Ramírez Concepción es acusado de asesinar a Feliciano Modesta, en noviembre pasado

Tlachinollan: nueva represión contra la OFPM; PGJE detiene a líder por homicidio

La Procuraduría abrió un expediente contra dos hermando del extinto Manuel Ponce Rosas

CITLAL GILES SÁNCHEZ

Chilpancingo, 9 junio. Integrantes de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM) están sufriendo nuevamente la embestida del gobierno del estado, la represión a su lucha por la defensa de los derechos humanos, debido a que el domingo pasado se detuvo “injustamente” a Álvaro Ramírez Concepción, uno de los dirigentes de la organización, y se abrió expediente contra otros tres miembros, dos de ellos hermanos de Manuel Ponce Rosas, quien fue secuestrado, torturado y ejecutado en febrero del año pasado, denunció el Centro de Derechos Humanos La Montaña Tlachinollan.
Ramírez Concepción quedó al frente de la OFPM luego de los asesinatos de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, para dar continuidad a la defensa de los derechos de su comunidad; sin embargo, fue detenido y encarcelado el domingo pasado por policías, por el homicidio de Andrés Feliciano Modesta, ocurrido el 15 de noviembre del año pasado, en el crucero de la Concordia, en el municipio de Ayutla de los Libres, donde resultó herido Policarpio Patriarca Agustín, quien acusó a Ramírez Concepción, a Victoriano y Alicio Ponce Lola –hermanos de Manuel Ponce Rosas– y Jorge Luis García Catarina.
En entrevista, el abogado defensor de Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, explicó que las acusaciones de Patriarca Agustín son infundadas y forman parte de una serie de represiones contra la OFPM por la lucha por los derechos indígenas.
Detalló que Patriarca es gente de los Remigio Cantú, a quienes se les conoce como caciques del pueblo e informantes del Ejército: “él había tenido múltiples problemas con Raúl Lucas y Manuel Ponce, además se ha dedicado acometer varios ilícitos en la región”.
Rosales Sierra criticó que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) se preste de nueva cuenta a fabricar un expediente contra la OFPM y reprochó que en el caso de los homicidio de Lucas y Ponce no haya responsable a la fecha y sí responsables por el homicidio de Andrés Feliciano Modesta, y detenga justamente a todos los líderes de la organización.
La situación jurídica
Ramírez Concepción fue detenido el domingo por la mañana y ese mismo día fue puesto a disposición del juez Mixto de Primera Instancia con sede en Ayutla; al día siguiente se le tomó su declaración.
Este sábado vence el plazo constitucional en el que se determinará la situación jurídica del dirigente mixteco.
Sin embargo, en los señalamientos de Policarpio Patriarca hay varias irregularidades, planteó el abogado defensor y detalló que el único testigo que existe es precisamente el acusador, pues “los demás que se presentaron son de oído”.
Abundó que otra de las inconsistencias es el lugar que señalan fue el asesinato, porque no coincide, ya que mientras la parte acusatoria refiere que fue en el crucero de la Concordia, el Ministerio Público hace referencia a un lugar distinto de donde levantó el cuerpo. En el dictamen que da el MP, el cadáver y los casquillo se encontraron cerca del poblado La Fátima, que está a una distancia de unos 600 metros del crucero de La Concordia.
También está la declaración de Patriarca que señala que eran las 2 de la mañana y que él vio a los integrantes de la OFPM a una distancia de unos 20 metros, “pero a esa hora, en un lugar lleno de árboles pues no creo que haya visibilidad para poder reconocer en un carro en movimiento que eran los compañeros”, matizó.
Rosales Sierra dijo que en estos días se van a presentar todas las pruebas a favor de Álvaro Ramírez para poder mostrar su inocencia y confió en que el juez “se porte a la altura” y sea imparcial al dictar la sentencia y ésta sea el auto de libertad.
Ante la detención, Tlachinollan lanzó una acción urgente para hacer llamamientos al juez Alfredo Sánchez Sánchez, quien este sábado dictará la sentencia.
De igual forma, exigió la libertad inmediata de Ramírez Concepción; que los órganos que imparten justicia se apeguen a los principios de imparcialidad e independencia y que estos aparatos no se utilicen para acallar las voces de indígenas considerados disidentes políticos.
Además demandó que se castigue a los responsables de la tortura y ejecución extrajudicial de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas y cese la represión, persecución y encarcelamiento de los defensores de derechos humanos en Guerrero y el país.

