Historias de Casos de Privatización de recursos naturales, Violación a Derechos Humanos, Censura, Guerrillas y Otros...
Crónicas de Masacres anunciadas, esa es la historia y el pueblo en marcha siempre...Este es Guerrero en pie de lucha
Atte: Hercilia Gato...
La relidad segun el GatoNegro
Tecpan, 26 de mayo. Campesinos de Papanoa se quejaron de
que el mango es mal pagado por los acaparadores de la zona, por lo que quedan
excluidos los productores locales del mercado básico.
El campesino Juan Ramón Jiménez señaló que al menos, en
la zona de El Llano de ese municipio, donde se encuentran los acaparadores del
mango, la caja de mango pequeño es rechazada y considerada de tercera, y pagada
a tan sólo 40 pesos.
Detalló, que actualmente una caja de mango de primera es
pagada a 120 pesos, un precio muy bajo para el campesino productor, y al menos
en el 50 por ciento de los casos, es rechazado muchas veces el mago, por lo que
no le dan oportunidad a los campesinos de vender todo el fruto.
Señaló, que los campesinos locales, se amoldan al precio
de compra, pues no tienen más opciones de mercado.
Reclamó, que el gobierno federal ha dejado en el abandono
al campesinado y no se les apoya con infraestructura ni subsidios, por lo que en muchos de los casos,
llegan a abandonar el trabajo del campo pues se ven desanimados.
Consideró, que debe haber más incentivos para el pequeño
productor, como fábricas procesadoras del producto, y de esta manera se valore
más al campesino y tenga una mejor ganancia.
Campesinos y ejidos tienden a desaparecer, asegura líder
HERCILIA CASTRO (Corresponsal)
Zihuatanejo, 19 de agosto. El líder de la Unión Campesina Democrática en la Costa Grande, Bernardo Solís Radilla, aseguró que los ejidos y el campesinado tienden a desaparecer por la violencia y el abandono al campo.
En torno al Día Internacional de la Asistencia Humanitaria, refirió que programas como la Cruzada Contra el Hambre son sólo “un mejoralito”, que no resuelven los problemas alimentarios de fondo.
Señaló que “el campesino vive en armonía con las plantas, lo que se necesita es darle los recursos para que esas plantas que siembran lleguen a su crecimiento; se les mueren por falta de riego, por falta de fertilizante y de asistencia técnica agropecuaria”.
Sin embargo, remarcó que en la dinámica de los ejidos, ante la modificación del artículo 27, realizado en el año de 1992, se desbarataron los ejidos al entrar el Programa de Cesión de Derechos Ejidales (Procede), lo cual es el aparcelamiento de ellos y la adopción del dominio pleno.
“Y con ese título de propiedad ya cualquiera te lo compra y de ahí desaparece el ejido, entonces la idea era que los ejidos desaparecieran, porque la gente pobre, pues, tiene que comer y vende lo que sea, se deshacen de su tierra”, explicó.
Apuntó que existen programas del gobierno federal pero el problema es que no se le da seguimiento a los logros de los proyectos productivos, ya que terminan los gobiernos en turno, a pesar de que sí se hacen auditorías para ver los avances.
“Después de los tres años, todo dejan caer, se debe dar un seguimiento a corto, mediano y largo plazo”, dijo.
Petatlán, 22 de junio. Don Luis Torres Landín, vecino y sobreviviente de Rancho Nuevo, pueblo atacado en el que incendiaron varias casas en 2006, relató que pensaron que con la detención del ex cacique Rogaciano Alba Álvarez, el 11 de febrero de 2010, las cosas iban a cambiar para las comunidades, sin embargo, no fue así, pues ahora sufren el acoso del brazo derecho del ex líder ganadero, Alberto Bravo, alias El gavilán.
El campesino de 72 años relató que en comunidades como Rancho Nuevo quemaron tres casas y ahora sólo queda una escuela y una cocina que sobró, pero “la escuela no funciona porque no hay maestros, está solo, nada más nosotros nos recorrimos más allá de la comunidad porque está más escondido, por miedo, ya es pueblo fantasma, sólo el ganadito que quedó”.
“Las casas quedaron solas, estamos como seis personas, ahorita regresaron porque nada más estábamos dos; se fueron como nueve casas, unas 90 personas entre chiquitas y grandes. Fue en 1999 cuando comenzó el problema. Querían que les desalojáramos los terrenos para ellos sembrar”, dijo.
Detalló que el problema comenzó cuando Alba Álvarez fue presidente municipal de Petatlán.
Sobre si alguna vez Alba Álvarez les ofreció dinero o negociar las tierras, afirmó que “nada, absolutamente nada, empezaron a matar, a balazos”. Una pobladora interrumpió y dijo: “Ofrecían balas, eso ofrecían”.
Entre los abusos del ex cacique, recordó que incluso les mandaron a elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) para que los exterminaran “como le empezaron a tirar a uno, la gente tuvo que hacer frente, hicimos resistencia, Dios lo cuidó a uno y a su familia”.
“Ahora, este mentado El gavilán comenzó a robar, a cobrar cuotas a los comerciantes y a los campesinos cobrarles cuota por kilo por vender frijoles, por vender aguacate, si fuera mafia sería otra cosa, y ahora el presidente municipal en lugar de que le diera el apoyo a la gente, no hace nada”, dijo.
Lamentó que desde los tiempos del ex cacique no hay apoyo para la sierra petatleca “y yo quisiera que hubiera educación, dicen que hay democracia, dónde está la democracia”.
“Queremos que los niños no se enseñen a cargar armas, sino a una educación, porque eso es lo que les falta, no andar armados, nosotros deseamos trabajar, que a los campesinos nos dejen trabajar, yo quisiera que esto lo sepa el gobernador, el presidente de la República”, enfatizó.
Omitió explicar las características de la semilla; “sólo nos han dicho que ya viene curado, listo para sembrar”, expone el comisariado
Entrega Sagarpa maíz transgénico a campesinos de Papanoa
HERCILIA CASTRO (Corresponsal)
Zihuatanejo, 16 de junio. El comisariado municipal de Papanoa, municipio de Tecpan, Darío Real, informó que por medio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) les entregaron 100 paquetes de maíz híbrido o transgénico, junto con paquetes de agroquímicos para mejorar la producción, sin embargo, no les fue explicado a los campesinos las ventajas de la semilla.
Manifestó que junto con el programa federal Sin Hambre, les entregaron paquetes de biofertilizante y paracuá (químico contra las plagas) y les dejaron un costal de maíz transgénico; “cada paquete incluye un costalito de ese maíz híbrido, el paquete es de seis bultos, de triple, sulfamin (agroquímico) y el maíz”.
Cuestionado el comisariado sobre si les han explicado las ventajas del maíz transgénico, dijo: “pues no, sólo nos han dicho que ya viene curado, que ya lo puedes sembrar, usar, listo, ya que no se lo va a comer el cuije o el ratón”.
Sostuvo que fue repartido entre 100 campesinos, ya que muchas veces no tienen para pagar los agroquímicos y fertilizantes, pero que no todos siembran porque no existen recursos para el campo; “son gastos; muchos le piensan; unos siembran pero para el gasto, para ir comiendo lo que pueden, y luego no quiere llover, ya ve la situación”.
Sobre si sabía de la existencia de organizaciones opositoras al maíz transgénico por ser una semilla genéticamente modificada y cuyas consecuencias en la salud son desconocidas, negó saberlo.
