Bloquea senador de EU recursos contra el narco por abusos de militares

Bloquea senador de EU recursos contra el narco por abusos de militares



Jesús Esquivel / Agencia Proceso

Washington, Estados Unidos

El senador demócrata por el estado de Vermont, Patrick Leahy, bloqueó la liberación de unos 90 millones de dólares de los fondos comprometidos por Washington, para financiar el desarrollo en México de la Iniciativa Mérida contra el crimen organizado, reveló el diario The Washington Post.
De acuerdo con el influyente diario que se edita en la capital estadunidense, Leahy rechazó un informe elaborado por la secretaria de Estado, Hillary Clinton, que otorgaba un voto de confianza a las fuerzas armadas mexicanas en la lucha contra el narcotráfico, pese a múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas por militares.
El rotativo señaló que el Departamento de Estado reelabora el informe sobre las violaciones a los derechos humanos cometidos por el Ejército mexicano en la lucha contra el narcotráfico, debido a la objeción del senador demócrata Patrick Leahy.
“El fracaso del Departamento de Estado para lograr el pase (en el Capitolio) del reporte de los derechos humanos en la lucha contra el narcotráfico, es un revés para los gobiernos de Estados Unidos y México, y justo en momento cuando la violencia continúa aumentando en el territorio mexicano y el presidente Felipe Calderón se encuentra bajo una creciente presión para hacerle una revisión a su estrategia antinarcóticos financiada por Estados Unidos”, indicó el Post.
Los 90 millones de dólares que serían liberados forman parte del segundo paquete de ayuda a México, para la instrumentación de la Iniciativa Mérida. El pasado 18 de junio el Senado de Estados Unidos aprobó la primera partida de apoyo por 420 millones de dólares, de los más de mil 400 millones de dólares comprometidos por el gobierno de George Bush en el año 2007.
Por encima de denuncias y pedidos de agrupaciones defensoras de los derechos humanos, tanto de México como de Estados Unidos, que aseguran que en la guerra contra el narcotráfico el Ejército mexicano comete serias violaciones a los derechos humanos, como la práctica de la tortura, la secretaria de Estado Clinton había decidido enviar esta semana al Congreso el reporte con su certificación a las fuerzas armadas mexicanas en materia de derechos humanos, con el objetivo liberar 15 por ciento de los fondos de la Iniciativa Mérida que están condicionados a esta medida de certificación.
“Funcionarios del Departamento de Estado dicen que están reconsiderando volver a escribir el reporte, antes de someterlo al Congreso, lo cual podría ser posiblemente después del 7 de septiembre, cuando regresa el Poder Legislativo del receso de vacaciones de verano”, destacó el diario.
La ley aprobada por el Congreso de Estados Unidos para apoyar a México con financiamiento en su lucha contra el narcotráfico, establece que la liberación de 15 por ciento de los mil 400 millones de dólares comprometidos en un plazo de tres años, está condicionada a la certificación del Departamento de Estado de que, en este caso, las fuerzas armadas mexicanas no cometan violaciones a los derechos humanos en la campaña para contrarrestar al narcotráfico y al crimen organizado.
“La ley retiene 15 por ciento de los fondos de la Iniciativa Mérida hasta que la Secretaría de Estado reporte al Congreso que el gobierno mexicano cumple con cuatro requerimientos, incluido el proceso (judicial) de los militares y la policía que han violado derechos humanos”, señaló el senador Leahy por medio de un comunicado de prensa que difundió a raíz del artículo publicado por The Washington Post.
“Esos requerimientos no se han cumplido, por lo tanto, es prematuro enviar el reporte al Congreso”, anotó Leahy, quien es uno de los legisladores estadunidenses que encabezan el tema de la defensa de los derechos humanos en el mundo.
Aunque en Washington los sectores políticos y gubernamentales aplauden en términos generales a la estrategia de Calderón en la lucha contra el narcotráfico, en el Congreso federal estadunidense tienen muchas reservas sobre la campaña militarizada contra el crimen organizado que ha puesto en marcha el presidente mexicano.
“Sigo apoyando los objetivos de la Iniciativa Mérida, pero sola, la estrategia militar no es la solución en el largo plazo, ni está claro qué es lo que puede lograr en el corto plazo”, anotó Leahy.
Poco más de 36 mil miembros del Ejército y la Marina mexicanos han sido desplegados en todo el país, la mayoría en los estados de Michoacán y Chihuahua, para combatir al crimen organizado. Sin embargo, la violencia, lejos de mermar, se ha recrudecido en esas entidades. 

