Discurso de Agustina García esposa del comandante de la CRAC, Arturo Campos. Ayer en la marcha x los presos políticos y en apoyo al Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop), cuyo líder Marco Antonio Suástegui Muños también se encuentra encarcelado.
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sábado, 14 de marzo de 2015
Agustina Garía, esposa de Arturo Campos integrante de la CRAC exige su libertad
Discurso de Agustina García esposa del comandante de la CRAC, Arturo Campos. Ayer en la marcha x los presos políticos y en apoyo al Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop), cuyo líder Marco Antonio Suástegui Muños también se encuentra encarcelado.
domingo, 20 de enero de 2013
Vuelve el Ejército a Ayutla, tras su salida por quejas de militarización
Por acuerdo de Aguirre y la Upoeg, fuerzas del Guerrero Seguro vigilan el municipio
Vuelve el Ejército a Ayutla, tras su salida por quejas de militarización
Tlachinollan y la OPIM lucharon contra los abusos de soldados en la zona indígena y otras violaciones
Chilpancingo, 19 de enero. Después de salir de la zona por la denuncia social y el levantamiento popular, los soldados regresaron a Ayutla, La Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) y el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan lucharon contra la militarización en la zona indígena de ese municipio, donde acreditaron que los militares persiguieron y violaron derechos humanos de los habitantes.
A raíz de que los pueblos de Ayutla, seguidos por los de Tecoanapa, encabezados por la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), el día 6, decidieron armarse para defenderse de la delincuencia organizada, se han observado nuevamente que en la zona circulan los militares por esa parte de la Costa Chica.
El dirigente de la Upoeg, Bruno Plácido Valerio, informó hace unos días que acordó con el gobernador Ángel Aguirre Rivero que respaldaría al movimiento de autodefensa con corporaciones policiacas tanto estatales como federales del llamado operativo Guerrero Seguro. Los habitantes informaron que desde entonces han visto que corporaciones pasan por los puestos de control y revisión, incluido el Ejército, pero que la seguridad de los pueblos la encabezaría los habitantes.
En la asamblea de ayer (viernes) del movimiento de autodefensa de la Upoeg, quien se hace llamar con el Comandante Guerrero dijo que trabajarían de manera conjunta con el Ejército, la Marina y la Policía Estatal para cuidar a los pueblos de la delincuencia organizada. En el caso de la Policía Municipal aclaró que hasta que fuera depurada, sería incluida por el movimiento.
El discurso de ayer fue distinto al de un inicio del movimiento, aunque los líderes han sido cercanos al gobierno estatal. El gobernador visitó a los líderes del movimiento de autodefensa en Ayutla, apenas unos días de que se levantaron, lo que hasta hoy no ha hecho con la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Algunos casos de violaciones, de todo tipo, de soldados en Ayutla. Manuel Cruz, Orlando Manzanares, Natalio Ortega, Romualdo Santiago y Raúl Hernández, todos integrantes de la OPIM, fueron detenidos el 17 de abril de 2008, acusados del asesinato del soldado Alejandro Feliciano García, ocurrido el 1º de enero de 2008 en El Camalote, Ayutla. En abril de 2009 fueron liberados cuatro, Raúl Hernández salió después por falta de elementos en su contra.
Los cinco indígenas habían acusado a autoridades civiles y militares de abusos contra indígenas tlapanecos, como de la esterilización forzada a 14 varones en El Camalote, en 1998; las violaciones de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, cometidas por militares en 2002, y el asesinato de Lorenzo Fernández Ortega, hermano de Inés, el 9 de febrero de 2008, en Ayutla.
Tlachinollan recontó 201 causas penales contra líderes sociales indígenas y mestizos en el estado, según un recuento de casos que elaboró entre 2007 y 2008. El director de la organización, Abel Barrera Hernández, consideró en ese momento que la cifra era muestra de la represión del gobierno estatal contra los movimientos sociales.
http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2013/01/20/index.php?section=politica&article=003n1pol
viernes, 11 de enero de 2013
Respalda la CRAC la autodefensa asumida por la población ayutleca
No trabajaremos para la delincuencia organizada, advierte
Respalda la CRAC la autodefensa asumida por la población ayutleca 2
Chilpancingo, 8 de noviembre. Cirino Plácido Valerio, consejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), opinó que lo importante del cerco de habitantes en Ayutla contra la violencia y la delincuencia en la zona, es que se organizaron para defenderse sin necesitar al sistema oficial de seguridad.
El consejero de la CRAC es hermano de Bruno Plácido Valerio, dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), organización que coordina los grupos de autodefensa de Ayutla que instalaron retenes para defenderse.
Cirino Plácido consideró que no conviene a la estrategia de autodefensa de los pueblos de Ayutla las divisiones entre organizaciones, porque lo importante es frenar a la delincuencia organizada en la zona.
La CRAC denunció en su asamblea del 22 de diciembre pasado en la comunidad mixteca de La Concordia, donde ratificaron la inclusión de 27 pueblos de Ayutla al sistema comunitario, que uno de los miembros de la Upoeg arrancó cuatro comunidades sumadas y que pretendía dirigir a sus policías.
En entrevista antes de una reunión con representantes de la CFE para tratar el asunto de las tarifas altas en La Montaña, aseguró que los retenes en Ayutla continuarán en tanto hasta siga el problema de inseguridad.
Denunció que las extorsiones, violaciones sexuales, cobro de piso y robos son acciones ilegales comunes en pueblos de Ayutla y Tecoanapa, Cruz Grande y Copala. “(Los delincuentes) ponen cuotas; por una tienda son 100 pesos; cada vez que necesitan armas a los ganaderos les piden 2 mil 500 pesos. Subió la gasolina, no hay como vender productos del campo. ¡No vamos a trabajar para la delincuencia!”, soltó.
Opinó específicamente del grupo de policías afiliado a la Upoeg. “Son policías ciudadanos que se sujetan a los mismos lineamiento de la CRAC, pero que ya no quisieron ratificarse por algunas controversias junto a los elementos que comenzaron a trabajar en el territorio de Ayutla el pasado 22 de diciembre”.
http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2013/01/09/index.php?section=sociedad&article=005n2soc
Admite Aguirre que hay desesperación ciudadana en Ayutla por la inseguridad
Anuncia el gobernador que reforzará la vigilancia en el municipio ayutleco
Admite Aguirre que hay desesperación ciudadana en Ayutla por la inseguridad
El levantamiento civil, porque la policía no protege los bienes ni la integridad personal, acepta
Xalpatlahuac, 8 de enero. El gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero, consideró que los levantamientos civiles se dan a la luz de la desesperación cuando ven que los cuerpos policiacos no protegen sus bienes y la integridad de las personas.
En entrevista en este municipio, el gobernador aseguró que se fortalecerá la presencia policiaca y militar en Ayutla en donde la madrugada del martes civiles colocaron retenes en los accesos.
Informó que ayer se reunió con los dirigentes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), quienes se dijo que fueron los que colocaron los retenes, y acordó con ellos que fortalecerá la presencia policiaca del gobierno del estado y de otras instituciones como el Ejército.
Por la noche, el gobierno del estado emitió un comunicado en el que precisa que la CRAC-Policía Comunitaria tiene reconocimiento oficial y permiso para portación de armas; refiere la reunión del gobernador con la UPOEG y que la administración estatal se coordinará con la CRAC para la seguridad en el área.
Se le preguntó sobre los ataques que se han hecho entre priístas y la postura de la secretaria general el PRI, Pilar Vadillo Ruiz, quien se pronunció por reabrir el caso Aguas Blancas, sobre lo que respondió que percibe que se ha generado un conflicto entre diferentes expresiones al interior del PRI pero que es “respetuoso y no quisiera dar algún punto de vista".
Del hecho de que lo involucran con la compra de fertilizante a la familia Figueroa, el gobernador expresó que si tuvieran algún elemento que pudiera demostrar una "situación de esas" les diría que lo presenten ante las instancias correspondientes.
Con respecto al tema de la violencia contra las mujeres en esta región, el gobernador adelantó que mediante la Secretaría de la Mujer se presentará una iniciativa para que las mujeres decidan libremente sobre su cuerpo.
"Dentro de las iniciativas que seguramente van a calar muy hondo este año hay una particular que va dirigida a las mujeres donde la propuesta de mi gobierno es que ellas decidan libremente sobre su cuerpo, sé que es un tema que a lo mejor va a generar polémica pero estoy convencido de que es lo mejor", dijo.
http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2013/01/09/index.php?section=sociedad&article=005n1soc
jueves, 8 de marzo de 2012
A 10 años de su violación, recibe Inés Fernández la disculpa oficial
Cumple México la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
A 10 años de su violación, recibe Inés Fernández la disculpa oficial
Aunque tengan las autoridades a su lado, no les resolverán nada, dice la agraviada a asistentes
Chilpancingo, 6 de
marzo. Inés Fernández Ortega entró, y los aplausos se oyeron más fuertes
que los anteriores. Diez años después de que emprendió su lucha por
justicia y castigo a los soldados que la violaron sexualmente, el Estado
mexicano, obligado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(Coidh), reconoció su responsabilidad.La acompañaron Obtilia Manuel Eugenio, dirigente de la Organización de Pueblos Indígenas Me’phaa (Opim); su marido, Fortunato Prisciliano Sierra, y el director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
Dos campesinos mayores veían hacia el templete que armó temprano el estado mayor presidencial en la plaza de Ayutla.
–¿Quién viene del gobierno? –preguntó el hombre a quien los años han dejado más huellas.
—Quién sabe quién pendejos venga –contestó el otro.
Antes que Inés, subieron al templete el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré; el gobernador, Ángel Aguirre Rivero; la titular de la PGR, Marisela Morales Ibáñez, y demás funcionarios.
Para el mandatario había mensajes personalizados al comenzar el acto: “Aguirre, asesino de estudiantes, ¡Justicia!”, era una de las tres cartulinas que sostenían brazos de hombres jóvenes en varios puntos del área del acto. Los ojos de Aguirre siguieron la frase y su rostro cambió; Poiré se acercó a su oído, pareció que le preguntaba qué pasaba.
Aun cuando los funcionarios estatales y delegados federales encabezaron el área de asistentes, destacaron los miembros de organizaciones como el Cecop, la Opim, la Crac, el Movimiento Lucio Cabañas Barrientos, la Red Guerrerense de Derechos Humanos, las Brigadas Internacionales de Paz, de los cinco pueblos de Tecoanapa, que ovacionaron a Inés Fernández cuando dijo que no creía, a pesar de que estuvieran ahí, que las autoridades cumplieran.
Tres de las cuatro ocasiones que la Corte ha obligado al Estado a ofrecer disculpas y reconocer su responsabilidad han sido por casos de Guerrero: Rosendo Radilla, Valentina Rosendo e Inés Fernández.
“Señora Inés Fernández Ortega: a usted, a su esposo, Prisciliano Sierra, y a sus hijos Noemí, Ana Luz, Colosio y Nélida, en mi carácter de secretario de Gobernación y a nombre del Estado mexicano, le ofrezco las más sentidas y sinceras disculpas por los hechos ocurridos hace casi una década en los que resultaron gravemente lesionados sus derechos”, dijo Poiré al cumplir la sentencia de la Coidh.
Literalmente exhibidos
¡Inés, Inés, Inés!, se oyó a unísono de los asistentes. Tras un discurso en su lengua (tlapaneco) claro, sin titubeos, apretó los labios, llevó dos de sus dedos de la mano derecha a sus ojos, y lloró por un instante.
“Quiero decirles a todos ustedes, hombres, mujeres y niños, que aunque tengan las autoridades a su lado, no le van resolver nada”, un traductor dijo a nombre de Inés. “¡Tssssssssssssss!”, se oyó de los asistentes, y a algunos de los servidores públicos se les vio pasmar los gestos, y a otros, mover las manos.
“Por ejemplo, el secretario de Gobernación, aunque esté presente y yo quisiera platicar con él, no me permitiría hablar con él porque yo hablo una lengua indígena, hablo tlapaneco”. Fue en ese momento cuando por primera vez el secretario de Gobernación dirigió su vista a Inés Fernández, que hablaba de pie.
De Aguirre también se quejó: “al gobernador quiero decirle que, aunque esté aquí presente, no va a cumplir con las necesidades mi pueblo, precisamente por eso busqué en otros lados justicia, porque realmente aquí no me atendieron”. Las gente movió la cabeza de arriba a abajo, como dando un sí.
Al alcalde de Ayutla, Armando García Rendón, y al secretario general de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, les reprochó que las veces que les buscó, al primero para pedirle una obra de electrificación para su pueblo (Barranca Guadalupe, en ese municipio), y al segundo, la construcción de una escuela, la ignoraron. El secretario y el gobernador sonrieron nerviosamente, y el alcalde prefirió quedarse tal cual, sin gestos. A Aguirre, la mujer indígena le exigió que ahí, delante de ella y de la OPIM como testigo, les firmara los que proyectos que pudiera cumplir.
El Estado mexicano le pidió disculpas públicas a Inés Fernández Ortega por la violación que sufrió de soldados. La indígena aseguró que la militarización en los pueblos no ha parado, que es recurrente que los soldados entren hasta las comunidades vestidos de civil; incluso “andan por aquí”.
Me puede costar la vida
“Cuando los militares violaron a Inés Fernández Ortega, lo hicieron porque ven a la mujer como un botín de guerra; también porque con este acto nos dicen que pueden hacer lo que quieran y no pasa nada porque ellos tienen las armas”. Con eso Obtilia Manuel Eugenio emepezó su particpación en el acto, a sabiendas, dijo, de que lo que denunciaba podría costarle la vida.
–Cuando se levantaron en armas los indígenas zapatistas en Chiapas –agregó–, el gobierno mexicano hizo una guerra para acabar con los pueblos indígenas de México. En nuestro estado, en 1998, los soldados mataron a 11 indígenas mixtecos en la comunidad de El Charco, en este municipio, y los responsables no han sido castigados. También, de manera forzada, esterilizaron a decenas de hombres indígenas en este municipio.
Aguirre sólo frunció el ceño cuando escuchó esta segunda parte de la participación.
La dirigente de la OPIM se quejó de que sus pueblos están abandonados por las autoridades, y no tienen justicia, ni seguridad. De hecho, “lo que estoy diciendo y voy a decir ahora me puede costar la vida: hace todavía siete años, Ayutla era un pueblo muy tranquilo; en 2008, cuando Zeferino Torreblanca era gobernador, él fue el principal represor de nuestra organización y de todo el movimiento social del estado. En su gobierno se estableció la delincuencia organizada, y ésta, junto con policías y militares, formaron grupos de narcoparamilitares”.
Todos ellos, aseguró, son responsables de la muerte de los dirigentes de OFPM, Raúl Lucas y Manuel Ponce, y de Lorenzo Fernández (hermano de Inés), entre otros.
Acusó a los hermanos Remigio Cantú, de El Camalote, Ayutla, de ser “peones” de un grupo paramilitar.
Tlachinollan
“Lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia no se agota con este acto”, asentó Abel Barrera, director de Tlachinollan.
Agradeció a Inés Fernández por haberle permitido acompañarla en su ejemplar lucha de la que, pidió, “empieces a acariciar ese fruto, todavía escaso en Guerrero, que es la justicia; de forma que este acto signifique la reunión de lo que ha permanecido separado, sin armonía, desde el 2002, y traiga para ti y los tuyos una brisa de paz”.
domingo, 29 de agosto de 2010
Tras dos años de cárcel, dicta el juez libertad a Raúl Hernández
“Ya estoy libre, ya estoy afuera”, expresa el integrante de la OPIM a su salida
Tras dos años de cárcel, dicta el juez libertad a Raúl Hernández
Niega amenazas contra él o su familia; pide encontrar al responsable, porque “no cometí ese delito”
CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )
Chilpancingo, 27 agosto. Tras permanecer dos años y cuatro meses preso en el penal de Ayutla de los Libres, este viernes Raúl Hernández Abundio, integrante de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaa (OPIM), salió libre, ya que el juez Alfredo Sánchez Sánchez, basado en las pruebas presentadas por la defensa ordenó la libertad de manera incondicional e inmediata del indígena. La resolución “es un triunfo al movimiento social tanto de Guerrero como de México”, aseguró el abogado defensor, Vidulfo Rosales Sierra.
A las 2 de la tarde, el juez mixto de Primera Instancia con sede en Ayutla notificó a Hernández la sentencia en la que determinó dejar en libertad absoluta al defensor de derechos humanos, ya que “no es culpable, ni penalmente responsable del delito de homicidio calificado cometido en agravio de Alejandro Feliciano García, ocurrido en enero del 2008”.
Más tarde, a las 2:45 de la tarde, Raúl salió del penal cargando un costal con su ropa y un ventilador, el resto de sus pertenencias las dejó a sus ex compañeros de celda.
Raúl fue recibido por los integrantes de la OPIM y por sus asesores jurídicos y abogados de Tlachinollan. En una breve entrevista telefónica, dijo sentirse muy contento: “ya estoy libre, ya estoy afuera”.
Agregó que su familia no pudo estar presente porque el camino que va de El Camalote a Ayutla está “muy feo” por las lluvias, pero en las próximas horas se reunirá con ellos.
De igual forma, sostuvo que, contrario a lo que sucedió con sus compañeros Manuel Cruz, Orlando Manzanarez, Natalio Ortega y Romualdo Santiago, quienes fueron amenazados de muerte una vez que salieron del penal, el afortunadamente no recibió ningún tipo de amenaza.
Raúl Hernández pidió al juez Alfredo Sánchez que investigue realmente quién es responsable de la muerte de Alejandro Feliciano, porque “yo no cometí ese delito”.
Aunque reconoce que en Guerrero, la lucha por la defensa de los derechos humanos es criminalizada, “continuaré con la lucha en la OPIM, vamos a seguir exigiendo nuestros derechos”.
Por otra parte, el abogado defensor, Vidulfo Rosales Sierra, destacó que la libertad de Raúl Hernández corrobora la criminalización que sufren los defensores de derechos en Guerrero., pero al mismo tiempo dijo, es “un triunfo para el movimiento social de Guerrero y de México”.
Destacó que Hernández durante los dos años y cuatro meses que estuvo encarcelado, se convirtió en un símbolo de la resistencia de los pueblos indígenas por la defensa de sus derechos, pero al mismo tiempo es un ejemplo “de cómo el gobierno pisotea, persigue y encarcela” a quienes exigen sus derechos y denuncian las injusticias y el abuso del poder público.
http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2010/08/28/index.php?section=sociedad&article=006n1soc
Tras dos años de cárcel, dicta el juez libertad a Raúl Hernández
Niega amenazas contra él o su familia; pide encontrar al responsable, porque “no cometí ese delito”
CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )
Chilpancingo, 27 agosto. Tras permanecer dos años y cuatro meses preso en el penal de Ayutla de los Libres, este viernes Raúl Hernández Abundio, integrante de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaa (OPIM), salió libre, ya que el juez Alfredo Sánchez Sánchez, basado en las pruebas presentadas por la defensa ordenó la libertad de manera incondicional e inmediata del indígena. La resolución “es un triunfo al movimiento social tanto de Guerrero como de México”, aseguró el abogado defensor, Vidulfo Rosales Sierra.
A las 2 de la tarde, el juez mixto de Primera Instancia con sede en Ayutla notificó a Hernández la sentencia en la que determinó dejar en libertad absoluta al defensor de derechos humanos, ya que “no es culpable, ni penalmente responsable del delito de homicidio calificado cometido en agravio de Alejandro Feliciano García, ocurrido en enero del 2008”.
Más tarde, a las 2:45 de la tarde, Raúl salió del penal cargando un costal con su ropa y un ventilador, el resto de sus pertenencias las dejó a sus ex compañeros de celda.
Raúl fue recibido por los integrantes de la OPIM y por sus asesores jurídicos y abogados de Tlachinollan. En una breve entrevista telefónica, dijo sentirse muy contento: “ya estoy libre, ya estoy afuera”.
Agregó que su familia no pudo estar presente porque el camino que va de El Camalote a Ayutla está “muy feo” por las lluvias, pero en las próximas horas se reunirá con ellos.
