lunes, 15 de octubre de 2012
Figueroa no serán castigado crímenes de la guerra sucia, teme Ranferi Hernández
El ex gobernador, parte de “un grupo de élite que jamás han sido tocado”, reclama
Figueroa no serán castigado crímenes de la guerra sucia, teme Ranferi Hernández
Chilapa, 14 de octubre. El dirigente del Movimiento Social de Izquierda (MSI), Ranferi Hernández Acevedo, consideró que más allá de los resultados que arroje la Comisión de la Verdad (Comverdad), los integrantes de la familia Figueroa no serán castigados porque “son un grupo de élite que jamás han sido tocado”.
Sin embargo, confió en que la Comverdad hará bien su trabajo en la investigación de los crímenes que se dieron en la década de 1970 en Guerrero.
En este espiral de declaraciones que ha provocado la opinión del ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer sobre los trabajos que realiza la Comverdad, los cuales consideró como ociosos, el ex dirigente estatal del PRD señaló que pese al “buen trabajo” de la instancia creada expresamente para investigar los crímenes (desapariciones forzadas, asesinatos, tortura) cometidos por la policía y el Ejército en laguerra sucia, no se castigará a los Figueroa.
–¿Cree que los Figueroa influyan en los trabajos de la Comverdad? –se le preguntó.
–No creo, yo le dejo el beneficio de la duda, que demuestren con su trabajo.
“Creo firmemente que van a realizar un buen trabajo los integrantes de la Comisión de la Verdad. Pero más allá de los resultados que puedan arrojar, lo que si no creo es que castiguen a los Figueroa porque ha sido un grupo de élite que jamás ha sido tocado”, dijo.
En ese sentido, Hernández Acevedo aseguró que continúan sin aclararse ni castigarse desapariciones como la de Rosendo Radilla, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) por este caso recomendó al Estado mexicano resarcir los daños. “El gobierno de Felipe Calderón sólo tendió cortinas de humo”, criticó.
En un caso “actual y paradigmático” en el que no ha habido castigo, Ranferi Hernández se refirió al déficit financiero en que dejó la administración municipal de Acapulco, el gobierno que encabezó el priísta Manuel Añorve Baños: “Si nos remitimos a un hecho que hoy se pregona en todos los medios, es el saqueo que hizo Manuel Añorve en el ayuntamiento, el enorme endeudamiento, no hay nada. No hay voces que clamen una investigación y que se haga justicia en torno a ese caso. Entonces si en una cuestión menor, no se está planteando una investigación, un castigo, en una cosa mayor menos”, lamentó.
El integrante de la familia Figueroa que participó en la guerra sucia fue Rubén Figueroa Figueroa, gobernador de Guerrero de 1975 a 1981, es decir, durante cuatro años de los 10 que investigará la Comverdad.
En su mandato, Figueroa Figueroa nombró como jefe policiaco en el estado al general Mario Arturo Acosta Chaparro Escápite, a quien la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), creada en el gobierno de Vicente Fox, le integró una averiguación previa por su participación y tortura y asesinato de 143 personas, junto con un general más y un capitán del Ejército mexicano. Acosta Chaparro fue asesinado cuatro días después de que se integró la Comverdad.
España encarcela sus ciudadanos como nunca desde Franco
España encarcela sus ciudadanos como nunca desde Franco
Adital
España es el tercer país europeo con mayor hacinamiento en sus cárceles. Lo documenta un informe de la XXX Conferencia de Ministros de Justicia del Consejo de Europa, que se celebró en Estambul. Ese hacinamiento significa que hay 162 presos por cada cien mil habitantes, cuando en Alemania hay 95 por cada cien mil, 85 en Francia y 121 en Portugal. Demasiados presos en el Reino de España. Más que en cualquier época de su historia reciente, excepto los primeros años de la dictadura franquista.Con la crisis, aumentaron los delitos violentos en el 2011. Algunos asesinatos, secuestros y atracos más que en el 2010, según la memoria anual de la Fiscalía General del Estado, aunque menos que en el 2009. Pero lo que llena las cárceles son los delitos de los pobres, de los de abajo y, especialmente, los relacionados de un modo u otro con el tráfico de droga.
Una radiografía de esa delincuencia puede verse en cualquier cárcel provincial española. Cárceles de pobres, de desesperados, habitualmente en medio de la nada, donde los presos acumulan 30, 40 o 50 causas penales por hurto, robo, lesiones, tirones, contrabando o venta de heroína, cocaína, hachís u otras drogas… En la jerga carcelaria son los gremlins. Pobres sin remedio, a los que el delito no saca de la pobreza. Presos ligados a la prisión, con salidas y entradas constantes. Sor Genoveva, una monja católica de 88 años, que hace casi 70 va a las cárceles de Barcelona para escuchar a los presos y ayudarlos, no tiene la menor duda: “Siempre es la gente más pobre la que está en la cárcel”. Sabe de qué habla.
Gente que paga caros sus delitos. A quien cogen contrabandeando un kilo de cocaína, le caen ocho o nueve años de cárcel. Pero, dos importantes financieros españoles, por ejemplo, condenados por el Tribunal Supremo como autores de estafa y falsedad en la venta de un solar de Madrid, no fueron a la cárcel por una discutible y discutida interpretación de la prescripción por el Tribunal Constitucional, que los soltó. Aunque, como escribió quien fue teniente fiscal de Barcelona, José María Mena, “fueran efectivamente estafadores y falsarios”. Mena dice que “también merece ser recordado el beneficio de 200 millones de pesetas (120 mil euros) conseguido por Alierta (presidente de la multinacional Telefónica) por una información bursátil privilegiada de carácter reservado, que era delito, pero quedó impune al amparo de la prescripción”.
