En memoria de Ramiro

El Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), cuyo coordinador es Javier Monroy Hernández, amplió el plazo hasta el 10 de diciembre para que organizaciones y luchadores sociales, poetas u fotógrafos puedan reunir, cuando menos, 20 mil pesos para remodelar la tumba de Omar Guerrero Solís, el comandante Ramiro.
Dijo Monroy Hernández: “hay un conjunto de organizaciones y dirigentes que tienen su mirada en los espacios de poder y estas luchas de abajo no les interesan, no se identifican; reivindicar a Ramiro tiene un costo político, pero para quienes tienen sus ojos puestos en el poder y quieren quedar bien con las autoridades, van a tratar de deslindarse”.
El llamado de Monroy tiene sentido común. Quien apoya a la remodelación de la tumba del comandante Ramiro, cuando menos se entiende que tenía simpatía por su movimiento armado, o bien si no están de acuerdo con su lucha pero de manera solidaria podría realizar su aportación.
El gesto de apoyar la causa, es de solidaridad con quien soñaba con una patria diferente, a quien se le respetaban sus ideales y convicciones, y además era un guerrillero reconocido que con fusil en mano deseaba un Guerrero diferente, liberado de la pobreza, opresión y miseria.
Los políticos o luchadores sociales, así como organizaciones ciudadanas, que tanto han cacareado la política de izquierda y la lucha social, hoy tendrán la oportunidad de realizar su aportación para una tumba digna de un guerrerense que entregó su vida por una causa.
El propósito de Tadeco es reivindicar a Ramiro, a dos años de su cobarde asesinato. El 4 de noviembre de 2009 Omar Guerrero Solís fue masacrado en una emboscada, tendida por Cayetano Alvarado Palacios, supuestamente paramilitar vinculado al cacique de Petatlán Rogaciano Alba Álvarez, y éste a la vez muy cercano a Rubén Figueroa Alcocer, ex gobernador de Guerrero.
Puede ser que el grito de Tadeco no se escuche, porque la esfera del poder lo opaque, pero sí el grito de libertad de Ramiro, que aún retumba en lo largo y ancho de la Sierra Madre del Sur; sus ideales son respetables, luchar por una vida digna, por mejorar las condiciones de vida de las comunidades y por el respeto a los derechos humanos. Dijo Javier Monroy: “no es exaltar la lucha armada sino luchar por una vida digna”.

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Serán examinadas por peritos de la PGR, indica la Afadem

Encuentran en el ex cuartel militar de Atoyac más de 50 ojivas y una insignia

RODOLFO VALADEZ LUVIANO (Corresponsal)

Atoyac, 6 de noviembre. Una insignia militar y más de 50 ojivas de bala, que serán enviadas a los laboratorios de la Procuraduría General de la República (PGR) para ser analizadas, fueron encontradas durante las excavaciones que se realizan en el ex cuartel militar de esta ciudad, informó Humberto Guerrero Rosales representante legal de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a de los Derechos Humanos en México (Afadem).
Al cierre de la primera semana de trabajos en el ex cuartel militar, que el domingo fue de descanso, Guerrero Rosales dijo que los hallazgos de los peritos de la PGR en una de las cuatro zonas a un costado del ex campo de tiro en los últimos dos días de labores, demuestran la presencia de los militares en el lugar.
Uno de los objetos encontrados, dijo, es una insignia, al parecer perteneciente al 49 batallón de infantería, de algún soldado que estuvo presente aquí en el ex cuartel, y en la zona ampliada se hallaron 53 ojivas, que serán enviadas a los laboratorios de balística de los servicios periciales de la PGR para que sean analizadas y determinar si fueron usadas y a qué tipo de arma pertenecen o cualquier otro dato que pudiera ser útil para la investigación.
Agregó que el hallazgo de las ojivas retrasó los trabajos en la zona ampliada, donde se encuentra la anomalía más grande, de aproximadamente 8 metros de longitud, de las detectadas por el radar geológico en los escaneos que se hicieron en mayo pasado.
En la zona a un costado del ex campo de tiro, abundó, los antropólogos encontraron un lugar donde se cree que existió una construcción que fue derribada y los escombros fueron usados para rellenar el terreno, además de que toparon con una plancha de concreto que dificulta los trabajos y que obligará a los peritos a excavar por debajo de ella para determinar si hay algo debajo de ella que valga la pena o se pasa por alto.
Los trabajos, añadió, continuaran el lunes, y se efectuarán en otros cuatro lugares donde fueron detectadas anomalías, y dijo que existe satisfacción de parte de los familiares por la forma meticulosa con que se han efectuado las labores, a diferencia de las que se han hecho anteriormente, que fueron sin tanto cuidado.
Sin embargo, insistió en que se debe requerir la información que pudieran proporcionar los que estuvieron en el ex cuartel en aquella época, y sostuvo que la exigencia de la familia Radilla es la de excavar en toda la zona de ser necesario, hasta dar con los restos de Rosendo Radilla.

