Ya no habrá acuerdos políticos con organizaciones sociales; todo se basará en la ley: Ramírez

Ya no habrá acuerdos políticos con organizaciones sociales; todo se basará en la ley: Ramírez



Zacarías Cervantes

Chilpancingo

En las nuevas relaciones del gobierno estatal con las organizaciones sociales, ya no habrá acuerdos políticos y todo será
conforme a las reglas jurídicas y legales, advirtió ayer el encargado de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Guillermo
Ramírez Ramos, y también dijo que hay organizaciones sociales que no han comprobado recursos con los que fueron
beneficiados para proyectos productivos y que con los dirigentes de ellas habrá reuniones y diálogo pero ya no más “apoyos”
hasta que comprueben.
Entrevistado en la oficina en donde despachaba hasta este martes su antecesor en el cargo, Armando Chavarría Barrera, Ramírez
Ramos, dijo sin embargo que no hay nuevas instrucciones del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, “son las mismas, las
usuales; que es cumplir con la competencia que tiene el secretario general que devienen de los ordenamientos legales y la
atención a las organizaciones sociales será la misma que veníamos desempeñando en la Subsecretaría de Desarrollo Político”,
explicó.
En unas oficinas en las que han estado ausentes los grupos sociales en busca de atención a sus demandas en los últimos tres
días, el encargado de despacho de la Secretaría de Gobierno, explicó que lo primero que está atendiendo y de lo que se
encuentra “optimista” porque vislumbra solución es el caso del conflicto agrario entre Las Minitas y Coahuayutla con la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), que hace 45 años construyó en esos ejidos la presa del Infiernillo y ahora todavía hay reclamos por
falta de entendimiento en cuanto a las poligonales.
Pero dijo que la Secretaría de la Reforma Agraria realizó la revisión y en una reunión en Zihuatanejo con los ejidatarios y
funcionarios de la CFE, Reforma Agraria y Gobernación federal, se determinó que sí hay afectación en 280 hectáreas y que
actualmente ya hay una solicitud de la CFE a la Reforma Agraria para iniciar el procedimiento de expropiación para efectos de
poder determinar el valor de la tierra y hacer el pago “y con eso concluiríamos un asunto que se ha venido arrastrando desde
hace algunos años”.
Explicó que el plazo para quedar resuelto el conflicto sería de tres meses a partir de que se haga la solicitud de expropiación.
–¿En cuanto al trato que se le va a dar a las organizaciones sociales seguirá siendo el mismo o hay las instrucciones de algún
cambio?.
–La mecánica de atención es exactamente la misma; el derecho de petición y el derecho de audiencia, y la respuesta será en la
medida de que las peticiones estén debidamente sustentadas.
Y luego, sin pregunta de por medio recordó que “las organizaciones en algunos casos y en periodos pasados quedaron de
comprobar algunos proyectos productivos y de una u otra forma esos registros va quedándoles por ahí un asterisco para efectos
de que no se puedan dar recursos si no han sido comprobados los anteriores”.
–¿En este caso qué organizaciones son las que tienen asteriscos?
–No sabría decírtelo de memoria. Tuvimos la información oportuna a través del secretario general en su momento, información
que le proporcionó Desarrollo Social y tenemos un listado bastante grande, pero eso no obsta para ser atendidos.
–¿Pero cuántas organizaciones son las que no han comprobado?.
–Eran diversas organizaciones, las atendimos en un principio de manera institucional pero tratando de que hubiese orden no
hubo canalización de recursos a quienes no comprobaron los recursos proporcionados con anterioridad por dependencias como
Desarrollo Social y Desarrollo Rural.
–¿Cuál es el monto aproximado que no comprobaron?.
–No recuerdo, pero sí hubo organizaciones que no comprobaron.
En cuanto al caso de los defensores de oficio que dependen de esa Secretaría y que fueron sancionados por la Contraloría, caso
que se ventila en el Juzgado Séptimo de Distrito, y a los que el ex secretario les había venido dando su respaldo, el encargado de
despacho de la Secretaría General de Gobierno, Ramírez Ramos dijo que este será resuelto por las instancias legales, “yo voy a
dejar que sean las instancias competentes las que vayan resolviendo, en este caso los juzgados de distrito o en el Colegiado.
Y luego cuando un reportero le recordó que había un acuerdo político del anterior secretario de Gobierno con los defensores en
el sentido de que no habría acciones legales en su contra pero que la Contraloría estatal no lo respetó, el funcionario advirtió
que: “si llevamos todo a acuerdo político cuestiones de carácter jurisdiccional, tendríamos que privilegiar a algunos cuantos y a
los demás darles el trato de seguir las instancias correspondientes.
“Creo que la ley tiene carácter general a todos, si hay una denuncia sería irresponsable de parte de la Contraloría no iniciar el
procedimiento administrativo. Lo que hay que probar en las instancias es que efectivamente no son responsables de los actos que
se les imputan.
–¿Es decir ya no habrá posibilidad de tomar acuerdos políticos como los que se tomaban en el pasado?.
–Estaríamos en la situación de ser selectivos en cuanto a las acusaciones o señalamientos que se hagan y si se resuelven por
acuerdos políticos se estaría privilegiando a unos y satanizando a otros.


http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=37940