Decide la SCJN que el caso del indígena salga de la jurisdicción militar

Juez civil juzgará el asesinato de Bonfilio Rubio Villegas, cometido por un soldado

Celebra Tlachinollan el fallo del máximo tribunal del país y lo califica de hecho histórico

CITLAL GILES SÁNCHEZ

Chilpancingo, 21 de agosto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió por mayoría de votos que el asesinato del indígena guerrerense Bonfilio Rubio Villegas sea juzgado en el orden civil y no en el militar. Este caso es el primero en Guerrero en que se enjuiciará en un juzgado civil a un militar por violación a los derechos humanos.

Rubio Villegas fue asesinado por soldados del Ejército Mexicano durante un retén militar en Huamuxtitlán el 20 de junio de 2009, homicidio que estaba siendo investigado por la justicia militar.

Sin embargo, familiares de Bonfilio, asesorados por el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan y Monitor Civil de las Fuerzas de Seguridad de La Montaña iniciaron un juicio de amparo, el cual fue impugnado por la Sedena.

Sin embargo, el amparo llegó hasta la SCJN, que tras varios días de discusión este martes y con 8 votos a favor y 2 en contra, acordó que el caso de Bonfilio sea juzgado en una corte civil.

En un comunicado, Tlachinollan celebró dicho fallo de la SCJN, pues considera que el máximo tribunal “ha dado un paso decisivo en el reconocimiento de los derechos de las víctimas y en la restricción del fuero militar”.

De igual forma el organismo defensor de los derechos humanos dijo que la determinación de la SCJN no sólo es histórica al restringir el fuero militar en este caso, sino que también deja un precedente para analizar los casos de las indígenas violadas por militares Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú; los ecologistas Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García, así como el caso de desaparición forzada de Rosendo Radilla.

En tanto, para los familiares de Bonfilio la decisión de la Corte “confirma la pertinencia de la lucha que en medio de innumerables riesgos y adversidades, decidieron emprender desde hace más de 3 años”, menciona el comunicado.

Tras este fallo, el juez militar deberá remitir a la brevedad el expediente a un juez federal en el estado de Guerrero para que éste conozca el proceso y a partir de esta fecha, se comience a buscar a los responsables del homicidio de Bonfilio y sean sancionados conforme a derecho.

“Celebramos el fallo de la SCJN, es un caso que consideramos paradigmático del uso excesivo e irracional de la fuerza pública en contra de la población civil, que se ha vuelto recurrente durante la presente administración”, destacó Tlachinollan.

Además hicieron un llamado a la SCJN para que nuevamente determine la restricción del fuero militar en los casos subsecuentes y se genere jurisprudencia.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2012/08/22/index.php?section=politica&article=005n1pol

Llevan caso Las Ollas como prueba de abusos castrenses

También exponen asesinato de indígena en Tlapa
Llevan caso Las Ollas como prueba de abusos castrenses

CITLAL GILES SÁNCHEZ ( ) 

Los casos de Bonfilio Rubio Villegas, asesinado a manos de militares en un retén en Huamuxtitlán así como las agresiones y torturas que sufrieron indígenas de la comunidad Puerto Las Ollas en Guerrero, fueron dos casos probatorios de abusos militares que se enviaron al presidente Felipe Calderón.

En una carta, organizaciones defensoras de derechos humanos, como Tlachinollan, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos, Agustín Pro Juarez así como la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, respondieron al reto que hizo Calderón Hinojosa, el pasado 10 de agosto en el encuentro de mandatarios de América del Norte, celebrado en Guadalajara, Jalisco.

Ahí, Calderón Hinojosa aseguró que en la lucha por la seguridad de los mexicanos se ha esforzado por proteger los derechos humanos y quienes digan los contrario, pidió probar un sólo caso.

En este sentido, las organizaciones no sólo probaron uno, sino ocho de las miles de agresiones que han cometido soldados contra los mexicanos.

En el caso de Guerrero, se documentó la ejecución extrajudicial de Bonfilio Rubio Villegas, en Tlapa, del pasado 20 de junio, cuando militares del 93 Batallón de Infantería con sede en ese municipio, mientras estaban en un retén cerca de la comunidad de Huamuxtitlán, dispararon contra un camión de pasajeros donde murió el indígena.

