Incluye infome del Departamento de Estado de EU violaciones y abusos del Ejército en Guerrero
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
En su informe anual, el Departamento de Estado de Estados Unidos, incluye algunos de los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por el Ejército en Guerrero como el secuestro, tortura y posterior ejecución de los indígenas mixtecos de Ayutla, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, el asesinato del indígena Na Savi, Bonfilio Rubio Villegas en un retén militar ubicado en Huamuxtitlán y la irrupción de militares en la comunidad de Puerto Las Ollas, en la Sierra de Coyuca de Catalán.
Dicho informe, cuyo contenido fue traducido y dado a conocer por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, corresponde al monitoreo, así como a las quejas y denuncias que recibió durante el 2009 el Departamento de Estado de Estados Unidos.
En él se señala que aunque el gobierno de México, “en general ha respetado y promovido los derechos humanos, la CNDH (Comisión Nacional de Derechos Humanos) y otras fuentes denunciaron ejecuciones ilegales cometidas por las fuerzas de seguridad; secuestros, abuso físico, malas condiciones y hacinamiento en las cárceles, encarcelamiento y detenciones arbitrarios, ineficacia y falta de transparencia, que propician la impunidad dentro del sistema legal. Así también confesiones bajo tortura, violencia y amenazas en contra de periodistas que derivan en autocensura”.
El documento del gobierno estadounidense señala que: “Ni el gobierno federal ni agentes del Estado cometieron homicidios con motivos políticos. Sin embargo, se denunció que las fuerzas de seguridad mataron a varias personas, incluso menores, durante el año, o mientras desarrollaban sus funciones o fuera de horas de servicio”.
El informe es general y habla de las violaciones a los derechos humanos y abusos que se cometieron en todo el país durante el año pasado, sin embargo Tlachinollan particulariza los casos que se citan de Guerrero.
Uno de ellos es el de Raúl Lucas y Manuel Ponce. Sobre este caso el informe del Departamento de Estado señala que el 13 de febrero, tres hombres que se identificaron como policías ministeriales, secuestraron a Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, presidente y secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM) en Ayutla de los Libres, Guerrero.
Añade que el 21 de febrero fueron encontrados sus cuerpos sin vida con huellas de tortura, cerca del municipio avecinado de Tecoanapa.
“Unos meses antes del secuestro, la OFPM alegó que había recibido amenazas de muerte después de acusar al Ejército de cometer violaciones a los derechos humanos en el 2002 y el 1998”, indica el documento.
El Departamento de Estado expone, también, que organizaciones de derechos humanos locales afirman que agentes del Estado fueron responsables por la tortura y homicidios de los dos indígenas, mientras que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Naciones Unidas (OACNUDH), la Comisión Interamericana sobre los Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional “denunciaron los homicidios y avisaron que el Ejercito cometen abusos en la región Na Savi de Guerrero” y que fue hasta cinco días después de que se denunció la desaparición, el 18 de febrero, las autoridades empezaron a investigar el caso, “que aún no había sido resuelto al final del año”.
El informe incluye el caso del asesinato del indígena nahua, Bonfilio Rubio Villegas; al respecto señala que el 20 de junio, miembros del 93 Batallón de Infantería con sede en Tlapa de Comonfort, “mataron a indígena Naua, Bonfilio Rubio Villegas en un retén militar ubicado en Huamuxtitlán. Mientras revisaron e inspeccionaron el camión”.
Agrega que los soldados identificaron un individuo que portaba botas tipo militar y lo detuvieron para interrogarlo. “Después de que los soldados firmaron el registro de conductor para explicar la detención, señalaron para que el conductor siguiera su camino, pero otro grupo de soldados abrieron fuego en contra del camión mientras se iba, matando al pasajero Bonfilio Rubio”.
