Organizaciones sociales exigen sacar al Ejército de comunidades de Guerrero
MARLEN CASTRO
CHILPANCINGO, 2 DE JULIO. Luego de los excesos cometidos por miembros de fuerzas armadas, como el tiroteo al autobús en Huamuxtitlán donde murió el indígena na savi, Bonfilio Rubio, varios organismos civiles de derechos humanos exigieron un plan de retiro del Ejército mexicano de las comunidades y ciudades de Guerrero.
En conferencia de prensa en esta capital, los organismos civiles de derechos humanos resaltaron la liberación del indígena na savi Fausto Saavedra Valero, quien fue detenido por portar botas estilo militar, incidente que generó el tiroteo en el que fue asesinado Bonfilio Rubio la noche del sábado 20 de junio, cuando ambos, viajaban en un autobús de Tlapa a la ciudad de México.
Las organizaciones se pronunciaron por que no haya impunidad en el crimen de Rubio, y también se castigue la detención arbitraria de Saavedra, a quien felicitaron por la valentía de denunciar su detención a pesar del hostigamiento de las fuerzas armadas.
En la conferencia estuvieron el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), Fundar, el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Redgro) y el Monitor Civil de la Policía, alertaron a la población de lo que representa que este Estado de excepción instaurado por el combate al narcotráfico y la violación cada vez más grave de los derechos humanos se convierta en parte de la normalidad.
De manera unánime, los organismos civiles llamaron a los ciudadanos a rechazar esta situación y a exigir que el Ejército salga de las calles y regrese a los cuarteles.
Para empezar, el director de Tlalchinollan, Abel Barrera Hernández, luego de hacer un resumen de algunas de las arbitrariedades del Ejército en las comunidades indígenas, alertó sobre el peligro que esta situación se convierta en parte de la cotidianeidad. “No podemos acostumbrarnos a esto”, advirtió.
Agregó que la permanencia de los militares “pone en estado de vulnerabilidad a la población civil, ya que existe un patrón del Ejército de alterar el orden y romper el tejido comunitario”.
El director del Insyde, Ernesto López Portillo, estableció que la sociedad civil no está de acuerdo con que “se regularice la excepción”, por lo que exigió del gobierno federal el establecimiento de un plan de retiro del Ejército mexicano de las comunidades, y ciudades de Guerrero y del país.
López Portillo consideró que con el Ejército en funciones distintas para las que fue creado “estamos caminando en sentido contrario a lo que ordena la Constitución”.
Por su parte, el director de Fundar, José Romero León, expuso que lo que se vive en las comunidades indígenas y ciudades de la entidad “es una situación no normal y exigimos salir de la excepcionalidad, restablecer el Estado de derecho y se establezca una ruta crítica para que los militares regresen a los cuarteles”.
Agregó que dejar a los soldados en libertad de instalar retenes y hacer cateos, sin la presencia de las autoridades civiles, como ellos dicen que son las órdenes del presidente del país, “es la situación ideal para el abuso”.
El nasavi Fausto Saavedra narró en conferencia sobre su detención. Contó que en el retén, cuando se bajaron todos del autobús para la revisión un soldado le vio las botas, le preguntó si era militar, a lo que respondió que no e inmediatamente le ordenó que se las quitara y ya no le permitió subir.
Explicó que un amigo le regaló las botas cuando le contó que se iba a Estados Unidos a trabajar, porque le pareció que le iban a servir más que cualquier otro calzado.
El titular de Monitor Civil de la Policía, Mario Patrón, precisó que los organismos demandan que no haya impunidad en el caso de Bonfilio Rubio, por lo que reiteró la petición de que sean las instituciones civiles se encarguen de la investigación del crimen.
http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/07/03/index.php?section=sociedad&article=007n1soc
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