De igual forma, sostuvo que, contrario a lo que sucedió con sus compañeros Manuel Cruz, Orlando Manzanarez, Natalio Ortega y Romualdo Santiago, quienes fueron amenazados de muerte una vez que salieron del penal, el afortunadamente no recibió ningún tipo de amenaza.
Raúl Hernández pidió al juez Alfredo Sánchez que investigue realmente quién es responsable de la muerte de Alejandro Feliciano, porque “yo no cometí ese delito”.
Aunque reconoce que en Guerrero, la lucha por la defensa de los derechos humanos es criminalizada, “continuaré con la lucha en la OPIM, vamos a seguir exigiendo nuestros derechos”.
Por otra parte, el abogado defensor, Vidulfo Rosales Sierra, destacó que la libertad de Raúl Hernández corrobora la criminalización que sufren los defensores de derechos en Guerrero., pero al mismo tiempo dijo, es “un triunfo para el movimiento social de Guerrero y de México”.
Destacó que Hernández durante los dos años y cuatro meses que estuvo encarcelado, se convirtió en un símbolo de la resistencia de los pueblos indígenas por la defensa de sus derechos, pero al mismo tiempo es un ejemplo “de cómo el gobierno pisotea, persigue y encarcela” a quienes exigen sus derechos y denuncian las injusticias y el abuso del poder público.
http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2010/08/28/index.php?section=sociedad&article=006n1soc
martes, 15 de junio de 2010
Hostigan a vecinos de Juquila por petición de servicios básicos
Sólo dan largas, denuncian inconformes
Hostigan a vecinos de Juquila por petición de servicios básicos
Chilpancingo, 14 junio. Juquila, una comunidad que se independizó de Ocotlán, ha sufrido el desdén y olvido de los gobiernos estatal y federal, pues a pesar de las gestiones hechas para contar con los servicios básicos, sólo han obtenido largas esperas, denunciaron sus habitantes, quienes por organizarse para solicitar mejoras han recibido represión, amenazas y hostigamientos.El integrante de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), Maximino García Catarino comentó que si los pueblos se organizan es para buscar desarrollo, “eso es lo que nosotros buscamos porque no tenemos ni agua, ni luz, ni mejoramiento de vivienda, ni centros de salud, ni escuela, ni maestros, no tenemos nada”.
Al organizarse, dijo, alguna gente del gobierno se molesta, se opone “porque no quieren que salgamos de nuestra ignorancia para que nos sigan jodiendo”.
Agregó que sufren mucho por las carencias, y aunque han tocado puertas en diversas dependencias estatales y federales para que les lleven los servicios básicos, “el gobierno no quiere soltarla”.
Detalló que a pesar de que han tocado las puertas en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) no han encontrado eco a sus demandas.
Juquila se desprendió hace algunos años de Ocotlán, en Ayutla de los Libres y actualmente cuenta con 35 habitantes, todos en extrema marginación por el abandono de las autoridades.
“El gobierno nos dice que sí nos va a llevar la obra pero que dentro de un mes, llega el mes y que el próximo mes, que el próximo año, nada más nos dan largas y nos hacen dar vueltas”, criticó.
Expuso que cuando alguien se llega a enfermar, tienen que trasladar al paciente hasta el centro de salud de Ayutla, lo que les toma dos horas de camino en carro y tres y media a pie.
http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2010/06/15/index.php?section=regiones&article=010n2reg
miércoles, 9 de junio de 2010
Conmemoración X aniversario (2008) de la masacre en El Charco, Ayutla de los libres, Guerrero.
“… las mujeres y los niños, cuando ven llegar a los "guachos" como llaman a los soldados, en mixteco se dice "Uaxira kanira mio o, nos vienen a matar a nosotros".
Se agradece el apoyo técnico de Espacec.
La Masacre de El Charco,
Ayutla de los Libres, Guerrero.
Ocurrida el 07 de junio de 1998.
Informe de seguimiento a un año
Elaborado por la
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos
En El Charco, un amanecer de sangre y balas
fue la repuesta a un pueblo hambriento.
Tiros certeros disparados al corazon de los famelicos
cuerpos enflaquecidos por discursos y promesas incumplidas.
Un Charco de sangre indigena mezclada con las lagrimas de las viudas
debe convertirse en lucha contra la impunidad.
¿EL EJERCITO MEXICANO SE HA CUBIERTO DE GLORIA
EN LA DEFENSA DE LA PATRIA?.
Mexico, D.F., a 7 de junio de 1999.
BREVE CRONOLOGIA
En la comunidad de El Charco1, municipio de Ayutla de los Libres, Estado de Guerrero, durante la madrugada del 7 de junio de 1998, elementos del Ejercito Mexicano rodearon la escuela primaria "Caritino Maldonado", en la cual se encontraban dormidos varios indigenas, quienes participaban en una asamblea para tratar asuntos relacionados con proyectos productivos para sus comunidades.
Segun los sobrevivientes el Ejercito Federal rodeo el lugar e irrumpio, disparando y lanzando dos granadas de fragmentacion, lo que provoco 11 muertos y 5 heridos que quedaron detenidos junto con otras 22 personas, quienes fueron trasladadas (contrariamente a lo que establece el derecho) a las instalaciones de la Novena Region Militar, en Cumbres de Llano Largo, lugar donde fueron retenidas y sometidas a tortura por dos dias. Entre las personas se encontraban 5 menores de edad, quienes el 9 de junio fueron trasladados al Albergue Tutelar para Menores Infractores en Chilpancingo, exceptuando un menor que se encontraba herido y permanecio en el hospital naval durante un mes.
Al lugar de los hechos se impidio la entrada de periodistas y de ONGs defensoras de derechos humanos hasta despues de 2 dias; tiempo en el cual las autoridades se encargaron de borrar todas las evidencias de los hechos.
Las personas detenidas fueron
Bernardino GARCIA FRANCISCO, Eugenio ALONSO TRINIDAD, Martin MACARIO SALAZAR, Porfirio HERNANDEZ FRANCISCO, Alfonso Olivar MORALES, Javier ANGEL SEVERIANO, Ivan GARCIA ANGUSTIANO, Pedro BARRERA DANIEL, Albino SANTOS CONCEPCION, Alonso MARTINEZ, Lazaro PELAEZ CASTRO, Vicente VAZQUEZ DIAZ, Aurelio PORFIRIO CATARINO, Serafin MORALES LOPEZ, Julian RAMIREZ CRESCENCIO, Miguel Angel GARCIA CRISTIANO, Adolfo FILIBERTO CONCEPCION o Arnulfo SANTIAGO HERNANDEZ, Juan GARCIA DE LOS SANTOS, Anastasio RAMIREZ SIMONA, Esteban LEONARDO EPITACIO, Efren CORTES CHAVEZ, Erika ZAMORA PARDO, ademas de los menores de edadFrancisco Cristino CRESCENCIO, Adrian PATRIARCA ANGUSTINO, Bernabe GARCIA DE JESUS, Pedro ESTEBAN AVILA y Meliton CASTRO MORALES.
Tomaron la declaracion preparatoria los agentes del Ministerio Publico Federal coordinados por el subdelegado de averiguaciones previas de la PGR, Miguel Angel ZARAGOZA REYES.
El 11 de junio, fueron liberados 16 de los detenidos, ya que el delegado de la PGR en Guerrero, Javier LOMELI, no encontro elementos para procesarlos.
Ellos fueron Alfonso OLIVAR MORALES, Ivan GARCIA ANGUSTIANO, Pedro BARRERA DANIEL, Albino SANTOS CONCEPCION, Lazaro PELAEZ CASTRO, Vicente VAZQUEZ DIAZ, Aurelio PORFIRIO CATALINO, Serafin MORALES LOPEZ, Julian RAMIREZ CRESCENCIO, Adolfo FILIBERTO CONCEPCION, Arnulfo SANTIAGO HERNANDEZ, Anastacio RAMIREZ SIMONA y Esteban LEOBARDO EPITACIO, Javier ANGEL SEVERIANO, Miguel Angel GARCIA CRISTINO y Martin MACARIO SALAZAR. Cabe señalar que Javier LOMELI, posteriormente fue separado de su cargo, al parecer, debido a que ordeno la liberacion de las 20 personas, incluyendo a 4 menores que se encontraban en el Tutelar. Fue sustituido por Samuel HERNANDEZ ALBA, quien al revisar el expediente enviado por mandos militares, solicito nuevamente 17 ordenes de reaprehension, mismas que giro la jueza del segundo distrito de lo penal, Xochitl GUIDO GUZMAN.
Se abrio una nueva causa penal 17/98, por los delitos de motin, sedicion e invitacion a la rebelion, sumandoseles al proceso penal 109/A-1/98 que se le sigue a Erika ZAMORA PARDO y a Efren CORTES CHAVEZ.
El 23 de junio fueron arrestados Bernardino GARCIA FRANCISCO, Eugenio TRINIDAD AMBROSIO, Porfirio HERNANDEZ FRANCISCO y Juan Carlos GARCIA DE LOS SANTOS, quienes dos dias mas tarde fueron trasladados del Hospital General de Acapulco al Cereso de Acapulco, despues de que se les girara nueva orden de aprehension por los delitos de rebelion y conspiracion. Tal diligencia se realizo en privado en el area de enfermeria del penal de Acapulco, en contradiccion con la Constitucion Politica Mexicana, que establece que debe ser publica.
El 27 de junio la juez Xochilt GUIDO GUZMAN dicto auto de formal prision a 6 detenidos procesados bajo la causa penal 49/98 por los delitos de rebelion, conspiracion e incitacion a la rebelion. Mientras que 5 de los detenidos heridos y mantenidos en el hospital, fueron consignados por el agente del Ministerio Publico Federal (MPF), Gustavo SAAVEDRA, ante Maximiliano TORAL PEREZ, juez cuarto de distrito de Acapulco, acusados de ser miembros del Ejercito Revolucionario del Pueblo Insurgente, (ERPI) y por los delitos de rebelion, terrorismo, acopio de armas, portacion de armas de uso exclusivo del Ejercito y delincuencia organizada.
Resalta la declaracion Ministerial de Erika ZAMORA PARDO quien señalo "mi declaracion ante el MPF fue obtenida bajo presion de los agentes de Gobernacion, quienes me obligaron a declarar y a involucrar a personas. Esta declaracion fue firmada bajo tortura, ya que me vendaron los ojos, me desnudaron y me dieron toques electricos en los pies, me inyectaron y me obligaron a ingerir sustancias desconocidas, me amenazaron con desaparecerme, esta declaracion fue filmada y grabada en la zona Militar...el Ejercito fue el primero en disparar, que la gente estaba desarmada y que a pesar de que se rindieron y pidieron perdon los mataron,
a algunos heridos les dieron el tiro de gracia". Es importante señalar que en dicha declaracion tambien se le obligo a vincular a dirigentes sociales como Rocio MESINO, dirigente de la Organizacion Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) y a Ranferi HERNANDEZ ACEVEDO, es diputado local y exiliado en Francia.
El 13 -14 de junio fueron reconocidos 11 cadaveres y entregados a sus familiares, los que corresponden a Honorio GARCIA LORENZO, Mauro GONZALEZ CASTRO, originarios de Agua Cachagüe; Mario CHAVEZ GARCIA, Ricardo VICENTE, Fidencio MORALES CASTRO de 21 años, Jose FERNANDO NICASIO, Fernando FELIX GUADALUPE de 25 años de edad, de la comunidad de Ocote Amarillo; Daniel CRISOFORO del Coyul; Ricardo ZAVALA TAPIA de 24 años, del Distrito Federal, Manuel FRANCISCO PRISCILIANO o Francisco PRISCILIANO de 41años de la comunidad El Potrero, Apolonio JIMENEZ GARCIA de 40 años, y Juan GARCIA DE LOS SANTOS de 23 años (al parecer, existe una contradiccion en dicho nombre, ya que en el expediente juridico aparece como asesinado, pero despues se reporta que se le dio libertad) de El Charco.
El 15 de junio el juez Maximiliano TORAL PEREZ, dicto auto de libertad a Erika ZAMORA PARDO y a Efren CORTES CHAVEZ, por los delitos de delincuencia organizada, terrorismo y acopio de arma de fuego, ya que su defensor de oficio, Hector HERNANDEZ, asento que los hechos no coinciden en la tipificacion de los delitos. Sin embargo, de acuerdo con el proceso penal 57/98, el juez les dicto auto de formal prision como responsables de portacion de arma de fuego de uso exclusivo del Ejercito. Pese a lo anterior tres dias despues a Efren CORTES CHAVEZ se le nego el derecho a la libertad bajo fianza, con el argumento de que liberarlo constituiria un peligro para la sociedad, ya que lo señala como presunto miembro del grupo armado. El defensor de oficio, interpuso el recurso de apelacion ante el tribunal unitario del vigesimo primer circuito, con sede en Chilpancingo.
El 22 de junio los menores que se encuentran en el Tutelar de Menores dieron sus testimonios al Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan. Adrian PATRIARCA AGUSTINO, de 16 años de edad, originario de la comunidad de Ojo de Agua, refirio que fue detenido en una de las aulas y obligado a tirarse boca abajo y arrastrarse hacia la cancha de basquetbol. Despues lo trasladaron en helicoptero hasta Cruz Grande. Los militares lo golpearon en la cabeza y en el estomago con el puño cerrado, con los ojos vendados, obligandolo a dar nombres de sus familiares y del comisario municipal.
Bernabe GARCIA DE JESUS, de 14 años de la comunidad de La Palma, relato que "cuando estaba tirado en la cancha los militares me patearon, trasladandome en helicoptero a Cruz Grande y luego a Acapulco". Meliton CASTRO MORALES de 15 años, originario de la comunidad El Coyul y Pedro ESTEBAN de 16 años de Ocote Amarillo, refirieron testimonios parecidos.
VERSIONES OFICIALES
19 al 22 de junio Jose Luis RAMOS RIVERA, subprocurador general de la Republica, dio a conocer la postura oficial de lo ocurrido "No hubo tal masacre, ni hubo siembra de armas, ni se torturo a los detenidos para que se declararan integrantes del ERPI", ademas de que dio a conocer la existencia de un video. Indico que se realizo la prueba de absorción atomica a cada uno de los fallecidos y en todos los casos se comprobo que accionaron armas de fuego, y se les practico la prueba de Walker a cada una de las ropas de los acaecidos, la cual resulto negativa. Se pronuncio en defensa del Ejercito Mexicano, diciendo que lo de El Charco fue un enfrentamiento, los militares hacian un recorrido en aplicacion de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos de la campaña permanente contra enervantes, y descubrieron a unos hombres armados y al pedirles las armas estos comenzaron a disparar iniciando asi el enfrentamiento, el cual duro de las 450 de la madrugada a las 1100 de la mañana aproximadamente.
VERSIONES CONTRASTANTES
La ex alcaldesa de Atoyac, Maria de la Luz NUÑEZ RAMOS, envio al Presidente Ernesto Zedillo una carta en la que señalaba que no es creible la version del "enfrentamiento casual", cuando al mando del mismo estuvo el general Alfredo OROPEZA GARNICA, jefe de la 27 zona Militar, cuyo cuartel esta a mas de 100 km. Recuerda que el general fue victima de una emboscada el 24 de mayo de 1997 en el Guanabano, lo que puede explicar la crueldad y saña con la que decidieron exterminar a los sitiados en El Charco.
De acuerdo a la version del comisario municipal, Panfilo SANTIAGO HERNANDEZ y Julio Leocadio "los agarraron por sorpresa, cuando estaban durmiendo en la escuela, los integrantes del grupo armado fueron masacrados en ese lugar, y tememos por los detenidos y heridos, son personas inocentes, pacificas, de la comunidad, que no tienen vinculos con el EPR".
Version del ERPI dada a conocer en medios de comunicacion. No fue un encuentro casual como lo planteo ya que primero se envio una unidad de fuerzas especiales al mando de kaibiles entrenados en Guatemala, seguidos de 28 batallones de infanteria, ademas de otros soldados, sumando alrededor de un millar de efectivos militares al mando del General OROPEZA GARNICA. Dejando sus vehiculos en la comunidad de Tepuente, caminando en silencio hasta El Charco. Despues ocurrio la masacre, ya que los 4 combatientes que se rindieron fueron asesinados y los otros 7 muertos eran campesinos indefensos, asesinaron a cinco en la escuela y dos en la cancha.
HOSTIGAMIENTO
Despues de la masacre, los vecinos de la comunidad El Charco, se desplazaron por el temor, ante el incremento de la militarizacion, con gran panico en las comunidades; quienes solicitaron el retiro del Ejercito.
11 de junio alrededor de las 0200 horas, un grupo de 20 personas, a bordo de una Suburban, irrumpieron violentamente en el domicilio de la familia de Erika ZAMORA PARDO, ubicado en la comunidad de El Rosario, Municipio de Francisco I. Madero, estado de Hidalgo. En donde los amenazaron y robaron documentacion personal. Motivo por el cual su familia tuvo que huir de esa comunidad rumbo a la Ciudad de Mexico. La familia de Efren fue vigilada en Ayutla y Cruz Grande.
Se promovieron dos juicios de amparo contra actos de la justicia federal a favor de 14 campesinos, numero 648/98 promovido ante al juez tercero de distrito, Lucitania GARCIA ORTIZ, y el 649/98 contra actos de las autoridades federales.
30 de junio Ricardo MARTINEZ MARTINEZ, integrante del Bloque Universitario y estudiante de la Facultad de Ciencias Politicas de la UNAM, informo que luego de la detencion de su compañera Erika ZAMORA PARDO y de la muerte de Ricardo ZAVALA TAPIA, se inicio una ola de intimidacion en contra de jovenes de la UNAM y de la UAM, ya que agentes de Gobernacion y militares, pretendian vincularlos con actos subversivos.
04 de julio El defensor de oficio Andres GARCIA BUSTAMANTE, promovio ante el juez segundo de distrito, Xochil GUIDO GUZMAN, testimoniales de los comisarios municipales de Ayutla de los Libres y de El Charco, a favor de 6 detenidos. Sin embargo solo Juan Garcia de los Santos y Eugenio Trinidad AMBROSIO, salieron de inmediato despues de las declaraciones hechas por los comisarios.
08 julio Efrain ZUÑIGA GALEANA, coordinador de los diputados federales priistas guerrerenses, declaro "que el EPR es el sector guerrillero del PRD, los dirigentes del PRD estan al servicio del EPR, son quienes los estan subsidiando".
15 de agosto. Ampliacion de declaracion con efectivos del Ejercito mexicano, con el mayor de infanteria del 78 Batallon de Infanteria, Jose GARNICA MARQUEZ y el soldado raso Jose Monico quienes coincidieron en señalar que el general Juan Alfredo OROPEZA GARNICA estaba al filo de las 700 horas frente a la escuela del El Charco.
20 de agosto fueron detenidos Sabino ADELAIDO GARCIA, Alfonso OLIVIA MORALES, Esteban LEOBARDO EPITACIO, Anastacio RAMIREZ SIMONA, indigenas mixtecos, cuando se presentaron a declarar a favor de Efren CORTES CHAVEZ y Erika ZAMORA PARDO. En el Juzgado Tercero de Distrito se habia autorizado el amparo contra la orden de aprehension, pero al no depositarse la garantia se anulo y procedieron las ordenes de aprehension. Se encuentran acusados de rebelion y conspiracion, segun el expediente 1798, causa 49/98, en el Segundo Juzgado de Distrito con sede en Acapulco. El 26 de agosto se les dicto auto de formal prision.
INDEFENSION JURIDICA.