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Liberan a hermanos de Manuel Ponce, tras 18 horas detenidos

Victoriano, Santiago y Alicio pagaron 3 mil pesos de fianza por portación de arma
Liberan a hermanos de Manuel Ponce, tras 18 horas detenidos

Preocupa a Tlachinollan que los militares pasen por alto a las autoridades civiles

CITLAL GILES Y MARLEN CASTRO

48 Batallón de infantería, los hermanos indígenas na savi Victoriano, Santiago y Alicio Ponce Lola salieron libres luego de pagar una fianza de 3 mil pesos. Sin embargo, se les seguirá un proceso por la portación de armas de fuego.

De acuerdo con información proporcionada por el Centro de Derechos Humanos de La Montaña, a las 6 de la mañana los tres integrantes de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM) y hermanos de Manuel Ponce Rosas –quien fue secuestrado, torturado y ejecutado junto con Raúl Lucas Lucía– fueron puestos en libertad, luego de haber estado ocho horas a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR), en Acapulco.

Ayer a las 12 del día los hermanos Ponce Lola fueron detenidos en el retén militar instalado en el puente de San José La Hacienda, a cinco minutos de Ayutla, por el delito de portación de dos armas fuego de calibres .22 y .25. 

Una vez detenidos, los indígenas fueron trasladados al cuartel militar con sede en Cruz Grade, para constatar que no presentaban huellas de tortura; posteriormente los trasladaron a Ayutla y de ahí a la PGR en Acapulco, donde llegaron cerca de las 10 de la noche.

De acuerdo con el representante del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Raymundo Díaz Taboada, quien llegó a la sede de la PGR para informarse sobre la detención de los na savi, detalló que los hermanos Ponce Lola llegaron resguardados por al menos 40 soldados del Ejército, quienes permanecieron afuera de las instalaciones hasta la media noche.

Detalló que a los tres indígenas se les hizo un examen médico además de que la PGR mandó llamar a un traductor de nombre Marcos Guevara, trabajador del área de Asuntos Indígenas del ayuntamiento porteño.

En tanto, el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, detalló que a las 6 de la mañana se les dio su auto de libertad, luego de pagar una fianza de 3 mil pesos por la portación de armas, aunque agregó, se les seguirá un proceso por el delito.

Barrera argumentó que la portación de armas de calibre menor son permitidas sobre todo a los que trabajan el campo, además de los riesgos inminentes que corren la familia del fallecido Ponce Rosas.

“Están con temor ante una agresión o por todo este hostigamiento; han notado la presencia de gente extraña en su región, en su comunidad y ante la falta de las medidas cautelares y de la falta de voluntad de las autoridades de garantizar protección a los integrantes de la OFPM ellos han tenido que tomar sus propias medidas, luego del asesinato de su hermano Manuel, los han colocado en una situación difícil”, argumentó.

Consideró que fue arbitraria la detención de los hermanos Ponce Lola debido a que no fueron puestos a disposición de una autoridad civil, pues por el tipo de arma, tenían que haber llevados a la agencia Ministerio Público y no a la PGR, “no puede ser que una autoridad militar actúe en términos de hacer interrogatorios, como lo hicieron y tenerlos privados de su libertad y no tener la certeza de cuál sería su situación jurídica, estar incomunicados, una serie de irregularidades que sí se puede decir que hubo detención arbitraria”.

Narró que fueron momentos muy delicados porque a pesar de que preguntaron por su paradero y su situación legal, ninguna autoridad daban razón de ellos, hasta que se intervino a nivel nacional, pues el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso de la Unión, Javier González Garza, solicitó informes directamente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y hasta entonces tuvieron noticias.

Agregó: “eso es lo que nos preocupa que los detenidos queden a expensas de lo que decida la autoridad militar, sin ponerlos a disposición de la autoridad civil”.

