Apremia el Comité Contra la Tortura, de la ONU, a avanzar en el caso Ayotzinapa
Tortura no tipificada como delito, obstáculo para castigarla, critican
Preocupa al organismo la participación de fuerzas armadas en la seguridad pública, según ONG
Integrantes del Comité Contra la Tortura (Cat) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) puntualizaron que es obligación del Estado tipificar el delito de tortura en Guerrero y expresaron urgencia de que se informe sobre los avances del caso Ayotzinapa.
En el comunicado de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, conformada por 73 organizaciones en 21 estados de la República, luego de la sesión de evaluación al Estado mexicano en Ginebra, Suiza, se informó que el comité expresó preocupación porque está vigente la práctica de la tortura en el país, especialmente en el contexto de la participación de las fuerzas armadas en la seguridad pública.
Además, por la vigencia de la figura del arraigo, pues permite la práctica de la tortura en la ausencia de garantías.
En cuanto al caso Guerrero, los expertos hicieron hincapié durante la sesión en que la falta de tipificación de la tortura en el Código Penal constituye un obstáculo para que ese delito se investigue, pues sólo aparece en una ley secundaria, en referencia a la de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Guerrero (Coddehum).
Asimismo, expresaron preocupación por el desconocimiento del Protocolo de Estambul, lo cual permite que persistan los actos de tortura de manera impune, además de la urgencia de informar sobre los avances de la investigación de lo ocurrido en 2011 con los estudiantes de la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.
En la sesión estuvo una delegación de al menos 30 funcionaros públicos del gobierno federal y de otros estados, quienes expusieron de manera inicial, y posteriormente los integrantes del Cat formularon preguntas y observaciones a las situaciones de mayor preocupación.
Puntualizaron que la tortura sigue vigente en todo el país para obtener confesiones de personas detenidas, que se utilizan contra las víctimas en los procesos penales, y que el sistema oral acusatorio que se busca no será eficaz porque se utilizan declaraciones coaccionadas como pruebas de cargo.
Los expertos también cuestionaron al Estado sobre la falta casi absoluta de sentencias firmes por tortura frente al número elevado de quejas por este delito registradas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, además de que los peritos de la PGR que utilizan el Protocolo de Estambul carecen de independencia por depender de la misma fiscalía.
“Las organizaciones mexicanas e internacionales firmantes recordamos que el Estado debe dar cabal cumplimiento a las recomendaciones finales del Comité, mismas que serán publicadas en las próximas semanas, con el fin de empezar a prevenir y erradicar la tortura en el país”, plantearon.
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