No es excepción que los ricos escapen del castigo por sus delitos económicos por la discutible utilización de la prescripción, la institución jurídica que dice que pasado cierto tiempo algunos delitos ya no puedan ser juzgados. Pero, prescripción aparte, hay más delitos que hacen daño a mucha gente y perjudican mucho a la ciudadanía, aunque sus perpetradores no pisen nunca la cárcel. ¿Qué creen que es esta maldita crisis, más que una acumulación de delitos de diversos pelajes financieros, cuyas consecuencias paga la ciudadanía? Delitos camuflados y ocultos, perpetrados con brillante ingeniería financiera y obscena contabilidad imaginativa. Entonces, para camuflar la impunidad de facto de delincuentes económicos y financieros, se promete con grandes aspavientos barrer el delito de las calles (recurso utilizado por muchos gobiernos en diversos países), que solo significa cebarse en los pequeños delincuentes, en los delincuentes pobres.
Lo cierto es que, benevolentes con la evasión de impuestos y los graves delitos económicos o los protagonizados directamente por miembros de la minoría rica, los sistemas penales y penitenciarios europeos han sido y son beligerantes e intolerantes con las infracciones de las clases sociales desfavorecidas. Y, por si fuera poco, hoy en España el gobierno del Partido Popular y sus aliados pretenden convertir en delincuente a la ciudadanía, que protesta pacíficamente contra un sistema económico que la esquilma y viola sus derechos. Lo quieren hacer endureciendo el Código Penal y, si se aprobara, Gandhi iría a la cárcel en España. Así están las cosas y no es como se reducirá la población penitenciaria. Pues, como escribió Josep M. Vallés, quien fuera responsable de las prisiones de Cataluña en el Reino de España: “Tener muchas cárceles y que estén llenas, es un fracaso”.
Mientras tanto, responsables de delitos económicos y financieros, de compleja elaboración e inteligente y retorcido camuflaje jurídico que hace difícil de descubrir tales delitos, campan a sus anchas perjudicando a la mayoría. Da igual que las consecuencias las paguen miles, cientos de miles o millones de personas.
Este sistema cada día pierde más legitimidad y esta democracia se vacía más y más.
Fuente: http://www.contrainjerencia.com/?p=55024
http://www.rebelion.org/noticias/espana/2012/10/espana-encarcela-sus-ciudadanos-como-nunca-desde-franco-157600
Una radiografía de esa delincuencia puede verse en cualquier cárcel provincial española. Cárceles de pobres, de desesperados, habitualmente en medio de la nada, donde los presos acumulan 30, 40 o 50 causas penales por hurto, robo, lesiones, tirones, contrabando o venta de heroína, cocaína, hachís u otras drogas… En la jerga carcelaria son los gremlins. Pobres sin remedio, a los que el delito no saca de la pobreza. Presos ligados a la prisión, con salidas y entradas constantes. Sor Genoveva, una monja católica de 88 años, que hace casi 70 va a las cárceles de Barcelona para escuchar a los presos y ayudarlos, no tiene la menor duda: “Siempre es la gente más pobre la que está en la cárcel”. Sabe de qué habla.
Gente que paga caros sus delitos. A quien cogen contrabandeando un kilo de cocaína, le caen ocho o nueve años de cárcel. Pero, dos importantes financieros españoles, por ejemplo, condenados por el Tribunal Supremo como autores de estafa y falsedad en la venta de un solar de Madrid, no fueron a la cárcel por una discutible y discutida interpretación de la prescripción por el Tribunal Constitucional, que los soltó. Aunque, como escribió quien fue teniente fiscal de Barcelona, José María Mena, “fueran efectivamente estafadores y falsarios”. Mena dice que “también merece ser recordado el beneficio de 200 millones de pesetas (120 mil euros) conseguido por Alierta (presidente de la multinacional Telefónica) por una información bursátil privilegiada de carácter reservado, que era delito, pero quedó impune al amparo de la prescripción”.
No es excepción que los ricos escapen del castigo por sus delitos económicos por la discutible utilización de la prescripción, la institución jurídica que dice que pasado cierto tiempo algunos delitos ya no puedan ser juzgados. Pero, prescripción aparte, hay más delitos que hacen daño a mucha gente y perjudican mucho a la ciudadanía, aunque sus perpetradores no pisen nunca la cárcel. ¿Qué creen que es esta maldita crisis, más que una acumulación de delitos de diversos pelajes financieros, cuyas consecuencias paga la ciudadanía? Delitos camuflados y ocultos, perpetrados con brillante ingeniería financiera y obscena contabilidad imaginativa. Entonces, para camuflar la impunidad de facto de delincuentes económicos y financieros, se promete con grandes aspavientos barrer el delito de las calles (recurso utilizado por muchos gobiernos en diversos países), que solo significa cebarse en los pequeños delincuentes, en los delincuentes pobres.
Lo cierto es que, benevolentes con la evasión de impuestos y los graves delitos económicos o los protagonizados directamente por miembros de la minoría rica, los sistemas penales y penitenciarios europeos han sido y son beligerantes e intolerantes con las infracciones de las clases sociales desfavorecidas. Y, por si fuera poco, hoy en España el gobierno del Partido Popular y sus aliados pretenden convertir en delincuente a la ciudadanía, que protesta pacíficamente contra un sistema económico que la esquilma y viola sus derechos. Lo quieren hacer endureciendo el Código Penal y, si se aprobara, Gandhi iría a la cárcel en España. Así están las cosas y no es como se reducirá la población penitenciaria. Pues, como escribió Josep M. Vallés, quien fuera responsable de las prisiones de Cataluña en el Reino de España: “Tener muchas cárceles y que estén llenas, es un fracaso”.
Mientras tanto, responsables de delitos económicos y financieros, de compleja elaboración e inteligente y retorcido camuflaje jurídico que hace difícil de descubrir tales delitos, campan a sus anchas perjudicando a la mayoría. Da igual que las consecuencias las paguen miles, cientos de miles o millones de personas.
Este sistema cada día pierde más legitimidad y esta democracia se vacía más y más.