Otro caso que detallaron fue el ocurrido el pasado 9 de junio, donde cientos de militares irrumpieron en las comunidades de Puerto de la Ollas, Las Palancas y El Jilguero, en Coyuca de Catalán, en la sierra Madre del Sur, que se encuentra en la región Tierra Caliente de Guerrero.

El día siguiente, llegaron refuerzos militares, “quienes aterrorizaron a la población durante cinco días; hostigando, amenazando, golpeando y torturando a hombres, mujeres, niños, ancianos y una persona discapacitada”.

Agregaron que de acuerdo con los testimonios de la población, se afirma que los soldados robaron y destrozaron propiedad.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/08/28/index.php?section=sociedad&article=007n2soc

Reprueba ONG que la PGJE se desentienda del crimen de Rubio

Debe salir del fuero castrense porque se trata del asesinato de un civil: Monroy
Reprueba ONG que la PGJE se desentienda del crimen de Rubio

El tribunal militar será benevolente con los soldados que mataron al na savi en un retén

MARLEN CASTRO 

CHILPANCINGO, 12 DE JULIO. La Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Sociales (COMS) condenó que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) haya “abandonado” la investigación del asesinato del indígena na savi Bonfilio Rubio Villegas, ocurrido en un retén militar en Huamuxtitlán, la noche del sábado 20 de junio.

Javier Monroy Hernández, uno de los dirigentes de la COMS, consideró que si sólo el Ejército participa en las investigaciones se anticipa que el crimen del indígena va a quedar impune, y exigió que el caso salga de la jurisdicción militar, porque el asesinato de un civil lo debe investigar una autoridad ciudadana.

Monroy Hernández opinó que un tribunal militar sería benevolente con los responsables del asesinato de Rubio Villegas, quien viajaba en el autobús que fue baleado por soldados, luego de que el conductor discutió con soldados en el puesto de revisión, por la detención de un pasajero que llevaba botas tipo militar. El transporte salió de Tlapa rumbo a la ciudad de México y al pasar por Huamuxtitlán fue detenido para una inspección.

Monroy consideró que sería ilegal si la justicia militar atrae el caso, además de preocupante.

Señaló que por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y la posterior atracción de las investigaciones en las que hay soldados acusados de diversos delitos, el Ejército está creando un estado de excepción, por todas las atribuciones anticonstitucionales que se adjudica.

“Con todo lo que está pasando, el Ejército está tratando a la sociedad como un enemigo de guerra y eso es motivo de preocupación”, alertó.

Monroy opinó que no se necesitan reformas constitucionales para que el Ejército deje de atraer investigaciones en las que afectó a civiles, como ya lo recomendó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“El Ejército debe reconocer que casos como éste deben ser atendidos por la jurisdicción civil, porque se trata de un militar que mató a un civil, no a otro militar, supuesto en el que sí habría un tribunal militar juzgando el caso”.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/07/13/index.php?section=sociedad&article=005n1soc

Murueta: PGJE dejó caso de Rubio Villegas porque el Ejército atrajo la investigación

El asesinato del na savi no quedará impune, confía el procurador
Murueta: PGJE dejó caso de Rubio Villegas porque el Ejército atrajo la investigación

CINDY PACHECO PALACIOS 

El procurador general de Justicia, Eduardo Murueta Urrutia, aclaró que el gobierno estatal no participará en las investigaciones en el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, y sólo intervendrá si existe una petición formal del gobierno federal, luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos inició un juicio contra la Federación por este hecho.

Respecto al caso del joven indígena Bonfilio Rubio Villegas, que fue asesinado por militares en Huamuxtitlán, el funcionario estatal aseguró que el hecho no quedará impune, pero reconoció que las fuerzas castrenses serán las encargadas de enjuiciar a los señalados.

Consultado ayer después de un encuentro con miembros del Colegio de Abogados del estado de Guerrero, el procurador aseguró que las secretarías de Gobernación (Segob) y de Relaciones Exteriores (SRE) ya cuentan con documentos de información especial sobre el caso, y no descartó que se tenga una solución en breve, pues ya comenzaron los trabajos que requirió la Corte.

Al inicio de la investigación, argumentó, si trataron de coadyuvar “e hicimos una búsqueda en los archivos de nuestra institución, a ver si encontramos algún aspecto que pudiera servirles, ya les mandamos la respuesta: no encontramos mayor cosa”.