25 de agosto Fue detenido el abogado Jose SANCHEZ SANCHEZ, Asesor Juridico de la OCSS, quien atendia el caso de los presos a consecuencia de los hechos en El Charco. Se le acusa de despojo, robo y daños, a raiz de una toma de tierras que realizo un grupo de colonos en los Mogotes, Municipio de Coyuca de Benitez, en enero de 1997. Cabe señalar que el Juez Sexto Penal del Distrito Judicial de Galeana, Adolfo VAN METEER ROQUE, quien le dicto el auto de formal prision por los delitos de despojo, robo y daños, sin derecho a fianza, es el mismo que anteriormente, el 4 de diciembre de 1995, en la causa penal numero 145-1/994, ventilada ante el mismo juzgado sexto de lo penal, ya habia sentenciado en contra del señor Ranulfo SAMANO BARBOSA por el delito de despojo del mismo bien inmueble objeto del proceso penal. Destacamos que dicha persona es quien se presento como quejoso en contra del Lic. Jose SANCHEZ SANCHEZ.
NEGLIGENCIA MEDICA.
16 de agosto fue visitado el menor Francisco CRISTINO CRESENCIO, detenido en el Albergue Tutelar para Menores en Chilpancingo por el doctor Rafael Gomar Yabra, especialista en traumatologia, miembro de la Oficina de Socorro Internacional en Mexico e integrante de la Caravana Vicente Guerrero; alerto que el niño corre el peligro de perder la movilidad del brazo de por vida, debido a la negligencia de las autoridades al negarle la atencion medica adecuada y oportuna. El medico señaloel 16 de agosto observe, que a pesar de la gravedad de las lesiones, probablemente una fractura supracondilia, solo tenia una ferula posterior de yeso rota e inservible, fijada con una venda elastica deshilachada que le retire porque le estaba molestando. El niño presenta severas secuelas neurologicas con gran deterioro funcional del brazo y atrofia muscular avanzada. Por lo tanto no se le ha prestado atencion medica ni psicologica para la recuperacion emocional de un pequeño que solo habla mixteco, y que fue arrancado de su en torno familiar y social en un escenario de violencia militar gubernamental. No hay fundamento para su detencion ya que sus 4 compañeros detenidos por los mismos delitos ya fueron liberados. El 5 de septiembre, Pedro Julio VALDEZ VILCHIS, director general de Comunicación Social del gobierno del estado, nego los hechos. Sin embargo, el menor presentaba limitacion del movimiento de la articulacion del codo izquierdo y semiparalisis de la muñeca y mano izquierda, ya que no puede realizar los movimientos de extension de dicha mano, tambien presentaba hemiatrofia muscular (hipotrofia) de antebrazo y mano izquierda.
Testimonio de Francisco CRISTINO CRECENCIO. Internado en el Albergue Tutelar para Menores Infractores en Chilpancingo.
Soy indigena mixteco, que a los 13 años de edad, fui herido de bala en el brazo izquierdo el 07 de junio de 1998 en El Charco Ayutla de los Libres. Ahora ya cuento con 14 años. Ese dia estaba yo en uno de los salones de la escuela "Caritino Maldonado", junto con otras personas de diferentes comunidades, lugar en donde nos citaron para escuchar platicas sobre problemas comunitarios comouso de fertilizantes, realizacion de proyectos productivos, etc. Ya estabamos dormidos cuando en la madrugada llegaron los militares, rodearon la escuela ay nos gritaron, pero yo no entendia ya que no hablo bien el español, solo el mixteco, no entendia lo que ellos decian y nos dispararon despues dejaron de disparar y mas tarde continuaron disparando.
Rompiendo las ventanas de los salones con, los disparos y una bala entro fue la que me hirio, en ese momento, con un rozon en el pecho - yo no tenia ninguna arma- , y comence a sangrar y a tener fuerte dolor en la herida; sintiendome muy debil, al grado que estuve tirado en el piso del salon sin poder levantarme.
Horas despues comenzaron a salir con los brazos en alto las personas que estaban conmigo en el salon, yo al no poder salir con los demas entraron los soldados a sacarme y fue cuando vi a varios heridos en el suelo de la cancha de Basquetbol, Despues me llevaron en un helicoptero militar al Hospital Naval Militar de Acapulco donde estuve 7 dias con mucha vigilancia de marinos y solo me lavaban la herida por fuera. No me operaron. De ahi me trasladaron al Hospital General de Acapulco "civil"; donde me tuvieron un mes y 5 dias, me operaron en 3 ocasiones y me pusieron una ferula de yeso. Despues me trasladaron al Albergue Tutelar para MENORES Infractores, estando aqui me han sacado al Hospital Manuel G-A" en la Ciudad de Medico, donde me hicieron un transplante de "nervios", que me quitaron de los pies. Pero ya fue tarde esta operacion ya que quede semiparalizado de la mano y muñeca izquierda, aun con los ejercicios de rehabilitacion que me realizaron en el DIF, de Chilpancingo.
Inicialmente Francisco se encontro incomunicado. Presento su declaracion preparatoria ante el Ministerio Publico Militar. Su familia solo pudo visitarlo pocas veces por falta de recursos. Se le dicto sentencia de 9 meses. Fue liberado el 26 de mayo de 1999.
SEGUIMIENTO DURANTE 1999
Enero aparecio en un diario de Acapulco, una resolucion apocrifa de la CNDH; donde se señala que los hechos ocurridos fueron un enfrentamiento del Ejercito Revolucionario Popular Insurgente (ERPI) contra el Ejercito Mexicano. Tambien se desmintio que el Ejercito haya usado granadas de fragmentacion. Que las pruebas hechas a los detenidos salieron positivas, y que en el examen de orina realizado a Erika ZAMORA PARDO y a Efren CORTES CHAVEZ, aparecen residuos de cocaina. Mas tarde, la CNDH desmintio esa Resolucion diciendo que el documento publicado es apocrifo.
10 de marzo La juez segundo de distrito, Xochitl GUIDO GUZMAN, sentencio a 5 años de prision a Erika ZAMORA PARDO y Efren CORTES CHAVEZ, por los delitos de conspiracion e invitacion a la rebelion. A Bernardino GARCIA FRANCISCO y Porfirio HERNANDEZ FRANCISCO, indigenas mixtecos se les sentencio a un año de prision y multa de 9 mil 506 pesos 25 centavos, por los delitos de portacion de armas de uso exclusivo de la Fuerza Armada y el Ejercito (cabe señalar que al considerar el beneficio de la pena de 38 dias de trabajo, se debio otorgar su libertad condicional, hecho que ocurrio hasta el 12 de mayo, cuando fueron liberados mediante el pago de una fianza de $ 1000.00 mil pesos cada uno, por resolucion del Tribunal unitario con sede en Chilpancingo). Una semana despues se les dicto otra sentencia a Erika ZAMORA de 3 años y medio a Efren CORTES de 1 año y medio por portacion de arma. Acumulandoseles asi, 8 años y medio a Erika ZAMORA y 6 años y medio a Efren CORTES.
Por la sentencia dictada contra Efren CORTES y Erika ZAMORA, se interpuso apelacion, lo que trajo como consecuencia que se determinara una nueva revision al caso, razon por la cual se giraron ordenes de reaprehension contra los indigenas mixtecos Bernardino GARCIA FRANCISCO y Porfirio HERNADEZ FRANCISCO, recien liberados.
A un año de la masacre del Charco continuan en prision los 4 indigenas mixtecos Sabino ADELAIDO GARCIA, Alfonso OLIVIA MORALES, Esteban LEOBARDO EPITACIO, Anastacio RAMIREZ SIMONA, la estudiante Erika ZAMORA PARDO y el dirigente del PRD, Efren CORTES CHAVEZ, en el Cereso de Acapulco.
OTRAS REPERCUSIONES
Las familias de los detenidos que quedan en indefension economica
Bernardino GARCIA FRANCISCO, 38 años, Comunidad El Paraiso, medico tradicional, integrante de la Organizacion Independiente de Pueblos Mixtecos Tlapanecos (OIPMT).
Esposa, Maria Claudia PAULA GARCIA (37 años); hijos Florencio (20 años), Eudocio (18), Teresa Felipa (17), Rodrigo (14), Angel (11), Eudes (9), Octavio (4) y Florentino (1)
Porfirio HERNANDEZ FRANCISCO, 43 años, Comunidad El Paraiso.
Esposa, Teresa Margarita Carmen (38); hijosJaime (10), Hermelinda (8), Bonifacio (6), Floriberto (4), Gabriel (3) y Alejandro (1año 9 meses).
Sabino ADELAIDO GARCIA, 30 años, Comunidad El Potrero.
Esposa, Benicia Castro de los Santos (26); hijosLuis (5) y Adelaida (1 año 9 meses ).
Esteban EDUARDO EPITACIO, 43 años, Comunidad El Platanar.
Esposa, Maria Rosa Catarina; (40 años), hijosCristina (28), Valeria (20), Florencia (10), Leobardo (8), Arnulfo (5) y Fulgencio (4).
Alfonso OLIVIA MORALES, 22 años, Comunidad El Platanar.
Esposa, Elena Victoria Sabina (21); hijosNabor (11 meses).
Anastacio RAMIREZ SIMONA, 26 años, Comunidad La Concordia.
Esposa, Victoria Angel Verenciana (24); hijosAgripino (12), Leonilda (7), Carolina (3) y Norberto (1año 6 meses).
Numero de personas afectadas por la detencion arbitraria de los 6 indigenas12 adultos y 27 niños.
LAS VIUDAS DE EL CHARCO.
Catorce mujeres, indigenas mixtecas, se vieron obligadas a trabajar en casa, en el campo, y ahora tambien debieron darse a la tarea de exigir justicia.
Catalina LEOBARDO AURELIA, de 24 años y madre de 6 niños, vecina de Ocote Amarillo, quien perdio a su esposo, Fernando FELIX GUADALUPE, de 25 años, dice "ahora mi trabajo es 4 veces mas que antes y con menos dinero que antes". Ella camina 5 horas desde su comunidad hasta la cabecera de Ayutla, para pedir la indemnizacion por la muerte de su esposo, la que no le quieren dar, diciendole que su esposo murio en enfrentamiento ya que ellos atacaron a las tropas del Ejercito Mexicano. La situacion de las 8 viudas es igual, piden apoyo para mantener a sus hijos y el Gobierno se lo niega. Ahora empiezan a hablar; dicen que la necesidad las obliga a ponerse al frente.
Quienes mas sufren las consecuencias son las mujeres y los niños, cuando ven llegar a los "guachos" como llaman a los soldados, en mixteco se dice "Uaxira kanira mio o, nos vienen a matar a nosotros".
CONCLUSIONES.
Los hechos que se presentaron en la Masacre de El Charco señalan que, dificilmente puede creerse que haya existido un enfrentamiento puesto que no se presento ningun herido por parte del Ejercito Federal, lo que sugiere fuertemente que
1. Los militares tuvieron la oportunidad de actuar de manera premeditada, con alevosia y ventaja y no ponderaron las medidas de rendicion como lo establecen las normas internacionales referentes al derecho internacional humanitario. Al parecer, optaron por la salida violenta resultando 11 personas muertas, 27 detenidas y 5 de ellas heridas.
2. Llama poderosamente la atencion que el numero de muertos sea mayor al de los heridos, y que ningun militar resultara lesionado. Normalmente es de esperar que el numero de heridos sea mayor al de los muertos y, que cuando se trata de un enfrentamiento haya lesionados de ambos lados.
3. El Lugar de los hechos fue modificado inmediatamente por el Ejercito Mexicano impidiendo la preservacion de las evidencias, violando disposiciones en materia de procedimientos penales.
4. Las necropsias realizadas no consiñan todos los elementos que establecen los protocolos, son insuficientes para determinar las relaciones victima-victimario y el tipo de proyectiles utilizados.
5. Los detenidos fueron puestos a disposicion del Ministerio Publico Militar quien tomo declaraciones a los detenidos, violando la legislación penal y la constitucion.
6. Queda comprobado que los detenidos se mantuvieron en un lugar distinto al destinado ex profeso, lo que refuerza la version de los detenidos de que sufrieron coaccion para su declaracion, y apunta la validacion de los testimonios de tortura fisica y psicologica a la que aluden los detenidos (considerada por la jurisprudencia nacional en la materia), no obstante que los certificados medicos no se hayan consiñado lesiones visibles o externas.
7. Las acciones de la CNDH y las de la Coddehum han sido insuficientes y los derechos de los detenidos han quedado limitados ante la ausencia de un trabajo de campo mas acucioso.
8. Preocupa la detencion del abogado Jose SANCHEZ SANCHEZ, quien habia asumido la defensa de los detenidos de El Charco, bajo un proceso penal fuertemente cuestionado por sus irregularidades, lo que hablaria de una politica sistematica de aislamiento y represion.
9. los ataques y calumnias en contra de las ONG que han atendido el caso, señalandolas como parte de los grupos armados evidencia y refuerza dicha politica de aislamiento.
Finalmente, la Limeddh-FIDH recuerda que el caso de la Masacre de El Charco ha sido mencionada en el mas reciente informe de la relatora especial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones extrajudiciales, Asma Jahangir; a quien hemos solicitado que en su proxima visita a Mexico, ha realizarse probablemente en julio de 1999, lo incluya en su agenda de trabajo al igual que la Masacre de Aguas Blancas, de Las Palancas, Cualac, en Guerrero, y Acteal y otras mas en Chiapas, Oaxaca y el resto del pais.
RECOMENDACIONES
1. Debe investigarse con profundidad la denuncia de ejecucion sumaria con tiro de gracia a Mario CHAVEZ GARCIA, Daniel CRISOFORO JIMENEZ, Manuel FRANCISCO PRISCILIANO y Fernando FELIX GUADALUPE, todos ellos sometidos en la cancha de basquetbol; y a Honorio GARCIA LORENZO quien fue el primero que al salir de la escuela se hinco, levanto las manos en señal de rendicion y dijo "Perdonenme, nosotros no tenemos armas, no tiren" y los militares dispararon contra el. Los estudios de necropsia establecen que algunos de los cuerpos presentan una sola herida de proyectil de arma de fuego, mientras que la mayoria de los cadaveres presentan heridas multiples. Por lo que se requeriria la renecropsia para establecer si hubo tiro de gracia, como lo refieren algunos testimonios, cuando menos, en los cadaveres señalados.
2. Debe investigarse a profundidad los hechos puesto que, según declaraciones militares, ellos estaban en la zona aplicando la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos de la campaña permanente contra enervantes, al mando del General Juan Alfredo OROPEZA GARNICA; sin embargo, operativos de este tipo no requieren el uso de armamento altamente sofisticado. Ademas de que los testimonios de los testigos afirman que participaron 30 tanques, algunos vehiculos Hummers y contaban con enorme armamento. Los militares que participaron en el operativo llegaron rodeando la zona, con horas de antelacion. Por otro lado, participo en este el General Juan Alfredo OROPEZA GARNICA, Jefe de la 27 Zona Militar, cuyo cuartel esta a mas de 100 km, por lo que no le corresponderia la zona para llevar a cabo un operativo.
3. Deben investigarse las denuncias coincidentes en las que se mencionan que a los detenidos se les traslado a la Zona Militar donde se les torturo y amenazo con desaparecer a sus familiares, obligandoles a firmar declaraciones fabricadas, en las que se declaraban miembros del ERPI e involucraban a dirigentes sociales como a Rocio MESINO de la OCSS, y al ex diputado Ranferi HERNANDEZ ACEVEDO, exiliado en Francia.
4. Deben investigarse las actuaciones del Ministerio Publico Militar, quien no tiene facultades para tomar declaraciones de civiles.
5. Debe de garantizarse el derecho al debido proceso y la valoracion de todos los elementos para que los jueces actuen con plena independencia como lo establecen las normas nacionales e internacionales.
6. De los resultados de la investigacion del caso, se debera sancionar a los responsables y proceder a la indemnizacion de las victimas y sus familiares.
7. A la CNDH solicitamos que agilice la investigacion, ya que a un año de los hechos, no ha emitido ninguna Recomendacion al respecto
Se agradece el apoyo técnico de Espacec.
La Masacre de El Charco,
Ayutla de los Libres, Guerrero.
Ocurrida el 07 de junio de 1998.
Informe de seguimiento a un año
Elaborado por la
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos
En El Charco, un amanecer de sangre y balas
fue la repuesta a un pueblo hambriento.
Tiros certeros disparados al corazon de los famelicos
cuerpos enflaquecidos por discursos y promesas incumplidas.
Un Charco de sangre indigena mezclada con las lagrimas de las viudas
debe convertirse en lucha contra la impunidad.
¿EL EJERCITO MEXICANO SE HA CUBIERTO DE GLORIA
EN LA DEFENSA DE LA PATRIA?.
Mexico, D.F., a 7 de junio de 1999.
BREVE CRONOLOGIA
En la comunidad de El Charco1, municipio de Ayutla de los Libres, Estado de Guerrero, durante la madrugada del 7 de junio de 1998, elementos del Ejercito Mexicano rodearon la escuela primaria "Caritino Maldonado", en la cual se encontraban dormidos varios indigenas, quienes participaban en una asamblea para tratar asuntos relacionados con proyectos productivos para sus comunidades.
Segun los sobrevivientes el Ejercito Federal rodeo el lugar e irrumpio, disparando y lanzando dos granadas de fragmentacion, lo que provoco 11 muertos y 5 heridos que quedaron detenidos junto con otras 22 personas, quienes fueron trasladadas (contrariamente a lo que establece el derecho) a las instalaciones de la Novena Region Militar, en Cumbres de Llano Largo, lugar donde fueron retenidas y sometidas a tortura por dos dias. Entre las personas se encontraban 5 menores de edad, quienes el 9 de junio fueron trasladados al Albergue Tutelar para Menores Infractores en Chilpancingo, exceptuando un menor que se encontraba herido y permanecio en el hospital naval durante un mes.
Al lugar de los hechos se impidio la entrada de periodistas y de ONGs defensoras de derechos humanos hasta despues de 2 dias; tiempo en el cual las autoridades se encargaron de borrar todas las evidencias de los hechos.
Las personas detenidas fueron
Bernardino GARCIA FRANCISCO, Eugenio ALONSO TRINIDAD, Martin MACARIO SALAZAR, Porfirio HERNANDEZ FRANCISCO, Alfonso Olivar MORALES, Javier ANGEL SEVERIANO, Ivan GARCIA ANGUSTIANO, Pedro BARRERA DANIEL, Albino SANTOS CONCEPCION, Alonso MARTINEZ, Lazaro PELAEZ CASTRO, Vicente VAZQUEZ DIAZ, Aurelio PORFIRIO CATARINO, Serafin MORALES LOPEZ, Julian RAMIREZ CRESCENCIO, Miguel Angel GARCIA CRISTIANO, Adolfo FILIBERTO CONCEPCION o Arnulfo SANTIAGO HERNANDEZ, Juan GARCIA DE LOS SANTOS, Anastasio RAMIREZ SIMONA, Esteban LEONARDO EPITACIO, Efren CORTES CHAVEZ, Erika ZAMORA PARDO, ademas de los menores de edadFrancisco Cristino CRESCENCIO, Adrian PATRIARCA ANGUSTINO, Bernabe GARCIA DE JESUS, Pedro ESTEBAN AVILA y Meliton CASTRO MORALES.
Tomaron la declaracion preparatoria los agentes del Ministerio Publico Federal coordinados por el subdelegado de averiguaciones previas de la PGR, Miguel Angel ZARAGOZA REYES.
El 11 de junio, fueron liberados 16 de los detenidos, ya que el delegado de la PGR en Guerrero, Javier LOMELI, no encontro elementos para procesarlos.
Ellos fueron Alfonso OLIVAR MORALES, Ivan GARCIA ANGUSTIANO, Pedro BARRERA DANIEL, Albino SANTOS CONCEPCION, Lazaro PELAEZ CASTRO, Vicente VAZQUEZ DIAZ, Aurelio PORFIRIO CATALINO, Serafin MORALES LOPEZ, Julian RAMIREZ CRESCENCIO, Adolfo FILIBERTO CONCEPCION, Arnulfo SANTIAGO HERNANDEZ, Anastacio RAMIREZ SIMONA y Esteban LEOBARDO EPITACIO, Javier ANGEL SEVERIANO, Miguel Angel GARCIA CRISTINO y Martin MACARIO SALAZAR. Cabe señalar que Javier LOMELI, posteriormente fue separado de su cargo, al parecer, debido a que ordeno la liberacion de las 20 personas, incluyendo a 4 menores que se encontraban en el Tutelar. Fue sustituido por Samuel HERNANDEZ ALBA, quien al revisar el expediente enviado por mandos militares, solicito nuevamente 17 ordenes de reaprehension, mismas que giro la jueza del segundo distrito de lo penal, Xochitl GUIDO GUZMAN.
