Encabezados por los hermanos Remigio Cantú, intimidan a los habitantes, dice Inés Fernández

Paramilitares instalan retén en la carretera Ayutla-El Camalote, afirma la OPIM

MARGENA DE LA O

Chilpancingo, 14 de marzo. La Organización de Pueblos Indígenas Me' phaa (OPIM) denunció que un grupo de paramilitares, encabezados por los hermanos Remigio Cantú, instalaron un retén en la carretera Ayutla-El Camalote, en el punto conocido como Tecruz, para amedrentar a los habitantes de la zona.

La organización responsabilizó al gobernador Ángel Aguirre Rivero de lo que pueda sucederles a consecuencia de esta medida de represión.

Inés Fernández Ortega, integrante de la OPIM, vía telefónica, denunció que la mayoría del grupo paramilitar está encapuchada, y que llegaron a su pueblo, El Camalote, desde hace tres días. La indígena me' phaa, por la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) ordenó al Estado mexicano la reparación del daño por la violación sexual que cometieron en su contra militares, dijo que desde hace 12 años viene denunciado el acoso de los soldados y hoy de paramilitares que ya iniciaron los abusos, dijo, pero sin especificar cuáles.

Denunció que los paramilitares que han llegado hasta El Camalote pertenecen a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg). Romualdo Remigio Cantú, ha estado en las asambleas del movimiento de autodefensa de Ayutla y Tecoanapa que lidera la Upoeg.

Incluso, señaló a ese grupo armado como el mismo que mató a su hermano, Lorenzo Fernández Ortega, en el año 2008.

"Tengo mucho miedo que me pase algo o a mi familia, por lo que pido al gobierno que intervenga y los baje del pueblo de El Camalote", soltó la indígena.

El comisario municipal de El Camalote, Silverio Remigio Guzmán, acusó al grupo armado de amedrentar al pueblo al pasearse armado. "Ellos andan diciendo que van a acabar con la OPIM, y que cuentan con el apoyo de Ángel Aguirre porque les da armas y dinero”, agregó.

El presidente de la OPIM, Cuauhtémoc Ramírez, detalló que el retén se instaló "con el pretexto" de que la semana pasada subió el Ejército, "es que un campesino que tenía su sembradío de mariguana huyó del lugar, pero los hermanos Remigio dijeron después que fue levantado, y que por eso instalaron el retén en contra de los delincuentes que se los llevaron”.

Exhortó a la Upoeg, si es que no está detrás de estas acciones, a que "detenga a los Remigio Cantú, porque ellos son unos delincuentes. Si quieren pruebas se las damos, pero no lo van a hacer porque son los mismos y cuentan con el apoyo del gobernador”.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2013/03/15/index.php?section=sociedad&article=008n1soc

Tras larga discusión, la CRAC conjura diferencias con la Upoeg

“Logramos evitar el enfrentamiento”, celebra el sacerdote Campos, mediador del conflicto

ROBERTO RAMÍREZ BRAVO (Enviado)

San Luis Acatlán, 23 de febrero. Se necesitaron casi siete horas para que la asamblea regional de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) pudiera renovar sus dirigencias y conjurar, así, el enfrentamiento armado entre los policías de la autodefensa de Ayutla y Tecoanapa, y elementos de la Policía Comunitaria.

Cuando pasadas las 4 de la tarde, y después de un largo proceso, la asamblea tomó protesta a las nuevas autoridades, entre ellas una mujer como comandante de la Policía Comunitaria, el sacerdote Mario Campos Hernández, nombrado mediador en el conflicto, no podía evitar su contento: “lo logramos –dijo–, evitamos el enfrentamiento”.

La asamblea había sido convocada para comenzar a las 9 de la mañana en el auditorio del barrio de San Isidro, pero no comenzaba porque los 16 coordinadores de la CRAC se encontraban reunidos en la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, tratando de llegar a acuerdos que evitaran la confrontación.

Mientras, en el auditorio, ubicado a unos metros de la casa de Justicia, empezaban a congregarse, armados, los dos cuerpos de policías. El objetivo del encuentro era la elección de los cuatro coordinadores y cuatro comandantes regionales de la Policía Comunitaria, que sustituirían a los electos hace tres años, pero desde antes corrían las versiones de que los integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (que encabeza a la autodefensa civil armada de Ayutla y Tecoanapa), llegarían para tratar de imponer a sus candidatos y, de esa manera, hacerse del control de la CRAC.

Pero las cosas no resultaron tan sencillas. Alrededor de las 10:30 de la mañana, de la Casa de Justicia, donde se congregaban policías comunitarios para comer, salió el sacerdote Mario Campos –señalado por algunos miembros de la CRAC de ser uno de los promotores de la autodefensa– para hablar con los simpatizantes de la Upoeg que estaban en el auditorio.

Arturo Campos, dirigente de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OPFM) e integrante de la CRAC, señaló que los de la Upoeg habían llegado armados y encapuchados al auditorio y que amenazaron con detener a algunos comandantes comunitarios; por ello, los coordinadores le habían pedido al sacerdote que hablara con ellos, pues sólo si lograba garantías, podría desarrollarse la asamblea, si no se tendría que suspender.

El clérigo habló durante media hora con ellos, en un corrillo en la cancha del auditorio. Al término, dijo que sí habría condiciones para efectuar la asamblea y fue a la casa de justicia a comunicar el resultado de su gestión.

Un poco más tarde salieron los coordinadores. Pablo Guzmán Hernández anunció el inicio de la asamblea y advirtió que la situación era “delicada”, y otro de los consejeros, Geladio Donera Quintero, pidió a los comandantes de la Policía Comunitaria “tener muchísimo cuidado” y controlar a sus elementos para evitar una confrontación.

Al dar inicio a la asamblea, el sacerdote Campos Hernández reiteró el llamado a los asistentes a mantener la mesura. La cancha estaba llena, pues no sólo estaban las autoridades que habían sido convocadas a elegir a los nuevos dirigentes, sino también policías y simpatizantes de ambos bandos. El coordinador saliente Pablo Guzmán hizo un llamado a la unidad: expresó que ha habido una legítima inconformidad en un sector de la Crac y dijo que esta agrupación nunca ha condenado la autodefensa civil armada, ya que, recordó, ellos mismos comenzaron así cuando se creó la Policía Comunitaria.

Durante la asamblea resaltaron varias irregularidades, como la desaparición de una hoja de la lista de asistentes, el registro de personas que no estaban presentes, y varios que sí asistían, que no estaban registrados, según denunció el presidente de la mesa de debates, Apolonio Cruz Rosas.

Al final, después de una larga discusión en la que hubo varios retrasos por falta de organización para contar los votos, fueron electos cuatro coordinadores: Raúl de Jesús Cabrera, Tiburcio Lorenzo, Eliseo Villar Castillo y Adelaida Hernández, quienes son desde ahora las nuevas autoridades; así como los comandantes de la Comunitaria Miguel Morales, Vicente González, Tomás Maceda y Paula Silva Florentino.

