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jueves, 31 de diciembre de 2009

Organizaciones se solidarizan por las amenazas de muerte contra el Tadeco

Ofrece el alcalde Astudillo protección a los activistas en el centro de Chilpancingo
Organizaciones se solidarizan por las amenazas de muerte contra el Tadeco

Urge que se brinden medidas cautelares contra los integrantes, demandan en documento

M. CASTRO, C. GILES, M. DE LA O Y F. MEZA (Reporteras y corresponsal)

Los integrantes del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) que han sido amenazados de que estarán en la lista de desaparecidos, por el movimiento que emprendieron desde hace aproximadamente tres años exigiendo la presentación con vida de personas desaparecidas, solicitaron a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) el otorgamiento inmediato de medidas cautelares para la protección de su integridad física.

Asimismo, solicitaron a las organizaciones sociales de la entidad respaldarlos y a la ciudadanía en general a que esté pendiente del desarrollo de los acontecimientos, a raíz de las amenazas de muerte recibidas en sus teléfonos celulares.

Las amenazas contra los integrantes del Tadeco, organización civil que fundó el Comité de Familiares y Amigos de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados, reiniciaron el pasado 19 de diciembre a raíz del robo de un celular a Miriam Altamirano, responsable del módulo de información, cultura y denuncia que el Tadeco tiene instalado en el zócalo.

El primer mensaje proveniente de un número privado lo recibió Isabel Rosales Juárez y de ahí sucedieron otros seis a tres de los integrantes más visibles del Tadeco.

En estos les advierten que ellos también van a estar en la lista de desaparecidos, que sus fotos estarán en el mural emblemático del Comité de Familiares, en el que están los rostros de las víctimas acumuladas desde hace cerca de tres años.

Javier Monroy Hernández, coordinador del Tadeco, señaló que tras estas amenazas saben que sus vidas corren peligro y por esa razón, aparte de interponer su denuncia penal por amenazas, solicitaron a la PGJE el otorgamiento inmediato de medidas cautelares para los miembros y colaboradores de la organización.

Quienes principalmente han sido amenazadas son la socióloga Isabel Rosales Juárez y la encargada del módulo de información, instalado en el zócalo de Chilpancingo.

A Monroy Hernández le han mandado mensajes diciéndole que le van a dar en la persona que más le duele, en la del centro; es decir, a quien cuida el módulo.

Los integrantes del Tadeco tienen la certeza de que son vigilados permanentemente, por lo que también solicitaron al ayuntamiento capitalino que los agentes de Gobernación que luego los están cuidando para ver qué hacen, que ahora los vigilen para proteger su integridad.

Llamado urgente

Por su parte, las organizaciones sociales lanzaron una acción urgente por las diversas amenazas que están recibiendo los integrantes del Tadeco, pues recalcaron que es una muestra más de que en Guerrero se siguen violentando las garantías a los defensores de derechos humanos.

Organizaciones como la Red de Organizaciones y Grupos Ambientalistas de Zihuatanejo (ROGAZ), la Red de Manglar Internacional (RMI), el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (Cecop), el Frente Opositor al Muelle de Icacos (FOMI), la organización de vecinas en defensa del cerro del Huamilule; la CETEG y el Movimiento Popular Vicente Guerrero, de Tixtla, reprocharon las diversas agresiones contra el Tadeco, que forma parte de la Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Sociales de Guerrero (COMSG).

“El clima de violencia ya de por sí es hostil, se ejerce diario en la entidad, sumado a la flagrante violación a los derechos humanos y a quienes diario estamos en la protesta ciudadana hace que el día de hoy protestemos enérgicamente contra las amenazas sufridas de los compañeros del Tadeco”, indicó Hercilia Castro, de la RMI.

Criticaron que ante la defensa y promoción de los derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales, las respuestas sean agresiones e intimidaciones diarias, “que sólo remarcan la ineptitud del gobierno estatal”, y que a pesar de que organismos internacionales han constatado la vulnerabilidad de los derechos en la entidad, las autoridades estatales hacen alarde de que sí se respetan.

“Las amenazas que sufren los compañeros Javier Monroy e Isabel Rosales quienes han sido los que más se han ocupado de darle seguimiento a la situación del ecologista Javier Torres y la incursión Ejército en las comunidades Puerto las Ollas y Las Palancas en la región de Tierra Caliente, la defensoría a los pobladores del (cerro) Huamilule, en Petatlán, son una muestra de que sí se violan los derechos humanos y que no hay garantías para los que se encargan de defender y promover estos derechos”, destacó.

Por tal motivo exigieron que cesen todo tipo de hostigamiento contra los integrantes del Tadeco; que se investigue quiénes son los causante de dichas amenazas además de que responsabilizaron al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo de cualquier daño a la integridad física.

Los integrantes del COMSG protestaron de manera enérgica por las amenazas sufridas por sus compañeros de la capital del estado, pues “no es posible que en la defensa y promotoría por la defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales se cierna una agresión e intimidación diaria contra quienes sólo remarcan la ineptitud del gobierno estatal.

“Exigimos se investigue quiénes son los causantes de esta situación, que pone en vilo a los compañeros y a todos los que luchamos por la defensa de los derechos humanos; Guerrero está resaltando no por sus logros y avances en derechos humanos, sino por la burla a ellos en manos de quienes nos gobiernan”, finalizaron.

Los firmantes están firmes en continuar con la lucha por los derechos, la cual enfrentarán de manera unida, y aseveraron que situaciones como la que actualmente sufre el Tadeco no los amedrentará.

Protección especial

Mientras tanto, el alcalde Héctor Astudillo Flores aseguró que brindará la protección que piden los integrantes del Tadeco.

A propósito de las medidas preventivas que le pidió el coordinador del Tadeco, Javier Monroy, el presidente municipal respondió que siempre que han solicitado su ayuda en casos como éste, ha respondido, porque una de sus funciones, precisamente, es brindar seguridad a la ciudadanía.

Aseguró que si la organización social está pidiendo ayuda especial del gobierno municipal, no tendría ningún inconveniente en dársela, “y si puedo hacer algo más, con mucho gusto lo haremos”.

En la entrevista de hoy, uno de los cuestionamientos fue si el ayuntamiento estaría en condiciones de asignarles elementos para la seguridad personal de los integrantes de Tadeco, que recibieron una serie de mensajes en sus teléfonos celulares con amenazas de muerte, pero el alcalde no afirmó ni desechó esa posibilidad, sólo aclaró que “nunca se ha hecho, pero yo vería cómo hacerle”.

Astudillo dijo que una posibilidad podría ser el reforzamiento de la seguridad en el zócalo, donde la organización tiene su módulo de información, cultura y denuncia, para mantenerlos resguardados.

El lunes los integrantes de Tadeco interpusieron su denuncia ante el Ministerio Público y la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum).

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/12/30/index.php?section=sociedad&article=005n1soc

martes, 13 de octubre de 2009

Más de 100 organizaciones marcharán el jueves en solidaridad con el SME

Anuncia COMS que se sumarán a protestas de electricistas

Más de 100 organizaciones marcharán el jueves en solidaridad con el SME

MARLÉN CASTRO ( )

Chilpancingo, 12 de octubre. Por lo menos medio centenar de organizaciones sociales de la entidad que convergen en la Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Sociales de Guerrero (COMS) y la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) acordaron que participarán este jueves en la marcha convocada por el Sindicato de Trabajadores de Electricistas (SME) en protesta por la liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y que se van a sumar a todas las actividades que lleven a cabo los electricistas.

Por la mañana, en una conferencia de prensa en esta capital, Rodolfo Chávez, del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop), convocó a las organizaciones sociales y sindicales de Guerrero a impulsar un proyecto de unidad en defensa del sindicalismo.

Alertó que la liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza por el presidente Felipe Calderón, lo que implica el despido de unos cuarenta mil trabajadores, “es el golpe más fuerte de la ultraderecha y es la antesala de la militarización del país, que nos puede llevar al fascismo”.

En la COMS convergen organizaciones como el Cecop, el Comité de Familiares, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG) y Amigos de Asesinados, Desaparecidos y Secuestrados de Guerrero, entre una veintena más.

La COMS anticipó que a la marcha convocada por el SME el próximo jueves estarán presentes con un contingente de aproximadamente 500 personas de las diferentes organizaciones que conforman la coordinadora.

Más tarde, la APPG y otras organizaciones que participaron en el foro estatal indígena en el marco del día internacional de la resistencia y dignidad de los pueblos originarios, se pronunciaron a favor del SME y contra el golpe bajo del gobierno del presidente Felipe Calderón contra ese organización sindical.

Acordaron que como acción inmediata para manifestar su rechazo a la liquidación de la Compañía participarán en la marcha del próximo jueves y nombraron una comisión de coordinación entre el movimiento de electricistas y las organizaciones sociales agrupadas en la APPG.

Arturo Miranda Ramírez, dirigente de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), integrante de la APPG, calificó de “una toma cobarde” la acción emprendida por el gobierno federal, y advirtió que se pretende aniquilar no sólo al SME, sino a todos los movimientos sociales o sindicales que no se sumen al proyecto calderonista.