Fuente: http://www.contrainjerencia.com/?p=55024
http://www.rebelion.org/noticias/espana/2012/10/espana-encarcela-sus-ciudadanos-como-nunca-desde-franco-157600
domingo, 14 de octubre de 2012
Los trabajadores estadounidenses en pie de lucha, de Florida a California
- Los trabajadores estadounidenses en pie de lucha, de Florida a California
- Publicado el 12 de octubre de 2012
- Amy Goodman
La gran recesión de 2008, que trajo aparejada la crisis económica mundial en la que estamos sumergidos, arrasó con los ahorros de toda la vida de muchas personas y para millones de individuos significa una amenaza inminente de desempleo crónico. Esto sucede mientras las arcas de los grandes bancos estadounidenses y también de las grandes empresas que no pertenecen al sector financiero gozan del nivel de efectivo disponible más alto de toda la historia. Si bien la tasa de desempleo continúa siendo elevada, y a pesar de la preocupación que genera luchar para llegar a fin de mes, muchos trabajadores en Estados Unidos están tomando las riendas del problema y exigen mejores condiciones laborales y aumentos salariales. Se trata de los trabajadores que no son mencionados en los debates presidenciales, que no son invitados a los lujosos estudios de las grandes cadenas de televisión. Son los trabajadores de Wal-Mart, la mayor empresa privada de Estados Unidos; son los recolectores de tomate de Florida. A pesar de contar con escasos recursos, armados de valor y con la convicción de que merecen mejores condiciones laborales, los trabajadores se están organizando y están logrando resultados.
Esta semana, los trabajadores de Wal-Mart lanzaron la primera huelga contra la gigante de venta minorista en 50 años de historia de la empresa. Realizaron manifestaciones y piquetes en 28 tiendas en 12 estados. Muchos de estos trabajadores no sindicalizados afrontan represalias de la empresa, a pesar de estar protegidos por la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo. Los huelguistas están organizados en “OUR Walmart” (nuestro Wal-Mart), sigla en inglés que significa “organización unidos para exigir respeto en Wal-Mart”, que se creó con el apoyo del Sindicato de Trabajadores del Sector Alimentario y Comercial. Los miembros de OUR Walmart protestaron frente a la “Reunión para la Comunidad de Inversores 2012” en Bentonville, Arkansas, para exigir que la empresa detenga las represalias contra los empleados. El grupo prometió tener una presencia importante en todas las tiendas de Wal-Mart a nivel nacional en el llamado 'Black Friday', el día siguiente al Día de Acción de Gracias, que es, a su vez, el día de mayor venta en las tiendas minoristas en todo el año. Los trabajadores han logrado un apoyo considerable de aliados que están prontos para unirse a su lucha, como la Organización Nacional para las Mujeres.
A lo largo de su historia, las prácticas empresariales de Wal-Mart se han caracterizado por tercerizar determinados servicios a otras empresas, como las tareas de depósito y entrega a domicilio. En Elwood, Illinois, los trabajadores del depósito empleados por la empresa subcontratada por Wal-Matr, RoadLink, se declararon en huelga inmediatamente después de que una huelga similar fuera iniciada por trabajadores en California. Según el grupo Warehouse Workers for Justice (WWJ), “los empleados de los depósitos trabajan a temperaturas extremas y levantan miles de cajas que pueden pesar hasta 110 kilos cada una. Los accidentes en el trabajo son frecuentes y los trabajadores rara vez alcanzan a ganar el salario mínimo o cuentan con las prestaciones sociales básicas”.
Según WWJ, luego de 21 días de huelga en Elwood, los trabajadores “lograron una victoria en su demanda principal de que se pusiera fin a las represalias ilegales contra los empleados que protestan contra las malas condiciones laborales. Regresarán a sus puestos de trabajo...y percibirán el 100% de su salario por el período que estuvieron en huelga”.
Hablé con uno de los huelguistas de Elwood, Mike Compton, que me contó en detalle acerca de una de las terribles condiciones que deben soportar en su trabajo mal remunerado:
“Tenemos un grave problema con el polvo. Todos los contenedores que descargamos vienen de China y están cubiertos de polvo negro. Es horrible tener que respirar eso todo el día. Hemos llegado a tener que pedir hasta siete u ocho veces que nos den máscaras. Simplemente nos hacían ir a diferentes lugares, dirigirnos a otro gerente o acudir a otro departamento. Y la mitad de las veces nos íbamos con las manos vacías. Hubo casos de tráilers que tenían la leyenda ‘desinfectado en México’. No sabemos por qué. Muchos trabajadores han tenido dificultades para respirar dentro de los tráilers. Es decir, en mi opinión, algo sencillo y tan barato como una máscara para el polvo debería estar disponible a cualquiera, especialmente en una empresa que tiene tanto dinero como Wal-Mart”.
Compton estaba participando en las protestas realizadas frente a la sede de Wal-Mart en Bentonville, Arkansas, mientras se desarrollaba la reunión de inversores de la empresa.
Mientras tanto, varias generaciones de trabajadores inmigrantes del sector agrícola han trabajado durante años en la recolección de tomates en la localidad rural de Immokalee, Florida en condiciones terribles. En 1993, fundaron la Coalición de Trabajadores de Immokalee (CIW, por sus siglas en inglés) para organizarse junto con los consumidores y exigir que las grandes cadenas de restaurantes compren los tomates a granjas que paguen un salario digno a sus trabajadores.
Hablé con Gerardo Reyes-Chávez, trabajador agrícola y dirigente de los trabajadores rurales de Immokalee. Se encontraba en Denver, donde está la sede de la empresa de comida rápida Chipotle. La Coalición ha trabajado en el tema de Chipotle durante diez años. Reyes-Chávez me dijo: “Hemos logrado crear un Programa de Comida Justa, que se ocupa de los abusos cometidos en la industria del tomate. Creamos todo un nuevo sistema para identificar dónde ocurren estos abusos y así poder erradicarlos del sistema. Esta es la oportunidad para que Chipotle haga lo correcto. Afirman que venden comida “con integridad” y que realmente les interesa la sustentabilidad…Lo que les decimos es que esta es la oportunidad para que lo hagan realidad”.