Al término de la asamblea, Villar Castillo y Adelaida Hernández, quienes hablaron en nombre de las nuevas autoridades, aseguraron que la división “ya quedó superada”. Villar Castillo dijo que el conflicto con la autodefensa de Ayutla y Tecoanapa se organizaba en que ellos querían colocar a sus propuestas como nuevas autoridades. Sin embargo, dijo, de todos los que propusieron, ninguno fue votado por la asamblea.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2013/02/24/index.php?section=politica&article=003n1pol

Los detenidos por la autodefensa serán liberados por astucias jurídicas, previene el investigador

Upoeg surgió para debilitar a la CRAC, sostiene el académico Rodríguez Villalobos

MARGENA DE LA O

Chilpancingo, 21 de febrero. La Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg) surgió en un contexto político para debilitar a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), porque simplemente encaja en la teoría ortodoxa del derecho del Estado, afirmó Pedro Rodríguez Villalobos, académico, experto en Derecho, e investigador del sistema de justicia comunitario.

Funda su teoría en el papel que jugó la organización en el reciente levantamiento popular de Ayutla y Tecoanapa, y en la “simulación de la entrega de 31 personas que detuvo el movimiento (de 54 que fueron en total)”, y que después entregó al gobierno estatal. De entrada, adelantó que serán liberadas por ciertas astucias jurídicas que, seguramente, sus abogados sustentarán como violación a los derechos humanos.

Rodríguez Villalobos ha sido académico de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) y de la Universidad Americana de Acapulco, actualmente fue invitado por la Universidad de Estudios Latinoamericanos del Pacífico, y ha hecho investigación sobre la CRAC-PC. Su tesis de maestría fue La Policía Comunitaria de San Luis Acatlán entre el Derecho Positivo y el Derecho Constitudinario, y del doctorado, Sistema Comunitario de San Luis Acatlán como un proceso autonómico.

Comenzó la entrevista con una explicación teórica que respalda al sistema de justicia comunitario, y que le otorga su razón de existir; también, por otro lado, las doctrinas ortodoxas en las que se basa el Estado para evitar que surjan comunidades autónomas.

La teoría de Justicia Social (de pensamiento plural, pluricultural y republicano) en Derecho, como base de sus principios, defiende a los pueblos indígenas y al proceso de autonomía de éstos, explicó.

“El sistema comunitario tiene una fundamentación teórica, no son una ocurrencia; ocurrencia son los juicios orales”, sostuvo de entrada.

–¿Qué es la CRAC?, ¿cuál es el camino de la CRAC? –se le pregunta.

–Como se sabe que es un proyecto que va hacia la autonomía, que atenta contra la estabilidad que los positivistas (que defienden las prácticas ortodoxas del Estado) proponen, por lo tanto van a estar inquiriendo y planteando cómo destruir a la CRAC, porque saben que es un sistema de justicia que ha dado resultados y que incluso se ha ido a otros estados como Michoacán, en Cherán y Parachu. La democracia comunitaria, donde el pueblo acuerda las decisiones que va a tomar, es una democracia directa que los gobernantes ni siquiera la visualizan, se tuvieron que ir a Europa para trasladar los juicios orales, cuando el sistema comunitario resuelve mucho más rápido los asuntos.

–Puntualiza, por favor, las bondades que ves en la CRAC.

–Justicia pronta y expedita, deliberaría, republicana, que termina donde reconozcas la violación de derechos a la persona que le hiciste daño, lo asumas, y lo asumas con trabajo comunitario. Es una forma de hacer justicia de otra manera, una justicia social. Los positivistas hablan de una readaptación, pero no te readaptas, mete a un indígena al Cereso y va a aprender otras mañas.

–¿Qué piensas de los movimientos de autodefensa actuales, recientes, liderados de la Upoeg, que por cierto son distintos de como empezaron?

–La Upoeg surge para debilitar a la CRAC, Bruno Plácido (Valerio, líder de la Upoeg), puede ser consejero y puede ser parte de la CRAC, pero es una persona, y el sistema comunitario está representado por los pueblos, y tiene un proyecto a futuro. La Upoeg tiene justificación política, por como están haciendo las cosas en la Costa Chica, es política, pero no tienen legitimación teórica, pero tampoco jurídica.

–¿Qué matices tiene?, ¿Está la mano del gobierno?

–Esta gente se está prestando a intereses externos de las comunidades para bloquear y estar agrediendo al sistema de justicia comunitario, a debilitar a la CRAC.

–El movimiento de autodefensa detuvo gente y entregó a 31 de sus detenidos, primero 11, y después 20, éstos apenas ayer (martes) al gobierno estatal, ¿qué pasará con ellos?

–Como la Upoeg se armó e hizo una detención como una policía cualquiera, y no tiene un sistema comunitario para juzgar, no pueden juzgarlos. Y como ellos están en tránsito de acatar a la CRAC y hacen lo que dice el gobierno... Ni están viendo si son responsables o no, sólo ven que se violaron sus derechos y en eso se escudan para no hacer justicia. Serán liberados, jurídicamente no podrán hacer mucho.

–¿Por qué, por los plazos?

–Fueron detenidos en flagrancia, y los tuvieron retenidos unos 20 días, hay plazos de no más de seis días para entregarles su carpeta de investigación.

Insistió en que es posible que los abogados de los detenidos por el movimiento y entregados al gobierno, arguyan violación de derechos, porque no se integró la carpeta de investigación.

–¿Hubo simulación?

–Las instituciones por lo regular simulan que hacen justicia. No están dentro del formalismo jurídico (los entregados). La Upoeg está debilitando a la CRAC, y aunque es legítimo el interés que sigan a los hermanos Plácido Valerio, van a decir que están violando los derechos humanos de los detenidos.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2013/02/22/index.php?section=politica&article=004n1pol

Unos 200 ocupan la secundaria de El Timbre; el resto pasa por Barranca Tecuani

Entran 400 militares a pueblos de Ayutla; causan temor, señalan

La Upoeg colabora con la militarización de la zona, señalan comités de autodefensa de La Montaña

Los dirigentes de la Crac están en la lista de delincuentes que piensa detener y entregar, alertan

CORRESPONSALÍA ( )

Chilpancingo, 6 de febrero. Unos 200 soldados del Ejército incursionaron ayer en el poblado El Timbre, del municipio de Ayutla, informó el secretario de la Organización de Pueblos Indígenas Me´phá (Opim), Cuauhtémoc Ramírez.

En entrevista, denunció que los militares acamparon en una escuela secundaria, por lo que se suspendieron las clases.

El hecho ocurrió mientras en la ciudad de México el gobernador Ángel Aguirre Rivero y representantes de asociaciones civiles de la entidad, entre ellas la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero (Upoeg), se reunían con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para informarle de los avances de la Comisión para la Armonía y el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cadpi) con la cual, según un boletín del gobierno de estado, los ciudadanos que mantienen la autodefensa en Ayutla y Tecoanapa “dejarán de utilizar capuchas y máscaras”.

Un número igual de soldados llegó también al poblado de Barranca Tecuani, en recorridos hacia otras comunidades de esa zona. “No sabemos el motivo de los operativos, pero están causando temor entre la población”, dijo el dirigente de la Opim.

Ramírez opinó que la presencia del Ejército en la zona es consecuencia del movimiento de autodefensa impulsado por la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg); “es un proceso de contrainsurgencia que hemos vivido desde el año 2000 en esta zona, con la presencia de grupos paramilitares y del Ejército”.

Agregó que la Opim reconoce y apoya la lucha de autodefensa armada que impulsaron los pueblos de Ayutla y Tecoanapa contra la delincuencia organizada, pero el problema ahora es que regresa la militarización a la zona, que ha sido funesta para los pueblos mixtecos y tlapanecos.

