Por Nancy Flores
El gobierno de Calderón no ha recuperado un solo
territorio controlado por los cárteles de la droga. Además de propiciar
los más de 23 mil civiles ejecutados y unas 982 zonas de terror, la “guerra” antinarcóticos consolida el poderío del cártel de Sinaloa. En esta última entrega, Contralínea publica la radiografía de un país en manos de la delincuencia organizada
Nancy Flores / Octava parte y última
Sumido en la violencia,
México pierde a diario el control de su territorio y de sus
instituciones. A pesar del despliegue de 94 mil 540 efectivos del
Ejército –en nombre de la “guerra” del panista Felipe de Jesús Calderón
Hinojosa–, los criminales afianzan su poder.
En la actualidad, siete
cárteles de la droga controlan dos terceras partes del país y se
disputan el resto, se desprende del reporte Mexican drug cartels: two wars and a look southward,
elaborado por el centro de inteligencia Stratfor. Éstos son Sinaloa,
Los Zetas, Golfo, Beltrán Leyva, Tijuana, La Familia y Juárez.
En entrevista, el doctor
Edgardo Buscaglia explica que unos 982 bolsones territoriales están
bajo el mando de grupos criminales, que imponen su ley y sus impuestos
a la sociedad. Se trata de poco menos de 1 mil regiones de Estado
fallido en toda la república mexicana. El caso más dramático es Ciudad
Juárez, Chihuahua.
La “farsa mediática” –como
Buscaglia califica a la “guerra” de Calderón– no sólo ha sido incapaz
de recuperar las zonas de influencia del narcotráfico, sino que ha
cedido más del doble de espacios a los criminales.
De acuerdo con el experto en
seguridad, asesor de la Organización de las Naciones Unidas y académico
del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el control territorial de
los delincuentes ha ido en aumento: mientras que en 2007 había 353
áreas con una ausencia total del Estado, ahora hay 982.
El crimen organizado manda lo
mismo en el Norte, que en el Centro y en el Sur de este país. Según
Stratfor, todas las entidades federativas han sido tocadas por algún
cártel. La disputa es ahora por las regiones y rutas “sin dueño”,
localizadas en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, San
Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México, Querétaro, Oaxaca, Chiapas,
Campeche.
Los territorios cedidos a la
criminalidad carecen de autoridades civiles, policiales y militares. En
esas zonas, los cárteles mantienen una estructura operativa permanente,
indican datos de consultoras en materia de seguridad e inteligencia.
Al frente se encuentra un
pequeño grupo de expertos o dirección que negocia y hace trabajo de
elite (interviene comunicaciones de empresarios, autoridades y
delincuentes para su toma de decisiones).
En el siguiente peldaño se
ubican los informantes: civiles encargados de recabar información de
primera mano relacionada con la zona, los negocios y las personas que
ahí se ubican (por residencia o por estancia).
En un tercer escalón, y con
una relación endeble en la estructura, se localizan los jóvenes que
vigilan puntos de venta de drogas o casas de seguridad. La cadena
operativa culmina con los sicarios.
El poder del cártel de Sinaloa
El Programa para la seguridad nacional (2009-2012) tiene entre sus prioridades “recuperar el control pleno en territorios endémicamente afectados por las actividades delictivas”.
Sin embargo, lejos de
combatir a los narcotraficantes, la “guerra” antidrogas –que financia
Estados Unidos en México– propicia su consolidación. Tal es el caso del
cártel de Sinaloa, considerada la mafia más poderosa del país y de
América Latina.
Por el “descuido” de las autoridades federales respecto del dominio territorial, este grupo controla el llamado triángulo de oro
(Sinaloa, Durango y Chihuahua). Su presencia se extiende, además, a los
estados de Nayarit, Jalisco, Aguascalientes y parte de Zacatecas,
indica el reporte del centro Stratfor.
Las regiones en su poder son las más productivas, identifica el gobierno de Barack Obama. De acuerdo con el International narcotics control strategy report 2010,
“los cultivos de amapola de opio y marihuana son producidos en el
México rural, predominantemente en el terreno accidentado de la Sierra
Madre Occidental”.
El informe del Departamento
de Estado de Estados Unidos acusa que, en los últimos años, “los
mayores aumentos en ambos cultivos han tenido lugar en el área
tri-estatal (sic) de Sinaloa, Chihuahua y Durango. Ahí se produce la mayoría de los cultivos”. La zona se conoce como triángulo de oro y está en manos del cártel de Sinaloa, según Stratfor.
El International narcotics control strategy report 2010
expone que también en los estados del Sur –como Guerrero y Oaxaca–, y
en los del bajío –como Michoacán, Nayarit y Jalisco– se produce droga,
aunque en menor medida.