Al día siguiente de la entrevista a Reyes-Chávez, Chipotle firmó el Acuerdo de Comida Justa. Mientras los candidatos a la presidencia están ocupados intercambiando ataques acerca de sus planes para crear empleo en debates fuertemente controlados, los trabajadores de las bases, de Florida a California, se están organizando para lograr un cambio.
La desaparición forzada en América Latina
La desaparición forzada en América Latina
A Francisco Paredes Ruiz, a cinco años de su desaparición forzada ocurrida el 26 de septiembre de 2007, en Morelia, Michoacán
Todo te recuerda
Tu presencia la sentimos, y no estás.
¿Cómo describir tu presencia ausente?
Así, sencillamente así
como te sentimos, como nos animas,
como te miramos.
Francisco, resiste
como has resistido siempre,
sigue dándonos tu fuerza;
así nos ayudas a encontrarte.
¿Cuántos millones de personas han pasado por la historia?
¿Cuántos han dejado huella?
Hay millones y millones de desaparecidos anónimos
Pero no ustedes los detenidos desaparecidos.
Ustedes no han desaparecido;
sus nombres los tenemos con nosotros,
sus biografías son la historia.
Son parte de la lucha por la democracia
y las libertades fundamentales,
por ser más humanos.
Los desaparecidos son constructores de democracia
Francisco Michoacán,
Francisco Zirahuem,
Francisco Pueblo,
Francisco con nosotros.
En Michoacán eres tú,
Sin ti pero tú,
Todos te buscamos.
Te encontramos en Yanahui;
te vemos en la fuerte Cristina.
Francisco, ahora eres rostro de mujeres
que buscan con sonrisa viva y tierra.
Lucha y vida.
Francisco, miramos tu rostro,
apareces con nosotros;
fuiste a buscar a los demás,
y con ellos te encuentras.
Te acompañamos y te buscamos,
a ti y a todos hasta encontrarlos.
Adrián Ramírez López, Poemas disonantes
Annalisa Melandri* por Contralínea- México
En 2006 fue aprobada la Convención de la Organización de las Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas, consideradas "un ultraje a la dignidad humana". Sin embargo, el fenómeno –lejos de ser un recuerdo de los años de las dictaduras– existe todavía, por ejemplo en México y en Colombia.
La desaparición forzada es considerada desde 1983 como un crimen contra la humanidad por la Organización de los Estados Americanos (OEA). Es, por lo tanto, imprescriptible y continuado, sin posibilidad de indulto o amnistía.
Se entiende por desaparición forzada "el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley" (artículo 2 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas).
Lamentablemente aún sigue perpetrándose en América Latina y en otras regiones del mundo, no obstante sean ya lejanos los lúgubres años de la Guerra Sucia y de las dictaduras.
Esa práctica era usada como instrumento de represión política en la llamada "guerra contrainsurgente" por la eliminación física de militantes y de opositores a los regímenes dictatoriales. Los desaparecidos eran activistas sociales, líderes comunitarios, sindicalistas, políticos y estudiantes.
A los militares latinoamericanos, cómplices de las dictaduras, la práctica de la desaparición forzada les pareció el crimen perfecto: sin aparente derramamiento de sangre, sin verdugos y, sobre todo, sin culpables porque de hecho no existía tampoco la víctima.
En cárceles clandestinas, en lugares de detención legales e ilegales, en casas privadas, los desaparecidos perdían su identidad de seres humanos, de ciudadanos, de personas, para ser solamente un cuerpo en manos de las ferocidades más atroces. La muerte bajo tortura o por eliminación directa, frecuentemente, era la conclusión del periodo de desaparición forzada.
En este escenario reinaba la impunidad: no existía el verdugo porque no había una víctima.
Recordamos la Argentina de los generales. Desde 1976 hasta 1983 han sido 30 mil los desaparecidos. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, hasta los neonatos, entregados ilegalmente en adopción a las familias de los generales después de que las madres habían sido arrestadas y recluidas hasta el momento del parto y luego desaparecidas en los llamados "vuelos de la muerte" sobre el Río de la Plata.
El exdictador Jorge Videla, quien está pagando en una cárcel militar una condena a cadena perpetua por crímenes cometidos durante la dictadura, ha recientemente confesado haber asesinado entre 7 mil y 8 mil personas. Los cuerpos de éstas han sido desaparecidos para evitar la atención de la comunidad internacional.
En México, el periodo conocido como Guerra Sucia (en las décadas de 1960 y 1970) fue caracterizado por una dura política represiva del gobierno con la intención de romper la unidad del tejido social y desmovilizar la resistencia armada, que se estaba difundiendo rápidamente en las zonas rurales del país. Sobre todo en Guerrero, Chiapas y Oaxaca se registraron más de 1 mil 300 casos de desapariciones forzadas. La mitad solamente en Guerrero, donde eran activas las guerrillas de Lucio Cabañas y de Genaro Vázquez.
Y así en el resto de toda América central: El Salvador, Guatemala, Honduras han sido el laboratorio perfecto desde la década de 1980 para experimentar técnicas de contrainsurgencia. En otros países de América Latina, como Colombia y Perú, las desapariciones forzadas han sido práctica de Estado para reprimir la rebelión y frenar así cualquier reivindicación social.
Hasta 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha adoptado la Convención para la Protección de Todas las Personas de las Desapariciones Forzadas. Firmada en París, Francia, el 6 de febrero de 2007, ésta se logró después de 25 años de luchas llevadas por asociaciones internacionales para la defensa de los derechos humanos y por las asociaciones de los familiares de los desaparecidos. La Convención reafirma los principios de la precedente Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada de 1992 y estipula precisas disposiciones a las que deben atenerse los Estados.