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Se debe respaldar a la CRAC, considera el presidente del Colegio de Licenciados

Positivo, el modelo de la Policía Comunitaria, afirma el arzobispo

La corporación podría reproducirse en otros municipios del estado, opina Garfias Merlos

H. BRISEÑO Y M. DE LA O

El arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias Merlos, calificó de positivo el modelo de seguridad implementado por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-Policía Comunitaria) en pueblos de La Montaña, el cual consideró, podría aplicarse en otras localidades o municipios.
En la conferencia de prensa dominical, Garfias Merlos expresó que “la Policía Comunitaria en Guerrero ha significado una iniciativa de la sociedad; en donde la Policía Comunitaria está establecida definitivamente ha significado seguridad para el pueblo; en ese sentido es una experiencia buena, la cual puede plantearse como modelo de participación ciudadana”.
Indicó que la Policía Comunitaria no recibe ninguna retribución, y quienes a ella pertenecen lo hacen más por colaboración y disposición al servicio.
El arzobispo de Acapulco subrayó que dicho modelo “sí ha generado condiciones de seguridad en donde está presente en la alta montaña de Guerrero y en la Costa Chica”.
Enfatizó que es una buena experiencia que pudiera ser orientada o acompañada de otros elementos o factores para que cumpla con la finalidad para la que se creó.
Manifestó que “como Iglesia en su momento también ha habido un apoyo para este tipo de expresiones, donde la sociedad o la comunidad favorezca la generación de confianza alrededor del pueblo. Es un ejemplo que está dando resultados, puede tener elementos para poderse aplicar en otras partes”.
El sábado, en la comunidad indígena Santa Cruz del Rincón, la CRAC resolvió, después de una asamblea regional, que los conflictos derivados por la incursión de empresas transnacionales y los hechos de violencia, incluidos los del crimen organizado que ocurran dentro de su zona de influencia, serán enfrentados por ellos mismos y no por autoridades estatales o federales.
En la misma asamblea se determinó la situación de cinco personas detenidas por la Policía Comunitaria el mes pasado por portar 33 paquetes de mariguana.
El acuerdo consistió en que los detenidos serán reducados bajo los usos y costumbres de la organización; posteriormente fueron incinerados 600 kilos de mariguana.
Al respecto, Garfias Merlos señaló que cuestiones más específicas pueden cuestionarse o encontrarse formas más precisas en el modelo de organización de la CRAC, pero la experiencia en general, insistió, ha sido positiva.
Respaldo a la Coordinadora
Mientras se garantice la seguridad de las zonas donde tiene influencia la CRAC, deben respaldarse decisiones como la que tomó ayer en asamblea, señaló el presidente del Colegio de Licenciados y Posgraduados en Derecho del Estado de Guerrero, Julio César Hernández Serna.
“Todo lo que sea en beneficio de la seguridad y en contra de la inseguridad, siempre será bienvenido, y la CRAC va a participar para coadyuvar y atemperar la inseguridad en Guerrero, bienvenida su decisión”, indicó.
En su asamblea del sábado, la Coordinadora determinó que los conflictos que se generen en la región, relacionados con las empresas transnacionales que pretenden explotar minerales y los hechos de violencia, incluidos los del crimen organizado, serán enfrentados por la organización.
En esa asamblea, los miembros de la CRAC también decidieron la situación de las cinco personas que detuvieron por portar 33 paquetes de mariguana.
En entrevista después de la sesión del Colegio, Hernández Serna consideró que la actuación de la Policía Comunitaria es un ejemplo de lo que puede lograr la ciudadanía organizada, además “cuando hay un delito flagrante el citando puede intervenir, arropado por la ley”.
Mencionó que después de la asamblea de ayer, como presidente del Colegio, da su voto de confianza a la CRAC por su efectividad en resolver casos como el de las cinco personas tenidas con droga.

