Samantha Colón activista de Acapulco denuncia amenazas

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Samantha Colón denuncia amenazas de Muerte y Denuncia omisión de Autoridades

                   14 MAYO ACAPULCO, GRO.

 

Samantha Colón Morales, esposa del integrante del Cecop desaparecido, Vicente Suástegui, exigió protección efectiva tras recibir Amenazas de muerte luego del asesinato de su cuñado, Marco Antonio Suástegui.

La activista denunció que, pese a contar con medidas cautelares desde 2021 emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Secretaría de Seguridad Pública no ha garantizado su aplicación.

“Llega una patrulla, le firmo la bitácora, cinco minutos y se va. Eso no me sirve de nada”, declaró. Acusó que funcionarios le informaron que no hay personal suficiente para protección permanente.

“Desaparecieron a Vicente, asesinaron a Marco Antonio, y ahora estoy yo. Todo apunta a que podría ser la siguiente por buscarlo”, sentenció.

Colón solicitó su ingreso al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y pidió una reunión urgente con la Gobernadora Evelyn Salgado.

Amenaza ayuntamiento a ambientalistas; Rogaz responde

Amenaza ayuntamiento a ambientalistas; Rogaz responde

Hercilia Castro

Zihuatanejo, 30 de mayo. El síndico municipal de Azueta, Juvenal Maciel Oregón amenazó con hacer pagar a los ambientalistas por las pérdidas que ha ocasionado el amparo para la suspensión provisional del dragado de la laguna de Las Salinas,  a lo que la presidenta de la Red de Organizaciones y Grupos Ambientalistas de Zihuatanejo (Rogaz), Obdulia Balderas Sánchez responsabilizó en caso de que algo le suceda a esa organización.

Derivado de un amparo otorgado debido a que el proyecto del dragado no cuenta con los estudios técnicos y se suspendió provisionalmente, el Síndico Maciel Oregón amenazó en una reunión con pescadores y lancheros, a la Rogaz de que pagarían por el amparo realizado, ya que las pérdidas de la empresa Dragados y Urbanizaciones Siglo 21 han sido, según  el funcionario, de hasta 300 mil pesos, debido a que están paradas las máquinas.

Al respecto, hoy en la reunión mensual de Ecología Municipal, la ambientalista Balderas Sánchez señaló que el gobierno municipal ha emprendido una criminalización contra los miembros de la Rogaz y especificó que el que el juez haya dado el amparo es “para que se cumpla con  la ley, por eso se dio el amparo”.

“El amparo nos ha traído a nosotros una especie de linchamiento y han señalado que somos un estorbo, por qué quieren hacernos parecer como criminales, cuando lo único que estamos haciendo es tratar de que se proteja lo que nos da de comer”, reclamó.

Cuestionó ante los miembros y empleados del ayuntamiento, que tampoco se dio por parte del ayuntamiento de Azueta el oficio donde la empresa Fonatur Operadora Portuaria SA de CV se retiraba y renunciaba a la concesión donde “venía implícita la privatización de la bahía”.

Al terminar, la directora de Ecología Municipal, Lizzete Tapia Castro al sentirse aludida por los reclamos de la ambientalista retó a Balderas Sánchez a que demostrara que ella ha dicho que son un estorbo.

Ayer, también en una reunión oficial donde estuvo Maciel Oregón con el alcalde Eric Fernández Ballesteros y pescadores del municipio, tacharon de incongruentes a los ambientalistas y como enemigos del desarrolló. A la par, pescadores de varias cooperativas amenazaron con sitiar las casas de los activistas en caso de que la empresa se retire.

Ahí mismo el director de Pesca Municipal y tío del alcalde, dijo que los pescadores no van a permitir que se retire la draga, aun cuando esto es una especulación, están preparados para hacer una columna humana para evitar que el equipo sea retirado del lugar.

comunicado del TADECO

COMUNICADO SOBRE LAS DIFAMACIONES AL COORDINADOR GENERAL DE NUESTRA ASOCIACION Y ALERTAMOS SOBRE AMENAZAS VELADAS DE REPRESION.

