COMUNICADO DE PRENSA DE LA CMDPDH

EN BUSCA DE RESTOS HUMANOS: 
REPORTE DE CONCLUSIONES


• Pese a que la pesquisa no consiguió el hallazgo de fosas clandestinas, debe resaltarse que la parte excavada representa apenas el 1% de la superficie total que ocupaban las instalaciones del cuartel militar de Atoyac.

• La CMDPDH impulsará una acción urgente entre organizaciones nacionales e internacionales en la cual se plantee al Ejecutivo federal la necesidad y la urgencia de continuar con la excavación de trincheras de forma sistemática en toda la superficie ocupada por el ex cuartel militar en Atoyac de Álvarez.


ATOYAC DE ÁLVAREZ, GUERRERO.- Del 12 al 27 del presente mes, tuvo lugar en Atoyac de Álvarez, Guerrero, la primera serie de excavaciones en la llamada Ciudad de los Servicios (donde anteriormente se asentaba el cuartel militar de la región) con el objeto de encontrar restos humanos de campesinos y presuntos guerrilleros desaparecidos durante la guerra sucia de los años setenta.

Esta diligencia ministerial forma parte de la averiguación previa No. SIEDF/CGI/454/2007, que acumula 122 casos de desaparición forzada (entre los cuales se encuentra el del líder comunitario Rosendo Radilla Pacheco), y es actualmente objeto de investigación por parte de la Coordinación General de Investigaciones de la Procuraduría General de la República.

En el procedimiento participaron arqueólogos y antropólogos forenses, peritos en criminalística de campo y, por parte de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH), Claudia Bisso, miembro del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), así como María Sirvent Bravo-Ahuja, coordinadora del Programa de Justicia Transicional de la CMDPDH y representante legal de la familia Radilla Martínez.
Pese a que la pesquisa no consiguió el hallazgo de fosas clandestinas, debe resaltarse que la parte excavada representa apenas el 1% de la superficie total que ocupaban las instalaciones del cuartel militar de Atoyac. Además, se penetraron las áreas que servían de uso cotidiano a los militares; es decir, la cocina, los baños y los dormitorios, lo cual constituye, de acuerdo con criterios antropológicos, de usos y costumbres, y de lógica elemental, un espacio poco idóneo para el enterramiento de cuerpos pues, a decir de la antropóloga miembro del EAAF, “nadie entierra a un ejecutado cerca de donde duerme, come o se baña”. 

Los pasados 1 y 2 de febrero, por recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado mexicano en el sentido de dar con el paradero de Rosendo Radilla Pacheco, se practicó en esta misma zona un escaneo con georradar que arrojó lecturas evidenciando irregularidades en las capas no superficiales del terreno. No obstante, miembros del Equipo Mexicano de Identificación Humana, que participaron en aquella ocasión como peritos de la coadyuvancia, habían advertido ya lo que durante la presente diligencia confirmó la antropóloga Bisso: la poca probabilidad de hallar restos humanos en dicha zona. Este peritaje independiente fue presentado en su oportunidad al ministerio público, incluyendo la recomendación de escanear los alrededores del ex cuartel militar por constituir, éstos sí, espacios idóneos para el enterramiento de cuerpos. 

Las excavaciones de julio respondieron a los lugares señalados por familiares de desaparecidos con base en rumores de la población y no estuvieron exentas de irregularidades. Una de ellas fue la prohibición por parte de agentes de la Procuraduría General de la República para que la antropóloga Claudia Bisso tomara fotografías del procedimiento. Más adelante, se hizo manifiesto el consenso y la petición de todos los peritos participantes en la diligencia en el sentido de utilizar maquinaria pesada para darle celeridad a los trabajos y abarcar una superficie mayor de terreno, propuesta que fue desechada por el Procurador Eduardo Medina Mora aduciendo falta de recursos y la imposibilidad de modificar la metodología planteada originalmente. En virtud de lo anterior, los trabajos se hicieron a pico y pala, lo cual, aunado a las fuertes lluvias, constituyó un desgaste adicional para los excavadores y un obstáculo difícil de sortear.

Mención aparte merece el hecho de que los familiares de desaparecidos fueron objeto de intimidación por parte de los Agentes Federales de Investigación (AFIs) encargados de resguardar la zona. Constantemente eran hostigados al con preguntas sobre a dónde se dirigían y eran seguidos por los agentes mientras éstos hacían sonar sus armas. El pasado viernes 25, dos helicópteros sobrevolaron rasando la zona donde se encontraban los familiares, en una forma no muy distinta a lo vivido en los años setentas. 