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Detienen en retén militar a tres hermanos de Ponce, de la OFPM

Deberían tener medidas cautelares ordenadas por la Corte Interamericana
Detienen en retén militar a tres hermanos de Ponce, de la OFPM

Al parecer el motivo del arresto es que portaban dos pistolas; temen por su integridad

CITLAL GILES Y MARLEN CASTRO 

Soldados del 48 Batallón de Infantería, con sede en Cruz Grande, detuvieron en un retén militar a tres integrantes de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM), hermanos del fallecido Manuel Ponce Rosas. Los tres indígenas na savi tienen medidas de seguridad ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Al mediodía en un retén militar que instalaron soldados en el puente de San José La Hacienda, a la altura de Ocotlán, en el camino que va de Ayutla a la comunidad de La Cortina, de donde son originarios los na savi, los soldados detuvieron a Victoriano, Santiago y Alicio Ponce Lola, de 28, 20 y 16 años, respectivamente, informó el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.

El argumentó de la detención, es porque supuestamente portaban un revólver calibre 22 y una pistola tipo escuadra.

Hasta las 5 de la tarde los indígenas detenidos estaban en Ayutla; sin embargo, se dio a conocer que en el transcurso de la tarde serían trasladados a la Procuraduría General de la República, en Acapulco, lo cual no sucedió.

Hasta el momento, dijo, los hermanos de Manuel Ponce están incomunicados, lo que preo-cupa a Tlachinollan, pues “no podemos hablar con ellos, no sabemos mucho, incluso conseguimos datos de manera extraoficial porque ni siquiera las autoridades lo han ratificado, tememos por su seguridad”.

Tlachinollan informó a través de su vocera Teresa de la Cruz que los na savi habían bajado a Ayutla a cobrar los recursos del programa Procampo, además de resolver demandas de su comunidad que estaban pendientes con el ayuntamiento de Ayutla.

Tlachinollan consideró que los retenes que instala el Ejército siempre son cuando tienen conocimiento que la gente de las comunidades baja al municipio a hacer algún trámite en el ayuntamiento.

Tanto Santiago como Victoriano y Alicio deberían tener medidas cautelares ordenadas por la Corte Interamericana, sin embargo, hasta el momento no les han sido otorgadas.

Con este hecho es la segunda agresión que sufren los integrantes de la OFPM, pues el pasado 25 de junio, la viuda de Manuel Ponce, Margarita Martín de las Nieves quien viajaba junto con Santiago Ponce fueron atacados a balazos por un hombre desconocido, mientras se dirigían a La Cortina.

Confirman detención

Por otra parte, vía telefónica, integrantes de la OFPM que pidieron no ser identificados, confirmaron la triple detención de los hermanos de Manuel Ponce, por parte de soldados y gentes vestidas de civil en un retén instalado en Ocotlán.

Señalaron que hoy a medio día, Victoriano, Santiago y Alicio Ponce Lola pasaron por el retén, se les hizo el alto para una revisión de rutina y cuando fueron identificados se los llevaron.

Defendieron que tanto Victoriano, como Santiago y Alicio, al igual que Manuel Ponce son campesinos y se dedican a defender los derechos humanos de las comunidades na savi, por lo que repudiaron las desapariciones.

Por otro lado, Obtilia Eugenio Manuel, dirigente de la Organización de los Pueblos Indígenas Mephaá (OPIM), condenó el secuestro de los tres hermanos del extinto dirigente de la OFPM.

La dirigente indígena, quien está amenazada de muerte, demandó al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo su intervención para que los hermanos Ponce Rosas sean presentados.

 
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Atacan a balazos a Margarita Martín, viuda de Ponce Rosas

Venía de una reunión para acordar medidas de protección
Atacan a balazos a Margarita Martín, viuda de Ponce Rosas

La dirigente de la OFPM resultó ilesa, reporta Tlachinollan

CITLAL GILES Y MARGENA DE LA O 

La tarde de este miércoles Margarita Martín de las Nieves, viuda del dirigente na savi Manuel Ponce Rosas, así como su cuñado, Santiago Ponce Lola, fueron atacados a balazos cuando se dirigían a La Cortina, en Ayutla.

En una denuncia telefónica, la vocera del centro de derechos humanos Tlachinollan, Teresa de la Cruz, indicó que al mediodía de este lunes las viudas de los dirigentes de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM), Guadalupe Castro Morales y Margarita Martín de las Nieves, así como otros integrantes de la agrupación, se reunieron en las oficinas de Tlachinollan en Ayutla con representantes del Fondo para la No Violencia y la fundación Appleton, además de tener una reunión con el comandante de la Policía Preventiva Estatal del primer sector de la Costa Chica, Urbano Palacios García, con quien se pusieron de acuerdo para las medidas de protección acordadas el martes en una reunión en Chilpancingo.