Chilpancingo, Gro. A 9 de enero del 2014

El pasado martes 7 de enero, el periódico Milenio publicó un artículo del periodista Juan Pablo Becerra Acosta titulado “Guerrilla “mueve” a grupos de autodefensa y maestros”, cuya fuente son supuestos “Documentos de inteligencia sobre movimientos políticos en Guerrero”, en el cual se hace referencia a la supuesta participación de diversos defensores de derechos humanos, promotores y luchadores sociales con organizaciones y grupos armados en la entidad.

En particular se hace la siguiente referencia al Coordinador General de nuestra asociación: “Una organización adicional señalada como parte del MPG y que puede tener tendencias insurgentes, es el Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), cuyo director, Francisco Monroy Hernández, es identificado como “parte de la estructura del ERPI en Guerrero”, encargado “de la célula en Chilpancingo”.

Por lo anterior, consideramos necesario hacer del conocimiento público lo siguiente:

1.- Nos parece irresponsable que un medio de comunicación como Milenio, que hasta una televisora maneja, se preste a difundir información que a todas luces parece más una elucubración etílica del grupo gobernante de Guerrero encabezado por Ángel Aguirre Rivero, que un informe de supuesta “inteligencia política”. A sus promesas incumplidas, traiciones, mentiras y desaciertos, el gobierno de Guerrero agrega ahora difamaciones contra sus críticos y amenaza con reprimirlos con palos de ciego. No le han sido suficientes los asesinatos, desapariciones y encarcelamientos de dirigentes y luchadores sociales de los últimos años y ahora prepara una cacería de brujas mediante infundios y mentiras.

2.- La nota tiene, en el caso de nuestra asociación, diversas imprecisiones, empezando por el nombre incompleto de nuestro Coordinador General, además de que por razones que no vienen ahora al caso, no participamos en el MPG y tampoco formamos parte de la estructura de ninguna otra organización, menos político-militar.

3.- En el caso de nuestra asociación, el Taller de Desarrollo Comunitario, estamos constituidos legalmente y nuestro objeto social se enmarca en la promoción y defensa de los derechos humanos para impulsar el desarrollo comunitario y el cambio social. Por 20 años hemos estado establecidos en la ciudad de Chilpancingo ofreciendo servicios informativos, de apoyo al proceso educativo, a sectores sociales marginados y a organizaciones y grupos sociales. Realizamos una producción radiofónica que se transmite en radios comunitarias y por internet y damos incluso servicios a dependencias gubernamentales y municipales. Nuestra labor siempre ha sido pública y nuestra crítica y propuesta política y social es pública también.

4.- La desaparición forzada de nuestro compañero Jorge Gabriel Cerón Silva en marzo del 2007, nos obligó a incorporarnos a la lucha por la vida, la libertad, la justicia y los derechos ciudadanos y a impulsar el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero. La publicación de la Ley de Víctimas demostró que nuestras demandas son justas, corresponden a derechos humanos reconocidos mundialmente y por lo tanto, legales, a pesar de la canallada del Gobierno de Ángel Aguirre al retractarse de apoyar la creación del Centro de Atención a Víctimas que operamos con grandes carencias y dificultades. De igual manera el gobierno municipal de Chilpancingo, en una acción represiva, desalojo nuestro Módulo de Información y Denuncia de la Plaza Cívica de Chilpancingo en febrero del 2011 donde dábamos información y orientación a familiares de víctimas de la violencia y recabábamos recursos para nuestras actividades, con el pretexto de que realizábamos actividades comerciales.

¿Quiénes son los violentos e ilegales? Es absurdo que nos quieran vincular con grupos “subversivos” cuando son ellos los que abusan del poder, encubren y protegen a la delincuencia organizada por ellos mismos, cabalgan sobre un manto de impunidad  y manejan discrecionalmente los recursos públicos para su beneficio.

5.- La crisis política, económica y social que vive el país la han creado ellos y la han agudizado con sus llamadas reformas estructurales, léase políticas antipopulares. Ellos son los responsables del malestar y hartazgo social, de la inquietud que significa la inseguridad social, la laboral y de la sobrevivencia misma. Los despojos de los recursos naturales a las comunidades, la explotación de la fuerza de trabajo de obreros y campesinos, el desprecio a los distintos sectores del pueblo y la represión creciente, son la causa de lo que nos quieren responsabilizar. Ahora, desesperados, “ven moros con tranchetes” y en sus delirios etílicos ven en nosotros los monstruos que ellos mismos están creando. Allá su conciencia.

