Las y los integrantes
de la Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación, que preside el diputado
Alfredo Torres Hernández (Morena), impulsan un punto de acuerdo para exhortar
al Instituto Federal de Defensoría Pública a que, en el ámbito de sus atribuciones
constitucionales y legales, coordine e impulse el litigio estratégico ante
omisión legislativa en materia de desplazamiento forzado interno.
El documento, turnado a
la Comisión de Justicia para dictamen, refiere que la Cámara de Diputados, en
2020, aprobó el dictamen de la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar
Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, el cual fue enviado al Senado
para sus efectos constitucionales y se turnó a las comisiones unidas de
Gobernación, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos; sin embargo,
dichas comisiones tienen pendiente su dictaminación.
Ello a petición de los
desplazados internos, por lo cual narra el boletín 6482 de la LXV Legislatura
de la Cámara de Diputados en la página oficial, se deben buscar otras rutas
jurídicas y de encauzamiento a sus demandas legítímas.
"Destaca que ante
la inexistencia de la ley en la materia que permita el acceso a la justicia
para las personas desplazadas internas, se vulneran diversos derechos humanos,
como el derecho a un recurso efectivo que implica obtener una justicia pronta,
completa y gratuita en contra de los actos u omisiones de las autoridades del
Estado mexicano".
El comunicado resalta
que en nuestro país el desplazamiento forzado interno es un asunto de
emergencia nacional que está presente en diversas entidades federativas, cuya
afectación recae mayormente en las comunidades y pueblos indígenas por causas
diversas y multifactoriales, como lo corrobora el Informe de la Relatora
Especial sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos, Cecilia
Jiménez Damary en su visita a México en 2022, que entre sus recomendaciones
señala “adoptar la ley general sobre el desplazamiento interno sin más demora y
alentar a otras entidades federativas a seguir adoptando leyes específicas
sobre la materia.
La Comisión Bicamaral
de Concordia y Pacificación, subraya que
ante la inacción del Estado mexicano, en particular del Poder Judicial de la
Federación que hace nugatorio los derechos humanos de las personas desplazadas,
y por tratarse de un sector que se encuentra en situación de vulnerabilidad, se
requiere la intervención del Instituto de la Defensoría Pública Federal bajo
las consideraciones que a continuación se enuncian.
Precisando que con
fundamento en los artículos 100 de la Constitución Política; 1, 2, 3 y demás
aplicables de la Ley Federal de Defensoría Pública, así como el 7 y 8 de las
Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de
Defensoría Pública, se solicita a dicho Instituto a que ejerza su facultad de
atracción e impulse los litigios estratégicos necesarios ante la omisión
legislativa, tomando en consideración el precedente de litigio estratégico que
realizó en materia de desplazamiento forzado interno en el estado de Guerrero.
El grupo legislativo
recalca que esta Ley sigue pendiente en
el Senado.
Cifras actuales de 2024
dados por la directora del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y
Pavón, Teodomira Rosales, actualmente suman ya 26 mil 700 desplazados en
Guerrero, , más los que no se sebe aún, destacando la Sierra de la región
Centro, Tierra Caliente, y de la región
Costa Grande, dijo.
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