En tanto, mediante un comunicado de prensa, los consejos de Gobierno, Seguridad y Justicia de Temalacatzingo, Cualac y Huamuxtitlán advirtieron “de la política de infiltración que se ha desatado a través de organizaciones como la Upoeg”.

“Es muy peligrosa la estrategia que ha empezado a desplegar el gobierno del estado a través de organizaciones como la Upoeg y Antorcha Campesina, que han recibido financiamiento de gobierno para desplegar en La Montaña y otras regiones brigadas donde supuestamente están construyendo la autodefensa popular y gestionando servicios”, agrega el comunicado.

Afirma que “lo que están haciendo es usar ese pretexto para militarizar a las comunidades, manipular a la gente y señalar a las personas que pueden ser detenidas, como es el caso de Ayutla, donde los dirigentes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (Crac) están en la lista de los supuestos delincuentes que la Upoeg piensa detener para luego entregarlos a los cuerpos militares o policiacos”.

Aseguran que “no son pobladores de esos lugares quienes ponen los retenes, sino personas extrañas con porte militar, que no son del pueblo. Esto nos lleva a pensar que la Upoeg es una organización contraria al pueblo y se ha constituido para realizar el trabajo sucio al gobierno, como ha ocurrido en otras regiones de América Latina”.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2013/02/07/index.php?section=politica&article=003n1pol

Los retenes civiles en pueblos, contrarios a la Constitución, sostiene la instancia

Pide la CNDH proteger a los detenidos por la autodefensa

Da la Comisión plazo de tres días al gobierno estatal para restaurar la seguridad pública

FRANCISCA MEZA CARRANZA

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó al gobierno de Guerrero adoptar medidas cautelares de manera indefinida para salvaguarda de las personas que han sido detenidas en los retenes civiles; también tomar acciones necesarias para el restablecimiento de la seguridad pública para protección de los habitantes en los municipios en los que se presente “el fenómeno” y dio un plazo máximo de tres días para responder si se aceptan.

Mediante el comunicado de prensa CGCP/035/13 fechado ayer, el órgano aseguró que para éste la existencia de los tribunales populares contrarían el contenido del artículo 17 constitucional, que establece que ninguna persona puede hacerse justicia por sí misma y dio un máximo de tres días.

La CNDH expresó que la instalación del Tribunal Popular en la comunidad de El Mezón, municipio de Ayutla, es un hecho notorio pues tiene como objetivo juzgar a las personas que han sido detenidas en los operativos.

Dijo que la existencias de los tribunales populares, “que pretenden juzgar delitos y amenazan con ejecutar sanciones”, contrarían el artículo 17 que establece categóricamente que ninguna persona puede hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Ante ello consideró necesario la defensa de los derechos humanos a la vida, la integridad física, seguridad jurídica y legalidad de las personas retenidas por los grupos de autodefensa.

Las medidas incluyen dos puntos principales: que se implemente los mecanismos legales necesarios para salvaguardar los derechos humanos a la vida, integridad física, seguridad jurídica y legalidad de las personas retenidas por grupos de autodefensa, y que se tomen las acciones necesarias para el restablecimiento de la seguridad pública y se salvaguarden los derechos humanos de quienes habitan los municipios en los que se presente el fenómeno.

Abundó que para ello tomaron en consideración que los usos y costumbres de los pueblos indígenas, por ningún motivo, pueden contravenir a la Constitución Política, ni la Constitución de Guerrero así como las leyes vigentes.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2013/02/03/index.php?section=politica&article=003n1pol

En asamblea, Ayutla y Tecoanapa ratifican su resistencia en lucha contra la delincuencia

Presentan ante el Tribunal Popular a 54 detenidos por la autodefensa

A pesar del anuncio, los apresados no fueron juzgados; el día 22 iniciarán los juicios populares

Los aprehendidos, quienes apenas terminaron la secundaria, fueron acusados de narcotráfico

MARGENA DE LA O

El Mezón, 31 de enero. El Tribunal Popular sesionó por primera vez en una asamblea de los pueblos de Ayutla y Tecoanapa, donde el movimiento de autodefensa de ambos municipios presentó a los 54 detenidos del 5 de enero que inició el movimiento, a la fecha, y ratificó su permanencia y resistencia en lucha contra la delincuencia.

En la asamblea, el movimiento de autodefensa presentó los lineamientos que seguirán para juzgar a los detenidos por la policía ciudadana de ambos municipios.

El esquema de la asamblea de hoy se había planeado distinto a lo que fue, según informó con anterioridad el Comandante Guerrero, líder del movimiento de autodefensa. En entrevista, el martes pasado comentó que presentarían 15 por ciento de los detenidos, a quienes juzgarían con el rigor de los usos y costumbres de los pueblos, pero ninguno fue juzgado. La dirigencia de la Upoeg, organización líder del movimiento de autodefensa de Ayutla y Tecoanapa, se reunió anoche, es decir, apenas a unas horas de la asamblea que fue cubierta incluso por prensa internacional, con el secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez.

Por mayoría de votos, los consejeros de la asamblea (asistieron 69, aunque en la cancha donde se realizó había más de mil personas) acordaron una nueva asamblea para el próximo 22 de febrero, aparentemente para iniciar los juicios.

La presentación de los detenidos fue la parte central de la sesión de Tribunal Popular, casi todos estaban ligados a delitos de la delincuencia organizada. En ese momento, la gente del pueblo abarrotó la cancha que quedaba al centro del pueblo, y las azoteas de las casas que la rodeaban. El calor, de por sí intenso, subió en el lugar.

De grupos de cinco fueron presentados por el pleno de la asamblea, y llamados al centro de la cancha; en el primer grupo estaba Julivel Cipriano de 36 años, acusado de estar al servicio de la delincuencia organizada, en el cobro de cuota de piso, y Rubén Navarrete Sánchez de 42 años acusado de vender droga y violar a cuatro mujeres. En otro de los grupos, presentaron a David Guerrero Castro de 29 años –aunque parecía tener más de 40–, acusado de delitos de lesiones y homicidio (descuartizaba cuerpos, según la presentación que le dieron de descuartizador).

En el resto de los grupos de detenidos destacaron miembros de la familia de El Cholo, el hombre que el movimiento de autodefensa lo ubica como el jefe de la plaza de Ayutla y Tecoanapa, Ulises Enríquez Álvarez y Efraín Enríquez Álvarez (hermanos), Juan Enríquez Cantú (padre), Raquel Alvarez (madre), y Wendy Pérez Ávila (pareja sentimental) acusados desde cómplices, halcones informantes hasta secuestro. A la pareja sentimental de El Cholo la ubicaron como responsable de planear secuestros junto con Cecilia Martínez Andraca, otra detenida y presentada.

La coincidencia más marcada entre la mayoría de los detenidos era el grado de escolaridad, que no pasaba de secundaria. Sólo uno que otro tenía preparatoria. El Comandante Guerrero soltó en plena asamblea que la delincuencia ya no se combate con armas, sino con educación, y es ahí donde deberían apostarle. En Guerrero, según el Inegi, 374 mil personas no saben leer ni escribir.