Lo preocupante, es que enfermos de poder e incapaces de convencer, persistirán en imponerse a toda costa, con la violencia pues. No nos espantan, son tigres de papel y confiamos en que el pueblo no dejará solos a sus propios hijos y nos hará entender la necesidad de superar diferencias secundarias y concentrar fuerzas para la resistencia y el cambio que habrá de avanzar en las autonomías y en los movimientos del pueblo.

6.- Finalmente, como una aportación al equívoco informe de la etílica inteligencia,  les decimos que como Taller de Desarrollo Comunitario hemos hecho pública nuestra adherencia a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Simpatizamos con el EZLN que resguarda a sus Bases de Apoyo, a las comunidades zapatistas que en Chiapas construyen su autonomía a través de sus propios proyectos comunitarios autogestivos. Formamos parte del movimiento civil y pacífico que se impulsó desde La Otra Campaña en el 2006. No tenemos nada que esconder y no tenemos necesidad de actuar en la clandestinidad pues nos interesa ser bien conocidos por nuestro pueblo. Percibimos que mientras los malos gobiernos persistan en sus políticas antipopulares, el pueblo ejercerá con todo derecho la autodefensa, pero eso le corresponde a los pueblos.

Comprendemos a los grupos y organizaciones que han optado por la lucha armada, los respetamos, aunque reiteramos que no compartimos por ahora esa forma de lucha. Nos mantenemos en resistencia ante los embates del sistema capitalista que se manifiesta de diversas formas y de los malos gobiernos y pugnamos por la construcción de las autonomías que entendemos como el preludio de la nueva sociedad que desde ahora debemos comenzar a construir, donde los gobiernos manden obedeciendo al pueblo y los ideales de pan, trabajo, justicia, democracia y libertad, se hagan realidad.

¡REPUDIAMOS LA DIFAMACION Y LAS AMENAZAS VELADAS DE REPRESION!

¡POR LA VIDA, LA LIBERTAD, LA JUSTICIA Y LOS DERECHOS CIUDADANOS!

TALLER DE DESARROLLO COMUNITARIO A.C.

"El Gobierno mexicano me dijo: 'Sería mejor que salieras unos meses del país”

El escritor italiano Roberto Saviano ha dicho de ella que “es un modelo para cualquiera que quiera convertirse en periodista”. El autor de Gomorra escribió eso en el prólogo de Esclavas del Poder, un viaje al corazón de la trata sexual de mujeres y niñas en el mundo, el libro-denuncia al que Lydia Cacho (México DF, 1963) atribuye el que hoy se encuentre fuera de su país, escondida, tras haber recibido una amenaza que se toma muy en serio.

“Hay gente que piensa que lo de las amenazas es una cantaleta. Yo también estoy harta, muy harta de tener que hacer público el hecho de haber sido amenazada, pero también creo que precisamente el que no me quedo callada, el que investigo quién hace la amenaza y digo los nombres, el hecho de que aporto evidencia, esa actitud es una de las razones por las que sigo viva”, dice Lydia Cacho vía telefónica en entrevista para EL PAÍS.

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El 3 de agosto pasado se supo que Cacho, que desde hace más de 20 años tiene su domicilio en Cancún, Quintana Roo, había abandonado México más que por la amenaza --“siempre es muy impresionante contestar y que te digan que te van a entregar hecha pedazos a tu familia”--, por lo que esta implicaba: su anillo de seguridad había sido violado.

“Desde hace años tengo, por razones de seguridad, un radio satelital que es prácticamente imposible de intervenir a menos de que tengas un equipo muy sofisticado, equipo que solo tienen altos mandos de los carteles y de la Marina Armada de México. Con la Marina no tengo ningún problema, así que entonces sólo nos queda alguno de los cárteles que viven y tienen asentados sus reales en Quintana Roo”, explica Lydia.

