Bloquea senador de EU recursos contra el narco por abusos de militares

Bloquea senador de EU recursos contra el narco por abusos de militares



Jesús Esquivel / Agencia Proceso

Washington, Estados Unidos

El senador demócrata por el estado de Vermont, Patrick Leahy, bloqueó la liberación de unos 90 millones de dólares de los fondos comprometidos por Washington, para financiar el desarrollo en México de la Iniciativa Mérida contra el crimen organizado, reveló el diario The Washington Post.
De acuerdo con el influyente diario que se edita en la capital estadunidense, Leahy rechazó un informe elaborado por la secretaria de Estado, Hillary Clinton, que otorgaba un voto de confianza a las fuerzas armadas mexicanas en la lucha contra el narcotráfico, pese a múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas por militares.
El rotativo señaló que el Departamento de Estado reelabora el informe sobre las violaciones a los derechos humanos cometidos por el Ejército mexicano en la lucha contra el narcotráfico, debido a la objeción del senador demócrata Patrick Leahy.
“El fracaso del Departamento de Estado para lograr el pase (en el Capitolio) del reporte de los derechos humanos en la lucha contra el narcotráfico, es un revés para los gobiernos de Estados Unidos y México, y justo en momento cuando la violencia continúa aumentando en el territorio mexicano y el presidente Felipe Calderón se encuentra bajo una creciente presión para hacerle una revisión a su estrategia antinarcóticos financiada por Estados Unidos”, indicó el Post.
Los 90 millones de dólares que serían liberados forman parte del segundo paquete de ayuda a México, para la instrumentación de la Iniciativa Mérida. El pasado 18 de junio el Senado de Estados Unidos aprobó la primera partida de apoyo por 420 millones de dólares, de los más de mil 400 millones de dólares comprometidos por el gobierno de George Bush en el año 2007.
Por encima de denuncias y pedidos de agrupaciones defensoras de los derechos humanos, tanto de México como de Estados Unidos, que aseguran que en la guerra contra el narcotráfico el Ejército mexicano comete serias violaciones a los derechos humanos, como la práctica de la tortura, la secretaria de Estado Clinton había decidido enviar esta semana al Congreso el reporte con su certificación a las fuerzas armadas mexicanas en materia de derechos humanos, con el objetivo liberar 15 por ciento de los fondos de la Iniciativa Mérida que están condicionados a esta medida de certificación.
“Funcionarios del Departamento de Estado dicen que están reconsiderando volver a escribir el reporte, antes de someterlo al Congreso, lo cual podría ser posiblemente después del 7 de septiembre, cuando regresa el Poder Legislativo del receso de vacaciones de verano”, destacó el diario.
La ley aprobada por el Congreso de Estados Unidos para apoyar a México con financiamiento en su lucha contra el narcotráfico, establece que la liberación de 15 por ciento de los mil 400 millones de dólares comprometidos en un plazo de tres años, está condicionada a la certificación del Departamento de Estado de que, en este caso, las fuerzas armadas mexicanas no cometan violaciones a los derechos humanos en la campaña para contrarrestar al narcotráfico y al crimen organizado.
“La ley retiene 15 por ciento de los fondos de la Iniciativa Mérida hasta que la Secretaría de Estado reporte al Congreso que el gobierno mexicano cumple con cuatro requerimientos, incluido el proceso (judicial) de los militares y la policía que han violado derechos humanos”, señaló el senador Leahy por medio de un comunicado de prensa que difundió a raíz del artículo publicado por The Washington Post.
“Esos requerimientos no se han cumplido, por lo tanto, es prematuro enviar el reporte al Congreso”, anotó Leahy, quien es uno de los legisladores estadunidenses que encabezan el tema de la defensa de los derechos humanos en el mundo.
Aunque en Washington los sectores políticos y gubernamentales aplauden en términos generales a la estrategia de Calderón en la lucha contra el narcotráfico, en el Congreso federal estadunidense tienen muchas reservas sobre la campaña militarizada contra el crimen organizado que ha puesto en marcha el presidente mexicano.
“Sigo apoyando los objetivos de la Iniciativa Mérida, pero sola, la estrategia militar no es la solución en el largo plazo, ni está claro qué es lo que puede lograr en el corto plazo”, anotó Leahy.
Poco más de 36 mil miembros del Ejército y la Marina mexicanos han sido desplegados en todo el país, la mayoría en los estados de Michoacán y Chihuahua, para combatir al crimen organizado. Sin embargo, la violencia, lejos de mermar, se ha recrudecido en esas entidades. 

 


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