Una de las consejeras sólo leyó en la asamblea el esquema de los juicios de Tribunal Popular, que aparentemente iniciarán hasta la próxima asamblea: “los detenidos serán reducados de manera itinerante en las comunidades que conforman nuestro movimiento por la seguridad y la justicia. Los comandantes estarán reunidos en el seno de las comunidades por razones de seguridad y los lugares donde se lleve a cabo la reducación tampoco se darán a conocer. Esta asamblea estará en receso pendiente a los procesos que viven en las comunidades”.

Agregó que los detenidos podrán defenderse, apoyados en testimonio y pruebas que aporten sus familiares en el juicio público que se les siga. “Con lo anterior se da inicio para la transformación del sistema de justicia de nuestros pueblos, basados en nuestros usos y costumbres, con ello retomaremos la forma de hacer justicia de nuestros pueblos indígenas”.

El Mezón, comunidad mixteca de Ayutla, sede de la asamblea de hoy que dio formalidad a la policía ciudadana del movimiento de autodefensa que arrancó el 5 de enero, originalmente estaba sumada al proyecto de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-Policía Comunitaria). La CRAC, en su asamblea del 22 de diciembre pasado, denunció que la Upoeg arrancó cuatro comunidades mixtecas (Zapote, El Mezón, Ahuacachahue, y Coxtatlán Candelaria) de las 27 que se sumaron a su sistema de justicia, y desconocieron a Ernesto Gallardo Grande, quien se autonombró comandante estatal de la Coordinadora sin que nadie lo nombrara.

Gallardo Grande estuvo hoy en la asamblea de El Mezón como una autoridad comunitaria de este nuevo movimiento de autodefensa, incluso en el reglamento que entregaron a los reporteros para la cobertura, al cual debía ceñirse, está firmado por él con la representación de comandante regional.

En la comunidad se observaron tanto a policías ciudadanos cubiertos de la cara y vestidos de civiles, como a quienes llevaban el rostro descubierto con playeras verde olivo en las que se leía Policía Comunitaria. Por el suso de esas playeras las CRAC se deslindo de ese movimiento de autodefensa desde el mismo día que surgió.

De camino a Ayutla, es visible que los lugares de la gente del pueblo en los puesto de revisión y control los tomaron los militares y policías estatales y federales. Por ejemplo, en el ahora retén militar Las Mesas (San Marcos), está muy alejada la dinámica minuciosa que llevaban los pueblos de pedir identificación a todos los que viajaban en cada vehículo, y la revisión de éste, ahora, si a caso, es una pregunta.

–¿De dónde vienen? –preguntó un militar.

–De Chilpancingo. Somos reporteros, vamos al juicio de El Mezón, contestó un reportero.

–Bueno, váyanse, no se le vaya hacer tarde.

Asiste en Iguala a ceremonia conmemorativa del Primer Congreso Constituyente

Absténganse del juicio popular, pide Aguirre a alzados en armas

El proceso de hoy no será impedido por la fuerza; seguiremos insistiendo en el diálogo, dice

Sin embargo, si alguien viola la ley, tenemos que intervenir, advierte el mandatario a dirigentes

ISRAEL SALGADO URIÓSTEGUI ( Corresponsal)

Iguala, 30 de enero. El gobernador Ángel Aguirre Rivero informó que la Procuraduría General del Justicia del Estado ha notificado a los comuneros de Ayutla y Tecoanapa que deben desistirse de llevar a cabo el juicio popular este jueves. Advirtió que “no vamos a permitir que se dé una situación trágica y lamentable para todos”.

Entrevistado a su llegada a la plaza cívica de las Tres Garantías, donde sesionó la Cámara de Diputados locales para conmemorar un aniversario más de la instalación del Primer Congreso Constituyente, Aguirre Rivero afirmó que los movimientos de autodefensa “han retirado prácticamente los retenes que tenían establecidos; ellos están regresando a sus comunidades, y lo que hemos acordado es que sigan el procedimiento para ser policías comunitarios”.

El mandatario estatal reiteró su llamado a que no se perturbe con protagonismos estériles una situación como la que se está viviendo particularmente en el municipio de Ayutla. “Estamos tomando todas las providencias necesarias porque cualquier juicio que ellos pudieran realizar no tienen ninguna validez”, dijo.

Al preguntarle si se ha considerado recurrir a la fuerza pública para impedir el juicio de hoy, Aguirre Rivero precisó que “nosotros no queremos caer en la confrontación en ningún momento; vamos a seguir haciéndolo a través del diálogo. Por supuesto que si alguien viola la ley, tenemos que intervenir”.

Dijo que las instituciones tampoco pueden permitir que quienes han trabajado toda su vida para tener un pequeño patrimonio lo pierdan con el pago de cuota: “las instituciones para eso estamos y vamos a seguir trabajando para brindarles seguridad, confianza y en estas comunidades donde el problema está focalizado vuelva el clima de armonía”.

Dijo que en el caso de Ahuehuepan, los comuneros han vuelto a sus actividades normales, mientras que en los municipios de la Costa Chica hay presencia ya del Ejército, de la Policía Federal y del estado, y han retirado los retenes que tenían, están regresando a su comunidad y se ha acordado que sigan el procedimiento para ser policías comunitarios.

A la pregunta de cuántos municipios siguen levantados, de los 12 que lo hicieron, el gobernador dijo que sólo Ayutla y Tecoanapa.

Aseguró que hay solicitudes para formar parte de la Policía Comunitaria; pero nuevos movimientos de autodefensa que estén brotando, no hay. “Ayer estuve en Ahuehuepan y Acatempan; ya se retiraron; hay un mal entendido de que para que ellos puedan coadyuvar en materia de seguridad, tenemos que hacerlo por las vías legales”, añadió.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2013/01/31/index.php?section=politica&article=003n1pol

Juran el cargo 20 grupos de la naciente policía ciudadana

En Ayutla y Tecoanapa, siguen los retenes civiles, a pesar de los militares y policías

MARGENA DE LA O ( )

Chilpancingo, 30 de enero. Aun con la presencia policiaca, militar y marina, los operativos ciudadanos del movimiento de autodefensa en Tecoanapa y Ayutla continúan, así como las detenciones de personas ligadas a la delincuencia.

Mañana (jueves), el Tribunal Popular sesionará en una asamblea popular para juzgar por usos y costumbres a los más de 50 detenidos, en una asamblea en la que el movimiento se constituirá en organización de procuración de justicia comunitaria. En asamblea, los pueblos eligieron que fuera un Tribunal Popular el mecanismo para juzgar a los detenidos a partir de 6 de enero, que nació el movimiento.

Como parte de este movimiento ya formalizaron grupos de policía ciudadana en Cruz Grande (Florencio Villarreal). Bruno Plácido Valerio, el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), organización que encabeza el movimiento de autodefensa, informó por vía telefónica que en total juraron el cargo 20 grupos de policías ciudadanos, en asambleas a lo largo del día, en las que participaron el pueblo y autoridades del ayuntamiento.

Uno de los voceros de Tecoanapa informó que la asamblea empezará entre las 9 y 10 de la mañana en El Mesón, y que asistirán organismos internacionales de defensa de los derechos humanos.

Dio algún avance del procedimiento de la sesión de tribunal: presentación de los detenidos, lectura de los expedientes que se les integraron y de elementos a favor y en contra.

Comentó que montarán un operativo especial mañana, donde “todas las comunidades vamos a estar alerta; una parte se van a ir a cubrir los espacios en las comunidades y carreteras”.