Tras la amenaza, la periodista llamó a sus abogados y a unos asesores extranjeros especializados en rescate de personas secuestradas a quienes no identifica. “En un par de horas me dijeron que tenía que salirme de inmediato. En otras ocasiones me han dado otro tipo de instrucciones, pero ahora me dijeron ‘toma tu pasaporte y salte de inmediato, porque esto no lo puede hacer cualquiera, y tienen que haberlo hecho a menos de cinco kilómetros de tu casa”.

La activista contra la trata de mujeres ha recurrido a la seguridad privada

En enero de este año se informó que Lydia Cacho se había visto forzada a limitar las actividades del CIAM, Centro Integral de Atención a las Mujeres, como refugio secreto para mujeres y sus hijos que enfrentan una situación de violencia de género, familiar y sexual. Ahora, quien ha brindado apoyo a miles de mujeres en ese centro desde el año 2000, ha tenido que salir al extranjero, por amenazas que ella ubica en su trabajo periodístico de denuncia de las redes mexicanas de pederastia (su libro de 2005 Los demonios del Edén. El poder detrás de la pornografía infantil es un referencia en la materia) y de las mafias internacionales dedicadas a la trata sexual de mujeres desnudado en 2010 en Esclavas del Poder.

“Me queda claro que mi trabajo periodístico es de alto riesgo. Y justamente porque soy una mujer de 50 años que sabe que su trabajo es de alto riesgo también me cuido muchísimo”, dice Lydia, que subraya que ya no es posible tomarse a la ligera las amenazas, como ella cree que han hecho algunos periodistas mexicanos que posteriormente fueron asesinados.

No vienen buenos tiempos. Son tiempos para los carroñeros”

“Cuando estuve hace unos meses en Veracruz platicando con Regina Martínez (asesinada el 28 de abril pasado) me dijo que había recibido comentarios que parecían amenazas, o algunas amenazas veladas de miembros del gobierno de Veracruz, pero un poco hasta riéndose, no? diciendo “nombre, es que los que te amenazan no te matan, cuando te van a matar te acaban y ya, punto, nadie te avisa”. Probablemente antes sí sucedía eso, pero en los últimos años los periodistas hemos aprendido que la delincuencia organizada y los personajes del poder corrupto a quienes estamos evidenciando con nuestro trabajo, están convirtiendo a las amenazas en parte de sus ceremonias de poder. Primero vienen las amenazas en cierta forma y después viene la muerte. Es parte de su propia ceremonia de violencia. Me queda muy claro eso y no estoy dispuesta a integrarme a las cifras de los muertos. Yo quiero estar en las cifras de las vivas y prefiero estar en las de las perseguidas, que en las de las muertas”.

Lydia explica que en México los periodistas que trabajan en la ciudad de México no ven el nivel de descomposición y los riesgos que enfrentan los informadores en los estados. “Lo que nos hace falta hacer como periodistas, es realizar un mapeo de nuestros propios estados y de los riesgos que corremos, y de cómo están cambiando las cosas. Creo que es lo que nos está faltando, poder hacer evaluaciones distintas, poder tener asesorías de grupos más especializados”. Lydia se congratula de que a ella, de manera gratuita, le han brindado apoyo expertos extranjeros en seguridad personal, pero sabe que ella es una excepción.

Porque recurrir a las autoridades mexicanas en búsqueda de protección y de justicia no es una opción, denuncia Lydia. “La última recomendación que yo tuve de la procuradora (Marisela Morales, procuradora general de la República), en la amenaza pasada, personalmente ella me dijo: ‘sería mejor que te salieras unos meses del país. En este momento para la autoridad la mejor recomendación que nos pueden hacer a los periodistas es que nos salgamos del país, ellos no tienen ni la voluntad ni los recursos para investigar. Es un fracaso absoluto”.

La periodista, que ha recibido múltiples premios internacionales por su trabajo, ve con pesimismo el futuro, más en México, donde el Partido Revolucionario Institucional regresará a la presidencia de la República: “no vienen buenos tiempos para México, son buenos tiempos para los carroñeros, pero no para la sociedad. Y creo que es cuando el país más nos necesita, a periodistas que estemos dispuestos a seguir dando la batalla en los estados y seguir cubriendo asunto locales que puedan hacer alguna diferencia para el fortalecimiento de la sociedad”.