Murueta Urrutia rechazó que en Guerrero haya una violación del Estado a los defensores de los derechos humanos, y expresó que los ministerios públicos coadyuvan en garantizar este sector: “los ministerios públicos son defensores de derechos humanos porque se encargan a consignar a los que privan de la vida, a los que violan, pero tenemos que aguantar la presión de los problemas de la delincuencia”.

Respecto al caso de Rubio Villegas, informó que después del hecho la PGJE realizó las primeras investigaciones, pero lo abandonó debido a que el Ejército atrajo el caso, que finalmente será culminado por las fuerzas castrenses.

Rechazó que estas circunstancias provoquen impunidad en el asesinato del indígena. “Vamos a estar bien interesados y a estar pendientes de que se haga justicia; estamos seguros de que se va hacer justicia, no va quedar impune”.

 

Organizaciones sociales exigen sacar al Ejército de comunidades de Guerrero

Llevar el caso de na savi asesinado hasta sus últimas consecuencias, reclaman
Organizaciones sociales exigen sacar al Ejército de comunidades de Guerrero

MARLEN CASTRO 

CHILPANCINGO, 2 DE JULIO. Luego de los excesos cometidos por miembros de fuerzas armadas, como el tiroteo al autobús en Huamuxtitlán donde murió el indígena na savi, Bonfilio Rubio, varios organismos civiles de derechos humanos exigieron un plan de retiro del Ejército mexicano de las comunidades y ciudades de Guerrero.

En conferencia de prensa en esta capital, los organismos civiles de derechos humanos resaltaron la liberación del indígena na savi Fausto Saavedra Valero, quien fue detenido por portar botas estilo militar, incidente que generó el tiroteo en el que fue asesinado Bonfilio Rubio la noche del sábado 20 de junio, cuando ambos, viajaban en un autobús de Tlapa a la ciudad de México.

Las organizaciones se pronunciaron por que no haya impunidad en el crimen de Rubio, y también se castigue la detención arbitraria de Saavedra, a quien felicitaron por la valentía de denunciar su detención a pesar del hostigamiento de las fuerzas armadas.

En la conferencia estuvieron el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), Fundar, el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Redgro) y el Monitor Civil de la Policía, alertaron a la población de lo que representa que este Estado de excepción instaurado por el combate al narcotráfico y la violación cada vez más grave de los derechos humanos se convierta en parte de la normalidad.

De manera unánime, los organismos civiles llamaron a los ciudadanos a rechazar esta situación y a exigir que el Ejército salga de las calles y regrese a los cuarteles.

Para empezar, el director de Tlalchinollan, Abel Barrera Hernández, luego de hacer un resumen de algunas de las arbitrariedades del Ejército en las comunidades indígenas, alertó sobre el peligro que esta situación se convierta en parte de la cotidianeidad. “No podemos acostumbrarnos a esto”, advirtió.

Agregó que la permanencia de los militares “pone en estado de vulnerabilidad a la población civil, ya que existe un patrón del Ejército de alterar el orden y romper el tejido comunitario”.

El director del Insyde, Ernesto López Portillo, estableció que la sociedad civil no está de acuerdo con que “se regularice la excepción”, por lo que exigió del gobierno federal el establecimiento de un plan de retiro del Ejército mexicano de las comunidades, y ciudades de Guerrero y del país.

López Portillo consideró que con el Ejército en funciones distintas para las que fue creado “estamos caminando en sentido contrario a lo que ordena la Constitución”.

Por su parte, el director de Fundar, José Romero León, expuso que lo que se vive en las comunidades indígenas y ciudades de la entidad “es una situación no normal y exigimos salir de la excepcionalidad, restablecer el Estado de derecho y se establezca una ruta crítica para que los militares regresen a los cuarteles”.

Agregó que dejar a los soldados en libertad de instalar retenes y hacer cateos, sin la presencia de las autoridades civiles, como ellos dicen que son las órdenes del presidente del país, “es la situación ideal para el abuso”.

El nasavi Fausto Saavedra narró en conferencia sobre su detención. Contó que en el retén, cuando se bajaron todos del autobús para la revisión un soldado le vio las botas, le preguntó si era militar, a lo que respondió que no e inmediatamente le ordenó que se las quitara y ya no le permitió subir.

