La rebeldía cumple 5 años como sistema de gobierno.

De La Redacción (Excélsior)

Desconocen a la autoridad establecida, tienen su propio aparato de justicia y son leales al zapatismo... son los municipios autónomos

Desde finales de 1994 y principios de 1995, el EZLN dio a conocer en un comunicado la existencia de municipios autónomos rebeldes. Pero no fue sino hasta agosto de 2003, luego de la aprobación de la ley indígena que ignoró los acuerdos de San Andrés, cuando los zapatistas informaron oficialmente sobre la integración, organización y gobierno de sus comunidades de base integradas a 32 municipios autónomos, que a su vez estarían coordinados por cinco Juntas de Buen Gobierno instaladas en igual número de sedes conocidas como Caracoles.

Su funcionamiento se dio a conocer a través de la serie de comunicados conocidos como la Treceava Estela, que delineó como responsabilidades de las JBG, las siguientes: contrarrestar el desequilibrio en el desarrollo de los municipios autónomos y de las comunidades; mediar en los conflictos que pudieran presentarse entre municipios autónomos, y entre estos y los municipios gubernamentales; atender las denuncias contra los concejos autónomos por violaciones a derechos humanos, protestas e inconformidades, investigar su veracidad, ordenar a esos cabildos la corrección de estos errores y vigilar su cumplimiento; atender y guiar a la sociedad civil nacional e internacional para visitar comunidades, llevar adelante proyectos productivos, instalar campamentos de paz, realizar investigaciones que dejen un beneficio a las comunidades y cualquier otra actividad permitida en zonas rebeldes.

Los municipios autónomos tienen, por lo regular, un ‘consejo autónomo’ integrado por cuatro personas, elegidas entre representantes de las distintas comunidades que constituyen el municipio autónomo. Como regla general operan un registro público, un cuerpo encargado de la administración de justicia y resolución de conflictos (Honor de justicia), y comités responsables de las áreas más importantes de trabajo: educación, salud, producción y comercialización, y tenencia de la tierra. Las autoridades e integrantes de dichos comités provienen de las distintas comunidades asociadas al municipio autónomo.

Las Juntas de Buen Gobierno se forman con representantes de cada uno de los consejos autónomos que integra y su gestión es rotativa. La asiste un Comité de Vigilancia que recibe a todos los que acuden a los Caracoles para ofrecer ayuda, buscar información o solicitar permiso para la vista de los municipios autónomos.

En materia de administración de justicia y resolución de conflictos, la JBG es complementaria a los municipios autónomos, y retoma los casos que no se han podido resolver a los niveles inferiores. En salud y educación tiene, sobre todo, un papel de coordinación y planeamiento.

Los municipios autónomos se mantienen en buena parte con recursos propios. Las autoridades y los integrantes de los comités no reciben remuneración alguna por sus servicios y con frecuencia tienen que pagar sus propios gastos de pasaje.

En muchas comunidades, parte de los gastos de operación y apoyo a sus representantes salen de los llamados “colectivos” (de producción agraria o tiendas cooperativas). En la captación de recursos contribuyen ONG y grupos solidarios, los cuales también apoyan en la construcciones de clínicas y escuelas, sistemas de agua potable, proyectos, cursos, y pequeños aportes de efectivo