Se abrio una nueva causa penal 17/98, por los delitos de motin, sedicion e invitacion a la rebelion, sumandoseles al proceso penal 109/A-1/98 que se le sigue a Erika ZAMORA PARDO y a Efren CORTES CHAVEZ.
El 23 de junio fueron arrestados Bernardino GARCIA FRANCISCO, Eugenio TRINIDAD AMBROSIO, Porfirio HERNANDEZ FRANCISCO y Juan Carlos GARCIA DE LOS SANTOS, quienes dos dias mas tarde fueron trasladados del Hospital General de Acapulco al Cereso de Acapulco, despues de que se les girara nueva orden de aprehension por los delitos de rebelion y conspiracion. Tal diligencia se realizo en privado en el area de enfermeria del penal de Acapulco, en contradiccion con la Constitucion Politica Mexicana, que establece que debe ser publica.
El 27 de junio la juez Xochilt GUIDO GUZMAN dicto auto de formal prision a 6 detenidos procesados bajo la causa penal 49/98 por los delitos de rebelion, conspiracion e incitacion a la rebelion. Mientras que 5 de los detenidos heridos y mantenidos en el hospital, fueron consignados por el agente del Ministerio Publico Federal (MPF), Gustavo SAAVEDRA, ante Maximiliano TORAL PEREZ, juez cuarto de distrito de Acapulco, acusados de ser miembros del Ejercito Revolucionario del Pueblo Insurgente, (ERPI) y por los delitos de rebelion, terrorismo, acopio de armas, portacion de armas de uso exclusivo del Ejercito y delincuencia organizada.
Resalta la declaracion Ministerial de Erika ZAMORA PARDO quien señalo "mi declaracion ante el MPF fue obtenida bajo presion de los agentes de Gobernacion, quienes me obligaron a declarar y a involucrar a personas. Esta declaracion fue firmada bajo tortura, ya que me vendaron los ojos, me desnudaron y me dieron toques electricos en los pies, me inyectaron y me obligaron a ingerir sustancias desconocidas, me amenazaron con desaparecerme, esta declaracion fue filmada y grabada en la zona Militar...el Ejercito fue el primero en disparar, que la gente estaba desarmada y que a pesar de que se rindieron y pidieron perdon los mataron,
a algunos heridos les dieron el tiro de gracia". Es importante señalar que en dicha declaracion tambien se le obligo a vincular a dirigentes sociales como Rocio MESINO, dirigente de la Organizacion Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) y a Ranferi HERNANDEZ ACEVEDO, es diputado local y exiliado en Francia.
El 13 -14 de junio fueron reconocidos 11 cadaveres y entregados a sus familiares, los que corresponden a Honorio GARCIA LORENZO, Mauro GONZALEZ CASTRO, originarios de Agua Cachagüe; Mario CHAVEZ GARCIA, Ricardo VICENTE, Fidencio MORALES CASTRO de 21 años, Jose FERNANDO NICASIO, Fernando FELIX GUADALUPE de 25 años de edad, de la comunidad de Ocote Amarillo; Daniel CRISOFORO del Coyul; Ricardo ZAVALA TAPIA de 24 años, del Distrito Federal, Manuel FRANCISCO PRISCILIANO o Francisco PRISCILIANO de 41años de la comunidad El Potrero, Apolonio JIMENEZ GARCIA de 40 años, y Juan GARCIA DE LOS SANTOS de 23 años (al parecer, existe una contradiccion en dicho nombre, ya que en el expediente juridico aparece como asesinado, pero despues se reporta que se le dio libertad) de El Charco.
El 15 de junio el juez Maximiliano TORAL PEREZ, dicto auto de libertad a Erika ZAMORA PARDO y a Efren CORTES CHAVEZ, por los delitos de delincuencia organizada, terrorismo y acopio de arma de fuego, ya que su defensor de oficio, Hector HERNANDEZ, asento que los hechos no coinciden en la tipificacion de los delitos. Sin embargo, de acuerdo con el proceso penal 57/98, el juez les dicto auto de formal prision como responsables de portacion de arma de fuego de uso exclusivo del Ejercito. Pese a lo anterior tres dias despues a Efren CORTES CHAVEZ se le nego el derecho a la libertad bajo fianza, con el argumento de que liberarlo constituiria un peligro para la sociedad, ya que lo señala como presunto miembro del grupo armado. El defensor de oficio, interpuso el recurso de apelacion ante el tribunal unitario del vigesimo primer circuito, con sede en Chilpancingo.
El 22 de junio los menores que se encuentran en el Tutelar de Menores dieron sus testimonios al Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan. Adrian PATRIARCA AGUSTINO, de 16 años de edad, originario de la comunidad de Ojo de Agua, refirio que fue detenido en una de las aulas y obligado a tirarse boca abajo y arrastrarse hacia la cancha de basquetbol. Despues lo trasladaron en helicoptero hasta Cruz Grande. Los militares lo golpearon en la cabeza y en el estomago con el puño cerrado, con los ojos vendados, obligandolo a dar nombres de sus familiares y del comisario municipal.
Bernabe GARCIA DE JESUS, de 14 años de la comunidad de La Palma, relato que "cuando estaba tirado en la cancha los militares me patearon, trasladandome en helicoptero a Cruz Grande y luego a Acapulco". Meliton CASTRO MORALES de 15 años, originario de la comunidad El Coyul y Pedro ESTEBAN de 16 años de Ocote Amarillo, refirieron testimonios parecidos.
VERSIONES OFICIALES
19 al 22 de junio Jose Luis RAMOS RIVERA, subprocurador general de la Republica, dio a conocer la postura oficial de lo ocurrido "No hubo tal masacre, ni hubo siembra de armas, ni se torturo a los detenidos para que se declararan integrantes del ERPI", ademas de que dio a conocer la existencia de un video. Indico que se realizo la prueba de absorción atomica a cada uno de los fallecidos y en todos los casos se comprobo que accionaron armas de fuego, y se les practico la prueba de Walker a cada una de las ropas de los acaecidos, la cual resulto negativa. Se pronuncio en defensa del Ejercito Mexicano, diciendo que lo de El Charco fue un enfrentamiento, los militares hacian un recorrido en aplicacion de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos de la campaña permanente contra enervantes, y descubrieron a unos hombres armados y al pedirles las armas estos comenzaron a disparar iniciando asi el enfrentamiento, el cual duro de las 450 de la madrugada a las 1100 de la mañana aproximadamente.
VERSIONES CONTRASTANTES
La ex alcaldesa de Atoyac, Maria de la Luz NUÑEZ RAMOS, envio al Presidente Ernesto Zedillo una carta en la que señalaba que no es creible la version del "enfrentamiento casual", cuando al mando del mismo estuvo el general Alfredo OROPEZA GARNICA, jefe de la 27 zona Militar, cuyo cuartel esta a mas de 100 km. Recuerda que el general fue victima de una emboscada el 24 de mayo de 1997 en el Guanabano, lo que puede explicar la crueldad y saña con la que decidieron exterminar a los sitiados en El Charco.
De acuerdo a la version del comisario municipal, Panfilo SANTIAGO HERNANDEZ y Julio Leocadio "los agarraron por sorpresa, cuando estaban durmiendo en la escuela, los integrantes del grupo armado fueron masacrados en ese lugar, y tememos por los detenidos y heridos, son personas inocentes, pacificas, de la comunidad, que no tienen vinculos con el EPR".
Version del ERPI dada a conocer en medios de comunicacion. No fue un encuentro casual como lo planteo ya que primero se envio una unidad de fuerzas especiales al mando de kaibiles entrenados en Guatemala, seguidos de 28 batallones de infanteria, ademas de otros soldados, sumando alrededor de un millar de efectivos militares al mando del General OROPEZA GARNICA. Dejando sus vehiculos en la comunidad de Tepuente, caminando en silencio hasta El Charco. Despues ocurrio la masacre, ya que los 4 combatientes que se rindieron fueron asesinados y los otros 7 muertos eran campesinos indefensos, asesinaron a cinco en la escuela y dos en la cancha.
HOSTIGAMIENTO
Despues de la masacre, los vecinos de la comunidad El Charco, se desplazaron por el temor, ante el incremento de la militarizacion, con gran panico en las comunidades; quienes solicitaron el retiro del Ejercito.
11 de junio alrededor de las 0200 horas, un grupo de 20 personas, a bordo de una Suburban, irrumpieron violentamente en el domicilio de la familia de Erika ZAMORA PARDO, ubicado en la comunidad de El Rosario, Municipio de Francisco I. Madero, estado de Hidalgo. En donde los amenazaron y robaron documentacion personal. Motivo por el cual su familia tuvo que huir de esa comunidad rumbo a la Ciudad de Mexico. La familia de Efren fue vigilada en Ayutla y Cruz Grande.
Se promovieron dos juicios de amparo contra actos de la justicia federal a favor de 14 campesinos, numero 648/98 promovido ante al juez tercero de distrito, Lucitania GARCIA ORTIZ, y el 649/98 contra actos de las autoridades federales.
30 de junio Ricardo MARTINEZ MARTINEZ, integrante del Bloque Universitario y estudiante de la Facultad de Ciencias Politicas de la UNAM, informo que luego de la detencion de su compañera Erika ZAMORA PARDO y de la muerte de Ricardo ZAVALA TAPIA, se inicio una ola de intimidacion en contra de jovenes de la UNAM y de la UAM, ya que agentes de Gobernacion y militares, pretendian vincularlos con actos subversivos.
04 de julio El defensor de oficio Andres GARCIA BUSTAMANTE, promovio ante el juez segundo de distrito, Xochil GUIDO GUZMAN, testimoniales de los comisarios municipales de Ayutla de los Libres y de El Charco, a favor de 6 detenidos. Sin embargo solo Juan Garcia de los Santos y Eugenio Trinidad AMBROSIO, salieron de inmediato despues de las declaraciones hechas por los comisarios.
08 julio Efrain ZUÑIGA GALEANA, coordinador de los diputados federales priistas guerrerenses, declaro "que el EPR es el sector guerrillero del PRD, los dirigentes del PRD estan al servicio del EPR, son quienes los estan subsidiando".
15 de agosto. Ampliacion de declaracion con efectivos del Ejercito mexicano, con el mayor de infanteria del 78 Batallon de Infanteria, Jose GARNICA MARQUEZ y el soldado raso Jose Monico quienes coincidieron en señalar que el general Juan Alfredo OROPEZA GARNICA estaba al filo de las 700 horas frente a la escuela del El Charco.
20 de agosto fueron detenidos Sabino ADELAIDO GARCIA, Alfonso OLIVIA MORALES, Esteban LEOBARDO EPITACIO, Anastacio RAMIREZ SIMONA, indigenas mixtecos, cuando se presentaron a declarar a favor de Efren CORTES CHAVEZ y Erika ZAMORA PARDO. En el Juzgado Tercero de Distrito se habia autorizado el amparo contra la orden de aprehension, pero al no depositarse la garantia se anulo y procedieron las ordenes de aprehension. Se encuentran acusados de rebelion y conspiracion, segun el expediente 1798, causa 49/98, en el Segundo Juzgado de Distrito con sede en Acapulco. El 26 de agosto se les dicto auto de formal prision.
INDEFENSION JURIDICA.
25 de agosto Fue detenido el abogado Jose SANCHEZ SANCHEZ, Asesor Juridico de la OCSS, quien atendia el caso de los presos a consecuencia de los hechos en El Charco. Se le acusa de despojo, robo y daños, a raiz de una toma de tierras que realizo un grupo de colonos en los Mogotes, Municipio de Coyuca de Benitez, en enero de 1997. Cabe señalar que el Juez Sexto Penal del Distrito Judicial de Galeana, Adolfo VAN METEER ROQUE, quien le dicto el auto de formal prision por los delitos de despojo, robo y daños, sin derecho a fianza, es el mismo que anteriormente, el 4 de diciembre de 1995, en la causa penal numero 145-1/994, ventilada ante el mismo juzgado sexto de lo penal, ya habia sentenciado en contra del señor Ranulfo SAMANO BARBOSA por el delito de despojo del mismo bien inmueble objeto del proceso penal. Destacamos que dicha persona es quien se presento como quejoso en contra del Lic. Jose SANCHEZ SANCHEZ.
NEGLIGENCIA MEDICA.
16 de agosto fue visitado el menor Francisco CRISTINO CRESENCIO, detenido en el Albergue Tutelar para Menores en Chilpancingo por el doctor Rafael Gomar Yabra, especialista en traumatologia, miembro de la Oficina de Socorro Internacional en Mexico e integrante de la Caravana Vicente Guerrero; alerto que el niño corre el peligro de perder la movilidad del brazo de por vida, debido a la negligencia de las autoridades al negarle la atencion medica adecuada y oportuna. El medico señaloel 16 de agosto observe, que a pesar de la gravedad de las lesiones, probablemente una fractura supracondilia, solo tenia una ferula posterior de yeso rota e inservible, fijada con una venda elastica deshilachada que le retire porque le estaba molestando. El niño presenta severas secuelas neurologicas con gran deterioro funcional del brazo y atrofia muscular avanzada. Por lo tanto no se le ha prestado atencion medica ni psicologica para la recuperacion emocional de un pequeño que solo habla mixteco, y que fue arrancado de su en torno familiar y social en un escenario de violencia militar gubernamental. No hay fundamento para su detencion ya que sus 4 compañeros detenidos por los mismos delitos ya fueron liberados. El 5 de septiembre, Pedro Julio VALDEZ VILCHIS, director general de Comunicación Social del gobierno del estado, nego los hechos. Sin embargo, el menor presentaba limitacion del movimiento de la articulacion del codo izquierdo y semiparalisis de la muñeca y mano izquierda, ya que no puede realizar los movimientos de extension de dicha mano, tambien presentaba hemiatrofia muscular (hipotrofia) de antebrazo y mano izquierda.
Testimonio de Francisco CRISTINO CRECENCIO. Internado en el Albergue Tutelar para Menores Infractores en Chilpancingo.
Soy indigena mixteco, que a los 13 años de edad, fui herido de bala en el brazo izquierdo el 07 de junio de 1998 en El Charco Ayutla de los Libres. Ahora ya cuento con 14 años. Ese dia estaba yo en uno de los salones de la escuela "Caritino Maldonado", junto con otras personas de diferentes comunidades, lugar en donde nos citaron para escuchar platicas sobre problemas comunitarios comouso de fertilizantes, realizacion de proyectos productivos, etc. Ya estabamos dormidos cuando en la madrugada llegaron los militares, rodearon la escuela ay nos gritaron, pero yo no entendia ya que no hablo bien el español, solo el mixteco, no entendia lo que ellos decian y nos dispararon despues dejaron de disparar y mas tarde continuaron disparando.
Rompiendo las ventanas de los salones con, los disparos y una bala entro fue la que me hirio, en ese momento, con un rozon en el pecho - yo no tenia ninguna arma- , y comence a sangrar y a tener fuerte dolor en la herida; sintiendome muy debil, al grado que estuve tirado en el piso del salon sin poder levantarme.
Horas despues comenzaron a salir con los brazos en alto las personas que estaban conmigo en el salon, yo al no poder salir con los demas entraron los soldados a sacarme y fue cuando vi a varios heridos en el suelo de la cancha de Basquetbol, Despues me llevaron en un helicoptero militar al Hospital Naval Militar de Acapulco donde estuve 7 dias con mucha vigilancia de marinos y solo me lavaban la herida por fuera. No me operaron. De ahi me trasladaron al Hospital General de Acapulco "civil"; donde me tuvieron un mes y 5 dias, me operaron en 3 ocasiones y me pusieron una ferula de yeso. Despues me trasladaron al Albergue Tutelar para MENORES Infractores, estando aqui me han sacado al Hospital Manuel G-A" en la Ciudad de Medico, donde me hicieron un transplante de "nervios", que me quitaron de los pies. Pero ya fue tarde esta operacion ya que quede semiparalizado de la mano y muñeca izquierda, aun con los ejercicios de rehabilitacion que me realizaron en el DIF, de Chilpancingo.
Inicialmente Francisco se encontro incomunicado. Presento su declaracion preparatoria ante el Ministerio Publico Militar. Su familia solo pudo visitarlo pocas veces por falta de recursos. Se le dicto sentencia de 9 meses. Fue liberado el 26 de mayo de 1999.
SEGUIMIENTO DURANTE 1999
Enero aparecio en un diario de Acapulco, una resolucion apocrifa de la CNDH; donde se señala que los hechos ocurridos fueron un enfrentamiento del Ejercito Revolucionario Popular Insurgente (ERPI) contra el Ejercito Mexicano. Tambien se desmintio que el Ejercito haya usado granadas de fragmentacion. Que las pruebas hechas a los detenidos salieron positivas, y que en el examen de orina realizado a Erika ZAMORA PARDO y a Efren CORTES CHAVEZ, aparecen residuos de cocaina. Mas tarde, la CNDH desmintio esa Resolucion diciendo que el documento publicado es apocrifo.
10 de marzo La juez segundo de distrito, Xochitl GUIDO GUZMAN, sentencio a 5 años de prision a Erika ZAMORA PARDO y Efren CORTES CHAVEZ, por los delitos de conspiracion e invitacion a la rebelion. A Bernardino GARCIA FRANCISCO y Porfirio HERNANDEZ FRANCISCO, indigenas mixtecos se les sentencio a un año de prision y multa de 9 mil 506 pesos 25 centavos, por los delitos de portacion de armas de uso exclusivo de la Fuerza Armada y el Ejercito (cabe señalar que al considerar el beneficio de la pena de 38 dias de trabajo, se debio otorgar su libertad condicional, hecho que ocurrio hasta el 12 de mayo, cuando fueron liberados mediante el pago de una fianza de $ 1000.00 mil pesos cada uno, por resolucion del Tribunal unitario con sede en Chilpancingo). Una semana despues se les dicto otra sentencia a Erika ZAMORA de 3 años y medio a Efren CORTES de 1 año y medio por portacion de arma. Acumulandoseles asi, 8 años y medio a Erika ZAMORA y 6 años y medio a Efren CORTES.
Por la sentencia dictada contra Efren CORTES y Erika ZAMORA, se interpuso apelacion, lo que trajo como consecuencia que se determinara una nueva revision al caso, razon por la cual se giraron ordenes de reaprehension contra los indigenas mixtecos Bernardino GARCIA FRANCISCO y Porfirio HERNADEZ FRANCISCO, recien liberados.
A un año de la masacre del Charco continuan en prision los 4 indigenas mixtecos Sabino ADELAIDO GARCIA, Alfonso OLIVIA MORALES, Esteban LEOBARDO EPITACIO, Anastacio RAMIREZ SIMONA, la estudiante Erika ZAMORA PARDO y el dirigente del PRD, Efren CORTES CHAVEZ, en el Cereso de Acapulco.
OTRAS REPERCUSIONES
Las familias de los detenidos que quedan en indefension economica
Bernardino GARCIA FRANCISCO, 38 años, Comunidad El Paraiso, medico tradicional, integrante de la Organizacion Independiente de Pueblos Mixtecos Tlapanecos (OIPMT).
Esposa, Maria Claudia PAULA GARCIA (37 años); hijos Florencio (20 años), Eudocio (18), Teresa Felipa (17), Rodrigo (14), Angel (11), Eudes (9), Octavio (4) y Florentino (1)
Porfirio HERNANDEZ FRANCISCO, 43 años, Comunidad El Paraiso.
Esposa, Teresa Margarita Carmen (38); hijosJaime (10), Hermelinda (8), Bonifacio (6), Floriberto (4), Gabriel (3) y Alejandro (1año 9 meses).
Sabino ADELAIDO GARCIA, 30 años, Comunidad El Potrero.
Esposa, Benicia Castro de los Santos (26); hijosLuis (5) y Adelaida (1 año 9 meses ).