La Convención ratifica formalmente dos nuevos derechos humanos: "el derecho de cada persona a no ser desaparecido y el derecho a la verdad para las víctimas de las desapariciones forzadas" (Gabriella Citroni, delegada para Italia ante las Naciones Unidas).
La Convención cobró vigencia el 23 de diciembre de 2010, después de la vigésima ratificación. Aunque Italia ha firmado la Convención del 3 de julio de 2007, aun no la ha ratificado.
¿Las desapariciones forzadas pueden considerarse un triste recuerdo del pasado? Louise Arbour, Alto Comisionado de la ONU por los Derechos Humanos, en un artículo escrito a la vigilia de la firma de la Convención en París en 2007, recordaba cómo, "solamente en 2006, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, recibió más de 300 nuevos casos provenientes de 12 países alrededor del mundo. Y esto es sólo la punta del iceberg, dado que muchos casos no llegan a ser presentados ante el Grupo de Trabajo".
A título emblemático recordamos la desaparición el 18 de septiembre de 2006, en Argentina, de Julio López, el 31 mil desaparecido en la dictadura, testigo clave en los juicios contra los militares y la policía de Buenos Aires, desaparecido ya una primera vez por tres años (1976–1979).
En México, la desaparición forzada es una práctica que sigue siendo utilizada también en tiempos más recientes, aunque con características diferentes respecto al pasado. El doctor Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, menciona los "más de 15 mil desaparecidos que se cuentan solamente en los últimos seis años del gobierno saliente de Felipe Calderón. Se dan en un contexto nuevo, que si bien no es estrechamente político, se caracteriza como una verdadera política de Estado". Mejor dicho, de Estados: Ramírez responsabiliza a los gobiernos de México y de Estados Unidos, que con los operativos ilegales, como por ejemplo Receptor Abierto y Rápido y Furioso, han entregado un sinnúmero de armas a los grupos criminales que operan en el país, no solamente los que están vinculados al narcotráfico sino también los que dirigen trata de personas, de niños, del juego de azar, etcétera. Por las enormes ganancias y la completa impunidad, explica el doctor Ramírez, los grupos de elites de las Fuerzas Armadas han entrado masivamente en las citadas organizaciones. Además, agrega: "Lamentamos que Calderón haya vetado la Ley General de Víctimas y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo avale".
Colombia registra números escalofriantes: apenas hace un año, Christian Salazar, Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos, ha afirmado que en ese país hay, a causa del conflicto armado, por lo menos 57 mil personas desaparecidas. De éstas, 15 mil 600 han desaparecido forzosamente por "agentes del Estado y por las fuerzas paramilitares que colaboran con él".
También pueden considerarse como desapariciones forzadas los más de 3 mil casos de "falsos positivos", cuando ciudadanos luego aparecen asesinados por los militares y disfrazados de guerrilleros supuestamente asesinados en combate, para así obtener premios monetarios o promociones de varios tipos.
La lucha contra la impunidad, pilar fundamental de un estado de derecho, no puede más que ir a la par con la lucha contra las desapariciones forzadas, que es una de las violaciones de los derechos humanos más graves, ya que tiene efectos destructivos sobre la víctima, sobre sus familiares y en gran medida también sobre el cuerpo social al que pertenecen, disgregando como último pasaje también la cohesión del tejido social del país.
Algunas recientes sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) respecto a casos de desapariciones forzadas:
Perú
El 22 de septiembre de 2009 la CIDH ha establecido la responsabilidad internacional de Perú por la desaparición forzada del estudiante Kenneth Ney Anzualdo Castro, el 16 de diciembre de 1993. Tenía 25 años y era un estudiante de economía de la Universidad Técnica del Callao. Agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército Peruano lo llevaron a un centro de detención clandestino llamado Pentagonito y hasta la fecha no se conoce su paradero.
Es una sentencia que crea jurisprudencia, porque ha condenado específicamente la violación al derecho de la víctima al reconocimiento de su personalidad jurídica: "la desaparición deja a la víctima en una situación de indeterminación jurídica que imposibilita, obstaculiza o anula la posibilidad de la persona de ser titular o ejercer en forma efectiva sus derechos en general, en una de las más graves formas de incumplimiento de las obligaciones estatales de respetar y garantizar los derechos".
República Dominicana
El 2 de abril de 2012 la CIDH sentenció al Estado dominicano por la desaparición forzada de Narciso Gonzales Medina. El caso en el país se conoce como el "Narcizaso".
Activista y periodista, desapareció el 26 de mayo de 1994. Hasta la fecha no se conoce su paradero y no se ha desarrollado una investigación efectiva de los hechos. En particular, fue comprobado por la CIDH que el señor Gonzales Medina al momento de la detención se encontraba bajo custodia de agentes policiales.
Además la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos está investigando también el caso de Juan Almonte, miembro del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, sospechoso de haber participado en un caso de secuestro, pero que también desapareció el 28 de septiembre de 2009.
Uruguay
En 2012 la CIDH ha condenado a Uruguay por la desaparición forzada en 1976 de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman y del secuestro de su hija recién nacida, María Macarena Gelman García, nuera y nieta, respectivamente, del poeta argentino Juan Gelman. De María Claudia no se tienen noticias desde entonces, su hija Macarena ha sido encontrada hace algunos años. Es un caso de desaparición forzada que se dio en el llamado Plan Cóndor.
México
Con una histórica sentencia, México ha sido condenado por la CIDH por el caso de la desaparición de Rosendo Radilla Pacheco, ocurrida en el marco de la llamada Guerra Sucia, en 1974. La sentencia se dio el 23 de noviembre de 2009 y el gobierno mexicano no ha cumplido lo substancial.