–¿La situación actual (de seguridad) en Tecoanapa y Ayutla? –preguntó un reportero a uno de los voceros del movimiento.

–Hay tranquilidad, todos estamos en alerta, mis compañeros se siguen quejando de la militarización, eso se está generalizando en los pueblos, están determinando que eso no conviene. En las comunidades se están autorresguardando los pueblos, porque hay operativos(militares) en las carreteras de rutina, pero nadie está bajo guardia.

Siguió: “están los retenes militares (en esa parte de Costa Chica), pero están de parapeto, no están realmente revisando; ayer (martes) se les pasó un tipo que se encuentra en la lista (de delincuentes que los ciudadanos del movimiento de autodefensa cotejaban al pedir una identificación en los puestos de revisión), pero en el siguiente puesto de control de los comunitarios lo cachamos y aprehendimos”.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2013/01/31/index.php?section=politica&article=003n2pol

Toman distancia de la Upoeg y su apertura a los militares

Bruno Plácido no determina ni tantito: líder del levantamiento en Tecoanapa

MARGENA DE LA O ( )

Chilpancingo, 26 de enero. Voceros del movimiento ciudadano de autodefensa de Tecoanapa y Ayutla aseguraron que el dirigente de la Union de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), Bruno Plácido Valerio, no lo es todo en el levantamiento, y advirtieron que continuarán con las medidas de seguridad.

Este viernes emprendieron la planeación del método con que serán juzgados los detenidos. Los comandantes del movimiento de autodefensa presentaron en El Mezón a 27, entre ellos cuatro mujeres que hacían la función de halcones (informantes de la delincuencia organizada). Aclararon que hay más de 50 personas aprehendidas en otros lugares de la zona. El próximo 31 será la presentación pública de capturados.

La asamblea del viernes fue en Ayutla, y acordaron en que el grupo que juzgue a los detenidos por vínculos con la delincuencia organizada, sea que esté integrado en una asamblea o tribunal popular, será de comisarios municipales, comisariados ejidales y demás autoridades de los pueblos.

“Bruno no lo es todo”, dijo uno de los voceros en la asamblea del viernes.

Entrevistado por vía telefónica, el delegado de Colonia San Juan, de Tecoanapa, y líder del movimiento, aclaró que no hay rompimiento con Plácido Valerio por su apoyo a la militarización, pero que en el caso de ese municipio el pueblo es el que decide qué hacer con el movimiento de autodefensa. “No estamos de acuerdo con él con eso de los (retenes) militares, (pero) él no determina ni tanto en Tecoanapa; nosotros somos autónomos, no hay presencia política de él aquí”, aclaró.

Mencionó que ellos siguen con los planes de una nueva organización de impartición de justicia y seguridad comunitaria, con nuevos estatutos, formas y principios, si bien mencionó que habrán de apoyarse en otros modelos.

Dijo que el próximo lunes a las 9 de la mañana continuarán la asamblea en la que, entre otras cosas, asignarán nombre a la organización y terminarán de decidir la presentación pública de los detenidos.

Agregó que, independientemente de la presencia militar en San Marcos, Tecoanapa y Ayutla, los habitantes sumados al movimiento continúan sus operativos nocturnos en busca delincuentes, además de instalar algunos puestos de revisión, como el sorpresivo de Tecoanapa, y el de El Pericón.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2013/01/27/index.php?section=politica&article=003n2pol

Entrega el gobernador 1.5 mdp a la organización, mil 200 uniformes y 4 camionetas

Propone Ángel Aguirre a la CRAC funcionar como una policía auxiliar

Presenta planteamiento de una propuesta de decreto para legalizar la institución; consejera pide respeto

MARGENA DE LA O

San Luis Acatlán, 21 de enero. El encuentro entre los integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y el gobernador Ángel Aguirre Rivero se resume en el planteamiento de la propuesta de un decreto para formalizar la Policía Comunitaria, y la entrega de equipo y uniformes, y un millón y medio de pesos que el gobierno estatal ofreció depositar a una cuenta bancaria de la organización.

El gobernador planteó que la Policía Comunitaria, después de 17 años de autonomía, funcione como Policía Auxiliar de las corporaciones policiacas oficiales. La propuesta, dijo, es que la CRAC “coadyuve y auxilie en la prevención y operación de los delitos; para que la Policía Comunitaria pueda lograr su regularización y no contravenga el marco constitucional y legal vigente, tendrá carácter de auxiliar de seguridad pública, y será permanentemente capacitada”.

Aguirre Rivero llegó a la bodega La Luz de La Montaña, ubicada a la salida de la cabecera municipal de San Luis Acatlán, acompañado de una comitiva extensa de sus funcionarios, media hora antes de lo acordado (12 de la tarde), a la que además de los coordinadores de la CRAC, asistieron los consejeros Bruno y Cirino Plácido Valerio, dirigentes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), organización que lidera el levantamiento armado de Ayutla y Tecoanapa.

Al acto con las características a cualquiera de una gira del gobernador –la mesa de debate entre la CRAC y el mandatario para dejar clara la relación con el gobierno sólo fue una buena intención–, también asistió un grupo de policías comunitarios de la zona mixteca de Ayutla recién incorporado, a quienes no le permitieron dar su discurso, según denunció Arturo Campos Herrera, promotor en ese municipio. Tampoco le permitieron participar a Eugenio Jiménez, coordinador de la Policía de Huamuxtitlán, que aunque funciona como un sistema de justicia independiente, está hermanada a la CRAC.

La consejera Felícitas Martínez Solano, antes leyó la postura de la Coordinadora, y exigió al gobernador el cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el Estado mexicano y la Constitución, y la observancia y cumplimiento de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

También pidió respeto al sistema de seguridad, justicia y reducación de la CRAC, el desistimiento de la acción penal y la persecución de la PGJE contra integrantes de la organización, la cancelación de concesiones minera, respeto a su mando único (pueblo organizado y su Asamblea Regional), y la no militarización de la zona.

Aguirre Rivero reconoció a la CRAC su compromiso que, aseguró, se evidencia en los bajos índices delictivo en las regiones de su influencia, y que los policías comunitarios están alejados de “vicios y prácticas” de los policías oficiales. Entregó a los coordinadores cuatro camionetas, con mil 200 uniformes –sólo son unos 800 policías comunitarios, “pero traje de más por los que se sumen”–, y un millón y medio de pesos, que dijo depositaría a la cuenta de la CRAC. Las 200 armas AR-15 que les prometió antes, no las entregó.

Al principio, en medio y al final de su intervención que el encuentro, y entrega del equipo no eran “a la luz de los recientes acontecimientos”, pero antes no lo hizo.

Escena polémica

Al gobernador lo flaqueaban Pablo Guzmán, uno de los coordinadores de la CRAC, y el alcalde Alejandro Contreras, quien a su derecha tenía a Cirino Plácido Valerio.

“¡Bruuno!”, soltó el gobernador al ver atravesar el perímetro del acto, al dirigente de la Upoeg, quien hizo una mueca que parecía una sonrisa.

Para cuando Bruno Plácido Valerio llegó al centro del templete, lugar que ocupó el gobernador, éste ya estaba de pie y con la mano extendida. El dirigente de la Upoeg saludó de apretón de mano al gobernador y al alcalde. A excepción de Felicitas Martínez, no saludó a nadie de la CRAC.