Esteban EDUARDO EPITACIO, 43 años, Comunidad El Platanar.
Esposa, Maria Rosa Catarina; (40 años), hijosCristina (28), Valeria (20), Florencia (10), Leobardo (8), Arnulfo (5) y Fulgencio (4).
Alfonso OLIVIA MORALES, 22 años, Comunidad El Platanar.
Esposa, Elena Victoria Sabina (21); hijosNabor (11 meses).
Anastacio RAMIREZ SIMONA, 26 años, Comunidad La Concordia.
Esposa, Victoria Angel Verenciana (24); hijosAgripino (12), Leonilda (7), Carolina (3) y Norberto (1año 6 meses).
Numero de personas afectadas por la detencion arbitraria de los 6 indigenas12 adultos y 27 niños.
LAS VIUDAS DE EL CHARCO.
Catorce mujeres, indigenas mixtecas, se vieron obligadas a trabajar en casa, en el campo, y ahora tambien debieron darse a la tarea de exigir justicia.
Catalina LEOBARDO AURELIA, de 24 años y madre de 6 niños, vecina de Ocote Amarillo, quien perdio a su esposo, Fernando FELIX GUADALUPE, de 25 años, dice "ahora mi trabajo es 4 veces mas que antes y con menos dinero que antes". Ella camina 5 horas desde su comunidad hasta la cabecera de Ayutla, para pedir la indemnizacion por la muerte de su esposo, la que no le quieren dar, diciendole que su esposo murio en enfrentamiento ya que ellos atacaron a las tropas del Ejercito Mexicano. La situacion de las 8 viudas es igual, piden apoyo para mantener a sus hijos y el Gobierno se lo niega. Ahora empiezan a hablar; dicen que la necesidad las obliga a ponerse al frente.
Quienes mas sufren las consecuencias son las mujeres y los niños, cuando ven llegar a los "guachos" como llaman a los soldados, en mixteco se dice "Uaxira kanira mio o, nos vienen a matar a nosotros".
CONCLUSIONES.
Los hechos que se presentaron en la Masacre de El Charco señalan que, dificilmente puede creerse que haya existido un enfrentamiento puesto que no se presento ningun herido por parte del Ejercito Federal, lo que sugiere fuertemente que
1. Los militares tuvieron la oportunidad de actuar de manera premeditada, con alevosia y ventaja y no ponderaron las medidas de rendicion como lo establecen las normas internacionales referentes al derecho internacional humanitario. Al parecer, optaron por la salida violenta resultando 11 personas muertas, 27 detenidas y 5 de ellas heridas.
2. Llama poderosamente la atencion que el numero de muertos sea mayor al de los heridos, y que ningun militar resultara lesionado. Normalmente es de esperar que el numero de heridos sea mayor al de los muertos y, que cuando se trata de un enfrentamiento haya lesionados de ambos lados.
3. El Lugar de los hechos fue modificado inmediatamente por el Ejercito Mexicano impidiendo la preservacion de las evidencias, violando disposiciones en materia de procedimientos penales.
4. Las necropsias realizadas no consiñan todos los elementos que establecen los protocolos, son insuficientes para determinar las relaciones victima-victimario y el tipo de proyectiles utilizados.
5. Los detenidos fueron puestos a disposicion del Ministerio Publico Militar quien tomo declaraciones a los detenidos, violando la legislación penal y la constitucion.
6. Queda comprobado que los detenidos se mantuvieron en un lugar distinto al destinado ex profeso, lo que refuerza la version de los detenidos de que sufrieron coaccion para su declaracion, y apunta la validacion de los testimonios de tortura fisica y psicologica a la que aluden los detenidos (considerada por la jurisprudencia nacional en la materia), no obstante que los certificados medicos no se hayan consiñado lesiones visibles o externas.
7. Las acciones de la CNDH y las de la Coddehum han sido insuficientes y los derechos de los detenidos han quedado limitados ante la ausencia de un trabajo de campo mas acucioso.
8. Preocupa la detencion del abogado Jose SANCHEZ SANCHEZ, quien habia asumido la defensa de los detenidos de El Charco, bajo un proceso penal fuertemente cuestionado por sus irregularidades, lo que hablaria de una politica sistematica de aislamiento y represion.
9. los ataques y calumnias en contra de las ONG que han atendido el caso, señalandolas como parte de los grupos armados evidencia y refuerza dicha politica de aislamiento.
Finalmente, la Limeddh-FIDH recuerda que el caso de la Masacre de El Charco ha sido mencionada en el mas reciente informe de la relatora especial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones extrajudiciales, Asma Jahangir; a quien hemos solicitado que en su proxima visita a Mexico, ha realizarse probablemente en julio de 1999, lo incluya en su agenda de trabajo al igual que la Masacre de Aguas Blancas, de Las Palancas, Cualac, en Guerrero, y Acteal y otras mas en Chiapas, Oaxaca y el resto del pais.
RECOMENDACIONES
1. Debe investigarse con profundidad la denuncia de ejecucion sumaria con tiro de gracia a Mario CHAVEZ GARCIA, Daniel CRISOFORO JIMENEZ, Manuel FRANCISCO PRISCILIANO y Fernando FELIX GUADALUPE, todos ellos sometidos en la cancha de basquetbol; y a Honorio GARCIA LORENZO quien fue el primero que al salir de la escuela se hinco, levanto las manos en señal de rendicion y dijo "Perdonenme, nosotros no tenemos armas, no tiren" y los militares dispararon contra el. Los estudios de necropsia establecen que algunos de los cuerpos presentan una sola herida de proyectil de arma de fuego, mientras que la mayoria de los cadaveres presentan heridas multiples. Por lo que se requeriria la renecropsia para establecer si hubo tiro de gracia, como lo refieren algunos testimonios, cuando menos, en los cadaveres señalados.
2. Debe investigarse a profundidad los hechos puesto que, según declaraciones militares, ellos estaban en la zona aplicando la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos de la campaña permanente contra enervantes, al mando del General Juan Alfredo OROPEZA GARNICA; sin embargo, operativos de este tipo no requieren el uso de armamento altamente sofisticado. Ademas de que los testimonios de los testigos afirman que participaron 30 tanques, algunos vehiculos Hummers y contaban con enorme armamento. Los militares que participaron en el operativo llegaron rodeando la zona, con horas de antelacion. Por otro lado, participo en este el General Juan Alfredo OROPEZA GARNICA, Jefe de la 27 Zona Militar, cuyo cuartel esta a mas de 100 km, por lo que no le corresponderia la zona para llevar a cabo un operativo.
3. Deben investigarse las denuncias coincidentes en las que se mencionan que a los detenidos se les traslado a la Zona Militar donde se les torturo y amenazo con desaparecer a sus familiares, obligandoles a firmar declaraciones fabricadas, en las que se declaraban miembros del ERPI e involucraban a dirigentes sociales como a Rocio MESINO de la OCSS, y al ex diputado Ranferi HERNANDEZ ACEVEDO, exiliado en Francia.
4. Deben investigarse las actuaciones del Ministerio Publico Militar, quien no tiene facultades para tomar declaraciones de civiles.
5. Debe de garantizarse el derecho al debido proceso y la valoracion de todos los elementos para que los jueces actuen con plena independencia como lo establecen las normas nacionales e internacionales.
6. De los resultados de la investigacion del caso, se debera sancionar a los responsables y proceder a la indemnizacion de las victimas y sus familiares.
7. A la CNDH solicitamos que agilice la investigacion, ya que a un año de los hechos, no ha emitido ninguna Recomendacion al respecto
miércoles, 10 de febrero de 2010
México: Ayutla: La militarización y las ejecuciones selectivas
En los últimos 10 años han sido asesinados alrededor de 20 líderes comunitarios y defensores de derechos humanos en Ayutla, pequeño municipio de la Costa Chica guerrerense. 9-2-2010 www.kaosenlared.net/noticia/mexico-ayutla-militarizacion-ejecuciones-selectivas
En los últimos 10 años han sido asesinados alrededor de 20 líderes comunitarios y defensores de derechos humanos en Ayutla, pequeño municipio de la Costa Chica guerrerense. Las 107 medidas cautelares dictadas por la Corte Interamericana a favor de los activistas poco han servido para contener la violencia en una zona militarizada desde la masacre de El Charco de 1998. A pesar de los reclamos de la CIDH y de Amnistía Internacional, el Estado mexicano no ha detenido a una sola persona por los homicidios. Por el contrario, mantiene tras las rejas al activista Raúl Hernández Abundio, el único mexicano que la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce “preso de conciencia”
Ayutla de los Libres, Guerrero. Un pelotón de infantería se apuesta en la calle principal de esta cabecera municipal habitada por poco más de 6 mil personas. Si se les pregunta, los soldados dicen resguardar “los paquetes electorales” que supuestamente se encuentran en las oficinas de los distritos 14 (local) y sexto (federal).
Lo cierto es que los militares se encuentran en este lugar desde el 7 de junio de 1998, cuando fueron asesinados 11 indígenas en El Charco, comunidad serrana dependiente de este municipio. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reportó un enfrentamiento entre efectivos del Ejército Mexicano y guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI); pobladores y organizaciones de defensa de los derechos humanos señalaron que se trató de la matanza de indígenas indefensos.
Los militares han pasado a formar parte del paisaje. Durante semanas, son dos los pelotones que llegan del 48 Batallón de Infantería con sede en Cruz Grande. En otras, sólo un pelotón permanece a las puertas de las oficinas.
A 200 metros, la plaza cívica es una algarabía en me’phaa o tlapaneco, na’saavi o mixteco y español: es día de tianguis y los puestos de los indígenas han desbordado los locales del mercado. La comandancia de la policía municipal despacha en el palacio del ayuntamiento. Entre 20 y 25 elementos con armas largas resguardan el parque. Los fusiles de asalto AR-15, las botas altas con casquillos de acero, los cabellos recortados y los uniformes camuflados hacen parecer a esta corporación policiaca un agrupamiento del Ejército Mexicano.
Militares y policías municipales no son los únicos armados en este pueblo de la Costa Chica guerrerense, también rondan patrullas de la Policía Federal, la Policía Estatal Preventiva y la Policía Investigadora Ministerial, esta última dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero y que viste de civil.
El pequeño municipio es el más peligroso, en todo el país, para los defensores de los derechos humanos. La saturación militar y policial es vista por las propias organizaciones no gubernamentales como parte del acoso orquestado en contra de ellas.
Desde el 9 de abril de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó medidas cautelares a favor de 107 defensores de derechos humanos de las organizaciones que trabajan en la zona: la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (Kabaxo Xuaji Guini Me’phaa, OPIM por sus siglas en español), la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. La mayoría de los defensores son indígenas me’phaa y na’saavi.
En la resolución de la presidencia de la CIDH se establece que el Estado mexicano debe preservar “la vida y la integridad” de 107 personas. El documento enlista que las medidas de protección deben ser para 41 integrantes de la OPIM; 29 de Tlachinollan; Inés Fernández, me’phaa abusada sexualmente por militares, y su familia; Obtilia Eugenio, líder me’phaa, y su familia, y los familiares de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, líderes na’saavi de la OFPM asesinados en febrero de 2009.
A pesar de que el Estado mexicano se comprometió a cumplir con el dictado de la CIDH, los defensores de derechos humanos deben trabajar sin garantías. La oficina de Tlachinollan fue cerrada desde el 25 de marzo de 2009 y la dirección de la OPIM, encabezada por Obtilia Eugenio Manuel, se vio obligada a salir del municipio.
A diferencia de otras regiones de Guerrero, las de la Costa Chica y Montaña no son rutas de trasiego de drogas ni albergan campos de siembra de marihuana o amapola. Lo que abunda en la zona son las asambleas y los proyectos comunitarios impulsados por la OPIM y la OFPM. Más de 50 comunidades comenzaron a organizarse por estas dos vías para defender sus derechos humanos y colectivos y exigir carreteras, escuelas, clínicas y subsidios agrícolas.
—Los gobiernos siguen teniendo esta imagen conspirativa de los indígenas de Guerrero: si te organizas, seguro eres guerrillero. Y, en esta lógica, las organizaciones de defensa de los derechos humanos son el brazo político de la guerrilla. Si eres indígena pobre, seguro conspiras. Y si, además, te organizas, seguro preparas la subversión. Ésa es la visión con que se trata a los pueblos indios, señala el director de Tlachinollan, el antropólogo Abel Barrera Hernández.
La presencia del Ejército Mexicano y de las corporaciones policiales federales, estatales y municipales sólo parecería responder a la búsqueda de una columna del ERPI, la encabezada por el comandante Emiliano que anda en un corredor que va de la Costa Chica a la Montaña: 30 municipios con decenas de comunidades cada uno.
—En El Charco (el 7 de junio de 1998) mataron a varios líderes y comisarios de las comunidades. Los militares dijeron que los que estaban en la escuela de esa comunidad eran de un grupo armado. Pero cómo van a ser de un grupo armado si los compañeros asesinados no traían ni zapatos; unos, ni huaraches tenían –dice Arturo Campos Herrera, líder indígena de la comunidad de San Felipe y activista en la defensa de los derechos humanos.
Luego de la saturación policial y militar, comenzaron a aparecer en la región grupos paramilitares que, a decir de las organizaciones defensoras de derechos humanos, tienen la encomienda de entorpecer la organización de los pueblos indígenas y asesinar a los líderes de la región. De tal suerte, los hechos ocurridos en El Charco desataron una oleada de asesinatos que en número superan a los cometidos en aquella masacre.
El indígena na’saavi de 38 años de edad dice que más de 20 líderes comunitarios fueron asesinados después de la masacre de El Charco. Todos estaban organizados en la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos (OIPMT), antecedente de la OPIM y de la OFPM.
—El Ejército metió mucha inteligencia militar en la zona y paramilitares. Y comenzaron a crear muchos conflictos en las comunidades. Los asesinatos comenzaron con el de Rogaciano González, de la comunidad Ocote Amarillo. Lo mataron allá en su comunidad. Luego siguió el de uno de los líderes de El Charco: Marcelino Petrunio. Lo mataron cuando venía bajando a Ayutla.
Al primero lo ultimaron con una pistola de calibre .9 milímetros. Al segundo, con un fusil AR-15. “En la zona no existen ese tipo de armas como para que el gobierno pueda decir que entre mixtecos se están matando”, advierte Arturo Campos, líder de la OIPMT de 2000 a 2002.
Bertoldo Martínez, activista por los derechos humanos y representante de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero, dice que los grupos de sicarios y paramilitares llegaron al mismo tiempo que la militarización y saturación policial.
—Eso de la delincuencia organizada es nuevo en Ayutla. Cualquier asesinato se dice que fue cometido por la delincuencia organizada, y ya: ahí queda. Pero esos grupos llegaron con el Ejército, y éste los protege: son los mismos. Lo que está ocurriendo en Ayutla es una cuestión de contrainsurgencia, y todo porque las comunidades indígenas se organizaron por sus derechos.
La lista de líderes comunitarios y defensores de derechos humanos ejecutados continúa: Eugenio Librado, de Ocotitlán; Catalino Rodríguez, de La Concordia; Eugenio Ramírez, de Tenanitla; Francisco Morales Castro, de San Pedro Cuxcatlán; Porfirio Hernández y Armando García de El Paraíso; Esteban Pitazo…
—Está el caso del asesinato de casi una familia entera de la comunidad de Barranca de Guadalupe: mataron a la mamá, una hija y dos hijos –señala Arturo Campos Herrera.
Se trata de parientes de la actual líder de la OPIM, Obtilia Eugenio Manuel. Las cuatro personas fueron interceptadas y ejecutadas cuando regresaban a su domicilio luego de una jornada de trabajo. Los hechos ocurrieron el 4 de julio de 2003. Fueron asesinados Eugenio Eugenio Neri, de 18 años; Antonino Eugenio Neri, de 20; Marcelina Eugenio Neri, de 23, y Fausta Neri Evaristo, de 48. Sobrevivió Ricardo Eugenio Rufina, de 53 años, padre y esposo de las víctimas. En la emboscada participaron aproximadamente 12 hombres.
También fueron ultimados: Severiano Lucas, de Barranca de Guadalupe; Héctor Romero Ríos, de Ayutla de los Libres; Raúl Lucas Lucía, de El Charco; Manuel Ponce Rosas, de La Cortina; Homero Lorenzo Ríos, de Ayutla de los Libres… El más reciente, el periodista Jorge Ochoa Martínez…
—Esto en cuanto a los asesinatos; pero también el mismo gobierno metió a la Secretaría de Salud (federal) para esterilizar forzosamente a todas las familias de la zona.
Arturo Campos Herrera se refiere a las vasectomías practicadas, entre 1999 y 2001, a 30 indígenas na’saavi y me’phaa de las comunidades El Camalote, La Fátima, Ojo de Agua y Ocotlán. Por estas acciones, se emitieron las recomendaciones 34/2004 y 18/2004 de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, respectivamente.
Además de los asesinatos y la esterilización forzada, las comunidades indígenas han padecido la instalación de campamentos militares sobre sus milpas, el robo de ganado y la destrucción de huertas. También, la violación de mujeres.
El 16 de febrero de 2002, Valentina Rosendo, entonces de 17 años, lavaba ropa en un arroyo cerca de su comunidad, Caxitepec, municipio de Acatepec. Fue atacada por ocho soldados. Luego de ser golpeada e interrogada sobre el paradero de una persona, fue violada por dos militares mientras seis observaban. Luego de la denuncia interpuesta ante el Ministerio Público, la procuraduría guerrerense declinó su competencia ante la justicia militar, la cual archivó el caso por “no acreditar” la violación sexual.
Inés Fernández, de 27 años, se encontraba realizando labores domésticas cuando un grupo de soldados irrumpió en su casa de Barranca Tecuani, Ayutla. Fue golpeada y violada por militares el 22 de marzo de 2002. Como en el caso de Valentina, la justicia militar mandó el caso al archivo. A ocho años de los hechos, las indígenas esperan justicia con el fallo de la CIDH que está por emitirse.
La impunidad
Pasaba de la una de la tarde cuando tres hombres armados ingresaron abruptamente a la escuela secundaria Plan de Ayutla, ubicada en la colonia Barrio Nuevo de esta cabecera municipal. Transcurría el 13 de febrero de 2009; soplaban vientos perennes y cálidos en toda la Costa Chica de Guerrero.
Minutos antes se habían inaugurado las nuevas oficinas de la secundaria y los discursos ya habían concluido. El convivio también estaba por finalizar y el sopor comenzaba a ganar a los asistentes. Directamente, los secuestradores se plantaron ante Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, presidente y secretario, respectivamente, de la OFPM, quienes, repantigados, ocupaban sendas sillas en el patio de la escuela.
—¡Tú, párate! –le espetaron a Manuel mientras lo sacudían bruscamente. Con sorpresa, Raúl se volvió a ver lo sucedido. Intentó preguntar, pero una tunda cayó sobre su cabeza. Los hombres armados dijeron ser policías y se llevaron a los indígenas na’saavi en un automóvil negro.
—Él fue a ese evento porque yo le dije que me acompañara –dice Guadalupe Castro Morales, viuda de Raúl. Contiene las palabras que salían en tropel. Guarda silencio. Respira.
—Comenzamos a buscar. Fui a las oficinas de Tlachinollan. Hicimos llamadas hasta las tres de la mañana y no supimos nada. Les dije: “Yo sé que ustedes son licenciados y han defendido a mucha gente. Ojalá puedan hacerlo con mi esposo”.
Buscaron en la cárcel de Ayutla, en agencias del Ministerio Público del estado, en el Juzgado Calificador, en el Centro de Internamiento y en las dependencias de la zona militar con sede en Acapulco, Guerrero. Más tarde se enterarían que las autoridades no sólo decían desconocer el paradero de los líderes mixtecos, sino que, a pesar de las denuncias, no movieron un dedo para dar con ellos. Meses después, el 28 de diciembre de 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitiría la recomendación 78/2009 dirigida al gobierno de estatal de Zeferino Torreblanca, toda vez que “se acreditó que servidores públicos” de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero y de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del estado “violaron en perjuicio de los agraviados occisos, así como de sus familiares, los derechos humanos a la legalidad, a la seguridad jurídica y al acceso a la procuración de justicia”.