Entre los varios casos recientes de desapariciones forzadas en México, recordamos el de Francisco Paredes Ruiz, quien el 27 de septiembre pasado cumplió cinco años desaparecido. Francisco Paredes, luchador social y militante por la defensa de los derechos humanos de larga trayectoria humana y política, pertenece a la Fundación Diego Lucero. El caso de su desaparición forzada se inserta en un contexto de criminalización de protesta social y de persecución contra los defensores de derechos humanos.
*Integrante del Área de Cooperación Internacional de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (artículo escrito en su versión original en italiano para la revista digital L'Indro)
Votan en Azueta para que Morena sea partido
Votan en Azueta para que Morena sea partido
Zihuatanejo, 13 de octubre. Unos 150 integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) decidieron esta tarde quienes serán los delegados para los Congreso Estatal y Nacional y votaron para que Morena sea partido.
Desde las 12 del día, los simpatizantes de Morena de la Costa Grande se reunieron para decidir si Morena sería partido o asociación, quedando como tres puntos por qué debe ser un nuevo partido de izquierda.
Como primer punto, alegaron que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) se ha vuelto una “agencia de empleo y por ese motivo Morena merece ser un partido de izquierda.
Otro motivo fue que el movimiento es un partido a favor de las masas, por lo que merece permanecer y consolidarse “porque los movimientos se disuelven”; argumentaron que si Morena queda como asociación civil, tendrían que votar por el candidato de otro partido que no representa la ideología de Morena.
Al final, los participantes pertenecientes al distrito 3 quedaron con 138 votos a favor de que Morena, sea un partido político y ocho votos para que quedara como asociación civil, ya que los partidos fracasados, “esperan que Morena se consolide para adherirse”.
Como delegados al Congreso Estatal quedaron Idalia Reyes Miguel, de Atoyac; José Luis Gómez Pinzón, por el municipio de San Jerónimo; Coyolxauqui Soria Morelos, de Tecpan; Geovanny Valdovinos Fombona, por el municipio de Coahuayutla; y por la cabecera de José Azueta, Graciela Pérez Mendoza, Sergio Montes Carrillo, Obdulia Balderas Sánchez y Leovigilda Chávez Hernández.
El comisionado nacional de Morena, Lázaro Mazón Alonso, comentó que no hubo contratiempos en el congreso distrital, “hubo amplia participación es lo que estoy viendo, lo normal, no hubo ningún contratiempo”.
Mencionó que en las elecciones electorales pasadas, Morena no participó como partido y no se puede hablar de que es partido “no podemos negar, que todos los diputados federales, la mayoría, y los locales que ganaron, tuvieron muchos votos de López Obrador, muchos ganaron por el efecto López Obrador, uno que otro no lo vimos en alguna campaña y tuvo una votación bastante elevada”.
Comunicado APFVSE
Comunicado APFVSE
BOLETÍN DE PRENSA 12-OCTUBRE-2012
A LOS MEDIOS DE COMUNICACION NACIONAL E INTERNACIONALES
A LAS ORGANIZACIONES POLITICAS, SOCIALES Y ESTUDIANTILES
A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS
AL PUEBLO DE MEXICO
El 13 de junio de 2012 el entonces candidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto, anunció que de llegar a la Presidencia de la República contrataría como asesor externo en materia de seguridad al general colombiano Óscar Adolfo Naranjo Trujillo, quien en marzo de 2008 fungía como Director de la Policía Nacional de Colombia, y por ello, resulta ser uno de los principales responsables de la masacre de Sucumbíos, del asesinato de 25 personas, entre ellas, cuatro jóvenes estudiantes mexicanos, nuestros hijos, Verónica Natalia Velázquez Ramírez, Fernando Franco Delgado, Soren Ulises Avilés Ángeles y Juan González del Castillo, asimismo, es parte fundamental de los delitos y crímenes cometidos contra Lucía Morett, única sobreviviente mexicana de la masacre.
Como Asociación de Padres y Familiares de las Victimas de Sucumbíos, desde los hechos del 1 de marzo de 2008, hemos iniciado una lucha por lograr justicia, por buscar que los responsables del asesinato de nuestros hijos sean llevados a juicio ante Cortes Internacionales, buscamos detener la persecución política de Lucía Morett, pero al mismo tiempo, evitar la intención de criminalizar a los jóvenes por su pensar, por expresar su solidaridad. Denunciamos, sin secundar a ningún partido político en México, la torpeza y afrenta que significa para nosotros el anuncio del priista Peña Nieto, pero también, es una afrenta para los mexicanos al pretender profundizar la estrategia de violencia contra el pueblo impulsada en nuestro país en los últimos años.
No es posible que se intente traer a México como asesor en materia de Seguridad Nacional a un extranjero, ya que contraviene el artículo 32 constitucional, del mismo modo, Naranjo Trujillo ha sido responsabilizado por organismos defensores de derechos humanos de diversos crímenes de lesa humanidad en Colombia, (como 32,348 personas desaparecidas, 3,084 ejecuciones extrajudiciales, 2,412,834 personas desplazadas, 1,057 agresiones contra defensores de derechos humanos entre otros). (Ver artículo de Flor Goche en Revista Contralínea de Agosto de 2012.) A su vez, existen fuertes denuncias por su posible cercanía y protección a grupos paramilitares, por tener vínculos delincuenciales con carteles de la droga en Colombia, como la denuncia de ser protector y hasta parte de la cúpula del Cartel del Norte del Valle. (Ver artículos de Carlos Fazio, en el periódico La Jornada del 30 de junio y 1 de octubre de 2012.)
Resulta grave que se busque consolidar y profundizar por medio de “asesorías externas” el modelo de Seguridad Nacional colombiano en nuestro país, ya que este ha demostrado su amplio fracaso dentro del llamado Plan Colombia al suponer brindar seguridad a la población, por el contrario, ha sido un modelo que criminaliza, desaparece, ejecuta extrajudicialmente, que crea falsos positivos para justificar resultados inexistentes, que construye fosas comunes, es un modelo de Estado de guerra, violencia y sangre que se comenzó a aplicar en México desde hace algunos años en lugares como Ciudad Juárez y que se profundiza con la llamada Iniciativa Mérida o Plan México, con las consecuencias devastadoras para el pueblo que ya conocemos.