En dicha reunión, autoridades de la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado se comprometieron a dar seguimiento a las medidas que recomendó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que este miércoles iniciaría la protección para las viudas, siendo una de las primeras acciones acompañarlas hasta sus comunidades.

Por la tarde, relató De la Cruz, el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, intentó comunicarse con el comandante de la Policía Estatal para informarle que Margarita ya tenía que irse a la comunidad, pero no le contestó, “entonces Margarita, con su cuñado Santiago Ponce, se dirigieron a La Cortina, y como a las 5 de la tarde, en el crucero de Ocotlán, cerca de La Fátima, Margarita escuchó un disparo, del lado del copiloto, donde iba ella”.

De igual forma, del lado del lado de conductor, donde iba manejando Santiago Ponce, también se escucharon dos disparos. 

“Dicen que como no logró matarlos, el hombre se paró a mitad del camino e intentó seguirlos corriendo para intentar dispararles más de cerca”.

Además Margarita Martín detalló que vio a una persona que estaba tirada en el piso, que tenía un pañuelo negro con el que se cubrió la mitad del rostro y que vestía playera negra y que portaba una arma larga.

Como a las 8:30 de la noche, se comunicaron con el comandante Palacios para informarle los hechos, y fue hasta entonces que les puso dos patrullas para escoltarlos hasta La Cortina.

Al respecto, el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, criticó que la protección que se les dio a las viudas “es sólo en teoría, pues no se lleva a la práctica”, y destacó que si el acompañamiento hubiera sido desde que Margarita y su cuñado salieron de Ayutla, esas agresiones no se hubieran dado, o bien hubieran podido detener a quien disparó.

Atracción de palabra

Respecto al asesinato de los dirigentes na savi Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, el subsecretario de Asuntos Políticos, Israel Soberanis Nogueda, reveló que, de manera verbal, la Procuraduría General de la República (PGR) atrajo el caso.

Mencionó que coadyuvarán en las investigaciones del doble crimen con los peritos de la PGR, además sostuvo que no hay ningún vínculo con grupos de la delincuencia organizada, en alusión a los señalamientos del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), cuando acusó al gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, de mantener nexos con la delincuencia organizada y también que son responsables del doble crimen.

Detalló que para fijar atracción de caso aún faltan algunos detalles con la PGR, pero que al menos ya hay el compromiso de hacerlo.

Por otra parte, se deslindó del caso de la CDI, pues aseguró corresponde al gobierno federal, “el gobierno de Guerrero es respetuoso, y reconoce que no existe la figura de la consulta para designar al delegado de la CDI”.

 
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Calderón y Torreblanca, fundidos en la corrupción

Hay “pacto de ilegalidad”, acusa el EPR
Calderón y Torreblanca, fundidos en la corrupción

LAURA REYES MACIEL 

El Ejército Popular Revolucionario (EPR) acusó al gobierno de “oposición” que encabeza Zeferino Torreblanca Galindo, de recibir un “cheque en blanco” del presidente Felipe Calderón, para sellar la complicidad entre un gobierno perredista y uno panista.

En su órgano de difusión El Insurgente, el grupo subversivo acusó a cinco gobernadores perredistas y del PRI, entre ellos el de Torreblanca, de pactar con el gobierno federal una mezcla de “corrupción e ilegalidad”.

“Fue la rúbrica de un cheque en blanco, una clara acción de mano vuelta, que selló la complicidad de respaldo mutuo entre el presidente espurio panista y un gobernador de ‘oposición’, la heterogénea aleación es como las que se fundieron con Ulises Ruíz, Mario Marín, Zeferino Torreblanca, Peña Nieto, Juan Sabines”.

El EPR, recalcó que entre el gobierno del estado y Calderón se construyó una red de impunidad, asociación delictuosa, abuso de poder y de alto carácter represivo, que según el comunicado, se comprueba con las últimas desapariciones y afrentas contra las organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos.