“Pues no, en realidad a mi no me informaron, quién sabe a los ejidatarios, pero la verdad desconozco todo eso”, dijo.
Explicó que a pesar de que son cerca de 200 hectáreas en Papanoa las que se utilizan para la siembra, no todas se cosechan, ya que algunos agricultores usan los agroquímicos y fertilizantes para el cultivo de mango.
Agregó que muchos de los campesinos que se enteraron de que llegaría el apoyo federal, pensaron que iba a ser en dinero, más no insumos.
“Los paquetes los trajeron hace como 15 días”, dijo.
Participan asociaciones de Costa Grande, Michoacán y BC
Promueven productores la agricultura orgánica con feria en Zihuatanejo
HERCILIA CASTRO
(Corresponsal)
Zihuatanejo, 3 de
diciembre. Campesinos productores orgánicos de la región Costa Grande
hasta límites con Lázaro Cárdenas Michoacán y Baja California Sur,
realizaron esta tarde una exposición con la finalidad de interesar a los
asistentes en los beneficios de la agricultura orgánica.
El
presidente de la asociación ecologista Azulita, Ernesto León Sandoval,
explicó que la agricultura orgánica es una tendencia que va en aumento,
ya que hace años era desconocida por los campesinos y consumidores,
“pero actualmente crece y se difunde más entre los campesinos y la
gente”.
Resaltó que la agricultura orgánica forma parte de los
movimientos ambientalistas alternativos como la energía solar, la
medicina alternativa y la arquitectura sustentable para dar una mejor
calidad de vida.
“La agricultura se basa en la alimentación, entonces hay que empezar por la alimentación saludable”, dijo.
Comentó
que la agricultura alternativa tiene la maravilla de reducir los costos
de producción sobretodo en está época en que la alza de precios en la
canasta básica no puede ser accesible para un campesino que gana menos
de 40 pesos. “Una familia que se dedica a la agricultura orgánica puede
reducir hasta el 80 por ciento de insumos”, dijo.
Subrayó que las autoridades están en contra de esta forma de agricultura ya que los pueblos se organizan y se vuelven rebeldes.
Por
su parte la ambientalista de BCS, Mónica Robinson, expresó que si la
ciudadanía tuviera conocimiento habría un avance pero que en realidad,
en esa entidad es desconocida la agricultura orgánica y no se aprovechan
los residuos naturales como el bocachi para alimentar el suelo.
Los
campesinos que llevaron sus productos como jitomate, tomate tinguaraco,
chile de árbol, dulces de ajonjolí y jamaica, maíz morado llegaron de
Los Achotes, Buenavista, Coacoyul, Lagunillas y La Saladita, La Unión,
ubicados estos últimos en los municipios de Petatlán y La Unión, se
reunieron en las instalaciones del Museo Regional de la Costa Grande
para exhibir productos agrícolas cultivados sin fertilizantes ni
herbicidas químicos, también hubo conferencias sobre los daños de los
fertilizantes y herbicidas químicos así como los problemas regionales.
El
evento lo organizaron los grupos ecologistas Azulita, Guerreros Verdes,
la Red de Organizaciones y Grupos Ambientalistas de Zihuatanejo y
Pro-Costa AC.
Zihuatanejo, 30 de
noviembre. El integrante de la organización ecologista Azulita, Ernesto
León Sandoval informó que este próximo sábado realizaran el foro de
productores orgánicos Exposición Orgánica Campesina y lo
llevarán a cabo en el Museo Regional de la Costa Grande, con el objetivo
de impulsar entre los campesinos la agricultura orgánica.
Explicó
que el propósito también es hermanar a los campesinos productores
orgánicos desde las comunidades de Petatlán hasta Lázaro Cárdenas,
Michoacán, para que intercambien experiencias de trabajo.
Dijo que
uno de los problemas que enfrentan actualmente los campesinos de la
región es que sus productos no han sido posicionados en tiendas grandes o
en comercios pequeños, por lo que en la exposición buscarán la forma de
hacerlo.
Expresó que la utilización de los transgénicos, los
herbicidas y los fertilizantes químicos ha resultado dañino para el
campo y la salud de los agricultores que mantienen contacto directo con
estos productos.
Mencionó que una de las soluciones para recuperar
las cosechas es la organización de los núcleos del campesinado en la
región, “mira yo creo que una de las soluciones con que vamos a levantar
al campo es la unión, la organización de las comunidades para la
subsistencia, solo así también vamos a poder contra estos gobiernos
neoliberales”.
Anunció que en el encuentro habrá conferencias
sobre las problemáticas de las comunidades y se abordarán los casos
emblemáticos de la región como el conflicto del arroyo de Juluchuca y la
oposición de los pescadores y ambientalistas a la concesión de la
empresa Fonatur.
El ecologista dijo que al foro asistirán
campesinos de San Jeronimito, Juluchuca, Petatlán, Coacoyul,
Zihuatanejo, Pantla, La Saladita y del puerto de Lázaro Cárdenas,
Michoacán y realizarán una muestra gastronómica de sus productos.
Liberan sin pagar fianza a Omar Moreno, ejidatario detenido hace tres días, informan
Persiguen policías ministeriales a campesinos de Juluchuca, denuncian
Vigilan hombres en una camioneta color gris casa del ejidatario Salvador Flores, señalan
HERCILIA CASTRO
(Corresponsal)
Zihuatanejo, 26 de
octubre. Campesinos opositores a la concesión otorgada por la Comisión
Nacional del Agua (Conagua) a la empresa Agritsa SA de CV para la
extracción de material pétreo del arroyo de Juluchuca, denunciaron que
en el transcurso de la mañana fueron seguidos por una camioneta de
efectivos de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) y lo atribuyen a
las 15 órdenes de aprehensión giradas en contra el movimiento opositor.
El
ejidatario Salvador Flores informó que a las 8 de la mañana se percató
de que cuatro hombres a bordo de una camioneta color gris, se
encontraban afuera de su casa, cuando se disponía ir a su trabajo, pero
le resultó sospechoso y cambió de automóvil.
Explicó que su hijo
menor tomó su vehículo y al salir fue abordado por los individuos
quienes se identificaron como efectivos policiacos y le dijeron que iban
con la orden de detener a Flores.
Describió que en la misma situación se encuentran los demás campesinos movilizados contra los dueños de la empresa Agritsa.
En
el transcurso de la tarde, salió el campesino detenido hace tres días,
Omar Moreno Ayvar, a quien lo esperaban sus familiares afuera del Centro
de Readaptación Social (Cereso) de Zihuatanejo. No pagó fianza.
El
movimiento de campesinos opositores a la empresa Agritsa inició el 24
de noviembre del año pasado un plantón para detener la explotación y
extracción de material pétreo del arroyo de Juluchuca.
La
concesión de la empresa fue otorgada en 2009, pero los campesinos se
percataron hasta 2010, cuando empleados de Agritsa devastaron durante
dos días, más de ocho hectáreas de bosque aledaño al arroyo de la
comunidad y talaron árboles protegidos por la ley general de protección
al ambiente, como parota, ahuejote, culebro, capulín, pochota, noni,
hediondillo y huamúchil.