Explicó que un amigo le regaló las botas cuando le contó que se iba a Estados Unidos a trabajar, porque le pareció que le iban a servir más que cualquier otro calzado.

El titular de Monitor Civil de la Policía, Mario Patrón, precisó que los organismos demandan que no haya impunidad en el caso de Bonfilio Rubio, por lo que reiteró la petición de que sean las instituciones civiles se encarguen de la investigación del crimen.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/07/03/index.php?section=sociedad&article=007n1soc

Promoverá bancada del PRD diálogo con ERPI

Para esta semana se definirá fecha: De la Rosa
Promoverá bancada del PRD diálogo con ERPI

LAURA REYES ( ) 

Como una acción urgente, el vicecoordinador de la fracción del PRD en el Congreso local, Sebastián de la Rosa Peláez, reveló que convocará en ésta misma semana a un encuentro con los diputados de su partido para promover la instalación de una mesa de diálogo con el ERPI, y lograr buscar acuerdos.

Señaló que la aparición de ese grupo armado –el 26 de junio– evidencia las faltas en las que incurre el gobierno federal y estatal hacia los mandatos que señala la Constitución: promover salud, educación y vivienda digna, sobre todo en las partes más apartadas de la entidad.

De la Rosa insistió en que el PRD será el encargado de presentar la propuesta de una mesa de diálogo ante el pleno del Congreso local, donde se tendrán que resolver los actos de marginación en las comunidades, pues sería la única forma de quitarle a la guerrilla las banderas de enfrentamientos.

Esa instalación tendría que estar respaldada, adelantó, por académicos y personas con reconocimiento social para dar credibilidad y confianza al ERPI, y descartar cualquier acto de parcialidad: “si se dio en su momento con el EZLN en Chiapas, porque no hacer lo mismo en Guerrero. No son delincuentes, no se trata de combatirlos”.

Militarización 

En el caso de la presencia del Ejército en comunidades serranas de la Costa Grande, el diputado local afirmó que será también un tema que lleven ante el Congreso, pues ya quedó demostrado las violaciones a los derechos humanos.

Agregó: “el asunto de la militarización es de principios, los militares tienen una función que deben cumplir como el combate al crimen organizado, pero no para violentar y presionar a los pobladores, este es un tema de carácter social”.

Recalcó que las fuerzas castrenses sólo buscan callar la inconformidad social con el uso de armas, acción que dijo no debe ser permitida por ningún partido o gobernante.

El pasado 26 de junio, el comandante Ramiro advirtió que por el sitio a Las Ollas y a Las Palancas y el asesinato en Huamuxtitlan del indígena na savi Bonfilio Rubio, hay una alerta en las comunidades y que el ERPI va a responder ante tales represiones.

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Justicia, el clamor de los familiares de Bonfilio Rubio en su sepelio

El centro Tlachinollan ayudará para llevar la denuncia a la CNDH, adelantan
Justicia, el clamor de los familiares de Bonfilio Rubio en su sepelio

Reclaman en el funeral del nahua “que se haga una investigación seria y clara”

JESUS RODRIGUEZ MONTES (Corresponsal) 

Tlatzala, 24 de junio. De una casa a medio construir, casi en obra negra, emerge el aroma del copal. Es creencia entre los nahuas que la quema de esta resina vegetal purifica el alma del difunto cuando se vela. Así el alma descansa en paz.

Miércoles 24 de junio. Si Bonfilio Rubio Villegas no hubiera muerto hace cuatro días, el sábado 20, en dos días más estaría partiendo a Tijuana. Seguramente lo haría en autobús y después, a pie, caminaría varios kilómetros en el desierto, con su cuñado Francisco como compañero en el viaje hasta Nueva York, Estados Unidos, un destino ya muy común de los indígenas de La Montaña de Guerrero.

Tlatzala es un pueblo pobre de Tlapa. Esa condición el pueblo la ha comenzado a disfrazar, desde hace una década quizá, construyendo casas de concreto con el dinero que envían los paisanos desde Estados Unidos. Bonfilio ya había estado en Nueva York durante seis años.