“¡Es orgulloso!”, se leyó en los labios de Pablo Guzmán cuando susurró al oído izquierdo del gobernador. Ambos rieron.

La pugna entre la CRAC y la Upoeg de pronto fue notoria, pero no evidente. Apenas ayer (domingo), los integrantes de la Upoeg impidieron una asamblea de la CRAC en la que informarían del levantamiento de Ayutla; la coordinadora acusó al gobierno estatal de estar detrás. A quien no se vio por el lugar del encuentro fue al asesor jurídico de la Coordinadora, Valentín Hernández.

Después, en momentos de su discurso, el gobernador soltó frases como “yo no quiero ser motivo de fractura y división”, “quiero ser el instrumento que pueda limar cualquier aspereza”, y “aquí, ustedes (integrantes de la CRAC y Upoeg) son los mismos. Los protagonismos a un lado”.

En el camino a San Luis Acatlán, los habitantes de Ayutla y Tecoanapa mantienen tres puestos de revisión y control en su perímetro de influencia.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2013/01/22/index.php?section=politica&article=003n1pol

La masacre de 1998 no debe quedar impune, señala coordinador de ONG

Presentan a la Cidh el caso de El Charco para su investigación

El obispo Raúl Vera López entregó al organismo internacional la petición de ingreso

LUCIANO TAPIA GARCÍA (Corresponsal )

Ciudad de México, 30 de julio. Las viudas, huérfanos y sobrevivientes de la masacre de El Charco, perpetrada el 7 de junio de 1998 por militares y en la que perdieron la vida 10 campesinos indígenas y un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México, no debe quedar impune, declaró Ernesto Rodríguez Cabrera, coordinador del área jurídica de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad y la sobreviviente Ericka Zamora Pardo, al dar a conocer que el caso ya se presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) para continuar las investigaciones ante la negativa del estado mexicano por aclarar y castigar a los responsables.

Campaña contra la impunidad militar y el olvido

En su oportunidad, Zamora Pardo, que es además integrante de la Organización de Derechos Humanos Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C., dio a conocer en conferencia de prensa en la sede del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez la campaña “Contra la Impunidad Militar y el Olvido”.

Rodríguez Cabrera señaló por su parte que sobre los hechos han sostenido reuniones con integrantes del Departamento de Estado y Asesores del Congreso de Estados Unidos con el apoyo y coordinación de Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA ) y el Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWG).

Al hablar sobre el ingreso de la petición de admisión del caso de la masacre de El Charco a la Cidh, dijo que el documento fue presentado por el obispo de Saltillo José Raúl Vera López, e impulsada por la Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C., Organización Indígena del Pueblo Me´phaa (OPIM), Red de Defensa de Derechos Humanos, Unión Democrática de Organizaciones Sociales y la Central Campesina Cardenista Democrática A.C., además de otras organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales.

También informaron que esperan sostener una reunión con el gobernador Ángel Aguirre Rivero, pues a él le tocó conocer los hechos cuando fue mandatario interino en 1998.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2012/07/31/index.php?section=sociedad&article=005n1soc

EDITORIAL: Jornada Guerrero

EDITORIAL

EL CHARCO, 14 AÑOS
Hoy se cumplen 14 años de que soldados del Ejército dieron muerte a 11 campesinos que pernoctaban en la escuela primaria Caritino Maldonado Pérez, en la comunidad indígena de El Charco, municipio de Ayutla.
La conmemoración se dará en un contexto especial: se trata del segundo periodo en Guerrero de un gobierno que llegó postulado por una coalición de izquierda, que busca distanciarse del anterior, que se condujo con más conservadurismo que si hubiera sido postulado por el PAN, pero que a la vez es el mismo que estuvo el día de la matanza; está en marcha la Comisión de la Verdad –creada por el Congreso– para indagar crímenes del pasado, y los protagonistas más visibles de aquel acontecimiento, los universitarios Erika Zamora Pardo y Efrén Cortés Chávez, detenidos en el lugar de los hechos y acusados de ser miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, están libres tras haber sido declarados inocentes.
Por si no bastara, en el contexto nacional e internacional hay una lucha más abierta por la defensa de los derechos humanos y por llevar a revisión el fuero militar. Al menos tres casos de abusos de soldados en Guerrero han merecido sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: los de Rosendo Radilla, de Inés Fernández Ortega y de Valentina Rosendo Cantú.
En la jornada de hoy estará presente el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, quien ofrecerá una misa por las víctimas de la matanza y encabezará la constitución de los comités de sobrevivientes.
El Charco sigue siendo una herida abierta en Guerrero, que debe ser revisada, y los excesos ahí cometidos deben ser castigados.
Además, debe haber indemnización para los deudos y sobrevivientes, y tanto el gobierno del estado como el federal deben impulsar en esa zona indígena una política de desarrollo integral, que cambie las condiciones de vida tan precarias que actualmente existen.
Recordar no basta, y la solidaridad en el discurso, tampoco. Es imperativo crear


http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2012/06/07/index.php?section=sociedad&article=002o1soc

En noviembre, Eugenio y Ramírez recibieron una carta anónima

Exige AI al Estado protegar a activistas por nueva amenaza a líderes de la OPIM

CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )

Chilpancingo, 2 diciembre. Nuevamente integrantes de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaa (OPIM), Obtilia Eugenio Manuel y Cuauhtémoc Ramírez fueron amenazados por estar en la lucha de la defensa de los derechos de las indígenas violadas por militares hace ocho años y por lo cual, Amnistía Internacional (AI) urgió al Estado mexicano a brindar protección a los defensores de derechos humanos.
El 28 de noviembre, Eugenio Manuel y Ramírez encontraron una carta anónima bajo la puerta de su casa, en la cual los amenazan de muerte por el trabajo que han hecho para exigir justicia en los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.
Con estas nuevas amenazas contra los integrantes de la OPIM, suman ya varias en los últimos años y por lo que, en abril de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) ordenó medidas provisionales a favor de Obtilia Eugenio Manuel, su esposo y sus hijos, así como 107 defensores y defensoras de Guerrero.
“A pesar del compromiso del gobierno de implementar medidas de protección para los defensores de derechos humanos bajo riesgo, varios defensores han señalado que la falta de cumplimiento de manera pronta y eficaz los ha dejado vulnerables a nuevas agresiones”, criticó AI.
Agregó que estas nuevas amenazas a los líderes de OPIM ponen de manifiesto las deficiencias en las medidas de protección proporcionadas por las autoridades. “El caso de Obtilia Eugenio Manuel y Cuauhtémoc Ramírez resalta una vez más la urgente necesidad de que el gobierno mexicano desarrolle un mecanismo integral de protección para las y los defensores de derechos humanos en riesgo y muestra la importancia de que el gobierno garantice la protección efectiva de los defensores y asegure el cumplimiento cabal de las sentencias contra México de la Coidh”, concluyó.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2010/12/03/index.php?section=sociedad&article=005n2soc

C O M U N I C A D O URGENTE:

C O M U N I C A D O

·         Amenazan a hija de Inés Fernández Ortega y envíen mensaje de amenazas para Raül Hernández.

