, el pasado 25 de julio, Luis Fernando Nájera, reportero del
semanario sinaloense Riodoce, fue golpeado y detenido por agentes de la policía
municipal de Ahome en ese mismo estado. El delito: tras presenciar un arresto en
la esquina de Higuera y Álamos, Nájera solicitó datos a los policías y así
recabar información para su trabajo. Preguntar le costó lesiones graves en las
cuerdas vocales y en un ojo, además de enfrentar falsas acusaciones hechas por
los agentes ante la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal. Nájera permaneció incomunicado durante varias horas hasta que un
juez ordenó su liberación. Fernando está convaleciente. Hemos llegado al
absurdo de preferir no interrogar a las fuerzas policiacas. Todo indica a que
las fuerzas del orden gozan de un cierto manto de impunidad a los
cuestionamientos sociales.

Luis Fernando forma parte de la generación de periodistas que atestigua el
deterioro del tejido social debido a las actividades del crimen organizado en
Sinaloa y el resto del país, así como la violencia y corrupción consecuentes.

Las agresiones físicas constituyen una de las formas más extremas de
censura. Y lo que menos necesita la sociedad mexicana es que se le imponga el
silencio.

México, desde hace varios meses, es considerado como uno de los tres países
más peligrosos del mundo para ejercer libremente el periodismo. Las cifras
crecen, la impunidad se afianza y continuamos consintiendo la permanencia de
funcionarios inútiles que viven a expensas de nuestro dinero sin cumplir, entre
otras tantas, la responsabilidad de esclarecer los asesinatos de periodistas.

Se ha comprobado que el color del partido es indistinto. Hasta ahora, ninguno
de éstos ha condenado lo que está viviendo el periodismo en nuestro país. Al
parecer, sus inocuos comentarios son coyunturales y no de verdadera
preocupación. A pesar del deterioro de la situación y del aumento en el
número de víctimas, lo que verdaderamente llama la atención es la desidia de
las autoridades de todos los órdenes de gobierno.

Resulta desolador saber que el panorama se torna árido ante la falta de
compromiso de nuestros gobernantes por salvaguardar el libre flujo de ideas e
información. Su obligación de proteger la libertad de expresión la toman con
una tibieza que espanta hasta al más crédulo.

Que nos quede claro: no hay sistema democrático sin libertad de expresión.
No hay estado de derecho con impunidad. No hay democracia sin derechos humanos.
¿Qué esperan para proteger a nuestra prensa para que siga informando a la
sociedad?

* Director para México y Centroamérica de Article 19

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos