jueves, 1 de diciembre de 2011

EDITORIAL

EDITORIAL

ZIHUATANEJO, EN TENSIÓN
Las movilizaciones de pescadores, ambientalistas, empresarios y ciudadanos en general para revocar la concesión que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) otorgó a una empresa, Fonatur Operadora Portuaria SA de CV, para administrar el recinto portuario de Zihuatanejo y construir un muelle en Barra de Potosí, del vecino municipio de Petatlán, no han conseguido hasta ahora ningún resultado.
Lejos de ello, ha prevalecido la tensión y la impunidad. Aunque se trata de una empresa privada –sólo el nombre corresponde a una instancia del gobierno federal–, la concesionaria ha contado con todo tipo de apoyo y el disimulo de los gobiernos municipales de Zihuatanejo y Petatlán, así como el silencio del gobierno estatal.
Los alcaldes Alejandro Bravo Abarca y Albino Lacunza Magaña han expresado públicamente un rechazo a la concesión pero esa postura no se ha traducido en una lucha real contra ella; en tanto, el gobierno del estado, a través del subsecretario de Asuntos Políticos, Víctor Aguirre Alcaide, incluso envió (o dijo haber enviado) a la SCT una solicitud de revocación de la concesión, pero tampoco ha ido más allá.
Otro que ha respaldado la lucha es el diputado federal Armando Ríos Piter, pero al igual que los demás, ese respaldo sólo ha quedado en meras declaraciones hasta ahora.
El resultado es inequívoco: según denunciaron los pescadores, la empresa ya comenzó a cerrar los accesos a la playa, empezando con el cierre del estacionamiento público del muelle, que es la principal vía para llegar al mar.
Para ello ha contado con el respaldo, según los propios lugareños, de policías y marinos, lo que habla de que mientras las autoridades declaran no avalar la concesión, en realidad le están dando un apoyo efectivo.
El problema es que este asunto está generando un foco de tensión en los dos municipios, como se observa en la declaración de los campesinos, en el sentido de que si la empresa coloca una pluma para impedir el acceso al estacionamiento, ellos la quitarán. Hay una razón intrínseca en esta postura: las playas son propiedad de la Nación, es decir, de todos.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2011/11/29/index.php?section=opinion&article=002a1soc

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