Desde 2009, el entonces gobernador del Estado de Chihuahua, José Reyes Baeza Terrazas, anunciaba la estrecha cooperación del gobierno Colombiano en materia de seguridad y emprendía constantes viajes al país sudamericano, del mismo modo, Álvaro Uribe Vélez responsable confeso de la masacre de Sucumbíos y en aquel momento presidente de Colombia ha realizado constantes visitas a nuestro país incluyendo el Estado de Chihuahua. A partir de 2010, con el arribo a la gubernatura de Chihuahua de César Duarte, quien por cierto acompañaba a Terrazas en sus giras por Colombia, anuncia la estrecha colaboración de Uribe Vélez en su gobierno en el tema de seguridad, y recientemente en septiembre de 2012, agradece a Naranjo Trujillo su apoyo en el mismo tema.
La injerencia de Estado colombiano en México resulta ser un tema más grave y de larga data, sobretodo, por los entrenamientos que imparten militares colombianos en nuestro país, en enero de 2012 el diario Washintong Post reconoció que alrededor de 7 mil policías mexicanos han sido entrenados por militares colombianos, también son conocidos los adiestramientos de grupos de elite de la Policía Federal y Ejército mexicano en territorio colombiano.
Desde hace más de cuatro años hemos denunciado ante todos los espacios posibles la preocupante cercanía de funcionarios y ex funcionarios colombianos responsables de crímenes de lesa humanidad y de delitos cometidos contra nuestros hijos, hemos denunciado las visitas a México impunes de Álvaro Uribe Vélez (ex presidente de Colombia), de Juan Manuel Santos (actual presidente de Colombia) y de Óscar Naranjo Trujillo (ex director de la Policía Nacional de Colombia). Han sido declaradaspersonas non gratas, pero también, hemos exigido sin respuesta alguna de parte de las autoridades mexicanas, se proceda conforme a derecho, que de cause a la demanda judicial que interpusimos ante la PGR en noviembre de 2008 contra los principales responsables de homicidio y delitos cometidos contra nuestros hijos, hemos reclamado sean detenidos y procesados ante su responsabilidad confesa en la masacre de Sucumbíos.
Desmentimos a su vez, las recientes declaraciones vertidas por Naranjo Trujillo al decir que existe una campaña de desprestigio en su contra en México, y que ésta es articulada por grupos de narcotraficantes y/o delincuenciales, nosotros sostenemos con pruebas que Naranjo es responsable directo del asesinato de nuestros hijos al ser parte de la cadena de mando que ejecutó la Operación Fénix el 1 de marzo de 2008, su responsabilidad es directa, por ello se encuentra demandado en Ecuador y existe una orden de captura girada por el juez tercero de la provincia de Sucumbíos por el asesinato de 25 personas, de las cuales, una era un civil de nacionalidad ecuatoriana y cuatro eran civiles mexicanos.
Por ello es que hoy damos a conocer el inicio de una campaña de recolección de firmas para evitar que la impunidad siga imperando en nuestro país, para evitar el arribo de Óscar Naranjo en temas internos que sólo competen a los mexicanos y donde no debe existir la injerencia de extranjeros, asimismo, insistir en que se proceda legalmente contra uno de los responsables del asesinato de nuestros hijos, de la persecución de Lucía Morett, pero también, de diversos crímenes de lesa humanidad contra el pueblo colombiano y que no queremos que se sigan enseñando en México, no queremos la asesoría de guerra, violencia y sangre de Naranjo Trujillo.
¡BASTA DE IMPUNIDAD, JUSTICIA PARA LAS VICTIMAS DE SUCUMBIOS!
¡FUERA OSCAR NARANJO TRUJILLO DE MEXICO!
México, D.F., a 12 de octubre de 2012.
sábado, 13 de octubre de 2012
Piden liberar a joven detenido injustamente el 9 de agosto por federales en Acapulco
Familiares y amigos solicitan la ayuda del gobernador
Piden liberar a joven detenido injustamente el 9 de agosto por federales en Acapulco
Familiares y amigos de Alejandro Rogel Galindo, un joven universitario que detuvieron policías federales y le fabricaron un delito de extorsión, el pasado 9 de agosto, protestaron en un restaurante de la costera Miguel Alemán y exhortaron al gobernador Ángel Aguirre Rivero para resolver su caso.
Con pancartas en las manos, la madre del acusado, Dina Galindo García, detalló que a las 8 de la mañana de ese día, unos 30 uniformados de la Policía Ministerial entraron a su domicilio con lujo de violencia para llevarse a su hijo, Alejandro Rogel Galindo, de 20 años.
Precisó que los policías, tapados de sus rostros con pasamontañas y sin dar explicación, comenzaron a golpear a Rogel Galindo, sacándolo de su domicilio. Además se llevaron otras pertenencias.
Dijo que sospecha que es una venganza de la ex novia de su hijo, de nombre Zaira Patricia Bahena Monreal, quien es sobrina del subprocurador de Justicia del estado, José Fernando Monreal Leyva, y hermano de la señora Patricia Araceli Monreal Leyva, madre de la joven.
“Hasta el momento tienen a mi hijo en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Las Cruces y sin pruebas que lo culpen de la supuesta extorsión que hizo a su ex novia; ella quedó despechada porque mi hijo la terminó para regresar con su antigua novia”, señaló Galindo García.
Asimismo, agregó que sus vecinos y amigos condenan tal injusticia, porque son personas de bien y que conocen de años, pues “saben que nosotros nunca fuimos de problemas”.