Coincidió con Rodolfo Chávez en que lo hecho por Calderón “son acciones propias de los gobiernos fascistas”.

La APPG adelantó que estarán como unos 500 activistas en la marcha del próximo jueves de las organizaciones sociales que aquí convergen।

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/10/13/index.php?section=politica&article=004n2pol


jueves, 27 de agosto de 2009

Boletin de Prensa por Detención arbitraria a elementos de la Policía Comunitaria en Costa Chica, Guerrero

Zihuatanejo, Guerrero a 27 de Agosto del 2009BOLETIN DE PRENSAEl día de ayer se hizo pública la detención arbitraria por parte de elementos castrenses de doce policías comunitarios en la comunidad de General Enrique Rodríguez del municipio de Marquelia en la región de Costa Chica, por medio de una acción arbitraria de más de 80 militares. Éstos hechos que ocurrieron el pasado sábado 22 de agosto, se basaron en el supuesto de que los detenidos no portaban identificación y se les acusó de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR), siendo así detenidos inicialmente 12 miembros de la Policía Comunitaria de los cuales fueron liberados posteriormente 6 inicialmente y el resto debió pagar una fianza de cien mil pesos.Denunciamos que este hecho constituye una agresión más del Gobierno Mexicano a un proyecto de justicia y seguridad pública alternativo que durante ya quince años ha logrado demostrar su viabilidad y ha evidenciado la inoperancia y corrupción del sistema de justicia gubernamental, por lo que ahora no solamente debe enfrentar a la delincuencia sino principalmente los embates que mediante una guerra sucia pretende desestabilizarla y aniquilarla.Sabemos que los policías comunitarios agredidos por el Ejército Mexicano acreditaron debidamente que sus documentos de identificación están en trámite y que esto fue ignorado por los militares con el objeto de afectarlos y montar una provocación que justifique la represión, incluso el artilugio de acusarlos de pertenecer al EPR, demuestra las verdaderas intenciones de esta acción ilegal que atenta contra la autonomía de los pueblos de esta región guerrerense que esta resistiendo no solo el hostigamiento militar y policiaco oficial sino la presencia agresiva y provocadora de grupos paramilitares que pretenden frenar el avance de la Policía Comunitaria.

Por lo anterior, la Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Sociales de Guerrero (COMSG) demanda al Estado Mexicano el respeto total a la Policía Comunitaria y a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, demanda el respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas, rechaza rotundamente ésta agresión a nuestros compañeros y se solidariza con su lucha y su proyecto alternativo de justicia y seguridad pública basado en sus usos y costumbres.

¡PORQUE GUERRERO TIENE HISTORIA: NOS VEMNOS EN EL 2010!COORDINADORA DE ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES EN GUERRERO

COSMG

Responsables de la publicación:TADECO-Javier MonroyRMI-Hercilia CastroCETEG- Luis MuñozROGAZ-Obdulia BalderasMovimiento Popular Vicente Guerrero – Gonzálo Molina

sábado, 1 de agosto de 2009

Garantías a la libertad de expresión, demandan organizaciones sociales al gobierno estatal

Garantías a la libertad de expresión, demandan organizaciones sociales al gobierno estatal



La Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Sociales de Guerrero (COMSG) exigió que se haga público el resultado de la necropsia realizada al cuerpo de Juan Daniel Martínez Gil, para esclarecer si murió a consecuencia de los golpes o fue asfixiado por la cinta canela con la que le cubrieron el rostro.
En una carta enviada a la Redacción de El Sur, la coordinadora exige que la procuraduría investigue y aclare cuál fue el móvil de ese asesinato a otro periodista de Guerrero y que no se le dé carpetazo “como acostumbran hacer”.
Los integrantes del organismo se solidarizan con la familia de Martínez Gil y señalan que la entidad está considerada como una de las más peligrosas para ejercer el periodismo, porque “el gobierno estatal se ha ensañado en callar a quienes apoyan a las organizaciones sociales y exhiben los actos violatorios a las garantías individuales y derechos humanos”.
“Desde demandas por ‘daño moral’ que hacen los hermanitos incómodos de los gobernadores en turno, hasta la desaparición forzada y el asesinato a los periodistas, son clásicos en un estado como Guerrero, donde la impunidad del cacicazgo es la ley para los que se dicen gobernadores y olvidan que fueron electos por voluntad popular”, afirma el documento.
La Coordinadora señala que en la entidad hay “una cacería de brujas” con la criminalización de la lucha social, la censura, la represión y los crímenes contra la libertad de expresión”, y pone como ejemplos el caso del corresponsal de Televisa en Acapulco, Amado Ramírez Dillanes, y la desaparición del hijo del secretario general de de la delegación 25 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, Cecilio Molina.
Pide respeto a la libertad de expresión y un alto definitivo a la criminalización de la lucha social y a las violaciones a los derechos humanos, civiles y políticos.
Firman la carta Luis Muñoz, de la CETEG; Hercilia Castro, de la RMI/RNR; Javier Monroy, de Tadeco; José Sánchez Sánchez, de Abogados sin Fronteras; Bernardo Solís Radilla, de la UCD; Gonzalo Molina, del Movimiento Vicente Guerrero de Tixtla; Obdulia Balderas y María Lourdes Armenta, de la ROGAZ; Isabel Garibo, de Colonos Cerro de Huamilule; y Luis Luna, del Colectivo Bandera Roja de Iguala. 


http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=63699

COMUNICADO DE PRENSA COMSG

Zihuatanejo, Guerrero a 1 de Agosto del 2009
COMUNICADO DE PRENSA

La Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Sociales de Guerrero (COMSG) repudia totalmente el crimen artero en contra de Juan Daniel Martínez Gil locutor de W Radio en Acapulco, así mismo de todos los asesinatos y actos de hostigamiento en contra de los periodistas en el Estado.

Tal pareciera qué, el ejercer el oficio arduo del periodismo sea una amenaza para el gobierno estatal y federal, que cada vez se empeña en silenciar a quienes diariamente sacan a la luz pública las corruptelas de los encargados de administrar los recursos de sus gobernados.

Guerrero está considerado como una de las entidades más peligrosas para ejercer esta noble profesión y el gobierno estatal se ha ensañado en callar a quienes nos apoyan en exhibir los actos violatorios a nuestras garantías individuales y derechos humanos. Asesinan alegando riñas de familia, crímenes pasionales, o simplemente se limitan a decir que “desconocen el móvil del homicidio”.

Desde demandas por “daño moral” que hacen los hermanitos incómodos de los gobernadores en turno, hasta la desaparición forzada y el asesinato a los periodistas son clásicos en un estado como Guerrero, donde la impunidad del cacicazgo es la ley para los que se dicen gobernadores y olvidan fueron electos por voluntad popular.

Todo el estado de Guerrero vive una cacería de brujas y la cínica criminalización de la lucha social, así, como la censura, represión y crímenes en contra de la libertad de expresión; Siguen los casos de Cecilio Molina sin esclarecer, de Amado Ramírez corresponsal de Televisa, el hostigamiento por parte del ejército y policía estatal a periodistas y corresponsales y ni las recomendaciones de Articulo 19 ni instancias internacionales importan a el gobierno federal.

El estado mexicano ha sido sentado en el banquillo de los acusados gracias a el apoyo de los medios de prensa estatales qué aún mantienen su convicción y ética informativa, su compromiso con la sociedad ayudando a difundir casos como el de Rosendo Radilla , Puerto de Las Ollas y Las Palancas, los desaparecidos del Comité de Familiares y Desaparecidos en Chilpancingo, la violación a Inés Fernández indígena me´pha , el movimiento de la CETEG en contra de la ACE, la masacre de Aguas Blancas, el tráfico de influencias y explotación del río Santa Catarina, triunfos como la cancelación del muelle de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Zihuatanejo, y la injusta encarcelación a luchadores sociales como Máximo Mojica o la persecución Javier Torres, así como solo publicar la propia declaración de Zeferino Torreblanca Galindo diciendo que el cacique Rogaciano Alva es su amigo cuando bien se sabe hay otros nexos, el dispendio del auditor de la AGE Rendón Romero, el asesinato contra Manuel Ponce y Raúl Lucas de la OFPM, la huelga de los mineros de Taxco y muchos casos mas que no pararíamos de mencionar.

Es por ello que exigimos:

-Se investigue el crimen de Juan Daniel Martínez Gil sea cual fuere el móvil y no se deje como una denuncia más o le den carpetazo como acostumbran hacer.
-Apoyo a su familia y un abogado de oficio que, por ley les corresponde
-Seguimiento al caso, así cómo se de a la luz pública los resultados por la asfixia a la que fue sometido
-Respeto al Derecho a la Libertad de Expresión
-Alto a la criminalización de la lucha social y las violaciones a los derechos humanos, civiles y políticos, y garantías individuales de los ciudadanos Guerrerenses
La COMSG manifiesta su más sentido pésame con la familia de Martínez Gil y reitera su compromiso de lucha con las causas sociales así como con la ciudadanía que somos todos, y la solidaridad para todos aquellos que en Guerrero o en las diferentes entidades de nuestro país y nuestro continente existen.