El informe indica que el Ejército asumió jurisdicción del caso. “En julio el Ejército detuvo a un soldado quien siguió encarcelado al final del año. En octubre el Ejército ofreció indemnización a la familia. Organizaciones no gubernamentales de derechos humanos cuestionaron la conclusión de la Sedena que los soldados dispararon al aire y solo al camión cuando no se detuvo en el retén”.
En cuanto a la desaparición forzada se expone que “no hubo denuncias confirmadas de desapariciones forzadas al nivel federal; “sin embargo, hubo múltiples denuncias sobre desapariciones forzadas por el Ejército y la policía”.
Señala que durante el año (2009) la CNDH recibió 1,105 quejas “de tratamiento cruel o degradante y 33 quejas sobre tortura, comparado con 588 quejas de tratamiento cruel o degradante y 21 quejas de tortura en el 2008. Durante el año la CNDH hizo 30 recomendaciones a la SEDENA (Secretaría de la Defensa Nacional), de las cuales la SEDENA aceptó 19”.
El documento expone que la mayoría de las 30 recomendaciones, la CNDH refirió a detención arbitraria y tortura. En por lo menos tres casos, la CNDH verificó que médicos del Ejército u otros miembros del Ejército habían falsificado las pruebas para encubrir los abusos.
En el caso de la irrupción de militares a Puerto las Ollas, Las Palancas y El Jilguero, el documento señala: “El 9 de Junio, Amnistía Internacional publicitó el caso de las comunidades de Puerto de las Ollas, las Palancas y El Jilguero en el estado de Guerrero; poblados por aproximadamente 100 campesinos. En un periodo de cinco días los soldados supuestamente cometieron abusos, incluyendo allanamientos ilegales, robo, daños a propiedad privada, hostigamiento, agresión física en contra de una mujer embarazada, apuntaron a niños con armas de fuego”.
También se puntualiza que durante esa irrupción se reportaron dos casos de tortura durante el allanamiento: “Omar García, de 14 años y César Acosta Ávila, un joven con daños cerebrales, tenían los ojos vendados y fueron golpeados, recibieron toques eléctricos, fueron parcialmente sofocados con una bolsa de plástico, y los soldados los amenazaron con la castración. Organizaciones de derechos humanos de Guerrero (La Codehum y Tlachinollan) documentaron estos casos, y se reporta que la investigación del Ejército seguía a finales del año”, explica la dependencia norteamericana.
En el documento se reporta que permanecen las malas condiciones en las cárceles. “En su Plan Estratégico del 2008 al 2012, la SSP (Secretaría de Seguridad Pública) describe el sistema penitenciaria como uno de los componentes más abandonados y subdesarrollados de la seguridad pública”.
Y es que señala que la SSP reportó que entre septiembre del 2008 y diciembre del 2009, se murieron 200 personas encarceladas, 532 fueron heridas y 142 se escaparon (en las cárceles de todo el país).
En el rubro encarcelamiento o detención arbitraria se informa que la CNDH reportó a ese organismo norteamericano que recibió 1,289 quejas de encarcelamientos y detenciones arbitrarias durante el año.
Uno de los casos es el de los miembros de la Organización del Pueblos Indígena Me’phaa (OPIM) Manuel Cruz, Orlando Manzanares, Natalio Ortega, Romualdo Santiago, y Raúl Hernández “por pertenecer a este grupo y realizar protestas en contra de abusos”.
También se expone el caso de del hostigamiento a los defensores de derechos humanos de Guerrero al grado de que, por ejemplo Tlachinollan tuvo que cerrar sus oficinas en marzo de ese año en Ayutla.
Asimismo se señala que en febrero del 2008, Lorenzo Fernández Ortega, el hermano de Inés, la indígena violada por militares, fue encontrado muerto en Ayutla de los Libres, Guerrero. “A finales del año no se supo de ningún avance en el caso”.
El informe anual del Departamento de Estado sólo es un documento de consulta interna de ese país, aunque también influye en su política exterior, informó Tlachinollan.
http://www.suracapulco.com.mx/nota2.php?id_nota=77012