Al concluir la entrevista, Lydia reitera que regresará a su país apenas tenga de nuevo un esquema de seguridad que le deje tranquila. “Yo por supuesto que quiero volver a mi país, ¡nomás faltaba que me desterraran! Lo que pasa es que no me quiero jugar la vida sin por lo menos hacer el esfuerzo de cuidarme muchísimo y cuidar a mi gente”.

http://internacional.elpais.com/internacional/2012/08/20/actualidad/1345487525_697408.html

Dejan artefacto explosivo en oficinas de Green Peace, DF. Convocan a conferencia

Queridas amigas, queridos amigos:

Saludos cordiales, esperamos que estén muy bien. Con mucha preocupación les queremos comentar que el pasado viernes 25 de noviembre, el correo ordinario (Sepomex) entregó en la oficina de Greenpeace México un sobre con un artefacto explosivo de fabricación casera. Si bien nadie sufrió daño, este hecho es el primer ataque concreto que Greenpeace sufre luego de algunas amanezas a través de correo electrónico y de menciones de GP en páginas de los grupos que han venido reivindicando atentados en diversos lugares de la Ciudad.

Desde hace tiempo Greenpeace puso al tanto de esta situación a las autoridades de justicia, mismas que han hecho muy poco al respecto. Ante la posibilidad de que lo que siga sea un ataque más fuerte, organizaremos una conferencia el miércoles 30 de noviembre de 2011, a las 12 del día en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del DF, donde exigiremos a las autoridades investigar quiénes son los responsables y garantizar la seguridad de nuestra organización y de la ciudadanía en general.

Además de pedirles que refuercen sus medidas de seguridad, queremos invitarlos a estar en esta conferencia para exigir juntos acciones preventivas para Greenpeace. Las advertencias ya están ahí, consideramos que las autoridades ya tienen todas las herramientas para actuar. Su tarea no es minimizar la información e ignorar a la gente, sino estar alerta e intervenir para prevenir estos ataques, para protegernos, especialmente cuando se denuncian previamente las amenazas recibidas.

La cita es este miércoles 30 de noviembre a las 12:00, en la Sala de Consejo de la CDHDF, ubicada en Av. Universidad 1449, a una calle del metro Viveros.

 

Por favor, difundir con las organizaciones y redes amigas.

Muchas gracias por su solidaridad, estamos en contacto.

 

A pesar la vigilancia, hombres armados rondan el pueblo, dicen

Bajo amenazas y sin víveres, viven los desplazados en Puerto las Ollas

HERCILIA CASTRO (Corresponsal) 

Zihuatanejo, 16 de julio. Habitantes de Puerto las Ollas y La Laguna, en el municipio de Coyuca de Catalán, informaron que hace pocos días volvieron a ser amenazados por un grupo de hombres armados que rondaban en el lugar. También indicaron que los víveres que les mandó una comisión del gobierno estatal ya se les acabaron.
Mujeres de Puerto las Ollas expresaron que a pesar de que hay vigilancia de la Policía Estatal, hace seis días rondaron cerca de la comunidad hombres armados con la amenaza de atacar a los pobladores y desplazados de La Laguna que se encuentran refugiados en ese lugar.
La habitante Érika manifestó que desde hace tiempo no han tenido contacto con el procurador de Justicia en el Estado, Alberto López Rosas, ni con algún otro funcionario del gobierno.
Por su parte, la pobladora de Puerto las Ollas, Rafaela, expresó que entre los desplazados de La Laguna ha habido personas que han tenido que salir con dificultad de la zona, entre ellos una embarazada y un niño muy enfermo con una infección ocular.
El comunero Álvaro García Peñaloza dijo que de los desplazados de La Laguna, 10 familias habitan en casas de cartón, mientras que las demás se resguardan con los habitantes de Puerto las Ollas. Confirmó que no han tenido más contacto con el gobierno del estado.
El 13 de mayo, más de 100 habitantes de la comunidad La Laguna tuvieron que huir de sus casas debido a la ola de violencia en esa zona y fueron a pedir asilo a la comunidad Puerto las Ollas, donde continúan.
Entre estas personas, hay dos embarazadas, 77 menores de 18 años y 34 menores de cinco años. En total, son más de 107 desplazados víctimas de la violencia en la región de Tierra Caliente.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2011/07/17/index.php?section=sociedad&article=005n2soc