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CARTONES DE LA JORNADA

El reconocimiento federal por Radilla no basta, reclama Afadem

RODOLFO VALADEZ, CORRESPONSAL

Atoyac, 4 de noviembre. “Con o sin reconocimiento, lo que nos importa en realidad es que Rosendo Radilla Pacheco continúa desaparecido y el gobierno federal no muestra una verdadera voluntad por encontrarlo”, manifestó Tita Radilla Martínez vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos. Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem). En entrevista, al hablar sobre el acto de reconocimiento de responsabilidad que se espera encabece el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, como representante del gobierno federal, Radilla Martínez dijo que el reconocimiento no sólo debe ser por el caso de Rosendo Radilla, sino el de todos los detenidos-desaparecidos que hubo en Atoyac durante el periodo de la guerra sucia y en que fue responsable el Estado mexicano. Es un acto protocolario, abundó, en el que los miembros de Afadem y la familia Radilla dirán los puntos que aún no se cumplen de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), “que es lo que queremos, y es muy posible que insistamos en nuestra exigencia de que se llame a declarar a los miembros del Ejército que estuvieron en el ex cuartel militar”. Puntualizó que ese reconocimiento debe ir acompañado por un compromiso, “no se trata de obligarlos a reconocer, sino que se comprometan a hacer una investigación efectiva que dé con el paradero de todos los desaparecidos”. Manifestó en torno al nuevo periodo de excavaciones que se llevan a cabo en los terrenos del ex cuartel militar, “sin embargo, el objetivo central continúa, y que es que, aunque haya un acto de declaración de responsabilidad, aunque haya una placa, Rosendo Radilla sigue desaparecido”.

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Llaman a exigir “con toda la rabia” el respeto a los derechos humanos

Reivindican la lucha de Ramiro, a dos años de que lo asesinaron

El jefe guerrillero masacrado por paramilitares sigue vivo en los movimientos sociales: Monroy

CITLAL GILES SÁNCHEZ

Chilpancingo, 4 de noviembre. A dos años de la muerte del comandante Ramiro, organizaciones sociales reivindicaron la lucha del joven guerrillero por cambiar al sistema y por la defensa de una mejor vida para las comunidades, y aseguraron que seguirán combatiendo “con toda la rabia” para exigir a las autoridades federales, estatales y municipales el respeto a las organizaciones y a los derechos humanos.
El 4 de noviembre de 2009, Omar Guerrero Solís, el comandante Ramiro, fue masacrado en la sierra por paramilitares “financiados” por el cacique Rogaciano Alba Álvarez y dirigidos por Cayetano Alvarado Palacios, y a dos años de su asesinato, organizaciones sociales remarcaron que quienes mataron a Ramiro fueron los grupos de poder económico y político que desde el Estado, los partidos políticos y los cárteles del narcotráfico, “mantienen a nuestro pueblo sometido, atemorizado y sumido en la pobreza a través de los grupos policiacos, militares y paramilitares, que persiguen, desaparecen, asesinan y agravian a la gente del pueblo en las ciudades, pueblos y comunidades”, indicó el coordinador del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), Javier Monroy Hernández.
El activista dijo que año con año se reivindica la lucha de Omar Guerrero, y no porque se quiera exaltar la lucha armada, si no por luchar por una vida digna y por los derechos humanos para poder tener una nueva sociedad.
Destacó que a pesar de que desde hace dos años no está presente el comandante Ramiro, lo está en cada una de las luchas de los pueblos de Guerrero, en la lucha contra las concesiones mineras en la Costa Chica y Montaña, contra las concesiones a Fonatur, en Petatlán y Zihuatanejo, en la huelga de los mineros en Taxco, la de los campesinos contra la presa La Parota, la de los estudiantes normalistas y rechazados de la UAG, la de los maestros contra la ACE y la inseguridad y por la presentación de los desaparecidos, por la justicia a los asesinados y la libertad de los presos políticos en todo el país.
De igual forma, las organizaciones sociales exigieron a las autoridades de los tres órdenes de gobierno detener el despliegue militar en el territorio comunitario de la CRAC-Policía Comunitaria, que resuelvan las demandas de los campesinos desplazados en la sierra de Petatlán, y se retiren las órdenes de aprehensión contra los dirigentes y luchadores sociales, así como el respeto a las comunidades, pueblos, organizaciones y familiares del comandante Ramiro.