COMSG
COORDINADORA DE ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES DE GUERRERO

¡¡¡Porque Guerrero tiene historia… nos vemos en 2010!!
Responsables de la publicación:
Luis Muños – CETEG
Hercilia Castro-RMI/RNR
Javier Monroy-TADECO
José Sánchez Sánchez-Abogados sin Fronteras
Bernardo Solís Radilla-UCD
Gonzalo Molina –Movimiento Vicente Guerrero de Tixtla
Obdulia Balderas y Ma. Lourdes Armenta-ROGAZ
Isabel Garibo- Colonos Cerro de Huamilule
Luis Luna-Colectivo Bandera Roja de Iguala

lunes, 27 de julio de 2009

Marchan opositores y organizaciones por el sexto aniversario del Cecop

Marchan opositores y organizaciones por el sexto aniversario del Cecop



Aurora Harrison 


Unas 150 personas, entre integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop) y organizaciones sociales marcharon hasta la iglesia del poblado de Aguacaliente donde se llevó a cabo una misa por el sexto aniversario de ese movimiento que ha obtenido la suspensión del proyecto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El vocero del Cecop, Felipe Flores, afirmó que van a continuar las acciones para obtener la cancelación definitiva pues “la Parota no puede ir”.
Indicó que van a organizar y renovar los esfuerzos porque “la CFE y algunos líderillos están con el dedo en el reglón de que La Parota va, creo que a estas alturas no puede ir”.
Al mediodía, los opositores, en compañía de organizaciones sociales y de los diputados federales del PRD, Cuauhtémoc Sandoval Cruz, así como José Antonio Almazán, marcharon hasta la iglesia del poblado, donde escucharon la homilía en la cual no estuvo presente el vocero Marco Antonio Suástegui, quien llegó hasta el final de la misma.
Unos de los manifestantes traían una cruz de madera, otro llevaba en las manos una palma, otro unos aguacates, una señora una bandeja con tierra y limones, otra llevó una pecera con agua y adentro una flor, las cuales fueron bendecidas por los sacerdotes al entrar. 
El padre de esa iglesia, Inocencio Silverio, y el de la colonia Zapata, Rafael Barajas Solorio, los invitaron a entrar y escuchar la liturgia por el sexto aniversario del Cecop. 
Durante su sermón el padre Silverio les pidió a los presentes unidad como hermanos de Dios.
Por su parte, el padre Rafael Barajas pidió el bien común para todos, pues recordó que “Dios caminó con todos y compartió el pan, hay que valorar lo que Dios nos ha regalado, vivir en paz, que todos estemos saciados para que a nadie de las personas le falte el pan”.
Abundó que en la comunidad la gente quiere pan de justicia, reconciliación porque “todo lo que amenaza la vida amenaza a Dios, luchar a favor de vida del ser humano, ecología, las plantas, para poder vivir en paz, además de que se respete la dignidad de los pueblos”.
“Se tienen que respetar las decisiones del pueblo que nos ayuda a luchar a favor de la vida y de la paz”, concluyó en su sermón el sacerdote.
Al término de la homilía los integrantes del Cecop y las organizaciones se reunieron en la casa de una opositora para almorzar y luego incorporarse en una asamblea donde agradecieron el apoyo durante seis años.
En la marcha participaron el dirigente del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), Javier Monroy Hernández; el secretario de organización de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Eliseo Aguilera Morales; la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, Rocío Mesino y el ex director de Gobernación, Felipe de Jesús Kuri.
Además, el representante del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), José Raymundo Díaz; la representante de la Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Sociales del Estado de Guerrero, Ercilia Castro Balderas; y por parte de la Afadem, Viridiana del Castillo.

Piden libertad de presos

En una hoja que se distribuyó durante la marcha, el Cecop invitó a los grupos sociales y movimientos que se unan a esta resistencia contra la construcción de la presa y también la liberación de los compañeros que están presos por delitos fabricados por la CFE. 
Y es que de acuerdo con el oficio ya se han demostrado en cuatro audiencias que salieron a favor del Cecop que se logró la suspensión del proyecto, pues se ha confirmado que la paraestatal no tiene la facultad para iniciar con la expropiación ni el cambio de uso de suelo, y tampoco no tiene la autorización de los núcleos ejidales y comunales. 
“La demanda del Cecop es la cancelación definitiva del proyecto, lo hemos exigido al presidente de la República, Felpe Calderón, seguimos en esa tónica a través de la interlocución abierta con la oficina de Presidencia y que la exigencia se extiende a los proyectos Arcediano y El Zapotillo, en Jalisco y Paso de la Reyna, en Oaxaca; así como El Cajón en Nayarit”, detalla el documento. 
Asimismo exigen la liberación “de las compañeras y compañeros Sara López, Joaquín Aguilar, Guadalupe Borjas, Elmer Castellanos y Guadalupe Liacano que están presos por su lucha en contra de las altas tarifas de luz; delitos que fueron fabricados por la CFE, de la cual ha olvidado que está al servicio del pueblo”. 
En entrevista, Felipe Flores dijo que en este sexto aniversario “dio la pauta para poder organizarnos y renovar los esfuerzos porque la CFE y algunos líderillos están con el dedo en el reglón de que La Parota va, creo a estas alturas no puede ir”. 
Dijo que han demostrado que el proyecto no trae ningún beneficio y que el gobierno debe tener la capacidad de no violentar a la sociedad, porque tanto el gobierno federal como el estatal no han tenido la sensibilidad para dialogar con los opositores. 
Felipe Flores aseguró que el gobierno ha sido astuto y quiso poner a pelear a los campesinos de las comunidades de los Bienes Comunales de Cacahuatepec para poder “militarizar la zona y argumentar las detenciones a fin de hacer muchas cosas a favor de ellas”.
Recordó que hubo un tiempo que estuvo tensa la situación en las comunidades porque había “divisionismo” y algunos que estaban a favor del proyecto y otros en contra, pero desde hace dos años han buscado la reconciliación en las comunidades.
El vocero sostuvo que a seis años del movimiento han tenido la posibilidad de que los que los campesinos que estaban en su contra hoy están con ellos, que se dieron cuenta que no están en contra del desarrollo sino del despojo de las tierras.
Lo ejemplificó con el caso de la presa de El Cajon, en el estado de Nayarit, “donde los que quisieron que se hiciera el proyecto ahora están sufriendo porque no los quiere indemnizar y a los que exigen que les paguen les han querido levantar orden de aprehensión”. 
“El gobierno si te convence después no te va a pagar y si les exiges lo que vas a lograr es el encarcelamiento, la persecución porque no hay de otra, no hay desarrollo, sólo despojo de las tierras”, señaló Felipe Flores. 

Aplicar los recursos del proyecto en otras obras, propone Cuauhtémoc Sandoval

Por su parte, el diputado federal del PRD, Cuauhtémoc Sandoval, consideró que a seis años de lucha y de falta de sensibilidad de las autoridades, éstas deben buscar alternativas para que el dinero que se iba a aplicar en la presa se utilice en otros rubros, a fin de que haya generación de empleos en el estado. 
“El proyecto está cancelado y si es posible reorientar la inversión original a otro rubro porque Guerrero necesita inversión productiva e infraestructura, y es responsabilidad del gobierno del estado y como esto fracaso que de nuevas opciones”, opinó el diputado federal, que asistió como invitado. 
Consideró que no se vale que por un proyecto se tenga que desplazar a los habitantes porque supuestamente habrá progreso en las comunidades afectadas; “no se puede manipular y tratar como animales a las personas”.
Por ello opinó que La Parota ya fracasó en el estado, “como fracasó el proyecto de la refinería en Tula”, pues a dos años que el presidente Felipe Calderón lo anunció aún no empiezan con esa obra. 


 




http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=63403

viernes, 24 de julio de 2009

By Dasyatis

A tí amigo Vic, incansable resistente, guerrerense de corazón y siempre presto a dar palabras de aliento y confianza: gracias por tu afecto y por ser un ícono en RNR.

"Lo que antes leí con Julio Verne ahora lo puedo vivir con esta tecnología que me permite comunicar"
[Vic, com. personal]


Escribir desde el corazón y con la razón no es fácil, y se vuelve más complicado a medida que pretendemos pasar del discurso a la acción. La función de los medios de comunicación alternativos en México nació como una opción diferente ante el embate de noticias y mentiras que fueran distintos y más apegados a la realidad que muchos ciudadanos vimos.

Indiscutiblemente el parte aguas fue sin duda el proceso de elecciones sucias, previas al fraude electoral del 2006 y el afán de no dejar que pasara inadvertido. En ese entonces fuimos muchos los que recurrimos a las escasas comunidades virtuales, que se abrían como un oasis para conocer y difundir otras perspectivas, desde un país agobiado por las noticias nocivas y lesivas que solo dividían.

Desde ese momento nos dimos a la tarea de difundir la verdad como nosotros la percibimos y la vivimos en la cotidianidad, que rebaza por mucho los discursos huecos y vacios de políticos que ganan lo suficiente para negar una crisis, que nos pega en el bolsillo día a día.