Exhumarán el cuerpo del campesino asesinado en abril para certificar el deceso

Nueva amenaza contra la familia del ecologista Torres Cruz: PGR

Recibe el delegado en Azueta denuncia de un posible ataque con más de 100 pistoleros en La Morena

HERCILIA CASTRO (Corresponsal)

Zihuatanejo, 2 de mayo. Familiares del ecologista recientemente asesinado, Javier Torres Cruz, denunciaron haber recibido amenazas de que habría un ataque contra la familia asentada en La Morena, comunidad ubicada en la sierra de Petatlán, sería perpetrado de un momento a otro, informó el delegado de la Procuraduría General de la República (PGR) en el municipio, Armando Millán.
El funcionario informó que alrededor de las 8:30 de la mañana de este lunes recibió la llamada de Felipe Torres Cruz, hermano del ahora fallecido ecologista, quien le aseguró que un grupo de cerca de 100 hombres armados amenazaban con atacar la comunidad de La Morena.
“Felipe (Torres Cruz) me llamó y me dijo de la situación, luego me dijo que se iba a cortar la comunicación y se comunicaba en dos horas, esto ocurrió como a las 8:30, después ya no llamó y no entró la llamada que le hice”, dijo.
Millán aseguró que para ese momento ya se había organizado un operativo de seguridad con militares y la Policía Ministerial, que habían acudido a la zona de La Morena a brindar apoyo a la familia de Javier Torres Cruz, campesino ecologista asesinado en abril.
Dijo que la amenaza directa fue que “iban a agredir” a los habitantes de esa comunidad.
Sobre la denuncia por el asesinato del ecologista Javier Torres, comentó que ahora sólo es hay averiguación previa, ya que necesitan declarar Francisca Torres Cruz, Paula Valdovinos y el comisario de la comunidad, Luis Benítez Rosas, debido a que sin sus testimonios no se puede integrar la denuncia formal en relación con el asesinato de Torres.
También anunció que falta realizar la exhumación del cuerpo del ecologista para que se constate la existencia del cadáver y se emitan las órdenes de aprehensión para los responsables del crimen.
“Si no hay cadáver, ¿cómo sabemos existe el muerto?”, cuestionó.
Ayer por la noche, el coordinador del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) Javier Monroy Hernández, alertó de las amenazas sobre posibles agresiones a la familia Torres Cruz por medio de un comunicado.
Monroy exhortó a la sensibilidad del gobernador para que “se digne a recibirnos y a escuchar la voz de las víctimas de la impunidad en Guerrero”.
El número de la averiguación previa por el asesinato del ecologista Javier Torres Cruz, interpuesta ante la PGR, es el 46/2011, y en la agencia del Ministerio Público del fuero común está con el número 283/2011.

 http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2011/05/03/index.php?section=sociedad&article=004n1soc

C O M U N I C A D O URGENTE:

C O M U N I C A D O

·         Amenazan a hija de Inés Fernández Ortega y envíen mensaje de amenazas para Raül Hernández.

·         Agreden a integrantes de la OFPM

Tlapa, Guerrero a 31 de agosto del 2010.- A cuatro días de que Raúl Hernández alcanzó su libertad después de haber demostrado su inocencia, el coordinador de Dirección Colectiva de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM) Álvaro Ramírez Concepción fue agredido con armas de fuego por ocho hombres que llegaron a la parcela de Jorge Luis García Catarino quien es beneficiario de medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El ataque duró 20 minutos aproximadamente el pasado lunes 30 por la tarde, donde también resultaron lesionados: su hermano Audencio Ramírez Concepción, Ambrosio García Catarino y Ramón García Guadalupe. Los agresores huyeron con rumbo desconocido mientras que los heridos fueron auxiliados por personas de la comunidad de Juquila, municipio de Ayutla de los Libres de donde son originarios.

Por lo intransitable de los caminos, Álvaro permaneció en su casa desangrándose hasta que sus compañeros lograron abrir la carretera a pico y pala para trasladarlo hoy por la mañana al Hospital General de Ayutla. Hasta el momento los médicos reportan que su estado de salud es estable pero delicado, ya que recibió varios impactos de bala, dos de los cuales son de gravedad pues uno lo recibió en la espalda y el otro en la pierna a la altura de la ingle.

