Concretan autoridades y ONG el cumplimiento del fallo de la Coidh

Inés Fernández y Valentina Rosendo, con acceso a sus expedientes, celebra Tlachinollan

CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )

Chilpancingo, 5 de noviembre. A un año de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) emitiera las sentencias en contra del Estado mexicano por las violaciones sexuales que cometieron militares contra las indígenas me’phaa Inés Fernández y Valentina Rosendo, organizaciones sociales y representantes de la Secretaría de Gobernación trabajan sobre el tema de justicia, educación, reparación comunitaria así como el reconocimiento de la responsabilidad del Estado. A partir de esta fecha, las indígenas podrán tener acceso a sus expedientes, señaló Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan.
Desde hace un año, fecha en que la Coidh notificó las sentencias contra el Estado por las agresiones sexuales, tanto Inés Fernández como Valentina Rosendo, la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM) y Tlachinollan han pugnado por su total cumplimiento.
Las organizaciones acordaron con autoridades del estado establecer una metodología en la que se contemplan siete ejes de trabajo que son justicia, educación y salud; reparaciones comunitarias y políticas públicas; reconocimiento de responsabilidad; reformas legislativas, capacitación e indemnización, trabajos que están coordinados por la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. “Actualmente nos encontramos trabajando en los ejes de justicia; educación y salud; reparaciones comunitarias y políticas públicas y el reconocimiento de responsabilidad”, indicó Tlachinollan.
Sin embargo, lamentó que a un año de que el Estado fue sentenciado “no se han presentado avances sustantivos”, por lo que seguirán pugnando para dejar precedentes que reduzcan los márgenes de discrecionalidad en el cumplimiento de sentencias y recomendaciones emanadas de órganos internacionales de protección a los derechos humanos.
En el comunicado, Tlachinollan resaltó que raíz de la insistencia de las víctimas y sus abogados, se logró que la Procuraduría de Justicia Militar remitiera los expedientes a la PGR, y posteriormente turnados a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, por lo que “partir de que ahora Inés y Valentina tienen acceso a los expedientes, han vuelto a constatar las negativas implicaciones que tiene la extensión del fuero militar en los casos de violaciones de derechos humanos”.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2011/11/06/index.php?section=politica&article=003n2pol