Hoy por hoy las sociedades virtuales en medios de comunicación alternativos de izquierda nos están dejando experiencias más allá del monitor. Somos redes de personas que viven y que buscan trascender del ámbito virtual para comunicar las ideas, acciones y personas en las que creemos. En ese sentido nos enriquecemos con las experiencias que cada uno tiene en su estado, por ser además un grupo de personas con distintas formas de pensar, de edades distintas y con experiencias de vida que hemos compartido y enfocado hacia un objetivo común: comunicar la realidad de un país que vivimos en la tierra o en el mar, en el frío o el calor, pero sin duda unidos por el amor a un país donde queremos se respete el genuino derecho a disentir y vivir con dignidad.

Una de nuestras labores como medios alternativos de comunicación es romper el cerco informativo, labor nada fácil cuando los elementos con que se cuenta son en más de corazón que materiales o tecnológicos.

En ese sentido, me congratulo de poder colaborar en la resistencia con gente que compartimos ideas, máxime cuando éstas se dan en el discurso y trascienden hacia la acción. Es el caso específico de los compañeros de TADECO AC (Javier Monroy), AFADEM (Tita Radilla) y COMSG (Hercilia Castro) quienes colaboran en Radio La Nueva República, pero además han adquirido un sensible y fuerte compromiso con las comunidades rurales.

Su incansable labor y han logrado poner al estado de Guerrero en la mira de los medios de comunicación con su reportaje del Puerto de Las Ollas y Las Palancas, que fue publicado en el Washington Post y se difundió en una televisora que no mencionaré pero que al fin volteó los ojos hacia una temática de interés nacional: los derechos humanos.

Si bien es un logro de ellos y por eso les felicito, máxime que conozco los entretelones para llegar ahí y llevar algo más que sus equipos de reporteros alternativos. Aún falta mucho camino por andar en medios alternativos.

Estamos en el camino, compañeros, lo que sigue es resistir, porque como dice Vic: “a los medios alternativos no nos queda más que crecer”

lunes, 13 de julio de 2009

Intervención del Ejército en el caso Rubio, sinónimo de impunidad, critican

Reprochan ineficiencia del fiscal Murueta, “está de adorno”
Intervención del Ejército en el caso Rubio, sinónimo de impunidad, critican

CITLAL GILES SANCHEZ 

Organizaciones sociales lamentaron que el crimen del na savi Bonfilio Rubio Villegas, asesinado por militares, no será esclarecido, ni mucho menos se castigará a los culpables porque las investigaciones correrán a cargo del Ejército, pues recordaron que hasta el momento, ningún soldado ha sido llamado a cuentas. 

Este sábado el procurador de Justicia, Eduardo Murueta Urrutia, reveló que las investigaciones del asesinato de Rubio Villegas las atrajo el Ejército, lo que provocó incertidumbre en algunas organizaciones sociales.

En entrevista, la representante de la Red de Manglar Internacional y vocera de la Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Sociales (COMS), Hercilia Castro Balderas, comentó que dichas declaraciones son justo “otra omisión” de los gobiernos estatal y federal en el tema de los derechos humanos.

“Vemos que nos les importa la vida de las personas, y cómo las violaciones de personas y de los derechos indígenas son cínicamente solapadas y cubiertas por las autoridades; el caso de Bonfilio Rubio es otro de los crímenes que se suman en este año a manos del Ejército, avalado por el gobernador Zeferino Torreblanca”.

Consideró que el que las investigaciones hayan pasado a la justicia militar es muestra de que no se va a esclarecer el crimen, porque los militares se encubren unos a otros.

En tanto, el abogado de las viudas de los 17 campesinos masacrados en el vado de Aguas Blancas, José Sánchez Sánchez consideró que el procurador no resuelve nada y que está en la PGJE como “parapeto, no controla ni a los comandantes ni a los ministeriales, está de adorno”; reprochó que en lo que va del gobierno de Torreblanca no ha resuelto ni un caso.

Desconfió que se vaya a castigar a los responsables de matar a Rubio, porque los militares “no son suicidas” como para castigarse, además de que sus acciones están respaldadas por el presidente Felipe Calderón.


http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/07/13/index.php?section=sociedad&article=005n2soc

Reprueba ONG que la PGJE se desentienda del crimen de Rubio

Debe salir del fuero castrense porque se trata del asesinato de un civil: Monroy
Reprueba ONG que la PGJE se desentienda del crimen de Rubio

El tribunal militar será benevolente con los soldados que mataron al na savi en un retén

MARLEN CASTRO 

CHILPANCINGO, 12 DE JULIO. La Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Sociales (COMS) condenó que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) haya “abandonado” la investigación del asesinato del indígena na savi Bonfilio Rubio Villegas, ocurrido en un retén militar en Huamuxtitlán, la noche del sábado 20 de junio.

Javier Monroy Hernández, uno de los dirigentes de la COMS, consideró que si sólo el Ejército participa en las investigaciones se anticipa que el crimen del indígena va a quedar impune, y exigió que el caso salga de la jurisdicción militar, porque el asesinato de un civil lo debe investigar una autoridad ciudadana.

Monroy Hernández opinó que un tribunal militar sería benevolente con los responsables del asesinato de Rubio Villegas, quien viajaba en el autobús que fue baleado por soldados, luego de que el conductor discutió con soldados en el puesto de revisión, por la detención de un pasajero que llevaba botas tipo militar. El transporte salió de Tlapa rumbo a la ciudad de México y al pasar por Huamuxtitlán fue detenido para una inspección.

Monroy consideró que sería ilegal si la justicia militar atrae el caso, además de preocupante.

Señaló que por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y la posterior atracción de las investigaciones en las que hay soldados acusados de diversos delitos, el Ejército está creando un estado de excepción, por todas las atribuciones anticonstitucionales que se adjudica.

“Con todo lo que está pasando, el Ejército está tratando a la sociedad como un enemigo de guerra y eso es motivo de preocupación”, alertó.

Monroy opinó que no se necesitan reformas constitucionales para que el Ejército deje de atraer investigaciones en las que afectó a civiles, como ya lo recomendó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“El Ejército debe reconocer que casos como éste deben ser atendidos por la jurisdicción civil, porque se trata de un militar que mató a un civil, no a otro militar, supuesto en el que sí habría un tribunal militar juzgando el caso”.


http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/07/13/index.php?section=sociedad&article=005n1soc

Critican organizaciones declaraciones de Torreblanca sobre atropellos castrenses

Llevarán los casos de abusos a instancias internacionales
Critican organizaciones declaraciones de Torreblanca sobre atropellos castrenses

CITLAL GILES SANCHEZ 

Organizaciones sociales criticaron las declaraciones del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, quien consideró “meros trascendidos” los abusos militares contra habitantes de la comunidad Puerto las Ollas, y calificaron como desafortunados e irresponsables sus comentarios.

El coordinador del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), Javier Monroy Hernández, calificó de desafortunadas las declaraciones del gobernador, y le recordó que la Policía Estatal, bajo órdenes del propio Ejecutivo, también entró a la comunidad para pedir informes sobre las agresiones de los soldados del batallón 40.

“En primer lugar no es muy apropiado que diga que son trascendidos, pero si él tiene duda de lo que pasó en Puerto las Ollas, que explique por qué la Policía Estatal acudió una semana después a la comunidad a investigar si era cierto que el batallón 40 había estado presente y había hecho tanto daño; además, la presencia del cuerpo policiaco, según lo informaron, fue porque lo envió el gobernador”, indicó.

Agregó que hay fotografías y videos de cómo dejaron los militares la comunidad, “y si necesita más evidencias le podemos hacer una pila de fotografías de cómo encontramos la comunidad ese día que llegamos, a unos minutos que había salido el Ejército”.

Consideró que lo que busca el gobernador es evadir los problemas que hay en el estado por la militarización, además de poner en duda lo expuesto por organizaciones sociales, y a la propia Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum).

En tanto, la representante de la Red Manglar Internacional, Hercilia Castro Balderas, consideró “irresponsable” lo dicho por el mandatario, aunque aseguró que “ya esperábamos ese tipo de respuesta.

“Fue muy irresponsable, no está viendo todos los problemas que se le vienen encima, sin embargo, nosotros estamos tratando de apoyar a la gente de esa comunidad, así como de otras comunidades que han sufrido represión, para poderlos llevar todos juntos a instancias internacionales y se ventile la negligencia del Estado mexicano”, indicó.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/07/12/index.php?section=sociedad&article=005n2soc


 

sábado, 11 de julio de 2009

SATIRICOSAS

SATIRICOSAS

MANÚ DORNBIERER 

El PRI nunca se fue y el Ejército tampoco

Calderón no podría estar en el puesto que detenta si no fuera por el PRI, por Elba Esther Gordillo y desde luego por el Ejército Mexicano dentro del que corrió a arropar su ilegitimidad. Esta última razón explica la actitud de su secretario de Gobernación en Costa Rica esta semana.