Como Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan hemos pedido a la Secretaría de Seguridad Pública del estado que brinde protección a los compañeros de la OFPM que se encuentran heridos en el Hospital General de Ayutla, porque nada garantiza en este ambiente de impunidad que los agresores no quieran acabar con su vida.

Esta agresión es parte de un patrón de agresiones contra defensores y defensoras indígenas quienes se encuentran en total indefensión a pesar de que la Corte Interamericana ha dictado medidas provisionales 108 defensores y defensoras de la Organización del Pueblo Indígena Mep´haa (OPIM), Inés Fernández, Valentina Rosendo, Tlachinollan y familiares de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce.

El sábado 28 de agosto, una de las hijas de Inés Fernández también fue nuevamente amenazada por dos personas que intentaron secuestrarla cuando caminaba  en pleno centro de Ayutla. Al amenazarla, los atacantes hicieron referencia a Raúl Hernández, quien por este motivo ha tenido que cancelar actividades públicas relacionadas con su liberación y adoptar medidas extraordinarias de seguridad.  

Condenamos enérgicamente el atentado del que fue víctima el coordinador de la Dirección Colectiva de la OFPM, así como sus acompañantes. Del mismo modo expresamos nuestra preocupación por la amenaza dirigida a la hija de Inés Fernández Ortega y Raúl Hernández Abundio. Estos condenables hechos corroboran una vez más que en Guerrero no existen garantías para las defensoras y defensores de derechos humanos. Especialmente para quienes forman parte de organizaciones indígenas como la OFPM y la OPIM, cuyos esfuerzos para articularse para demandar condiciones de vida digna para las comunidades continúan siendo obstaculizados  por agentes estatales y no estatales o criminalizados.

Para Tlachinollan hechos como los que hoy se denuncian son incentivados por la impunidad que ha prevalecido respecto de anteriores agresiones en contra de defensores y defensoras de la OPIM y la OFPM. En la medida en que tales hechos no han sido investigados, se alienta la repetición de los mismos.  Ni las fuerzas de seguridad estatales, ni la misma presencia del Ejército en la región,  han sido capaces de contener esta espiral de violencia y de garantizar las condiciones básicas para que los pueblos indígenas vivan con tranquilidad.

Es evidente que tanto el atentado que sufrieron integrantes de la OFPM como las amenazas a la hija de Inés Fernández y a Raúl Hernández Abundio,tiene como objetivo frenar el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos de Ayutla y dejar que los autores de estos crímenes permanezcan sin castigo.  Reiteramos nuestra exigencia para que las autoridades competentes realicen una investigación exhaustiva, seria y expedita para dar con el paradero de los responsables y acabar con la impunidad. Asimismo, nuevamente demandamos que las medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sean cumplidas a cabalidad y con diligencia como no ha ocurrido hasta ahora.

ANTECEDENTES:

Álvaro Ramírez fue detenido el domingo 6 de junio 2010, por agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) cuando transitaba por el zócalo de Ayutla, acompañado de su hija de 10 años de edad.

Su aprehensión se dio por la orden de aprehensión que libró el juez Mixto de Primera Instancia radicado en esa ciudad, Alfredo Sánchez Sánchez. No obstante el sábado 12 de junio Álvaro Ramírez salió libre por falta de pruebas.

La OFPM es una organización hermana de la OPIM, ambas desde 1998 han estado luchando por hacer exigibles sus derechos como pueblos y denunciando las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército mexicano, desde la masacre de El Charco. En este marco, dos de sus dirigentes fueron desaparecidos de manera forzada y privados de la vida.  Los casos de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas son un claro ejemplo de cómo se protege a los agresores y se deja en total indefensión a los defensores de derechos humanos.