 


http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=64029

Denuncian nueva incursión del Ejército en Puerto las Ollas

Los pobladores de la comunidad viven entre temor y enojo por las agresiones militares
Denuncian nueva incursión del Ejército en Puerto las Ollas

Dos comandos de soldados llegaron la noche del sábado, alerta Monroy Hernández

CITLAL GILES Y REDACCION

Por cuarta ocasión en un mes, y a dos días de que el gobierno de Estados Unidos haya anunciado investigar abusos militares en México por las incursiones en Puerto las Ollas, dos comandos de soldados ingresaron anoche a este poblado ubicado en la sierra.

De acuerdo con datos proporcionados por el coordinador del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), Javier Monroy Hernández, habitantes de la comunidad le informaron que alrededor de las 10 de la noche los soldados se colocaron en las áreas de cultivo entre Puerto las Ollas y Las Palancas, por lo que alertó “sobre cualquier incidente que pudiera suscitarse en perjuicio de los habitantes de estas comunidades”.

Las incursiones militares anteriores fueron objeto de un reportaje que fue presentado como nota principal del diario estadunidense The Washington Post, y generaron la reacción del gobierno de ese país, que advirtió que podría congelar recursos del Plan Mérida si se comprueban violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército.

Ayer por la mañana, Monroy Hernández dijo que en Puerto las Ollas hay zozobra y enojo luego de las tres incursiones anteriores del Ejército para hostigar y amedrentar a los habitantes, y aseguró que se instalará ahí un módulo para que la gente lleve sus demandas sociales. 

En la reciente visita que hizo el Tadeco a Puerto las Ollas, Monroy Hernández percibió un gran temor en la gente, pero al mismo tiempo enojo, porque las personas viven “en una zozobra permanente” por la presencia militar, ya que altera la tranquilidad, la estabilidad emocional de los habitantes, incluso de los niños, quienes han mostrado en sus juegos el daño sicológico que los soldados han dejado en ellos.

“Vimos con preocupación que estas cosas están calando en los niños porque ahora sus juegos son las persecuciones y el esconderse, como hacen sus padres cuando llegan los militares”.

Sin embargo, comentó Monroy que observaron ánimo en las mujeres, quienes se han sentido apoyadas por organizaciones de derechos humanos, “eso les da valor para enfrentar a los militares, como lo hicieron en esta última ocasión, cuando les preguntaron cuál era el motivo de su presencia”.

Los habitantes denunciaron que sienten temor porque en esta última ocasión, aunque el Ejército entró para llevar a cabo un “supuesta investigación” sobre las agresiones de los soldados del batallón 40, se enfocaron más en ubicar con detalle cómo están construidas las casas, cómo y dónde están ubicadas, cómo está organizada la comunidad.

Ante esto, Monroy Hernández aseguró que instalarán en la comunidad un módulo de desarrollo comunitario, como en La Morena, para que conozcan sus derechos y busquen soluciones a sus problemas.

“No tienen maestros, la escuela está abandonada (que es más bien un aula), además los soldados destruyeron parte del mobiliario”, criticó el coordinador.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/07/12/index.php?section=sociedad&article=005n1soc

Mexico Accused of Torture in Drug War

Army Using Brutality To Fight Trafficking, Rights Groups Say

By Steve Fainaru and William Booth

Washington Post Foreign Service
Thursday, July 9, 2009

PUERTO LAS OLLAS, Mexico -- The Mexican army has carried out forced disappearances, acts of torture and illegal raids in pursuit of drug traffickers, according to documents and interviews with victims, their families, political leaders and human rights monitors।

From the violent border cities where drugs are brought into the United States to the remote highland regions where poppies and marijuana are harvested, residents and human rights groups describe an increasingly brutal war in which the government, led by the army, is using harsh measures to battle the cartels that continue to terrorize much of the country.