Frente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el pasado 7 de julio Fernando Gómez Mont, dijo lo siguiente: “Es incorrecto que se juzgue a México por hechos que sucedieron años atrás, ya que el México de hoy es distinto al de ayer”. Se refería al caso de Rosendo Radilla Pacheco que desapareció a manos de militares en la guerra sucia de los setentas en Guerrero por escribir y cantar corridos contra el gobierno del momento, y cuyos familiares promovieron su caso ante esa Corte exigiendo justicia. El secretario de Gobernación de Calderón reconoció los hechos de la desaparición de Rosendo, pero por su boca el Estado Mexicano se negó a aceptar el caso en el contexto de la guerra sucia; es decir, sobre las otras miles de desapariciones, así como torturas y ejecuciones extrajudiciales Gómez Mont sólo fue a promover el Fuero Militar que permite vergonzosamente que México y en especial algunas regiones de algunos estados, como Guerrero, hayan sido y SEAN “cotos de caza” del Ejército.

Fernando Gómez Mont no se refirió prácticamente al caso Radilla. Se basó en el informe que entregó hace poco Felipe ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en el que defendió su criticada postura de utilizar al Ejército en su lucha contra el narco.

Esto significa que como Calderón sacó indebidamente al Ejército de sus cuárteles para librar su guerra que ha costado 13 mil ejecuciones sin investigacion, los mexicanos humildes deben soportar lo que al Ejército se le dé la gana como sucedía cuando un primitivo y sanguinario priísta, Rubén Figueroa Figueroa, durante la guerra sucia diezmó mediante genocidio a la clase campesina de Guerrero.

Dice Gómez Mont que México no es el mismo. Ese no es argumento para evadir hacer justicia respecto a un crimen imprescriptible como es la desaparición forzada. Pero además es una mentira. México sigue siendo el mismo. ¿Ah, no? Le ruego personalmente al secretario de Gobernación, sin mandarme al carajo, como lo hizo con los defensores de Derechos Humanos de la familia Radilla durante la emisión del noticiero matutino de Carlos Puig en W Radio el pasado jueves, tenga la paciencia de leer el siguiente COMUNICADO URGENTE y se fije especialmente en la fecha, 2009, que no 1970.

ZIHUATANEJO, A 6 DE JULIO DEL 2009

Por medio de ésta, comunicamos la irrupción de nueva cuenta de elementos del Ejército en la comunidad de Puerto Las Ollas. Aproximadamente a las 2:00 pm de este día, fuimos enterados por pobladores de la comunidad de Puerto Las Ollas, municipio de Coyuca de Catalán en la sierra de Tierra Caliente que, de nueva cuenta, 2 comandos iban entrando a dicho lugar. Debido a los problemas de recepción de señal vía celular fue cortada la comunicación quedando en incertidumbre la condición a la integridad física de los pobladores de Puerto Las Ollas, en su mayoría mujeres y niños que el pasado mes en fechas 9 al 13 de junio fueron atacados por más de 500 soldados en dicha comunidad, así como Las Palancas, población aledaña a 15 minutos de Puerto Las Ollas, donde también sufrieron daño en su persona por elementos castrenses.

ANTECEDENTES

Derivado de la información brindada por habitantes de la comunidad del Puerto Las Ollas y Las Palancas (municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero) respecto a una incursión militar en la zona, el día 13 de junio se realizó una Misión de Observación Civil, (MCO) en la que participaron: Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Red Manglar Internacional Sección México (RMIM), Frente Cívico de Chilapa, Centro de Derechos Humanos Morelos y Pavón, Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum), y la Unión Campesina Democrática (UCD); también se sumaron corresponsales de diferentes medios de comunicación. Quedando la misión integrada por 22 personas La MCO se llevó a cabo a bordo de 5 vehículos, 4 camionetas tipo pick up y una camioneta tipo Suburban con el objetivo de constatar la presencia de elementos del Ejército Mexicano en las siguientes comunidades: Puerto Las Ollas y Las Palancas, así como verificar las condiciones de seguridad y estado de salud de los habitantes.

Aproximadamente a 36 km del tramo Vallecitos-Camalote se encontraron 2 VEHICULOS del Ejército, 1 tipo Dodge Ram doble rodada y otro Dodge Ram Charger pick up con 17 elementos (LOS 17 IBAN EN LOS DOS VEHICULOS) cada uno; un militar preguntó cuantos integraban la misión “¿Cuántos son los que van para la sierra?”, respondiendo la MCO que éramos entre 17 y 20 personas.

Minutos más tarde, a casi 1 km de la comunidad Puerto Las Ollas se encontraron 11 vehículos tipo Humvee del Ejército, de los cuales 4 iban con ametralladora montada arriba(de artillería) con los siguientes números: 0840142, 0840146, 0840150, 0840149, 0840144, 0840147, 0840242, 0840243, 0840145, 0840031, 0840148 con aproximadamente 15 soldados en cada vehiculo que llevaban pasamontañas e iban camuflados. En uno de ellos, un militar iba video grabando a los integrantes de la MCO.

Se arribó al Puerto Las Ollas a las 14:40 horas, y agrupándose en torno a los integrantes de la MCO mujeres y menores de edad (en su mayoría niños), que al ver llegar la caravana comenzaron al mismo tiempo a denunciar y relatar los actos vividos desde el pasado martes 9 hasta este día 13 del presente.

Minutos más tarde se llevó a cabo una entrevista colectiva, en la cual estuvieron diversos medios de prensa, participando 12 mujeres y 22 menores, quienes de manera individual fueron dando la descripción de los hechos a la MCO. No se encontró la presencia de los varones en el Puerto Las Ollas puesto que huyeron a esconderse por temor a los soldados. En la supervisión a las viviendas afectadas se hallaron destrozos, como testimoniales de saqueo a varias de estas. La encargada de la tienda CONASUPO, mujer de aproximadamente 30 años y en estado de embarazo relata como fue que saquearon y revolvieron la mercancía guardada en dicha tienda, con lujo de violencia, y dejando pérdidas al dañar cajas con víveres, a su vez, le gritaron, ofendieron, y agredieron físicamente empujandola violentamente entre ellos y contra las paredes de madera de la tienda. Una habitante reportó que a su hijo Omar García, de 14 años de edad, fue torturado el día martes 9 en que arriban los soldados dándole toques eléctricos en el cuerpo, vendado de ojos, tapado de la cabeza con bolsa de plástico, golpes en diversas partes del cuerpo, amenazas de castración, dejándolo en estado convulsivo por la tortura efectuada, cabe enfatizar el joven aún herido huyó al monte con los demás hombres por temor a seguir siendo herido y torturado.

En la tercera casa relataron que pernoctaron durante los 4 días militares, destrozando y revisando muebles y cajas de ropa y llevándose objetos de uso personal (joyas, cosméticos, etc). Se encontró una cuatrimoto destrozada, la cual fue arrollada con las camionetas doble rodada propiedad del Ejército. Se recabó la denuncia de civiles armados y encapuchados jugando pelota con los militares sin ser de la comunidad. A pesar de encontrarse armados no fueron molestados por los militares. Los habitantes dijeron que iban con los militares para señalar gente.

En esta comunidad un hombre, de 30 años de edad, que sufre secuelas de un derrame cerebral desde hace 2 años, reporta tortura y golpes (piquetes de agujas debajo de las uñas de los dedos de la mano, golpes con ambas palmas de mano en sus oídos, le cubrieron rostro con bolsa de plástico, golpes en las sienes, costillas, amenazas de toques eléctricos en pezones). Un civil de aproximadamente 50 años, fue perseguido en las afueras del poblado, en repetidas ocasiones siendo balaceado logrando huir ileso, posteriormente, al regresar al lugar rescató 6 casquillos de arma calibre 7.62 mm.

En voz del pastor y secretario del Consejo de Administración Ejidal, Modesto Rauda Wences, atestiguó que su hermano fue herido y balaceado teniendo que huir.

Cabe remarcar que en las dos comunidades se constató el hecho de la ausencia de casi todos los hombres ante la llegada de elementos del Ejército.

Con base en las observaciones y testimonios de los habitantes de las comunidades La Palancas y Puerto las Ollas, consideramos que el Ejército incurrió en actos anticonstitucionales y violó los derechos humanos de los habitantes de dichos lugares.

Se cometieron actos de tortura: amenazas–. Disparos con armas de fuego de alto poder hacia las comunidades y las personas; amenazas de muerte y torturas amenazas apuntando con arma de fuego y preparando el arma para disparar. Humillaciones: ofensas y discriminación a las mujeres y menores. Toques eléctricos en el abdomen a hombres y adolescentes, Impedir tomar alimentos a los habitantes de las comunidades. Impedir que entraran a sus casas a cambiarse. Los soldados robaron alimentos y dinero y pertenencias de uso personal.

Ante lo expuesto, de nueva cuenta exigimos al Gobierno federal, al Congreso de La Unión, la CNDH, así como las diversas instancias y organismos internacionales, a todos los medios de prensa, Organizaciones No Gubernamentales, Movimientos Sociales, Colectivos, Intelectuales, la Comunidad Artística, y a ciudadanos en general estar atentos ante el clima de inseguridad creado por la militarización en el Estado de Guerrero y en el cual, la negligencia de y cobijo a tales violaciones en los Derechos Humanos es solapada por Zeferino Torreblanca Galindo, gobernador del estado.