Los restos mortales de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas fueron “descubiertos” por policías ministeriales en un paraje solitario de la comunidad de San Francisco, en el municipio de Tecoanapa, el 20 de febrero de 2009, exactamente una semana después de que los líderes indígenas habían sido levantados.
—Me faltó fuerza. Sentí vacío. No quería que mis hijos se enteraran. Luego me sentí peor. Ya no era yo. Ya no escuchaba. Y me sentí como nunca me había sentido en mi vida.
Guadalupe Castro habla desde una modesta casa de tejamanil y palopique a las afueras de Ayutla. Aunque la familia es de la comunidad El Charco, debieron bajar a la cabecera por sentirse más vulnerables en su lejana comunidad de tierra rojiza, cañas de azúcar y trapiches.
Al interior de la choza ha levantado un altar en memoria de su esposo. Su hijo, de 17 años, y su nuera, de 16, sirven chilate. Sentada sobre el piso de tierra, la familia degusta el agua refrescante hecha con cacao. Esporádicamente, al interior de la casa corretea un par de lechones macilentos.
—Mi esposo había recibido amenazas, tanto de militares, como de policías del ayuntamiento y de la comandancia. Siempre tuvo problemas con ellos porque esas personas siempre tratan mal a la gente indígena, a la que no sabe hablar; la sobajan. Y, en los retenes, siempre bajan las bolsas de los indígenas para registrarlas. Y mi esposo se oponía.
Preso de conciencia
—Nosotros andamos defendiendo el territorio, nuestros hijos y la familia; por eso estoy aquí –dice Raúl Hernández Abundio desde la cárcel municipal de Ayutla. La luz y el bullicio de la calle se disipan apenas se cruza el umbral de rejas de hierro y gruesas puertas de madera carcomida.
El indígena me’phaa, de 30 años, se encuentra recluido en esta vieja casona de sórdidas paredes azules y techo de teja, que alberga a más de 200 internos, desde el 17 de abril de 2008. Ese día, junto con cuatro campesinos más fue detenido por efectivos del Ejército Mexicano y elementos de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI) en uno de los caminos terregosos que conducen de esta cabecera municipal a las comunidades indígenas de la sierra. Raúl se dirigía a su pueblo, El Camalote.
Los cinco indígenas me’phaa aprehendidos ese día fueron Orlando Manzanares Lorenzo, Manuel Cruz Victoriano, Romualdo Santiago Enedino, Natalio Ortega Cruz y Raúl Hernández Abundio.
Desde ese día, organizaciones de defensa de los derechos humanos denunciaron que la detención de los activistas era, en realidad, un acto represivo del gobierno mexicano en contra de los indígenas organizados en la OPIM. El 19 de marzo de 2009, tras obtener un amparo que declaró ilegal e injusta su detención, cuatro indígenas fueron puestos en libertad. Sólo Raúl permaneció en prisión porque el Poder Judicial Federal señaló que su inocencia se tiene que demostrar en el proceso que se le sigue en Ayutla. El 22 de enero pasado, Amnistía Internacional exigió al gobierno mexicano la liberación del campesino, a quien declaró “preso de conciencia”.
Orador en su lengua, se muestra frustrado ante su español entrecortado. Balbucea: “Me detuvieron (en el) año (de) 2008, 17 de abril. Ese día (nos) topamos con soldados en (el) crucero (de) Tecruz. Y eran soldados y AFI y judicial estatal; más de 15 carros”.
Los campesinos viajaban en una camioneta luego de asistir a una protesta contra el aumento al precio del fertilizante. Fueron interceptados en un retén de las Bases de Operaciones Mixtas, las cuales –según la Secretaría de la Defensa Nacional– se integran con fuerzas federales (Ejército, Marina Armada de México y Policía Federal) y estatales (corporaciones policiacas del estado). Según la propia dependencia, en respuesta a la solicitud de información 06122005, existen 35 bases de este tipo en todo el país.
—Nos bajaron de la camioneta y nos tomaron datos y fotos. Por radio dijeron: “Aquí está julano y julano”. Nos subieron a sus carros y nos trajeron para acá con bien harta polvareda.
A los campesinos se les acusó de haber asesinado al agente de inteligencia militar Alejandro Feliciano García. El informante del Ejército Mexicano fue muerto por arma de fuego el 1 de enero de 2008 en las inmediaciones de la comunidad El Camalote.
—Nos dijeron que teníamos orden de aprehensión. No nos espantamos nada porque la mera verdad nosotros no hicimos eso (el asesinato del informante del Ejército). A cada uno nos metieron en un cuarto y nos decían que dijéramos quién mero fue el que lo mató. Y querían que yo a fuerzas dijera que había sido uno de los compañeros –dice Raúl Hernández.
Explica que desde el momento de su detención se le prohibió hablar en su lengua con sus acompañantes. Incluso, los indígenas me’phaa fueron encañonados y golpeados con las culatas de los fusiles por comunicarse entre ellos que tenían hambre y sed.
Rechaza haber participado de alguna manera en el asesinato del agente de inteligencia militar: “No hay nada, nada, que me inculpe. Yo pido que el gobierno ya haga justicia”.
Rayos de luz se cuelan por las rendijas de las ventanas despostilladas. Las corrientes de aire no terminan de ventilar el ambiente acre del penal, pero alcanzan a traer parte de la gritería del mercado callejero. Raúl suspira y levanta la mirada. Sus palabras se aletargan aún más.
—En El Camalote sembramos maíz, jamaica, calabaza, frijol… Tengo que salir. Mi familia sufre. A veces mi familia se baja (a visitarlo a la cárcel) y gasta dinero. Mi familia me dijo: “Cuándo vas a salir, ahora quién va a sembrar”. Y yo le dije a mi familia: “Aguántate, el gobierno me está castigando por algo que no hice”. Mi familia no tiene dinero ni para jabón. Tengo una hija de 10 años que va a la escuela primaria y la maestra ya le dijo que si no compra el uniforme no va a entrar a la escuela.
La profesora que exige el uniforme a las paupérrimas familias de El Camalote es Fernanda Rojas Santana, esposa de Romualdo Remigio Cantú, a quien integrantes de la OPIM señalan como “el cacique” del lugar y adversario de la organización indígena.
Cabello recortado y bigote ralo, Raúl señala que los embates contra los pueblos indios y campesinos terminarán por revertirse contra las autoridades. “Nosotros los campesinos sólo queremos sembrar. Los campesinos somos los que producimos. Vendemos para toda la gente y también para el gobierno. Si nosotros no sembramos, ni modo que el gobierno coma papel nomás”.
Voces de Ayutla
“A mi comunidad El Camalote llegan los soldados y buscan terreno. Escarban donde sembramos. Andan molestando. Yo no les di permiso de que estuvieran donde sembramos porque se roban la planta que tiene uno: maíz, frijol, calabaza, mandarina, naranja, caña. Y cuando estamos sembrando y mi familia me lleva agua fresca y comida, los soldados la espantan”: Raúl Lucas Lucía
“Sentí que me volvía loca. Pero como no quería que mis hijos se dieran cuenta de que su papá estaba muerto, me quedé callada. Subí a la azotea a pensar y a llorar. Luego me paré y vi que nada había que hacer más que planear lo que iba a continuar de ahora en adelante. Bajé y les dije a mis hijos que no éramos los únicos que sufríamos en esta vida”: Guadalupe Castro, viuda de Raúl Lucas Lucía
“La organización nació para hacer gestiones de proyectos productivos, electrificación, construcción de escuelas. Hasta la fecha no hay mucha comunicación entre Ayutla (el gobierno mestizo) y las comunidades indígenas. Pero ahora la organización ya ha tenido que cambiar su actividad: está para defender a los presos, a las viudas de los asesinados. Ahora se ha tenido que concentrar en eso”: Arturo Campos Herrera
“Lo que pasa es que la organización de los pueblos mixtecos y tlapanecos nace para resolver las problemáticas de la zona: salud, educación… Empiezan a hacerse fuertes. Y tenían ya un consejo en el que luchaban por autonomía y por el poder popular en sus pueblos. Por eso quien los está reprimiendo es el Ejército, que hace una labor de contrainsurgencia. El gobierno piensa que los indígenas son base de la insurgencia; y como no tiene capacidad de combatir directamente a la insurgencia, se desquita con quien cree que son su base”: Bertoldo Martínez
“Vemos toda la fuerza del Estado contra grupos insurrectos y comunidades que supuestamente son aliadas a ellos, que en realidad son comunidades pobres, vulnerables e indefensas como las de Ayutla. Esto se ha traducido en graves violaciones a los derechos humanos, donde ahora el Ejército confronta directamente a la población civil no importando que sea gente de bien, ciudadanos que ejercen sus libertades, el libre tránsito. Ahora ya todos están catalogados como sospechosos. Estamos ante un estado de excepción en el que estamos viviendo”: Abel Barrera (ZC)
La división de la OIPMT
La Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos surgió en la primera mitad de la década de 1980. Alrededor de 50 comunidades na’saavi (mixtecas) y me’phaa (tlapanecas) trabajaron juntas por más de 20 años. A principios de 2002 decidieron constituirse en dos organizaciones.
“No se divide por problemas, sino por cuestiones de la lengua; cuando hacíamos las reuniones, se tenía que hablar en mixteco, luego en tlapaneco y luego en castellano; y si el dirigente era mixteco, cuando iba a las comunidades tlapanecas no se le entendía bien”, dice Arturo Campos, na’saavi líder de la OIPMT de 2000 a 2002.
A principios de 2002 se constituye la Kabaxo Xuaji Guini Me’phaa, (Organización del Pueblo Indígena Me’phaa, OPIM) y la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM).
“Pero nos seguimos viendo como compañeros y nos coordinamos. La división no fue por pleito, sino porque vimos que así podíamos crecer más y seguir caminando juntos.” (ZC)
Ayutla 1998-2010
Muertos en El Charco el 7 de junio de 1998: 11
Ejecuciones contra activistas y líderes comunitarios: alrededor de 20
Esterilizaciones forzadas: 30
Violaciones sexuales cometidas por soldados: 2
Preso de conciencia: 1
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En Ayutla, el asesinato
En Ayutla, el asesinato 63 contra periodistas en México
El 29 de enero de 2010, alrededor de las 22:30 horas, fue asesinado en Ayutla de los Libres Jorge Ochoa Martínez, director de los semanarios El Oportuno y El despertar de la Costa. El periodista fue ejecutado entre las calles de Mina y Plan de Ayutla, cuando salía de un restaurante.
Ochoa Martínez también fue director de Comunicación Social del actual gobierno municipal, encabezado por el priista Armando García. (ZC)
Ayutla de los Libres, Guerrero. Un pelotón de infantería se apuesta en la calle principal de esta cabecera municipal habitada por poco más de 6 mil personas. Si se les pregunta, los soldados dicen resguardar “los paquetes electorales” que supuestamente se encuentran en las oficinas de los distritos 14 (local) y sexto (federal).
Lo cierto es que los militares se encuentran en este lugar desde el 7 de junio de 1998, cuando fueron asesinados 11 indígenas en El Charco, comunidad serrana dependiente de este municipio. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reportó un enfrentamiento entre efectivos del Ejército Mexicano y guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI); pobladores y organizaciones de defensa de los derechos humanos señalaron que se trató de la matanza de indígenas indefensos.
Los militares han pasado a formar parte del paisaje. Durante semanas, son dos los pelotones que llegan del 48 Batallón de Infantería con sede en Cruz Grande. En otras, sólo un pelotón permanece a las puertas de las oficinas.
A 200 metros, la plaza cívica es una algarabía en me’phaa o tlapaneco, na’saavi o mixteco y español: es día de tianguis y los puestos de los indígenas han desbordado los locales del mercado. La comandancia de la policía municipal despacha en el palacio del ayuntamiento. Entre 20 y 25 elementos con armas largas resguardan el parque. Los fusiles de asalto AR-15, las botas altas con casquillos de acero, los cabellos recortados y los uniformes camuflados hacen parecer a esta corporación policiaca un agrupamiento del Ejército Mexicano.
Militares y policías municipales no son los únicos armados en este pueblo de la Costa Chica guerrerense, también rondan patrullas de la Policía Federal, la Policía Estatal Preventiva y la Policía Investigadora Ministerial, esta última dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero y que viste de civil.
El pequeño municipio es el más peligroso, en todo el país, para los defensores de los derechos humanos. La saturación militar y policial es vista por las propias organizaciones no gubernamentales como parte del acoso orquestado en contra de ellas.
Desde el 9 de abril de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó medidas cautelares a favor de 107 defensores de derechos humanos de las organizaciones que trabajan en la zona: la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (Kabaxo Xuaji Guini Me’phaa, OPIM por sus siglas en español), la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. La mayoría de los defensores son indígenas me’phaa y na’saavi.
En la resolución de la presidencia de la CIDH se establece que el Estado mexicano debe preservar “la vida y la integridad” de 107 personas. El documento enlista que las medidas de protección deben ser para 41 integrantes de la OPIM; 29 de Tlachinollan; Inés Fernández, me’phaa abusada sexualmente por militares, y su familia; Obtilia Eugenio, líder me’phaa, y su familia, y los familiares de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, líderes na’saavi de la OFPM asesinados en febrero de 2009.
A pesar de que el Estado mexicano se comprometió a cumplir con el dictado de la CIDH, los defensores de derechos humanos deben trabajar sin garantías. La oficina de Tlachinollan fue cerrada desde el 25 de marzo de 2009 y la dirección de la OPIM, encabezada por Obtilia Eugenio Manuel, se vio obligada a salir del municipio.
A diferencia de otras regiones de Guerrero, las de la Costa Chica y Montaña no son rutas de trasiego de drogas ni albergan campos de siembra de marihuana o amapola. Lo que abunda en la zona son las asambleas y los proyectos comunitarios impulsados por la OPIM y la OFPM. Más de 50 comunidades comenzaron a organizarse por estas dos vías para defender sus derechos humanos y colectivos y exigir carreteras, escuelas, clínicas y subsidios agrícolas.
—Los gobiernos siguen teniendo esta imagen conspirativa de los indígenas de Guerrero: si te organizas, seguro eres guerrillero. Y, en esta lógica, las organizaciones de defensa de los derechos humanos son el brazo político de la guerrilla. Si eres indígena pobre, seguro conspiras. Y si, además, te organizas, seguro preparas la subversión. Ésa es la visión con que se trata a los pueblos indios, señala el director de Tlachinollan, el antropólogo Abel Barrera Hernández.
La presencia del Ejército Mexicano y de las corporaciones policiales federales, estatales y municipales sólo parecería responder a la búsqueda de una columna del ERPI, la encabezada por el comandante Emiliano que anda en un corredor que va de la Costa Chica a la Montaña: 30 municipios con decenas de comunidades cada uno.
—En El Charco (el 7 de junio de 1998) mataron a varios líderes y comisarios de las comunidades. Los militares dijeron que los que estaban en la escuela de esa comunidad eran de un grupo armado. Pero cómo van a ser de un grupo armado si los compañeros asesinados no traían ni zapatos; unos, ni huaraches tenían –dice Arturo Campos Herrera, líder indígena de la comunidad de San Felipe y activista en la defensa de los derechos humanos.
Luego de la saturación policial y militar, comenzaron a aparecer en la región grupos paramilitares que, a decir de las organizaciones defensoras de derechos humanos, tienen la encomienda de entorpecer la organización de los pueblos indígenas y asesinar a los líderes de la región. De tal suerte, los hechos ocurridos en El Charco desataron una oleada de asesinatos que en número superan a los cometidos en aquella masacre.
El indígena na’saavi de 38 años de edad dice que más de 20 líderes comunitarios fueron asesinados después de la masacre de El Charco. Todos estaban organizados en la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos (OIPMT), antecedente de la OPIM y de la OFPM.
—El Ejército metió mucha inteligencia militar en la zona y paramilitares. Y comenzaron a crear muchos conflictos en las comunidades. Los asesinatos comenzaron con el de Rogaciano González, de la comunidad Ocote Amarillo. Lo mataron allá en su comunidad. Luego siguió el de uno de los líderes de El Charco: Marcelino Petrunio. Lo mataron cuando venía bajando a Ayutla.
Al primero lo ultimaron con una pistola de calibre .9 milímetros. Al segundo, con un fusil AR-15. “En la zona no existen ese tipo de armas como para que el gobierno pueda decir que entre mixtecos se están matando”, advierte Arturo Campos, líder de la OIPMT de 2000 a 2002.
Bertoldo Martínez, activista por los derechos humanos y representante de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero, dice que los grupos de sicarios y paramilitares llegaron al mismo tiempo que la militarización y saturación policial.
—Eso de la delincuencia organizada es nuevo en Ayutla. Cualquier asesinato se dice que fue cometido por la delincuencia organizada, y ya: ahí queda. Pero esos grupos llegaron con el Ejército, y éste los protege: son los mismos. Lo que está ocurriendo en Ayutla es una cuestión de contrainsurgencia, y todo porque las comunidades indígenas se organizaron por sus derechos.
La lista de líderes comunitarios y defensores de derechos humanos ejecutados continúa: Eugenio Librado, de Ocotitlán; Catalino Rodríguez, de La Concordia; Eugenio Ramírez, de Tenanitla; Francisco Morales Castro, de San Pedro Cuxcatlán; Porfirio Hernández y Armando García de El Paraíso; Esteban Pitazo…
—Está el caso del asesinato de casi una familia entera de la comunidad de Barranca de Guadalupe: mataron a la mamá, una hija y dos hijos –señala Arturo Campos Herrera.
Se trata de parientes de la actual líder de la OPIM, Obtilia Eugenio Manuel. Las cuatro personas fueron interceptadas y ejecutadas cuando regresaban a su domicilio luego de una jornada de trabajo. Los hechos ocurrieron el 4 de julio de 2003. Fueron asesinados Eugenio Eugenio Neri, de 18 años; Antonino Eugenio Neri, de 20; Marcelina Eugenio Neri, de 23, y Fausta Neri Evaristo, de 48. Sobrevivió Ricardo Eugenio Rufina, de 53 años, padre y esposo de las víctimas. En la emboscada participaron aproximadamente 12 hombres.
También fueron ultimados: Severiano Lucas, de Barranca de Guadalupe; Héctor Romero Ríos, de Ayutla de los Libres; Raúl Lucas Lucía, de El Charco; Manuel Ponce Rosas, de La Cortina; Homero Lorenzo Ríos, de Ayutla de los Libres… El más reciente, el periodista Jorge Ochoa Martínez…
—Esto en cuanto a los asesinatos; pero también el mismo gobierno metió a la Secretaría de Salud (federal) para esterilizar forzosamente a todas las familias de la zona.
Arturo Campos Herrera se refiere a las vasectomías practicadas, entre 1999 y 2001, a 30 indígenas na’saavi y me’phaa de las comunidades El Camalote, La Fátima, Ojo de Agua y Ocotlán. Por estas acciones, se emitieron las recomendaciones 34/2004 y 18/2004 de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, respectivamente.
Además de los asesinatos y la esterilización forzada, las comunidades indígenas han padecido la instalación de campamentos militares sobre sus milpas, el robo de ganado y la destrucción de huertas. También, la violación de mujeres.
El 16 de febrero de 2002, Valentina Rosendo, entonces de 17 años, lavaba ropa en un arroyo cerca de su comunidad, Caxitepec, municipio de Acatepec. Fue atacada por ocho soldados. Luego de ser golpeada e interrogada sobre el paradero de una persona, fue violada por dos militares mientras seis observaban. Luego de la denuncia interpuesta ante el Ministerio Público, la procuraduría guerrerense declinó su competencia ante la justicia militar, la cual archivó el caso por “no acreditar” la violación sexual.
Inés Fernández, de 27 años, se encontraba realizando labores domésticas cuando un grupo de soldados irrumpió en su casa de Barranca Tecuani, Ayutla. Fue golpeada y violada por militares el 22 de marzo de 2002. Como en el caso de Valentina, la justicia militar mandó el caso al archivo. A ocho años de los hechos, las indígenas esperan justicia con el fallo de la CIDH que está por emitirse.
