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miércoles, 12 de septiembre de 2012

Urge Gobernación federal a depurar las policías de la entidad


El saneamiento, factor importante en el combate a la violencia, advierte Poiré

Urge Gobernación federal a depurar las policías de la entidad

Pese a avances, no estamos satisfechos con los resultados de Guerrero Seguro: Aguirre Rivero
FRANCISCA MEZA CARRANZA ( )
El secretario de Gobernación, Alejandro Poiré Romero, aseveró que para que un operativo en materia de seguridad funcione, además de la presencia de la fuerza federal, se tienen que agilizar las depuraciones de las corporaciones locales por lo que sería algo que revisaría ayer en su visita a la entidad.
En tanto, el gobernador se comprometió nuevamente a dar celeridad al proceso de evaluación e informó que incluso busca mecanismos para ser apoyado por el Ejército Mexicano en el proceso; aunque dijo que sí ha habido resultados con la Operación Coordinada Guerrero Seguro no son “para echar campanas al vuelo”.
En conferencia de prensa efectuada ayer en las instalaciones de la octava Región Naval, se cuestionó al secretario sobre los hechos de violencia en la entidad y el reciente hallazgo de 16 cuerpos en Tierra Caliente sobre lo cual contestó que se evaluarían los avances que ha habido con la presencia de las fuerzas federales además del avance en los compromisos establecidos por el gobierno del estado.
Se le preguntaron datos concretos sobre la depuración, ante la negativa del vocero Arturo Martínez Núñez a proporcionarlos, sobre lo cual detalló que al 1 de julio, de los 4 mil 371 efectivos estatales y municipales, se habían evaluado 34 por ciento de los cuales, 393 no aprobaron y el restante 49 por ciento está pendiente de resultados.
Al respecto, el gobernador dijo que del universo de los policías reprobados 80 fueron estatales y ya fueron dados de baja, dijo que el resto fueron municipales y en su mayoría de Acapulco.
Expresó en su oportunidad que a la luz de lo acontecido vale la pena replantear y reflexionar sobre la conveniencia de una policía única y hasta dónde se justifica la presencia de 81 cuerpos policiacos municipales pues dijo que muchos de estos se han negado a llevar a cabo el proceso de depuración.
Sobre los datos que se han dado del Guerrero Seguro el gobernador aseveró que no hay razón para maquillar datos y que no se quieren distorsionar. “Somos los primeros en no estar satisfechos con la totalidad o con los resultados pero de que ha habido un avance desde luego que ha habido”, aseveró.
En su discurso en el acto de Entrega de Radios Receptores de Alerta Sísmica, Poiré Romero dijo que se quisiera que los índices delictivos se redujeran de manera más veloz y que los operativos implementados en distintas zonas del país se acompañaran por un esfuerzo más veloz a nivel interinstitucional y más eficaz.
“Tenemos mucha tarea pendiente, muchos retos por delante pero así como se ha logrado dar el paso e impulsos significativos estoy convencido que en materia de seguridad, (se tendrán) si aceleramos el paso, si no bajamos la guardia, si cumplimos con los compromisos, y apertura ante sociedad abiertos críticas y dialogo”, expresó.
Previamente el titular de la Segob estuvo en Ayutla en donde colocó la primera piedra de un centro comunitario y un albergue como parte del cumplimiento del Estado mexicano a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de violación de la indígena Inés Fernández.
Informó que se firmó un convenio en conjunto con el gobierno estatal y el municipal de Ayutla para fortalecer el tejido social en la zona.
“La suma específica de los apoyos que está brindando el gobierno federal es un programa de apoyo de aproximadamente 30 millones de pesos de distintos programas del gobierno federal, vinculados particularmente a la población vulnerable de la zona particularmente mujeres, niñas, niños y adolescentes que están en la localidad”, expresó.

jueves, 3 de diciembre de 2009

Reiniciará diálogo con SG sobre eperristas

Reiniciará diálogo con SG sobre eperristas

MARGENA DE LA O

Chilpancingo, 2 de diciembre. A sugerencia de los familiares de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR) desaparecidos el 24 de mayo de 2007, se analiza la posibilidad de restituir la comisión de intermediación ante el gobierno federal, que desde el 21 de abril se declaró en receso.