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Reprochan demora para solucionar conflicto por la concesión del muelle de Azueta

Critica Rogaz indiferencia de Ríos Piter en la lucha de pescadores contra Fonatur

HERCILIA CASTRO (Corresponsal)

Zihuatanejo, 5 de noviembre. La presidenta de la Red de Organizaciones y Grupos Ambientalistas de Zihuatanejo AC (Rogaz), Obdulia Balderas Sánchez, criticó la indiferencia que ha tenido el diputado federal por el tercer distrito, Armando Ríos Piter, en apoyar la lucha que sostienen los opositores contra la concesión que le dio la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a la empresa Fonatur Operadora Portuaria SA de CV.
Dijo que a casi un año de emprender la lucha contra la concesión, el único avance que han tenido ha sido la respuesta del gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien envío el oficio para la solicitud de revocación a la SCT en agosto y donde, en reunión con el subsecretario de Asuntos Políticos, Víctor Aguirre Alcaide se estableció una minuta en la cual determinaron tiempos para la solución del conflicto.
Sin embargo, Balderas Sánchez criticó la demora para destrabar el conflicto que asegura, afecta no sólo a los pescadores como los directo afectados, sino a otros sectores como los comerciantes, transportistas y ciudadanía en general. “Hemos aclarado que esto no es sólo una lucha de los pescadores, sino una lucha de todo el pueblo y en la que todos se deben de unir, porque esto es una privatización”, aseguró.
Por su parte, la ambientalista Adriana Luna Parra cuestionó que Ríos Píter se ha pronunciado a nivel estatal en apoyo a los opositores de la concesión, pero que su actuación como legislador en la Cámara de Diputados ha pasado desapercibida, ya que no se ha manifestado en los medios nacionales ni ha tocado el tema de Zihuatanejo y Barra de Potosí en el municipio de Petatlán.
“Armando ha hecho declaraciones a nivel estatal, pero no ha sido para pronunciarse a nivel nacional ni en la cámara, le he llamado pero nunca lo encuentro, no responde las llamadas”, dijo.
Las ambientalistas anunciaron que esta tarde iniciarán una campaña de pega de calcomanías para concientizar a los lugareños en la llamada plaza de la Libertad de Expresión.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2011/11/06/index.php?section=regiones&article=007n1reg

“Vamos de picada”, dicen restauranteros de mercado de Azueta

HERCILIA CASTRO, CORRESPONSAL

Zihuatanejo, 5 de noviembre. Restauranteras del ala de comida en el mercado central se quejaron de las malas ventas y de la falta de ingresos, ya que no hubo puente vacacional por el día de muertos y el gasto anual de manutención a sus locales se les dificulta más. La restaurantera Belem Ramos Ramírez expresó que no tuvo ventas como en otros tiempos, y que el ingreso que ha obtenido lo utiliza para pagar a sus trabajadores y saldar las deudas, “tapo un hueco, para llenar otro, puro pagar deudas, vamos en picada”. Comentó que todavía hace un año logró sobrellevar la manutención de los gastos básicos pero que tan sólo en esta semana, apenas y pudo pagar el gas y los sueldos de sus siete trabajadoras. La comerciante Zuly Cárdenas se quejó de que no puede solventar los pagos y lamentó que no hubo ventas e incluso, mencionó que de continuar así la situación pensaba irse “al otro lado”. “Ya me dijo mi hermana que allá me mantiene, pero que ya deje de sufrir, ella sabe que no hay ventas, antes había ganancias, ¿ahora qué? No vendemos nada”, dijo. El vendedor Juan Pablo Janitzio Chalma recordó que hace nueve años que empezó con su negocio de desayunos, las ventas rendían para solventar los gastos de su familia y sus trabajadores, pero que desde hace tres años decrecieron sus ingresos.

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Concretan autoridades y ONG el cumplimiento del fallo de la Coidh

Inés Fernández y Valentina Rosendo, con acceso a sus expedientes, celebra Tlachinollan

CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )

Chilpancingo, 5 de noviembre. A un año de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) emitiera las sentencias en contra del Estado mexicano por las violaciones sexuales que cometieron militares contra las indígenas me’phaa Inés Fernández y Valentina Rosendo, organizaciones sociales y representantes de la Secretaría de Gobernación trabajan sobre el tema de justicia, educación, reparación comunitaria así como el reconocimiento de la responsabilidad del Estado. A partir de esta fecha, las indígenas podrán tener acceso a sus expedientes, señaló Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan.
Desde hace un año, fecha en que la Coidh notificó las sentencias contra el Estado por las agresiones sexuales, tanto Inés Fernández como Valentina Rosendo, la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM) y Tlachinollan han pugnado por su total cumplimiento.
Las organizaciones acordaron con autoridades del estado establecer una metodología en la que se contemplan siete ejes de trabajo que son justicia, educación y salud; reparaciones comunitarias y políticas públicas; reconocimiento de responsabilidad; reformas legislativas, capacitación e indemnización, trabajos que están coordinados por la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. “Actualmente nos encontramos trabajando en los ejes de justicia; educación y salud; reparaciones comunitarias y políticas públicas y el reconocimiento de responsabilidad”, indicó Tlachinollan.
Sin embargo, lamentó que a un año de que el Estado fue sentenciado “no se han presentado avances sustantivos”, por lo que seguirán pugnando para dejar precedentes que reduzcan los márgenes de discrecionalidad en el cumplimiento de sentencias y recomendaciones emanadas de órganos internacionales de protección a los derechos humanos.
En el comunicado, Tlachinollan resaltó que raíz de la insistencia de las víctimas y sus abogados, se logró que la Procuraduría de Justicia Militar remitiera los expedientes a la PGR, y posteriormente turnados a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, por lo que “partir de que ahora Inés y Valentina tienen acceso a los expedientes, han vuelto a constatar las negativas implicaciones que tiene la extensión del fuero militar en los casos de violaciones de derechos humanos”.

