BOLETÍN DE PRENSA
INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA TORTURA EN MEXICO
2009
El 26 de Junio de 1987 marca la entrada en vigor de la Convención de la Organización de las Naciones Unidas Contra la Tortura y Otros Tratos o Castigos Crueles, Inhumanos y Degradantes. Desde 1997 se celebra en todo el mundo -y por cientos de organizaciones comprometidas con el combate a la tortura y con la rehabilitación de sus víctimas- el Día Internacional de Solidaridad con las Víctimas de la Tortura.
• No con el pretexto de proteger la seguridad nacional,
• no para interrogar a supuestos terroristas,
• no para forzar una confesión de un supuesto criminal común,
• ni por cualquier otra razón.
Desde luego que el gobierno mexicano, experto en maquillaje ante la opinión pública internacional, fue uno de los primeros en firmar la Convención Contra la Tortura. Sabemos también que la justicia mexicana es de papel.
Este día 26 de junio, pero de 2004, nació el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI). Hoy 26 de junio de 2009, queremos honrar a l@s sobrevivientes de la tortura, así como la memoria de los ejecutados durante la misma.
En estos 5 años el CCTI entró en un remolino de actividades, tanto para la documentación de la tortura como para la atención a l@s sobrevivientes y sus familiares. Si bien durante la llamada “guerra sucia” de la década de los años 60 del siglo pasado el gobierno mexicano lanzó una campaña de tortura y terror sin precedentes, en los últimos años ha hecho lo mismo, pero ahora violando los convenios internacionales que ha firmado, los que tienen - de acuerdo con la insólita ley mexicana - “un valor inmediato inferior a la Constitución”, aunque están por encima de las leyes generales de la federación.
Debemos informar, de acuerdo con otras organizaciones independientes de defensa de los derechos humanos, que estos dos crímenes de Estado - la tortura y la impunidad - se han convertido en el pan de cada día (una catástrofe), en especial para las luchadoras y los luchadores sociales, para los pueblos indígenas y para los pobres, que suman más del 70% de las mexicanas y los mexicanos y a los que el gobierno ha bautizado con el nombre de “población vulnerable” porque la vulnera, la lastima. Indígenas, mujeres, trabajador@s del campo y de la ciudad, luchador@s por el derecho al trabajo, a la tierra, al agua, a la salud, a la educación y al derecho a la información, han sido sometid@s a la tortura, a veces selectiva, a veces masiva, y con ello al terrorismo de Estado. Nuestra modesta organización, el CCTI, ha atendido más de doscientos alegatos de tortura desde su creación a la fecha. Sabemos que hay muchos casos más, que no se denuncian por miedo o por falta de acceso a una institución que haga algo más que recibir “quejas” o “tergiversar” la información.
Muchos países firmantes de la Convención, entre ellos México, continúan practicando sistemáticamente la tortura, bajo el pretexto de estar protegiendo intereses nacionales, pero en realidad lo que hacen es inculcar el miedo en la sociedad con la intención de suprimir la legítima lucha política.
La actual administración calderonista ha mostrado su negligencia y desprecio por los Derechos Humanos, así como su vocación por la continuidad y el aumento de la tortura, en manos de las fuerzas militares y la impunidad de los mismos:
Por un lado firmó el Protocolo Facultativo, un mecanismo internacional que busca prevenir la tortura mediante un sistema de visitas a todo lugar de detención. Y en la práctica encargó el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura a la CNDH supuesta defensora del Estado de Derecho, pero que en realidad aplica el Derecho del Estado, (Ver al respecto el informe y ulterior debate de HRW). Además puso a la cabeza de la “prevención” a una comisión de perpetradores formada por las Secretarías de la Defensa, de Seguridad Pública y de Gobernación, así como por la Procuraduría General de la República. Con ello nulificó la aspiración legítima de muchos organismos de la sociedad civil a que pudiera crearse un verdadero Mecanismo de Prevención de la Tortura y no otra vez más una visitaduría de centros penitenciarios con funciones ampliadas, siempre cómplices. Con lo cual el gobierno mostró su profundo desprecio a los defensores de los derechos humanos, a quienes hostiga y persigue, promoviendo a la vez la impunidad de los actos castrenses con la manutención del fuero militar.