·         Agreden a integrantes de la OFPM

Tlapa, Guerrero a 31 de agosto del 2010.- A cuatro días de que Raúl Hernández alcanzó su libertad después de haber demostrado su inocencia, el coordinador de Dirección Colectiva de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM) Álvaro Ramírez Concepción fue agredido con armas de fuego por ocho hombres que llegaron a la parcela de Jorge Luis García Catarino quien es beneficiario de medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El ataque duró 20 minutos aproximadamente el pasado lunes 30 por la tarde, donde también resultaron lesionados: su hermano Audencio Ramírez Concepción, Ambrosio García Catarino y Ramón García Guadalupe. Los agresores huyeron con rumbo desconocido mientras que los heridos fueron auxiliados por personas de la comunidad de Juquila, municipio de Ayutla de los Libres de donde son originarios.

Por lo intransitable de los caminos, Álvaro permaneció en su casa desangrándose hasta que sus compañeros lograron abrir la carretera a pico y pala para trasladarlo hoy por la mañana al Hospital General de Ayutla. Hasta el momento los médicos reportan que su estado de salud es estable pero delicado, ya que recibió varios impactos de bala, dos de los cuales son de gravedad pues uno lo recibió en la espalda y el otro en la pierna a la altura de la ingle.

Como Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan hemos pedido a la Secretaría de Seguridad Pública del estado que brinde protección a los compañeros de la OFPM que se encuentran heridos en el Hospital General de Ayutla, porque nada garantiza en este ambiente de impunidad que los agresores no quieran acabar con su vida.

Esta agresión es parte de un patrón de agresiones contra defensores y defensoras indígenas quienes se encuentran en total indefensión a pesar de que la Corte Interamericana ha dictado medidas provisionales 108 defensores y defensoras de la Organización del Pueblo Indígena Mep´haa (OPIM), Inés Fernández, Valentina Rosendo, Tlachinollan y familiares de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce.

El sábado 28 de agosto, una de las hijas de Inés Fernández también fue nuevamente amenazada por dos personas que intentaron secuestrarla cuando caminaba  en pleno centro de Ayutla. Al amenazarla, los atacantes hicieron referencia a Raúl Hernández, quien por este motivo ha tenido que cancelar actividades públicas relacionadas con su liberación y adoptar medidas extraordinarias de seguridad.  

Condenamos enérgicamente el atentado del que fue víctima el coordinador de la Dirección Colectiva de la OFPM, así como sus acompañantes. Del mismo modo expresamos nuestra preocupación por la amenaza dirigida a la hija de Inés Fernández Ortega y Raúl Hernández Abundio. Estos condenables hechos corroboran una vez más que en Guerrero no existen garantías para las defensoras y defensores de derechos humanos. Especialmente para quienes forman parte de organizaciones indígenas como la OFPM y la OPIM, cuyos esfuerzos para articularse para demandar condiciones de vida digna para las comunidades continúan siendo obstaculizados  por agentes estatales y no estatales o criminalizados.

Para Tlachinollan hechos como los que hoy se denuncian son incentivados por la impunidad que ha prevalecido respecto de anteriores agresiones en contra de defensores y defensoras de la OPIM y la OFPM. En la medida en que tales hechos no han sido investigados, se alienta la repetición de los mismos.  Ni las fuerzas de seguridad estatales, ni la misma presencia del Ejército en la región,  han sido capaces de contener esta espiral de violencia y de garantizar las condiciones básicas para que los pueblos indígenas vivan con tranquilidad.

Es evidente que tanto el atentado que sufrieron integrantes de la OFPM como las amenazas a la hija de Inés Fernández y a Raúl Hernández Abundio,tiene como objetivo frenar el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos de Ayutla y dejar que los autores de estos crímenes permanezcan sin castigo.  Reiteramos nuestra exigencia para que las autoridades competentes realicen una investigación exhaustiva, seria y expedita para dar con el paradero de los responsables y acabar con la impunidad. Asimismo, nuevamente demandamos que las medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sean cumplidas a cabalidad y con diligencia como no ha ocurrido hasta ahora.

ANTECEDENTES:

Álvaro Ramírez fue detenido el domingo 6 de junio 2010, por agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) cuando transitaba por el zócalo de Ayutla, acompañado de su hija de 10 años de edad.

Su aprehensión se dio por la orden de aprehensión que libró el juez Mixto de Primera Instancia radicado en esa ciudad, Alfredo Sánchez Sánchez. No obstante el sábado 12 de junio Álvaro Ramírez salió libre por falta de pruebas.

La OFPM es una organización hermana de la OPIM, ambas desde 1998 han estado luchando por hacer exigibles sus derechos como pueblos y denunciando las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército mexicano, desde la masacre de El Charco. En este marco, dos de sus dirigentes fueron desaparecidos de manera forzada y privados de la vida.  Los casos de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas son un claro ejemplo de cómo se protege a los agresores y se deja en total indefensión a los defensores de derechos humanos.

AI: preocupación mundial por la situación de derechos en Guerrero

AI: preocupación mundial por la situación de derechos en Guerrero

Preparan acciones desde otros países para exigir al gobierno que dé garantías a defensores

Campaña para liberar al me’phaa Raúl Hernández servirá para proteger a otros activistas

OSSIEL PACHECO

Ayutla, 13 de diciembre. El director ejecutivo de Amnistía Internacional (AI) en México, Alberto Herrera, consideró que la situación en Guerrero es grave y paradigmática en materia de abusos y agresiones contra los defensores de derechos humanos, al grado que es una preocupación no sólo a nivel nacional sino internacional, “así lo reafirma la presencia de colegas de otros países que han venido al estado”.

Ponderó que AI ha difundido el caso del preso de conciencia de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), Raúl Hernández Abundio a nivel internacional, pero esta campaña es la base para proteger a los defensores de derechos humanos, que es un principio y un deber del Estado mexicano. Insistió en que el gobierno del país está obligado a prevenir, investigar, sancionar y reparar los daños por abusos, “tenemos en este caso una prioridad, en especial porque somos facilitadores para el cumplimiento de la ley”.

En este sentido, recordó que el gobierno de Guerrero no ha llevado a cabo la reunión con AI, Tlachinollan y la OPIM, como se comprometió el secretario de Gobierno, Guillermo Ramírez Ramos, hace cuatro meses, luego de que se organizó una caravana para la liberación de Hernández Abundio, y en la que abordarían el tema.

Entrevistado durante la verbena popular realizada la noche del sábado pasado en El Camalote, Herrera dio a conocer que AI sostiene una campaña en casi 20 países para lograr la liberación del me’phaa recluido en el penal de Ayutla desde el 18 de abril de 2008. Activistas de otros países están enviando cartas a las embajadas de México para demandar la liberación de Hernández, y adelantó que en enero termina el periodo de audiencias del caso y de no dictarse su libertad, harán otra caravana internacional.

Consideró importante dar seguimiento al caso de Hernández, para que el gobierno de Guerrero aplique medidas provisionales, ya que es una prioridad para AI, porque en la medida de que no hay garantías, los activistas no podrán trabajar con plena seguridad, y se corre el riesgo de que se repitan casos no sólo como el de Hernández Abundio, sino como el de los na savi Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, cuyas ejecuciones son un recordatorio de que la situación no es segura para los defensores de derechos humanos.

Dijo que a pesar de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que haya garantías de seguridad para los defensores, hay un vacío del Estado mexicano para garantizar su seguridad, y han sido los propios activistas los que están jugando este papel, porque el Estado no está cumpliendo con su deber.