Fijan fianza en $100 mil; hay otras 8 órdenes de aprehensión contra defensores del arroyo
Detienen en Juluchuca a comunero opositor a la empresa Agritsa, denuncian
HERCILIA CASTRO (Corresponsal)
Zihuatanejo, 24 de octubre. Comuneros de Juluchuca opositores a la empresa Agritsa SA de CV denunciaron que efectivos de la Policía Investigadora Ministerial detuvieron al campesino Omar Moreno Ayvar, en el transcurso de la mañana, acusado del cargo de daños y perjuicios a la maquinaria de la empresa y que existe orden de aprehensión para ocho miembros más del movimiento.
El comisario ejidal de Juluchuca, José Luis Vargas Izazaga, relató que Moreno Ayvar fue inmediatamente trasladado al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Zihuatanejo, donde fue consignado y el juez le fijó una fianza de 100 mil pesos.
Calificó la detención de su compañero como una represalia al movimiento y dijo desconocer los nombres de los otros ocho militantes que tienen orden de aprehensión. Aseguró que los encargados de la empresa Agritsa fueron los que levantaron la denuncia en contra de Moreno Ayvar.
Dijo que la detención es una represalia también del alcalde Albino Santos Lacunza.
Por su parte, el comunero Irineo Ramírez Cortes lamentó la detención cuando sólo han manifestado su oposición a que la empresa extraiga material pétreo del arroyo, pero las autoridades correspondientes como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el alcalde no han solucionado el conflicto que les afecta.
La ambientalista Obdulia Balderas Sánchez consideró que es “clásico del sistema, entretener”, ya que a 11 meses de que los campesinos han hecho denuncias en las dependencias correspondientes como la Procuraduría General de la República lo único que han recibido es que “les paguen así: ni la PGR ni el gobierno han escuchado sus demandas”.
Señaló que hace más de seis meses el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado, Carlos Toledo Manzur, vino a atender el conflicto pero no tomó cartas en el asunto.
Cerca de 60 campesinos de Juluchuca y Rancho Nuevo, opositores a la concesión que le dio la Comisión Nacional del Agua a la empresa Agritsa, impidieron el paso de trabajadores, pero fueron rodeados minutos después por unos 25 policías municipales armados y con pasamontañas. FOTO: HERCILIA CASTRO
Llegan policías municipales, encapuchados y armados, a resguardar a los trabajadores
Impiden comuneros a empleados de Agritsa trabajar en río de Juluchuca
Los efectivos atendían denuncia de una balacera, explica delegado de Tránsito al comisario ejidal
HERCILIA CASTRO (Corresponsal)
Petatlán, 2 de septiembre. Unos 60 campesinos de las comunidades de Juluchuca y Rancho Nuevo, opositores a la concesión que otorgó la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a la empresa retroexcavadora Agritsa, impidieron el paso de trabajadores al frente de máquinas oruga y paibder, pero los comuneros fueron rodeados por unos 25 policías municipales quienes portaban armas y pasamontañas e iban en actitud retadora en seis patrullas.
Según vecinos de Juluchuca, a las 7 de la mañana observaron que los empleados de la empresa Agritsa reiniciaron los trabajos en el brazo del arroyo y corrieron la voz, por lo que después arribaron campesinos de Rancho Nuevo para detener y rodear la máquina e impedir que saliera del lugar.
Cerca de las 11 de la mañana ya estaban en el lugar más de 50 campesinos con el comisario ejidal, Jorge Luis Vargas Izazaga, quien discutía con el delegado de Tránsito de Petatlán, Juan Fernando Ortiz Villa, quien alegó que iba en representación del alcalde Albino Santos Lacunza, y estaba resguardado por efectivos policiacos que se desplegaban para rodear a los campesinos inconformes mientras llegaban más patrullas policiacas.
Ortiz Villa insistió en que buscaba el diálogo y expresó que estaba acompañado del cuerpo policiaco porque el batallón 19 del Ejército les había reportado una balacera en el poblado de Juluchuca y sólo constataban que no estuvieran armados los campesinos. Sin embargo, llegaron tres patrullas más.
Cuestionó que los campesinos llevaran machetes, a lo que respondieron a unísono los inconformes que “cómo no vamos a traer machetes si son nuestros utensilios de trabajo”.
Después de casi tres horas de fricción entre los campesinos y Ortiz Villa, incluso hubo un altercado verbal de un policía con un campesino, el cual tuvo que mediar el funcionario para que no llegara a más, los campesinos advirtieron que permitirían se retiraran las máquinas y los empleados, pero si volvían no dejarían salir las máquinas, pues se oponen a lo que consideran un daño al arroyo, el cual los surte de agua para sus milpas y oficio de pesca.
El delegado prometió que hablaría con Lacunza Santos para decirle que se incumplió con el convenio que tuvo el edil que fue con los comuneros el pasado domingo acompañado por su hermano Napoleón Lacunza Santos dueño de la empresa donde éste se comprometió a que no sacaría “ni un grano de arena”.
Niega el alcalde de Petatlán extracción de material pétreo en el arroyo de la comunidad
Familiares, los dueños de Agritsa, acepta Lacunza; minimiza conflicto en Juluchuca
HERCILIA CASTRO (Corresponsal)
Zihuatanejo, 4 de agosto. El alcalde de Petatlán, Albino Lacunza Santos, aceptó que los dueños de la empresa extractora Agritsa SA de CV, que explotan el arroyo de Juluchuca, son sus familiares pero se deslindó de la extracción de material pétreo.
Indicó que el terreno donde se explota el material pétreo aledaño al arroyo tiene la concesión otorgada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y pertenece a Napoleón Lacunza Santos, quien es su sobrino.
También dijo que hasta ahora no hay ninguna explotación y los campesinos han hablado de permisos que otorgó el municipio, pero “es falso porque son autorizaciones federales y en Juluchuca el aval fue dado por la asamblea de ejidatarios, que fue legal supongo yo”.
Respecto a que los pobladores informaron de una reunión sostenida la semana pasada con Lacunza Santos, el alcalde confirmó que fue cierto y se dio por indicaciones del gobernador Ángel Aguirre Rivero y ahora va a realizar una serie de reuniones con los inconformes.
Lacunza Santos aprovechó para decir que él, como pariente de los propietarios de la empresa, no tiene ninguna postura a favor ni en contra, pero los documentos de Agritsa son legales, aunque si fueran ilícitos, él como autoridad municipal detendrá los trabajos en el arroyo. “A lo mejor el sábado platicamos o si no el lunes”, indicó
“Quiero decirte y aclararte que no están trabajando en el río, el material es de otro lugar ya que ha habido una serie de plantones a las orillas del río”, sostuvo.
Aseguró que retiraría la empresa de ahí, pero las instalaciones se quedarían ya que compraron el terreno, “ellos están en su facultad de trabajar”.
Sobre las amenazas realizadas por su pariente, Napoleón Lacunza Santos, el presidente municipal negó que fuera cierto y alegó que son malos entendidos, pero “no hay nada de eso”.
Lacunza Santos dijo que visitó el terreno y sólo hay rastro de unos árboles, pero no hay señales de una devastación como dicen los campesinos opositores de Juluchuca.
Devastan empleados de Agritsa árboles en Juluchuca, denuncian
HERCILIA CASTRO, CORRESPONSAL
Petatlán, 28 de julio. Campesinos de Juluchuca denunciaron que la empresa Agritsa SA de CV devastó desde el martes y miércoles más de media hectárea de árboles, además fueron amenazados por Napoleón Lacunza Santos, hermano del alcalde de Petatlán, Albino Lacunza Santos.