In Puerto Las Ollas, a mountain village of 50 people in the southern state of Guerrero, residents recounted how soldiers seeking information last month stuck needles under the fingernails of a disabled 37-year-old farmer, jabbed a knife into the back of his 13-year-old nephew, fired on a pastor, and stole food, milk, clothing and medication।

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/07/08/AR2009070804197.html?hpid=topnews

Preocupan a la Casa Blanca los abusos de militares; difunden en EU un caso de la sierra de Guerrero

Preocupan a la Casa Blanca los abusos de militares; difunden en EU un caso de la sierra de Guerrero

Jesús Esquivel / Agencia Proceso

Washington

La Casa Blanca y el Congreso federal de Estados Unidos expresaron su “preocupación” por las miles de denuncias sobre tortura y violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército mexicano en la lucha contra el narcotráfico, informó en su edición de este jueves el diario estadounidense The Washington Post.
En una audiencia celebrada en el Capitolio, para analizar el crecimiento de las redes de operación de los cárteles de la droga en México, Gil Kerlikowske, director de la Oficina Nacional de Políticas para el Control de las Drogas de la Casa Blanca, afirmó que habló con el gobierno de México “y sé que las acusaciones están siendo analizadas con mucha seriedad”.
De acuerdo con el artículo de primera plana de The Washington Post –especialista en temas de la Casa Blanca y cuyo reportaje sobre el Watergate llevó en 1970 a la caída del presidente Richard Nixon– el Ejército mexicano, en nombre de la lucha contra el narcotráfico, ha instrumentado la desaparición forzada de personas, así como actos de tortura y redadas ilegales, acciones que juntas recopilan más de 2 mil demandas, mismas que ya investiga la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En entrevista con el diario estadunidense, el secretario de Gobernación mexicano, Fernando Gómez Mont, reconoció que las Fuerzas Armadas no están actuando de manera apropiada, pero los casos de violaciones a las garantías individuales, dijo, “son esporádicos”.
Añadió: “Honestamente, el gobierno (de Felipe Calderón) cree que no existen incentivos para el abuso”.
Fechado en Puerto Las Ollas, un pueblo de la sierra del estado de Guerrero y del municipio de Coyuca de Catalán, el artículo de The Washington Post menciona que, debido a los actos de tortura en los que incurre el Ejército mexicano en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, el gobierno de Estados Unidos podría detener los fondos que comprometió para financiar la instrumentación de la llamada Iniciativa Mérida.
“Funcionarios del gobierno de Estados Unidos –prosigue– advirtieron que las acusaciones de abusos podrían llevar al Congreso federal a detener más de 100 millones de dólares en asistencia antinarcóticos al gobierno de México”.
Por separado, miembros del Congreso federal señalaron que el gobierno del presidente Barack Obama debe tomar acciones urgentes ante las acusaciones que pesan sobre el Ejército mexicano.
Edophus Tonos, representante demócrata por el estado de Nueva York y presidente del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, manifestó que “al tiempo que continúan los esfuerzos de México para afrontar la amenaza de las drogas, nosotros debemos ser muy claros de que son intolerables los abusos cometidos por el Estado (mexicano), y quisiera conocer más sobre los hechos relacionados con este artículo (del Washington Post)”.
Por su parte, el congresista republicano por el estado de California, Darrell Issa, señaló: “Aquí en el Congreso vamos a solicitar que se haga un seguimiento exhaustivo a la investigación sobre estas acusaciones contra el Ejército mexicano. No debe haber excusas sobre el mal uso del dinero de Estados Unidos en la guerra contra las drogas, y mucho menos cuando se trata de acusaciones de violación a los derechos humanos en México”.
El diario destaca que la CNDH tiene documentados 26 casos de abuso y tortura cometidos por las Fuerzas Armadas mexicanas en la lucha contra el narcotráfico, 17 de los cuales involucran tortura, como asfixia con bolsas de plástico colocadas en la cabeza de las personas, y toques eléctricos aplicados en los genitales de presuntos sospechosos de narcotráfico.
Al respecto, Gómez Mont señaló que el Ejército mexicano investiga 15 casos de abusos a los derechos humanos, de entre los cuales se han presentado cargos formales contra un oficial y cuatro soldados.