Usan alta tecnología los que amenazan a miembros de Tadeco, afirma Monroy

Usan alta tecnología los que amenazan a miembros de Tadeco, afirma Monroy

Zacarías Cervantes / Chilpancingo

Las amenazas anónimas contra integrantes de la agrupación civil Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) se han realizado con recursos tecnológicos avanzados, pues los responsables de los mensajes han hecho aparecer los mensajes como enviados desde los propios teléfonos de ellos, informó ayer Javier Monroy, director del organismo.
Asimismo, Monroy dijo que hace tres semanas, antes de que se desatara la ola de amenazas, un emisario del presunto narcotraficante Rogaciano Alba Alvarez le transmitió el mensaje o petición de que le “bajaran” a las denuncias que lo involucraban.
Sin embargo, el director del Tadeco señaló ayer que Alba Alvarez no es la única línea segura de donde podrían venir las amenazas que denunciaron el lunes de esta semana en conferencia de prensa, pues dijo que el organismo lleva los casos de varios desaparecidos, secuestrados y asesinados, así como el de las amenazas que ha recibido el líder minero de Taxco, Tomás Hernández Mojica.
El 29 de diciembre, integrantes del Tadeco denunciaron en conferencia de prensa que entre el 25 y el 27 de diciembre recibieron siete mensajes intimidatorios de texto vía celular, luego de que el 19 de ese mismo mes robaron el teléfono celular con número 7471218348 a la responsable del módulo de información, cultura y denuncia que instaló Tadeco en el centro de la capital, Miriam Altamirano Carmona.
Fue así que, a través de ese teléfono móvil, el viernes 25 a las 8 y media de la noche, su compañera Isabel Rosales Juárez recibió la primera amenaza: “Cuídense, las tenemos bien vigiladas”; al siguiente día, a las 00:25, recibió otro mensaje proveniente del celular robado, que decía: “Cuídate porque un día de estos a ti también te van a andar buscando”.
Mientras que el domingo, al director de la agrupación, Javier Monroy, le enviaron una tercera amenaza: “Te vamos a dar en la persona que más te podría doler y nos referimos a la del centro”.
Monroy denunció ese día en conferencia de prensa que en ese mismo tono recibieron más mensajes y que era evidente que provenían de personas que cuentan con alta tecnología, pues les han enviado mensajes incluso de sus mismos números, lo que evidencia que los están vigilando.
Ayer, Monroy señaló que tras la denuncia pública ya no habían recibido nuevas amenazas, “parece ser que dio resultado (la denuncia), sin embargo señaló que no es garantía que el cese de las amenazas sea de manera definitiva”.
Informó que el mismo 29 de diciembre presentaron la denuncia de hechos ante la Procuraduría de Justicia del estado, pero que por la burocracia que impera en esa dependencia y por el periodo vacacional les dijeron que las investigaciones y el envío del personal para realizar el peritaje sería hasta el 7 de enero.
El director de Tadeco informó que carecen de certeza de dónde podrían venir esas amenazas, pero que los casos más relevantes a los que les han venido dando seguimiento son los de La Morena, en donde está siendo hostigado por el Ejército y paramilitares el dirigente campesino Javier Torres Cruz; asimismo, dijo que han denunciado las irrupciones del Ejército y la ejecución por paramilitares de tres jóvenes en Puerto las Ollas, municipio de Coyuca de Catalán.
Recordó que en ambos casos los habitantes de las comunidades han acusado a Rogaciano Alba Alvarez de la persecución que están sufriendo.
Pero dijo que también han tratado el caso de las amenazas que ha recibido el líder minero de Taxco, Tomás Hernández Mojica.
Añadió que “por la tecnología que es evidente que utilizaron para clonar sus teléfonos celulares, es posible que también provenga de inteligencia militar”, pues recordó que también han sido exigentes en que el Ejército regrese a sus cuarteles.
Javier Monrroy recordó que hace aproximadamente tres semanas recibió la visita de quien resultó ser un emisario de Rogaciano Alba, quien le pidió que le “bajaran” a sus denuncias en contra de aquél.
“No fue una amenaza formal, mas bien fue una especie de petición, me dijo que había interés de él (de Rogaciano Alba) de que los habitantes de la Sierra no lo siguieran involucrando en las denuncias que han venido haciendo”, dijo.

Javier Monrroy denunció finalmente que hay gente “extraña que sigue rondando y vigilando tanto la oficina como el módulo de orientación y denuncia del Tadeco.

http://www.suracapulco.com.mx/nota1e.php?id_nota=72563