El campesino Irineo Ramírez Cortes denunció que el martes por la tarde se dieron cuenta que trabajadores de la empresa Agritsa devastaron 600 metros de zona federal aledaña al arroyo que defienden desde hace ocho meses. Mientras que Félix Hernández Vargas relató que también ayer miércoles salió del terreno deforestado un trabajador de la empresa con un trascabo, a las 7 de la mañana, y al darse cuenta avisó a más campesinos que fueron a detener al empleado y le pidieron que dejara de tumbar árboles: “él sólo nos contestó que le pagan, que hace su trabajo porque le pagan”. Aseguró que a las 4 de la tarde, varios de los campesinos estaban en el lugar para cuidar que los trabajadores no continuaran con el derribo de flora y mientras vigilban el terreno llegó Napoleón Lacunza Santos para amenazarlos. “Nos dijo que nosotros no eramos nadie y que ya nos tiene demandados a mí, al comisario, a Irineo y a otros, que yo soy un chismoso, que me iba a echar preso”, declaró. “Ya recalentado, uno no respeta cáscaras de llaga y uno no se va a detenery pase algo más”, advirtió.
Comisario de Juluchuca, cómplice en saqueo del río
HERCILIA CASTRO
(Corresponsal)
Petatlán, 7 de julio.
Campesinos de Juluchuca anunciaron que interpondrán en breve un juicio
en contra del comisariado ejidal, Pedro Chávez Vargas, a quien acusan de
malversar las firmas de los ejidatarios de ese lugar para otorgar el
permiso a Napoleón Lacunza Santos para la extracción de material pétreo
del arroyo de la comunidad.
El campesino y ejidatario Valente
Magaña afirmó que Chávez miente al decir que los pobladores de Juluchuca
dieron sus firmas para el permiso de extracción de material pétreo que
la empresa Agritsa SA de CV ahora pretende hacer.
Magaña dijo que
debido a ese permiso ahora tienen el conflicto con la empresa Agritsa,
de la cual es dueño el hermano del presidente municipal Albino Lacunza
Santos, y sugirió que Chávez Vargas está en complicidad con el alcalde
de Petatlán.
Manifestó que Chávez Vargas mal utilizó las firmas
que dan los ejidatarios en las asambleas ejidales de cada mes y que ha
argumentado con eso que la comunidad de Juluchuca dio permiso para la
explotación del arroyo.
También advirtió que son más de 100
ejidatarios los que se oponen a la extracción de material pétreo sin
contar a las otras comunidades afectadas como La Ceiba y Rancho Nuevo.
Anunció
que por ese motivo los campesinos de la localidad entablarán un juicio
con las autoridades agrarias por la malversación de las firmas, ya que
no están dispuestos a ceder el arroyo, pues es su fuente de vida.
“Nosotros
no dimos nuestras firmas, por eso ya estamos juntando papeles los
ejidatarios para entablar un juicio contra Pedro Chávez, porque no dimos
ningún permiso y traicionó a su pueblo”, dijo.
Vigilarán el cauce; señalan que las autoridades ambientales son “corruptas”
Arrasa con árboles empresa del hermano del alcalde de Petatlán
Saca piedras del arroyo Juluchuca, acusan campesinos; el permiso de explotación es falso, afirman
HERCILIA CASTRO
(Corresponsal)
Petatlán, 5 de julio.
Campesinos de los poblados Juluchuca, La Ceiba y Rancho Nuevo, de este
municipio, denunciaron que empleados de la empresa Agritsa SA de CV
devastaron cerca de 100 metros de flora sobre el cauce del arroyo de la
comunidad.
El comisario Jorge Luis Vargas Izazaga, expresó que
la maquinaria empleada por los trabajadores de Agritsa abarcó 100
metros sobre el cauce del arroyo, destruyó árboles como ahuejote y
pino, y los trabajadores realizaron un muro de contención de tres
metros de altura, de arena y tierra, sobre parte de un brazo del
arroyo.
Por su parte, el ejidatario Irineo Ramírez Cortes dijo que
“esto es una maldad, ¿ya vio?, ¿a ver, qué van a comer los niños que
vienen a pescar al río si se seca el arroyo?”.
“Lo que la empresa
hizo es que echa arena y tierra por afuera de la parte que ya devastó
del arroyo para así decir que no está dañando, y aprovechó que ya
levantamos el plantón”, subrayó.
El campesino Valente Magaña,
señaló que el alcalde Albino Santos Lacunza, protege a su hermano
Napoleón Santos Lacunza, quien es el dueño de la concesión que le
otorgó la Comisión Nacional del Agua para la extracción de material
pétreo del arroyo de Juluchuca y que desde hace siete meses ha causado
conflicto en la comunidad.
Valente Magaña denunció que Napoleón
Santos Lacunza ha dicho que el pueblo le dio permiso para la extracción
de material, pero es falso.
Los campesinos manifestaron que
continuarán con la vigilancia al arroyo y se dirigirán con las
autoridades correspondientes, aún con la desconfianza ya que aseguran,
sólo ven corrupción.
“Vamos a seguir, aunque ya no creemos, porque
la Profepa y la Semarnat en el estado, están corruptas, no se puede
confiar en ellas”, manifestaron.
Levantan campesinos de Juluchuca plantón después de 7 meses
HERCILIA CASTRO, CORRESPONSAL
Petatlán, 24 de
junio. Campesinos de Juluchuca que mantenían un plantón desde hace siete
meses, levantaron su protesta en contra de la empresa Agritsa SA de CV,
por considerar que no tienen respuesta de ninguna autoridad. El
campesino Crisóforo Medina García confirmó que desde hace 15 días
retiraron el plantón que sostenían desde hace siete meses porque la
gente se encuentra decepcionada de que las autoridades no han respondido
en el conflicto ocasionado por la concesión otorgada a la empresa
Agregados de Ixtapa, Agritsa SA de CV que devastó ocho hectáreas del
bosque aledaño al arroyo. Por su parte, el campesino Irineo Ramírez
Cortes expresó que después de la visita del secretario de Medio Ambiente
y Recursos Naturales del gobierno estatal, Carlos Toledo Manzur, no ha
tenido ninguna comunicación con la gente de Juluchuca e ignoran que ha
sucedido. Aseguró que a pesar de haber levantado el plantón, continuarán
con recorridos para vigilar que los empleados de Agritsa no realicen
ningún trabajo.
Demandan cancelar la concesión que la Conagua autorizó a la empresa Agritsa
Encaran campesinos de Juluchuca a Toledo Manzur, de la Semaren
Usar la vía legal y crear un comité de vigilancia, sugiere el secretario en una visita al campamento
HERCILIA CASTRO
(Corresponsal)
Petatlán,
28 de mayo. Campesinos de Juluchuca que están en un plantón desde el 24
de noviembre encararon hoy en una reunión al titular de Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales en Guerrero (Semaren), Carlos
Toledo Manssur, y al delegado de la misma depedencia en la región, José
Martínez Espino, para exigirle solución al conflicto de la concesión
otorgada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a la empresa
Agritsa SA de CV, la cual devastó ocho hectáreas de bosque.
Campesinos
reclamaron a Toledo Manzur que pretendiera retirarse cuando apenas
comenzaba el diálogo con el argumento de que tenía programada una
reunión en Barra de Potosí.
Minutos después llegaron las
activistas de Zihuatanejo, Leovigilda Chávez y Obdulia Balderas
Sánchez, ésta última presidenta de la Red de Organizaciones y Grupos
Ambientalistas de Zihuatanejo (Rogaz).