Se tambalea la iniciativa Mérida

Como parte del financiamiento de la Iniciativa Mérida, el gobierno de Estados Unidos comprometió mil 400 millones de dólares para apoyar a los gobiernos de México y de Centroamérica en la lucha contra el narcotráfico.
De esos mil 400 millones, el desembolso de aproximadamente 100 millones de dólares para México está condicionado a que el Departamento de Estado certifique que las fuerzas militares o policiales mexicanas que se benefician con la Iniciativa Mérida no están involucradas en casos de violaciones a los derechos humanos, de lo contrario, el financiamiento se suspende.
“Los requerimientos incluyen el proceso judicial de presuntos violadores de los derechos humanos. Se prohíbe obtener declaraciones de presuntos sospechosos bajo tortura y se requiere que el gobierno (mexicano) lleve a cabo consultas regulares con grupos independientes que defienden los derechos humanos”, menciona The Washington Post.
En lo que se refiere a Puerto las Ollas, una población con aproximadamente 50 habitantes, el rotativo destaca que el pasado 9 de junio arribó al pueblo un grupo de soldados mexicanos, quienes disparando su rifles de alto poder, intimidaron a la población y detuvieron a un campesino incapacitado de 37 años de edad, de nombre Jaime César Acosta.
A ese hombre, continúa, a quien golpearon y torturaron metiéndole agujas debajo de las uñas, también lo amenazaron con violarlo y matarlo si no les daba información relacionada con el narcotráfico en la entidad.
Y destaca: “Las fuerzas de seguridad mexicanas desde hace mucho tiempo tienen un dudoso historial respecto de los derechos humanos, pero las crecientes acusaciones de abusos parecen ser un respuesta directa al salvajismo desatado por los cárteles del narcotráfico, después de que el presidente Felipe Calderón pusiera al Ejército a cargo de la guerra contra las drogas”.

http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=62332

Indagará EU abusos de militares mexicanos en la lucha antinarco

El Ejército ha violado derechos humanos, torturado y desaparecido gente: Washington Post
Indagará EU abusos de militares mexicanos en la lucha antinarco

Si se prueban, el Congreso de ese país podría congelar millones de dólares de la Iniciativa Mérida

David Brooks
Corresponsal

Washington, 9 de julio. El zar antinarcóticos, el Departamento de Estado y legisladores expresaron preocupación por las cada vez más numerosas acusaciones de abusos contra derechos humanos –incluidas tortura, desapariciones y violaciones sexuales– cometidos por militares en la lucha antinarco en México.

“Las acusaciones son muy serias”, declaró a la prensa el director de la Oficina Nacional de Políticas de Control de Droga de la Casa Blanca, conocido como zar antinarcóticos, R. Gil Kerlikowske, quien añadió: “Abordé el tema con el gobierno de México y he hablado con el Departamento de Estado”.

Otros altos funcionarios del gobierno de Barack Obama y legisladores demócratas y republicanos también subrayaron que lo reportado es “muy serio”, y se investigará. El gobierno de México podría perder millones de dólares en asistencia estadunidense a la lucha antinarcóticos, si se confirma un extenso patrón de abusos contra derechos humanos bajo las condiciones de la Iniciativa Mérida.

A la vez, altos funcionarios de la Casa Blanca reiteraron hoy su confianza en que el gobierno de Felipe Calderón no sólo está enfrentando a los poderosos y violentos cárteles de una manera sin precedente, sino también avanzando en consolidar las instituciones gubernamentales, controlando cada vez más las amenazas de la corrupción y los abusos contra derechos humanos.

El nuevo secretario asistente de Seguridad Interna encargado de asuntos fronterizos –zar de la frontera–, Alan Bersin, dijo a reporteros que se toma muy en serio estas acusaciones, pero “tenemos que asegurar que existan pruebas… se tienen que conseguir”, y advirtió que “no hay que brincar a conclusiones”. Indicó que algo positivo es que estas cosas “no se están ocultando”, y que México –como lo ha hecho Estados Unidos en otros momentos– está desarrollando las instituciones necesarias para enfrentar estos problemas.