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Juzgan a 5 personas detenidas con 600 kilos de mariguana; harán trabajo comunitario

La CRAC y no el estado, enfrentará al crimen organizado, acuerdan

Lo correcto es entregar a los detenidos y la droga, dice Almonte Borja, presente en la asamblea

CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )

Chilpancingo, 5 de noviembre. La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) resolvió después de una asamblea que los conflictos derivados por las empresas transnacionales y los hechos de violencia, incluidos los del crimen organizado que ocurran dentro de su zona de influencia, serán enfrentados por ellos mismos y no por autoridades estatales o federales.
Este sábado en la comunidad de Santa Cruz del Rincón se llevó a cabo la asamblea regional de la CRAC en el que se determinó la situación de cinco personas detenidas por portar 33 paquetes de mariguana que fueron detenidos por la Policía Comunitaria el mes pasado.
El acuerdo consistió en que éstos serán reducados bajo los usos y costumbres de la organización, a pesar de la insistencia del secretario de Seguridad Pública en el estado, Ramón Almonte Borja, quien estuvo presente en dicha asamblea.
Las autoridades comunitarias aprovecharon para recalcar que serán los propios pueblos los que van a saber hacer frente a las cuestiones de seguridad que sigan dándose en las comunidades.
En la asamblea participaron más de 50 comisarios, 49 consejeros, 22 comisarios de bienes comunales, 56 comandantes, y cerca de 200 policías comunitarios, quienes acordaron no entregar los reos al gobierno estatal, ni a la PGR.
En la reunión, Almonte Borja solicitó a las autoridades comunitarias les entregaran a los detenidos; sin embargo, a pesar de su insistencia, se acordó no entregar ni a los reos, ni la mariguana, la cual asciende a un total de 600 kilogramos, que fue incinerada en presencia del secretario de Seguridad.
Dichas acciones fueron respetadas por el funcionario estatal, quien dijo que “lo más correcto es entregar a los detenidos y la droga a las autoridades federales, porque ustedes no tienen capacidad de respuesta”.
Uno de los fundadores de la CRAC, Pablo Guzmán Hernández, manifestó que a los detenidos se les someterá a un proceso de reducación que se llevará a cabo en las comunidades a realizar trabajo comunitario. “Durante 15 días se les van a dar pláticas por parte de los principales de los pueblos bajo influencia de la policía comunitaria”, manifestó.
En la asamblea solicitaron a la Secretaría de la Defensa Nacional se autorice las armas apropiadas para la defensa de las comunidades, debido a que no cuentan con presupuesto propio para comprarlas.
Aprovecharon para denunciar que después de haber hecho la detención de las cinco personas, han recibido amenazas. “Estuvieron llamando a los comandante regionales en Citlaltepec, municipio de Metlatónoc, para que dejaran pasar la droga, si no habría levantones, y que entregarían diversas cantidades de dinero”, relató Guzmán Hernández.
El sacerdote diocesano Mario Campos Hernández dijo que “este momento es histórico, porque va a dejar precedente para el futuro; esta forma de hacer justicia, aquí es una ley más humana y comprensiva”.
De igual forma, las autoridades comunitarias destacaron que los hechos de violencia ocurridos en los últimos meses en su territorio “ponen en evidencia a las empresas trasnacionales, al crimen organizado, y a la presencia de las fuerzas armadas en el contexto del programa Guerrero Seguro”, pues indicaron que como CRAC han demostrado tener seguridad “muy por encima del promedio nacional, son elementos de una nueva situación que nuestros pueblos tendrán que enfrentar”.

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