La campesina Francisca
Rivas Vargas se quejó de que no podían hacer sus labores cotidianas
porque la empresa echaba lodo y basura al arroyo desde el inicio del
conflicto, y denunció que gente de Agritsa le dijo que ya tienen una
demanda ante la Procuraduría General de la República.
Toledo
Manzur respondió que hace unas semanas presentó el caso de Juluchuca en
una mesa de conflictos ambientales que se realizó en Acapulco, donde
estuvieron autoridades de Semarnat, Profepa y Conagua. Aconsejó a los
pobladores a empezar por la vía legal y solicitar la manifestación de
impacto ambiental; recordó que el gobernador se comprometió a resolver
el conflicto y conminó a los afectados a crear un comité de vigilancia
ambiental para denunciar cualquier delito al medio ambiente, pero ese
comité no tendrá recursos, aclaró.
Manifestó que de haber una
concesión y que la persona que la solicite, debe cumplir con estos
requisitos de impacto ambiental y si la Semarnat que es la encargada ve
el estudio entonces, no hay mucho que hacer.
“Nosotros hemos
ido a varias dependencias y aquí tenemos los documentos pero la
pregunta es por qué la Conagua le ha dado poder a esta empresa si
nosotros llevamos denunciando desde 2009”, cuestionó el ejidatario
Salvador Cortés.
Recalcó que la dependencia dio el permiso para
el inicio de construcción en octubre de 2010 y fue en noviembre cuando
la empresa devastó ocho hectáreas del bosque aledaño al arroyo.
Toledo
Manzur preguntó si conocían el permiso de construcción o el estudio de
impacto ambiental y pidió a los campesinos lo buscaran; Cortés
respondió que la Conagua ha dicho que existe la manifestación de
impacto ambiental. El comisario Jorge Luis Vargas Izazaga expresó que
la Conagua les ha dicho que no tiene porque darles copia del documento.
Los
campesinos le explicaron que han realizado desde noviembre pasado
varios viajes al Distrito Federal y Acapulco para reunirse con
autoridades pero no han tenido solución alguna y pidieron al secretario
hacer el recorrido por las hectáreas devastadas en las cuales le
explicaron incluso, había especies de flora protegidas por la ley.
En
el recorrido, los campesinos quisieron llevar a la zona más afectada
del arroyo, pero Toledo Manzur y Martínez Espino dijeron ya habían
visto suficiente y no llegaron al área dañada.
Toledo Manzur y José Espino se retiraron del lugar porque iban atrasados para reunirse con pobladores de Barra de Potosí.
“Mucha
parte de la molestia es que no han hecho caso, no se les tomó en cuenta
a los ejidatarios, esa es la molesta, están violentando sus derechos”,
dijo la ambientalista Leovigilda Chávez.
Entre los reclamos,
algunas mujeres denunciaron que hombres desconocidos les tumbaron la
enramada donde tenían sus utensilios provisionales de cocina, y les
destrozaron la estufa de barro con la que cocinaban en el plantón.
Hay afectaciones en al menos cuatro comunidades más del municipio, indican Pierden indígenas de Cochoapa el Grande la mitad de sus cosechas
Falta de lluvias y la mala calidad del fertilizante utilizado destruyeron los cultivos, lamentan
SERGIO FERRER (Corresponsal)
Cochoapa el Grande, 6 de noviembre. Indígenas de la cabecera municipal de este municipio de La Montaña, afirmaron que por la falta de lluvia desde los últimos días de septiembre y la mala calidad del fertilizante que reparte el ayuntamiento, han perdido la mitad de la cosecha de este año.
Isidro Flores Basilio declaró que por la falta de lluvia desde el 28 de septiembre se ha perdido la mitad de su cosecha que sembró en abril; regularmente el maíz tarde siete meses en crecer.
En un recorrido por su terreno de media hectárea que se ubica junto al río Colgado, Flores Basilio mostró el maíz, el cual no ha crecido y está seco, ratificando que otros pueblos como Tierra Baja, Joya Real, Dos Ríos o Vistahermosa resultaron más afectados perdiendo en algunoscasos toda la cosecha, porque a la sequía se agregó la presencia de plaga en los cultivos de maíz.
Al continuar con el recorrido por terrenos afectados, en la pequeña localidad de La Ciénega, el campesino mixteco Modesto Solano Rojas, ratificó lo informado por Flores Basilio, indicando que el fertilizante entregado por el ayuntamiento que dirige el perredista Daniel Esteban González, no sirve como el de años anteriores, “no funciona para este terreno” aseveró en lengua tun savi.
Por otra parte, en una reunión que sostuvieron principales de la localidad afuera de la iglesia del poblado, conversaron sobre los trabajos de delimitación de tierra con municipios colindantes y una posible denuncia contra policías estatales y judiciales quienes presuntamente les venden autos y después regresan para recoger los vehículos y multar a los propietarios.
Zeferino Gálvez Chávez, secretario del consejo de vigilancia de Bienes Comunales de Cochoapa el Grande, aseguró que la delimitación de territorios de Coyul, Cerro Tehuistepetl, Tierra Blanca, entre otros, que colindan con los municipios de Metlatónoc, Ometepec y Tlacoachistlahuaca, se están realizando sin la ayuda del presidente municipal, afirmando que le han enviado oficios para que asista a las asambleas con el fin de hablar sobre la delimitación de tierras en Cochoapa, sin obtener respuesta.
Gálvez Chávez, informó que presuntamente policías estatales y judiciales, han llegado a vender automóviles a gente de Cochoapa, para después ser ellos mismos quienes posteriormente acuden al municipio para recoger los vehículos y multar a los propietarios que en ocasiones son llevados a Tlapa.
Entrega el Cecop al TUA la solicitud para anular la asamblea donde se aprobó La Parota
Karina Contreras
Integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa
La Parota (Cecop) entregaron a la magistrada el Tribunal Unitario
Agrario (TUA) número 41, Martha Leticia Gracida Jiménez, la demanda
para que se anule la asamblea del 28 de abril que se llevó en la
comunidad de La Concepción, donde se aprobó que la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) iniciara los trámites administrativos para ocupar
mil 383 hectáreas.
También los comuneros opositores pidieron a la magistrada Gracida
Jiménez que emita una medida cautelar para que el gobierno del estado,
la Secretaría de la Reforma Agraria y la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) no inicien ningún procedimiento administrativo de
cambio de uso de suelo y que el comisariado de los Bienes Comunales de
Cacahuatepec “se abstenga de suscribir, elaborar, firmar o autorizar
cualquier documento relacionado con la construcción de la presa, hasta
que el TUA pueda analizar y entrar al estudio de la demanda que se
presenta”.
El asesor jurídico del Centro de Derechos Humanos de La Montaña
Tlachinollan, Rogelio Téliz García, explicó que el documento presentado
ante la magistrada es para pedir la nulidad de la asamblea donde “al
concepto del gobierno del estado se aprobó el proyecto de La Parota”.
Agregó que piden la nulidad de la convocatoria del 6 y 18 de abril y
como resultado la asamblea del 28 de abril porque “contraviene a lo que
marca la Ley Agraria”.
El abogado precisó que la convocatoria no fue debidamente fundamentada,
porque el artículo 23 de la Ley Agraria señala los temas que se deben
tratar en una asamblea o en su caso los que estén incluidos en el
reglamento interno del núcleo comunal.