Lo que detonó estas declaraciones fue un amplio reportaje publicado hoy como nota principal del Washington Post, donde se afirma que “el Ejército Mexicano ha llevado a cabo desapariciones forzadas, actos de tortura y redadas ilegales en persecución de narcotraficantes”. El Post reporta que estos abusos de militares mexicanos involucrados en la lucha antinarcóticos impulsada por el gobierno de Calderón, se propagan en diversas partes del país, desde las ciudades fronterizas hasta los campos de cultivo.

El reportaje narra sucesos en lugares como Puerto las Ollas, en Guerrero, donde una víctima cuenta cómo los soldados lo torturaron y golpearon, y también a su sobrino de 13 años de edad, o casos en Tijuana y Ciudad Juárez, donde detenidos fueron torturados para obtener confesiones, o el caso de dos niñas violadas sexualmente por soldados, así como varias redadas y cateos ilegales.

El presidente del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, Edolphus Towns, afirmó hoy en una reunión sobre esfuerzos estadunidenses para enfrentar a los cárteles mexicanos, que mientras se elogia el esfuerzo del gobierno de México al confrontar la amenaza del crimen organizado y su violencia, “hay una nota de primera plana en el Washington Post de hoy con el título ‘México acusado de tortura en la guerra contra la droga’. Tenemos que dejar en claro que los abusos desde el Estado son igualmente intolerables. Buscaré entender más sobre los hechos en relación con este reportaje, al proceder la investigación de este comité”.

El Post señala que el gobierno mexicano reconoce que han ocurrido abusos, pero sostiene que los casos son aislados y hasta indica que los propios narcotraficantes podrían estar acusando al Ejército de tortura y otras violaciones, como parte de su propaganda contra el gobierno.

Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, declaró al Post que existen abusos. “Sé que las fuerzas armadas no están actuando de manera inapropiada, aunque sí ha habido algunos casos. El gobierno honestamente cree eso. No hay incentivos para el abuso”.

El diario señala que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dice tener más de 2 mil quejas sobre el Ejército, unas 140 mensuales durante este año, y que ese organismo ha logrado confirmar 26 casos de abuso, incluida tortura.

Funcionarios estadunidenses afirmaron al Washington Post, como lo hicieron hoy en una audiencia ante el Congreso, que están confiados en que el presidente Felipe Calderón está llevando a cabo una lucha sin precedente contra el narcotráfico, y que dentro de ello está impulsando medidas que mejorarán la efectividad y honestidad, como también el respeto de derechos humanos entre las fuerzas de seguridad.

Voceros del Departamento de Estado declararon a La Jornada que siempre “tomamos muy seriamente toda denuncia de tortura” u otros abusos contra derechos humanos, y “de manera constante discutimos nuestras preocupaciones con nuestras contrapartes mexicanas”. Subrayaron que el presidente Calderón está enfrentando de manera “valiente”, a los cárteles mexicanos, y que en todo ese esfuerzo también se comparte una preocupación de ambos gobiernos por el respeto a las garantías en esta lucha.

Sin embargo, algunos funcionarios estadunidenses indicaron al Post que las acusaciones sobre abusos y la impunidad podrían llevar a que el Congreso de este país congele millones de dólares en asistencia antinarcóticos para México.

Las condiciones de la Iniciativa Mérida, el plan de asistencia antidrogas con un presupuesto total de 1.4 mil millones de dólares, lanzado en 2007, establecen que un 15 por ciento de los fondos no pueden ser entregados hasta que el Departamento de Estado informe al Congreso que México ha avanzado en materia de respeto a los derechos humanos, incluyendo la fiscalización de los acusados de violaciones, la prohibición del uso de declaraciones extraídas por tortura y consultas constantes con agrupaciones de derechos humanos.

Poco más de 90 millones de dólares asignados a México por medio de la Iniciativa Mérida no podrán ser liberados sin que el Congreso acepte las conclusiones del informe del Departamento de Estado; otros 24 millones también están sujetos a estas condiciones en el presupuesto suplementario promulgado por Obama a fines del mes pasado.

Ese informe será entregado al Congreso próximamente, según informaron voceros del Departamento de Estado a La Jornada.

http://www.jornada.unam.mx/2009/07/10/index.php?section=politica&article=003n1pol