En conferencia de prensa en un restaurante del zócalo, uno de sus integrantes, José Enrique González Ruiz, recordó que la comisión se declaró en receso ante la falta de voluntad política de la Secretaría de Gobernación para presentar con vida a los dirigentes del EPR.

El también ex rector de la UAG dijo que los integrantes de la comisión se reunirán el 10 de diciembre en la ciudad de México। Informó que recientemente, en Oaxaca se reunieron con Margarita Cruz Sánchez y Nadín Reyes, familiares de los desaparecidos, quienes le pidieron reconstituir la comisión.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/12/03/index.php?section=sociedad&article=006n2soc

sábado, 11 de julio de 2009

Ofrecimiento de SG, para evitar juicio: Tita Radilla

No se puede reparar lo irreparable
Ofrecimiento de SG, para evitar juicio: Tita Radilla

RODOLFO VALADEZ LUVIANO (Corresponsal) 

Atoyac, 10 de julio. Después de que el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, ofreció a la familia Radilla Martínez “reparar los daños” y terminar con las investigaciones del caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, su hija, Tita Radilla Martínez, dijo que los familiares sospechan que el ofrecimiento puede ser por presiones del Ejército y funcionarios en la epoca de la guerra sucia, para que el gobierno federal cierre el caso lo antes posible y no permitir que continúe su curso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde fue presentado el martes pasado.

Consultada vía telefónica, Radilla Martínez reprochó a Gómez Mont su postura de esquivar la responsabilidad del Estado mexicano con el argumento de que el delito ocurrió hace 35 años, “cuando era otro México, diferente al actual”.

Reveló que la intención del gobierno federal de reparar los daños a los familiares se dio desde antes de que el caso fuera llevado a la Corte Interamericana, pero que la posición de los familiares ha sido siempre no aceptar dinero, sino esclarecer los hechos, “lo que representa una carga muy pesada para quienes gobiernan actualmente”; sospechan que como las estructuras de gobierno siguen intactas desde los 70, hay intención de funcionarios de la época por cerrar el caso, antes de que las investigaciones del organismo internacional sigan.

Sin embargo, sostuvo que la familia continuará con el desahogo de pruebas, “porque estamos seguros que el caso Radilla es un precedente que demostrará que se pueden esclarecer delitos del pasado y dejar al descubierto la política sistemática y de exterminio que practicó el gobierno”.

–Si el gobierno les dijera el paradero del cuerpo de su padre, ¿qué harían?

–Sabemos que no se puede reparar lo irreparable, lo importante y necesario es esclarecer lo ocurrido durante la guerra sucia, para que esa política del estado se termine y no vuelva jamás.

Denunció que continúa el acecho de agentes de Gobernación, el cual “es parte de la política de presión y hostigamiento sobre nosotros, ya hasta nos acostumbramos a vivir con vigilancia”.


http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/07/11/index.php?section=sociedad&article=006n3soc

viernes, 10 de julio de 2009

Indagará EU abusos de militares mexicanos en la lucha antinarco

El Ejército ha violado derechos humanos, torturado y desaparecido gente: Washington Post
Indagará EU abusos de militares mexicanos en la lucha antinarco

Si se prueban, el Congreso de ese país podría congelar millones de dólares de la Iniciativa Mérida


David Brooks
Corresponsal

Washington, 9 de julio. El zar antinarcóticos, el Departamento de Estado y legisladores expresaron preocupación por las cada vez más numerosas acusaciones de abusos contra derechos humanos –incluidas tortura, desapariciones y violaciones sexuales– cometidos por militares en la lucha antinarco en México.

“Las acusaciones son muy serias”, declaró a la prensa el director de la Oficina Nacional de Políticas de Control de Droga de la Casa Blanca, conocido como zar antinarcóticos, R. Gil Kerlikowske, quien añadió: “Abordé el tema con el gobierno de México y he hablado con el Departamento de Estado”.