Informó que tienen datos de cerca de 20 países que están trabajando por la libertad de Hernández Abundio, y para ello están mandando cartas y se reúnen con los embajadores de México, para hablar del tema, y en su caso, personalmente ha expuesto el caso con el embajador de Canadá y de Estados Unidos en México, quienes se han comprometido a incluir el tema del preso de la OPIM en la agenda de diálogo con el gobierno federal, porque es una prioridad.

Interrogado sobre la influencia de la campaña de AI, respondió que la política externa de derechos humanos que promueve el gobierno mexicano no se refleja en el país, y por ello “hay la posibilidad de presionar desde el exterior para lograr la transformación; gran parte de esto se va a lograr a partir de los mensajes que envíen en otros países”.

Resaltó que el tema de Hernández es una de las prioridades de todas las secciones de AI en el mundo, las cuales están mandando cartas constantemente para lograr su libertad. A esto se van sumando a otras acciones como mandar fotografías y mantas para que los activistas puedan transmitir los mensajes al gobierno de México.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/12/14/index.php?section=sociedad&article=004n1soc

COMUNICADO DE PRENSA POR LA LIBERACION DE LOS HNOS PONCE LOLA

COMUNICADO DE PRENSA

Zihuatanejo, Guerrero a 3 de Julio del 2009

Ante los eventos transcurridos el día de ayer sobre la detención arbitraria por parte de elementos del Ejército en contra de Victoriano, Santiago y Alicio Ponce Lola hermanos del finado Manuel Ponce Lola líder y activista de la OFPM ,los cuales fueron interceptados camino a la comunidad de La Cortina en el Municipio de Ayutla de los Libres y de la oportuna acción de las Organizaciones Sociales y Movimientos en pro de la defensa de los derechos humanos, comunicamos que, en el transcurso de la madrugada del día de ayer, fueron liberados los hermanos Ponce Lola en calidad de bajo fianza.

A victoriano y Santiago de 28 y 20 años de edad les fue imputado el delito por portación de armas, mientras que Alicio Ponce Lola de 16 años de edad y por ser menor de edad no se le adjudicó ningún delito. Es para nosotros motivo de gran alegría el ver como la unión y oportuna respuesta a estas detenciones de manera arbitraria por parte del ejército hace un alto a otras circunstancias como son el aislamiento, desaparición o la tortura que es un factor clásico pudieron haberse dado. No obstante, seguimos a la expectativa y vigilantes de cualquier cambio ya que muchas veces estos “delitos” son utilizados a manera futura para tener antecedente y volver a detener a los compañeros activistas.

También, se agradece a los medios de prensa por su ayuda pronta a la difusión de este caso en el que sin ellos, no hubiera sido del conocimiento público tal acto que viola sobremanera los derechos humanos y las garantías individuales de todo ciudadano.

 

Nos encontramos en un estado militarizado, en un país que usa la fuerza pública, y en especial las fuerzas castrenses para defender sus intereses y seguir reprimiendo la protesta y la lucha social criminalizándola de las formas mas bajas que pueda haber, y pasando por alto crímenes como el de Manuel Ponce integrante de la OFPM quién al solo buscar una mejora de vida para los suyos, fue asesinado de forma cínica y con toda la violencia, que solo el estado mexicano puede hacer.

El resultado de la acción rápida de organizaciones y su unión demuestran la verdad en la consigna que siempre gritamos :EL PUEBLO UNIDO JAMAS SERA VENCIDO. Y qué unidos y organizados, podremos cambiar para un futuro mas benigno, las circunstancias que hoy nos aquejan, en especial, la criminalización a la lucha social.

Gracias.

Responsable: Hercilia Castro
RMI/COMSG

Detienen en retén militar a tres hermanos de Ponce, de la OFPM

Deberían tener medidas cautelares ordenadas por la Corte Interamericana
Detienen en retén militar a tres hermanos de Ponce, de la OFPM

Al parecer el motivo del arresto es que portaban dos pistolas; temen por su integridad

CITLAL GILES Y MARLEN CASTRO 

Soldados del 48 Batallón de Infantería, con sede en Cruz Grande, detuvieron en un retén militar a tres integrantes de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM), hermanos del fallecido Manuel Ponce Rosas. Los tres indígenas na savi tienen medidas de seguridad ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Al mediodía en un retén militar que instalaron soldados en el puente de San José La Hacienda, a la altura de Ocotlán, en el camino que va de Ayutla a la comunidad de La Cortina, de donde son originarios los na savi, los soldados detuvieron a Victoriano, Santiago y Alicio Ponce Lola, de 28, 20 y 16 años, respectivamente, informó el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.

El argumentó de la detención, es porque supuestamente portaban un revólver calibre 22 y una pistola tipo escuadra.

Hasta las 5 de la tarde los indígenas detenidos estaban en Ayutla; sin embargo, se dio a conocer que en el transcurso de la tarde serían trasladados a la Procuraduría General de la República, en Acapulco, lo cual no sucedió.

Hasta el momento, dijo, los hermanos de Manuel Ponce están incomunicados, lo que preo-cupa a Tlachinollan, pues “no podemos hablar con ellos, no sabemos mucho, incluso conseguimos datos de manera extraoficial porque ni siquiera las autoridades lo han ratificado, tememos por su seguridad”.

Tlachinollan informó a través de su vocera Teresa de la Cruz que los na savi habían bajado a Ayutla a cobrar los recursos del programa Procampo, además de resolver demandas de su comunidad que estaban pendientes con el ayuntamiento de Ayutla.

Tlachinollan consideró que los retenes que instala el Ejército siempre son cuando tienen conocimiento que la gente de las comunidades baja al municipio a hacer algún trámite en el ayuntamiento.

Tanto Santiago como Victoriano y Alicio deberían tener medidas cautelares ordenadas por la Corte Interamericana, sin embargo, hasta el momento no les han sido otorgadas.

Con este hecho es la segunda agresión que sufren los integrantes de la OFPM, pues el pasado 25 de junio, la viuda de Manuel Ponce, Margarita Martín de las Nieves quien viajaba junto con Santiago Ponce fueron atacados a balazos por un hombre desconocido, mientras se dirigían a La Cortina.

Confirman detención

Por otra parte, vía telefónica, integrantes de la OFPM que pidieron no ser identificados, confirmaron la triple detención de los hermanos de Manuel Ponce, por parte de soldados y gentes vestidas de civil en un retén instalado en Ocotlán.

Señalaron que hoy a medio día, Victoriano, Santiago y Alicio Ponce Lola pasaron por el retén, se les hizo el alto para una revisión de rutina y cuando fueron identificados se los llevaron.

Defendieron que tanto Victoriano, como Santiago y Alicio, al igual que Manuel Ponce son campesinos y se dedican a defender los derechos humanos de las comunidades na savi, por lo que repudiaron las desapariciones.

Por otro lado, Obtilia Eugenio Manuel, dirigente de la Organización de los Pueblos Indígenas Mephaá (OPIM), condenó el secuestro de los tres hermanos del extinto dirigente de la OFPM.

La dirigente indígena, quien está amenazada de muerte, demandó al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo su intervención para que los hermanos Ponce Rosas sean presentados.

 
http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/07/02/index.php?section=sociedad&article=006n1soc