“De manera muy sutil y so pretexto del falso y por ende fallido combate a la delincuencia organizada, el gobierno aprovechó para dar rienda suelta a sus preferencias fascistas, al implementar una serie de medidas de supresión de los derechos humanos, destacando el control de la población, la criminalización a la protesta social y la lucha popular”.

En su anterior comunicado, el EPR condenó enérgicamente la desaparición, tortura y ejecución que sufrieron los dos dirigentes de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM), Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, y señaló que se trató de un crimen de Estado por motivos políticos.

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Nuevo testigo también implica al alcalde de Ayutla en el caso na savi

El teléfono celular de la regidora Castro y otros líderes fueron intervenidos, revela
Nuevo testigo también implica al alcalde de Ayutla en el caso na savi

“Mejor no abran la boca porque sale caro”, habría amenazado el priísta García Rendón

Por intimidaciones, familiares de los dirigentes de la OFPM evaden hablar del doble asesinato

CITLAL GILES SANCHEZ (Enviada)

Ayutla, 16 de marzo. Días antes de que los defensores de los derechos de los na savi Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas fueran secuestrados, algunos ediles, entre ellos la esposa de Lucas, la regidora Guadalupe Castro Morales, fueron amenazados por el alcalde priísta Armando García Rendón, incluso sus teléfonos fueron intervenidos, reveló uno de los testigos, quien pidió reservar su identidad.

A casi un mes de que los dirigentes fueron encontrados asesinados mediante torturas, según las evidencias, algunos vecinos de El Ranchito y La Cortina, de donde eran originarios Lucas y Ponce, así como amigos y familiares, evaden hablar del tema por temor a las amenazas y represiones de las que han sido víctimas. Apenas hacen comentarios.

Uno de los testigos reveló que días antes de la desaparición de los líderes indígenas los teléfonos celulares de los regidores que apoyan a la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM) fueron intervenidos, ya que al iniciar alguna conversación escuchaban en la línea otras voces y conversaciones, lo que anteriormente no sucedía.

Comentó que antes de la desaparición de Lucas y Ponce, el alcalde García Rendón amenazó a los ediles que simpatizaban con la OFPM al pedirles que dejaran de denunciar los abusos en las comunidades indígenas, porque les “podría costar muy caro”. 

Relató que “ese día sí fue una advertencia para conducirnos por un buen camino; el presidente nos dijo ‘por favorcito compañeros, estamos en tiempos complicados, me preocupa la inseguridad y violencia que vivimos en Ayutla, así que mejor no abran la boca porque sale demasiado caro hacer señalamientos indebidos’; nosotros sí lo sentimos como amenaza, una advertencia de lo que pudiera venir”.

Otro entrevistado rechazó que los dirigentes hayan estado vinculados con la delincuencia organizada, como lo quieren hacer ver las autoridades, y señalaron que fue un crimen político que viene del presidente municipal, a quien acusaron de intentar callar las voces y los movimientos sociales de Ayutla, como la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) y la OFPM.

Amigos y familiares de Raúl Lucas exigieron que la PGR atraiga el caso, ya que lamentaron que a la fecha la Procuraduría General de Justicia del Estado no ha hecho nada para investigar el doble asesinato, y rechazaron que hayan identificado a los responsables, como declaró el director de la Policía Ministerial, Erit Montúfar Mendoza.

“No es cierto que ya tienen a los sospechosos, son chivos expiatorios porque sabemos que ya le quieren dar carpetazo, como en otros casos delicados, porque no vemos que la justicia la encausen como debe ser, porque no vemos ninguna claridad”, reclamó uno de los familiares de Lucas Lucía.

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Piden ONG que PGR lleve caso de dirigentes na savi

La PGJE no da resultados, aseguran
Piden ONG que PGR lleve caso de dirigentes na savi

JORGE MARTINEZ (Corresponsal) 

Iguala, 9 de marzo. Las organizaciones sociales Unión Campesina Emiliano Zapata (UCEZ) y Lucio Cabañas Barrientos se pronunciaron porque la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga el caso del asesinato de los dirigentes na savi Luis Lucas Lucía y Manuel Ponce Rojas. Además rechazaron la creación de una fiscalía especial en el estado que investigue el caso.