En su investigación Drug trafficking organizations in Central America: transportistas, mexican cartels and maras
–publicada en mayo pasado por el Woodrow Wilson International Center
for Scholars–, Steven Dudley asegura que las operaciones del cártel de
Sinaloa “se extienden desde Chicago, Estados Unidos, hasta Buenos
Aires, Argentina”.
A pesar de su amplia
penetración nacional y de su presencia trasnacional, las autoridades
federales mexicanas no combaten a este grupo criminal. Sus máximos
líderes –Joaquín Guzmán Loera, el Chapo; Ismael Zambada García, el Mayo; Ignacio Coronel Villarreal, Nacho Coronel; Juan Esparragoza Moreno, el Azul– están libres. Ellos encabezan las listas de los delincuentes más buscados en México y en Estados Unidos.
La impunidad para este cártel es similar a sus tentáculos.
Entre diciembre de 2006 y febrero de 2010, el gobierno federal apenas
detuvo a 120 de sus integrantes, revela la Procuraduría General de la
República (PGR).
De éstos, sólo 114 fueron
consignados ante la autoridad judicial: 83 por delitos de delincuencia
organizada o contra la salud y 31 por lavado de dinero (solicitud de información pública 0001700006810).
El cártel de Sinaloa sería la
organización con mayores recursos humanos, más capacidad de fuego y de
corrupción en México. De acuerdo con consultoras en materia de
seguridad e inteligencia, unas 500 mil personas están enroladas en los
cárteles del narcotráfico: alrededor de 300 mil, en el cultivo de
enervantes; unas 150 mil, en cargos operativos, y unas 50 mil son
mandos.
Al igual que su estructura
operativa, las finanzas de la organización criminal se encuentran
intactas. Mientras que la fortuna personal del Chapo se calcula en 1 mil millones de dólares (revista Forbes), el grupo delictivo habría lavado, al menos, 132 mil 300 millones de pesos en lo que va de este gobierno.
“Guerra” desigual
En meses recientes, la
administración calderonista ha sido acusada de beneficiar al cártel de
Sinaloa. Y es que, al tiempo que éste consolida su poder, mafias como
el Golfo se ven reducidas por la acción gubernamental.
El informe Mexican drug cartels: two wars and a look southward
refiere que, “al comienzo de la campaña de Calderón contra el
narcotráfico, el cártel del Golfo era considerada la más poderosa
organización en México en materia de tráfico de drogas”.
El análisis de Stratfor
revela que, entre enero de 2007 y diciembre de 2009, este grupo
criminal enfrentó “la peor parte” de la “guerra” ejecutada por los
militares mexicanos. “El cártel del Golfo es ahora una sombra de lo que
era”.
Agrega que la decadencia para
esta organización delictiva también estuvo marcada por su separación de
Los Zetas, ocurrida a fines del año pasado. Según Stratfor, el poder
del cártel del Golfo en la primera mitad de esta década provenía
justamente de su brazo armado. A este último le atribuye ahora el
control territorial en la franja que rodea al Golfo de México.
Sólo 600 miembros del Golfo-Zetas en la cárcel
A diferencia del cártel de
Sinaloa, Los Zetas y el Golfo son, en conjunto, las organizaciones que
más bajas por cárcel tienen. De acuerdo con la PGR, entre diciembre de
2006 y febrero de 2010, 609 personas vinculadas a éstos fueron
consignadas ante la autoridad judicial: 552 por delincuencia organizada
o delitos contra la salud y 57 por lavado de dinero.
Aunque el gobierno federal
afirma que en su campaña antidrogas han sido detenidas 121 mil 900
personas vinculadas al crimen organizado, la Procuraduría General de la
República admite que apenas 1 mil 306 personas consignadas entre
diciembre de 2006 y febrero de 2010 tienen nexos probados con ochos
cárteles.
De éstos, 396 son de Los
Zetas: 364 fueron remitidos a la autoridad judicial por delitos contra
la salud o delincuencia organizada, y 32 por operaciones con recursos
de procedencia ilícita. Otros 32 fueron liberados sin juicio de por
medio (solicitud 0001700007410).
En ese mismo lapso, 213
integrantes del cártel del Golfo fueron consignados, indica la
respuesta 0001700007510 de la PGR. De éstos, 188 fueron acusados por
delincuencia organizada o delitos contra la salud y 25 por lavado de dinero.
A la ahora extinta alianza
Golfo-Zetas le siguen los cárteles Beltrán Leyva, con 223 consignados;
La Familia Michoacana, 145; Tijuana, 135; Sinaloa, 114; Juárez, 78;
Díaz Parada, uno; Valencia Valencia, uno. Mientras que del cártel
Amezcua Contreras no se tiene un solo consignado.