En este pueblo de migrantes la muerte estremece a la familia Rubio. Lo que les ha ocurrido en los últimos cuatro días fue realmente inesperado. Todo comenzó hace unos meses, en diciembre, cuando la pequeña empresa de venta de pollo en la que trabajaba Bonfilio en el Distrito Federal fue clausurada, por órdenes de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Desempleado, el indígena de 29 años decidió volver a Nueva York; pero como en la vida nadie sabe lo que va a pasar, dice Francisco, su cuñado se topó con una “bala perdida” de quizá decenas –tal vez muchas más– que salieron de las metralletas de los soldados el sábado por la noche, en un retén de Huamuxtitlán.

En lo alto, desde una bocina que suena ronca, comienzan a tocar Las Golondrinas. Rostros cansados de viejos, niños, adolescentes, muchachas, mujeres, hombres de bigote con la mirada vidriosa del llanto. Son los parientes de Bonfilio, que no han dormido desde ayer, cuando a las 7 de la noche recibieron el cuerpo.

“Esto no se va a quedar así. No se vale. No es justo. El no tenía problemas con nadie”, lamenta Francisco, rodeado de hombres ebrios y tristes que escuchan sus palabras cabizbajos.

La misma ropa de hace dos días porta José Rubio. De Tlatzala a Huamuxtitlán, de Huamuxtitlán a Tlapa, de Tlapa a Chilpancingo y de Chilpancingo de vuelta a Tlatzala. El se ha encargado de todos los trámites para el traslado del cuerpo de Bonfilio, su hermano, y el viernes ofrecerá su testimonio ante el Ministerio Público de Huamuxtitlán, sobre el homicidio que cometió un soldado, a la fecha anónimo.

Advierte: “lo que queremos es que se esclarezca todo esto porque no tiene justificación. No tiene justificación lo que le hicieron a mi hermano. Fue injusto porque si él hubiera tenido problemas, pues lo hubieran detenido y ya, si hubiera traído armas, drogas, pero él no era un delincuente”.

No hay duda de que la familia Rubio recurrirá a todos los medios posibles para presionar a las autoridades a que den el nombre del responsable de la muerte de Bonfilio, y que, en consecuencia, le “apliquen la ley”. José anticipa que el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan coadyuvará con ellos, y seguramente, en los próximos días, habrá una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

“En lo personal no acepto y repruebo lo que hicieron los señores. Queremos que se haga una investigación seria, clara, que haya respuestas. Queremos que se haga justicia”, insiste.

En la muerte de Bonfilio se entretejen historias de personas inocentes. Sin antecedentes penales o indicios de pertenecer a alguna agrupación criminal, hoy están presos el chofer del camión donde viajaba el indígena, Francisco Emanuel Pizano Alejo, y Fausto Saavedra Valera, a quien arrestaron los soldados por calzar botas tipo militar.

La familia no oculta su temor a que en las investigaciones resulte que no hay culpables del homicidio, o que si los llegara a haber, esquiven las sanciones tras un proceso judicial poco transparente.

Incluso, más grave aún, temen por su seguridad: “¿y por hacer las denuncias no tendremos problemas con los militares?”, pregunta a los reporteros una hermana del difunto.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/06/25/index.php?section=sociedad&article=005n1soc

Hay “indicios” de los soldados que mataron a na savi en camión: MP

Contradicen militares la versión de la Sedena en el asesinato de Bonfilio Rubio
Hay “indicios” de los soldados que mataron a na savi en camión: MP

El camión sí se detuvo, declaran ante el Ministerio Público un sargento y dos efectivos

Liberan al indígena arrestado por usar botas tipo militar; el delito no es grave, determinan

ROBERTO RAMIREZ BRAVO (Enviado)

Huamuxtitlan, 24 de junio. Un sargento y dos soldados de infantería del batallón militar adscrito a Tlapa negaron, ante el juez mixto de este distrito de Zaragoza, que el sábado pasado los soldados hayan disparado contra un autobús de pasajeros porque su chofer no se detuvo, como fue la versión inicial de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre esos hechos, en los que asesinaron al indígena Bonfilio Rubio Villegas.

Se trata del sargento segundo Rigoberto Hernández Prieto y los soldados Eloy Rodríguez García y Félix Ignacio Carranza, quienes declararon ante el juez Fidel Alfaro Alonso, en la causa penal 10/2009, que se sigue al indígena na savi Fausto Saavedra Valera, que la noche del incidente fue detenido por portar botas tipo militar.