Y exigimos, regrese el Ejército a sus cuarteles y se respeten los Derechos Humanos y las Garantías Civiles de los Guerrerenses.

Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Sociales de Guerrero (COMSG) RMI-Hercilia Castro Tadeco-Javier Monroy CETEG-Luis Muñoz

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/07/11/index.php?section=opinion&article=002o1pol

miércoles, 8 de julio de 2009

La PGJE debe investigar tropelías de soldados, no el Ejército, señala Alarcón

Es sospechosa la presencia de militares en la sierra, advierte
La PGJE debe investigar tropelías de soldados, no el Ejército, señala Alarcón

MARGENA DE LA O 

Chilpancingo, 7 de julio. El presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum), Juan Alarcón Hernández, llamó al gobierno estatal para que, mediante sus oficinas de procuración de justicia, levante las denuncias de agresiones contra habitantes de Puerto las Ollas, y no los militares –como hicieron ayer–, porque la presencia de los soldados en la sierra es sinónimo de sospecha de violación a las garantías.

Los habitantes y la Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Sociales (COMS) denunciaron la presencia de militares en esa comunidad serrana de Coyuca de Catalán, que a diferencia de las irrupciones del mes pasado, cuando iban en busca de grupos guerrilleros, esta ocasión, aparentemente, investigarían los daños que habían causado los del batallón 40.

Los soldados que recogieron datos de los habitantes de Puerto las Ollas, con sus nombres y referencias, eran integrantes de los batallones 19, 40 y 56.

Entrevistado en su oficina al respecto, Alarcón se apresuró a decir que está programada otra visita con organismos y organizaciones sociales a la comunidad, para conocer detalles de esta reciente incursión, así como la del mes pasado.

Recordó que el PRD también pidió al organismo la investigación de las agresiones, además de que la Coddehum ha exigido medidas cautelares para los pobladores.

Consideró que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) debe investigar las torturas, vejaciones, robos y destrucción que padecieron los pobladores por el sitio de militares durante cuatro días en las comunidades serranas, principalmente Puerto las Ollas, municipio de Coyuca de Catalán, de la región de Tierra Caliente, ubicado entre los límites con la Costa Grande.

Aunque no se conocía de más violaciones con esta nueva incursión, insistió en que es sospechosa la presencia militar en Puerto las Ollas: “aunque actuaran de buena fe, hay ciertas dudas sobre la participación de Ejército investigando a sus propios elementos”.

El ombudsman opinó que los militares se adjudican las investigaciones posiblemente para castigar a quienes cometieron los atropellos, no obstante, consideró que eso no es válido, porque si hay elementos civiles debe ser la autoridad correspondiente la que determine y castigue.

Enfatizó que la Coddehum está en espera de que los organismos y organizaciones sociales que visitarán la sierra le indiquen el día, pero consideró que debe ser pronto.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/07/08/index.php?section=sociedad&article=008n2soc


 

Siguen las “investigaciones” militares en Puerto las Ollas

Emite la COMS alerta por incursiones
Siguen las “investigaciones” militares en Puerto las Ollas

ROBERTO RAMIREZ Y CITLAL GILES 

Por segundo día consecutivo, dos convoyes militares se presentaron en Puerto de las Ollas, en esta ocasión con una tanqueta equipada con ametralladora, para “investigar” los atropellos de sus compañeros el mes pasado.

Sin embargo, habitantes del poblado, con los que se tuvo contacto telefónico explicaron que la actitud de los soldados más bien era socarrona que de verdadero interés por llevar a cabo una investigación seria, y aunque precisaron que su comportamiento no era amenazante, expresaron que al parecer con ellos iba gente que estuvo durante la incursión del mes pasado.

“Cuando nos preguntaban y les decíamos qué hicieron los otros, nomás se reían y decían: cómo van a creer que hicieron eso, si el gobierno ya no se vende”, relató la campesina María García.

Los soldados ingresaron al poblado alrededor de las 2 de la tarde y se retiraron un poco antes de las 7 de la noche.

En ese tiempo, los vecinos relataron que otra vez les hicieron las mismas preguntas del lunes, volvieron a tomarles fotografías, les grabaron sus testimonios y sobre todo les preguntaban insistentemente cómo le hacen para comunicarse con los periódicos, al grado de que su incursión de ayer ya aparecía publicada hoy, y les pedían que les dieran el número de La Jornada Guerrero.

–Ya lo tengo –dijo quien se identificó como coronel Mendoza, ante la negativa de los habitantes–, sólo quiero ver si es el mismo.

–Pues si ya lo tiene, con ese hábleles –le respondió una de las mujeres.

Incluso, los campesinos relataron que el militar les dijo que de todas maneras a ellos no les importaba lo que dijeran los periódicos o los defensores de los derechos humanos, e insistió en que su presencia ahí era para investigar las tropelías de sus compañeros.

“Yo pienso que nada más andan haciéndole al tarugo –expresó una de las mujeres–, porque les dice uno las cosas (que hicieron los otros) y nada más empiezan a burlarse y a reírse”.

Narró que al terminar su jornada, los soldados les pidieron a los lugareños que firmaran un documento en el que supuestamente quedaban asentadas sus denuncias, así como la relación de los daños causados por los otros, pero la gente se negó.

Por su parte, organizaciones sociales lanzaron acciones urgentes luego de la tercera incursión del Ejército en Puerto las Ollas. Exigieron a las autoridades federales y estatales el cese al hostigamiento militar y que los soldados regresen a sus cuarteles.

En la acción urgente S1-AU-021-2009, la Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Sociales (COMS) muestra su preocupación por las nuevas incursiones de los militares en el municipio de Coyuca de Catalán, pues temen por la integridad física y psicológica de los habitantes.


http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/07/08/index.php?section=sociedad&article=007n2soc

Denuncian vecinos de Las Ollas otra incursión militar, con el pretexto de hacer un censo

Denuncian vecinos de Las Ollas otra incursión militar, con el pretexto de hacer un censo



Zacarías Cervantes y Brenda Escobar

Chilpancingo, Zihuatanejo

Más de 100 militares de los batallones 19, 40 y 56 entraron nuevamente el lunes a la comunidad de Puerto las Ollas, municipio de Coyuca de Catalán y realizaron interrogatorios a los habitantes. 
Los militares llegaron ahora con el pretexto de que iban a levantar un censo y a revisar los daños que ocasionaron sus compañeros del 40 batallón que irrumpieron en esa comunidad del 9 al 13 de junio pasado, informó ayer el director del Colectivo Contrala Tortura y la Impunidad (Ccti) Bertoldo Martínez Cruz quien la tarde de ayer martes se trasladó a esa comunidad para recabar los testimonios de la nueva incursión militar.
Los habitantes de la localidad se comunicaron vía teléfono celular desde la tarde del lunes con algunos organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, así como periodistas, sin embargo por la intensidad de las lluvias que se registran en la zona se dificultó la comunicación por lo que lograron entablar brevemente un enlace con el director del Ccti, Martínez Cruz.
Consultado ayer vía telefónica Martínez Cruz confirmó la nueva incursión de los militares sin embargo, dijo que carecía de mayor información y que por ello la tarde de ayer se trasladaba a esa comunidad para recabar directamente la información.
La tarde del lunes, habitantes de Puerto las Ollas, intentaron comunicarse con algunos dirigentes de organismos de derechos humanos y de organizaciones sociales para denunciar una nueva incursión de los militares en su comunidad.
Sin embargo tuvieron dificultades y solamente alcanzaron a decir que los militares de los batallones 19, 40 y 56 entraron a la localidad y que interrogaron a los habitantes supuestamente para conocer qué pasó los días en que acudieron a ese lugar los militares del 40 batallón (en referencia a la irrupción militar de los días 9 al 13 de junio).
Según la denuncia que hicieron brevemente vía telefónica la tarde y noche del lunes los habitantes de Puerto las Ollas, los soldados fueron a investigar los atropellos que cometieron sus compañeros del 40 Batallón de Infantería que acudieron a esa localidad en los días del 9 al 13 de junio pasado.
El Ccti y la Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Sociales (COMS) informaron ayer que los soldados llegaron aproximadamente a las 2 de la tarde y que se retiraron después de las 8 de la noche, ya cuando habían realizado el trabajo supuestamente de revisión de los daños que ocasionaron sus compañeros en la irrupción de hace tres semanas.