La impunidad
Pasaba de la una de la tarde cuando tres hombres armados ingresaron abruptamente a la escuela secundaria Plan de Ayutla, ubicada en la colonia Barrio Nuevo de esta cabecera municipal. Transcurría el 13 de febrero de 2009; soplaban vientos perennes y cálidos en toda la Costa Chica de Guerrero.
Minutos antes se habían inaugurado las nuevas oficinas de la secundaria y los discursos ya habían concluido. El convivio también estaba por finalizar y el sopor comenzaba a ganar a los asistentes. Directamente, los secuestradores se plantaron ante Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, presidente y secretario, respectivamente, de la OFPM, quienes, repantigados, ocupaban sendas sillas en el patio de la escuela.
—¡Tú, párate! –le espetaron a Manuel mientras lo sacudían bruscamente. Con sorpresa, Raúl se volvió a ver lo sucedido. Intentó preguntar, pero una tunda cayó sobre su cabeza. Los hombres armados dijeron ser policías y se llevaron a los indígenas na’saavi en un automóvil negro.
—Él fue a ese evento porque yo le dije que me acompañara –dice Guadalupe Castro Morales, viuda de Raúl. Contiene las palabras que salían en tropel. Guarda silencio. Respira.
—Comenzamos a buscar. Fui a las oficinas de Tlachinollan. Hicimos llamadas hasta las tres de la mañana y no supimos nada. Les dije: “Yo sé que ustedes son licenciados y han defendido a mucha gente. Ojalá puedan hacerlo con mi esposo”.
Buscaron en la cárcel de Ayutla, en agencias del Ministerio Público del estado, en el Juzgado Calificador, en el Centro de Internamiento y en las dependencias de la zona militar con sede en Acapulco, Guerrero. Más tarde se enterarían que las autoridades no sólo decían desconocer el paradero de los líderes mixtecos, sino que, a pesar de las denuncias, no movieron un dedo para dar con ellos. Meses después, el 28 de diciembre de 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitiría la recomendación 78/2009 dirigida al gobierno de estatal de Zeferino Torreblanca, toda vez que “se acreditó que servidores públicos” de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero y de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del estado “violaron en perjuicio de los agraviados occisos, así como de sus familiares, los derechos humanos a la legalidad, a la seguridad jurídica y al acceso a la procuración de justicia”.
Los restos mortales de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas fueron “descubiertos” por policías ministeriales en un paraje solitario de la comunidad de San Francisco, en el municipio de Tecoanapa, el 20 de febrero de 2009, exactamente una semana después de que los líderes indígenas habían sido levantados.
—Me faltó fuerza. Sentí vacío. No quería que mis hijos se enteraran. Luego me sentí peor. Ya no era yo. Ya no escuchaba. Y me sentí como nunca me había sentido en mi vida.
Guadalupe Castro habla desde una modesta casa de tejamanil y palopique a las afueras de Ayutla. Aunque la familia es de la comunidad El Charco, debieron bajar a la cabecera por sentirse más vulnerables en su lejana comunidad de tierra rojiza, cañas de azúcar y trapiches.
Al interior de la choza ha levantado un altar en memoria de su esposo. Su hijo, de 17 años, y su nuera, de 16, sirven chilate. Sentada sobre el piso de tierra, la familia degusta el agua refrescante hecha con cacao. Esporádicamente, al interior de la casa corretea un par de lechones macilentos.
—Mi esposo había recibido amenazas, tanto de militares, como de policías del ayuntamiento y de la comandancia. Siempre tuvo problemas con ellos porque esas personas siempre tratan mal a la gente indígena, a la que no sabe hablar; la sobajan. Y, en los retenes, siempre bajan las bolsas de los indígenas para registrarlas. Y mi esposo se oponía.
Preso de conciencia
—Nosotros andamos defendiendo el territorio, nuestros hijos y la familia; por eso estoy aquí –dice Raúl Hernández Abundio desde la cárcel municipal de Ayutla. La luz y el bullicio de la calle se disipan apenas se cruza el umbral de rejas de hierro y gruesas puertas de madera carcomida.
El indígena me’phaa, de 30 años, se encuentra recluido en esta vieja casona de sórdidas paredes azules y techo de teja, que alberga a más de 200 internos, desde el 17 de abril de 2008. Ese día, junto con cuatro campesinos más fue detenido por efectivos del Ejército Mexicano y elementos de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI) en uno de los caminos terregosos que conducen de esta cabecera municipal a las comunidades indígenas de la sierra. Raúl se dirigía a su pueblo, El Camalote.
Los cinco indígenas me’phaa aprehendidos ese día fueron Orlando Manzanares Lorenzo, Manuel Cruz Victoriano, Romualdo Santiago Enedino, Natalio Ortega Cruz y Raúl Hernández Abundio.
Desde ese día, organizaciones de defensa de los derechos humanos denunciaron que la detención de los activistas era, en realidad, un acto represivo del gobierno mexicano en contra de los indígenas organizados en la OPIM. El 19 de marzo de 2009, tras obtener un amparo que declaró ilegal e injusta su detención, cuatro indígenas fueron puestos en libertad. Sólo Raúl permaneció en prisión porque el Poder Judicial Federal señaló que su inocencia se tiene que demostrar en el proceso que se le sigue en Ayutla. El 22 de enero pasado, Amnistía Internacional exigió al gobierno mexicano la liberación del campesino, a quien declaró “preso de conciencia”.
Orador en su lengua, se muestra frustrado ante su español entrecortado. Balbucea: “Me detuvieron (en el) año (de) 2008, 17 de abril. Ese día (nos) topamos con soldados en (el) crucero (de) Tecruz. Y eran soldados y AFI y judicial estatal; más de 15 carros”.
Los campesinos viajaban en una camioneta luego de asistir a una protesta contra el aumento al precio del fertilizante. Fueron interceptados en un retén de las Bases de Operaciones Mixtas, las cuales –según la Secretaría de la Defensa Nacional– se integran con fuerzas federales (Ejército, Marina Armada de México y Policía Federal) y estatales (corporaciones policiacas del estado). Según la propia dependencia, en respuesta a la solicitud de información 06122005, existen 35 bases de este tipo en todo el país.
—Nos bajaron de la camioneta y nos tomaron datos y fotos. Por radio dijeron: “Aquí está julano y julano”. Nos subieron a sus carros y nos trajeron para acá con bien harta polvareda.
A los campesinos se les acusó de haber asesinado al agente de inteligencia militar Alejandro Feliciano García. El informante del Ejército Mexicano fue muerto por arma de fuego el 1 de enero de 2008 en las inmediaciones de la comunidad El Camalote.
—Nos dijeron que teníamos orden de aprehensión. No nos espantamos nada porque la mera verdad nosotros no hicimos eso (el asesinato del informante del Ejército). A cada uno nos metieron en un cuarto y nos decían que dijéramos quién mero fue el que lo mató. Y querían que yo a fuerzas dijera que había sido uno de los compañeros –dice Raúl Hernández.
Explica que desde el momento de su detención se le prohibió hablar en su lengua con sus acompañantes. Incluso, los indígenas me’phaa fueron encañonados y golpeados con las culatas de los fusiles por comunicarse entre ellos que tenían hambre y sed.
Rechaza haber participado de alguna manera en el asesinato del agente de inteligencia militar: “No hay nada, nada, que me inculpe. Yo pido que el gobierno ya haga justicia”.
Rayos de luz se cuelan por las rendijas de las ventanas despostilladas. Las corrientes de aire no terminan de ventilar el ambiente acre del penal, pero alcanzan a traer parte de la gritería del mercado callejero. Raúl suspira y levanta la mirada. Sus palabras se aletargan aún más.
—En El Camalote sembramos maíz, jamaica, calabaza, frijol… Tengo que salir. Mi familia sufre. A veces mi familia se baja (a visitarlo a la cárcel) y gasta dinero. Mi familia me dijo: “Cuándo vas a salir, ahora quién va a sembrar”. Y yo le dije a mi familia: “Aguántate, el gobierno me está castigando por algo que no hice”. Mi familia no tiene dinero ni para jabón. Tengo una hija de 10 años que va a la escuela primaria y la maestra ya le dijo que si no compra el uniforme no va a entrar a la escuela.
La profesora que exige el uniforme a las paupérrimas familias de El Camalote es Fernanda Rojas Santana, esposa de Romualdo Remigio Cantú, a quien integrantes de la OPIM señalan como “el cacique” del lugar y adversario de la organización indígena.
Cabello recortado y bigote ralo, Raúl señala que los embates contra los pueblos indios y campesinos terminarán por revertirse contra las autoridades. “Nosotros los campesinos sólo queremos sembrar. Los campesinos somos los que producimos. Vendemos para toda la gente y también para el gobierno. Si nosotros no sembramos, ni modo que el gobierno coma papel nomás”.
Voces de Ayutla
“A mi comunidad El Camalote llegan los soldados y buscan terreno. Escarban donde sembramos. Andan molestando. Yo no les di permiso de que estuvieran donde sembramos porque se roban la planta que tiene uno: maíz, frijol, calabaza, mandarina, naranja, caña. Y cuando estamos sembrando y mi familia me lleva agua fresca y comida, los soldados la espantan”: Raúl Lucas Lucía
“Sentí que me volvía loca. Pero como no quería que mis hijos se dieran cuenta de que su papá estaba muerto, me quedé callada. Subí a la azotea a pensar y a llorar. Luego me paré y vi que nada había que hacer más que planear lo que iba a continuar de ahora en adelante. Bajé y les dije a mis hijos que no éramos los únicos que sufríamos en esta vida”: Guadalupe Castro, viuda de Raúl Lucas Lucía
“La organización nació para hacer gestiones de proyectos productivos, electrificación, construcción de escuelas. Hasta la fecha no hay mucha comunicación entre Ayutla (el gobierno mestizo) y las comunidades indígenas. Pero ahora la organización ya ha tenido que cambiar su actividad: está para defender a los presos, a las viudas de los asesinados. Ahora se ha tenido que concentrar en eso”: Arturo Campos Herrera
“Lo que pasa es que la organización de los pueblos mixtecos y tlapanecos nace para resolver las problemáticas de la zona: salud, educación… Empiezan a hacerse fuertes. Y tenían ya un consejo en el que luchaban por autonomía y por el poder popular en sus pueblos. Por eso quien los está reprimiendo es el Ejército, que hace una labor de contrainsurgencia. El gobierno piensa que los indígenas son base de la insurgencia; y como no tiene capacidad de combatir directamente a la insurgencia, se desquita con quien cree que son su base”: Bertoldo Martínez
“Vemos toda la fuerza del Estado contra grupos insurrectos y comunidades que supuestamente son aliadas a ellos, que en realidad son comunidades pobres, vulnerables e indefensas como las de Ayutla. Esto se ha traducido en graves violaciones a los derechos humanos, donde ahora el Ejército confronta directamente a la población civil no importando que sea gente de bien, ciudadanos que ejercen sus libertades, el libre tránsito. Ahora ya todos están catalogados como sospechosos. Estamos ante un estado de excepción en el que estamos viviendo”: Abel Barrera (ZC)
La división de la OIPMT
La Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos surgió en la primera mitad de la década de 1980. Alrededor de 50 comunidades na’saavi (mixtecas) y me’phaa (tlapanecas) trabajaron juntas por más de 20 años. A principios de 2002 decidieron constituirse en dos organizaciones.
“No se divide por problemas, sino por cuestiones de la lengua; cuando hacíamos las reuniones, se tenía que hablar en mixteco, luego en tlapaneco y luego en castellano; y si el dirigente era mixteco, cuando iba a las comunidades tlapanecas no se le entendía bien”, dice Arturo Campos, na’saavi líder de la OIPMT de 2000 a 2002.
A principios de 2002 se constituye la Kabaxo Xuaji Guini Me’phaa, (Organización del Pueblo Indígena Me’phaa, OPIM) y la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM).
“Pero nos seguimos viendo como compañeros y nos coordinamos. La división no fue por pleito, sino porque vimos que así podíamos crecer más y seguir caminando juntos.” (ZC)
Ayutla 1998-2010
Muertos en El Charco el 7 de junio de 1998: 11
Ejecuciones contra activistas y líderes comunitarios: alrededor de 20
Esterilizaciones forzadas: 30
Violaciones sexuales cometidas por soldados: 2
Preso de conciencia: 1
---
En Ayutla, el asesinato
En Ayutla, el asesinato 63 contra periodistas en México
El 29 de enero de 2010, alrededor de las 22:30 horas, fue asesinado en Ayutla de los Libres Jorge Ochoa Martínez, director de los semanarios El Oportuno y El despertar de la Costa. El periodista fue ejecutado entre las calles de Mina y Plan de Ayutla, cuando salía de un restaurante.
Ochoa Martínez también fue director de Comunicación Social del actual gobierno municipal, encabezado por el priista Armando García. (ZC)
miércoles, 3 de febrero de 2010
Condena Reporteros sin Fronteras el asesinato del periodista Jorge Ochoa
México ocupa el lugar 137, de 175, en agresiones contra comunicadores, ilustra
Condena Reporteros sin Fronteras el asesinato del periodista Jorge Ochoa
Para diciembre habría 36 crímenes de este tipo, alerta Fundación para la Libertad de Expresión
Organizaciones sociales condenaron el asesinato del director del semanario El Oportuno y El Despertar de la Costa en Guerrero, Jorge Ochoa Martínez, encontrado muerto el pasado viernes. Ochoa Martínez es el primer periodista asesinado en el estado en lo que va del año y el tercero en el país, lo que coloca a México en el lugar 137 de 175 de la clasificación mundial que hace la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF).De igual forma integrantes del Consejo Directivo de la Fundación para la Libertad de Expresión lamentaron el hecho y cuestionaron sobre el número de periodistas que morirán este año, luego de que en el transcurso de enero suman tres los que han sido ejecutados en diversos estados de la República.
“Si en enero sumaron tres crímenes, para diciembre es posible que la cifra supere los 36 ¿Y las autoridades dónde están?”, se preguntaron.
El 8 de enero fue asesinado el reportero del Diario Zócalo de Saltillo, Valentín Valdés Espinosa; cuatro días después, el 12 de enero José Luis Romero de Línea Directa, fue ejecutado en los Mochis Sinaloa y recientemente el 29 de enero, el periodista guerrerense Jorge Ochoa Martínez fue encontrado muerto luego de haber desparecido desde el pasado 30 de diciembre.
De acuerdo con un recuento, en Guerrero, en los últimos años han sido asesinados Rafael Villafuerte Aguilar, director del periódico La Razón en 2003; Misael Tamayo, director de El Despertar de la Costa (Grande) en 2006; Amado Ramírez Dillanes, corresponsal de Televisa en 2007; Jean Paul Ibarra Ramírez fotógrafo de los diarios Correo y Diario 21 y Juan Daniel Martínez Gil en 2009, conductor de Radiorama.
“La impunidad de los agresores es el motor que permite a los grupos de la delincuencia organizada continuar la agresión a periodistas, dado que las autoridades de los tres niveles de gobierno nada hacen por atraparlos”, criticaron.
En tanto, Reporteros Sin Fronteras destacó que la familia de Ochoa Martínez les informó que la noche del crimen recibió varias llamadas, entre ellas la de la Policía Preventiva, que les informó que habían matado al comunicador.
“Uno de sus hijos señaló que ‘no lo podía creer, pensé que era una broma; marqué varias veces el celular de mi papá pero no me contestó, entonces me fui a Ayutla y fue cuando lo vi’”, relata RSF.
El organismo internacional remarcó que el informe de la policía destaca que el periodista fue abatido por armas calibre 38, sin embargo reprocharon que las autoridades no han dado a conocer cuál podría haber sido el móvil del asesinato.
Los familiares de Ochoa Martínez no descartaron que su muerte esté vinculada con su trabajo periodístico.
“La hecatombe continúa en el país, convertido en el más peligroso del continente en lo que respecta a la seguridad de la prensa. Las recientes amenazas contra los periodistas no han provocado la movilización de las autoridades, en ocasiones involucradas en estos hechos criminales”, manifestó el organismo.
Finalmente Reporteros Sin Fronteras destacó que con 61 periodistas asesinados después de 2000 y otros 9 desaparecidos después de 2003, México se encuentra en el lugar 137 de 175 de la clasificación mundial.
http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2010/02/03/index.php?section=sociedad&article=005n1soc
martes, 30 de junio de 2009
Atentan contra Margarita Martín, la viuda de uno de los líderes mixtecos de Ayutla asesinados
Zacarías Cervantes (El Sur de Acapulco)
Después de una reunión que sostuvieron ayer en Ayutla con integrantes de la Fundación Appleton para el financiamiento de apoyos para Guadalupe Castro Morales, viuda de Raúl Lucas Lucía y para Margarita Martín de las Nieves, viuda de Manuel Ponce Rosas, esta última sufrió un atentado a balazos la tarde de ayer cuando se dirigía a su comunidad, La Cortina, denunció anoche el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.
Margarita Martín de las Nievas y Guadalupe Castro Morales son viudas de los dos dirigentes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM) de Ayutla, que fueron secuestrados el 13 de febrero pasado y sus cuerpos encontrados en una fosa clandestina el 21 de ese mismo mes cerca de la localidad de Las Cazuelas, municipio de Tecoanapa, con huellas de tortura y ejecutados.
Tlachinollan informó anoche que a las 5 de la tarde, cuando Margarita Martín de las Nieves se dirigía a su comunidad, acompañada de su cuñado, Santiago Ponce Lorenzo, hermano de Manuel y de la esposa de éste, Modesta Laureano Petra, en el crucero de Ocotlán, que se encuentra entre la cabecera municipal de Ayutla y La Cortina, un hombre vestido con playera negra y sombrero negro les disparó en tres ocasiones; uno de los disparos pasó cerca de Margarita y dos en el lado donde iba Santiago.
Antes, los tres, Margarita, su cuñado y la esposa de éste, así como la viuda del presidente de la OFPM, Raúl Lucas Lucía, Guadalupe Castro Morales, habían estado en las oficinas de Tlachinollan en Ayutla, en donde se reunieron con miembros de los organismos de la Fundación Appleton para convenir en los apoyos que las viudas de los dos dirigentes de la OFPM recibirán por las gestiones de los organismos de derechos humanos. En el mismo lugar, las viudas se reunieron con representantes de las embajadas de Estados Unidos y de Canadá, a quienes expusieron la situación con motivo de los asesinatos de los dos dirigentes.
Después de la reunión, en la que estuvo también el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, intentaron comunicarse vía telefónica con el comandante del primer sector de la región Costa Chica de la Policía Preventiva Estatal, Urbano Palacios García, para que acompañara a Margarita hasta La Cortina, ello como parte de los acuerdos a que llegaron este martes 23 de junio en las instalaciones de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) con representantes de la Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores, Secretaría de Seguridad Pública Federal y la Secretaría Pública y Protección Civil del estado, en donde se asumió el compromiso de brindar las medidas cautelares a las viudas de los dos dirigentes de la OPFM.
Sin embargo Tlachinollan denunció anoche que el comandante policiaco que debería brindar seguridad no pudo ser localizado, pues su teléfono siempre estuvo fuera del área de servicio, a pesar de que se supone que ya había recibido instrucciones para que brindara la seguridad que le solicitaran.
Como a Margarita Martín de las Nieves ya se le estaba haciendo tarde, decidió trasladarse sólo con su cuñado y la esposa de éste, pero al pasar por el crucero de Ocotlán sufrieron el atentado.
Según el testimonio que narró Margarita al Centro de Derechos Humanos, ella vio por el espejo al hombre que les disparó y pudo ver que llevaba un arma larga y que todavía intentó seguirlos para continuar disparando.
Tlachinollan informó que fue hasta a las 8 y media de la noche de ayer mismo, cuando el comandante Palacios acudió a La Cortina para recoger los testimonios de Margarita y sus acompañantes, cuando toda la tarde no estuvo localizable porque su teléfono estaba fuera del área de servicio.