“Es ilegal de acuerdo con la Ley Agraria, porque debes fundamentar qué
fracción debes llevar a cabo en la asamblea para tratar esos temas que
estás enlistando; en segundo lugar la convocatoria es ilegal porque se
hizo fuera del lugar habitual donde se llevan a cabo las asambleas que
es la comisaría de los Bienes Comunales de Cacahuatepec”.
La otra –agregó– es que la convocatoria no fue emitida con un mes de
anticipación como lo marca la Ley Agraria cuando se trata de temas de
expropiación, a fin de que puedan asistir los comuneros y puedan emitir
su voto.
Téliz García manifestó que en la asamblea del 28 de abril no se
permitió el acceso de los comuneros para emitir su voto, pues hubo más
de 600 policías impidiéndoles el paso al lugar.
Subrayó que la petición de nulidad va firmada por mil 500 comuneros y
solicitan además que el TUA se apegue a los principios de legalidad y
justicia para que emita una resolución conforme a derecho y a favor de
los comuneros, “porque en el escrito estamos demostrando que son
ilegales la asamblea y las convocatorias”.
Informó el abogado que como pruebas presentaron las convocatorias y las
constancias de comisarios que confirman que no se pegaron en los 47
anexos que integran los Bienes Comunales de Cacahuatepec, y “como hecho
notorio” entregaron las resoluciones de la nulidad de las asambleas del
2006 y 2007 que emitió el TUA las cuales estaban en el mismo sentido.
“Ya existe un antecedente, ya entró al estudio de esos documentos y
esta convocatoria y la asamblea va en ese mismo camino y ofreciendo
constancias y documentos que acreditan que no se llevo a cabo”, señaló.
Téliz García dijo que la anulación de asambleas pasadas es un
“precedente importante y jurídicamente interesante, porque el TUA tiene
amplio conocimiento y esperamos que emita un resolución conforme a
derecho, porque lo tenemos fundamentado”.
“Exhortamos al gobierno del estado a que no intente intervenir ante el
TUA para su resolución, esperamos que TUA aplique la justifica y que le
dé el derecho a quien le corresponde”, concluyó. http://www.suracapulco.com.mx/nota1e.php?id_nota=80092
Cercan policías el lugar de la asamblea sobre La Parota para impedir que lleguen opositores
Más de 300 policías estatales y municipales de Acapulco cercaron ayer
la comunidad de La Concepción, para impedir que lleguen hoy hasta ahí
los comuneros opositores a la presa La Parota para participar en la
asamblea de los Bienes Comunales de Cacahuatepec convocada para aprobar
el plan del gobierno de que los comuneros cedan sus tierras para el
proyecto hidroeléctrico.
Los comuneros opositores a la presa decidieron participar en la
asamblea, para decir que ya hubo una resolución definitiva con validez
legal, en la asamblea del 12 de agosto de 2007, que mediante votación
libre y con base en información que ahí se expuso, decidió rechazar el
proyecto hidroeléctrico. Su participación en la asamblea de hoy está
planeada para impedir que se vuelva a votar y se cambie esa resolución
mediante la fuerza.
Cerca de la una de la tarde de ayer, los integrantes del Consejo de
Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop) vieron
llegar decenas de camionetas con policías estatales y municipales, que
se apostaron en los caminos que llegan a La Concepción, además de los
policías que ya rodeaban el sitio donde está prevista la asamblea.
El abogado Alejandro Ramos Gallegos, del Centro de Derechos Humanos de
La Motaña Tlachinollan, que se encarga de la defensa jurídica del
Cecop, manifestó que se teme una acción represiva de los policías a los
opositores a la presa, porque éstos han decidido llegar a la asamblea,
si no les permiten la entrada en camionetas y vehículos se bajarán para
llegar a pie. Se prevé que en ese punto se pueda dar una agresión de
los policías a los comuneros y comuneras para tratar de impedirles
mediante la fuerza ejercer su derecho de participar en la asamblea para
manifestar ahí su posición contraria a la presa, que de acuerdo con
recientes asambleas es la mayoritaria.
Desde le domingo se observó que el sitio donde se realizará este 28 de
abril la asamblea estaba vigilado por policías. Ayer a la una de la
tarde llegaron más efectivos, de la Secretaría de Seguridad Pública del
gobierno del estado, de la Policía Investigadora Ministerial y de la
Policía Preventiva Municipal de Acapulco.
Los policías establecieron retenes y se apostaron en barricadas con
costales de arena y preparados con armas como si planearan algún
enfrentamiento o el combate de una guerra.
En uno de los retenes, los policías pararon a unos 20 comuneros
opositores a la presa procedentes de Huamuchitos, uno de los pueblos
más alejados del núcleo más poblado dentro del territorio de
Cacahuatepec, localizado al otro lado del río Papagayo. Eran como las 4
y media de la tarde, cuando los policías detuvieron varios minutos a
los campesinos que iban hacia Agua Caliente, les preguntaron de dónde
vienen a qué vienen, y les pidieron datos personales precisos, informó
vía telefónica el abogado Alejandro Ramos.
Dijo que la situación es muy tensa, “contamos alrededor de 38
camionetas cada una con entre ocho y 10 policías, en total unos 300
policías los que están apostados en diferentes puntos”, y especificó
que unos están apostados en el crucero de El Fraile, antes de La
Concepción en el camino que comunica con Agua Caliente, la comunidad
donde se concentra el mayor número de opositores a La Parota.
Cuatro camionetas con policías estaban desde ayer en el crucero de
Garrapatas, hacia el punto donde la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) pretende construir la cortina de la presa, y 15 camionetas con
policías se encontraban en el crucero de San Isidro Gallinero y otros
en el entronque de la carretera nacional por Tunzingo.
El abogado, que hizo ayer un recorrido por ese sitio, describió: “en el
crucero de Garrapatas hay antimotines y tienen barricadas con costales
de arena como si esperaran un enfrentamieno o una guerra; los policías
no detienen a la gente que pasa, pero la observan, están vigilantes”.
Con el despliegue policiaco, los comuneros no pueden decidir libremente: Tlachinollan
–¿Además de la llegada de la policía, han tenido los opositores alguna
advertencia expresa para que no vayan a la asamblea? –se le pregunta.
–No hay una advertencia expresa, pero el uso de la policía es más que
eso. Es un amedrentamiento para las comunidades, los comuneros que
pretenden acudir a la asambea se encontrarán con la fuerza policiaca
para inhibirlos o para materialmente impedirles el paso. Los comuneros
ya no van a decidir libremente.
Explicó: “La presencia policiaca es para que no entren los opositores,
estará mañana por la mañana en las tres entradas a La Concepción. El
temor es de que puede haber una agresión. Los opositores van a tratar
de llegar a la asamblea de manera pacífica para decir que ya hay una
resolución definitiva en contra de la presa y que no se debe volver a
votar si se acepta”.
Al parecer los policías se colocaron en sitios determinados para tratar
de impedir la llegada de los opositores a La Concepción, y los
opositores van a tratar de acudir por distintos lugares.
La mayoría de los efectivos policiacos están en la entrada por la
carretera federal de la Costa Chica a San Isidro Gallinero que llega a
La Concepción. Se prevé que por ahí van a llegar a la asamblea los
funcionarios del gobierno y comuneros que están de acuerdo con ellos.