Los soldados tomaron fotos y video de los vecinos pero ellos no se identificaron: Tadeco

En tanto, en Zihuatanejo, el coordinador del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), Javier Monroy, dio a conocer que unos 50 militares del 19 Batallón de Infantería con sede en Petatlán, incursionaron de nueva cuenta en la comunidad Las Ollas, perteneciente al municipio de Coyuca de Catalán, a bordo de dos vehículos oficiales, el 0819149 y el 0819141, “la información que tenemos es que su presencia según ellos, se debió a una instrucción que según ellos, insisto, salió del gobernador; eran miembros del 19 Batallón de Infantería, y acudieron a investigar qué había hecho el 40 Batallón que estuvo hace algunas semanas por cuatro días en Las Ollas y en Las Palancas”.
“Nos informan que entrevistaron a todas las personas de la comunidad, a cada una les tomaron fotografías, les tomaron fotos a las casas-habitación, filmaron y se retiraron en el transcurso de la noche; lo que nos comentan las personas con las que hemos tenido comunicación es que hay preocupación en la comunidad, se sienten cada vez más desprotegidas porque en cualquier momento y con cualquier pretexto llegan los grupos militares de manera autoritaria y sin mayores explicaciones”.
Añadió que le informaron que “ninguno de los soldados se quiso identificar, ellos (los habitantes) no pudieron identificar ni siquiera al mando porque tuvieron el cuidado de no presentarse, mucho menos identificarse y hay malestar”. 

 


http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=62194

martes, 7 de julio de 2009

Tercera incursión militar en Puerto las Ollas, ahora “por las buenas”

Entran al pueblo dos camiones llenos de soldados; organizaciones sociales, en alerta
Tercera incursión militar en Puerto las Ollas, ahora “por las buenas”

Un coronel de apellido Mendoza dijo a vecinos que fue a constatar atropellos de junio

CITLAL GILES Y ROBERTO RAMIREZ


Por tercera ocasión, soldados irrumpieron en la comunidad Puerto Las Ollas, municipio de Coyuca de Catalán, por lo que integrantes de organizaciones sociales lanzaron acciones urgentes a las autoridades, ante el peligro inminente en que se encuentran los habitantes. En esta ocasión, según habitantes con los que se logró hacer contacto vía telefónica, los soldados fueron a investigar qué daños habían causado los del batallón 40, que ingresaron a la comunidad el mes pasado.

La Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Sociales (COMS) informó que a las 2 de la tarde entró a la comunidad un convoy de militares, por lo que se comunicaron con algunos de sus habitantes; sin embargo, por problemas de recepción de señal de los teléfonos celulares, la comunicación fue cortada, dejando en incertidumbre las condiciones e integridad física de los pobladores, en su mayoría mujeres y niños.

Lo anterior preocupó a las organizaciones sociales, ya que el mes pasado unos 500 soldados ingresaron a la comunidad y durante cuatro días agredieron y torturaron tanto a niños como a mujeres.

Por ello, la COMS –integrada por el Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), la Coordinadora de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y la Red de Manglar Internacional– exigieron nuevamente al gobierno federal, al Congreso de la Unión, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), así como las diversas instancias y organismos internacionales, a los movimientos sociales y a ciudadanos en general, estar atentos al clima de inseguridad creado por la militarización en Guerrero.

“No venimos a buscar problemas”

Alma Delia Ramírez López, una mujer de la comunidad, relató que ayer los soldados que llegaron eran integrantes de los batallones 19, 40 y 56, encabezados por un coronel de apellido Mendoza, y a diferencia de los anteriores, su actitud era amable y les explicaron que su presencia en el lugar era para investigar la actuación de los anteriores.

Mendoza dijo, según Ramírez López: “Yo sé que ustedes tienen miedo, pero nosotros venimos a preguntarles por las buenas (qué hicieron los otros) porque eso no se vale, uno no debe entrar a las casas, ni mucho menos robar”.

Relató que en la comunidad sólo se encontraban mujeres y niños durante las casi siete horas que estuvieron los militares, y en ese lapso, los soldados tomaron fotografías de las casas en busca de daños, de las personas, y les pidieron sus nombres, así como listas de las afectaciones hechas por los otros soldados.

“Nosotros no venimos a buscar problemas, queremos ayudar”, dijo que les explicó Mendoza. En total, relató la mujer, fueron dos camiones llenos los que se presentaron en el poblado, y se retiraron a las 8:45 de la noche aproximadamente. “Vinieron a preguntar qué daño hicieron (los otros), si habían sacado armas de las casas, y querían una lista de las cosas malas que hicieron. Nosotros les dijimos que si podían echar eso (la denuncia por los atropellos) al periódico o a la televisión, y nos dijeron que no podían”.

Durante todo el tiempo, dijo, estuvieron preguntando de casa en casa a las mujeres, pero al final no se comprometieron a nada.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/07/07/index.php?section=sociedad&article=012n1soc

viernes, 3 de julio de 2009

Repudio general de organizaciones sociales al arresto de los tres na savis

Ese hecho vulnera a la sociedad y expande militarización, alertan
Repudio general de organizaciones sociales al arresto de los tres na savis

CITLAL GILES 

Organizaciones sociales reprobaron la detención de los integrantes de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM) a manos de soldados del 48 Batallón de Infantería y lanzaron acciones urgentes y llamamientos a las autoridades federales y del estado para garantizar su trabajo como defensores de derechos humanos. 

El director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, alertó que situaciones como la detención de los hermanos Ponce Lola, así como la agresión al camión de pasajeros en el municipio de Huamuxtitlán, donde perdió la vida el indígena Bonfilio Rubio y el chofer Fausto Saavedra fue detenido supuestamente por posesión de droga, son parte de los agravios cometidos por la creciente militarización en el estado.

“Estos hechos vuelven vulnerables a la sociedad, se expande la militarización y se restringen las garantías, se pone al Ejército a que se confronte con los ciudadanos”, consideró Barrera.

En tanto el representante del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Raymundo Díaz Taboada, criticó que a los indígenas en lugar de haberlos trasladado a la agencia del Ministerio Público, los hayan llevado hasta la PGR a pesar de que las armas que traían son de bajo calibre.

“Es un tanto incongruente que se los hayan llevado hasta la PGR por dos armas de calibre menor, además de que tienen protección por la Corte Interamericana, entonces el estado mexicano, que es el que está obligado a darles protección, es quien hace un acto de agravio a sus derechos y eso es muy lamentable”, indicó.

La Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Sociales (COMS) integrada por el Cecop, la CETEG, los colonos de la Ampliación Puerto Marqués, el Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) entre otras, criticaron la reciente “detención arbitraria”.

El coordinador del Tadeco, Javier Monroy, consideró que es una agresión más a los integrantes de la OFPM, “hay una saña de la autoridad contra los compañeros y el movimiento indígena, percibimos una permanente amenaza contra los activistas y defensores de derechos humanos”.

La COMS exigió la salida de los militares de las comunidades del estado y que regresen a sus cuarteles, pues lejos de garantizar seguridad, violentan las garantías individuales de las personas.

De igual forma, la Red de Alerta Temprana envió una acción urgente al presidente Felipe Calderón, al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, al gobernador Zeferino Torreblanca, al procurador Eduardo Murueta Urrutia, al presidente de la CNDH, José Luis Soberanes; al alto comisionado de la ONU, y a otros organismos internacionales a quienes les externan su preocupación por la presencia del Ejército mexicano en el estado ya que “realiza detenciones arbitrarias y sigue ocasionando inseguridad entre la población”.

Además exigieron el cese a las amenazas y hostigamiento a los integrantes de la OFPM, se garantice la integridad física de los hermanos Ponce Lola así como se lleve una investigación “independiente, exhaustiva e imparcial” en los diversos atentados que han sufrido como organización.



http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/07/03/index.php?section=sociedad&article=006n2soc

COMUNICADO DE PRENSA POR LA LIBERACION DE LOS HNOS PONCE LOLA

COMUNICADO DE PRENSA

Zihuatanejo, Guerrero a 3 de Julio del 2009

Ante los eventos transcurridos el día de ayer sobre la detención arbitraria por parte de elementos del Ejército en contra de Victoriano, Santiago y Alicio Ponce Lola hermanos del finado Manuel Ponce Lola líder y activista de la OFPM ,los cuales fueron interceptados camino a la comunidad de La Cortina en el Municipio de Ayutla de los Libres y de la oportuna acción de las Organizaciones Sociales y Movimientos en pro de la defensa de los derechos humanos, comunicamos que, en el transcurso de la madrugada del día de ayer, fueron liberados los hermanos Ponce Lola en calidad de bajo fianza.


A victoriano y Santiago de 28 y 20 años de edad les fue imputado el delito por portación de armas, mientras que Alicio Ponce Lola de 16 años de edad y por ser menor de edad no se le adjudicó ningún delito. Es para nosotros motivo de gran alegría el ver como la unión y oportuna respuesta a estas detenciones de manera arbitraria por parte del ejército hace un alto a otras circunstancias como son el aislamiento, desaparición o la tortura que es un factor clásico pudieron haberse dado. No obstante, seguimos a la expectativa y vigilantes de cualquier cambio ya que muchas veces estos “delitos” son utilizados a manera futura para tener antecedente y volver a detener a los compañeros activistas.


También, se agradece a los medios de prensa por su ayuda pronta a la difusión de este caso en el que sin ellos, no hubiera sido del conocimiento público tal acto que viola sobremanera los derechos humanos y las garantías individuales de todo ciudadano.