Otros altos funcionarios del gobierno de Barack Obama y legisladores demócratas y republicanos también subrayaron que lo reportado es “muy serio”, y se investigará. El gobierno de México podría perder millones de dólares en asistencia estadunidense a la lucha antinarcóticos, si se confirma un extenso patrón de abusos contra derechos humanos bajo las condiciones de la Iniciativa Mérida.

A la vez, altos funcionarios de la Casa Blanca reiteraron hoy su confianza en que el gobierno de Felipe Calderón no sólo está enfrentando a los poderosos y violentos cárteles de una manera sin precedente, sino también avanzando en consolidar las instituciones gubernamentales, controlando cada vez más las amenazas de la corrupción y los abusos contra derechos humanos.

El nuevo secretario asistente de Seguridad Interna encargado de asuntos fronterizos –zar de la frontera–, Alan Bersin, dijo a reporteros que se toma muy en serio estas acusaciones, pero “tenemos que asegurar que existan pruebas… se tienen que conseguir”, y advirtió que “no hay que brincar a conclusiones”. Indicó que algo positivo es que estas cosas “no se están ocultando”, y que México –como lo ha hecho Estados Unidos en otros momentos– está desarrollando las instituciones necesarias para enfrentar estos problemas.

Lo que detonó estas declaraciones fue un amplio reportaje publicado hoy como nota principal del Washington Post, donde se afirma que “el Ejército Mexicano ha llevado a cabo desapariciones forzadas, actos de tortura y redadas ilegales en persecución de narcotraficantes”. El Post reporta que estos abusos de militares mexicanos involucrados en la lucha antinarcóticos impulsada por el gobierno de Calderón, se propagan en diversas partes del país, desde las ciudades fronterizas hasta los campos de cultivo.

El reportaje narra sucesos en lugares como Puerto las Ollas, en Guerrero, donde una víctima cuenta cómo los soldados lo torturaron y golpearon, y también a su sobrino de 13 años de edad, o casos en Tijuana y Ciudad Juárez, donde detenidos fueron torturados para obtener confesiones, o el caso de dos niñas violadas sexualmente por soldados, así como varias redadas y cateos ilegales.

El presidente del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, Edolphus Towns, afirmó hoy en una reunión sobre esfuerzos estadunidenses para enfrentar a los cárteles mexicanos, que mientras se elogia el esfuerzo del gobierno de México al confrontar la amenaza del crimen organizado y su violencia, “hay una nota de primera plana en el Washington Post de hoy con el título ‘México acusado de tortura en la guerra contra la droga’. Tenemos que dejar en claro que los abusos desde el Estado son igualmente intolerables. Buscaré entender más sobre los hechos en relación con este reportaje, al proceder la investigación de este comité”.

El Post señala que el gobierno mexicano reconoce que han ocurrido abusos, pero sostiene que los casos son aislados y hasta indica que los propios narcotraficantes podrían estar acusando al Ejército de tortura y otras violaciones, como parte de su propaganda contra el gobierno.

Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, declaró al Post que existen abusos. “Sé que las fuerzas armadas no están actuando de manera inapropiada, aunque sí ha habido algunos casos. El gobierno honestamente cree eso. No hay incentivos para el abuso”.

El diario señala que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dice tener más de 2 mil quejas sobre el Ejército, unas 140 mensuales durante este año, y que ese organismo ha logrado confirmar 26 casos de abuso, incluida tortura.

Funcionarios estadunidenses afirmaron al Washington Post, como lo hicieron hoy en una audiencia ante el Congreso, que están confiados en que el presidente Felipe Calderón está llevando a cabo una lucha sin precedente contra el narcotráfico, y que dentro de ello está impulsando medidas que mejorarán la efectividad y honestidad, como también el respeto de derechos humanos entre las fuerzas de seguridad.

Voceros del Departamento de Estado declararon a La Jornada que siempre “tomamos muy seriamente toda denuncia de tortura” u otros abusos contra derechos humanos, y “de manera constante discutimos nuestras preocupaciones con nuestras contrapartes mexicanas”. Subrayaron que el presidente Calderón está enfrentando de manera “valiente”, a los cárteles mexicanos, y que en todo ese esfuerzo también se comparte una preocupación de ambos gobiernos por el respeto a las garantías en esta lucha.

