Para empresarios ecoturísticos, las leyes ambientales no existen
De cinco años a la fecha devastan cientos de hectáreas de manglares con respaldo oficial
En la isla Montosa, Coyuca de Benítez, no valen acciones de la Profepa ni de la Semarnat
CITLAL GILES SANCHEZ
El exclusivo desarrollo Villas Paraíso Azul no es el único que ha sido edificado a pesar de irregularidades y violaciones a las leyes ambientales, y que a pesar de las denuncias de ambientalistas, las autoridades han pasado por alto tal ecocidio.
Casos como Pichilingue Member’s Deck y Paraíso los Manglares son claros ejemplos de que los intereses de inversionistas están por encima de los ambientales.
El litoral de playa que hay en Guerrero, sobre todo en Acapulco, ha sido codiciado por los inversionistas que ven en la franja de zona federal marítimo terrestre una mina de oro para edificar sus lujosos desarrollos turísticos.
En un recuento de cinco años a la fecha, al menos tres desarrollos turísticos respaldados –según los propios afectados– por autoridades federales y estatales, han devastado cientos de hectáreas de mangle, especie protegida por la Semarnat, así como flora que sólo se encuentra en el lugar y también han acabado con especies marinas.
En 2004 el inversionista Guadalupe Uribe Guevara compró “de manera fraudulenta” varias hectáreas de la isla Montosa, ubicada en Coyuca de Benítez, mejor conocida como la isla de Pioquinto Estévez, ya que durante el periodo del presidente Lázaro Cárdenas del Río se le otorgó la concesión del lugar por 100 años.
En ese entonces Uribe Guevara ordenó devastar poco más de siete hectáreas de árboles frutales como mango, ciruelo y marañona, además de siete hectáreas de manglar tipo botoncillo y candelilla, para crear un muelle para la renta de motos acuáticas.
Por estos daños la Profepa clausuró la obra –que apenas iniciaba con la construcción de una pequeña casa–, pero por órdenes del empresario los trabajadores violaron los sellos y reiniciaron los trabajos.
Sin embargo, a cinco años de lucha de los ambientalistas por evitar la construcción del desarrollo turístico, y ante la omisión de las autoridades del ramo, el exclusivo complejo ya está terminado, y a la fecha no cuenta con Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA).
Según los lugareños, quien está atrás del desarrollo es el ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, quien a avaló la obra durante todo el proceso.
De igual forma sucedió con el desarrollo turístico Pichilingue Member’s Deck, el cual inició sin contar con el MIA, que otorga la Semarnat, y por esa razón la Profepa clausuró la obra.
Otra irregularidad de ese proyecto fue apoderarse de 50 metros mar adentro.
En un recorrido por la zona en julio del año pasado se constató que la construcción contaminaba la bahía con escombros y tierra.
En esa fecha el ahora cesado delegado de la Semarnat, Leonel Lozano Domínguez, reveló que se pondría una demanda penal en la PGR si se comprobaban violaciones a las leyes ambientales, irregularidades que posteriormente se constataron.
Sin embargo, a pesar de la clausura, los empresarios continuaron con la obra, sin importar las insistentes denuncias de las asociaciones pesqueras por la devastación de los bancos ostrícolas y el exterminio de especies marinas como langosta, callo de hacha y pulpo.
El caso que demostró la impunidad de la que gozan los empresarios fue Villas Paraíso Azul, ubicado en Coyuca de Benítez, que a pesar de tener una demanda penal en la PGR por delitos ambientales, está a meses de inaugurarse.
Esta construcción sobre la laguna de Coyuca de Benítez ocasiona severos daños ambientales, y como en los casos anteriores, atrás de dicha obra “está alguien muy poderoso”, como lo afirmaron tanto el ex delegado Leonel Lozano como los propios pescadores del poblado Playa Azul, quienes se quejan de que a pesar de las denuncias que han hecho ante las autoridades federales, éstas no han hecho nada para frenar el ecocidio que se hace en la zona.
Otro caso es Aca Extremo, en la isla La Roqueta, en Acapulco, que se detuvo por la presión de los grupos ambientalistas y la intervención de algunos regidores y diputados locales. Sin embargo, el mismo proyecto pero con el nombre Ix-Extremo, se intentó imponer en la isla Ixtapa, en Zihuatanejo, pero también se logró parar la obra por la lucha de los grupos ambientalistas del municipio.
http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/02/13/index.php?section=sociedad&article=007n2soc
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