En su declaración, Hernández Prieto señaló que aproximadamente a las 10:30 de la noche del sábado 20 de junio estaba en el puesto de revisión en el crucero de Santa Cruz, en el kilómetro 213 más 500 de la carretera Chilpancingo-Las Peñas, Puebla, donde interceptaron al autobús de la compañía Sur número 6148 y placas 367-HR7, procedente de Tlapa, y al hacer la revisión, el soldado Félix Ignacio Carranza le informó de la presencia de Fausto Saavedra y sus botas.

El camión duró detenido hasta que vino el comandante de la fuerza de reacción inmediata –del cual no proporciona el nombre– e interrogó al conductor, Francisco Emanuel Pizano Alejo, para verificar que coincidiera el nombre del na savi con sus registros; luego, cuando le dijo al chofer que se quedaría detenido el indígena, discutieron, porque Pizano Alejo quería que le hiciera una anotación “en su libreta de registro de pasajeros que constara que el propietario de las botas se iba a quedar para ser puestos a disposición de las autoridades correspondientes”.

El sargento da cuenta de la discusión, pero no dice qué pasó después, cuando ocurrieron los disparos, ya que el expediente para el que hizo su declaración era sólo por el incidente de las botas.

En un sentido similar hablaron los soldados, quienes coinciden en la hora y lugar en que se efectuó la revisión del autobús, y en que durante ésta se encontró al joven de las botas, en los folios del calzado y en los datos del autobús.

El soldado Félix Ignacio precisó que el camión –con capacidad para 49 personas– circulaba con dirección a Huamuxtitlán, y se le indicó que se desviara de su carril para ser revisado y “así lo hizo”.

Eloy Rodríguez, a su vez, dijo que al llegar el autobús se le indicó que bajara su velocidad “y así lo hizo”.

Los tres coinciden en su declaración que al saber que es un delito usar insignias militares, lo detuvieron.

Ninguno da más datos de lo que ocurrió después, respecto a cuando dispararon contra el autobús. Sin embargo, el agente del Ministerio Público (MP) integró la averiguación ZAR/02038/2009 por el delito de homicidio en agravio del indígena Bonifacio Rubio, quien murió de un balazo en el cuello luego de que soldados dispararon contra el camión cuando se retiraba.

El determinador Rosendo García dijo que “está claro” que fueron los militares quienes mataron al civil en el autobús, y afirmó que “hay indicios” de los responsables, pero todavía no hay ningún nombre, y aunque sostuvo que hay colaboración con las autoridades castrenses, no entró en detalles de qué acciones concretas se llevan a cabo, porque, dijo, se podrían “entorpecer” las averiguaciones, ya que los responsables podrían huir.

“Mejor así, calladitos”

En tanto, trascendió aquí que cuatro soldados que participaron esa noche en el ataque al autobús fueron puestos a disposición del Ministerio Público militar con sede en Chilpancingo, aunque no fue posible conseguir sus nombres ni cuál es su situación jurídica, pues fuentes cercanas a la investigación ministerial señalaron que del Ejército no ha habido ningún contacto oficial al respecto.

Libre bajo fianza

Asistido por el abogado del centro de derechos humanos Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, el indígena na savi Fausto Saavedra Valera, quien fue detenido en posesión de las botas tipo militar –por lo cual se originó el incidente que terminó en que los soldados dispararon contra el autobús de pasajeros y mataron a uno–, será puesto este jueves en libertad, luego de que el juez Fidel Alfaro Alonso determinó que el delito por el que se le acusa no es grave, y ordenó su libertad condicional tras el pago de una fianza de 6 mil pesos.

El acusado se reservó su derecho a declarar. Su abogado –quien pidió la fianza y la ampliación del término para determinar la situación jurídica del detenido– alegó que el delito que se le imputa no está probado, pues se requiere que haya intención de burla o agravio hacia la sociedad o a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo cual no ocurre.

El agente del Ministerio Público adscrito a este caso, Jorge Luis Astudillo, se limitó a pedir que el juez decrete el auto de formal prisión contra el acusado.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/06/25/index.php?section=sociedad&article=004n1soc