Sin embargo, algunos funcionarios estadunidenses indicaron al Post que las acusaciones sobre abusos y la impunidad podrían llevar a que el Congreso de este país congele millones de dólares en asistencia antinarcóticos para México.

Las condiciones de la Iniciativa Mérida, el plan de asistencia antidrogas con un presupuesto total de 1.4 mil millones de dólares, lanzado en 2007, establecen que un 15 por ciento de los fondos no pueden ser entregados hasta que el Departamento de Estado informe al Congreso que México ha avanzado en materia de respeto a los derechos humanos, incluyendo la fiscalización de los acusados de violaciones, la prohibición del uso de declaraciones extraídas por tortura y consultas constantes con agrupaciones de derechos humanos.

Poco más de 90 millones de dólares asignados a México por medio de la Iniciativa Mérida no podrán ser liberados sin que el Congreso acepte las conclusiones del informe del Departamento de Estado; otros 24 millones también están sujetos a estas condiciones en el presupuesto suplementario promulgado por Obama a fines del mes pasado.

Ese informe será entregado al Congreso próximamente, según informaron voceros del Departamento de Estado a La Jornada.

http://www.jornada.unam.mx/2009/07/10/index.php?section=politica&article=003n1pol

miércoles, 8 de julio de 2009

Comienza el juicio contra México por la desaparición de Radilla

Se presentan Tita y Rosendo Radilla a dar sus testimonios en la Corte Interamericana
Comienza el juicio contra México por la desaparición de Radilla

Investigaciones fueron parciales porque se hicieron en tribunales militares, base del caso

También llevan a Costa Rica quejas por hostigamiento contra la presidenta de la Afadem

CITLAL GILES SANCHEZ


Este martes Tita y Rosendo Radilla Martínez, hijos del guerrerense desaparecido durante la guerra sucia, Rosendo Radilla Pacheco, denunciaron en una audiencia pública en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que las investigaciones sobre la desaparición forzada de su padre a manos de soldados fueron parciales, ya que las autoridades militares fueron las que hicieron las pesquisas.

Tita Radilla denunció también las amenazas de militares para que cese su lucha como presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem).

Por primera vez, el Estado mexicano será juzgado por la Corte Interamericana por un caso de desaparición forzada como la de Radilla Pacheco, quien fue detenido en un retén militar en Acapulco el 25 de agosto de 1974, y visto por última vez en el ex cuartel de Atoyac.

En la audiencia pública, celebrada en la sede la Corte Interamericana en Costa Rica, fungieron como testigos y víctimas Tita y Rosendo Radilla, éste último, testigo presencial de la detención de su padre. De igual forma, atestiguó el perito Miguel Sarre así como los abogados de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Juan Carlos Gutiérrez Contreras, quien es director general; la directora del área Jurídica de la Comisión, María Sirvent Bravo-Ahuja, así como la abogada Mayra López Pineda.

En entrevista telefónica, López Pineda informó que durante la primera parte de la audiencia se rindieron los testimonios tanto de Tita como de Rosendo Radilla, quienes expusieron el contexto de la desaparición y detención de su padre, así como la situación familiar que sufrieron luego de la desaparición de Radilla Pacheco.

De igual forma, la abogada informó que Tita Radilla detalló las innumerables gestiones hechas ante las autoridades de justicia mexicana y la frustración que le ocasionó la impunidad y la injusticia al no encontrar eco a sus denuncias.

Además, señaló que la hija de Radilla Pacheco aprovechó para denunciar las amenazas de militares, y relató la agresión que sufrió el 24 de mayo de 2008, cuando un militar la encañonó mientras llevaban a cabo la conmemoración del Día del Desaparecido, en Atoyac.

“Este hecho fue un motivo que generó cierta incertidumbre en la Corte Interamericana, por los hostigamientos; ese día, durante la Semana del Detenido-Desaparecido, Tita se percata de que afuera de las oficinas de Afadem había un convoy militar y cuando ella sale de la oficina un militar cargó su arma y la apunta hacia Tita”, destacó López Pineda. 