En entrevista, el
especialista en seguridad Edgardo Buscaglia afirma que en México no se
quiere terminar con el narcotráfico. “No pueden terminar con este
problema o no quieren. En ambas cuestiones, el problema más grave es
que con las medidas que están aplicando van a tener un resultado
contraproducente y van a causar más violencia futura. El problema de
violencia en México no sólo es un asunto de cárteles, es un problema
social”. Éste “no se erradica con soldados”.
“Guerra” contra el narco, farsa gubernamental
El pasado 15 de junio, Felipe
de Jesús Calderón Hinojosa afirmó que “recuperar la seguridad no será
tarea fácil ni rápida, pero vale la pena seguir adelante. Vale la pena
porque así construiremos un país libre y seguro. De no hacerlo,
dejaríamos a la sociedad en manos de nuestro enemigo común, que es el
crimen y, en particular, el crimen organizado”.
Lo que no dijo el presidente
en su mensaje televisivo son los magros resultados de su “guerra”
contra las drogas. En el ámbito social, 23 mil civiles han sido ejecutados. Según las autoridades federales, 1 mil 150 personas –el 5 por ciento– eran inocentes.
Una investigación hemerográfica hecha por Contralínea
documenta que, al menos, un centenar de activistas, periodistas,
políticos y disidentes también forman parte de esos registros. En su
mayoría, los defensores de los derechos humanos y los comunicadores
perdieron la vida acribillados por comandos armados.
Fuentes militares consultadas
revelan que el propio gobierno tiene grupos de elite clandestinos que
combaten la disidencia política. Considerada como una “guerra social”,
la lucha contra el narcotráfico tiene entre sus resultados unas 4 mil
desapariciones forzadas con tintes políticos, denuncia el Frente
Oriental Democrático Mexicano.
También en el ámbito social
hay afectaciones de otro tipo. Por falta de oportunidades laborales y
de estudio, unos 500 mil mexicanos sirven a las grandes organizaciones
del narcotráfico, de los cuales al menos 80 mil son jóvenes y menores
de edad.
Impunidad
En el ámbito de la aplicación
de la ley, en este sexenio únicamente se han dictado 735 sentencias de
última instancia por delincuencia organizada. Otros delitos que asolan
a la sociedad tampoco han sido combatidos. En la actual administración
no se ha sentenciado a nadie por tráfico de órganos y lenocinio de
personas menores de 18 años y de personas que no tienen capacidad para
resistirlo.
Por corrupción de personas
que no tienen capacidad para resistirlo, se sentenciaron a cuatro
individuos; por pornografía infantil, a seis; por terrorismo, a 10; por
lavado de dinero, a 53; por corrupción de menores, a 53; y por secuestro, a 254.
Tampoco hay resultados en el
combate de las drogas. A pesar de que la administración federal dice
haber detenido a 121 mil personas por delincuencia organizada en lo que
va de la “guerra”, la PGR reconoce que sólo a 1 mil 306 consignados por
delitos contra la salud, delincuencia organizada y lavado de dinero se les acreditan vínculos con ocho cárteles de las drogas.
Aunado a ello, los 94 mil 540
militares en las calles han sido incapaces de combatir la producción de
drogas: mientras que en 2009 se erradicaron 14 mil 135 hectáreas de
marihuana, en 2008 la cifra alcanzó las 18 mil 663 hectáreas, y de 2002
a 2006, el promedio fue de 30 mil hectáreas por año. El caso de la
amapola es igual: en 2009 fueron erradicadas 11 mil 471 hectáreas,
contra las 13 mil 189 hectáreas que se destruyeron en 2008.
Bolsillos de los capos, intactos
La “guerra” antidrogas
tampoco ha dado resultados en el ámbito económico. De diciembre de 2006
a junio de 2010, los narcotraficantes han lavado 1.3 billones de pesos, que representan 80.7 veces la ayuda económica de la Iniciativa Mérida.
La tercera parte de ese
dinero se habría legalizado en el circuito financiero, según “sospecha”
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No obstante, el delito se
encuentra totalmente impune: sólo 112 miembros de siete cárteles han
sido consignados y 53 personas sentenciadas por blanquear capitales sucios. Al tiempo, los bancos han sido sancionados por apenas 1 millón 560 mil pesos.
Pese a que el dinero es lo
que le da capacidad de operación, de fuego y de corrupción a los
cárteles de la droga, las incautaciones hechas por el gobierno federal
representan el 0.39 por ciento de los recursos lavados.