Otra entrada, la principal de la carretera federal al territorio de los
Bienes Comunales de Cacahuatepec, pasa por Agua Caliente y de ahí se
llega también a La Concepción. En Agua Caliente están concentrados los
comuneros opositores a la presa, y los policías están en medio, en el
crucero de El Fraile, donde se teme que pueda ocurrir una agresión
policiaca.
El abogado manifestó la posición del Centro de Derechos Humanos de La
Montaña Tlachinollan, que es la misma del Cecop: “Nuestra posición es
que la asamblea de los Bienes Comunales de Cacahuatepec ya decidió, el
12 de agosto de 97, no a la presa. Es preocupante que con este nuevo
comisariado, que los opositores no reconocen, el gobierno de Zeferino
Torreblanca le apueste a imponer la presa por la fuerza, con
impedimento a la participación de los opositores en la asamblea”.
Consideró que no se cumplen los requisitos legales para la asamblea de
este miércoles 28 de abril. “Primero porque la asamblea debe ser libre,
y ésta no lo es; además se debe dar a conocer los pros y contras del
proyecto de la presa La Parota, y se debe reconocer legalmente quienes
puedan votar; tenemos el temor de que voten los difuntos, y gente que
está en Estados Unidos, como lo han hecho en otras asambleas”.
Dijo que el Cecop y sus defensores de Tlachinollan han dado aviso a los
organismos que defienden los derechos humanos, como la Comisión de
Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero y organismos no
gubernamentales, y a representantes como por ejemplo diputados, y a
miembros de organizaciones sociales para que acusan a observar lo que
ocurre hoy, y que exijan se respeten los derechos de los comuneros.
También están los 40 observadores de 15 organizaciones no
gubernamentales que estarán atentos a que la asamblea se lleve con
normalidad y de acuerdo con la ley.
El padrón de comuneros de Cacahuatepec tiene alrededor de 7 mil 350
integrantes. Pero muchos han fallecido o emigrado a Estados Unidos. Los
opositores a la presa son mayoría, por eso el gobierno trata de impedir
que participen en las asambleas en las que pretende imponer la
aprobación de la presa La Parota. (Redacción).
Llama al gobierno, a CFE y al comisariado “espurio” a cancelar la reunión
Advierte el Cecop que impedirá asamblea en La Concepción el 28
No se dejen lavar el cerebro, dice a comuneros; opositores convocan a ONG a evitar la reunión
FRANCISCA MEZA CARRANZA
Integrantes del Cecop durante la conferencia de prensa que sostuvieron en la comunidad de Agua Caliente en Acapulco
Foto: FOTO DAVID NOH COLLI
Comuneros
opositores a la presa La Parota exigieron al gobierno estatal y federal
la cancelación de la asamblea convocada por el comisariado ejidal para
el 28 de abril en La Concepción, porque consideraron que lo único que
se logrará será confrontar a los pueblos y responsabilizaron al
director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Alfredo Elías
Ayub; al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo y al presidente del
comisariado ejidal “espurio”, Eustaquio García Vazquez, de lo que pueda
ocurrir ese día.
Durante una reunión efectuada ayer en Agua
Caliente, los integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades
Opositores a la presa La Parota (Cecop) aseguraron que no permitirán el
desarrollo de la asamblea convocada por segunda ocasión, debido a que
además de que ésta presenta irregularidades, en la reunión del 12 de
agosto de 2007, los campesinos votaron no a La Parota.
Llamaron a
los comisarios a no dejar que les laven el cerebro los “achichincles”
de Torreblanca y a los habitantes a no perder de vista al secretario
particular, César Bajos Valverde y al secretario general, Guillermo
Ramírez Ramos, a quienes no les permitirán entrar a las comunidades,
porque “ellos nunca van a hablar con la verdad; sólo les preocupa
chingarse nuestras tierras, no les preocupan sus viviendas”, expuso
Jacinto Solís, de La Concepción. “Que entienda, que no sea burro”
En
conferencia de prensa posterior, representantes de diversas comunidades
que integran los Bienes Comunales de Cacahuatepec, como Tasajeras,
Garrapatas, La Concepción, El Rincón, Arroyo Verde, Salsipuedes,
Amatillo, Oaxaquillas, Huamuchito, Parotillas, Buena Vista Papagayo y
La Concepción, entre otras, expusieron su inconformidad ante la nueva
“embestida” del gobierno y la manera amañada en que se pretende aprobar
la expropiación de mil 300 hectáreas de tierras para la presa La Parota.
“No
queremos el proyecto; que el gobernador no sea caprichoso, que
entienda, que no sea burro, muchas veces le hemos dicho que no queremos
el proyecto y no entiende”, aseveró Floriberta Salazar Salado, de
Arroyo Verde.
Fidencio Gelasio, de Amatillo, sostuvo que la
decisión de los comuneros ya fue expuesta en la asamblea del 12 de
agosto y criticó que el gobierno del estado insista en llevar a cabo un
proyecto que no quieren en sus tierras cuando le han pedido otros para
beneficio de la comunidad y no les hace caso.
Acusó que los
comisarios que están en favor del proyecto, sólo invitan a los
simpatizantes a las asambleas y cuestionó el hecho de que algunas veces
se hagan cuidar por policías, pues manifestó que es indicativo de que
saben que hacen mal. También defenderemos
Durante
la reunión participó un grupo de jóvenes de al menos 15 años, quienes
aseguraron que no permitirán el despojo de las tierras que trabajan sus
padres y rechazaron esa acción forzosa.
“Nosotras y nosotros
nacimos en Cacahuatepec, somos de Cacahuatepec y seguiremos viviendo en
Cacahuatepec. No nos van a sacar de nuestros pueblos”, expuso una de
ellas.
Resaltaron que las niñas, niños y mujeres, en especial las
mayores, no están dentro de los padrones de comuneros; sin embargo, sí
serían de los desplazados en caso de que se hiciera la presa.
“Las niñas y los niños tenemos derechos y los haremos valer. Desde aquí les decimos que la presa no se hará”, sostuvieron.
Asimismo,
llamaron a las organizaciones defensoras de los derechos humanos y
democráticas de Guerrero y a nivel nacional a acompañarlos a La
Concepción para que juntos eviten cualquier acto que quisieran montar y
provocar la confrontación.
Llamaron a la comunidad internacional,
a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a Amnistía
Internacional (AI) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), a estar atentos ante el nuevo atentado y violación de nuestros
derechos humanos.
En la reunión y conferencia de prensa se contó
con la participación de abogados del Centro de Derechos Humanos de La
Montaña, Tlachinollan.
El gobierno federal a través de la Comisión Federal
de Electricidad (CFE) y la Procuraduría
Agraria, con la ingerencia del gobierno del estado de
Guerrero han reiniciado el camino de la confrontación entre campesinos con la
intención de remontar su fracaso de siete años en que, los comuneros y
ejidatarios, en defensa de nuestras tierras y derechos, hemos detenido el
proyecto hidroeléctrico Presa La Parota.
Insisten en su objetivo de construir la presa en contra de la
voluntad de los pueblos. La Procuraduría Agraria nombró, a espaldas de las
comunidades, a un comisariado comunal, que está cumpliendo con el objetivo que
le fijaron al nombrarlo: llamar a una asamblea en los Bienes Comunales
Indígenas de Cacahuatepec el día 28 de abril de 2010 en segunda convocatoria,
con el fin de obtener, a como dé lugar, el permiso del núcleo agrario para
iniciar los procesos de cambio de uso del suelo y de ocupación previa de
nuestras tierras a favor de la Comisión
Federal de Electricidad.