Los dirigentes de la UCEZ, Arturo Hernández Cardona y de la Lucio Cabañas, Héctor Arroyo Delgado, en conferencia de prensa, demandaron que el caso de los representantes de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos de Ayutla sea atraído por la PGR. 

Hernández Cardona mencionó que se duda de la veracidad de la indagatoria que pueda llevar a cabo la Procuraduría General de Justicia del Estado a cargo de Eduardo Murueta Urrutia, porque en asuntos de administración de justicia no hay resultados confiables, por eso exigió su renuncia de éste.

Citó varios casos entre ellos la muerte del ex diputado local, presidente de la comisión de Presupuesto en la pasada legislatura, Jorge Bajos Valverde, asesinado en condiciones que todavía no se esclarecen, así como el homicidio del reportero de Televisa Acapulco, Amado Ramírez.

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Salida política, la fiscalía para el caso na savi, dice IGDH; pide la salida de Murueta

La propuesta del gobierno es sólo un engaño para las familias y los derechos humanos
Salida política, la fiscalía para el caso na savi, dice IGDH; pide la salida de Murueta

CITLAL GILES Y OSSIEL PACHECO 

El Instituto Guerrerense de Derechos Humanos (IGDH) calificó como una salida política la creación de una fiscalía especial para que haga las investigaciones por el doble homicidio de los dirigentes mixtecos Raúl Lucas y Manuel Ponce, y señaló que la muerte de los dirigentes deja en evidencia la incapacidad del procurador Eduardo Murueta Urrutia, por lo que exigieron su destitución del cargo.

De acuerdo con el pronunciamiento que hizo el IGDH criticó que fiscalías especiales no han resuelto los crímenes por los cuales fueron creadas, “sólo han sido salidas políticas y soluciones para cubrir la imagen ante la incapacidad del aparato de procuración de justicia en el estado”.

De igual forma consideró que el proponer la fiscalía es sólo un engaño para las familias y el movimiento de derechos humanos, ya que han sido tan ineficientes como la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

En el documento, el IGDH destaca que la ejecución de los dos dirigentes de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM) demuestra la incapacidad del procurador de justicia del estado, y por tal motivo exigieron al gobernador Zeferino Torreblanca que “si tiene voluntad política” exija la renuncia de su funcionario.

“Exigimos la destitución del Procurador General por la incapacidad demostrada de garantizar la protección (a través de una rápida investigación y búsqueda) de los desaparecidos y después asesinatos Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas”, indica el oficio.

“La decisión será de la familia”

Por su parte, el diputado local del PRI, Héctor Vicario Castrejón, dijo que la fracción priísta en el Congreso local respaldará la postura de los familiares de los dirigentes na savis de Ayutla, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, y de Tlachinollan para que la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga el caso, en lugar de crear una fiscalía especial que indague el secuestro y homicidios de los defensores de derechos humanos, como lo ha propuesto la fracción perredista.

Agregó que en cualquiera de los casos, la decisión será por la incompetencia de la PGJE para investigar estos hechos.

Consultado a su llegada a la sede del PRI municipal, donde encabezó la toma de protesta del nuevo Consejo Directivo del Frente Juvenil Revolucionario (FJR), Vicario Castrejón dio a conocer que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del tricolor pidió a la fracción de ese partido en el Congreso local no perder de vista que la Cámara de Diputados acordó un punto de acuerdo en el que solicita a la PGR atraer el caso de los defensores mixtecos secuestrados y asesinados.

El coordinador de los diputados locales del PRI condenó los hechos y asumió que por el bien del estado estos homicidios deben ser aclarados y sancionar a los culpables, y sostuvo que si se acuerda una u otra vía para esclarecer este caso, es por la incompetencia de la PGJE de dar resultados.

El priísta se mostró más a favor de que sea la PGR la instancia que investigue estos hechos, pues coincide con la postura de los familiares, y del propio Centro de Derechos Humanos Tlachinollan.

“Existe esa posibilidad, aunque en la fracción acordamos preguntar a la familia que quieren si tienen confianza en la creación de la fiscalía o quieren que la PGR atraiga el caso, de ser así haríamos la propuesta de aprobar un exhorto en el Congreso local, no tendríamos ningún inconveniente en conformar una fiscalía especial”, agregó.

