Salida política, la fiscalía para el caso na savi, dice IGDH; pide la salida de Murueta
CITLAL GILES Y OSSIEL PACHECO
El Instituto Guerrerense de Derechos Humanos (IGDH) calificó como una salida política la creación de una fiscalía especial para que haga las investigaciones por el doble homicidio de los dirigentes mixtecos Raúl Lucas y Manuel Ponce, y señaló que la muerte de los dirigentes deja en evidencia la incapacidad del procurador Eduardo Murueta Urrutia, por lo que exigieron su destitución del cargo.
De acuerdo con el pronunciamiento que hizo el IGDH criticó que fiscalías especiales no han resuelto los crímenes por los cuales fueron creadas, “sólo han sido salidas políticas y soluciones para cubrir la imagen ante la incapacidad del aparato de procuración de justicia en el estado”.
De igual forma consideró que el proponer la fiscalía es sólo un engaño para las familias y el movimiento de derechos humanos, ya que han sido tan ineficientes como la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
En el documento, el IGDH destaca que la ejecución de los dos dirigentes de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM) demuestra la incapacidad del procurador de justicia del estado, y por tal motivo exigieron al gobernador Zeferino Torreblanca que “si tiene voluntad política” exija la renuncia de su funcionario.
“Exigimos la destitución del Procurador General por la incapacidad demostrada de garantizar la protección (a través de una rápida investigación y búsqueda) de los desaparecidos y después asesinatos Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas”, indica el oficio.
“La decisión será de la familia”
Por su parte, el diputado local del PRI, Héctor Vicario Castrejón, dijo que la fracción priísta en el Congreso local respaldará la postura de los familiares de los dirigentes na savis de Ayutla, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, y de Tlachinollan para que la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga el caso, en lugar de crear una fiscalía especial que indague el secuestro y homicidios de los defensores de derechos humanos, como lo ha propuesto la fracción perredista.
Agregó que en cualquiera de los casos, la decisión será por la incompetencia de la PGJE para investigar estos hechos.
Consultado a su llegada a la sede del PRI municipal, donde encabezó la toma de protesta del nuevo Consejo Directivo del Frente Juvenil Revolucionario (FJR), Vicario Castrejón dio a conocer que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del tricolor pidió a la fracción de ese partido en el Congreso local no perder de vista que la Cámara de Diputados acordó un punto de acuerdo en el que solicita a la PGR atraer el caso de los defensores mixtecos secuestrados y asesinados.
El coordinador de los diputados locales del PRI condenó los hechos y asumió que por el bien del estado estos homicidios deben ser aclarados y sancionar a los culpables, y sostuvo que si se acuerda una u otra vía para esclarecer este caso, es por la incompetencia de la PGJE de dar resultados.
El priísta se mostró más a favor de que sea la PGR la instancia que investigue estos hechos, pues coincide con la postura de los familiares, y del propio Centro de Derechos Humanos Tlachinollan.
“Existe esa posibilidad, aunque en la fracción acordamos preguntar a la familia que quieren si tienen confianza en la creación de la fiscalía o quieren que la PGR atraiga el caso, de ser así haríamos la propuesta de aprobar un exhorto en el Congreso local, no tendríamos ningún inconveniente en conformar una fiscalía especial”, agregó.
Adelantó que respaldarán la postura de los familiares de Lucas Lucía y Ponce Rosas y todo lo que pueda aclarar este crimen. Reconoció que se trata de delitos del fuero común, aunque asumió “que hay características especiales, sobre todo por la forma en que se dio, no es asunto común, los privaron de su libertad en medio de una reunión, fueron varios los autores; cuando son más de dos o tres hay la posibilidad de que la PGR pueda intervenir, incluso por el uso de tipos de armas”.
El diputado se pronunció en contra de que el caso de los na savi sea politizado por ningún partido, porque nadie “tiene derecho a medrar con el dolor de quienes fueron ofendidos de esa manera”, y recalcó que el PRI está a favor de que se sancione a los responsable del crimen, sea creando la fiscalía especial o en que el caso sea atraído por la PGR.
http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/03/08/index.php?section=sociedad&article=008n1soc
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