En tanto, Rosendo Radilla Martínez informó a la Corte Interamericana que fue testigo presencial de la detención de su padre en un retén militar en las afueras de Acapulco.

Y relató que al momento de la detención su padre preguntó a los militares: “¿de qué se me acusa?”, a lo que los soldados respondieron “de componer corridos”. El hijo de Rosendo comentó que su padre alegó que eso no era un delito, pero que los militares le contestaron “no, pero mientras ya te chingaste”.

De igual forma, narró las diversas represiones que ha hecho el Ejército en Guerrero, así como las afectaciones que vivieron en su familia.

Radilla Martínez pidió a la Corte que ordene al Estado mexicano que se entreguen los restos de los desaparecidos y se haga justicia.

De igual forma, Tita Radilla mencionó a la Corte Interamericana que las investigaciones ante la justicia militar no fueron imparciales, ya que las hicieron las propias autoridades castrenses.

En ese sentido, detalló López Pineda, versó el testimonio del perito Miguel Sarre, sobre el sistema de justicia militar y su compatibilidad contra los estándares internacionales de derechos humanos.

“En el caso de Rosendo Radilla Pacheco las investigaciones que se dieron fue a través de un tribunal militar, el cual no es competente, porque la víctima es un civil; debió haberse juzgado con alguna autoridad civil, independientemente que estuviera involucrado un militar en este delito”, aseveró.

Durante la audiencia pública estuvieron el secretario de Gobernación, Francisco Gómez Mont; por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, el procurador militar, el general Jaime Antonio López Portillo, así como el director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el ministro Alejandro Negrín.
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http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/07/08/index.php?section=sociedad&article=007n1soc


viernes, 1 de agosto de 2008

Mouriño Y Zeferino se aman...

Segob intervendrá directamente en el conflicto por la presa La Parota

La federación enviará 12 mil mdp para ese fin, dice titular
Segob intervendrá directamente en el conflicto por la presa La Parota

La Secretaría de Gobernación (Segob) intervendrá directamente en el conflicto por la presa La Parota, que ha detenido la ejecución del proyecto hidroeléctrico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por cinco años, ante el desgaste de las instancias encargadas de destrabarlo sin ningún avance, advirtió ayer su titular Juan Camilo Mouriño. 

Durante una comida privada en un restaurante de la Costera de Acapulco con el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, representantes de la iniciativa privada, del sector educativo público y privado, y el alcalde Félix Salgado Macedonio, el funcionario federal dio a conocer que el gobierno federal destinará este año una inversión de 12 mil millones de pesos para concretar la obra en la zona proyectada que involucra a cinco municipios: Acapulco, Tecoanapa, San Marcos, Juan R. Escudero y Chilpancingo. 

Aunque el punto central del encuentro fue una abierta promoción de Mouriño a la iniciativa de reforma energética propuesta por Felipe Calderón, el secretario de Gobernación también habló sobre la inseguridad y el crimen organizado, la reforma electoral de Guerrero, la crisis alimentaria mundial y su repercusión en el país, y las reformas en torno a Petróleos Mexicanos (Pemex). 

Al hablar sobre La Parota, reconoció el interés de la administración federal por insistir en que el proyecto se concrete en Guerrero, pese a la resistencia del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa (CECOP), por lo que ofreció la actuación de Segob para empujar la obra. 

Parte de esa mediación, expuso ante los comensales, consistirá en “renovar” a las figuras y dependencias a cargo de solucionar el conflicto por su desgaste y la falta de resultados.

Sobre la reforma energética, Mouriño repitió los argumentos del gobierno federal para darle legitimidad a su iniciativa y habló de la necesidad de tener inversión privada sin que eso signifique entregar el petróleo a trasnacionales. 

Asistieron, el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Arturo Contreras Gómez; el secretario de Fomento Turístico, Ernesto Rodríguez Escalona; Israel Soberanis Nogueda, subsecretario de Asuntos Políticos del estado. (Redacción)


http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2008/08/01/index.php?section=politica&article=003n3pol

Exigen justicia por Alex Serna con vendas en esculturas del Centro de Zihuatanejo

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