México en el banquillo de la justicia internacional

México en el banquillo de la justicia internacional



José Díaz Briseño / Agencia Reforma

Washington

A 10 años de su incorporación como miembro integral del sistema interamericano, México enfrenta en el 2008 su más dura prueba ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En tan sólo el lapso de un año –marzo de 2007 a marzo de 2008– tres casos de presuntas violaciones a los derechos humanos –uno de los cuales ya fue resuelto– pasaron de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
Acostumbrada a echar mano de todos los medios jurídicos para evitar que las quejas ante la CIDH se transformen en demandas ante la CorteIDH, la diplomacia mexicana ha hecho saber ya su molestia por los recientes acontecimientos, según defensores.
“México está reaccionando contra la Comisión”, advierte Soraya Long, directora para Mesoamérica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la principal organización litigante y pionera en el uso del sistema interamericano.
Constituida por siete comisionados y una Secretaría Ejecutiva, la CIDH únicamente había demandado a México en una ocasión ante la CorteIDH, en el caso por tortura de Alfonso Martín del Campo Dodd, que terminó siendo desechado en 2004.
De acuerdo con la sentencia de la CorteIDH, el caso Martín del Campo no pudo ser escuchado por el tribunal porque los hechos denunciados ocurrieron previamente a la fecha en que México aceptó su jurisdicción obligatoria, en diciembre de 1998.
Pero este año, la CIDH emplazó para que México responda ante la CorteIDH por los homicidios de tres mujeres en Ciudad Juárez; la impunidad en la desaparición del ciudadano guerrerense Rosendo Radilla, ocurrida en 1974 durante la llamada guerra sucia, y la violación de los derechos políticos de Jorge Castañeda.

El auge de la transición

Considerado como uno de los Estados que más contribuyen financiera y políticamente al funcionamiento de la CIDH, México culmina con el desahogo de estas tres demandas un lento proceso de apertura al escrutinio iniciado a fines de los años noventa.
Creada en 1959 como parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la CIDH ganó competencia formal para emitir recomendaciones sobre México en 1981, cuando el país ratificó la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Pero en el imaginario nacionalista del sistema autoritario del PRI, el régimen y algunos sectores de la sociedad veían con suspicacia la vigilancia en derechos humanos, pues consideraban que la CIDH era un brazo político de Estados Unidos.
Fue hasta fines de los ochenta cuando el PAN acudió ante la CIDH para denunciar irregularidades electorales en el norte del país y permitió que la Comisión emitiera sus primeras recomendaciones relevantes sobre México.
“Fue el inicio por parte de la sociedad civil mexicana de tratar de utilizar al sistema interamericano para producir cambios en México”, explica el abogado argentino Santiago Cantón, secretario ejecutivo de la CIDH desde el año 2001, “creo que fue importante para la Comisión Interamericana tener un rol en ese aspecto y fue importante para la sociedad civil a pesar de que el gobierno no cumplió con las recomendaciones de la Comisión”.
Los gobiernos del PRI tardarían aún años en atender las denuncias ante la CIDH, que poco a poco irían en aumento a medida que la sociedad mexicana dejó de verla como un órgano de intervención estadunidense.
“Las organizaciones mexicanas que había todavía tenían recelo al sistema interamericano”, dice Ariel Dulitzky, profesor de la escuela de leyes de la Universidad de Texas en Austin y un litigante pionero en los noventa.
La estrecha y creciente relación de México con la CIDH justo en su etapa de transición a una democracia electoral quedó reflejada en el número de quejas presentadas por la sociedad civil en esos años, que llegaron a 38 en 1999 y a 43 en el 2000.

Los años de Fox

La inicial apertura foxista a los organismos internacionales –como la instalación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la creación de un Plan Nacional en la materia– impulsó el activismo hacia la CIDH.
Aun cuando fuera de corta duración, las respuestas del gobierno mexicano a los pronunciamientos de la CIDH fueron más profesionales y en algunos casos se hizo un intento por cumplir con quejas, como la liberación del general Francisco Gallardo.
“Muchas veces esa seriedad que México demuestra ahora ante el sistema interamericano en Washington no se ha traduce en políticas internas”, opina Eduardo Bertoni, director de la Fundación para el Debido Proceso Legal.
Aun cuando en el caso Gallardo encontró un resquicio legal para sacarlo de prisión en el 2002, y así cumplir parcialmente con la CIDH, el gobierno no ha resuelto el tema de fondo sobre la libertad de expresión al interior de las Fuerzas Armadas.
En un estilo similar, en diciembre de 2001 –y también siguiendo una petición de la Comisión Interamericana– el gobierno ordenó liberar a los campesinos guerrerenses Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, presos bajo tortura en Iguala.
“Hay un sinnúmero de cosas en las cuales México a nivel interno no ha progresado, pero sí ha manifestado externamente, sobre todo en la primera parte del gobierno de Fox, una apertura internacional a los derechos humanos”, dice Bertoni.
Retrocesos con Calderón