La CMDPDH hace hincapié en la trascendencia histórica de esta diligencia por medio de la cual fue posible, por primera vez en treinta años, excavar el terreno que ocupó un cuartel militar en donde, según numerosos testimonios de pobladores y detenidos de la época, se torturó y ejecutó a líderes comunitarios, campesinos y presuntos guerrilleros en el contexto de una guerra sucia del Estado mexicano contra los movimientos sociales. 

Lo anterior ha quedado plenamente acreditado en el informe de fondo emitido por la CIDH en agosto pasado, en relación con la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, líder social de la región que trabajó en beneficio de su comunidad mediante la construcción de escuelas y hospitales, quien fuera detenido y visto en público por última vez en un retén militar a manos de efectivos de las fuerzas armadas. En virtud de lo anterior, este caso ha pasado a jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se espera que, a más tardar el año entrante, tenga lugar la primera audiencia para determinar la responsabilidad del Estado mexicano en estos acontecimientos y conseguir con ello una sentencia vinculante que obligaría a esclarecer los hechos, sancionar a los responsables, reparar el daño causado a la familia, la comunidad atoyaquense y la sociedad en general, y adoptar medidas de no repetición que incluirían transformaciones estructurales, legislativas y de política pública que, entre otras cosas, permitirían contar con un recurso efectivo y adecuado en casos de desaparición forzada.

La sociedad mexicana y los familiares de los desaparecidos tienen derecho a conocer la verdad histórica de lo acontecido durante la guerra sucia de los años setenta, y contar con garantías suficientes para que estas violaciones no vuelvan a repetirse. Así mismo, el Estado tiene la obligación de sancionar conforme a derecho a quienes incurrieron en dichos crímenes de lesa humanidad.

Por tanto, la CMDPDH exhorta al gobierno federal a continuar con las investigaciones que permitan conocer el paradero de los más de 300 casos de desaparición forzada documentados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su recomendación 26/2001 y por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) en su Informe Histórico a la Sociedad Mexicana de 2006. Dicha investigación tendrá que ser efectiva y, en el caso de Atoyac, apoyarse en partes de inteligencia de la época, fotografías aéreas de la zona en la que se asentaba el cuartel militar, así como en los planos de la instalación castrense y testimonios de los soldados que ahí sirvieron. 

Para ello, la CMDPDH impulsará una acción urgente entre organizaciones nacionales e internacionales en la cual se plantee al Ejecutivo federal la necesidad y la urgencia de continuar con la excavación de trincheras de forma sistemática en toda la superficie ocupada por el ex cuartel militar en Atoyac de Álvarez, incluyendo las zonas que hoy día ya no pertenecen al municipio, que se vendieron y donde se construyeron casas nuevas, con el objeto de despejar la duda fundada en torno a la existencia de posibles fosas clandestinas. En todo caso, las excavaciones tendrán que hacerse con maquinaria pesada como lo autorizan los estándares internacionales en materia de antropología forense.

Por su parte, continuará con el litigio del caso Radilla ante la Corte Interamericana esperando obtener un acuerdo que abra la puerta a la justicia transicional en México. 

Estas acciones se inscriben en una lucha más amplia por la construcción de un auténtico Estado de Derecho en México, en el cual prive el respeto y garantía de los derechos humanos como eje rector de todas las políticas gubernamentales. 

Un verdadero régimen democrático exige el esclarecimiento de los crímenes pasados, la justicia y la verdad histórica, en el entendido de que, como ha establecido la Corte Interamericana en diversas jurisprudencias, conocer la verdad tiene un carácter social indispensable para garantizar la gobernabilidad en una sociedad democrática, a través de la confianza que las instituciones y sus titulares construyen para bien de los gobernados y del propio Estado.



Para mayor información, comuníquese con:
Alejandro Juárez Zepeda
Director de Comunicación
Móvil – 0445536662043






FE DE ERRATAS

 

Por un lamentable error, en el comunicado con las conclusiones de la diligencia ministerial realizada en Atoyac de Álvarez en días pasados, pusimos que la excavaciones se llevaron a cabo del 12 al 28 de julio, cuando en realidad empezaron desde el 7 de julio. Ofrecemos una disculpa a nuestros companeros de los medios de comunicación.