Hizo un llamado al gobernador Aguirre Rivero, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos del Distrito Federal y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para hacer valer las garantías individuales y los derechos humanos, de los que fue privado el joven estudiante, además de su libertad.
Detectan a familiares de ex regidores en la nómina de Azueta
Detectan a familiares de ex regidores en la nómina de Azueta
Zihuatanejo, 11 de octubre. El secretario del Sindicato Único de Trabajadores del Ayuntamiento (SUTA), Octavio Gómez Maciel, aceptó que en la nómina de la administración pasada hubo aviadores familiares de los ex regidores y ex directores de este municipio. Subrayó que en un análisis encontraron que 30 por ciento eran aviadores que iban a cobrar raya sin tener tarjeta ni estar en la nómina. “Eran personas que nada tenían que hacer aquí, ni las conocíamos. Por ahí se estaban incluyendo porque eran familia, eran hermanos de los regidores (anteriores) y que estaban en la nómina”, reiteró. Señaló que en la administración pasada hubo despidos injustificados, sin razón ni motivo, y aún se les debe el finiquito a esos trabajadores despedidos, pero en esta administración se ha pedido que respeten los derechos de los trabajadores conforme lo marca la Ley Federal del Trabajo. Abundó que en el recorte de empleados, se llegue a un acuerdo en el finiquito con los que sean despedidos, para que se eviten las demandas laborales y los trabajadores tengan conocimiento de por qué se les da de baja. “Justamente la administración pasada, ustedes vieron cómo se pisoteó los derechos de los trabajadores”, remarcó. Comentó que el nuevo personal que entró a las direcciones, esta quincena no cobrará su sueldo “tengo entendido que esta quincena no van a cobrar”, pero que ignora si solventarán de su bolsillo los gastos que realicen.
viernes, 12 de octubre de 2012
Violencia
Violencia
Solidariamente con Hercilia Castro Balderas Corresponsal de La Jornada Guerrero en Zihuatanejo, Artista plástica y activista quien hoy se encuentra amenazada
El concepto de violencia es muy amplio y tiene múltiples definiciones, además de diversas manifestaciones, pero se entiende que es una forma de ejercer el poder mediante el empleo y uso de la fuerza, ya sea física, sicológica o política, es un acto de dominación, con una acción vertical.
La violencia física se entiende como un acto de agresión intencional, sistemática y en ocasiones repetitivo para lo cual se utiliza el cuerpo humano, armas, inmovilizadores y que tiene como objetivo final el sometimiento y el control. Las lesiones provocadas por un acto de violencia van desde la sujeción, golpes, mutilaciones, quemaduras, hasta la agresión sicológica.
La violencia en su tipo sicológico consiste en actos y omisiones repetitivos que pueden iniciar con la prohibición, la coacción y los condicionamientos, además de la intimidación, la amenaza, en contra de la víctima que se ve afectada en la estructura de su personalidad a partir del maltrato psico emocional provocando en ella aislamiento, control a través del miedo, humillaciones, pérdida de la autoestima emocional, entre otros.
El concepto violencia es en extremo amplio y complejo, el acto de violencia destruye las relaciones interpersonales, generando desconfianza y miedo, provocando en la víctima inmovilidad, afectaciones en sus relaciones grupales, contusión, polarización, resentimiento y odio.
Otros aspectos de la violencia es que puede ser persistente o permanente, como una amenaza sostenida y duradera y que en muchos de los casos afectará directamente a quien la padece, a sus familias y su entorno.
Hay quienes manifiestan que las violencias podrán ser justas ó injustas, legítimas e ilegítimas, estructurales, grupales ó individuales, pero las afectaciones y los daños que causan son al parecer, los mismos, las manifestaciones de la violencia, van implícitas con amenazas, ofensas o coacciones.
La violencia en sí es más antigua que el propio concepto y a la fecha ya debería de estar desterrada en una sociedad que se precia de ser civilizada.
La violencia tiene como objetivo la reducción de la realización humana, ya que es enfocada a la afectación de las potencialidades del individuo que la padece en el sentido del daño, a partir de destruir y coartar a las víctimas, reduciendo las potencialidades de la personas.
La violencia individual o personal es cuando el agresor puede ser identificado y la acción se da de frente y en un espacio concreto, la violencia estructural es un asunto de poder y por lo tanto se genera a partir de las desigualdades y las disputas por el poder a partir del uso y ejercicio de la fuerza cuando se intenta neutralizar la conducta de individuos ó grupos.
Socialmente, la violencia se encuentra relacionada con las estructuras de poder y de dominación, la violencia personal o individual va acompañada de sentimientos de odio, de sadismo, sexualidad y venganzas, la violencia estructural generalmente se trata de interpersonal y burocrática ejercida desde el poder.
Para los modelos autoritarios es un ejercicio recurrente el acto de dominio que se emplea desde el poder político y se basa en aparatos especializados, como son la policía y el Ejército, con actos de violencia institucionalizada en donde existe quien la organiza, la emplea y mediatiza, aplicando las tecnologías de la violencia a partir de armas, objetos, imágenes y símbolos.
La violencia del Estado tiene como objetivo el control social y la protección al orden establecido con una burocracia del ejercicio de la fuerza, va dirigida a los opositores, grupos organizados y que se representan en el asesinato político y de campesinos, estudiantes y trabajadores.
La violencia que hoy vivimos, ya nos parece cotidiana y la población se está acostumbrando a ella, ya es protagonista en la vida colectiva y las relaciones interpersonales, y se pretende en muchas ocasiones legitimar para validar las acciones o intervenciones que las consideran justas en los estados ó grupos de interés políticos-económicos.
Cada día son más las muertes por causas violentas, la guerra contra el narcotráfico pareciera no tener fin, se combate violencia con violencia, bala con bala, la seguridad pública está colapsada, son altos los niveles de violencia que prevalecen en el país y pocos son los esfuerzos para educar para la paz y apostarle a la cultura democrática y la no violencia.
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