Cumple México la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
A 10 años de su violación, recibe Inés Fernández la disculpa oficial
Aunque tengan las autoridades a su lado, no les resolverán nada, dice la agraviada a asistentes
Chilpancingo, 6 de
marzo. Inés Fernández Ortega entró, y los aplausos se oyeron más fuertes
que los anteriores. Diez años después de que emprendió su lucha por
justicia y castigo a los soldados que la violaron sexualmente, el Estado
mexicano, obligado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(Coidh), reconoció su responsabilidad.La acompañaron Obtilia Manuel Eugenio, dirigente de la Organización de Pueblos Indígenas Me’phaa (Opim); su marido, Fortunato Prisciliano Sierra, y el director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
Dos campesinos mayores veían hacia el templete que armó temprano el estado mayor presidencial en la plaza de Ayutla.
–¿Quién viene del gobierno? –preguntó el hombre a quien los años han dejado más huellas.
—Quién sabe quién pendejos venga –contestó el otro.
Antes que Inés, subieron al templete el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré; el gobernador, Ángel Aguirre Rivero; la titular de la PGR, Marisela Morales Ibáñez, y demás funcionarios.
Para el mandatario había mensajes personalizados al comenzar el acto: “Aguirre, asesino de estudiantes, ¡Justicia!”, era una de las tres cartulinas que sostenían brazos de hombres jóvenes en varios puntos del área del acto. Los ojos de Aguirre siguieron la frase y su rostro cambió; Poiré se acercó a su oído, pareció que le preguntaba qué pasaba.
Aun cuando los funcionarios estatales y delegados federales encabezaron el área de asistentes, destacaron los miembros de organizaciones como el Cecop, la Opim, la Crac, el Movimiento Lucio Cabañas Barrientos, la Red Guerrerense de Derechos Humanos, las Brigadas Internacionales de Paz, de los cinco pueblos de Tecoanapa, que ovacionaron a Inés Fernández cuando dijo que no creía, a pesar de que estuvieran ahí, que las autoridades cumplieran.
Tres de las cuatro ocasiones que la Corte ha obligado al Estado a ofrecer disculpas y reconocer su responsabilidad han sido por casos de Guerrero: Rosendo Radilla, Valentina Rosendo e Inés Fernández.
“Señora Inés Fernández Ortega: a usted, a su esposo, Prisciliano Sierra, y a sus hijos Noemí, Ana Luz, Colosio y Nélida, en mi carácter de secretario de Gobernación y a nombre del Estado mexicano, le ofrezco las más sentidas y sinceras disculpas por los hechos ocurridos hace casi una década en los que resultaron gravemente lesionados sus derechos”, dijo Poiré al cumplir la sentencia de la Coidh.
Literalmente exhibidos
¡Inés, Inés, Inés!, se oyó a unísono de los asistentes. Tras un discurso en su lengua (tlapaneco) claro, sin titubeos, apretó los labios, llevó dos de sus dedos de la mano derecha a sus ojos, y lloró por un instante.
“Quiero decirles a todos ustedes, hombres, mujeres y niños, que aunque tengan las autoridades a su lado, no le van resolver nada”, un traductor dijo a nombre de Inés. “¡Tssssssssssssss!”, se oyó de los asistentes, y a algunos de los servidores públicos se les vio pasmar los gestos, y a otros, mover las manos.
“Por ejemplo, el secretario de Gobernación, aunque esté presente y yo quisiera platicar con él, no me permitiría hablar con él porque yo hablo una lengua indígena, hablo tlapaneco”. Fue en ese momento cuando por primera vez el secretario de Gobernación dirigió su vista a Inés Fernández, que hablaba de pie.
De Aguirre también se quejó: “al gobernador quiero decirle que, aunque esté aquí presente, no va a cumplir con las necesidades mi pueblo, precisamente por eso busqué en otros lados justicia, porque realmente aquí no me atendieron”. Las gente movió la cabeza de arriba a abajo, como dando un sí.
Al alcalde de Ayutla, Armando García Rendón, y al secretario general de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, les reprochó que las veces que les buscó, al primero para pedirle una obra de electrificación para su pueblo (Barranca Guadalupe, en ese municipio), y al segundo, la construcción de una escuela, la ignoraron. El secretario y el gobernador sonrieron nerviosamente, y el alcalde prefirió quedarse tal cual, sin gestos. A Aguirre, la mujer indígena le exigió que ahí, delante de ella y de la OPIM como testigo, les firmara los que proyectos que pudiera cumplir.
El Estado mexicano le pidió disculpas públicas a Inés Fernández Ortega por la violación que sufrió de soldados. La indígena aseguró que la militarización en los pueblos no ha parado, que es recurrente que los soldados entren hasta las comunidades vestidos de civil; incluso “andan por aquí”.
Me puede costar la vida
“Cuando los militares violaron a Inés Fernández Ortega, lo hicieron porque ven a la mujer como un botín de guerra; también porque con este acto nos dicen que pueden hacer lo que quieran y no pasa nada porque ellos tienen las armas”. Con eso Obtilia Manuel Eugenio emepezó su particpación en el acto, a sabiendas, dijo, de que lo que denunciaba podría costarle la vida.
–Cuando se levantaron en armas los indígenas zapatistas en Chiapas –agregó–, el gobierno mexicano hizo una guerra para acabar con los pueblos indígenas de México. En nuestro estado, en 1998, los soldados mataron a 11 indígenas mixtecos en la comunidad de El Charco, en este municipio, y los responsables no han sido castigados. También, de manera forzada, esterilizaron a decenas de hombres indígenas en este municipio.
Aguirre sólo frunció el ceño cuando escuchó esta segunda parte de la participación.
La dirigente de la OPIM se quejó de que sus pueblos están abandonados por las autoridades, y no tienen justicia, ni seguridad. De hecho, “lo que estoy diciendo y voy a decir ahora me puede costar la vida: hace todavía siete años, Ayutla era un pueblo muy tranquilo; en 2008, cuando Zeferino Torreblanca era gobernador, él fue el principal represor de nuestra organización y de todo el movimiento social del estado. En su gobierno se estableció la delincuencia organizada, y ésta, junto con policías y militares, formaron grupos de narcoparamilitares”.
Todos ellos, aseguró, son responsables de la muerte de los dirigentes de OFPM, Raúl Lucas y Manuel Ponce, y de Lorenzo Fernández (hermano de Inés), entre otros.
Acusó a los hermanos Remigio Cantú, de El Camalote, Ayutla, de ser “peones” de un grupo paramilitar.
Tlachinollan
“Lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia no se agota con este acto”, asentó Abel Barrera, director de Tlachinollan.
Agradeció a Inés Fernández por haberle permitido acompañarla en su ejemplar lucha de la que, pidió, “empieces a acariciar ese fruto, todavía escaso en Guerrero, que es la justicia; de forma que este acto signifique la reunión de lo que ha permanecido separado, sin armonía, desde el 2002, y traiga para ti y los tuyos una brisa de paz”.