La Comisión enfrenta un rezago acumulado de más de 14 mil peticiones de juicio contra países del continente –704 de las cuales corresponden a México–.
Según la secretaría ejecutiva, los derechos más alegados en las peticiones contra México son: violaciones al debido proceso, tortura durante el arresto, aprobación de confesiones bajo tortura y la jurisdicción militar para juzgar derechos humanos.
Luego de haber librado el juicio ante la CorteIDH por el caso de tortura de Martín del Campo Dodd en 2004, México enfrenta 19 casos de años previos en etapa de análisis de fondo y que después de diligencias tienen posibilidad de ir al tribunal.

Ciudad Juárez y caso Radilla

En los casos del Campo Algodonero y Rosendo Radilla, donde México pidió una solución amistosa, los peticionarios aseguran que ésta no se dio porque pasó mucho tiempo sin que se hiciera justicia.
“En nuestro caso el Estado refiere que la Comisión no hizo lo suficiente para llegar a una solución amistosa”, advierte Sonia Torres, directora del Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer en Juárez, quien lleva el caso Campo Algodonero.
“Pero la Comisión nos preguntó en repetidas ocasiones y la respuesta siempre fue que no estábamos en una posición de aceptar esa propuesta. Las familias de forma muy contundente se refirieron al caso como que ellas no estaban dispuestas a una solución amistosa. Las familias tienen muy claro que buscan justicia”, agrega.
Presentada desde 2002, la petición para esclarecer la desaparición de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos fue admitida hasta mayo de 2005, a partir de lo cual empezó la etapa de fondo que concluyó en noviembre de 2006 con la demanda de la Comisión ante la CorteIDH.
Con la misma severidad, los abogados que lideran el litigio del caso Radilla ante la Comisión y ahora la Corte, concluyen que la CIDH fue de hecho muy prudente en los tiempos para que México diera algún resultado de justicia eficaz y que incluso le dio años hasta ver que no iba a ocurrir nada.
“En el caso de Rosendo se envía la petición en el 2001 y se admite en octubre de 2005. Realmente al principio el proceso no fue rápido, por el hecho de existir una Fiscalía Especial justo de 2001 al 2006”, comenta María Sirvent, directora de Justicia Transicional de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) .
“Uno de los requisitos (para llegar a la Corte) es el agotamiento de los recursos internos. Creo que la CIDH quería darle al Estado una oportunidad de si esa Fiscalía iba a funcionar o no.
“No es hasta que cierra la Fiscalía cuando la Comisión Interamericana ya emite el informe de fondo porque ya es agosto de 2007, luego de menos de un año que la Fiscalía cerrara, en noviembre de 2006”, explica Sirvent.
Para los peticionarios, el envío a la Corte está justificado, además de los años de espera, por representar hechos paradigmáticos que darían luz a dos situaciones de crisis, como la violencia contra mujeres en Ciudad Juárez y la guerra sucia de los setenta.

Futuras demandas

Haciendo más abultada la carpeta de asuntos atrasados de la CIDH –en medio de un complejo proceso de reforma–, alrededor de 215 nuevas peticiones contra México fueron ya presentadas en 2007, a las que se sumarán las que lleguen en 2008.
Con asuntos pendientes de revisión como la discusión sobre el acceso a las boletas electorales de la elección federal de 2006 –solicitadas por Proceso y Fundar— la probabilidad de nuevos asuntos que lleguen a la CorteIDH también aumenta.
Otros expertos opinan que a pesar de que México envíe más recursos monetarios para apoyar el sistema interamericano y trate con seriedad a sus órganos, la ausencia de reforma delata una doble careta del Estado.
“Es una situación del doctor Jekyll y Mister Hyde: una cara frente a lo que es la comunidad internacional, pero una política distinta a los propios mexicanos y mexicanas”, concluye Bertoni.



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