El director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández dijo que estos hechos pudieron haberse evitado, si las autoridades estatales hubieran cumplido con el compromiso que asumieron en la reunión del martes 23 de brindar seguridad y las medidas cautelares a las viudas de Manuel Ponce Rosas y Raúl Lucas Lucía.
Sin embargo, señaló que no hay un compromiso serio de las autoridades para brindar las medidas de protección para los familiares de las víctimas de los dos dirigentes asesinados en febrero pasado.
El Centro de Derechos Humanos de La Montaña recordó que el 9 de abril, la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas provisionales a 107 defensores de derechos humanos del estado de Guerrero, en su mayoría indígenas, por considerar que se encuentra en grave riesgo su integridad física y que tampoco éstas se han cumplido por parte de las autoridades estatales y federales.
Después de una reunión que sostuvieron ayer en Ayutla con integrantes de la Fundación Appleton para el financiamiento de apoyos para Guadalupe Castro Morales, viuda de Raúl Lucas Lucía y para Margarita Martín de las Nieves, viuda de Manuel Ponce Rosas, esta última sufrió un atentado a balazos la tarde de ayer cuando se dirigía a su comunidad, La Cortina, denunció anoche el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.
Margarita Martín de las Nievas y Guadalupe Castro Morales son viudas de los dos dirigentes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM) de Ayutla, que fueron secuestrados el 13 de febrero pasado y sus cuerpos encontrados en una fosa clandestina el 21 de ese mismo mes cerca de la localidad de Las Cazuelas, municipio de Tecoanapa, con huellas de tortura y ejecutados.
Tlachinollan informó anoche que a las 5 de la tarde, cuando Margarita Martín de las Nieves se dirigía a su comunidad, acompañada de su cuñado, Santiago Ponce Lorenzo, hermano de Manuel y de la esposa de éste, Modesta Laureano Petra, en el crucero de Ocotlán, que se encuentra entre la cabecera municipal de Ayutla y La Cortina, un hombre vestido con playera negra y sombrero negro les disparó en tres ocasiones; uno de los disparos pasó cerca de Margarita y dos en el lado donde iba Santiago.
Antes, los tres, Margarita, su cuñado y la esposa de éste, así como la viuda del presidente de la OFPM, Raúl Lucas Lucía, Guadalupe Castro Morales, habían estado en las oficinas de Tlachinollan en Ayutla, en donde se reunieron con miembros de los organismos de la Fundación Appleton para convenir en los apoyos que las viudas de los dos dirigentes de la OFPM recibirán por las gestiones de los organismos de derechos humanos. En el mismo lugar, las viudas se reunieron con representantes de las embajadas de Estados Unidos y de Canadá, a quienes expusieron la situación con motivo de los asesinatos de los dos dirigentes.
Después de la reunión, en la que estuvo también el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, intentaron comunicarse vía telefónica con el comandante del primer sector de la región Costa Chica de la Policía Preventiva Estatal, Urbano Palacios García, para que acompañara a Margarita hasta La Cortina, ello como parte de los acuerdos a que llegaron este martes 23 de junio en las instalaciones de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) con representantes de la Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores, Secretaría de Seguridad Pública Federal y la Secretaría Pública y Protección Civil del estado, en donde se asumió el compromiso de brindar las medidas cautelares a las viudas de los dos dirigentes de la OPFM.
Sin embargo Tlachinollan denunció anoche que el comandante policiaco que debería brindar seguridad no pudo ser localizado, pues su teléfono siempre estuvo fuera del área de servicio, a pesar de que se supone que ya había recibido instrucciones para que brindara la seguridad que le solicitaran.
Como a Margarita Martín de las Nieves ya se le estaba haciendo tarde, decidió trasladarse sólo con su cuñado y la esposa de éste, pero al pasar por el crucero de Ocotlán sufrieron el atentado.
Según el testimonio que narró Margarita al Centro de Derechos Humanos, ella vio por el espejo al hombre que les disparó y pudo ver que llevaba un arma larga y que todavía intentó seguirlos para continuar disparando.
Tlachinollan informó que fue hasta a las 8 y media de la noche de ayer mismo, cuando el comandante Palacios acudió a La Cortina para recoger los testimonios de Margarita y sus acompañantes, cuando toda la tarde no estuvo localizable porque su teléfono estaba fuera del área de servicio.
El director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández dijo que estos hechos pudieron haberse evitado, si las autoridades estatales hubieran cumplido con el compromiso que asumieron en la reunión del martes 23 de brindar seguridad y las medidas cautelares a las viudas de Manuel Ponce Rosas y Raúl Lucas Lucía.
Sin embargo, señaló que no hay un compromiso serio de las autoridades para brindar las medidas de protección para los familiares de las víctimas de los dos dirigentes asesinados en febrero pasado.
El Centro de Derechos Humanos de La Montaña recordó que el 9 de abril, la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas provisionales a 107 defensores de derechos humanos del estado de Guerrero, en su mayoría indígenas, por considerar que se encuentra en grave riesgo su integridad física y que tampoco éstas se han cumplido por parte de las autoridades estatales y federales.
jueves, 25 de junio de 2009
Por segunda vez, caravana de AI visitará a miembro de la OPIM preso en Ayutla
Prevén reunión con autoridades estatales los días 28 y 29
CITLAL GILES SANCHEZ (La Jornada Guerrero)
Como parte de las acciones de la campaña Exige Dignidad, que encabeza Amnistía Internacional (AI), se tiene programado que una caravana de activistas visite en los próximos días el municipio de Ayutla para exigir la liberación del integrante de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaa (OPIM), Raúl Hernández Abundio, considerado por el organismo internacional como preso de conciencia.
Por segunda ocasión, una comisión de activistas regresarán a Ayutla para visitar a Hernández Abundio, quien no logró salir de la cárcel el 19 de marzo junto con los otros cuatro indígenas me’phaa acusados de matar a un informante del Ejército.
En febrero, AI estuvo por primera vez en Guerrero para entrevistarse con los cinco integrantes de la OPIM en ese entonces presos en el penal de Ayutla, así como con autoridades del gobierno estatal para exponer su preocupación por la situación de indefensión en que trabajan defensores de derechos humanos.
De acuerdo con la información del organismo internacional, la visita está programada para los días 28 y 29 de junio, en la que participarán diversas organizaciones de derechos humanos de México y Guerrero.
La misión será entregar todos los mensajes y cartas de apoyo y solidaridad a Raúl Hernández, recabadas durante la campaña Alza tu voz por su libertad; además reconocer la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos en Guerrero, refrendar el apoyo y la solidaridad y rechazar los obstáculos que tienen que sortear para desempeñar su trabajo.
De igual forma, dentro de las actividades de AI está reunirse nuevamente con autoridades del gobierno estatal, a quienes le expresarán las diversas preocupaciones en materia de defensa de los derechos humanos además de exigir la liberación inmediata del preso de conciencia.
El 29 de junio la caravana estará de regreso en la ciudad de México para analizar los resultados de la visita.
El 17 de abril de 2008 fueron encarcelados cinco integrantes de la OPIM acusados de asesinar a un informante del Ejército, pero se logró un amparo para cuatro de ellos, quienes salieron en libertad el 19 de marzo de este año. Hernández no alcanzó amparo debido a que hay dos supuestos testigos que aseguran fue el autor material del crimen.
CITLAL GILES SANCHEZ (La Jornada Guerrero)
Como parte de las acciones de la campaña Exige Dignidad, que encabeza Amnistía Internacional (AI), se tiene programado que una caravana de activistas visite en los próximos días el municipio de Ayutla para exigir la liberación del integrante de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaa (OPIM), Raúl Hernández Abundio, considerado por el organismo internacional como preso de conciencia.
Por segunda ocasión, una comisión de activistas regresarán a Ayutla para visitar a Hernández Abundio, quien no logró salir de la cárcel el 19 de marzo junto con los otros cuatro indígenas me’phaa acusados de matar a un informante del Ejército.
En febrero, AI estuvo por primera vez en Guerrero para entrevistarse con los cinco integrantes de la OPIM en ese entonces presos en el penal de Ayutla, así como con autoridades del gobierno estatal para exponer su preocupación por la situación de indefensión en que trabajan defensores de derechos humanos.
De acuerdo con la información del organismo internacional, la visita está programada para los días 28 y 29 de junio, en la que participarán diversas organizaciones de derechos humanos de México y Guerrero.
La misión será entregar todos los mensajes y cartas de apoyo y solidaridad a Raúl Hernández, recabadas durante la campaña Alza tu voz por su libertad; además reconocer la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos en Guerrero, refrendar el apoyo y la solidaridad y rechazar los obstáculos que tienen que sortear para desempeñar su trabajo.
De igual forma, dentro de las actividades de AI está reunirse nuevamente con autoridades del gobierno estatal, a quienes le expresarán las diversas preocupaciones en materia de defensa de los derechos humanos además de exigir la liberación inmediata del preso de conciencia.
El 29 de junio la caravana estará de regreso en la ciudad de México para analizar los resultados de la visita.
El 17 de abril de 2008 fueron encarcelados cinco integrantes de la OPIM acusados de asesinar a un informante del Ejército, pero se logró un amparo para cuatro de ellos, quienes salieron en libertad el 19 de marzo de este año. Hernández no alcanzó amparo debido a que hay dos supuestos testigos que aseguran fue el autor material del crimen.
lunes, 9 de febrero de 2009
Indígena violada sólo encuentra burlas en siete años de reclamo de justicia
Inés Fernández ha sido amenazada por autoridades; le dicen que los derechos humanos no sirven
Indígena violada sólo encuentra burlas en siete años de reclamo de justicia
En lugar de asumir su caso el gobierno manda al Ejército a hostigar comunidades
Tuvo que recurrir a la CIDH, en Estados Unidos, para que escucharan su denuncia
CITLAL GILES SANCHEZ
A siete años de que militares la abusaron sexualmente, Inés Fernández Ortega, indígena me’phaa, tiene la esperanza de que se haga justicia algún día. Lamenta que en México y en Guerrero no se haya hecho nada para investigar su caso. Al contrario, denuncia que ha recibido burlas y amenazas de las autoridades, que le dicen que los derechos humanos no sirven y no valen.
En su entorno familiar las cosas dieron un cambio total, pues de ser una joven contenta y feliz con su familia, desde 2002 su vida se ha desarrollado entre problemas con su esposo, Fortunato, además de estar enferma de los nervios y llena de temor a que le vuelva a suceder lo mismo.
Con ayuda de Obtilia Eugenio Manuel, quien traduce del me’phaa al español, Inés –quien siempre anda con la cabeza agachada y con un tono de voz que apenas se escucha– relata lo que ha tenido que vivir a raíz del ataque sexual de los soldados.
Con tan sólo 31 años de edad, Inés dice sentirse muerta en vida, y aunque de vez en cuando suelta un esbozo de sonrisa, se le apaga cuando tiene que recordar lo que sucedió un día de marzo de 2002, cuando un grupo de militares entró a su comunidad, Barranca Tecuani, y abusó sexualmente de ella y de otra indígena.
Inés comenta que a pesar de que lo denunció, las autoridades de Ayutla nunca le hicieron caso, incluso critica a los gobiernos estatal y federal de no hacer investigaciones de lo sucedido, y al contrario, envían a más militares para intimidar y hacer que desistan de las denuncias.
“Ni el gobierno de México, ni el estatal han hecho algo, porque si de verdad hubieran hecho investigaciones ya estuvieran detenidos los que me hicieron daño, ya llevo varios años pidiendo justicia y nunca llega”, comenta.
Por eso dice tuvo que ir Washington, Estados Unidos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para denunciar la agresión sexual que sufrió y es ahí donde tiene puestas sus esperanzas.
Toma un poco de aire y asegura que reconoce al militar que la violó, incluso dice que en las incursiones que han hecho después de 2002 lo ha visto, y por eso se enferma de los nervios y del miedo.
“He llegado a ver a la persona que me hizo daño, que mató mi vida, y no estoy tranquila; reconozco a las personas que me hicieron daño, y lo dije en el Ministerio Público, qué color eran, que eran altos, con uniformes, que cargaban armas, esas son suficientes pruebas que les di, pero ellos dicen que yo no quiero declarar más, pero tampoco ellos dan la confianza para decirles” reprocha Inés.
En su idioma, Inés critica el actuar del gobierno contra los indígenas, contra los pobres, pues aunque sabe que el gobierno está para apoyar a los más necesitados y para defernderlos, en realidad no es así.
“Nunca tuve un apoyo del gobierno que me dijera ‘Inés no te sientas sola, va a haber justicia’; ni uno de ellos vino a apoyarnos, ni una mujer funcionaria vino a verme, a decirme ‘yo estoy contigo Inés’, ni una”, lamenta.
Al contrario, dice que las autoridades les dicen que los derechos humanos no sirven, que ellos, como son indígenas, no valen nada “que como sea nos vamos a morir”.
Y hay momentos que lo creen, al vivir en esas condiciones, donde los militares les preguntan su nombre, les toman fotos, y si son de la OPIM, les dicen que se cuiden porque en cualquier rato van a acabar con ellos, y que si no quieren morirse que se salgan de la lucha, “eso dicen los guachos”.
Dice que la edad en las mujeres no es impedimento para que los militares abusen de ellas, pues tiene conocimiento que han violado tanto a mujeres jóvenes como a las que tienen una edad mayor, pero que al denunciar el gobierno les responde que no es cierto, “pero ellos qué saben, no saben cómo vivo, no saben lo que viví, porque no vienen a investigar; no decimos mentiras, ahí están los guachos. En mi país no hay gobierno, sólo mandan los que tienen mucho poder, mucho dinero”.
Inés toma nuevamente aire y asegura que su vida ha cambiado desde aquel día, ya que antes de su violación ella era alegre, estaba contenta, vivía feliz con sus hijos y con su esposo, pero después todo cambió.
“Ya todo es diferente, lloro demasiado, estoy cansada, no salgo de mi casa por el temor a los militares que están allá en mi comunidad; desde el domingo en la tarde que los vi yo ya estoy enferma de miedo, me da calentura, me pongo nerviosa, ya no dejo que mis hijos vayan a la escuela por estar pensando que les puede pasar por lo mismo que yo pasé y yo no quiero que a mis hijos les pase esto, yo siempre estoy encerrada”, explica.
La relación con su esposo también cambió, porque le dice que “soy la mujer de los guachos porque me violaron, pero no fue mi voluntad”.
El que estén los militares en su comunidad la enferma, porque le recurdan a cada rato la violación que sufrió a manos de ellos, “casi matan mi vida, a mí ya casi me mataron con lo que me hicieron, me dañaron mucho”.
A las mujeres de su comunidad Inés le recomienda que ya no caminen solas y que si ven llegar a los militares corran a esconderse y que no salgan, para que no les pase lo mismo.
Indígena violada sólo encuentra burlas en siete años de reclamo de justicia
En lugar de asumir su caso el gobierno manda al Ejército a hostigar comunidades
Tuvo que recurrir a la CIDH, en Estados Unidos, para que escucharan su denuncia
CITLAL GILES SANCHEZ
A siete años de que militares la abusaron sexualmente, Inés Fernández Ortega, indígena me’phaa, tiene la esperanza de que se haga justicia algún día. Lamenta que en México y en Guerrero no se haya hecho nada para investigar su caso. Al contrario, denuncia que ha recibido burlas y amenazas de las autoridades, que le dicen que los derechos humanos no sirven y no valen.
En su entorno familiar las cosas dieron un cambio total, pues de ser una joven contenta y feliz con su familia, desde 2002 su vida se ha desarrollado entre problemas con su esposo, Fortunato, además de estar enferma de los nervios y llena de temor a que le vuelva a suceder lo mismo.
Con ayuda de Obtilia Eugenio Manuel, quien traduce del me’phaa al español, Inés –quien siempre anda con la cabeza agachada y con un tono de voz que apenas se escucha– relata lo que ha tenido que vivir a raíz del ataque sexual de los soldados.
Con tan sólo 31 años de edad, Inés dice sentirse muerta en vida, y aunque de vez en cuando suelta un esbozo de sonrisa, se le apaga cuando tiene que recordar lo que sucedió un día de marzo de 2002, cuando un grupo de militares entró a su comunidad, Barranca Tecuani, y abusó sexualmente de ella y de otra indígena.
Inés comenta que a pesar de que lo denunció, las autoridades de Ayutla nunca le hicieron caso, incluso critica a los gobiernos estatal y federal de no hacer investigaciones de lo sucedido, y al contrario, envían a más militares para intimidar y hacer que desistan de las denuncias.
“Ni el gobierno de México, ni el estatal han hecho algo, porque si de verdad hubieran hecho investigaciones ya estuvieran detenidos los que me hicieron daño, ya llevo varios años pidiendo justicia y nunca llega”, comenta.
Por eso dice tuvo que ir Washington, Estados Unidos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para denunciar la agresión sexual que sufrió y es ahí donde tiene puestas sus esperanzas.
Toma un poco de aire y asegura que reconoce al militar que la violó, incluso dice que en las incursiones que han hecho después de 2002 lo ha visto, y por eso se enferma de los nervios y del miedo.
“He llegado a ver a la persona que me hizo daño, que mató mi vida, y no estoy tranquila; reconozco a las personas que me hicieron daño, y lo dije en el Ministerio Público, qué color eran, que eran altos, con uniformes, que cargaban armas, esas son suficientes pruebas que les di, pero ellos dicen que yo no quiero declarar más, pero tampoco ellos dan la confianza para decirles” reprocha Inés.
En su idioma, Inés critica el actuar del gobierno contra los indígenas, contra los pobres, pues aunque sabe que el gobierno está para apoyar a los más necesitados y para defernderlos, en realidad no es así.
“Nunca tuve un apoyo del gobierno que me dijera ‘Inés no te sientas sola, va a haber justicia’; ni uno de ellos vino a apoyarnos, ni una mujer funcionaria vino a verme, a decirme ‘yo estoy contigo Inés’, ni una”, lamenta.
Al contrario, dice que las autoridades les dicen que los derechos humanos no sirven, que ellos, como son indígenas, no valen nada “que como sea nos vamos a morir”.
Y hay momentos que lo creen, al vivir en esas condiciones, donde los militares les preguntan su nombre, les toman fotos, y si son de la OPIM, les dicen que se cuiden porque en cualquier rato van a acabar con ellos, y que si no quieren morirse que se salgan de la lucha, “eso dicen los guachos”.
Dice que la edad en las mujeres no es impedimento para que los militares abusen de ellas, pues tiene conocimiento que han violado tanto a mujeres jóvenes como a las que tienen una edad mayor, pero que al denunciar el gobierno les responde que no es cierto, “pero ellos qué saben, no saben cómo vivo, no saben lo que viví, porque no vienen a investigar; no decimos mentiras, ahí están los guachos. En mi país no hay gobierno, sólo mandan los que tienen mucho poder, mucho dinero”.
Inés toma nuevamente aire y asegura que su vida ha cambiado desde aquel día, ya que antes de su violación ella era alegre, estaba contenta, vivía feliz con sus hijos y con su esposo, pero después todo cambió.
“Ya todo es diferente, lloro demasiado, estoy cansada, no salgo de mi casa por el temor a los militares que están allá en mi comunidad; desde el domingo en la tarde que los vi yo ya estoy enferma de miedo, me da calentura, me pongo nerviosa, ya no dejo que mis hijos vayan a la escuela por estar pensando que les puede pasar por lo mismo que yo pasé y yo no quiero que a mis hijos les pase esto, yo siempre estoy encerrada”, explica.
La relación con su esposo también cambió, porque le dice que “soy la mujer de los guachos porque me violaron, pero no fue mi voluntad”.
El que estén los militares en su comunidad la enferma, porque le recurdan a cada rato la violación que sufrió a manos de ellos, “casi matan mi vida, a mí ya casi me mataron con lo que me hicieron, me dañaron mucho”.
A las mujeres de su comunidad Inés le recomienda que ya no caminen solas y que si ven llegar a los militares corran a esconderse y que no salgan, para que no les pase lo mismo.
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