Adelantó que respaldarán la postura de los familiares de Lucas Lucía y Ponce Rosas y todo lo que pueda aclarar este crimen. Reconoció que se trata de delitos del fuero común, aunque asumió “que hay características especiales, sobre todo por la forma en que se dio, no es asunto común, los privaron de su libertad en medio de una reunión, fueron varios los autores; cuando son más de dos o tres hay la posibilidad de que la PGR pueda intervenir, incluso por el uso de tipos de armas”.

El diputado se pronunció en contra de que el caso de los na savi sea politizado por ningún partido, porque nadie “tiene derecho a medrar con el dolor de quienes fueron ofendidos de esa manera”, y recalcó que el PRI está a favor de que se sancione a los responsable del crimen, sea creando la fiscalía especial o en que el caso sea atraído por la PGR.

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Lucas y Ponce, sobrevivientes de la masacre de El Charco, tenían constante vigilancia

El homicidio de los líderes indígenas, por acusar a soldados: Nava
Lucas y Ponce, sobrevivientes de la masacre de El Charco, tenían constante vigilancia

MARLEN CASTRO 

CHILPANCINGO, 23 DE FEBRERO. Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, presidente y secretario de la Organización para el Futuro de los Pueblos Indígenas Mixtecos (OFPM), quienes aparecieron muertos el pasado sábado con visibles huellas de tortura luego ocho días de desaparecidos, eran sobrevivientes de la masacre de El Charco, en Ayutla, ocurrida la madrugada del 7 de junio de 1998, recordó el dirigente de la Organización de los Pueblos y Colonias de Guerrero (OPCG), Pedro Nava Rodríguez.

Nava Rodríguez añadió que este elemento histórico no puede ignorarse en el caso de los indígenas na savi, quienes desaparecieron juntos el viernes 13 de febrero, pues desde la masacre de El Charco, perpetrada por el Ejército, “nunca se les quitó la vigilancia de encima”.

Esa madrugada del 7 de junio de 1998, policías estatales y soldados atacaron a un grupo de personas que dormía en la primaria de esa comunidad na savi, y mataron a 11 de ellas.

En el décimo aniversario de esa masacre, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) admitió por primera vez en un comunicado que en esa ocasión cayeron cuatro de sus combatientes, entre ellos el capitán José, quien encabezaba la columna guerrillera, aceptando también que habían tenido ahí una reunión “con pobladores que buscaban la solución a muchos de sus problemas”. 

Lucas Lucía y Ponce Rosas, cuando aún pertenecían a la Organización del Pueblo Indígena Mixteco y Tlapaneco (OPIMT) –las que se separaron en 2002 para la mejor atención de cada nación indígena y formaron entonces la OPIM y la OFPM– fueron de los pocos que sobrevivieron a la masacre de El Charco.

Luego de exigir el esclarecimiento de los asesinatos de los dirigentes de la OFPM, y de recordar el dato de que se trataba de dos sobrevivientes de una de las dos grandes masacres ocurridas en Guerrero en los años recientes, Nava Rodríguez insistió en que la desaparición y el homicidio de líderes sociales no pueden considerarse un hecho común.

Consideró inadmisible la forma cómo los responsables de la seguridad pública de Ayutla, conjuntamente con las autoridades ministeriales, permitieron que los autores materiales actuaran a pesar de las denuncias oportunas para exigir que los encontraran.

Nava Rodríguez apuntó que no le queda duda de que la detención, la tortura y asesinato de Lucas y Ponce sean consecuencia de la lucha que venían encabezando en defensa de los indígenas de la zona.

De manera recurrente, ambos dirigentes denunciaban los abusos que cometían los militares contra la población na savi, además de que organizaban a las comunidades para frenar tales excesos por las vías legales, recordó Nava.

Destacó que la vigilancia policiaca sobre Lucas Lucía y Ponce Rosas se incrementó a partir de la visita de integrantes de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU sobre Derechos Humanos, pues aportaron mucha información sobre las violaciones a las garantías individuales cometidas por militares en la zona, por lo que consideró imposible que con tanta atención sobre ambos líderes las autoridades no tengan pistas sobre la identidad de los asesinos.

También el dirigente de la Unión de Agrónomos del Estado de Guerrero, Eloy Romero Gatica, entrevistado junto con Nava Rodríguez, exigió a la dependencia buscar y castigar a los responsables del doble crimen.

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