DECLARAMOS
* No permitiremos que nos arrebaten nuestras tierras; las defenderemos
hasta con la propia vida como lo dijimos desde hace siete años en que
comenzamos nuestro movimiento de resistencia. Seguimos firmes en la defensa de
nuestros derechos al territorio y a la vida. Nuestra decisión y nuestro lema
sigue siendo ¡LA TIERRA NO
SE VENDE!
* La convocatoria a la asamblea del día 28 de abril es ilegal desde su
formulación, además de ser convocada por un comisariado espurio no reconocido
por los comuneros.
* El gobierno optó nuevamente por el camino de la ilegalidad al convocar
a una asamblea comunal en los mismos términos viciados de la Asamblea Comunal
de agosto de 2005, que por su ilegalidad fue declarada nula: El Tribunal
Unitario Agrario del Cuarenta y un Circuito con residencia en Acapulco, Gro.,
decretó la nulidad del acta de la asamblea del 23 de agosto de 2005.
* Ese fallo del Tribunal Unitario Agrario, de fecha 17 de enero de 2006,
es similar al que se dio en los ejidos Los Huajes, Dos Arroyos y La Palma. Son cuatro juicios
ganados por nuestra lucha, que impiden a la CFE entrar a nuestras tierras a realizar
cualquier trabajo relacionado con la presa La Parota. Esa resolución judicial
dio un marco de protección, hasta ahora vigente, al territorio comunal de
Cacahuatepec y a los ejidos; sin embargo las gentes del poder están de regreso
con su intención de imponer su proyecto
que es rechazado por los pueblos, pero además, utilizando sus mismos métodos
ilegales y corruptos: comenzaron ya a comprar el voto, rasuraron el padrón y su
comisariado títere se dedicó en las últimas semanas a sacar firmas con el
engaño de aplicarlas para solicitar proyectos. Nadie duda del uso fraudulento
que se dará a esas firmas.
* El gobierno se ha movido en la impunidad, sin embargo los campesinos
haremos valer nuestros derechos. La
CFE tiene que responder de los daños causados durante estos
siete años, particularmente de los cuatro compañeros muertos. La CFE ha confrontado a los
pueblos y ha roto el tejido social. Tendrá que responder ante la autoridad.
Además le exigimos salir de nuestros territorios de los Bienes Comunales y de
los Ejidos afectados por su proyecto.
* Acudiremos nuevamente a las instancias internacionales, comenzando con
la ONU. Seguimos
nuestra lucha en la defensa de nuestros derechos, amenazados una vez más por el
Estado mexicano. El gobierno no cumplió
las recomendaciones de años anteriores emitidas por los organismos de la ONU y dirigidas al Estado
mexicano que “lo obligan a reconocer los derechos de propiedad y posesión de
las comunidades sobre las tierras que ocupan… le exigen acatar las órdenes de
los tribunales mexicanos, concretamente del Tribunal Agrario… y lo urgen a respetar
los derechos a la vida, a la subsistencia, y el derecho de los comuneros sobre
sus territorios y tierras, que son tierras comunales y no son mercancías a ser
compradas y vendidas”.
* En este momento en que la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) emitió una sentencia contra el Estado mexicano,
entre otros, por un caso de represión, tortura y desaparición forzada cometido
en el estado de Guerrero, denunciaremos ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos esta nueva agresión y violación de nuestros derechos.
* La decisión del NO A LA
PAROTA ya fue tomada en la Asamblea General,
legal y debidamente convocada e instalada del 12 de Agosto de 2007 en que la CFE habló de su proyecto y, a
la vez, expertos convocados por el CECOP demostraron la inconsistencia, el
rechazo social y las afectaciones ambientales irreversibles del mismo: más de
cinco mil campesinos, opositores y afines al proyecto, TODOS, unánimemente,
votamos NO A LA PAROTA. Esa
decisión la asumimos y la respetamos. Exigimos a los gobiernos federal y
estatal que la respeten.
DEMANDAMOS
-- Respeto a los derechos a la tierra, al agua y a la vida de todos los
habitantes de Cacahuatepec, sean comuneros o no. Las niñas, los niños y los
jóvenes de los Bienes Comunales no estamos en el padrón, como tampoco la
mayoría de las mujeres adultas, sin embargo también seríamos desplazadas y
desplazados si los dejamos hacer la presa. LAS MUJERES, LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS
TENEMOS DERECHOS Y LOS HAREMOS VALER. DESDE AQUÍ LES DECIMOS QUE LA
PRESA NO SE HARÁ.
-- No permitiremos ser despojados
de las tierras que trabajan nuestros padres para darnos sustento y escuela.
Rechazamos el desalojo forzoso. Nosotras y nosotros nacimos en Cacahuatepec, somos
de Cacahuatepec y seguiremos viviendo en Cacahuatepec. No nos van a sacar de
nuestros pueblos.
-- Demandamos y exigimos a los
gobiernos federal y estatal, cancelen la asamblea que pretenden hacer en
segunda convocatoria el día 28 de abril en el poblado de La Concepción. Es
una abierta provocación considerando que el Congreso de la Unión canceló el proyecto La Parota del presupuesto de
2010 y la CFE la
declaró suspendida.
-- Llamamos a las organizaciones
defensoras de los derechos humanos y a todas las organizaciones democráticas de
Guerrero y a nivel nacional, que estén con nosotros en el poblado de La Concepción para que
juntos evitemos cualquier acto de provocación que quisieran montar y con esto
provocar la confrontación. Nuestro llamado es a la unidad de los pueblos y a
que ningún comunero ni habitante de Cacahuatepec se preste al juego del
comisariado espurio que pretende vender las tierras que no son suyas, sino que
son de todos y cada uno de quienes vivimos y trabajamos en los Bienes
Comunales.
-- Prevenimos a la comunidad
internacional, a la ONU,
Amnistía Internacional, a la Comisión
Ineramericana de Derechos Humanos (CIDH), estén atentos a
este nuevo atentado y violación de nuestros derechos humanos. Queda claro que
no estamos dispuestos a ser despojados de nuestras tierras, el agua y el
territorio. Rechazamos el desalojo forzoso. Impugnamos el despojo como método
para llevar a cabo el proyecto La
Parota así como cualquier otro megaproyecto. Reiteramos que
defenderemos las tierras hasta con nuestra propia vida.
-- Rechazamos la provocación y
exigimos al gobierno se abstenga de traer policías y fuerza pública como lo
hizo en todas las asambleas comunales y ejidales anteriores.
-- Responsabilizamos a Alfredo
Elías Ayub, director general de la
CFE y a Zeferino Torreblanca, Gobernador del estado de
Guerrero, de cualquier acto de provocación o de represión que pudiera acontecer
el 28 de abril en La
Concepción o en cualquier otro poblado de los Bienes
Comunales Indígenas de Cacahuatepec.
* Exigimos al gobierno federal LA CANCELACIÓN DEFINITIVA
DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO PRESA LA
PAROTA.
* Repetimos una y mil veces: NO VAMOS A PERMITIR QUE NOS QUITEN NUESTRAS
TIERRAS. LA
PAROTA NO VA.
¡ LA
TIERRA NO SE VENDE !
Aguacaliente,
Cacahuatepec, Mpio. de Acapulco, Gro. 25 de abril de 2010.