Por el otro lado mantiene en las calles la presencia militar con el doble discurso de estar “enfrentando a la delincuencia organizada” con grandes operativos y balaceras entre el ejército y el narco, que no acaban por frenar la inseguridad del país pero que si aumentan la violencia y la criminalización de las organizaciones sociales y políticas, de sus líderes e integrantes, que sufren la represión con detenciones ilegales, tortura, desapariciones forzadas y asesinatos, cometiendo violaciones de lesa humanidad y sembrando el verdadero terrorismo de Estado. Durante el gobierno de Calderón la tortura se ha continuado aplicando por las diversas fuerzas policíacas pero la permanencia del ejército fuera de los cuarteles ha hecho que éste sea actualmente el que más la utilice, existiendo un gran número de quejas en la CNDH por actos cometidos en contra de civiles; según cifras de la CNDH del primero de enero de 2000 al 31 de diciembre de 2008 el número de quejas contra militares ascendió a 2,966 por diversos atropellos a varias garantías. En 2008 de 5,921 expedientes de queja en la CNDH, la SEDENA ocupó el primer lugar con 633 quejas, así como el primer sitio en número de recomendaciones, con 14 de las 67 que emitió. Entre las cifras relacionadas con la “tortura negada” están: 655 detenciones arbitrarias y 588 por trato cruel.
Además se ha hecho visible que los estados de la República Mexicana que más enfrentan esta violación de lesa humanidad son los más pobres (Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán) y también los que forman la frontera Norte del país (Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas).
La falta de respeto hacia los derechos humanos es el sello característico del actual desgobierno, comprometido con los intereses de los vecinos del Norte del país -terrorismo de estado, saqueo de los recursos naturales, destrucción del medio ambiente - quienes se dan baños de pureza como paladines de las democracias y que supuestamente promueven los derechos humanos desde Abu Ghraib hasta Guantánamo.
La militarización que viene viviendo Chiapas con la consiguiente paramilitarización hace que los delitos de lesa humanidad sean una constante, de igual manera el estado de Guerrero vive la militarización -particularmente en Ayutla, en las comunidades Mephaa y la Sierra de Petatlán- lo que significa la ocupación militar interna, una de las consecuencias derivadas de la política de “seguridad nacional”. Seguridad para los inversionistas, para la construcción de megaproyectos que pretenden ahogar a las culturas y tradiciones ancestrales en mega-embalses como el que pretende construir la CFE en La Parota. Las detenciones ilegales y agresiones a la Policía Comunitaria de la Montaña han sido la constante para frenar su accionar y deslegitimar su presencia como forma de autodefensa de la comunidades indígenas en Guerrero. Ante tales injusticias, el Código Penal del estado de Guerrero no establece a la tortura como figura delictiva.
El CCTI se ha comprometido desde su creación en 2004 ha documentar casos de tortura en diversos estados del país, además de llevar a cabo actividades de visitas médico-psicológicas en los diversos penales del país y capacitar a profesionales de la salud, el derecho y otros afines sobre documentación de la tortura y aplicación del Protocolo de Estambul.
Finalmente, nos sumamos a los llamados internacionales de Declaración Global contra la Tortura del International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT por sus siglas en inglés):
“Hacemos un llamado a todas las instituciones de las Naciones Unidas para que denuncien clara e imparcialmente a todos los estados que practiquen la tortura. Y hacemos un llamado a tod@s l@s ciudadan@s, comunidades y organizaciones de base para que impulsen la ratificación universal de la Convención y para que aseguren que sus estados la acaten y pongan fin a la ilegal y horrenda práctica de la tortura de una vez y para siempre.”
Y de la Red Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de la Salud contra la Tortura, la Impunidad y otras Violaciones a los Derechos Humanos en el sentido de que:
“Exigimos a los gobiernos latinoamericanos a iniciar una campaña para eliminar total y radicalmente la práctica de tortura, sancionar a los torturadores, brindar atención médica y psicológica a las víctimas, reparar y compensar los daños causados a las víctimas, sus familias y comunidades, dar instrucciones a todos los funcionarios y funcionarias de los cuerpos de seguridad (policiales y militares) sobre la absoluta prohibición de la misma y tomar todas las medidas necesarias para erradicarla.”
“Al gobierno de los Estados Unidos a cerrar definitivamente la base militar en Guantánamo (Cuba) y la Escuela de las Américas (WHINSEC en Fort Benning, Georgia, Estados Unidos) odiosos símbolos de la tortura en el continente como antes fueron Villa Grimaldi en Chile y la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) en Argentina (ya clausuradas), así como sancionar a los torturadores y prohibir su práctica en interrogatorios y prisiones.”
“Solicitamos también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que nombre un Relator Especial Contra la Tortura para que realice una revisión permanente del estado de los avances y recomendaciones para erradicar esta horrible práctica en el continente y cumpla con el artículo 17 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura..”
México DF a 26 de junio de 2009
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