 

Nos encontramos en un estado militarizado, en un país que usa la fuerza pública, y en especial las fuerzas castrenses para defender sus intereses y seguir reprimiendo la protesta y la lucha social criminalizándola de las formas mas bajas que pueda haber, y pasando por alto crímenes como el de Manuel Ponce integrante de la OFPM quién al solo buscar una mejora de vida para los suyos, fue asesinado de forma cínica y con toda la violencia, que solo el estado mexicano puede hacer.

El resultado de la acción rápida de organizaciones y su unión demuestran la verdad en la consigna que siempre gritamos :EL PUEBLO UNIDO JAMAS SERA VENCIDO. Y qué unidos y organizados, podremos cambiar para un futuro mas benigno, las circunstancias que hoy nos aquejan, en especial, la criminalización a la lucha social.


Gracias.

Responsable: Hercilia Castro
RMI/COMSG

jueves, 2 de julio de 2009

COMUNICADO URGENTE POR LA DETENCION A LOS HERMANOS PONCE LOLA EN AYUTLA DE LOS LIBRES, GRO

COMUNICADO URGENTE
 Zihuatanejo, Guerrero a 1 de Julio del 2009


Ante los hechos ocurridos hace unas horas de la detención arbitraria por elementos del Ejército a Victoriano, Santiago y Alicio Ponce Lola de 28, 20 y 16 años hermanos de Manuel Ponce Rosas(asesinado por su trabajo a favor de los pueblos indígenas del estado) activista y líder de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM) en la comunidad de Ocotlán, municipio de Ayutla, acusados con el cargo de portación de armas y trasladados a la PGR en Acapulco la Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Sociales de Guerrero (COMSG) exige:

1.-Su presentación inmediata de Victoriano Ponce Lola, Santiago Ponce Lola y Alicio Ponce Lola ya que los cargos que se les imputan pueden ser ficticios como es costumbre del gobierno crear delitos cuando el trabajo de los Defensores de Derechos Humanos es el ver por la seguridad y cumplimiento en pro de la ciudadanía


2.-Liberación inmediata y una investigación exhaustiva ante estos hechos llevados a cabo por la mano opresora del gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo


3.-Qué el Ejército deje de realizar acciones que le compete investigar a la autoridad civil en caso de ser ciertos los cargos, así mismo, se respeten sus derechos como ciudadanos a tener un abogado de oficio, realizar la correspondiente llamada a sus familiares y no ser detenidos mas de las 72 horas del tiempo que marca y establece la ley, y ser respetados en su integridad física


4.-Regreso del Ejército a sus cuarteles ya que es obvio con estos hechos la inseguridad ciudadana que se esta llevando a cabo así como la violación a los Derechos Humanos y las Garantías individuales como son las de libre tránsito 


Es vergonzoso que el Estado Mexicano guarde silencio ante los atropellos que se realizan de manera ya cotidiana en contra de las comunidades y ciudades de la entidad guerrerense como de igual forma haga caso omiso ante los pronunciamientos y recomendaciones de organismos internacionales sobre el caso impune de Manuel Ponce Rosas, líder de la OFPM el cual fue encontrado asesinado con rastros de tortura en el municipio de Ayutla.


La COMSG se solidariza con los familiares de Victoriano, Santiago y Alicio Ponce Lola en este momento de incertidumbre que están pasando, con los integrantes de la OFPM, y los asesores del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.
Responsabilizamos también a el Ejército, y los tres niveles de gobierno de cualquier acto en contra de las familias y los detenidos en su integridad física, moral y psicológica que pueda sucederles.

Y la Responsabilización directa a Zeferino Torreblanca Galindo por lo que pasará así como por su mala actuación como gobernante de esta entidad el cual solo pone en un estado de indefensión a sus gobernados permitiendo el Ejército en las calles.


COMSG
Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Sociales de Guerrero
Responsables de la publicación: Javier Monroy-TADECO
Luis Muños-CETEG
Hercilia Castro –RMI
Gonzalo Molina-Movimiento Vicente Guerrero de Tixtla

martes, 30 de junio de 2009

Exigen PRD y ONG salida de soldados de comunidades

Violentan derechos en lugar de proteger
Exigen PRD y ONG salida de soldados de comunidades

LAURA REYES Y CITLAL GILES 

El Comité Político Estatal (CPE) del PRD determinó solicitar al gobierno del estado y a la Federación la salida urgente del Ejército de las comunidades indígenas, porque su presencia y los retenes han resultado en graves violaciones a los derechos humanos, como ocurrió en Huamuxtitlán, donde militares dispararon a contra un autobús de pasajeros y mataron a un na savi.

El secretario de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos del PRD, Urbano Lucas Santamaría, adelantó que el próximo domingo darán una conferencia de prensa para después trasladarse al vado de Aguas Blancas, donde expondrán su oposición a la presencia de los soldados.

Sostuvo que el Ejército no está preparado para tareas de seguridad, por lo que es lógico que su actuación genere atropellos y violación a los derechos de la población.

Por su parte, las organizaciones sociales condenaron también la agresión en Huamuxtitlán contra indígenas desarmados, y criticaron que el panorama que se observa es de más violencia de los soldados, porque ya son constantes las incursiones en comunidades, donde hostigan y violentan la tranquilidad de las personas. “Con el Ejército en las comunidades y centros turísticos, la seguridad ya es nula”, criticó la Coordinadora de organizaciones y Movimientos Sociales (COMS). 

El representante del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, (CCTI), Raymundo Díaz Taboada, criticó que una institución como el Ejército, que está encargada de proteger la vida de la población, sea la que cause temor, “tratan como enemigos a cualquier persona, a todos los trata como delincuentes”.

La vocera del COMS, Hercilia Castro reprobó estos hechos, y consideró que son muestra de por qué el Ejército debe regresar a los cuarteles.

“Exigimos un alto a la militarización y que regrese el Ejército a los cuarteles; son muchas las violaciones a derechos humanos las que están cometiendo, y si antes no había seguridad por tanta violencia que había por el narco, ahora menos, porque diario hay casos en los que el Ejército se mete a comunidades a hostigar y amedrentar”, señaló.


http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/06/24/index.php?section=sociedad&article=006n2soc

domingo, 21 de junio de 2009

El ERPI confirma la sospecha de nexos entre narco y el estado: ONG

Visita de diputados a Las Ollas y Las Palancas denota desconfianza a nuestra labor, reprochan
El ERPI confirma la sospecha de nexos entre narco y el estado: ONG

Exigen al Congreso y al gobernador medidas cautelares para pobladores de esas localidades

Castigo contra militares agresores y seguimiento a quejas levantadas por Coddehum, demandan

CITLAL GILES SANCHEZ 

El coordinador del Taller Comunitario de Desarrollo (Tadeco), Javier Monroy Hernández, dijo que las declaraciones del Ejercito Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) confirman los señalamientos de diversas organizaciones sociales que grupos paramilitares están al servicio del gobierno del estado y del cacique Rogaciano Alba para violentar los derechos de los indígenas.

Por su parte, la Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Sociales de Guerrero (COMS) calificó como “fuera de lugar” que la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local acuda a Puerto las Ollas y Las Palancas a constatar las agresiones de los militares, pues consideró que debería elaborar un punto de acuerdo donde exijan medidas cautelares para esas familias.

Consultado sobre las declaraciones del ERPI que un grupo de narcoparamilitares al servicio del gobierno secuestró, torturó y ejecutó a los dirigentes mixtecos, Raúl Lucas y Manuel Ponce, Monroy Hernández aseguró que aunque había sospecha de que el crimen fue de Estado, no tenían esa información “tan precisa”.

“La manera en que se dieron los asesinatos hicieron notar que había una intervención del Estado, pero no teníamos algo tan preciso de que habían sido sicarios que actuaron coludidamente con policías y eso que expresa hoy el ERPI viene a confirmar la hipótesis”, manifestó.

La COMS criticó que los diputados locales anuncien una visita a Las Ollas y Las Palancas, pues “pone en duda no sólo el trabajo de las organizaciones y organismos de derechos humanos sino también reduce la labor de la Coddehum (Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos) que fue a levantar actas de lo sucedido”.

Agregó que la labor del Congreso local es atender el llamado de los habitantes y no poner “en tela de juicio” el trabajo de las organizaciones sociales y organismos civiles, lo cual corresponden a las autoridades.

Por tal motivo exigieron al Congreso local y al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo atender las demandas de las víctimas y no dejar el caso “rezagado ni en la impunidad”, y solicitaron medidas cautelares así como la reparación integral, física, moral y económica de los daños a los pobladores de Puerto las Ollas y Las Palancas.

Además pidieron el seguimiento a las quejas levantadas por la Coddehum y la Comisión Nacional del Derechos Humanos; respetar el Estado de Derecho, y castigar a los elementos castrenses involucrados y a las autoridades responsables de las agresiones así como la salida inmediata del Ejército de las comunidades.


http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/06/21/index.php?section=sociedad&article=006n1soc

Comunicado del Movimiento Ecuménico Por Los Derechos Humanos- MEDH

  Comunicado del Movimiento Ecuménico Por Los Derechos Humanos- MEDH Los Organismos de DDHH de la República Argentina, abajo firmantes, repu...